El aceite

 

Colonización interior

Tadeo Coleman

Un total de sesenta y cuatro solicitudes de tierra de un mismo término, todas de 1700, ayudan a documentar las raíces del extraordinario crecimiento de la agricultura del olivar y su industria derivada, un fenómeno que debió desarrollarse durante la primera mitad del siglo XVIII. Las solicitudes, en todos los casos admitidas, y satisfechas con los títulos que reconocían a los interesados su pleno domino sobre la parcela deseada, sin más condiciones que dejar la vereda […] desembarazada, tendrían su amparo legal en el derecho de presura. Estaba vigente en tierras castellanas al menos desde la plena edad media, y no dejaría de ser un recurso colonizador desde que en el siglo XIII comenzara la ocupación del término por los conquistadores que procedían del norte. Si dijéramos que era una forma de adquisición gratuita ignoraríamos que requería, para que el derecho de uso con el tiempo se consolidara como dominio, el trabajo del suelo, y que a partir del momento en que fuera puesto a producir redundaría en ingresos del municipio. Pero sí es cierto que al principio las tierras ocupadas estaban al margen de las compraventas a las que era necesario atenerse si se deseaba acceder a las parcelas de la misma clase. Aunque también es verdad que se trataba, cuando aquella modalidad de parcelas llegaba al mercado regular, de unidades de producción con cierto grado de madurez por lo menos, a diferencia de las que estaban en el origen del proceso que vamos a examinar.

     Sobre sus atributos legales previos, uno de los casos analizados especifica lo fundamental. De la tierra que se solicita se dice que es de la que está realenga.Probablemente lo más valioso de esta expresión sea su referencia al estado del suelo. Que la tierra en el momento esté realenga especifica que el dominio sobre ella permanece bajo la corona, lo que equivale a decir que no ha sido privatizada de ningún modo, aunque su gestión ha sido delegada al municipio, que sin embargo no puede decidir unilateralmente sobre sus cambios de uso. Modificarlos, y abrir la puerta al cambio de estado, exige la aprobación de la administración real que se conoce con el nombre de facultad, que en este caso debe suponerse concedida para la parcelas de las que se trata. De lo contrario, el municipio no hubiera podido acceder a todas las transferencias demandadas ateniéndose a las condiciones de la presura.

     Gracias a la identificación de los lugares solicitados, es posible además reconocerlos como una parte de las zonas no cultivadas, áreas que sobrevivían en cualquiera de los extensos términos de las ciudades del sudoeste, a pesar de la alta ocupación agrícola del suelo que en ellos se había alcanzado. Los territorios bajo su jurisdicción estaban lejos de estar saturados, y por tanto de retornar a cada tanto al riesgo de verse en la necesidad de aprovechar suelos de bajos rendimientos.

     En cierto número de casos la parcela solicitada se identifica como un manchón de tierra, una manera de hablar que permite reconstruir el estado del paisaje del que se partía, al tiempo que obliga a ser cauto. Es muy probable que haya que entender el manchón como algo más que un pedazo de tierra en que nacen las plantas muy espesas y juntas, tanto en los sembrados como en los matorrales (Acad.). En lenguaje regional, puede ser terreno erial en un cortijo, una mancha grande de monte y parte de terreno de caza que tiene nombre peculiar y se bate sola (AV). La ventaja que desde este punto de vista tiene la palabra elegida es que todas las descripciones que la definen comparten, aparte matices, que se está refiriendo a áreas ocupadas por la vegetación espontánea, bien porque desde antiguo se haya consolidado en ellas, bien porque allí se ha recuperado recientemente, tras haber conocido el cultivo y haberlo abandonado. Que además el estado previo del espacio a colonizar estaba ocupado por una formación del tipo matorrales algo más que una sospecha. La confirma, al tiempo que la completa, uno de los solicitantes cuando expone la necesidad de desmontar de monte bajo y algunos chaparros. Mientras que la referencia al monte bajo corroboraría la deducción, la supervivencia de chaparros dispersos probaría que la parte arbórea del bosque autóctono, aunque en aquellos lugares se hubiera degradado, se resistía a desaparecer. Ante este paisaje, cualquiera que pretendiese poner en cultivo las parcelas solicitadas necesitaría rozar y desbrozar, y en algunos casos hasta descepar, para después roturar y poner a punto la tierra para la siembra, un proceso largo y costoso como mínimo en tiempo y esfuerzo.

     Los solicitantes se pueden dividir en dos grupos. Uno, el de los que tienen apellidos que los identifican como miembros de lo que convencionalmente podemos llamar, para no demorar innecesariamente el análisis, el grupo aristocrático de la ciudad. Su posición está asentada sobre un modo de acceder al dominio de la tierra garantizado por la inmovilización de los bienes, de la que participa, alo que suma el control directo de las instituciones del municipio. El otro es el de quienes no ponen al descubierto consanguinidad alguna con ese grupo.

     La relación de los primeros, que no es larga, vale la pena: don Bartolomé Nieto de Morales, don Manuel Antonio Morillo, don Teodomiro de Briones Quintanilla, don Antonio Eugenio Berrugo de Morales, alcalde de la santa hermandad por el estado de los caballeros hijosdalgo, don Baltasar Barba de Bohórquez, don Cristóbal Roales de Consuegra, don Juan Ignacio Barraza, presbítero, don Bernabé Canelo de Romera, don Bartolomé de Briones Quintanilla, don Juan Caro Tavera, don Bernardo Bravo Navarro,don Marco Antonio de Liñán, don Bartolomé de Mesa Jinete, don Cristóbal Félix Cirilo de Mesa, don José Navarro y don Diego López Moreno. Quizás a los dos últimos habría que eliminarlos de esta relación. Pero sobre los demás no caben dudas. Son catorce de los sesenta y cuatro, poco más de la quinta parte.Luego quienes tenían capacidad para tomar la decisión favorable a las concesiones fueron los primeros en utilizarla en su favor.

     Las otras cuatro quintas partes de los solicitantes, que pueden representar nombres como los de Juan González de Perea, Blas Gallardo o Jerónimo Rodríguez, todos varones, porque están idénticamente interesados en la adquisición de una parcela tenemos que considerarlos genéricamente campesinos. Cualquiera de los valores o rasgos que a partir de aquí podamos deducir, como característicos del fenómeno que deseamos documentar, salvo indicación expresa, serán representativos de actitudes y decisiones de este grupo, dado su abrumador peso relativo.

     La dimensión de la parcela solicitada no siempre se declara. En diecisiete ocasiones se refiere como una suerte de tierra, en once como un pedazo de tierra, en ocho como un manchón de tierra, en cinco como una poca tierra y en una ocasión como un rincón de tierra. La indefinición tiene en algunos casos sus ventajas. Ya hemos visto hasta dónde permite llegar que se hable de manchones. También al hablar de suerte es posible alcanzar alguna conclusión. Puede parecer que se está haciendo referencia a un sistema de acceso a la tierra. No parece que en este caso tenga demasiado sentido. Sin embargo, pudo ser el método para regular las concesiones. Todas las suertes se concentran en un predio, la Cañada del Paraíso. Tal vez los campesinos dispuestos a tomarse aquel trabajo pugnaban por una calidad de las tierras o por la accesibilidad a una parcela, o por las dos cosas porque aquel lugar reuniera ambas ventajas. Las suertes, además, tienen todo el aspecto de responder a un módulo, expresión de la equidad de los repartos. Todas las que además precisan su extensión tienen tres fanegas.

     Cuando solo o también se especifica la superficie de la parcela que se solicita los valores oscilan entre media fanega y seis, en este segundo caso expresadas como medio cahíz. Cualquiera de los dos valores, así como uno y cinco, son singulares. Las dimensiones comunes oscilan entre dos (cuatro casos) y cuatro (otros cuatro), y el valor modal es, con diferencia, tres (dieciocho casos). De donde resulta un valor medio de la parcela muy representativo de la regularidad del procedimiento: tres fanegas y dos centésimas. Solo una vez la superficie se expresa en otra unidad, dos aranzadas.

     En una ocasión fue concedida más tierra de la solicitada y en otra menos. Pero ninguna de las dos oscilaciones tiene trascendencia ni para cada demanda ni para el fenómeno: un solicitante de dos fanegas recibió tres, y uno de cuatro, también tres. Lo que redunda en que las decisiones se atuvieron a un plan, persistentemente regido por la equidad. Le daría valor político y expresaría el peso que tenía, a la hora de tomar las decisiones públicas, el papel de los beneficiados por ellas. La dimensión de la parcela habría sido su patrón. Pero fuera así o no, creo firmemente que la dimensión tres fanegas, que se impuso, es expresiva de una capacidad energética de la masa de los solicitantes, campesinos con limitados medios.

     Como condición añadida, Tomás Machado pidió que la poca de tierra que solicitaba estuviera arrimada a la de Alonso del Trigo. También Cristóbal Baena y José de Aguilera pidieron que sus parcelas estuvieran linde de la que la ciudad tiene dada a Alonso del Trigo y Francisco López. Estos rastros de afinidad pueden ser expresivos de la cooperación solidaria que pudo existir entre quienes se comprometían con aquella iniciativa, un rasgo del grupo que en otros documentos, como los relacionados con el crédito, también se deja ver.En otros casos, el objetivo parece puesto en completar un plan de expansión personal. Alonso Rodríguez, maestro mayor de obras, solicita la suerte de tierra que linda con su heredad de viñas.Que alguien sea maestro mayor de obras y al tiempo aspire a consolidarse como campesino es una buena prueba no solo de ambición. También revela que la condición de campesino entonces estaba abierta y no excluía otras. Por su parte, don Cristóbal Félix Cirilo de Mesa, quien solicitó y obtuvo cinco fanegas, una de las dos parcelas mayores, quiso que empezaran desde un pedazo de olivar de don Bartolomé de Mesa, su padre.De una o de otra forma, que existieran lindes consolidadas, las que también se mencionan en cuatro instancias más,indican que el territorio elegido para la experiencia ya estaba ocupado parcialmente.

     Durante la primera fase de ejecución del proyecto, las solicitudes se dispersaron por más de diez lugares distintos, todos en una zona no destinada previamente al cultivo de los cereales, a excepción de un manchón de tierra, de extensión indeterminada, solicitado por don Bartolomé de Briones Quintanilla, caballero del orden de Calatrava, para plantarla de olivos. Estaba localizado en un territorio conocido como El Saltillo, en plena depresión del término, donde el cultivo de los cereales estaba consolidado desde hacía siglos, y del que se da la circunstancia de que no hacía mucho había sido objeto de la concesión de un señorío. Pero durante la segunda mitad del proceso, las solicitudes se concentraron en el predio ya mencionado, la Cañada del Paraíso. Puede decirse que de aquella política también tuvo que ser parte un plan de colonización, quizás no del todo ajeno al deseo de contener la expansión señorial que amenazaba los poderes del municipio.

     Los cultivos para los que se solicitaron las tierras fueron tres: viñas, olivos y pinos. El deseo de plantar viñas acaparó casi los dos tercios de las peticiones y la dedicación al olivar, solo un tercio. El exiguo resto fue para los pinos. El único caso que falta para completar la suma, el de quien duda dedicar la tierra que obtenga si a viña si a olivar, es insignificante en términos cuantitativos.Sin embargo, aparte que la jurisdicción del municipio alcanzara hasta la ordenación de los cultivos nada menos, un hecho que sería necesario analizar con más reflexión,expresa con nitidez el dilema que se abrió al programa colonizador, al que debieron enfrentarse quienes buscaban una vía de promoción invirtiendo en las concesiones de tierra.

     La viña era un cultivo consolidado. Quienes se esfuerzan en conectarse con parcelas con lindes hechas, a las que desean acogerse, en las que quieren apoyarse, optan por la viña. Serían colonos que preferirían jugar sobre seguro. Quienes optan por el olivar aluden al paisaje que tienen ante sí en unos términos consecuentes con el riesgo de la inversión, porque incluye desmonte y plantar estacones. En cualquiera de los casos en los que estas descripciones son más explícitas los promotores son del grupo aristocrático. Uno pretendía desmontar en favor de un olivar del patronato del que era patrono, y otro suplica a la ciudad se sirva demandar ver un pedazo de tierra de su mayorazgo para plantar de olivar.

     Con la concesión de parcelas, los que ya dispusieran de medios podrían acceder a la condición campesina más sólida, la que les permitía disponer como propiedad de una unidad de explotación agropecuaria.Los que optaron por no arriesgar demasiado, la mayor parte de ellos, dos de cada tres, prefirieron acogerse al cultivo de la vid. Solo el otro tercio se prestaría a competir con quienes estaban dispuestos a invertir en un cultivo cuya renovada expansión empezaba. Aquellos con los que debían competir ya disfrutaban de una posición sólida, y su opción en favor del olivar no sería ajena al éxito que el cultivo finalmente tuvo. Los datos de cultivos y aprovechamientos de cincuenta años después demuestran que la pugna se resolvería en favor del olivo. Mientras que su cultivo, para entonces, había conseguido ocupar unas tres vigésimas partes de todo el espacio cultivado, en el que el dedicado a cereales abarcaba algo más de los dos tercios, el viñedo prácticamente había desaparecido. No llegaba ni a la centésima parte.

 

La renta del aceite en expansión

Dimitrios Stefanopoulos

Los hechos narrados a renglón seguido me permiten perseverar en mis convicciones, sean o no tenidas en cuenta, las cargue la pasión o el resentimiento. Porque demuestran que la producción del aceite, a mediados del siglo décimo octavo, estaba ascendiendo a costa de su mejor edad, antes desconocida; una dirección complementaria a la de quien  en poco tiempo resultó irreconocible a causa de las arrugas que en su rostro, marcado por tubérculos inertes, que en nada alteraron su salud, por los que emergía arrogante su aristocrática estirpe, montada sobre su nariz con gafas redondas de carey, como las de cualquiera de los supervivientes de la tragedia persistente de la que parece imposible deshacerse, trazó el deseo salaz insatisfecho, tener que compartir su tiempo con un correligionario que prefería entregarse a la erudición antes que a la dilecta lascivia del conyugado, que a los hombres reivindica, a las mujeres engrandece y a las generaciones que crean, por efecto de los cursos impulsados por los embates de las caderas, que con tanto poder concentra el pubis, ariete que en vanguardia acomete durante las excelsas contiendas, satisface con el beneficio alcanzado con glorioso esfuerzo.

     Era septiembre y el administrador de la vicaría, en una carta fechada el segundo día del mes, había avisado al cabildo catedralicio, a cuya obediencia quedara obligado desde que fuera investido con sus poderes, que el poseedor de los derechos sobre la casa colindante con la bodega del aceite que aquella institución tenía allí, por necesidad en la que había incurrido, las quería vender, y que de esta manera se podía ampliar.

     Recordaba en la carta que quien le había precedido en el cargo, no en una, sino en varias ocasiones, había recibido órdenes para que hiciera ofertas por ella, una vez que tuviera la certeza de que su dueño quisiera venderla. Hacía años que el cabildo la pretendía y ninguno de los poseedores precedentes había querido deshacerse de ella. Después, él mismo había sido distinguido por sus capitulares con idéntico encargo, porque supo y comunicó que el responsable de la propiedad, don Andrés Bernáldez, aturdido por la crítica de plúmbeos libros, falto de rentas a causa del abandono de sus responsabilidades, así conyugales como de la empresa de la familia, quería liquidarla.

     Sería de mucha utilidad para la institución, creía. El diezmo del aceite de la población, por carecer el cabildo de una bodega adecuada al volumen del ingreso, que algunos años alcanzaba hasta las 42.000 o 44.000 arrobas, siempre corría riesgo. Cuando algo así ocurría, quienes habían arrendado el cobro de la renta, que eran quienes debían usar la bodega, se veían obligados a ir sacando los aceites de la población, porque no encontraban almacenes en ella que fueran capaces para tanto volumen. Tenían que llevarlos a otros lugares, incluso a la capital, que estaba a más de 80 kilómetros de distancia, aventura itinerante que además les exigía un gasto brutal. Aparte el de los portes, enormes a causa de la distancia, los derechos que había que pagar en la población por la salida del aceite, a los que incluso estaba obligado el  regalado que salía, sumaba algo más del medio real: 12 maravedíes de arbitrios y el resto, hasta llegar a los 20 reales, derechos que por cada carga había que satisfacer por los despachos que debían suscribir el escribano y el juez. Tanto podía suponer este gasto que en aquellas ocasiones, cuando el volumen del aceite a recaudar era muy grande, llegaba a disuadir a los arrendadores del empeño en las pujas para hacerse con el cobro. El resultado era que la renta era poco segura y que los afianzadores siempre corrían el riesgo de una quiebra.

    En cuanto aquella casa estuviera en poder del cabildo, acabarían los problemas para la recaudación del diezmo. Derribada la cerca contigua de su bodega, quedaría unida al solar de las casas, y se satisfaría esta oportunidad, que hacía muchos años que no se podía conseguir. La casa en cuestión tenía 19 varas de largo, desde la puerta de la calle a la pared de enfrente, y 15 de ancho, incluidos los gruesos muros. Creía el administrador que, aun dejando sitio para un descargadero, en aquel solar se podrían instalar hasta 80 tinajas de 150 arrobas cada una, lo que supondría un total de 12.000. Sumadas a las 19.000 que ya tenía la bodega del cabildo, se dispondría de un almacén de 31.000 arrobas, capacidad que en un año de cosecha media, tal como marchaba la inversión en aquel producto, se podía necesitar.

     El cabildo, como primer expediente, le ordenó que obtuviera una copia de los títulos que acreditaban la propiedad sobre la casa; y que sin demora la enviase a su procurador mayor, el hombre que en la administración de aquel episcopado, que dispersaba su empresa en todas las direcciones de la rosa de los vientos, trabajaba sujeto a la obligación de demostrar que las decisiones que había tomado el cuerpo de los sacerdotes, no tan célibes como neutros, eran al menos legales.

     Tal como se le ordenara, el administrador de la vicaría remitió al procurador mayor toda documentación que sobre el asunto había coleccionado, para que informara, en caso de que se decidiera comprarlas. Con el envío, le adelantó que no parecía que los derechos sobre la casa plantearan muchos problemas, porque el dueño actual, aunque no tenía títulos de propiedad, disponía de testamentos favorables que se remontaban a más de ciento cincuenta años atrás.

     Pero ocurrió algo inesperado. Murió el bueno de don Andrés Bernáldez, hasta aquel momento gestor de unos derechos familiares cuya responsabilidad detestaba, a los que había accedido por la onerosa vía ganancial. Quiso entonces el administrador, que se había apresurado a reiterar su predisposición a la compraventa, precipitar la operación, estimulando las decisiones del cabildo con un cuadro en exceso favorable. Había incrementado su ventaja haciendo que la excelente manzana fuera justipreciada por dos maestros albañiles, quienes como conclusión la habían evaluado en unos tristes 5.152 reales.

     Pero lo más interesante, para el aspirante a comprador, era, según había averiguado el administrador, que la casa cargaba con dos créditos, adquiridos con la forma de los censos, uno abierto y otro cerrado, cuyos principales eran cantidades asequibles, respectivamente 1.650 y 333 reales. Como cualquiera de los intereses los cobraba un convento de la población, titulado de San Pablo y Santo Domingo, con el que el cabildo tenía todos los años cuenta y partidas que podían compensarse unas con otras, en las manos del colegio de los sacerdotes de la catedral convergían los hilos que le concedían la posibilidad de manejar la situación como le conviniera. Los cálculos por los que apostaba el administrador mantenían que a la dueña actual solo habría que pagarle 3.169 reales, la cantidad que resultaba de restarle a los tristes 5.152 de la tasación la suma de los 1.650 y los 333 de los principales pendientes, de los que le quedarían menos una vez pagada la alcabala y descontados otros gastos. Incluso contaba con que podría rebajar aún más el costo.

     En su opinión, la casa estaba abocada, de todas maneras, a ser vendida porque solo el cuarto de la calle quedaba en pie, aunque amenazaba ruina; mientras que el resto, salas, alcobas, estrados, soberados, corral, cochiqueras, todo estaba asolado.

     Nada más lejos de la realidad. Griselda, la viuda, heredera única, estaba más urgida por deshacerse de su pasado, cuyo relato se demoraba en una larga cadena de fracasos, que por el estado del edificio. A la solitaria dueña la atormentaban unos recuerdos que deseaba conjurar consumiendo el tiempo con un guiño por fusión irreversible. Las razones de aquella actitud quedaron al descubierto en pocos días. Según había averiguado el administrador, el poseedor de los derechos de la viuda Griselda, apenas desaparecido Andrés Bernáldez, había pasado a ser Juan Becerra, quien los había desviado en su favor con una maniobra de dudosa legalidad.

     Los herederos de Griselda, una nutrida tropa de sobrinos, huérfanos altamente prematuros, tendrían que haber sido consultados para verificar la transferencia de dominio. Pero resultaron defraudados a consecuencia de las gestiones de un hábil mediador legal, de nombre Gerardo Vélez, que, anticipándose, redujo a un vendí, a favor de Juan Becerra, con el visto bueno de la irresponsable tutora berrugada, los derechos sobre el edificio, orillando los correspondientes a los herederos legítimos. Esta razón sin duda haría que el actual titular de los frágiles derechos sobre la casa se viera definitivamente urgido a liquidarla.

    El administrador de la vicaría, adelantándose de nuevo a las decisiones previsibles, ya había pactado con Juan Becerra los términos de una salida por los dos deseada, puesto que su esposa, uno de aquellos sobrinos, podría representar la heredera final de aquel patrimonio, para el caso que desapareciera la tía Griselda. Si no, para asegurar el asalto en el estado actual de la transmisión de los derechos, ya había encargado una copia del frágil vendí a partir del libro de registros de la correspondiente escribanía, y había pedido al abogado, el hábil Gerardo Vélez, un informe sobre los censos cargados sobre la casa, efectivamente avalados por los frágiles beneficiarios de los sucesivos testamentos. Todos los papeles que acreditaban cualquier de estos extremos quedaron en poder del administrador, que los remitiría con el propio de rentas, el correo particular que el cabildo mantenía para gestionar sus ingresos, para que en cuanto al cabildo le pareciera conveniente le diera orden para la compra. Porque la venta, tomasen los acontecimientos cualquiera de los derroteros posibles, era cuestión de tiempo.

     Era ya el 2 de octubre y para entonces todavía la oportunidad no se había consumado. El experto cabildo, en estas ocasiones, prefería esperar hasta el límite de lo posible para presionar sobre los vendedores, a los que sabía cada vez más necesitados. Para sus intereses aún quedaba tiempo. A principios del otoño la producción del aceite de la campaña en curso aún estaba a unos meses de distancia.  No obstante, aquel día el administrador quiso insistir en lo que había comunicado en la carta de 2 de septiembre, y revelaba que efectivamente al dueño ya le urgía conocer la resolución del cabildo, para disponer o no de la casa. Sabía además el administrador, porque con él se entendía, que Gerardo Vélez aún terciaba en la operación, ahora con intención de obtener parte de la necesidad de Juan Becerra, cuya urgencia era más consecuencia de su deseo de trasladarse al norte con su mujer, donde su única descendencia y consuelo había arraigado, razón por la que deseaba liquidarlo todo, cortar sus raíces, abolir el rastro de su memoria. Insistió en el precio y la capacidad en que la bodega se podría incrementar ya comunicados, y ahora añadía que el costo que podía tener el plan, hasta que la casa quedara lista como bodega y en uso, unida a la principal, lo estimaba entre 25.000 y 26.000 reales, incluido el valor del edificio, que tal como había calculado sería como máximo de 5.152 reales.

     El cabildo respondió al administrador el día 12 de octubre. Persistía en sus maniobras dilatorias, una vez más le solicitaba confirmación del costo de la casa. No esperó el administrador a que terminara  octubre para contestar la carta del 12. De nuevo explicó que la casa había sido justipreciada por dos maestros albañiles en 5.152 reales, y que ahora estimaba que en ella se podrían instalar hasta 70 tinajas, y no las 80 que inicialmente había previsto, aunque persistía en que la capacidad total instalada podría ser de 12.000 arrobas, y arriesgaba que el costo que tendrían tinajas, materiales y mano de obra, hasta dejar la casa unida al antiguo almacén podría ser de solo 20.000 reales, porque si se adquirieran los materiales con conveniencia y comprándolos a su tiempo se podría conseguir alguna equidad. Por último, una vez más, recordaba que tanto en la carta del 2 de septiembre como en la del 2 de octubre había suplicado al cabildo, a repetidas instancias del vendedor, por la mucha necesidad que este tenía, que decidiera si iba a comprar o no.

     Por fin, después de aquella carta de fines de octubre, el administrador recibió del cabildo otra del 9 de noviembre, en la que se le ordenaba la compra de la casa para la ampliación del almacén de aceite de la cilla de la población.

     Decidida la operación, las preocupaciones del cabildo se concentraron en asegurar la cantidad que tenían que percibir los dueños, los escuetos 3.169 reales, la cantidad que resultaba de restarle a los tristes 5.152 de la tasación la suma de los 1.650 y los 333 de los principales pendientes, de los que por cierto asimismo sería necesario redimir el censo abierto. Con el fin de garantizar el pago de la cantidad comprometida, el cabildo ofreció como hipoteca tres partes de una casa que tenía en la misma calle donde estaba su bodega.

    En cuanto a la ejecución de la obra, al cabildo todavía le había parecido mucho los 20.000 reales en los que al administrador la había valorado, aunque reconocía que solo en las tinajas de 12.000 arrobas de capacidad sería necesario gastar 12.000 reales, a real cada arroba, forma entonces regular de tarifar los envases de cerámica. Por eso había decidido que para materiales, mano de obra y madera, que era lo de menos, quedaran los 8.000 reales restantes.

     El administrador inmediatamente respondió que efectuaría la compra, y se comprometió a informar sobre cómo se fuera ejecutando el nuevo plan para la feliz  ampliación de la bodega.

 

Tres tareas

Alain Esteban

Obligación de tareas se llamaba en el lenguaje notarial de mediados del siglo XVIII al documento que comprometía con los amos de olivares cuyo producto estaba destinado a la molienda a quienes recogían las aceitunas maduras, que entonces, cuando incurrían en compromiso tan específico, se les solía llamar tareros.

     Las condiciones del acuerdo serían estipuladas previamente, cuando entre las partes se cerraba un ajuste o trato verbal. Para formalizarlo, el contratante a los comprometidos podía darles una cédula que contenía una orden para que un escribano lo legalizara. También el mayordomo del amo de los olivares, quien había tomado la iniciativa,  actuaba bajo la condición protegida de apoderado y, presente en la firma del contrato, otorgaba formalmente el acuerdo en nombre de su amo.

     Tanto en uno como en otro caso eran los contratados eran quienes debían suscribir la escritura de obligación. Restringidos a esta fórmula, a la vez que renunciaban a cualquier fuero que los protegiera por razón de persona o de residencia, se comprometían a hacer frente a los gastos en los que pudieran incurrir si incumplían los acuerdos, para cuya garantía debían hipotecar sus bienes.

     Nada, en ningún sentido, comprometía recíprocamente a los contratantes. El procedimiento contractual de antemano lo excluía. Su compromiso más expreso era la cédula que enviaban al escribano o el poder dado al mayordomo. Aunque fueran expresos y muy concretos, no dejaban de ser una comunicación o un otorgamiento genérico. En los contratos quedaba constancia de que los tareros eran analfabetos, aunque algunos de los contratados, los más previsores, pedían que el tenor de la cédula emitida por el señor de los olivares fuera literalmente incluido en el texto del contrato, y por su parte, para su seguridad, en prevención de posteriores diferencias, había escribanos que tenían la precaución de conservarlas en sus protocolos.

     Para ejecutar los trabajos que comenzarían a fines de 1748 y 1749, los acuerdos se firmaban entre 20 de octubre y 25 de noviembre, días en los que ya se podía estimar con fiabilidad el volumen de cada cosecha prevista, una vez madura.

     Demandaban el trabajo patricios rurales, como doña Nicolasa de Auñón, don Cristóbal, don Martín y doña María Cansino y Auñón, sus hijos, o don Alonso Guitérrez de Armijo y Tamariz. Algunos de quienes lo necesitaban, tal como ocurría en muchos lugares entre este segmento de la población, podían haber incrementado la fuerza de su posición con poderes civiles y militares enajenados a la corona. Fue el caso de don Pedro de Briones y Quintanilla, regidor perpetuo de su municipio y su alférez mayor, propietario de una hacienda. A ninguno su condición lo había liberado de la explotación de olivares, lo que para ellos, visto su interés por asegurarse el trabajo, no sería una ocupación inadecuada para su rango.

     Los tareros comprometidos siempre eran hombres. Podían ser cuatro (Juan Cordero, Manuel González alias Bigüela, Juan José León y Pedro Rubio), todos residentes extramuros de la ciudad, siete (Francisco Gutiérrez, Francisco Lao, Francisco Martín, Antonio Otero, Antonio Guerra, Juan Sánchez y Mateo Sarria) o solo un hombre (Pedro Saucedo), vecino de una población próxima, y siempre que contrataba más de uno, el grupo se comprometía solidariamente (de mancomún).

     Es posible que a veces los comprometidos fueran toda la cuadrilla que después completaría el trabajo. No es posible decidir con seguridad porque las obligaciones solo ocasionalmente incorporan una referencia expresa al tamaño de los olivares en los que debían trabajar, como cuando se mencionaron los olivares de la hacienda de la Fuente de la Cierva, que se componen de 115 aranzadas.

     Es probable que actuaran como representantes de un grupo más numeroso. El tarero que se comprometió individualmente aseguró que haría la cogida con nueve personas, y fueron mucho más expresivos los que adelantaron que pondrían a trabajar ocho casas, cada una de tres personas iguales.

     Denominar casa la unidad de trabajo o cuadrilla es identificarla con un grupo familiar definido por su radicación, el hogar que los aúna. No se puede asegurar que estas composiciones incluyeran población femenina, como tampoco se puede excluir su participación en el trabajo, ni la de las poblaciones infantil o juvenil. Solo la igualdad de los trabajadores, expresamente comprometida en el contrato, puede desviar la sospecha de carga del trabajo sobre las subpoblaciones menos aptas. Como los tareros aceptan además que, si el capataz pidiera más gente, los ya responsables de cumplir el contrato se encargarían de reclutarla, a la vez que mantendrían el compromiso nivelador de las aptitudes de los trabajadores, trazar una frontera que impidiera que las mujeres y los jóvenes menos capaces llegaran a la actividad pudo ser una decisión meditada aunque no expresa.

     La fuerza de la posición de quienes contrataban, al contrario, obligaría a los tareros, en caso de que aquellos no necesitaran las casas ofertadas o que se aumentara el número de trabajadores, a plegarse a la demanda, tanto que si pidieran el despido de algunas, para dejar solo las casas que el capataz de los olivares decidiera, lo aceptaban ya cuando formalizaban el contrato.

     El trabajo a realizar era coger la cosecha de aceituna, fruto pendiente del año a punto de concluir, que tuvieran todos los olivares, propios y arrendados, de quienes lo compraban. Empezaría la cogida cuando el dueño avisara, y sin interrupción continuaría hasta concluirla.

     Solía especificarse que en los pedazos de olivar que lo necesitaran, o en los que les señalaran los dueños o su capataz, se completaran dos vueltas. También se contrataba expresamente el apurado, para el que podía acordarse que fueran los tareros quienes por su propia iniciativa lo realizaran, con personas que fueran a satisfacción del capataz de los olivares. Algunos amos además querían apurar sus estaconales, parcelas de olivos relativamente jóvenes. Así se lo podían demandar a los tareros, y estos no tendrían más que hacerlo.

     El apurado, para cualquiera de los estados del árbol en los que fuera ejecutado, se describía en los documentos como derribar la aceituna. De esta manera de expresar la actividad posterior se puede deducir que la cogida regular o en primera fase se realizaría a mano, mientras que la segunda se haría azotando el árbol con varas y varejones.

     El contratante debía proporcionar a cada tarero una espuerta corriente, o a cada casa que anduviera cogiendo, mientras durase el recado, dos espuertas de terrón cada semana. Las varas y varejones que se necesitaran para el apurado también debía proporcionarlos el contratante. Según fueran completando las fases del trabajo, los tareros no debían dejar atrás tocones ni raberas o restos, ni cortar pie de olivo, ramas de cruz, ni de las otras, ni sacar rajas ni chupones, y el producto debían entregarlo limpio de hoja, chinas y terrones, y puesto en la medida, tal como era costumbre

     El trabajo se medía en tareas, cada una de las cuales equivalía a quince unidades de volumen, y su precio podía oscilar. Se podía pagar a 13 ½ reales de vellón, a 14 o a 21, precios que en cada caso regían también para las tareas del apurado. Pero cuando se reservaba la posibilidad de que fueran apurados los estaconales, este trabajo se pagaba al precio que lo liquidaban los cosecheros que apuraban los estaconales por su cuenta.

     La calidad de la cosecha o las condiciones previsibles para la segunda vuelta o el apurado, pudieron ser modificantes del precio acordado para el destajo. Pero lo decisivo tal vez fuera la oscilación de la carga de la cosecha de un año para otro (vecería), tan característica del olivo, que redundaría directamente en el tamaño del trabajo.

     Mientras el precio pagado por la tarea de quince fanegas podía oscilar, era constante complementar cualquiera de los destajos, de la cogida y del apurado, con una cuartilla de aceite por cada tres tareas, se entiende que por tarero; una parte del salario que sin embargo se podía acordar de manera indeterminada, como el aceite que era preceptivo en todas las cogidas y estilo de la población.

     A veces los tareros recibían un adelanto en el momento de formalizar el acuerdo. A juzgar por el único testimonio en el que consta, que supuso un desembolso de 240 reales de vellón, ni aun tomando como referencia el precio más bajo de la tarea, el adelanto alcanzaría a satisfacer la recolección de veinte tareas o 300 fanegas.

     Pudo ocurrir también que uno de los tareros, para complementar sus ingresos, a título particular se comprometiera a acarrear con sus bestias, en haldas o costales, la aceituna de los olivares que había contribuido a recolectar hasta un molino, al precio cada fanega de 12 maravedíes.

---