Beneficios de la mediación mariana

Redacción

En 1750 algunos se vieron obligados a dar las gracias por los beneficios que de la mediación mariana en primavera recibieran. A comienzos de septiembre, cuando ya todo se había consumado, los miembros de la cámara de gobierno de una población de entidad, que en marzo habían designado como su compatrona una imagen de santa María, en reconocimiento decidieron hacerle cada año en la iglesia del convento en donde se le daba culto una fiesta, con su misa mayor y su sermón. La oportunidad para que todos los devotos institucionales se unieran a ella quedaba al alcance. El día ocho del mes que estaba transcurriendo se celebraba la natividad de la Virgen, y parecía la ocasión más oportuna para satisfacer tan justificado propósito.

     Una semana después el gobierno de la población, una vez meditado lo que había decidido, vio que ese día no era el más adecuado para cumplir con la ceremonia apropiada. Mañana y tarde iban al convento demasiadas cofradías y hermandades de los devotos de la imagen. Asistían primero a la función en su honor y luego a la procesión que la sacaba en andas, haciéndola tan larga que terminaba a las cuatro de la tarde, o incluso a las seis. Teniendo en cuenta lo difícil que siempre era contar con la asistencia de toda la corporación, tanto por lo largo de la estación, que debía cubrir varios kilómetros, como por la grave incomodidad que en los días de la octava aún ocasionaban los calores, concluyeron que era preferible que el voto se cumpliera otra semana más tarde, cuando se conmemoraba el octavo de la natividad. No era necesario que a la fiesta de ese día acudiera íntegra la cámara. Estaría dignamente representada por la diputación que designara, lo que era suficiente para satisfacer el agradecimiento al que se sentía obligada. Fueron elegidos para cuidar de la liturgia que convenía al caso un regidor y el alférez mayor, que al tiempo también era regidor. Como colofón al cargo que se les delegaba, debían estar presentes en el acto, y al padre principal de la provincia de la orden que había elegido el santuario para erigir su convento, a su padre corrector y a toda la comunidad que residía en él comunicarían el acuerdo que se había votado, para que les constara la piadosa decisión de la cámara de gobierno y por ellos fuera aceptado.

    Pasado el día quince, tal como los capitulares habían previsto, los dos diputados para el acto, cuando presentaron las cuentas de los gastos que la fiesta les había ocasionado, que por el momento habían tenido que sufragar de su bolsillo, no quisieron dejar de mencionar que durante la mañana en la que se celebró, acompañados por el escribano del municipio, hubieron de servirse de un coche, y menos lo penosas que habían sido para ellos las temperaturas que padecieran a lo largo de la estación, a pesar del cuidado que el municipio había tenido al elegir la fecha adecuada para la celebración. Se creían autorizados para recomendar que mientras fuera imprescindible mantener el voto, en lo sucesivo, por no contradecir lo que ya estaba acordado, que como mal menor se reservara el día octavo de la natividad de Nuestra Señora cada año para que con la asistencia de la corporación se celebrara la fiesta votada. La templanza de los días de septiembre cuando el mes ya hubiera avanzado, aunque las altas temperaturas aún pudieran ser molestas, podía ser aceptable en tanto se quisiera cumplir con un trámite que en cualquier imprevisible marzo de nuevo podía dar sus frutos.

Reserva de trabajo y migraciones. 2

Redacción

En un año de crisis, a consecuencia de la falta de las migraciones estacionales, el déficit de riqueza que se produjera se incrementaría de manera vertiginosa. En 1750 el consumo de trabajo agropecuario tuvo que hundirse, un fenómeno en absoluto desconocido. Como la manutención y alimento de los trabajadores, en una población, en 1737, asimismo año crítico, consistía principalmente en las faenas que demandaban los labradores, dicen las fuentes, a partir de abril los más abandonaron el pueblo. Fue tan crecido el número de los emigrantes que disminuyó el vecindario en más de una mitad. Los que en 1737 a partir de abril abandonaban el pueblo se mudaron a la capital con sus familias, donde por esta causa se originó el problema de mayor magnitud. En 1750 el excedente de trabajadores de nuevo provocó cambios en los previsibles movimientos de población, y de nuevo en la capital tuvieron que hacer frente al alud. Como allí se encontraba mayores amparo y hospitalidad, el número de los que acudían a la capital a pedir beneficio en 1750 resultó excesivo.

     En cuanto a los inmigrantes que cargaban con la recolección, aquel año no habría lugar ni siquiera a los desplazamientos previos del invierno para cerrar sus contratos. Otra parte de los movimientos tal vez tuviera su origen en una decisión política. A partir del momento en el que las autoridades públicas decidían racionar el consumo del pan en las poblaciones, para excluir bocas que creían excedentes por inútiles, provocarían una forma de emigración exclusiva de aquellas situaciones.

     La evaluación del alcance económico de este cambio en las pautas de los desplazamientos también podría presentarse como costo de la migración, tanto para las poblaciones que prescindían temporalmente de una parte de su trabajo, y por tanto de las rentas que genera, como para las poblaciones receptoras, que recibían masas extraordinarias de inmigrantes que, al tiempo que generaban más costos, tenían más limitadas sus expectativas de obtener ingresos. Era difícil calcular, según nuestras fuentes, las necesidades que se creaban en la capital, porque a ella se acogían todos los necesitados de los demás reinos del sur, a consecuencia de la inmigración extraordinaria.

     Pero, dado el comportamiento regular de los mercados de trabajo, cuando faltó una buena parte de las tareas de la invernada el problema se concentró en la parte cerrada de las poblaciones, la que en cualquier caso eludía la emigración. A principios de abril, en las grandes poblaciones de la campiña la preocupación se concentraba en que para entonces los trabajadores habían sido despedidos de sus respectivos trabajos en los cortijos. A consecuencia de la seca, que desde hacía tanto tiempo se venía padeciendo, que impedía toda clase de actividades, ya hacía muchos días que estaban sin el jornal diario los braceros de estos lugares. El déficit de trabajo, que a principios de la primavera afectaba sobre todo a quienes eran ocupados en la escarda, se convirtió en un problema público. En algunos mercados locales, la caída de la actividad degeneraría en tumultos, precursores de formas de protesta laboral más características de poblaciones cuyas economías terminaron acomodadas a la expansión de los mercados, grado de la civilización que solo se generalizó en tiempos más recientes.

     Al día 2 de abril corresponden los primeros hechos inquietantes en la población donde estas protestas pueden conocerse con cierto detalle. Era por la mañana cuando a la casa donde vivía su síndico procurador general, el responsable de la defensa de los intereses públicos en el gobierno de la población, se arrojó gran tumulto de gente trabajadora. Demandaba de él que en ejercicio de su condición de síndico y padre de pobres solicitase para ella, porque perecía, limosna, pan o en qué trabajar. Otros informes, menos comprometidos con una parte del conflicto, identifican como protagonistas de estos hechos a algunos trabajadores a los que acompañaban muchos más.

     El procurador fue desde la casa donde vivía a las capitulares con la intención de tratar el problema con los regidores que allí hubiera. Pero cuando llegó encontró a las puertas de la casa del municipio el mismo tumulto. Subió a la sala y en ella solo había algunos regidores, con los que efectivamente trató el asunto. Pero, como no eran suficientes para celebrar cabildo, decidieron que se convocase a todos para el día siguiente, viernes, con el fin de analizar la situación y decidir lo que fuera más conveniente.

     Sobre las diez de la mañana le fueron notificados los tumultos al corregidor, la primera autoridad judicial y ejecutiva de la población. También supo que había algunos capitulares en el ayuntamiento con quienes podría reflexionar sobre lo que para aquel momento pareciera más conveniente. Cuando subía a la sede del municipio, encontró muchos hombres del campo congregados en la plaza. Estos, al verle, se fueron acercando a las casas capitulares. Uno de ellos se adelantó y dijo en voz un poco alta: “Solo un cuarto hemos juntado hoy”. El corregidor le hizo entender que subía a la sala a tratar de remediar su situación. Pero cuando entró, y encontró pocos capitulares, también decidió diferir la conferencia y las decisiones para el día siguiente, y procedió a la convocatoria formal correspondiente.

     Al día siguiente, 3 de abril, el corregidor, ante los reunidos en el capítulo civil, reconoció que la necesidad era mucha, habían faltado en parte los socorros necesarios y algunos trabajadores habían encontrado un argumento en esta carencia. Invitó a los reunidos a que resolvieran lo que les pareciera conforme a su obligación, piedad y atención a lo que habían expresado los trabajadores. Los reunidos decidieron aplazar sus conclusiones a cuando hubieran terminado los registros de trigo que se estaban haciendo, una iniciativa combatida por la administración central en la que sin embargo persistían las autoridades locales. Se trataba de averiguar cuánto trigo había guardado en todos los almacenes de cualquier clase que hubiera en la población con el objetivo de incautar el que fuera necesario para garantizar la subsistencia. Sería entonces cuando se podrían dar con pleno conocimiento las providencias que a la institución correspondían.

     Por el momento, no obstante, creyeron conveniente contener la osadía que comenzaba a manifestar la gente trabajadora, sin más justificación que el propósito de mantenerse a expensas de las limosnas muchos que no las necesitan, y quienes, aunque hubiese que trabajar, no solían hacerlo. Aquel mismo día aquella asamblea de gobierno había sido informada de que había bastantes hombres que se habían excusado de trabajar en las viñas con un jornal de trece cuartos y todo el vino que pudiesen beber. Para contener este atrevimiento, acordaron solicitar al coronel del regimiento de Santiago que pusiera dos piquetes, uno en las casas capitulares, de doce hombres y un cabo, y otro en la plaza del Altozano de otros doce hombres y otro cabo, para que estuvieran día y noche a disposición de las justicias, con el fin de contener cualquier desorden y para que siempre a las justicias se les guardara el respeto debido.

     No consta que estos hechos conocieran mayores complicaciones. Parece que en aquel momento tuvo más capacidad movilizadora la amenaza a la subsistencia que la pudiera hacer peligrar el empleo.

Reserva de trabajo y migraciones. 1

Redacción

El excedente de trabajo era regular, el volumen de quienes aspiraban a trabajar parecía excesivo. Se personificaba en la alta cantidad de hombres que la literatura administrativa del momento llamaba jornaleros. Según cálculos contemporáneos, en el sudoeste la proporción de jornaleros por labrador solía estar por encima de cinco, aunque quedaba lejos de llegar a diez en los casos de mayor diferencia entre una y otra cifra.

     Que la proporción de hombres que ejercían como jornaleros fuese excesiva se adjudicaba, según una teoría extendida en la época, a la acción simultánea de: las normas aplicadas a la transmisión por vía de herencia del patrimonio familiar, que empobrecían a los herederos porque facilitaban la subdivisión de las tierras libres; el nivel de los precios, que a los observadores de mediados del siglo décimo octavo parece bajo y por tanto poco remunerador; y la supuesta falta de instituciones de crédito. No convence que estos factores operando a la vez tengan necesariamente aquel efecto, ni todos los supuestos son ciertos.

     Otra teoría, más ajustada a factores causales inmediatos, partía de que la masa de jornaleros era consecuencia de la concentración de las labores, que reducía a quienes no eran labradores a la condición de jornalero. La restringida oferta de tierra que esto provocaba era causa de que muchos responsables de las pequeñas explotaciones tuvieran que ser simultáneamente jornaleros, probablemente en mayor proporción si se tiene en cuenta la procedencia de sus ingresos. Por eso buena parte de quienes se declaraban jornaleros poseían la clase de patrimonio que les permitía alcanzar ese estado, en especial el ganadero de labor.

     De una o de otra manera, de la reducción de la población laboral agraria a la clase de los jornaleros resultaba, si hemos de creer a algunos analistas del momento, que estos no se casaban, el mayor perjuicio para el estado. Para ellos, la reducción a jornalero impedía el matrimonio, aunque al mismo tiempo afirmaban que las mujeres y los hijos de los jornaleros eran inútiles. Si las mujeres trabajaran como asalariadas, añaden, permitirían incrementar la renta de la familia cuyos ingresos dependían del trabajo. Pero las mujeres ni hilaban, ni iban a trabajar al campo. Que ni la mujer ni los niños ayudaban en las faenas del campo se podría explicar porque diariamente había que desplazarse hasta la explotación.

     Una indagación más precisa del exceso de cada momento y sus consecuencias, observación adecuada para el análisis de la crisis, tendría que poner en relación la masa de trabajo a la que se podía aspirar con la población en edad laboral. Si el comportamiento regular del crecimiento de la población, en ausencia de mortalidad catastrófica, fuera positivo, habría que admitir que la proporción de población en edad laboral aumentaría constantemente. La desaparición de la mortalidad catastrófica permitiría el crecimiento positivo de la población y por tanto del tamaño de la oferta de mano de obra. Mientras la demanda de trabajo se mantuviera constante, habría exceso de población laboral.

     No parece que la pauta biológica fuera tan definida durante la primera mitad del siglo décimo octavo, aunque tal vez la impresión puede ser más efecto de las dificultades para informarse que de lo que al crecimiento de la población le ocurriera entonces. Las fuentes más fiables son de la segunda mitad del siglo, y efectivamente permiten obtener un cuadro próximo al descrito. Pero quedan a mucha distancia del momento que observamos. Una solución transaccional podría ser poner en relación las cifras de jornaleros que registran los censos de fin de siglo con el tamaño de la población regional hacia 1750. Así se podría estimar el tamaño de la población amenazada por el déficit de trabajo para toda la región, e incluso sería posible observar el alcance del déficit por zonas, que sería función de las cantidades de jornaleros de cada grupo de poblaciones.

Cualquiera de estas estimaciones groseras de la reserva de trabajo no podría llevar a ningún resultado concluyente para adelantar en el análisis del déficit de trabajo desencadenado por una crisis. Parece que las relaciones que regían en el mercado de trabajo de la economía de los cereales, más que las pautas biológicas que acompasaban el crecimiento de las poblaciones, provocaba el fenómeno que marcaba el comportamiento del mercado de trabajo agropecuario, que era la permanente migración laboral. Las migraciones masivas por causa de trabajo eran una parte del orden regular de las poblaciones suroccidentales especializadas en el cultivo de los cereales. Es cierto que en la época el desplazamiento humano aún podía estar limitado por las condiciones señoriales que ordenaban, en mayor o menor medida, las poblaciones del momento. Pero la última palabra sobre el movimiento efectivo puede concedérsele a las posibilidades de que ocurriera.

     El radio de acción de la búsqueda de trabajo se regía por el principio de la inmovilidad del hogar, lo que espontáneamente generaba los dos mercados que para la mano de obra distinguía la historiografía clásica, ambos locales, el domicilio y la feria anual. Aquel comportamiento actuaba en contra de la cotización de la fuerza de trabajo que se ofrecía. La mano de obra se convertía en la mercancía más estática, más estancada. La concurrencia actuaba en cada mercado en un grado muy bajo y era poco probable que los precios entre mercados locales tendieran a unificarse.

     No obstante, según algunas explicaciones, un sencillo mecanismo podía provocar la expansión del mercado de trabajo y modificar el comportamiento regular de las migraciones. Lo desencadenaba la ampliación del espacio cultivado. La roturación de tierras en un municipio provocaría inmediatamente déficit del trabajo asalariado porque este sería transferido en masa, y bajo unas posibilidades distintas, al nuevo espacio cultivado. Inmediatamente estimularía al alza el precio del trabajo y, a continuación, incluso podía atraer población durante algún tiempo. La situación se prolongaría un máximo de tres o cuatro años, el tiempo que tardaban en agotar su fecundidad las tierras de menor calidad cuando se ponían en cultivo.

     No parece una teoría desinteresada. Pero, dando por bueno que la causalidad entre factores que acepta esta explicación siempre actuara en las circunstancias regulares, sería posible evaluar el tamaño de las migraciones en cualquier caso, y por tanto su alcance. Bastaría poner en relación la superficie sembrada con la cantidad de hombres que esta tendría que demandar, según las cifras que precedentemente hemos ensayado. Restado a esta demanda el tamaño de la población jornalera que los censos precisan, se obtendría el tamaño estimado de la migración con su correspondiente signo.

     Tal reconstrucción de las migraciones debería permitir además una conclusión, que también la renta que se obtuviera a cambio del trabajo de la superficie sembrada, en el caso de déficit o signo negativo, se perdería. No se trata tanto de la renta que se obtuviera a cambio del trabajo, que podría ser recompensada por la del trabajo que en otro lugar el migrante consiguiera; sino la renta que se obtuviera de la adquisición de trabajo ajeno para invertirlo en la tierra del lugar que perdiera al menos una parte de su energía humana. Cuando la mano de obra desapareciera de su mercado laboral, los rendimientos que de ella se obtuvieran dejarían de conseguirse, y el producto que de esta primordial aportación de energía pudiera obtenerse no llegaría a consumarse.

     Esta posibilidad amenazaba cada ciclo a consecuencia de la caída del consumo de trabajo. Una parte del déficit era a un tiempo estacional y regular. Cuando cada año llegaba el denominado tiempo muerto, y la lluvia o el frío se imponían, no se podían hacer las faenas y se anulaba la posibilidad de trabajo. Era muy común que durante los meses de invierno las poblaciones se llenaran de hombres del campo que a causa del tiempo adverso retornaban a la población al día siguiente de haber trabajado.

     A raíz de esta caída de la actividad se originaban migraciones regulares de corto radio, no obstante lo que más arriba se afirma sobre los movimientos de los trabajadores. Tan significativo desplazamiento de población desocupada ocurría en beneficio de los lugares donde las oportunidades de sobrevivir eran mayores. Los que ofrecían más posibilidades para atraer a los emigrantes eran evidentemente los de mayor tamaño, hacia los que con preferencia fluían los que se ausentaban provisionalmente del campo. Cada invierno, iban a la capital de la región por millares.

     La amenaza de la pérdida de renta de las explotaciones por falta de quien trabajara alcanzaría un grado alarmante cuando afectara al extraordinario consumo de trabajo en tiempos de siega. Cuando ocurría la gigantesca demanda de la recolección, y la mayor cantidad de mano de obra era necesaria, en primer lugar se recurría a la ayuda del vecindario. Pero la población laboral radicada solía ser insuficiente. Era regular que en las poblaciones la oferta de actividad sobrepasara la cantidad de población apta para emplearse en este trabajo. Déficit de población y expansión del mercado de trabajo estacional eran el origen de los grandes movimientos anuales de población.

     Como los grandes movimientos migratorios eran estacionales, que es tanto como decir que no modificaban la radicación del hogar, seguían corrientes estables, que también se atenían a la rigidez que ha sido descrita. La subida del precio de aquel trabajo era tan regular como el retorno de  los ciclos, y de esta forma se garantizaba la rentabilidad de las explotaciones. No era la modificación de la demanda de mano de obra la que conducía los desplazamientos de la mercancía y su acceso a los mercados, sino las mencionadas corrientes. En invierno acudían en busca de este trabajo hombres del centro y del norte de la península y acordaban sus contratos para cuando finalizara la primavera.

     Los gallegos que acudían a la demanda de trabajo para la siega de la región, parte más estable y más conocida de estos movimientos pendulares, tenían trazada una ruta que pasaba avanzada la primavera por Zamora, donde solían aprovisionarse al menos para una parte de su viaje. Otra parte de estos inmigrantes estacionales procedía de Santander, para cuyos habitantes era un destino preferente. Según un análisis correspondiente a mediados del siglo décimo octavo, que informa tanto de los desplazamientos definitivos como de los estacionales, algo más del 15 % de todos sus emigrantes elegía como destino la región, preferencia solo superada por las Indias.

     Al menos una parte de los inmigrantes laborales que llegaban al suroeste hacían su camino a pie. Viajaban en grupo, porque de lo contrario no eran alojados en el trayecto, y era frecuente que se añadieran al viaje de alguna recua o vehículo. Cuando emprendían el viaje de retorno a sus lugares de residencia, quienes habían llegado hasta la región para trabajar en la siega formaban grupos, a cuyo frente un experto en las rutas del norte actuaba como guía, para evitar que los salteadores les robaran sus ganancias. Si concluían con éxito el peor tránsito, en un santuario próximo a Ponferrada dejaban como exvotos sus hoces.

Las juntas de grano locales

Redacción

Las poblaciones cabecera de comarca, del tamaño mayor entre las rurales, se atuvieron con cierta disciplina, o al menos nominalmente, a la política de libertad para el comercio interior de los cereales dictada por la administración central. Intentaron encauzarla a través de una junta local de granos, un órgano de excepción que no era original de la circunstancia que se vivía en 1750, lo que puede dar idea del componente rutinario que había en las soluciones administrativas que se proponían para las situaciones críticas. Los gobiernos de las principales poblaciones organizaron sus juntas adelantándose a cualquier orden recibida desde las autoridades central o regional, bastante antes de que el consejo de Castilla decidiera extender la fórmula; un hecho que, pasados los meses, contribuiría a complicar las relaciones entre las otras autoridades y las locales.

     Los datos de que disponemos permiten deducir que las juntas de granos de los  municipios rurales, en 1750, fueron constituidas durante el mes comprendido entre fines de marzo y fines de abril.

     Cuando fue más temprana su constitución, la conciencia previa de esterilidad, más que la política patrocinada por la administración central, fue aval suficiente para recurrir a la fórmula. A iniciativa de su corregidor, una asamblea de gobierno local, cuando acordó crear su junta, se manifestó compadecida de la miseria en que estaba la población a consecuencia de la esterilidad y de lo exhaustos que estaban sus habitantes, afirmaciones que contaban en su favor con el tono enfático que convenía a los antecedentes ya conocidos y que tan bien resumía el concepto de esterilidad; al mismo tiempo, un modo de hablar lo suficientemente indefinido como para adelantarse a los efectos de la crisis y satisfacer las pretensiones más inmediatas de quienes las patrocinaron. Para ellos se trataba de hacer frente a lo que estaba ocurriendo y evitar en todo lo posible sus efectos negativos.

     En otras poblaciones de rango similar parece que pesó más la inercia burocrática. A fines de abril en una de ellas se reconoció que urgía la constitución de su junta local de granos, que ya era inexcusable constituirla y que no era posible retrasar por más tiempo el recurso a un procedimiento que en otras ocasiones se había mostrado eficaz, lo que aconsejaba actuar de tan autónoma manera sin más dilación. Aunque se hubiera procedido de manera algo más prudente en lo que a esta clase de iniciativas se refiere, también se hizo con el propósito de que la junta local viera qué medidas se debían tomar para aliviar los efectos de la esterilidad. Con una manera tan vaga de expresarse sobre todo se pretendería dejar un margen a la obediencia a las órdenes que llegaban de la administración central.

     Las juntas locales, en todos los casos documentados, se compusieron de manera muy similar. Por designación de sus gobiernos municipales, eran nombrados para que las formaran una parte de sus regidores, miembros de pleno derecho de la cámara soberana que gobernaba las poblaciones, que actuaban como sus diputados, a los que se sumaban eclesiásticos y particulares. En una fueron elegidos como diputados por la cámara de gobierno tres regidores, y para completarla fueron cooptados como sus miembros el vicario del clero local, dos presbíteros y tres vecinos. Otra la compusieron, además de los correspondientes tres regidores, también el vicario de la iglesia de occidente en la población, el abad mayor de la corporación local de sus beneficiados, el procurador mayor del municipio y dos personajes que fueron presentados como caballeros labradores. Así pues, en las juntas locales de granos no solo estaba presente la autoridad pública, sino también los otros poderes reconocidos para el orden rural: las máximas autoridades de la iglesia romana y los promotores habituales de las explotaciones del mayor tamaño dedicadas a producir cereales, regularmente llamados labradores.

     La justificación del poder que recibían estaba inspirada por las únicas convicciones religiosas instituidas. A cualquiera de sus miembros se le suponía, explícitamente, católico celo. La única confesión religiosa estaría en la obligación de ser la fuente de la iniciativa política a cambio del beneficio de ser exclusiva; un presupuesto que parece oportuno, tomando en consideración el impulso que de la caridad recibía su moral, y el aún más trascendente valor que a la confesión del error en el uso privado de la virtud, posible consecuencia del furor religioso, concedía la iglesia romana. Sin embargo, de su actuación se esperaban consecuencias civiles.

     A las tres clases se les pedía que cuidaran del encargo que recibían, dedicando sus mayores atenciones, como igualmente interesadas en el mismo procomunal, para que cuanto en la junta se hiciera y resolviera fuera de la mayor satisfacción de todos.

     Las juntas de granos, que habitualmente se reunieron en las casas capitulares de su municipio, en el orden ejecutivo actuaron como gabinetes de crisis por delegación de los poderes de la cámara de gobierno local. De sus instituciones matrices los recibían en la forma legal común, de facultad amplia, cumplida y facultativa como podían y debían, para que juntos o la mayor parte en forma de junta acordaran e hicieran todo lo que fuera conducente al beneficio común, tal como si lo hiciera el gobierno de la población.

     Aunque el alcance de aquellos poderes era impreciso y disponía en su favor de un alto margen de discreción, los recibían para que vieran monográficamente cualquier asunto relacionado con el tránsito crítico que vivían sus respectivas poblaciones. Sin embargo, tenían un límite en el tiempo. Solo actuarían durante los días que creyera conveniente la cámara local de gobierno origen de sus poderes.

     Al mismo tiempo, fue normativo que cada una estuviera presidida por su corregidor, institución regular en las poblaciones de mayor tamaño, hasta el punto que quedaban subordinadas a él y obligadas a acompañarlo en las providencias que dictara. Así los corregidores quedaban investidos de la plena capacidad soberana para tomar las decisiones y en ellos, donde estaban instituidos al tiempo que la junta de granos, convergerían todos los poderes de esta. Aunque la soberanía de los corregidores nominalmente estuviera limitada, porque a través de ellos intervenía el consejo de Castilla, en la constitución de estos órganos de excepción al menos actuaron con autonomía, puesto que la decisión sobre su formación se adelantó a las decisiones que tomara el consejo.

     No obstante, parece que la legalidad de las actuaciones de las juntas locales al menos aconsejó el reconocimiento expreso de la administración central. Al final de una de las reuniones constitutivas de uno de los organismos de esta clase, sus promotores decidieron solicitar al consejo de Castilla su aprobación. Pero no parece que fuera un requisito imprescindible para actuar. Aquel mismo día todos sus miembros, tal como los había designado la asamblea, aceptaron tanto el nombramiento como los poderes que se les habían otorgado, e inmediatamente entraron en acción. Apenas cuatro días después celebraron su primera reunión. Parece más que probable, conocida la lentitud de las comunicaciones regulares entre la administración central y las locales, que empezaran a ejercer sus magistraturas sin esperar respuesta alguna del consejo.

     Sus funciones económicas efectivas podían reducirse a una. La junta de granos local, de acuerdo con los propósitos declarados en su formación, debían concentrarse en el comercio de los cereales. Cuando declaraban descriptivamente sus fines, se presentaban dirigidas a la más rápida y segura gestión de su suministro a sus respectivas poblaciones durante el tiempo que fuera necesario. Bajo esta premisa, reconocían como su obligación más remota buscar trigo para comprarlo a los precios más cómodos y en la cantidad que creyeran conveniente para sostener el abasto. Para su ajuste y transporte, podrían nombrar a los diputados o comisionados que creyeran convenientes. También pondrían la mayor atención en que se conservara el abasto regular de pan y tomarían todas las decisiones que condujeran a garantizar la manutención del común, cuyo alivio se deseaba.

     Pocos testimonios pueden ofrecerse que muestren con mayor claridad que las juntas de granos, centradas en las cabeceras de comarca, procederían como bolsas o lonjas para la compraventa del grano, destinado al abasto público de cada una de sus poblaciones. Contando a su favor con el poder de que disponían, podían convertirse, por decisión propia, y sin que en modo alguno una decisión como esta fuera discutida, en reguladores absolutos del mercado local de los cereales porque esta prerrogativa procedía del señorío del municipio, que le sería transferida con los poderes transitorios que se les otorgaban. Iniciativas como estas, además de convulsionar la demanda, contribuirían a fragmentar los mercados en tantas unidades territoriales cuantas instituciones de esta clase actuaran.

     A los responsables de las primeras juntas de granos, para hacer frente a los encargos que habían recibido, entre las obligaciones que se les asignaban estaba la de hacer uso de todos los recursos convenientes al mejor logro de sus objetivos. Debían trazar el primer plan para la captación de fondos susceptibles de ser invertidos en la crisis que sobrevendría. Se les llamaba a buscar todos los medios, fondos y caudales que fueran necesarios para la compra de granos, de los que se mencionan expresamente solicitar la entrega de los caudales de los depósitos que hubiera en la población, tanto de eclesiásticos como de seculares, así como la de los caudales que produjera el trigo del pósito, e igualmente de otros caudales cualesquiera, para lo que podrían otorgar en caso necesario las escrituras y cartas de pago correspondientes. De esta manera sus atribuciones se completaban con los poderes financieros que les permitieran actuar con eficacia en el mercado de los cereales.

     Sin embargo, parece que no en todas partes rigió idéntico orden. Al contrario, hubo de transcurrir algún tiempo antes de que las decisiones de las autoridades municipales que hemos podido conocer se ordenaran como un conjunto. Las que se tomaron para hacer frente a la crisis durante la primera parte de la primavera se dispersaron, y dudaron, y hasta retrocedieron, incluidas las que se tomaban en las extraordinarias juntas locales de granos.

     Aunque no se opusieron radicalmente a las decisiones de la administración central, en muchas circunstancias los gobiernos locales, aun igualmente inspirados por el deseo de hacer el bien a sus gobernados, se distanciaron de las ideas e instrucciones de los poderes superiores y tomaron iniciativas que modificaron sustancialmente sus pretensiones. Lo más destacable es que en todas, aunque nominalmente pudieran estar glosadas con profesiones de fe en la libertad de comercio patrocinada por la administración central, reaparecen las mismas viejas convicciones, e incluso reconocen que de su encadenamiento esperaban los mismos efectos. En todos los casos se trata de iniciativas políticas dirigidas a un único objetivo, garantizar el abasto autónomo de pan. Lo que las diferencia es que se tomaron por separado e incluso improvisando.