Así sobrevivió la servidumbre

Carmelo Terrera

Quien necesitaba recurrir al trabajo ajeno para completar todo el que demandara su explotación tenía dos posibilidades, contratar asalariados o comprar servicios. Así como cualquiera de ellas las tenía a su alcance, ninguna era incompatible con la otra, y podían sucederse o acumularse a conveniencia de quien las consumiera. Por razón del procedimiento, destinado a identificar con la mayor claridad posible lo que el costo de cada una de ellas tuvo de singular, las trataremos como si existieran en exclusiva, lo que tampoco era imposible, y seguramente, tomados territorios y momentos por separado, bastante más probable.

     Al recurrir a asalariados se podía comprar trabajo por determinada cantidad de tiempo o para una actividad. Se optaba por adquirir el tiempo de trabajo de otros por temporadas o por fracciones menores. El año agrícola, que iba de octubre a septiembre, se dividía en dos temporadas, la primera de octubre a abril y la segunda de mayo a septiembre. Para los puestos de mayor responsabilidad se contrataban asalariados que los cubrían todo el año, mientras que con sus subordinados, que asimismo debían desempeñar trabajos que se podían prolongar meses, se podía actuar de manera algo más flexible. Pero así como podía ocurrir que entre quienes cargaban con las funciones más importantes los hubiera que se comprometían solo por una de las dos temporadas, era frecuente que la mayor parte de sus subordinados trabajaran bajo sus órdenes durante todo el año. A todos, como consecuencia de esta manera de tasar el tiempo que se les compraba, se les llamaba genéricamente temporiles.

     Pero cada ciclo temporal, con fines laborales, se subdividía en unidades de tiempo inferiores a la temporada. Su duración se aproximaba a la del mes, y a esta pauta, mientras nada lo impidiera, se atenían, aunque un factor independiente, fuera del control de quienes planificaban los trabajos, podía acortar su duración, y hasta suspender toda actividad. Cuando la lluvia persistía no era posible trabajar la tierra, y a veces, dependiendo de la clase de suelo, incluso era necesario aguardar a que desapareciera de la superficie el agua acumulada.

     Concurriera o no aquel factor independiente, la unidad de las fracciones de tiempo inferiores a la temporada venía dada por la relación entre el responsable de todos los trabajos sobre el terreno, el que regularmente era conocido con el nombre de aperador, quien a su vez solía ser un temporil, y los hombres a los que había contratado para realizar los trabajos que fueran necesarios en esa fracción de tiempo, según progresaran los cultivos, los que solían ser conocidos con los nombres genéricos de braceros o jornaleros, a quienes también los distinguían denominaciones específicas a partir de los trabajos que de ellos en cada fase se esperaban, como gañán o mozo de arada, sembrador o escardadora.

     Se optaba por la otra posibilidad, comprar trabajo solo para una actividad, cuando era necesario completarla en una cantidad de tiempo de antemano limitada por los procedimientos de cultivo. A diferencia de las actividades que podían someterse a la cadencia aproximadamente mensual, para la siega, en el caso del trigo y sus cultivos asociados, y las tareas, cuando se trataba de la recolección de las aceitunas maduras, se habían impuesto las prisas. Decidir cuál era la razón que en cualquiera de los dos casos dictaba el apresuramiento no es fácil. Se puede adjudicar, también esta vez, a los dictados del ingobernable clima, que podrían provocar el temor a unas aguas inoportunas que malograran la calidad del grano maduro. Es posible que esto ocurriera en junio, cuando se recolectaba el trigo, y que por tanto se meditara la conveniencia de apresurar la exposición de las mieses a un riesgo tan severo. Pero que ocurriera en otoño, cuando eran más probables las lluvias, y que afectara a la aceituna madura, no sería una inconveniencia. Al contrario, contribuiría a incrementar su volumen, su peso, su rendimiento y su rentabilidad.

     Es más probable que fuera la urgencia por ganar una posición definida, tan definitiva como el volumen real de la cosecha que finalmente se hubiera conseguido, la que aconsejara acopiar el producto anticipándose a los competidores, y la causa inmediata de que, para sujetar la carrera a una regla, quienes estaban en condiciones de competir firmaran un pacto entre caballeros, según el cual el valor del trabajo que para aquellas dos actividades se compraba quedaba pospuesto a lo que entre todos los de una zona decidieran que había sido el rendimiento capaz de absorber los costos del trabajo así contratado. Al proceder con prisas, concentraban tanta demanda de trabajo en tan poco tiempo que la población activa autóctona era insuficiente. Solo la inmigración podía satisfacer la demanda.

     Los costos del trabajo por una actividad, fuera siega o recolección de aceitunas, podían ser nominalmente más altos, aun contando con el osmótico pacto entre caballeros, que el de los trabajos por temporadas o por sus fracciones aproximadamente mensuales, si se toma como criterio la parte del salario que se liquidaba en dinero. Pero la composición del salario del momento podía variar. Todos los asalariados contratados por tiempo, independientemente de su responsabilidad o de la duración de sus compromisos, accedieran al trabajo por temporadas o por sus fracciones, ingresaban renta al menos de dos maneras, una, el dinero, la otra, los bienes alimenticios. La primera remuneraba la cantidad de tiempo de trabajo descargado cada día ateniéndose a una tarifa predeterminada. La otra se sustanciaba como una comida diaria, que quien contrataba proporcionaba a sus asalariados cada jornada en el lugar de trabajo. El menú, invariablemente, además de un potaje que admitía distintas combinaciones, incluía pan, en una cantidad próxima a una libra por persona y día, que los procedimientos del trabajo agropecuario habían evaluado imprescindible para garantizar el acopio de los hidratos de carbono que debían regenerar la energía o trabajo que cada día era necesario transformar en actividad. Mientras tanto, el salario de cualquiera de los destajistas, fueran los de la siega o los de la recolección, se acordaba sin comida, a seco, según el lenguaje que había ido depurando el mismo procedimiento o estilo de cortijos.

     No es necesario recurrir a nuevos argumentos para aceptar que el salario denominado solo en dinero, el de los destajistas, sería mucho más estable que el regulado incluyendo la comida, que debía satisfacer la actividad que era necesario sostener a lo largo de todo el año si se pretendía aspirar al producto. Cualesquiera que fuesen las variantes del menú, si el pan era su constante, el costo del trabajo contratado sería función directa de las oscilaciones del precio del trigo, la materia prima a partir de la cual se fabricaba el pan con el que se atendía el consumo de trabajo en el campo. Sabiendo que el precio del grano podía alcanzar, en situaciones críticas, precios desorbitados, el costo de esta modalidad de trabajo, la estable e imprescindible para obtener el producto del año, podría llegar a ser insostenible.

     Ante esta amenaza, no sería una insensatez comprar los servicios que fueran necesarios. Al mercado de trabajo concurrían insistentemente limpiar de vegetación espontánea la parcela que se iba a poner en cultivo, ararla el número de veces que deseara el demandante antes de la siembra, sembrarla de trigo o completar su recolección desde la siega hasta el encamarado. Podían contratarse por separado o íntegramente. Pero en cualquiera de los casos lo que a quienes prestaban los servicios les permitía competir en aquel mercado era su ganado de labor. Quien dispusiera de una cabaña capaz para responder a cualquiera de estos compromisos estaba en condiciones de obtener renta a cambio de aquellos trabajos. Al otro lado de la relación laboral encontraría al promotor de una explotación que carecía de aquella energía, total o parcialmente. Cualquiera de los servicios que vendiera la consumía en cantidades importantes, aunque cuando se contrataban no se adquiría en exclusiva la fuerza del trabajo animal, sino el combinado energético integral que componían animal, apero y hombre que los empleaba racionalmente.

     La capacidad de ofertar este trabajo, tomada como una posibilidad, sería función directa del tamaño de la cabaña de labor de cada dueño de esta clase de patrimonio. Los poseedores de mandas de trabajo cuyas dimensiones se expresaran en cientos de cabezas, que siempre eran una fracción dominante en los términos más extensos, estarían en las mejores condiciones de emplear su capital ganadero en este mercado.

     Sin que nada impidiera que hubiera labradores del rango más alto que actuaran de este modo, y así extendieran los horizontes de su negocio, era más probable que los grandes reservaran su cabaña de labor para emplearla exclusivamente en su explotación. Y al contrario, era mucho más probable que campesinos con un modesto capital ganadero de trabajo, mucho más si el número de sus cabezas estaba por debajo de diez, recurrieran a emplearlo en las explotaciones de otros, íntegro o en parte, para todas las actividades del ciclo o solo para algunas de ellas. La posibilidad la modificaría el grado de su uso en una hipotética explotación propia. De haberla emprendido, el ganado propio solo parcialmente estaría disponible para el trabajo en otra. Si no hubiera sido posible acometerla, el patrimonio ganadero de labor propio estaría ocioso, y ofertar todos o cualquiera de los servicios demandados sería el mejor medio de ingresar una renta propia.

     Los precios de estos servicios se tarifaban por unidad de superficie trabajada. Comprar solo los trabajos de barbechera era dos veces y media más barato que adquirir los que incluyeran todos los comprendidos entre la siembra y la recolección. Nominalmente, el valor de cualquiera de ellos podía ser alto, aunque no muy diferente al que alcanzaba la unidad de capacidad de trigo en los mercados. Pero para quien adquiría el trabajo la ventaja de esta forma de acceder a él era que estaba exenta del costo de la alimentación, y por tanto al menos diferida de las oscilaciones de los precios de los cereales. Bastaba tomar esta distancia para descargar este costo sobre quien ofrecía el servicio, para que el valor efectivo que en el mercado alcanzara la cartera de servicios no dependiera inmediatamente del precio del trigo, aunque este, el de la cebada, y hasta el de las legumbres y la paja, contribuyeran a su formación. Su factor inmediato sería la masa de ganado de labor en manos de quienes estuvieran en condiciones de contratarlo para los servicios demandados. Al decidir sus tarifas, quien los ofertara estaría sujeto a la presión de sus competidores antes que al costo de su alimentación y la de su ganado.

     Se puede tener la certeza de que quienes estaban en aquellas condiciones, en cualquier población, eran al menos la mitad de quienes estaban dispuestos a participar en los trabajos agrarios, una invariante que era una consecuencia espontánea de las inveteradas aspiraciones a la promoción personal de quienes estaban sujetos al trabajo en el campo, las mismas que se habían saldado una y otra vez con el éxito de unos pocos y el fracaso de la mayoría. Invertir el ahorro en ganado de labor, para a partir de su empleo en explotaciones propias ir incrementando las rentas personales era un plan ampliamente compartido, e insistentemente reiterado por los comportamientos y las opiniones que han dejado testimonios.

     Una oferta tan amplia contendría el precio de los servicios, y en cualquier caso evitaría que oscilaran tan fuera de control como en ocasiones podía hacerlo el del trigo, y por tanto el del trabajo asalariado. Pudieron llegar momentos, situaciones, en los que contratar los servicios integrales fuera preferible a comprar el trabajo de asalariados. En cualquiera de los dos casos, se conseguía el producto sirviéndose del trabajo ajeno. Pero, mientras en uno se obtendría cargando con la responsabilidad de su reproducción, en el otro quien lo compraba se desentendería de esta necesidad. Que la segunda modalidad progresara podía tener a su favor, además de esta ventaja, que el ahorro de la población agraria se dirigiera a adquirir y consolidar la condición campesina y reducir las posibilidades de la oscilación desaforada de los precios del trigo.

     El ajuste más favorable de estos engranajes podía conseguirse sin grandes dificultades. La mejor manera de escapar a los constantes cambios de humor de los precios del trigo era obtenerlos por cuenta propia. Para eso bastaba valerse del ganado propio y con él emprender la explotación que lo permitiera. La mayor parte de estas explotaciones no podía ser muy grande, porque la mayor parte de los patrimonios ganaderos era modesta. Pero para conseguir el trigo de subsistencia, el necesario para alimentarse diariamente con pan fabricado con su harina, tampoco hacía falta disponer de una parcela extensa. Estaba tasado, por quienes compraban el trabajo cargando con este costo, que un hombre podía sostenerse con una unidad de capacidad al mes. Para obtener el producto anual de doce de estas unidades podía ser suficiente con una parcela de poco más de una unidad de superficie. Si damos por descontado que quien se constituía como campesino aceptaba atenerse al estado biológico regular y que este incluía una familia nuclear de cuatro miembros, formada por los dos progenitores y dos descendientes, aunque la necesidad de grano pudiera hasta triplicarse en el más exigente de los casos, ni siquiera sería necesario que la parcela cultivada tuviera cuatro unidades de superficie, o dos hectáreas aproximadamente. De la energía que proporcionara una pareja de bueyes trabajando durante todo el año para aquel proyecto sobraría como mínimo la mitad.

     El proyecto era viable y el excedente de energía estaba asegurado. Quienes quisieran disponer de su propio trigo y al mismo tiempo servirse de una parte de su patrimonio energético para obtener sus rentas podrían hacerlo. La competencia que de su producto pudiera sobrevenirle a las labores, productoras de las masas de trigo que sostenían los mercados, era imposible. La producción de las explotaciones menores estaba condenada a ser marginal porque estaba inspirada por la atención al consumo alimenticio familiar.

     La mayor dificultad a la que podía enfrentarse un curso de los comportamientos como este era la inversión inicial en tan modestas explotaciones. Las caídas absolutas de la producción, inevitable para los sistemas del cultivo que se habían impuesto, podía incapacitarlas absolutamente para disponer de la simiente que cada año diera origen al ciclo productivo.

     Si el crédito del pósito, mercado público del grano, resolviera esta permanente amenaza de bloqueo, el costo del trabajo podría ir liberándose de la rémora de las oscilaciones del precio del trigo. Cuanto mayores fueran las explotaciones, como mayores eran las cantidades de trabajo ajeno que debían comprar, tanto más podrían aspirar a reducir sus costos si se ensanchara aquella senda. Pero quienes contrataban en masa el trabajo ajeno, sin dejar de aspirar a este objetivo, corrigieron el rumbo de esta fuerza en una dirección que no fue la recta.

     Una parte de quienes tomaran la iniciativa de emprender una modesta explotación incompetente solo aspiraría a escapar a la espiral endiablada de los precios del trigo. En su mayoría era gente que ni siquiera, por su dedicación habitual, tenía relación directa con la actividad agropecuaria. Aprovechando que el pósito ofrecía crédito en grano a un interés razonable, aunque algo por encima del que se había consolidado en el mercado rural del crédito en dinero, al que buena parte de la población no podía concurrir a falta de patrimonio que actuara como garantía hipotecaria, se arriesgaba a promover su propia modesta empresa y garantizarse la despensa de pan del año. Como carecía de medios para dedicarse a la actividad agropecuaria, recurriría, para atenderla, a los campesinos, que vendían sus servicios.

     Aunque no eran la parte más significativa del orden a la que podía dársele alas, es muy probable que muchos de los activos en otras ramas, de las más diversas dedicaciones, sumaran al menos la décima parte de las explotaciones que cada año se emprendieran. Su inexperiencia, quizás aún más sus débiles conexiones con aquel mundo, los obligaría a cargar con las tierras de peor calidad, las propiamente marginales, cuyos bajos rendimientos, aun siendo los inferiores, apenas repercutirían en los mercados de la tierra o del trabajo. Para sus promotores serían una renta en especie suplementaria.

     Pero la masa de quienes dispusieran de ganado de labor, si decidieran promover su propia empresa valiéndose del crédito en simiente, competiría por las tierras de costos más bajos. El ruedo, espacio inmediato a las poblaciones, era el área de cultivo más codiciada por las empresas menores. La escasa distancia que era necesario recorrer cada día de trabajo incrementaba el valor relativo del tiempo neto disponible y reducía todos los costos en los que mediara el movimiento. El efecto sobre el precio del suelo era el contrario al deseado. Las tierras de ruedo, fragmentadas en parcelas de pequeñas dimensiones, eran las que en cesión alcanzaban los precios más altos por unidad de superficie.

     A partir de los ruedos, en coronas sucesivas, cuyo centro eran las poblaciones arraigadas, las explotaciones menores se iban dispersando hasta un radio máximo de cuatro leguas, límite en parte consecuencia de la cantidad de tiempo que sería necesario invertir en los desplazamientos desde el centro donde se tuviera radicado el hogar; fácilmente comprensible si se tiene en cuenta que convencionalmente una legua se recorría en una hora; en otra proporción resultado de la competencia con las poblaciones circundantes por el espacio cultivable. El primer obstáculo podía ser parcialmente sobrepasado con la erección de un hábitat unitario provisional, hábil al menos para hombres, con muro de tapia y cubierta vegetal, similar al cottage que describen los textos franceses y anglosajones, radicado en la parcela de trabajo. El segundo lo amortiguaban las enormes distancias y las amplias bandas de espacio desierto y sin roturar entre términos.

     Esta masa de aspirantes a explotación propia, campesinos genuinos gracias a su capital ganadero, podía acceder cada año a la parcela que la permitiera valiéndose de las cesiones. De todas la modalidades de acceso a esa clase de tierra, la más asequible era la que aprovechaba la fragmentación de una gran unidad de producción, a su vez obtenida mediante arrendamiento en buena parte de los casos, para a su vez subarrendarla a quienes tenían estas aspiraciones. La competencia por obtenerlas podía llegar a ser tanta que la adjudicación debía recurrir al sorteo, procedimiento regular cuando se trataba de tierras públicas, cuyos gestores se veían obligados a representar de este modo la ecuanimidad. Es fácil colegir que de estas tensiones igualmente resultarían interesantes incrementos de los precios del suelo.

     La obra posibilidad era alojarse como huésped, también por vía de subarriendo, en una gran explotación, a su vez nutrida por una o varias de las grandes unidades de producción, fuera cortijo o dehesa, que en su favor había ido decantando el dominio sobre la tierra. Era frecuente que los mayores labradores, los responsables de las explotaciones de grandes dimensiones que imponían su orden o sistema a la producción del trigo, reservaran una parte del espacio de las magnas unidades bajo su control para que fuera explotada en pequeñas parcelas por campesinos. Probablemente, en estos casos siempre habría algún grado de intercambio simbiótico. Al cedente o labrador podría interesarle, según su criterio, por ejemplo roturar una parte del espacio de sus tierras sin cultivar, porque hubiera permanecido en ese estado varios años por cualquiera de las causas que aconsejaran dejarlo al margen, sin hacer frente a los costos directos de una operación que requería el gasto de energía más alto. El ganado del campesino sin tierra, en ese caso, podía ser un recurso idóneo. Bastaba alojarlo en la explotación y disponer de él indirectamente. El producto que el campesino obtuviera de la puesta en cultivo de aquel espacio sería la remuneración de su trabajo y el labrador, al final de la campaña, obtendría una tierra de rastrojos apta para a partir de ese momento ser reciclada con regularidad en el ciclo de los barbechos de la explotación principal.

     Se pueden imaginar decenas de intercambios energéticos entre labor y pequeña explotación conviviendo en un mismo espacio y útiles a las dos, aunque todas, inmediatamente, sugieren instantáneas que alguna vez se han descrito como propias de las relaciones de servidumbre. En pleno siglo décimo octavo, en cualquiera de los intercambios, mediaba su evaluación como renta propia, y en muchos casos hasta la respectiva denominación en unidades monetarias, lo que permite concluir que en todos los casos se trataba de un calculado flujo de intereses económicos entre las dos partes. Tampoco hay que excluir que esto hubiera ocurrido desde la baja antigüedad, cuando las relaciones que se llaman de servidumbre, cuyas raíces en la esclavitud no puede hurtar la palabra que para denominarlas ha prevalecido, habrían tenido su origen. Pero cualquiera de aquellos intercambios tampoco podría ignorar que la relación se anudaba desde posiciones desiguales, una subordinada y la otra supraordinada, decididas por la enorme diferencia entre los capitales con los que cada uno de ellos partía. El resultado invariable, en cualquiera de los casos, era que quien disponía de la masa preponderante del capital, el labrador, deducía del que fuera de los intercambios una renta a bajos, si no nulos, costos. Para que sucediera así el campesino tenía que renunciar obligadamente a una parte de su trabajo, independientemente de la forma a la que debiera atenerse para cederla.

     Este lucrativo filón fue explotado por los labradores más avezados pervirtiendo los términos de la relación. En las grandes explotaciones se había consolidado la costumbre de completar la remuneración de los máximos responsables de los trabajos sobre el terreno, cuatro o cinco trabajadores cualificados que eran contratados por todo el año, con una pequeña explotación similar a las que acabamos de analizar, como ella alojada y huésped de la principal; un concepto de la remuneración de sus respectivos trabajos que se sumaba a los comunes, que eran, como sabemos, el dinero y la comida diarios.

     Como aquellos trabajadores dedicaban todo su tiempo a la explotación para la que habían sido contratados, o labor, por la que eran convenientemente remunerados con sus ingresos regulares, el trabajo que necesitaran las respectivas pequeñas parcelas que suplementaban sus rentas, aunque lo ejecutaran ellos mismos en alguna parte, puesto que ya había sido comprado mediante contrato, era conceptuado como servicio que prestaba el labrador a tan selectos trabajadores, tal como los servicios que normalmente se prestaban en aquel extenso mercado agropecuario, y como tales debían pagarlos quienes se beneficiaban de él; a lo que era necesario sumar el precio de la cesión de la tierra cultivada en su beneficio, que como cualquier otra cesión alojada tenía su precio en su mercado. Ambas cantidades el trabajador agraciado con aquel generoso suplemento las abonaba con el ingreso en dinero de su remuneración regular. Antes de liquidarla se le deducían, y a cambio, además del neto en dinero resultante, recibía la cantidad de trigo correspondiente al rendimiento medio por unidad de superficie de toda la explotación aplicado a la extensión de la parcela que hubiera recibido como recompensa. De esta manera, en realidad una venta forzada del producto de la explotación donde había trabajado, conseguía su propio almacén de trigo.

     Tan viciada manera de proceder solo se sostendría por el valor que se concediera a disponer de una reserva de trigo personal. Si el objetivo de los labradores que alentaban esta práctica hubiera sido liberar del precio del trigo al costo del trabajo, habrían prescindido de la comida como concepto de las remuneraciones de sus trabajadores más cualificados. Pero no fue así. Todos los trabajadores, incluidos los que eran remunerados con una pequeña explotación bajos aquellas condiciones, siguieron recibiendo su comida diaria como parte de su paga. Habrá pues que reconocer que si se mantuvo la explotación mínima de cualquier clase tuvo que ser porque para todos, para los trabajadores de primer orden, pero también para los campesinos, alojados en grandes explotaciones o promotores de sus pequeñas explotaciones autónomas, e incluso para los activos de otros sectores que aun careciendo de medios se afanaban por disponer de su propio almacén de trigo, garantizarse este ahorro en especie debió convertirse en algo más que una decisión racional. Quizás estuviera más cerca de un conjuro, a cambio del cual se alejaban del hogar las amenazas de las carencias de un alimento que las costumbres seculares habían sacralizado. Es verdad que los más conocidos cambios de humor de los precios del trigo podían convertir aquellas sombras amenazantes en algo más que un fruto de la imaginación. Pero también es cierto que los procedimientos comerciales que se habían ingeniado al calor de las tensiones de aquel mercado, para mediados del siglo décimo octavo, reducían las amenazas al desabastecimiento del trigo a sus justos términos lucrativos. Cuando la caída de la producción era una evidencia y los precios del trigo efectivamente se disparaban, las importaciones de choque, convenientemente subvencionadas con los ingresos públicos, ya de la corona ya de los municipios, recuperaban el abastecimiento y de paso aseguraban el negocio a los acaparadores de grano, expertos en estos movimientos de la mercancía en masa, a la distancia que fuera y con las mediaciones comerciales convenientes.

     La expansión del mercado del trigo, desde que en 1750 se ensayaran en el sur las primeras medidas que poco después consolidaron su comercio abierto, ensancharía el horizonte de la comercialización de su producto a las grandes explotaciones, hasta el punto que las relevaría de la sujeción a sus limitados mercados locales. La oportunidad que así quedara desvalida pudo ser rentabilizada por los modestos productores de trigo, los que se afanaban cada año en disponer de sus pequeñas explotaciones. Es posible que el volumen de todo su producto tuviera capacidad para llenar ese vacío, y también es posible que esa sea una parte de la explicación del fenómeno más llamativo de los que suceden a la viciada situación crítica vivida en 1750, la expansión de los pósitos meridionales en un grado hasta entonces desconocido.

     Sostenidos por los municipios, bajo la supervisión de la autoridad regional, alentaron la inversión imprescindible, la que era necesario arriesgar en el trigo que se sembraba. La administración, que consideraría las ventajas públicas de tomar una iniciativa así, decidió cargar con la obligación de colmar este hiato y cargar a sus ingresos el gasto. A partir de 1750 el pósito municipal garantizaría a los interesados en promover su propia explotación el trigo que necesitaran para sembrarlo, y las explotaciones más modestas correspondieron convirtiéndose en sus clientes preferentes y casi exclusivos. Cualquiera de los más discretos proyectos estuvo en condiciones de prosperar. La subvención pública, quizás mejor señorial, en la medida que los municipios eran señores para el área de su dominio o término, implícita en la titularidad enajenada de aquellos institutos, evidencia un interés directo en que las empresas de los campesinos persistieran. ¿Por qué, si su fuerza siempre fue excedentaria, y hasta prescindible; si su capacidad productiva amenazaba con saturar los mercados y provocar el hundimiento de los precios que aseguraban excelentes beneficios a poco que el producto tasado, y convenientemente almacenado, se moviera por los circuitos que la especulación creía correctos?

     Si se insistió en la promoción del campesinado, poseído por sus aspiraciones al enriquecimiento personal y sus obsesiones por el almacén propio, debió ser porque fuera útil al orden en el que los labradores, bajo cuyo control habían quedado los municipios, tenían asegurada la posición de dominio. Una masa de campesinos, que permanentemente demandaba, para explotarla en cantidades discretas, más tierra de la que estaban dispuestos a sacar al mercado quienes la acaparaban, porque la habían tomado en arrendamiento en cantidades solo al alcance de unos pocos inversores; que disponía de medios de trabajo que sobrepasaban los que pudieran necesitar los predios que se pusieran a producir; era una oferta de trabajo condenada a cotizar a la baja mientras se mantuvieran aquellos parámetros. Su trabajo no era cada vez más barato porque se hubieran emancipado de una forma de remuneración, y por sus medios hubieran decidido asegurarse el mínimo de subsistencia. Lo que hundía su valor era su magnitud, excesiva, que los precipitaba a trabajar por debajo de los costos y a la extinción. Para sobrevivir, en un mercado que fácilmente se saturaría del producto, tendrían que optar por vender sus servicios, si querían completar sus rentas, puesto que los ingresos posibles que les proporcionara el trigo, una vez satisfecha sus aspiración a la despensa propia, o porque sucumbieran a la tentación del mercado y la agotaran, tenderían a insuficientes. Si esta posibilidad les faltara y les urgiera disponer de renta, para ellos solo quedaría liquidar su ganado de labor, el capital que les aseguraba su condición y que, una vez perdido, los reducía a la condición de asalariados. A partir de aquel momento, estarían más cerca de trabajar por un ingreso cercano al costo de la comida, al que el estilo de cortijos, calculador y eficiente, no había querido renunciar; si el valor nominal de la parte de los jornales liquidada en dinero se estancara.

     En la medida en que quienes tuvieran capacidad para prolongar indefinidamente aquel estado, sosteniendo año tras año el mercado de los créditos en especie, al mismo tiempo tuvieran intereses en las grandes explotaciones del monocultivo, se podría estabilizar aquel progresivo y seguro declive del precio del trabajo que tanto podía descargar sus costos. Su éxito sería tanto mayor cuanta mayor capacidad tuvieran para moderar la cantidad de espacio que cada año se pusiera en cultivo. Limitarlo equivaldría a garantizar la reserva de trabajo que cotizaba a la baja, incluso si su costo, por masificación de la oferta, retornara a quedar mayoritariamente expuesto a las oscilaciones de los precios del trigo. En esos casos el mismo pósito sería suficiente  actuar como amortiguador de los excesos.


La boca del dragón

Daniel Ansón

Las fiestas del Nacimiento han sobrevivido porque satisfacen la convivencia. El atractivo de su conmemoración, entrañable recuerdo para sus melancólicos promotores, algunos lo han justificado porque acogió celebraciones que están en trance de extinguirse. En algunos pueblos, con ocasión de ellas, con la candidez que caracteriza la vida del campo se recurre a diversiones domésticas que fomentan la convivencia entre familiares, una vez terminada la cena, motivo de encuentro y aprecio mutuo. La señora Llamas ideó una a la que llamó Boca del dragón.

En un plato la anfitriona vertió un licor añejo, decantado a partir de las mejores soleras que se conservaban en su casa, las mismas que el sano espíritu festivo de cada hogar, impaciente por celebrar las ocasiones, de sus cosechas reservaba para cada conmemoración singular. Antes de que el preparado saliera de la cocina, en el líquido había sumergido pasas, otra de las obras de la vida en el campo cuya espera del momento de disfrutarlas en familia las convierte en joyas de un valor incalculable. Cuando ya todos los convocados disfrutaban de la mutua compañía alrededor de su única mesa fraternal, en cuyo centro dispuso el plato con las pasas, prendió el licor.

Bajo la amenaza de las llamas culminó el banquete que había ofrecido a sus invitados; como en el transcurso de la celebración precedente la espada de los parientes había pendido sobre el menú ofrecido por la anfitriona. Los comensales, cuando aún ardían, con una de sus manos debían atrapar los frutos que estaban carbonizándose y comérselos.

Cualquier agresión de las llamas, en los dedos o en la boca, fue celebrada con vivas muestras de regocijo por la comunión de los consanguíneos, entre quienes los lazos de parentesco se cruzaban hasta grados tan proveedores que ni las peores quemaduras impugnaron, fuera en el lenguaje directo que se emplea en los mercados o con el recurso a las alusiones, que con el bálsamo de las palabras serenan los peores impulsos del corazón; hermanos junto a hermanos, cuñados frente a cuñadas, pacientes nueras o jacunos yernos paralizados por el rostro pétreo de suegras ingobernables.

 


Un tipo me tiene desconcertado

Segismundo Raya

Volví a verlo ayer después de no sé cuánto tiempo. Cruzaba la avenida a la ventura, acompañado por su padre, o tal vez un tío, quizás algún vecino, o simplemente un conocido que lo acompañaba por casualidad, porque se hubieran encontrado, o porque fueran compañeros de trabajo e hicieran juntos una parte del trayecto. Puede que fuera su día de descanso, o que viva una fase de incapacidad laboral, impuesta por una enfermedad, si bien leve, al menos en apariencia, o por una cesantía, espero que transitoria, a la vista de como está el mercado laboral, que devora a sus hijos con la crueldad de un dios antiguo. Vestía una cazadora negra y los inevitables vaqueros, se había dejado algo de barba y ocultaba los ojos bajo unas gafas oscuras. Nada que sirviera para identificarlo.

     Lo he colocado en el autobús, en la parada haciendo cola, en los últimos asientos, asido a una barra; como cualquier condenado a la cadena perpetua del trabajo, una pena que jamás redimen quienes, como él, tienen que utilizar el transporte público. Si tuviera dinero, quizás se consintiera la frivolidad de viajar algún día en el autobús urbano. Pero su indumentaria lo denunciaría. No, no; no es un potentado. Viste ropa corriente, de la que se compra en rebajas en las tiendas o incluso en los puestos de ocasión que montan los domingos en las afueras. Además, soy yo el que no frecuento el autobús. Solo lo uso cuando tengo que ir a la imprenta o al hospital. No tengo justificación para imaginarlo en ese lugar, rico o pobre, comprimido entre cuerpos sacudidos por los vaivenes.

     Tal vez sea alguien que frecuenta las calles del barrio, una de las caras transeúntes que cada día se cruzan sin que la atención encuentre nada digno de elección. Las de esa clase se van sedimentando en el fondo de la memoria indistintamente, transportadas por las corrientes del trasiego de cuerpos. No, no, desde luego que no. No puede ser un vecino. De ser un vecino, lo tendría identificado, aunque solo fuera por frecuencia, la más probable cuando se trata de los encuentros fortuitos. En el barrio hasta las caras indigestas terminan entrando en la conciencia, donde vegetan en reserva.

     En el ambulatorio. Es posible, últimamente lo frecuento mucho, demasiado quizás. Cosas de la edad de piedra. Para rescatarlo tendría que imaginarlo con una bata blanca, con un fonendoscopio al cuello; algo envarado, distante, frío en el saludo, si se digna saludar, insensible para la enfermedad, ante la que actúa como si no hubiera más medicina que la forense. Pero, no; no tiene pinta de médico. Ni siquiera de enfermero. Para ser médico le falta algo de altura, y para ser enfermero, corpulencia. Los médicos son todos altos, independientemente de su talla, y la bonhomía y tacto de los enfermeros se expande como se expande su cuerpo. No es que no tenga cara de buena persona. Pero casi todos los enfermeros son enfermeras.

     ¿Será empleado del banco? Puede ser. Es inevitable que lo visite. La frecuencia con que ahora lo piso va creciendo tanto como disminuyen sus atenciones. Ya casi todo lo que tramito en el banco lo hago yo mismo, no obstante lo cual tiene la deferencia de cobrarme por ello; a pesar de lo cual retiene codiciosamente todo mi dinero y lo emplea como le parece conveniente, sin contar con mi voluntad, en los negocios que cree más lucrativos, sin pagarme réditos dignos de este nombre. No, no. Este hombre no tiene cara de cínico. Además, solo raramente paso más allá del cajero automático, y ahora en los bancos solo atienden chicas con las faldas ceñidas y tacones muy altos.

     En un bar. Sí, es más probable. Los establecimientos de esta clase los frecuento más que los ambulatorios y los bancos. Por mi causa, no por la suya. Ahí lo veo más claro, vestido de negro, bien afeitado, correcto sin excederse. Como hombre sencillo, bien educado, que ha nacido en un barrio de la periferia, que ha tenido que ganarse la vida desde muy joven, al que nunca le han asustado los trabajos por difíciles y duros que sean. Antes que consentir la miseria de su familia, de su madre especialmente, que desde muy joven tuvo que hacer frente a la vida, con él a cuestas, sin padre. Todo lo reivindica como un buen hijo circunstancialmente camarero. Hasta las bolsas bajo los ojos que oculta tras las gafas oscuras. Debe trasnochar. Tal vez por algo más que las exigencias de su trabajo. ¿Qué hará la madre, mientras lo espera? ¿Contará las horas, supondrá toda clase de contratiempos? Durante un rato, él pretenderá que no hace caso a nada de esto. Mediada la madrugada, detestará su comportamiento.

     Renuncio. No consigo darme la satisfacción de la certeza del recuerdo, la que hace que al superponer dos imágenes, la que está a la vista y la que guarda la memoria, encajen como una evidencia y ganen la gloria de la tercera dimensión, la de la profundidad, como si se contemplaran a través de un estereoscopio. Nadie como él hasta ahora me había torturado la memoria, y creo que por primera vez la he llevado al límite del fracaso. Ya puedo estar seguro de que más allá, aunque me esfuerce, no hay nada más que pensamiento y especulación.


Gloria al conde de Tendilla

Sergei Granville

El punto de vista inmóvil lo modifica todo. Lo tengo comprobado. Si alguien se deja arrastrar por las oleadas de transeúntes, las que desbordan la línea de espera de los semáforos por ejemplo, porque lleve prisa, ve muy reducida su perspectiva. Yo diría que queda sujeto a una visión miope, incluso que el vértigo del movimiento caótico lo ciega. En cambio, si consigue escapar a la corriente, se aparta a un lado, se acoda en una ventana o sobre un zócalo, y se entrega a contemplar el tránsito de los viandantes, su imaginación se dispara, y es capaz de conocer causas eficientes capaces para accionar la palanca que puede cambiar cualquier noción, algo que de ningún modo podría alcanzar si se mantuviera en movimiento.

     Hay todavía bares con ventanas que tienen la ventaja de su cierre de guillotina. Permiten tomar una mesa en su interior, correr hacia arriba el cristal que separa al cliente de la calle y contemplar en vivo el tránsito sin dejar de estar en reposo. Puede desde allí observarse que en la calle peatonal, donde el desorden de las corrientes humanas ha conquistado todo el espacio, el movimiento incesante no es solo de personas apresuradas. Las hay que se detienen. Unos conversan con un conocido, por el que se interesan demorándose en detalles, de su salud, de la que conservan sus ascendientes, no obstante su avanzada edad, de sus acertadas adquisiciones inmobiliarias. Otros contemplan la oferta de los establecimientos, protegida por el cristal de los escaparates que refleja el rostro absorto de aspirantes a poseer bienes inalcanzables. También circulan reposadamente quienes llevan animales de compañía, cuyos hábitos y comportamientos no están por completo bajo control de quienes los pasean. Ni la disciplina adquirida por los perros es tanta que obedezcan siempre a las severas reconvenciones de sus dueños cuando actúan contraviniendo toda norma cívica, por ellos deseada, defendida y cien veces encomiada, ni las suelas de quienes se detienen a conversar o mirar invariablemente permanecen limpias.

     La observación reposada puede llevar al transporte cuando depara visiones singulares, únicas en ocasiones por su elevado valor nominal. “Gloria eterna al conde de Tendilla -canta entonces la conciencia-, feliz precursor del papel moneda. Bendito sea que en 1483 los Reyes Católicos le responsabilizaran de la defensa de Alhama, donde cercado por los enemigos le faltó el oro y la plata amonedados. Por esta causa cesaba entre ellos el trato necesario a la vida, dijo el cronista, y careció de medios para pagar a las tropas el sueldo que les debía.

     “Para salir al paso, mandó escribir en papeles monedas de distintos precios y los reprodujo en la cantidad que creyó necesaria, al tiempo que se cuidó de poner en juego sus poderes. Ordenó que entre quienes estaban en la ciudad aquellas palabras escritas valiesen tanto como decían y no fueran rehusadas. Para darle crédito todo el crédito que necesitaban además aseguró que cuando salieran de aquella situación, así como cada uno le devolviera los papeles en moneda escrita que tuviera, le daría su correspondiente valor en moneda de oro o de plata. Conociendo la fidelidad del conde, todos confiaron en su palabra y aceptaron que se les pagara de aquella manera. Así pudo satisfacer a los combatientes el sueldo que les debía.

     “A partir de aquel momento, la moneda de papel, sin que nadie la rechazara, circuló para contratar los mantenimientos y fue un buen remedio para la necesidad en la que estaban, y cuando el conde fue relevado de sus responsabilidades en la ciudad, antes de irse, pagó a cuantos le presentaban los papeles amonedados su correspondiente valor en oro o plata, tal como estaba autorizado por su propia firma en cada uno.” De no haber sido por aquel hallazgo, la circulación de bienes se habría bloqueado. Lamentablemente, tardarían más de dos siglos en reconocer las ventajas de su hallazgo.

     A cambio, el ingenio de los medios de control del papel moneda contemporáneo es admirable. La celulosa seleccionada para fabricar la pasta de papel, las tintas elegidas, el tema de la ilustración, los hologramas y las marcas de agua, todo converge a hacerlos únicos, insustituibles como medio de satisfacción. Hasta una impronta electrónica invisible que detecta la autenticidad contribuye a colmar las aspiraciones de los compradores.

     Pero lavar un billete de cien euros tiene sus riesgos. La resistencia de la celulosa elegida para prensarla como papel moneda puede esponjarse, las tintas, decolorarse, las líneas que delimitan el torso de los atlantes que sostienen la fabulosa cornisa, desdibujarse, el holograma perder brillo, la marca de agua disolverse. ¡De la carga eléctrica del billete pueden saltar chispas al contacto con el agua¡ Los medios de control de los billetes que imprime el banco central europeo son un riesgo para quien encuentre un billete sucio. Pueden no ser suficientes para asegurarle el crédito, a diferencia de la palabra del conde de Tendilla, que fue capaz para resistir cualquier cantidad de tiempo, toda clase de agentes adversos.

     Sin embargo, quien lo limpie someramente, pongamos con un pañuelo de papel, tiene a su favor el mercado de frutas y verduras, pescados y carnes, colmado de olores. Allí los billetes circulan sin que nadie pregunte por su procedencia, sin que haya quien  impugne su origen inmediato, se recurra al que sea de los medios organolépticos.

 


Intervención de los mercados del trigo

Redacción

A principios de marzo, según el capítulo veinticuatro de la instrucción sobre gobierno de los pósitos, cada año debía comenzar la segunda fase de su actividad. Había que repartir la mitad del trigo que hubiera en los graneros para así contribuir a las faenas de escarda y barbecho, siempre que el tiempo estuviera siendo regular y que estuvieran de buena calidad y sazón las sementeras, así como que el trigo no se necesitara para el abasto diario de la población.

     El año anterior, 1749, considerado regular, en uno de los municipios desde los que observamos los hechos de las crisis a principios de marzo habían emprendido las gestiones para repartir la mitad del trigo que había en el pósito, el que había sobrado del reparto hecho durante el otoño para la sementera. Para el 12 de marzo, algunos de los interesados en el reparto ya habían instado a que se ejecutara sin retrasarlo más, tanto más porque el juzgado de los pósitos anexo a la máxima autoridad de la región ya había promulgado el decreto que así lo prescribía. Algunos de los más urgidos incluso habían presentado memoriales demandándolo, y, en respuesta a tan apresurados solicitantes, ya se les había adelantado una cantidad, estimada con prudencia por conjetura, a cuenta tanto del repartimiento que se iba a hacer como del que habría de hacerse en mayo siguiente. El corregidor quiso que todas estas circunstancias se tuvieran presentes cuando posteriormente se hiciera la cuenta del trigo del pósito que habría que completar para que la distribución fuera correcta, y después, aquel mismo día 12, dio su aprobación para que se procediera al reparto. De su ejecución tendrían que ocuparse los mismos dos regidores diputados por el gobierno de la ciudad que habían hecho el de la siembra.

     Sin embargo, el 7 de marzo de 1750, después de invocar una vez más el capítulo veinticuatro de la instrucción sobre el gobierno de los pósitos, la asamblea de una población argumentó que por el momento lo que se constataba era que las sementeras, a causa de la falta de agua que se estaba sufriendo, estaban en peligro, hasta el punto que creían que si no llovía era posible que se perdiera todo lo sembrado. Por esto, y precaviendo las resultas que podían originarse para más adelante, y mientras no lloviera y las sementeras se pusieran en sazón, de modo que hubiera esperanza de cosecha, se suspendía el obligado reparto del trigo del pósito.

     Cuando había problemas para el abasto de pan a las poblaciones se recurría al trigo del pósito para destinarlo al consumo público antes que repartirlo entre las explotaciones para que lo invirtieran en sus trabajos. Garantizar el abasto de pan a cada población era el problema político inmediato al que debía hacer frente cada autoridad local. Antes o sobre cualquier creencia, idea o iniciativa, le preocupaba que la opinión sobre la esterilidad, prejuicio común que las rogativas garantizaban como una verdad, porque provocaba alza de los precios del grano que se utilizaba para la elaboración del pan, provocara también un encarecimiento del suministro primario, lo que sería un justificado motivo de inquietud.

     Algunos días más tarde, el 17, los directores de rentas provinciales, los miembros de la administración central más activos durante aquellos meses críticos, dictaron un amplio programa comercial de inspiración mercantilista con inserciones de librecambio, destinado a hacer frente a la situación que se estaba viviendo. Empezó a ser conocido oficialmente en las poblaciones meridionales una semana después, y en respuesta a él, el 24, en un cabildo municipal, se tomaron las primeras decisiones que afectaban al control de sus mercados alimenticios. Pretendían contener en todo lo posible los efectos negativos de lo que estaba ocurriendo con el producto cereal. Para impedir que faltara la venta del alimento básico, y los daños y perjuicios que de la situación que se vivía se podían derivar para la población común, o por lo menos conseguir que sus pobres habitantes jornaleros encontraran socorro, se propusieron dos cosas: moderar los precios del pan y demás semillas que servían como alimento humano y garantizar que ambos abastecimientos no faltaran diariamente. Aquel mismo día el órgano de gobierno del municipio, por iniciativa del corregidor, comisionó a uno de los regidores que iban a formar parte de la junta de granos local, un órgano, de acuerdo con los propósitos declarados en su formación, cuyas acciones debían abarcar todo el campo del comercio sin dispersarse, para que se ocupara de que el abasto de pan no faltara en la población. Se le encargó que hiciera una lista con los panaderos que diariamente la abastecían de grano y cuidara de que se proveyeran de trigo, para que no hubiera falta alguna al menos hasta el siguiente sábado, que sería santo. También acordó, para el caso de que no se encontrara trigo para el abasto, que se sacara del pósito el que fuera necesario. Así, con el objetivo de garantizar el abasto del pan, la acción se desplegaba en tres frentes: provisión de trigo a los panaderos que abastecían la población, búsqueda de suministros de trigo y previsión de los fondos del pósito para el caso de que fuera necesario recurrir a ellos. La asamblea dio las gracias al corregidor por lo mucho que se había esmerado y esmeraba en el alivio de la población.

     Aquellas decisiones fueron ampliadas con las que se tomaron el 28 siguiente por su junta de granos durante el primer consejo que celebró. Acordó hacer una lista de los panaderos que abastecían de pan a la población, una vertiente del control de la venta de trigo que efectivamente ya se estaba ejecutando. El mismo día, para ajustar y controlar la data de trigo cada día a cada panadero, se decidió que se hiciera registro del pan que cada uno pusiera en venta. También decidió que los lugares de venta del pan se concentraran en dos, la plaza del espacio urbano que tenía la condición de ciudad y la del arrabal. A quienes comisionó para que hicieran la relación se les encargó que vigilaran que los panaderos ofertaran pan en correspondencia a la cantidad de fanegas de trigo que cada uno adquiriese. En caso de que observaran algún defecto, darían cuenta a la junta para que actuara.

     Una pieza de la cultura que estas situaciones hacían posible, que contiene además un dato útil a la reconstrucción de las tácticas de fraude, es la relación entre las fanegas ingresadas por los panaderos y el pan amasado. La intervención del mercado del grano podía llegar hasta ese extremo porque la ley había tarifado el rendimiento de la molienda del trigo y la cantidad de pan que se podía obtener a partir de la harina.

     El 30 de marzo otra asamblea local describió en términos algo más complicados el estado de la concurrencia de grano y de pan en su población. Se estaba padeciendo escasez de trigo por falta de agua y la consecuencia era que había poco abasto de pan. La razón de ambas circunstancias no se le ocultaba. Por su mayor interés, los labradores enviaban el trigo a deshoras de noche y otras horas excusadas y los panaderos despachaban solo a los forasteros por utilizarse un mayor valor del pan, lo que iba en perjuicio del común de la población. Para evitarlo acordó fijar un edicto en la plaza pública haciendo saber que ningún labrador, ni cualquier persona que tuviera trigo, podrían desviarlo de ningún modo vendiéndolo a forasteros. Precisamente lo habrían de vender a los panaderos de la población. Darían cuenta de a quién lo hicieran, para que la justicia vigilara que los panaderos de que se tratase vendieran el pan solo a los vecinos. El trigo que se encontrara sin cumplir estas condiciones se daría por perdido y sería aplicado a lo que correspondiera, y se procedería contra quienes actuaran de un modo distinto al previsto. Con la misma severidad se actuaría con los panaderos que no vendieran el pan a los vecinos de la población.

     Imponer en cada municipio unas condiciones legales a la compraventa del trigo, y a la vez irrumpir en el mercado con la reserva de grano del pósito, eran medidas que llevaban al mismo fin, el control local del mercado de los granos. Los efectos de esta política eran muy directos. En el transcurso del mes de marzo, con las debidas licencias, del caudal del pósito de una población se habían sacado 544 fanegas de trigo para panadear. Concurrir con esta masa de producto almacenado en el pósito, además de  proveer de pan a la población, permitió imponer el precio al que debían comprarlo los panaderos. Las 544 fanegas fueron vendidas a 35 reales.

     Pero las iniciativas de los municipios para asegurarse el control del mercado de los granos, y de esta manera hacer frente a las necesidades y urgencias que sobrevinieran, no fueron todas del mismo signo, y no siempre las autoridades locales actuaron ateniéndose a las instrucciones de los poderes superiores. Así como el legislador central procuraba sobre todo la circulación interior de los granos, para compensar faltas con excesos, la autoridad local se esforzaba por cerrar la exportación para evitar el desabastecimiento. Que la mayor capacidad de reacción a estas actitudes, durante las primeras semanas, correspondiera a la administración central, sin que la autoridad regional cumpliera más que con sus funciones judiciales, fue consecuencia de que los gobiernos locales, a través de los corregidores, se comunicaban directamente con el consejo de Castilla, del que esperaban instrucciones. El 31 de marzo, el mismo día en que el consejo había firmado la libertad de comercio, su presidente tuvo que tomar dos decisiones no del todo correspondientes a esta iniciativa. Una se esforzaba por aproximarse a ella. Debía facilitarse la concurrencia del grano local a su alhóndiga para que allí lo adquiriesen los panaderos que abastecieran la población. Para que esta venta tuviera efecto, decidió que si los vecinos de una población quisieran llevar el trigo a la alhóndiga, se les permitiría que así lo hicieran sin impedimento alguno. Algunas autoridades locales correspondieron organizando un servicio de rondas de vigilancia por barrios. Pero la otra decisión del presidente del consejo, aunque no se empleara en términos coactivos, indicaba que el trigo almacenado por quienes vivieran en una población debía estar en disposición de ser adquirido, con la mediación de los diputados del gobierno municipal, por quienes fabricaran en ella el pan, lo que en la práctica significaba limitar la exportación del grano local.

     De ambas decisiones una junta local de granos fue informada el lunes 6 de abril. Su interpretación las refractó y aprovechó para inducir el monopolio bajo control del municipio. Advirtió que todos los vecinos debían tener sus graneros abiertos y dispuestos a la venta de su trigo a los panaderos para el abasto diario de la población, precisamente a los que nombraran los diputados y no a otros.

     Otros no fueron menos conservadores a la hora de replicar a aquellas decisiones, aunque nominalmente se situaran más cerca de su letra. El 3 de abril su junta de granos decidió que se formara una alhóndiga, que se localizaría en una de las puertas de la ciudad, para que en ella se vendiera de manera reglada el trigo. Cualquier persona que quisiera vender el suyo podría llevarlo a ella, donde se ofertaría a los panaderos que se dedicaran al abasto de la ciudad. Al mismo tiempo, la junta decidió que el trigo que se vendiera fuera de la alhóndiga se daría por perdido, aunque fuera trigo forastero. No obstante, si algún vendedor quisiera venderlo sin llevarlo a la alhóndiga, lo podría hacer, siempre que avisara a su diputado, de modo que este pudiera enviar a su casa a los panaderos. Pensaban sus responsables que, vendido el trigo de cualquiera de estas maneras, la población se abastecería sin necesidad de buscarle a los panaderos otro trigo con el que amasar. Pero si se diera la contingencia de que la alhóndiga no fuera mercado suficiente para encauzar todo el trigo que la satisfacción de la demanda de pan necesitara, el gobierno de la ciudad se convertiría en el abastecedor directo del mercado. El día que faltara trigo en la alhóndiga, el corregidor y el diputado de ella proveerían para que no faltara trigo a los panaderos que abastecían el pan que se vendía en la población.

     En muchos lugares la alhóndiga ya existía, pero cuando la crisis de 1750 ya crecía, en otras poblaciones no estaba instituida, lo que permite pensar que antes de la crisis había mercados locales del trigo que, aun estando intervenidos, hasta entonces disponían de cierto grado de libertad. El efecto de la creación de las alhóndigas bajo aquellas restrictivas condiciones sería el contrario al deseado por la administración central. Al promover la suya como mercado que debía asegurar la compra de la materia prima a quienes fabricaban el pan para la venta pública, el municipio, que actuaba a través de un regidor diputado, concentró su poder en este campo. Aunque no fuera un punto de venta obligado, resultó el instrumento más útil para que ejerciera el control monopolístico del comercio local del grano panificable. Tal vez, más que cualquier otra cosa, la condición de instrumento para las situaciones excepcionales consolidaría este poder de hecho. La decisión promovió un mercado público e intervenido que podía cumplir un papel político en el estado de crisis que se vivía.

 


Peso, su verificación judicial y precio del pan

Carmelo Terrera, becario

Un expediente titulado Autos sobre el repeso de pan y faltas experimentadas en él, de julio de 1751, permite conocer una parte de los procedimientos a los que recurrían los jueces a mediados del siglo décimo octavo para controlar la cantidad de pan que llegaba a los mercados. Para quienes tenían la responsabilidad de gobierno de cada localidad, que eran los que al mismo tiempo disponían del poder judicial en primera instancia, conseguir que en su lugar se concentrara la máxima cantidad de pan era contribuir a que el óptimo de población fuera alcanzado. Puede discutirse si para entonces el populacionismo ya había ganado tantos adeptos como tendría poco después. Pero quizás no admitía discusión que las autoridades, herederas de los saberes que la tradición hace llegar en forma de rutina, actuaban convencidas de que disponer de la mayor cantidad de población posible era a la vez reducir al mínimo el costo del trabajo. En las actuaciones judiciales que vamos a analizar, la representación del rigor cuantitativo, atributo visible de un gobierno justo, observarán sin embargo que aparenta ser la preocupación política.

Un regidor, a quien el alcalde mayor habría transferido sus poderes circunstancialmente para que actuara como juez ejecutor, el día 12 se hizo acompañar por un escribano, un ministro de la justicia o alguacil y un repesero. Si bien era regular que actuara una comisión como esta cuando se trataba de evacuar diligencias judiciales, no era habitual que en ellas figurase un repesero. En cualquiera solía haber un especialista en la materia que se tratara de juzgar, para que hiciera el papel de perito. Repesero, sin embargo, no era una función laboral decantada como profesión en las poblaciones medias, ni siquiera una actividad estable, aunque el repeso estuviera admitido como trabajo destinado a verificar la fidelidad al peso debido. De velar por la justicia en el mercado se encargaban en la administración los almotacenes, responsables de la exactitud de los instrumentos utilizados para pesar y medir, y toda clase de fieles, que velaban por el cumplimiento de las posturas, suministros bajo la condición de monopolio, según abastos o mercados que el poder local garantizaba por razones de seguridad. Pudo actuar como repesero, para aquella ocasión, porque fuera experto en la materia, cualquiera de los empleados del almotacenazgo, o alguno de los que estuviera adscrito al fielato de la harina, que actuaba en el pósito.

No consta que hubiera mediado denuncia, y todo indica que era propósito de la comisión judicial, para conferir autoridad a la inspección que emprendían, utilizar a su favor la sorpresa. Acudieron a un lugar de la población donde la venta de pan estaba consolidada, según corroboran documentos contemporáneos referidos a la misma materia. Allí el pan se vendía en casas por vendedores, o vendederos, como la fuente los llama. Probablemente en ellas había habitaciones preparadas como puestos donde el cliente podía encontrar otras mercancías, además de pan. A ellas los panaderos llevaban sus elaboraciones, de las que dejaban cierta cantidad en depósito, para que fueran vendidas.

Pero al lugar también acudían otro tipo de vendedores, de los cuales no se menciona instalación alguna para la venta. Allí los panaderos se ponían a vender el pan amasado que para su venta llevaban. Basta para suponer que se trataba de vendedores callejeros, que además cumplían con la condición de ser panaderos. La actividad de la panadería, que sobrevivía bajo el peso de una tasa de beneficio baja y que tenía prohibida la corporación propia o gremio, para excluir legalmente el monopolio de la industria, se sostenía sobre empresas muy frágiles, tanto que una parte de los panaderos se veía en la obligación de actuar simultáneamente como comerciante al por menor de su producto.

Entre los ocho y las nueve de la noche se presentaron en el lugar. Aunque la hora pueda parecer inapropiada para una actuación de la justicia, e inútil para que aún pudiera encontrar en los puestos piezas de pan, es probable que no lo fuera tanto por varias razones. La actividad agropecuaria, que ocupaba a la mayoría de los habitantes, durante aquellos días estaba en plenos agostos, la fase del año en la que los trabajos de la recolección de los cereales, por su extraordinario volumen, provocaban que la población de cualquier lugar dedicado a este cultivo apta para emplearse no fuera suficiente para satisfacer la demanda de fuerza. Era la plenitud del verano y las calles aún serían transitadas por gente.

Puede dar idea del ritmo de venta a lo largo de la jornada, y quizás también, indirectamente, de la capacidad productiva de las panaderías que vendían al por menor, que por estos autos consta que a aquellas horas un panadero aún ofrecía para su venta 13 piezas de pan del total de 30 con el que había concurrido al lugar donde había ofrecido su producto durante el día. Estaba terminando la jornada y había vendido poco más de la mitad del pan que había previsto vender. La esperanza de venta durante las últimas horas era alta, y también era una práctica regular entre panaderos, para sacar el mayor partido a sus medios, hacer un par de cocciones diarias. No obstante, hay que admitir la posibilidad de que tampoco el pan fabricado cada día fuera consumido íntegramente en su transcurso.

Cumpliendo con la comisión que tenía encomendada, el repesero hizo varias comprobaciones del peso del pan que allí se estaba vendiendo. El número de estas operaciones que efectuara no lo precisa la fuente. En una parte de ellas, según el texto, las faltas encontradas no fueron notables. Aunque la expresión no sea rigurosa, se puede afirmar sin riesgo de error que las faltas menores estarían por debajo de 1,5 onzas por cada pieza de 32. Pero en otros seis casos, porque el fraude en el peso superaba ese valor, el juez ejecutor decidió aprehender el pan que sus dueños habían puesto a la venta y proceder contra ellos. En el cuadro siguiente, donde las cantidades van expresadas en hogazas de pan bazo de a dos libras, están recogidas las características de aquellas  incautaciones que ha retenido el expediente.

Vendedero Panadero Hogazas incautadas Con 3 onzas menos Con 2 onzas menos Con 1,5 onzas menos Depositario
Cristóbal Gallardo Don Juan de Valenzuela 16 13 3 0 Cristóbal Gallardo
Fernando García Juan Manta 9 2 7 0 Fernando García
Isabel de Castañeda, viuda Isabel de Castañeda, viuda 13 0 13 0 Francisco Fiallo
Manuel de Luna Manuel de Luna 18,5 0 13 5,5 Cristóbal Gallardo
Juan García Juan García 5 5 0 0 Cristóbal Gallardo
Javier Rodríguez Javier Rodríguez 7 7 0 0 Francisco Sánchez

Todo el pan se fabricaba con trigo, pero sus productos no eran de idéntica calidad. Los distinguía la que tuviera la harina que servía para su fabricación. Las calidades de esta las decidía, a su vez, el tamizado que las depuraba. Como la molienda del grano incluía inevitablemente la de su cáscara, los productos que se obtenían después de esta operación estaban comprendidos entre dos extremos, el que conseguía eliminar por completo el subproducto llamado salvado, o cáscara molturada, y el que en absoluto no lo depuraba. El primer producto se conocía como harina de flor, con la que se hacía el pan más apreciado, y al segundo hoy lo llamaríamos harina integral.

En un lugar muy próximo al límite inferior se situaba el pan que se fabricaba solo con salvado. En la fórmula regular mezclaba salvados obtenidos de sucesivas depuraciones de la harina. Los más groseros eran los decantados por las primeras operaciones de tamizado, y el más fino, el moyuelo, era el que resultaba de la última. Mezclando moyuelo con salvado se obtenía el pan bazo, que con el tiempo también fue conocido como pan moreno. En nuestra población era el de inferior calidad de los que se comercializaban regularmente.

La hogaza, pieza de pan redonda, tenía como rasgo más característico que se había obtenido, una vez elaborada la masa, y antes del horneado, sometiéndola a la fermentación más lenta, para permitir el máximo de gasificación y por tanto el mayor volumen por cada unidad. Es muy probable que nuestras hogazas se presentaran en público cruzadas por un par de cortes perpendiculares, que harían el panadero cuando ya  las diera por modeladas. De esta manera, en caso de que la demanda así lo solicitara, podían comercializarse hasta en cuartos, aunque los indicios que las diligencias proporcionan solo permiten suponer que las piezas entonces eran vendidas por medias hogazas como mínimo.

Porque el pan estaba consagrado como el alimento imprescindible, dos libras, que entonces, en este lugar, eran casi lo mismo que un kilo (920,18 gramos), cuando se trataba de una pieza de pan, estaban admitidas en la región como cantidad imprescindible para asegurar la subsistencia diaria del trabajo adulto. Como la función económica del salario era garantizar la restauración cotidiana de la capacidad para trabajar, la hogaza de este peso había ganado valor, más allá de su virtud nutritiva, como unidad que permitía tasar el trabajo de cada jornada. Con una hogaza de este peso se pagaba la parte en especie del trabajo de un día, o mínimo de subsistencia. Gracias a que cumplía esta condición, fijaba, incluso materialmente, la posibilidad de comprar trabajo por este precio mínimo. La hogaza de pan bazo de a dos libras, por tanto, además de un alimento, era una unidad métrica tan precisa como valiosa.

La primera columna del cuadro precedente, aunque sea nominativa, pretende referirse al lugar donde el pan fue aprehendido, mientras que la segunda menciona al panadero que lo había fabricado. Cuando los nombres son distintos hay que interpretar que el pan era vendido en casas, y cuando uno y otro son el mismo hemos de suponer que se hace referencia a panaderos que actuaban como vendedores callejeros.

Cualquiera de ellos era vecino de la población, y por tanto objeto de la iniciativa judicial. Pero como el fabricante del pan era el verdadero responsable del fraude, aunque una parte de las aprehensiones fueran hechas a vendederos, estos, como se observa en la última columna, que se refiere a los depositarios del pan incautado, fueron preferidos por el juez ejecutor, que dejaba constancia de este acto ante el escribano, para formalizar la custodia del pan que serviría como prueba de la infracción cometida. De los otros que son mencionados como depositarios no disponemos de ninguna característica más.

La tercera columna se refiere a la cantidad de hogazas aprehendidas, de las que en ocasiones se dice que son el resto de una cantidad mayor previamente depositada en la casa donde eran vendidas o llevada al lugar con este fin. En las siguientes el total de las hogazas incautadas se descompone según la falta de peso que a cada una le fue encontrada. Las iniciativas defraudadoras fueron resumidas en un trío de tipo por los autores de las diligencias: tres onzas de falta en cada hogaza, dos onzas y algo más de una y media. Como esta unidad era 1/16 de libra, cada hogaza, que debía tener dos, habría de alcanzar de peso efectivo 32 onzas. El primer módulo de fraude supondría, en consecuencia, que el peso había quedado reducido a 29 onzas, el segundo a 30 y el tercero a algo menos de 30,5; o que en el primer caso se había defraudado un 9,375 % del peso, en el segundo un 6,25 y en el tercero un 4,6875.

Todo el fraude detectado por este procedimiento se resumía en que, de las 68,5 hogazas incautadas, 27 (39%) tenían tres onzas de menos, 36 (53%) dos y 5,5 (8%) algo más de una y media. La proporción de los defraudadores con relación al total de la venta no es posible conocerla porque no disponemos del número de comprobaciones hechas, ni del total de punto de venta activos en el momento en que se realiza la operación. Pero si nos limitamos a hablar de quienes decidían cruzar a la orilla del fraude, tomando por muestra el caso, se podría decir que la costumbre consolidada sería defraudar con moderación, entre una onza y onza y media por libra, lo que supone en torno a un 8 % del peso. Solo algunos tentados por la sisa, a la vez que temerosos de sus consecuencias, serían tímidos defraudadores, por debajo de la onza por libra, en torno al 5 % del peso. Actuarían convencidos de que pasarían desapercibidos porque su engaño era menos sensible.

La diligencia terminó con una decisión parcial, para la que estaría facultado el ejecutor. Para los repesos cuyas faltas no habían sido notables, este juez delegado dictó la obligación de vender el pan a menos precio, en proporción a las faltas que se habían encontrado. El procedimiento que se aplicó al cálculo de las rebajas del precio, como enseguida veremos, no siempre se atuvo al mismo principio de concordancia con la detracción ponderal. Pero para esta primera parte de las penalizaciones no disponemos de una información más descriptiva. Ordenó por último quien ejercía como juez que se diera cuenta de sus actuaciones al alcalde mayor, para que proveyera lo conveniente según su criterio, y así concluyó con el encargo que se le había hecho.

Al día siguiente, 13, el escribano acudió a la casa del alcalde mayor, aún en ejercicio de corregidor por ausencia del titular, y le notificó lo que hasta aquel momento se había actuado en este asunto. Lo aprobó y mandó que se llevara a la audiencia para celebrar la vista y sentenciar, lo que se hizo el 14 de julio. El alcalde mayor vio los autos precedentes y el pan que el ejecutor había aprehendido. Comprobó que lo había encontrado falto de peso. Declaró que aquellos hechos resultaban notables por el perjuicio que al común le causaban. Para que este se remediara en la parte que le correspondía, decidió dictar la siguiente sentencia.

Todas las hogazas aprehendidas con la falta de tres onzas tendrían que destinarse a los pobres de la cárcel, tal como era habitual en estos casos. Sin embargo, en la misma sentencia, al final, reconsideró el juez que este pan fuera aplicado a la gente inútil que permanecía encerrada. Teniendo en cuenta que en aquel momento los encarcelados estaban abastecidos, cada hogaza que tuviera la falta mayor retornaría al mercado a 6 maravedíes menos del precio al que se vendían regularmente las de su calidad. El ingreso que de esta manera se obtuviera, por el momento, y hasta que el alcalde mandara otra cosa, quedaría en poder del escribano que actuaba.

Un mes antes, en la misma población, se habían vendido hogazas de los mismos peso y calidad a 6 cuartos, la especie de cobre de cuatro maravedíes. El precio de cada pieza había sido pues de 24 maravedíes. La penalización supondría, si aceptamos esta tarifa, vender la hogaza a 18 maravedíes. A una defraudación del 9,375 % del peso correspondería como pena la rebaja del 25 % del precio, lo que se traduce en un coeficiente de penalización de 2,66 (25/9,375).

En cuanto a las hogazas aprehendidas con las faltas de dos onzas y onza y media, tendrían que venderse a 4 maravedíes menos del precio corriente a que se vendía el resto del pan de la misma calidad. En estos casos la pena consistiría en hasta cuadruplicar el costo del fraude. Si se había defraudado entre algo más de un 4,6875 % y un 6,25 del peso, el precio, para ambas infracciones, quedaría reducido en un 16,66 %, si aceptamos el que nuestra fuente paralela nos permite conocer. Proporcionalmente, cuanto menos hubiera sido el fraude más alta resultaría la penalización (cocientes 16,66/4,6875 = 3,55; 16,66/6,25 = 2,66). Al más defraudador de estos dos se le aplicaría idéntica pena que al máximo absoluto, siempre en términos proporcionales. Aunque para estos hubiera regido un principio riguroso de justicia equitativa, la pena aplicada al menos defraudador parece ir en contra de él.

Además, la sentencia dictaba que se apercibiría a los panaderos a los que se les había aprehendido el pan que se abstuvieran en lo sucesivo de vender pan falto de peso, en poco ni en mucha cantidad. Si no actuaran así, sobre proceder a lo que hubiera lugar, serían castigados con el mayor rigor. Por el momento, el alcalde se limitaba condenarlos mancomunadamente a las costas de las diligencias, que se tasarían.

Inicialmente se tarifaron en 60 reales 12 maravedíes contables para el alcalde mayor, que actuó como juez, 12 reales para el regidor que había hecho las veces de ejecutor, 32 reales para la escribanía, 10 reales para los ministros que asistieron a las diligencias y 12 maravedíes de papel. Pero al final fueron tasadas de modo que las partes de juez, ejecutor y escribanía quedaran respectivamente reducidas a 6, 8 y 24 reales, mientras que las de ministros y papel se mantuvieron tal como se habían calculado al principio. La suma de todo, 48 reales 12 maravedíes, aún fue redondeada en 48 reales.

El 14 de julio el escribano notificó la decisión judicial a los panaderos Juan Manta, Juan García, Isabel de Castañeda y Manuel de Luna, y al día siguiente, 15, al también panadero Javier Rodríguez. Sorprendentemente a don Juan de Valenzuela, el primero de los encausados, no consta que se le notificara la sentencia. Hubiera sido una iniquidad insostenible que quedara al margen de ella. Habían sido las prisas las culpables de este descuido. Es muy posible que las costas se redujeran y redondearan en 48 reales para facilitar su reparto mancomunado o equitativo. Aceptando esa cantidad, cada uno de los seis panaderos que habían sido objeto de aprehensión, de acuerdo con la sentencia, tendría que pagar 8 reales. Debemos deducir por tanto que don Juan de Valenzuela, aunque no fuera notificado formalmente, quedaría incurso en la pena dictada.

No debe ser fácil conseguir que todas las piezas de pan de una hornada tengan el mismo peso al final. El panadero inicialmente lo decide optando por la proporción de agua que hay que añadir a la harina para fabricar la masa. En ese momento se puede conseguir la uniformidad y por tanto es exigible un comportamiento homogéneo en la elaboración de cada tipo de pieza. Suele ser el elegido por el legislador para imponer las reglas ponderales. El que efectivamente resulte para cada pieza puede decidirlo el panadero con más seguridad luego, cuando se corta la masa y a cada unidad, justo antes de meterla en el horno, le da una forma.

Supongamos que el fraude fuera regular, tal como debemos aceptar ateniéndonos a la literalidad de la fuente y las deducciones que consiente. Es posible que en el peso del pan se practicara, a mediados del siglo décimo octavo, sirviéndose de los instrumentos de medida de capacidad, propios de cada panadería, con los que se decidía la cantidad de harina que se mezclaría con el agua en cada amasijo. Pero es más probable que se practicara recurriendo a los instrumentos de medida del peso. Bastaría con lastrarlos, según práctica secular, para camuflar un engaño equitativo y universal.

Sin embargo, más allá de las decisiones técnicamente controlables, todavía cada pieza de pan pierde peso espontáneamente, en distinta proporción, primero durante la cocción y luego, una vez en el lugar de venta, por desecación. Cuanto más tiempo lleve el pan expuesto a la venta, de tanta más humedad se desprende. Desde este punto de vista, la hora elegida por nuestro juez ejecutor para actuar, comprendida entre las ocho y las nueve de la noche, no es irrelevante.

No admite discusión que si los precios estaban regulados en función del peso, era demandable por el comprador una cantidad de pan a cambio de su dinero. Pero si el peso se adscribía a una pieza, y pieza y peso se tomaban por sinónimos, no había forma de garantizar invariablemente esa identidad. Cabía, para mantener el principio que relacionaba peso con precio, renunciar a la pieza como módulo, como efectivamente en algún momento decidió el legislador. Si, verificado el peso de una pieza, se encontrara que estaba falta de peso, debía completarse con un trozo de otra. Es posible que las subdivisiones marcadas en las hogazas cargaran también con esta función.

Pero nuestro juez prefirió, antes que completar el peso, algo que podía practicarse con más facilidad y al instante, quizás también más aceptable por los compradores, cambiar el precio en función del cambio de peso; con severidad manifiesta y poco justificada en los casos que menos la merecían. Pero la parte práctica de una solución como aquella era inapelable, rebajaba los precios en todos los casos. El precio cargaba con el papel protagonista de la representación necesaria porque en cualquier situación estimula los sentidos de los que se relacionan en el mercado. Así afrontaron en este caso un hecho tan cotidiano como difícil de justificar como delito. En consecuencia, los contraventores fueron moderadamente penados. La disminución de precio en que consistió la pena solo se aplicó a la parte aprehendida, y a esto solo hubo que sumar un apercibimiento y unas benévolas costas.

Si el procedimiento no estaba descubriendo nada desconocido y evitable, si apenas penalizaba a los infractores, solo lo justifica la representación del rigor que contienen las decisiones sobre los precios. Una operación dirigida a garantizar la equidad en la compraventa del pan bazo, cuyas propiedades sobrepasan las nutritivas, estaba destinada a ser aplaudida. Las tensiones vividas durante 1750 aconsejarían no solo ser sensibles al menor contratiempo en el mercado del pan, sino también parecerlo, para adelantarse a cualquier motivo de discordia. Con la sentencia se creaba una reserva de culpables sobre la que descargar los problemas en caso de que pudieran sobrevenir, al tiempo que se conseguía que el volumen del suministro del pan en modo alguno quedara modificado. Una parte corrió peligro de convertirse en limosna para los presos de la cárcel. Pero enseguida, ateniéndose a criterios dignos del mejor análisis económico, se comprendió que era una desviación improductiva del suministro alimenticio estratégico de la economía de los cereales.


La lógica del beneficio

Redacción

El beneficio bajomedieval y moderno quedó restringido al derecho a percibir y gozar las rentas y los bienes de la iglesia occidental. Fue beneficio durante todo ese tiempo porque se trataba de una concesión discrecional, a veces del papa, primera autoridad de la iglesia de occidente, habitualmente del obispo, su vicario en la región creada para los fines de aquella iglesia. Ejerciendo como soberanos en la plenitud de sus poderes teocráticos, en esa jurisdicción concedían aquel bien a cambio de una prestación de servicios, la obligación y cura de almas, en la práctica administrar los sacramentos y explicar la doctrina cristiana a los fieles que vivieran bajo la primera instancia de su fuero interno llamada parroquia. Para alcanzarlo era condición obligada ser presbítero, el sacerdote ordenado del último grado por la iglesia católica, el que permitía la celebración de los misterios. Se convertía así en lo que comúnmente se llamaba párroco o cura, aunque con más precisión quien lo disfrutaba por concesión del obispo o colación, o porque hubiera obtenido bulas pontificias, se llamaba cura propio.

     Ninguno de los bienes acumulados por la región eclesiástica, ni todas las rentas que proporcionaran, sin dejar de ser tan importantes que solo a la corporación establecida en la catedral, primera de las parroquias, le valdrían ganar la primera posición como cedente de tierras, es ni son comparables al diezmo. Fue su ingreso anual, a partir del siglo décimo tercero, y no las rentas que produjeran los demás bienes eclesiásticos, el garante del sostén ininterrumpido de la extensa red tendida por el único beneficio que permanecería reglado en el sudoeste hasta el siglo décimo octavo.

     Sin embargo, el diezmo a su vez fue una concesión que en julio de 1255 hizo la corona de Castilla al obispo y al cabildo catedralicio de la diócesis que la iglesia romana había instituido en esa poción de la península; algo que igualmente podríamos denominar beneficio. A partir de aquel momento, obispo y cabildo ejercerían siempre como cotitulares del bien diezmo, y nunca cualquiera de ellos renunció a sus derechos, aunque se repartieran las responsabilidades derivadas de su lucro. El cabildo ganó el derecho a ejercer como su gestor perpetuo, lo que incluía su recaudación y la formación de los lotes a repartir, y el obispo sería el responsable de concederlos.

     Si sus titulares fueron determinadas instituciones de la iglesia romana tal vez fuera la consecuencia de una renuncia de esta, de una recompensa que la corona creyó parte de las obligaciones que con aquella había contraído. No es probable que se tratara de una remuneración de servicios prestados, materiales o espirituales. Aunque quizás no fuera demasiado descabellado imaginar a la iglesia de occidente en posición de vasallaje, aquella fabulosa recompensa más bien parece un medio de emancipación del vasallo rey del señor iglesia, tal como el siervo recompensaba al señor cuando aquel transmitía su patrimonio a sus herederos.

     Pero no entra en el campo de nuestros objetivos averiguar cuál fuera la renuncia de la iglesia romana que aconsejó aquella recompensa, si la secularización del imperio, en beneficio de las aspiraciones del rey de Castilla, si la resolución de una competencia de jurisdicciones, o cualquier otra. Baste reconocer que la iglesia de Roma tuvo fuerza suficiente para obtener de una corona más la concesión de un poder del que, si por ella era transferido, tenía que ser porque era soberana en aquella materia. Porque fue el rey del momento quien mandó que los cristianos, primera fracción política de las poblaciones meridionales, dezmaran al obispo y cabildo.

     La obligación de dezmar recaería sobre todo lo que ya dezmaba más al norte, en las tierras que se habían ocupado en el valle del Tajo a fines del siglo décimo primero. Pero no se imponía de manera indiferenciada. La descripción de los bienes sobre los que cargaba no deja lugar a dudas sobre qué productos tendrían que cargar con el deber. Quedaron sujetos al pago, en primer lugar, el pan, el vino y el aceite, los primeros productos de la economía agropecuaria del momento. La preferencia por una voz genérica para identificar el primer producto, en vez de recurrir a la mención de las especies destinadas a cereal, antes que deslizar un elemento de ambigüedad, prevendría las oscilaciones de estos cultivos que de un año a otro, y sobre todo de un lugar a otro, pudieran decidir sobre el producto idóneo para fabricar el pan, el bien alimenticio con el que se tarifaba la capacidad de trabajo humano, que era la primordial. El diezmo del pan se pagaba una vez que el cereal, depurado o neto, aún estuviera en la era. Sin embargo, vino y aceite sí eran productos finales. Cargados como bienes que resultaban de procesamientos que encabalgaban ciclos naturales, permitían deducir de ellos cada año el mayor valor posible.

     También debía dezmar cualquier clase de ganado, un diezmo que pronto sería conocido como diezmo de la crianza. Dado que se conceptuaba producto de la actividad ganadera los ejemplares nacidos en el transcurso del año, se mencionan expresamente como obligadas a dezmar yeguas y vacas, como si por ser las madres fueran ellas las que tuvieran que renunciar a sus potros y becerros. Al detraer de este modo, la carga del equino y del bovino caía sobre la renovación de la energía que se invertía en la tierra, porque cualquiera de las dos especies se empleaba en los trabajos del campo.

     Las obligaciones dezmales del ganado lanar se desplegaron en tres frentes: montazgo, queso y lana, prueba de la alta rentabilidad que de este ganado se obtenía en aquel momento. Para el montazgo, o derecho detraído por el pastar trashumante, se precisa que quien lo cobrara, allí donde se exigiera, era quien debía contribuir. Pero por los productos directos, cualquiera que fuera su grado de transformación, tendría que ser el dueño de la cabaña quien quedara sujeto a la obligación. Y todavía en el capítulo de los ganados que debían dezmar se señalaban expresamente las colmenas, de las que se obtenían miel y cera contando con las ventajas que proporcionaba la gran cantidad de espacio no roturado.

     También estaba obligado a dezmar el producto de las huertas, las explotaciones intensivas consolidadas, en cualquiera de las dos vertientes productivas que las caracterizaban, las hortalizas de cultivo ininterrumpido y las frutas que se obtenían de las especies arbóreas.

     Asimismo debían dezmar las casas. De lo que especifican los documentos que mencionan esta obligación, se induce que la carga recaía sobre la renta que se obtenía por su cesión. Era el dueño que las poseía como bien de libre disposición quien si ingresaba aquella renta estaba en la obligación de contribuir.

     En ningún momento de este principio se dijo que para cumplir con cualquiera de estas obligaciones había que pagar de cada diez uno. Parece que se da por sentado que este coeficiente está implícito en el concepto diezmo. La clave de la naturalidad con que se impondría puede estar en que existía previamente, no solo entre moros, judíos y gentiles, como el legislador civil reconoce más adelante, sino en los otros obispados erigidos en las tierras de la corona al norte de Sierra Morena.

     Quedaron explícitamente al margen de la obligación de dezmar al obispo y al cabildo los bienes que por este concepto ya contribuían a los ingresos de la corona, que no se mencionaron, pero que tal vez fueran los sujetos a monopolios que en cualquier caso se reservaba, como la fabricación de moneda o la explotación de las minas. Sería el rey quien de estos ingresos dezmaría directamente a la iglesia de occidente.

     Pero también judíos y moros, las otras dos fracciones políticas de cada población, porque habían sido instituidas con estatuto propio, estaban sujetos a la obligación de dezmar bajo ciertas condiciones. En el caso de que compraran explotaciones y viviendas a cristianos, contribuirían, por cualquiera de ellas, de la clase que fuera, ateniéndose a las mismas obligaciones que recaían sobre aquellos bienes cuando los poseían sus dueños anteriores. El propósito sería que no decreciera el patrimonio sujeto a la obligación de dezmar. Pero ni moros ni judíos tendrían obligación derivada del uso de las explotaciones y viviendas que tomaran en cesión de los cristianos. Tendrían que ser estos los que dedujeran el diezmo de lo que por esta causa ingresaran.

     Solo después de concedido, aunque aquel mismo 1255, en noviembre, vendría la justificación doctrinal del diezmo, quizás porque apenas transcurridos unos meses ya había resistencia al pago. Quienes pedían el diezmo, al parecer, eran amenazados, perseguidos y hasta heridos, y muchos de los obligados, cuando llegaba el momento de pagar, defraudaban. Se mencionan en particular las desviaciones en la liquidación de los cereales. Una de ellas debió ser recolectar el pan de noche o a escondidas. Para evitarlo, la autoridad civil ordenó que fuera cogido abiertamente y a la vista de todos. Pero sobre todo ocurriría que el montón del pan que ya estuviera limpio en la era se medía y guardaba antes de que acudieran quienes debían recaudarlo, una actividad para cuyo desempeño se mencionan los terceros, quienes es posible que ya obtuvieran el cobro de cualquiera de los diezmos por cesión de sus titulares, y que por estos fueran encargados de guardarlo hasta que se repartiera entre todos los partícipes. También en aquel caso la autoridad real interpuso su autoridad, y ordenó que nadie cogiera ni midiera el montón del pan que tuviera limpio en la era sin que antes fuera tañida la campana tres veces, una señal que se implantaría como aviso de que la recaudación había terminado. Hasta que no fuera oída, el pan limpio tendría que permanecer en la era, a la espera de que acudieran quienes debían recaudarlo.

     Para cargarse de argumentos, el autor de la justificación doctrinal presupone que Jesucristo, el protagonista de las biografías reunidas con el título colectivo de evangelios, es nuestro señor. Al recurrir al pronombre de aquel modo crea una comunidad universal, y al reconocer el señorío que ejerce sobre ella convierte a todos sus miembros en sus siervos. Tan extenso dominio es, en su opinión, la raíz de una  soberanía tal que le vale la condición de rey supremo. Es rey sobre todos los reyes, dice, de manera que así se convertiría en la fuente de cualquiera de las otras soberanías existentes. Por él los reyes reinan y de él toman el nombre.

     Al partir de aquel principio, su propósito inmediato es servirse de un apólogo que por su claridad pueda tener la fuerza de una autoridad incuestionable. Según cuentan aquellas biografías -recuerda a continuación-, Jesucristo, cuando los judíos quisieron tentarlo y le preguntaron si pagaría al césar su tributo, mandó que se respetaran los derechos de los reyes. Si hubiera respondido que no, argumenta, le habrían podido replicar que lesionaba el derecho de los reyes. Adivinó sus malos pensamientos y les replicó que había que reconocer al césar los derechos que le correspondían.

     Autorizado así el núcleo de su argumento, a partir de él despliega su cadena de silogismos. Un señor tan absoluto, continúa, puede hacer lo que quiera, y como todas las honras y bienes proceden de él, los reyes, de tal señor, y de él cada uno recibe el poder de hacer justicia en la tierra, y él mandó respetar los derechos de los reyes sobre todos; por el amor que demuestra al respetar los derechos de los reyes, es razón y derecho que los estos le amen y le teman y respeten su honra y sus derechos, más aún el diezmo que él en especial reservó para sí, para demostrar que es el señor de todo y de él proceden todos los bienes.

     Si se rastrean los hechos de los hebreos, en particular en el Éxodo (22, 28-30; 32; 34, 30), el Levítico (27) y el libro de los Números (3, 5-49), y se admite que en el siglo décimo tercero la lección de estos compendios bíblicos era al menos equivalente a la que con el tiempo su crítica ha cerrado, en la prescripción divina del sacerdocio, responsabilidad del siempre equívoco Yavé, que en tantos aprietos pone a la exégesis teológica de tradición cristiana, efectivamente se puede reconocer el rastro de una promoción divina del diezmo.

     Emplazó Yavé a Faraón y le dijo que Israel era su primogénito y que debía dejarlo en libertad para que le diera culto. “De lo contrario -amenazó- mataré al tuyo.” El señor de Egipto se negó a obedecer lo que Yavé le ordenaba. Tan poderoso y arrogante como debía ser, ni siquiera estaba a su alcance la idea de que alguien, dios o mortal, pudiera apremiarlo con un deber. Nada hizo. Desconocía el poder de la ira de Yavé, quien cumplió su amenaza con creces. Murió en el país todo primogénito, desde el primogénito de Faraón, que en su trono se sentaba, hasta el primogénito de la esclava encargada de moler el trigo; hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como todo primer nacido del ganado. Pero, porque también Yavé había decidido esto, todos los primogénitos de Israel quedaron a salvo.

     A consecuencia de tan severo castigo, Faraón supo que un poder mayor que el suyo existía. No dudó en dejar a Israel libre. Pero he aquí que Yavé, el autor de la libertad de todo un pueblo, exigió una compensación a los liberados. Si había amparado a los primogénitos de Israel, aquel afortunado día en que hirió a los de Egipto, había sido porque a cambio de la libertad quería consagrarlos a Él, todos, tanto los de hombre como los del ganado. Terrible decisión. Perdida ya la memoria de los ritos ancestrales, habituados a las relajadas costumbres de los hombres que vegetaban gracias a la generosidad del Nilo, ahora, vueltos a la libertad, para conmemorar el fin de la esclavitud debían instituir una condena. A partir de aquel momento los israelitas tendrían por obligación consagrar a Yavé todo primogénito varón o macho, fuera de hombre o de animal, todo el que abriera el seno materno.

     Empezó la conmemoración del castigo a Egipto y de la libertad de Israel. Los judíos sacrificaron a Yavé todo lo que abría el seno materno. Todo primer nacido, el primogénito de los hijos, el de las vacas y el de las ovejas, si era varón o macho, pertenecía a Yavé. Podía estar hasta siete días con su madre, pero al octavo había que entregarlo porque pertenecía a Yavé y debía entregársele.

     Pero ocurrió que el pueblo judío, de camino a la tierra que Yavé le tenía reservada, cayó en la idolatría. No consintió su dios aquella deslealtad. Inspiró a los hijos de Leví para que fueran conscientes del sacrilegio que se había cometido. De inmediato se pusieron a sus órdenes, cada uno su espada se ciñó al costado. De Él recibieron el encargo de pasar y repasar por el campamento donde estaba el pueblo desenfrenado. Debía cada uno matar a su hermano, a su amigo y a su pariente. Con sumisa obediencia cumplieron tan duro encargo. En un día cayeron unos tres mil hombres del pueblo.

     El escarmiento había sido suficiente, el pueblo quedó arrepentido de su pecado y Yavé decidió recompensarlo, aunque fuera a costa de los sacrificados hijos de Leví, que una vez más dieron muestra de su generosa entrega y de su resignación al sufrimiento. Para gloria de Israel, también aquel día, como premio a su lealtad, recibieron la investidura como sacerdotes de Yavé; cada uno a costa de sus hijos, cada uno a costa de sus hermanos. Los primogénitos de los israelitas, los que abren el seno materno, ya no se los entregarían más a Yavé. Lo concedía a cambio de la tribu de Leví. Así lo había decidido su dios y con esta justificación fueron cargados con tan pesado deber. Los levitas fueron para Él porque todo primogénito le pertenecía, fueron tomados para Yavé en lugar de todos los primogénitos de quienes había liberado. Y hasta el ganado de los levitas fue tomado en lugar de todos los primogénitos del ganado de los israelitas.

     Pero Yavé no se los llevó al momento. Con generosidad los cedió como donados, para que sirvieran de intermediarios y guardia de su pueblo. A partir de aquel momento deberían permanecer indefinidamente, en exclusiva, en el sacerdocio.

     Quiso Moisés, entonces responsable de los emigrantes que volvían de Egipto, completar con justicia aquella transacción. Los primogénitos varones de los israelitas que tuvieran de edad un mes o más debían ser registrados por sus nombres. Así se hizo bajo su dirección. El registro, el primero de esta clase que se hacía, dio como resultado la cifra de 22.273, todos varones de un mes para arriba. Pero entonces los levitas solo sumaban 22.000 exactamente. Si los de aquella tribu habían sido tomados por Yavé a cambio de todos los primogénitos, el cambio no era equitativo.

     Como a los hombres en la tierra les corresponde ajustar las cifras, porque hasta ahí llega su idea de la justicia, porque los grandes números son de un orden que los excede, entre unos y otros vieron que la siguiente composición podía resultar buena. El resto, 273, número en que los primogénitos sobrepasaban a los levitas, sería rescatado. Bastaría con pagar cinco siclos de plata por cada uno al santuario, abono al que estarían sujetos los que estaban obligados a entregar sus primogénitos. Para entonces, los hijos de Leví ya eran responsables del santuario, el servicio principal del sacerdocio que sobre ellos había recaído, y ellos mismos, entre sus prudentes decisiones de gobierno del templo, habían previsto que el siclo del santuario fuera de veinte óbolos, veinte óbolos por siclo. Su previsión resultó feliz. Quienes estaban obligados al rescate entregaron 1.365 siclos de plata, siclos del santuario, que recibieron los sacerdotes, sus cuidadores.

     Pronto se vio sin embargo que el problema del principio permanecería indefinidamente. Así como el grupo de los levitas sería reemplazado, generación tras generación, por la cadencia biológica de su estirpe, y su número podría permanecer aproximadamente constante, por las mismas razones siempre habría nuevas criaturas cuyo seno sería abierto por primera vez. La necesidad del rescate se renovaría cada día, a cada parto. Pareció lo más prudente reconocer la evidencia. El rescate, al principio una transacción, por los levitas fue instituido como un deber. Para lo sucesivo quedó acordado que el primogénito del hombre podía rescatarse al mes de nacido. Su valor sería de cinco siclos de plata, siclos del santuario, que eran veinte óbolos, cuyo usufructo pertenecía a los sacerdotes. Fue la única tarifa del principio, y permaneció invariable indefinidamente, aunque ningún humano consagrado como anatema, porque se consagraba de modo absoluto al dios, podría ser rescatado y debía morir. No así el primer nacido de un asno, que también a partir de entonces se pudo rescatar, en cuyo caso habría que cambiar asno por cordero. De lo contrario, debía desnucarse.

     Así pues, según nuestro doctrinario, el diezmo sería el resultado de una decisión divina. Por las condiciones en las que se había originado, tal como las argumenta el antiguo testamento, el diezmo -si se acepta la tradición bíblica como supervivencia histórica de una misma divinidad- sería deuda debida a nuestro señor, y nadie podría justificar no darlo. Si los moros, los judíos y los gentiles, que son de creencias distintas a la fe verdadera, pagan los diezmos por derecho, tal como lo mandan sus leyes, concluye, mucho más y sin engaño deben pagarlo los que son los verdaderos hijos de la iglesia santa. Corresponde al rey reconocer y autorizar que esto sea así. Es quien debe respetar que es un derecho privativo de nuestro señor, y por esta causa está en la obligación de concederlo, lo que da por supuesto que es necesaria la mediación del poder coactivo del que en exclusiva dispone.

     Solo queda argumentar su justificación práctica con una cadena de causalidades que no admite réplica. Los diezmos, dice, los quiso nuestro señor para templos, para cruces, para cálices, para vestimentas, libros y campanas, y para que se sustentaran los obispos, para predicar la fe y para los demás clérigos que imparten los sacramentos, y para los pobres en tiempos de hambre, para servicio de los reyes y provecho de ellos, y de su territorio cuando lo necesiten. Como de este modo se extiende en tan buenas obras, de tantos modos y tan en su provecho todos tienen parte, cada cual lo debe dar por su voluntad y sin más coacción. Si no, que lo haga pensando en el incremento temporal del bien que le provee nuestro señor. Porque el diezmo es provecho y salud del alma de cada uno y abundancia de frutos y de los bienes del mundo; lo que se prueba y ve cada día, afirma categóricamente, porque a quienes pagan sus diezmos Dios les incrementa sus bienes.

     Obrando en consecuencia, el rey no quiere que en aquel momento, porque disminuya su justicia disminuyan o se pierdan los derechos de Dios, que son también los de su iglesia inviolable. Al rey no le parece que deba consentir que se lesionen aquellos derechos. Al contrario, cree que debe actuar en servicio de Dios y honra de la iglesia que considera digna de ser sagrada.

     Hasta aquí la argumentación dogmática ha reconocido el nexo que une la soberanía de nuestro señor con la real, pero no el que pudiera haber entre él y la iglesia santa. La suplantación la justificaría su condición divina y la institución del sacerdocio tal como la cuenta el antiguo testamento, a lo que se pueden sumar argumentos extraídos de los evangelios que quien argumenta no cree necesario mencionar. Pero probablemente también contribuyeron a aquella identidad los términos más concretos del acuerdo entre las partes efectivamente existentes a mediados del siglo décimo tercero, la corona y la iglesia de occidente.

     Parece que es desde esa posición desde la que se considera que el rey debe ordenar que todos los hombres de la región den su diezmo a nuestro señor Dios, y que señale como expresamente sujetos a esta obligación a los ricos hombres, a los caballeros y a los otros pueblos, pero que también crea que incurre en este deber todo el clero, incluido los obispos, quienes deben pagar el diezmo de todos los bienes que tengan y no sean de sus respectivas iglesias. Y que precise que debe cumplirse con él según manda la iglesia, alusión que presupone una reglamentación específica del pago del diezmo elaborada por esta y encaminada a garantizarse el ingreso. Provendría, tal como la propia experiencia real en esta materia, de lo previsto y experimentado en los tiempos precedentes en los territorios más al norte.

     Si la iglesia ya tenía dictadas normas en materia de diezmo, su fuerza coactiva no sería suficiente para asegurárselo. Sería necesario el concurso de la autoridad real para que se respetara y se impusiera, lo que apunta al núcleo de una institución que justo por esto pudo ser conocida como beneficio.

     Los siguientes indicios de resistencia al pago de los diezmos son de comienzos del verano de 1260, y se detectan al este de la región. Allí había algunos cristianos que no querían dezmar. Por esta causa, cayendo en gran yerro de las almas, permanecían sentenciados de excomunión. Pero más grave parece que no se ingresara el diezmo de los bienes producidos por los moros que labraban tierras de cristianos. Pretendían estos que eran ellos quienes debían ingresarlos, y que solo debían dar el diezmo de lo que ganaban por unidad de superficie gracias a la cesión de los derechos de uso de la tierra. El rey ordenó que los cristianos dezmaran correctamente, porque era un derecho de la iglesia inviolable, que los cristianos no retuvieran el diezmo que debían dar los moros y que los moros que explotaran tierras de cristianos dezmaran de ellas tal como los cristianos de las que tenían.

     Al año siguiente, cuando aún no habían pasado seis desde que se instituyeran los diezmos, quizás porque se incrementaran aún más los problemas de recaudación, fue necesario regular específicamente el del ganado que se conocería como extremeño, el que trashumaba y se movía a un lado y a otro de las jurisdicciones, una manera de sostenerlo que comprometía el diezmo de la crianza.

     La iniciativa tuvo su origen en una reunión de las Cortes de Castilla en la primera ciudad de la región. La representación de los concejos expuso que tanto los obispos como los maestres de las órdenes militares, responsables de los señoríos que se conocían como encomiendas, amparándose en que tenían que transitar los ganados por sus territorios, exigían el pago del diezmo tanto a los pastores como a los dueños de los rebaños, a veces pidiéndoles carneros en vez de corderos y vacas en lugar de becerros, y que cuando se resistían a los pagos que pretendían les tomaban en prenda ejemplares de sus cabañas como represalia. Unos justificaban la coacción por los pastos que habían aprovechado en su territorio, y otros porque creían que los dueños de los ganados estaban sujetos a las respectivas jurisdicciones eclesiásticas por razón de vecindad, y por tanto a la obligación de pagarles el diezmo. Pero cualquiera que fuese la razón, para los dueños de los ganados de todo aquello podía resultar que tuvieran que dar dos diezmos.

     Lo que en las Cortes se había hecho visible como un problema de los criadores de ganado quedó al descubierto como un conflicto entre obispos. Sus exigencias eran parte del enfrentamiento entre los del norte de Sierra Morena y los del sur. Aunque el rey los  conminó a que buscaran una solución, no se pusieron de acuerdo. Para encontrar una salida duradera, se apeló a la autoridad del papa. Pero hasta que no se pronunciara sobre el asunto, para que no se perdiera el diezmo y los obispos quedaran en paz, y tanto los dueños de los ganados como los pastores que los cuidaban no fueran perjudicados, el rey tuvo que decidir.

     Si los ganados pacían todo el año en el obispado donde vivieran sus dueños, darían el diezmo en su parroquia; si iban a otro obispado y se quedaban allí todo el año, sería allí donde darían todo el diezmo; si la mitad de un año pacieran en el obispado donde residieran sus dueños y la otra mitad en otro, dividirían el diezmo entre los dos obispados. Si el ganado se desplazara por varios obispados, de modo que no se pudiera saber con certeza dónde estuvo más tiempo, liquidaría la mitad del diezmo en el obispado donde las hembras parieran y la otra mitad en la parroquia donde vivieran los dueños. Si las hembras parieran de paso en algún lugar, no pagarían diezmo alguno, salvo que la cabaña a la que pertenecieran estuviera en el lugar al menos un mes. Si el ganado paciera la mitad del año en el obispado donde viviera el dueño y la otra mitad se moviera entre dos obispados, de manera que de día comiera el pasto en un obispado y se guardara de noche en el otro, la mitad del diezmo se repartiría entre tales dos obispados, una por pasturaje y la otra por guarecerla.

     Además, los pastores evitarían complicar más la situación con engaños, como mover el ganado de un obispado a otro, y los obispos pondrían a cargo de la recaudación del diezmo del ganado transeúnte a hombres que no lo tomaran hasta que las ovejas y las vacas hubieran parido, ni eligieran carneros por corderos ni vacas por becerros, sino lo que conviniera a los dueños del ganado.

     También en 1261 la corona reguló el excusado eclesiástico. Con la denominación de excusado, para entonces, ya existiría el que podemos calificar como excusado regio, el mayor contribuyente de cada parroquia, cuyo diezmo se reservaba la corona, en ejercicio de su soberanía, íntegramente. El rey, como réplica, concedió al obispo y al cabildo que otro de los pagadores del diezmo de cada parroquia, el que ellos eligieran una vez que se hubiera segregado el mayor contribuyente, lo pudieran recaudar también íntegramente para sí. La ley de las compensaciones otra vez resolvería las diferencias entre los dos poderes.

     Mientras tanto, en el obispado limítrofe en dirección este la resistencia al pago de los diezmos habría ido extendiéndose. Para agosto de 1268 de nuevo hay indicios de que el contagio se propagaba. En aquel momento había en sus tierras quienes no querían pagar el de cierto séptimo que venían percibiendo obispo y cabildo ni el de algunas grandes explotaciones, y otros que los pagaban mal o simplemente no querían pagarlos. A finales del mismo año persistían en idéntica actitud quienes, a pesar de que se lo pedían obispo y cabildo, no liquidaban sus diezmos o no dezmaban debidamente.

     El rey interpuso de nuevo su autoridad y mandó que cada uno se atuviera a lo que en esta materia mandaba el derecho de la iglesia. Lo que debe dar por derecho ninguno debe retenerlo, sentenció. Al hablar así, con una ambigüedad que le permitía abarcar tanto lo que él mismo ya había decidido como lo que la norma canónica tuviera prescrito, tal vez le preocupara, más que los ingresos de la iglesia, los suyos. Creyó que su mediación estaba más justificada porque él perdería los ingresos que debía sumar por razón de tercias, la deducción a los diezmos de todas las parroquias que iban a parar a las arcas reales. El temor a que el contagio pudiera alcanzarle permitiría que las conminaciones disuasivas cedieran ante penas civiles serias. Decidió que a quienes no dieran o retuvieran los diezmos, por cuenta del rey se les podría prendar y obligar a pagar el doble.

     En junio de 1276 persistía el problema del ganado extremeño. A pesar de que ya se había ordenado que los rebaños que pastaran en el obispado dieran la mitad del diezmo de la crianza en el obispado de la región y la otra mitad donde lo debieran dar, había quien aún no lo hacía así. No sería suficiente con que nuevo la autoridad de la corona interviniera y ordenara que quienes estuvieran al cuidado de los ganados tenían la obligación de dezmar tal como estaba acordado. Había causas que excedían lo que en esta materia se había legislado. A fines de 1278 el rey tuvo que reconocer que parte de la persistencia del problema pudo tener su origen en que había concedido que algunos ganados no pagaran derechos de tránsito, derechos de pasturaje o el diezmo que les correspondiera. De ahí pudo provenir que cuando sus ganados pasaran de la jurisdicción de un obispado a la de otro no quisieran pagar diezmo al segundo. Su intención, según declaró, nunca había sido quitarle a la iglesia su diezmo. Para redimir las responsabilidades en las que sin embargo pudiera haber incurrido ordenó de nuevo que para pagarlo todos debían atenerse a lo que ya estaba acordado.

     La ola de la resistencia al pago del diezmo alcanzó al obispado que entonces correspondía a la mayor parte de la región en la primavera de 1274. También aquí había quienes no dezmaban como era debido, y ni siquiera pagaban las primicias, modesta contribución voluntaria parásita del diezmo. Su responsable había optado por sentenciar a los rebeldes, quienes, aunque permanecían mucho tiempo excomulgados, ni se enmendaban ni obedecían a la iglesia. Sin embargo, esta vez la mediación del rey se limitó a conminarlos a que obedecieran.

     Previa, simultáneamente o después, el rey concedería al episcopado del sudoeste bienes inmuebles a partir de los cuales obtener rentas, fuera con el desarrollo de señoríos, con la cesión de aquellos bienes o por cualquiera de las fórmulas distintas al diezmo que permitían entonces detraer trabajo.

     Mientras que las rentas detraídas por el ejercicio del dominio directo o por cesión de las tierras obligarían a compromisos y contratos personales, para así captar el trabajo del que deducir renta, el diezmo, por ser una renta de pretensiones universales, aseguraría una detracción masiva. Obtenerla sirviéndose de la prestación personal tendría sentido cuando la población escaseara. En esa circunstancia sería la manera más eficaz de asegurarse la renta. El incremento de las poblaciones durante la plena edad media reorientaría las estrategias de deducción del trabajo ajeno. De la prestación personal quienes tuvieran poder para exigirlo pasarían al pago de rentas que pudieran proporcionar una masa indiscriminada de ingresos y mucho mayor.

     El diezmo sería una de las modalidades de deducción de trabajo que respondería al crecimiento de la población, tal vez la más rentable de todo el continente. Así todo el instituido en el siglo décimo tercero, por ser una renta de su tiempo, aunque pueda haber quien opine lo contrario, se convertiría en un signo de modernidad. De la innovación, el rey concedente, a quien no le faltaría conciencia de aquellos cambios, sería corresponsable.

 


Las explotaciones

Alain Marinetti

En la región, para referirse a las explotaciones dedicadas al cultivo de los cereales, los textos de mediados del siglo décimo octavo manejan un vocabulario relativamente extenso. Además de cortijos, mencionan hazas y manchones, así como pegujales, suertes y rozas, y ocasionalmente otras instalaciones, como las huertas. Ninguna de las denominaciones es inflexible, y todas estaban modificadas por la manera de verse a sí mismos que tenían sus responsables. Aunque el repertorio parezca amplio, recoge solo las palabras más habituales, y si descendiéramos a las variantes locales, se podría prolongar extraordinariamente la lista. Pero es muy probable que detrás de cada nombre a lo sumo encontráramos sinónimos de las siete voces enunciadas. Creo pues que se puede estar seguro, tratando de la producción de cereales, que en aquel momento todo lo distinto a estas siete clases, si conseguía existir, sería muy secundario. Pero si las acepta sin más, el lector contemporáneo tal vez confunda hechos que parece necesario discriminar cuando se trata de aislar los tipos de explotación que se organizaban cada año. Su análisis, para lo que bastará que se acepten sendas definiciones, aunque pueda ser parcial puede ser suficiente para desentrañar la diversidad que encubren, separar lo que no debe estar junto y demostrar la oportunidad de respetar las distinciones hasta el punto que permita una idea precisa de quiénes eran los que cultivaban cada año los cereales.

     Cortijo es la unidad de producción que en 1750 tenía los recursos suficientes para emprender la gama más amplia de actividades agropecuarias. Su contenido primordial era la tierra, normalmente de calidades diversas, aptas para garantizar extensos cultivos y la manutención de manadas de ganado. Su mejor porción eran los suelos de pan sembrar, de la calidad más alta, reservados para producir los cereales, que se subdividían en parcelas o unidades territoriales habitualmente llamadas hazas. Otra parte era el área de pastos propia, quizás la más importante de su fracción no cultivada. Aunque aquella reserva la justificara una limitada calidad del suelo, esporádicamente, valiéndose de la alta fertilización que le añadía el ganado que la apacentara, era utilizada como área productiva. También como zona de uso pecuario, contaba con un ejido próximo al centro de la unidad productiva, reservado para localizar en él cualquiera de los cuidados que requirieran los ganados de la casa, y la fracción de superficie que pudiera restar eran los baldíos del cortijo, zona sin trabajar a la que se podía recurrir para satisfacer cualquiera de las necesidades de la explotación. Ni siquiera se aprovecharían de manera reglada, salvo para actividades marginales, porque su tierra sería la de calidad inferior.

     Era asimismo equipamiento necesario de cualquier unidad de esta clase el agua, una parte de la cual circularía por sus tierras. Es muy probable que en muchos casos se estancara con una presa, para regular su uso, y su manipulación más útil, para la brega diaria con el ganado, era el abrevadero, un estanque en el que los animales de la explotación tenían aseguradas sus raciones de esta parte de su alimentación.

     Buena parte de los cortijos, a la tierra y el agua imprescindibles sumaban un recurso proveniente de su forma genuina, unas edificaciones reservadas a las funciones reproductivas de hombres y animales. Aunque inequívocamente biológica, estaban destinadas a concentrar trabajo, para luego propagarlo por sus tierras, depósitos de cantidades ingentes de la energía que había hecho posible que su suelo fuera el más productivo. Por último, también era una parte necesaria de la instalación, reguladora de su economía, la red de vías con la que sus caminos interiores conectaban. Del entramado de los caminos que a él llegaban y se prolongaban por su espacio se deducía una parte sustantiva del costo efectivo de buena parte de los otros factores, a través de la razón del gasto energético, que no era solo el de su labor, sino el de la casa toda.

     Pero de ninguna manera sería correcto decir que un cortijo era una explotación, empresa o iniciativa personal que aspiraba al cultivo de los cereales. El nombre más apropiado, o menos anacrónico, para identificar la plenitud de las empresas que se restringían cada año a obtener un producto de cereales es labor. Alcanzaba el estado óptimo gracias a que su dimensión, la mayor entre las explotaciones de cada territorio, le garantizaba la posición dominante. Parece que lo regular era que cada una explotara un cortijo, siempre fragmentado en las áreas aptas para la siembra con cereales que imponía el sistema, y que año tras año mantuviera su cultivo continuo sobre una suma discreta de esa clase de partes. Pero también sabemos que una parte de las labores utilizaban más de un cortijo, completo o en parte, sin que por ello sufriera su integridad como agente económico independiente. Era una proporción en modo alguno insignificante, que podía aproximarse a la décima parte de los casos. Cuando una parte de las labores actuaba así, seis de cada diez sumaba a todas las parcelas disponibles de un cortijo las que hubiera en al menos una parte de otro para explotarlas simultáneamente. Luego la asociación más característica de las empresas que decidían acaparar más de un módulo de uso del suelo alcanzaba a dos cortijos. Las cuatro restantes acumulaban con el mismo propósito como mínimo tres unidades de la misma clase.

     Sin embargo, el orden para la labor no derivaba inmediatamente de la cantidad de unidades tomadas sino de su localización. En torno a la mitad de quienes tomaban más de un cortijo repartía su labor de manera equitativa entre los distintos lugares elegidos, lo que significaba que también para el conjunto de cada labor se creaba una jerarquía, como ocurría cuando un solo cortijo, ateniéndose a los rigores de los sistemas, se dividía con el fin de aprovechar cada campaña solo una parte de su superficie. En la otra mitad de los casos la superficie acumulada era utilizada simultáneamente de manera muy dispar.

     Los matices podían ser consecuencia de la dispersión. Normalmente, quienes tomaban a su cargo más de un cortijo lo hacían aconsejados porque todas las unidades de producción, completas o parciales, eran colindantes, lo que en la práctica les permitiría organizar su trabajo como si se tratara de una sola. Pero también había labores repartidas en dos lugares separados, aunque entre las razones que las unían también rigiera el principio de proximidad.

     No obstante, es posible que hubiera dos cortijos explotados por un mismo amo y que sin embargo admitieran dos labores en paralelo. Si esto era excepcional, cuando la iniciativa de la empresa se dispersaba en tres o más lugares, aunque en cada uno se ocupara una cantidad de superficie distinta, en la práctica cada una actuaba como si fuese una explotación autónoma. Había grados de dispersión probablemente poco tolerables, a causa del exceso de distancia, escasamente compatibles con el gasto energético de la empresa, lo que la abocaba a ganar cierta racionalidad constituyendo cada parte como una labor independiente.

    Pero cualquiera de las combinaciones siempre mantenía una unidad de la clase principal como centro de todo su sistema técnico. Cualquier labor siempre tenía su centro en un cortijo, añadiera o no dos o tres parcelas de otro. Se podía por tanto decir que hasta las asociaciones más complejas serían en el fondo de cortijo, fueran completos o parciales. Es suficiente para reconocer, dada su compleja composición, que cualquiera de las empresas que se acometían sobre esta base, como todas utilizaban al menos una unidad de este tipo, tendría previsto utilizar su labor como centro en el que integrar otras actividades agropecuarias.

     Sería un error, consecuencia de la acumulación de ejemplos de diversidad, presentar la labor como una explotación que quiere batirse en distintos frentes productivos. La labor es la parte de los proyectos empresariales reservada a la producción de cereales. Su producto protagonista es el trigo, preferente sobre los demás. Incluso en un buen número de labores la producción de trigo es lo único que se documenta positivamente, y en algunas además se averigua con seguridad que toda la explotación está íntegramente dedicada a la producción de trigo. Los cortijos tienen pues como principal objetivo producir trigo y a ello se dedican, no solo de manera preferente, sino en buena parte de los casos de manera íntegra.

     A las hazas afecta la indefinición. Es la palabra que se usa con menos rigor para denominar explotaciones. De sus significados, los que resultan más relevantes son los que se deducen de la lectura comparada de los documentos. En sentido estricto, haza es una parcela continua de cultivo de cereal. Como el orden cíclico de este induce la división del espacio de las unidades de producción en otras menores, sobre las que va cargando alternativamente la responsabilidad del producto anual, un cortijo, según decíamos más arriba, regularmente estará dividido en hazas, que es lo mismo que decir que está dividido en piezas o parcelas independientes. Por tanto, haza puede definirse también como la parte de una unidad de producción de un tamaño mayor. El fenómeno espacial en este caso toma su identidad de que tiene lindes propias aun dentro de las del cortijo porque la fragmentación responsabilidad del sistema se haya consolidado. Por estas razones la parte puede segregarse con facilidad y existir con independencia, y que así llegue a ser la base a partir de la cual organizar explotaciones que puedan conocerse con el mismo nombre. Es probable que en este caso fueran los cortijos sin instalaciones los más expuestos al riesgo de degenerar a la cesión en fragmentos. Pero también la palabra haza, en los mismos testimonios, se utiliza para distinguir una unidad menor que el cortijo. Con las mismas características en el espacio, puede haberse generado al margen de una gran unidad como otra intermedia, e incluso puede referirse a una propiedad concentrada con el propósito de ser explotada como un cortijo.

     Porque la explotación organizada sobre un haza puede ser una labor, dado que la superficie del haza, cultivada completa, puede equivaler a la fracción de un cortijo que simultáneamente se ponga a producir. Los medios que cualquiera de las dos necesitaría movilizar serían similares, lo cual sería suficiente para que ambas fueran orgánica o técnicamente labores. Pero no todas las hazas tienen que dar origen a una labor. Es posible que también se dividan, sujetándose al rigor de la alternancia, en fracciones, para cultivarlas sucesivamente. Su dimensión para el cultivo quedaría reducida al menos a la mitad y por tanto la necesidad y combinación de medios se contraerían hasta el punto que no sería correcto llamar al orden resultante labor.

     En cuanto al número de estas unidades que se usan para organizar sobre ellas una empresa, el mundo de las hazas es bastante homogéneo. Como unidad origen de una labor también la modalidad más sencilla de explotación resulta de que alguien haya tomado a su cargo la producción de cereales sirviéndose de solo un haza. Las tres cuartas partes de las labores constituidas sobre hazas cuentan con una sola unidad: una labor, un haza. Al tomarla en solitario para constituir con ella una explotación autónoma, tiene que ser la responsable de las explotaciones de tamaño intermedio.  Pero el haza es una parcela que puede convivir con el cortijo. Un haza puede sumarse a uno y con él crear una de las explotaciones que acumulan tierras, que es tanto como contribuir a la creación de las del tamaño mayor o labores del primer rango, tal como hemos visto más arriba. Sin embargo, solo excepcionalmente hay labores que sumen más de un haza cuando la acumulada no es un cortijo. Estas situaciones parecen proporcionar a sus promotores, más que un ascenso, un descenso en su posición. Bien el número de explotaciones que acumulan son del tipo pegujal, bien son tan pequeñas que, aunque sean un número relativamente alto, aún aproximan más a la condición del pegujal. Así pues, la acumulación de hazas da origen a una modalidad de explotación de la menor importancia relativa.

     Define muy bien la empresa sostenida sobre más de un haza la dispersión, y en esto hay grados. Las hay en dos lugares, aunque en todos los casos conocidos en el mismo paraje. También las hay en más de dos, alcanzando grados de extrema dispersión por exceso de parcelas, incluso hasta seis. La discontinuidad en el espacio, en este caso, parece una decisión estratégica relacionada con los costos de desplazamiento. El propósito parece combinar unidades que suministren energía para el desplazamiento con otras dedicadas a los cultivos de mayor rentabilidad. A la dispersión alguna vez se añade la condición de casa agropecuaria, como cuando se mantienen al mismo tiempo una hacienda y tres hazas.

     El manchón es una parte de la reserva de tierra de una gran unidad de producción o cortijo, se mantenga íntegra o segregada en haza; la que permanece sin cultivar ni trabajar, razón por la que también se le denomina erial o eriazo. En sentido propio es por tanto solo un recurso técnico de los sistemas de cultivo del cereal. Si se incluye entre sus explotaciones, tendrá que significar que se trata de una que se acomete directamente sobre una tierra sin antes haberla preparado para este cultivo, es decir, sin barbechar, y que al mismo tiempo, como labor inicial, debe incluir la roza o desbroce de la vegetación espontánea que haya nacido en la parcela. Que la densidad de las especies que hayan crecido sea mayor o menor dependerá del tiempo que el área haya permanecido sin cultivo ni trabajo, pero que pueda constituirse como explotación tiene que entenderse naturalmente dependiente de la actividad organizada por una de tamaño mayor. Luego sería en todo equivalente a la que pudiera organizarse a partir de un haza, bajo cualquiera de sus condiciones. La diferencia entre una y otra se reduciría a la inversión inicial de energía, que tiene que ser mayor cuando las labores deben ser profundas.

     El pegujal es uno de los hechos más característicos de la economía de los cereales en 1750. Un pegujal es un patrimonio modesto e inseguro, doble condición inscrita en su génesis, asociada a la servidumbre entendida en su sentido primitivo de esclavitud. En 1750 todavía se acumulaba gracias a la remuneración del trabajo con una cantidad de bienes, con más probabilidad los mismos que se hubieran producido trabajando, o el disfrute transitorio de un modesto trozo de tierra que permitiera obtenerlos. Esta segunda posibilidad había dado alas a las parcelas más pequeñas. El modesto trozo de tierra se había abierto un hueco como objeto de cesión, también transitoria, sin necesidad de que mediara la prestación de trabajo; simplemente, sirviéndose de las reglas del arrendamiento. Por eso en 1750 se había generalizado para esta arqueológica palabra el significado de explotación de pequeñas dimensiones; con seguridad, la forma más modesta de explotación. Sobre la transmisión precaria de una parcela limitada, se podría poner en marcha una empresa o iniciativa muy discreta para producir cereales, cuya diversidad en parte permite deducir la documentación de referencia. Nada impide que un pegujal de mediados del siglo décimo octavo esté localizado en el interior de un cortijo. Cualquiera de sus modalidades lo permite y la experiencia enseña que la mayoría tienen esa localización. Estarían también, por tanto, subordinados a él. Pero asimismo es posible que los pegujales se localicen en hazas, estén o no reducidas a manchones, o en tierras que de antemano son pequeñas parcelas segregadas por la condición de propiedad.

     La modalidad mayoritaria y que define inicialmente con más precisión esta forma de explotación es la parcela única. De todos los pegujales organizados, las tres cuartas partes se sostienen exclusivamente sobre una unidad de producción: una parcela, un pegujal. Lo que queda al margen de esto tampoco es algo extraordinario. Del cuarto de pegujales con más de una parcela, mitad por mitad son pegujales sobre dos o sobre tres parcelas. Luego nada impide que también haya algunas empresas del tipo pegujal que estén sometidas a la tensión de las parcelas dispersas. Hasta tal punto es así que hay pegujales localizados en tres lugares distintos, aunque en todos los casos que se atienen a esta variedad ocurre que la dispersión es muy limitada. Porque tratándose del pegujal, la dispersión es compatible con los escasos costos de desplazamiento, a la vez que con la inmediata accesibilidad desde las poblaciones. El número tres, referido al de parcelas, parece ser también un valor asociado a esta posible norma. Hay, no obstante, algún caso de excepcional dispersión. Se documenta un pegujal en más de seis sitios. Aún así, restringido al espacio de un mismo término se atiene a la regla de concentración relativa.

     Suerte es una forma de acceder a la cesión cuando la demanda de los bienes de los que se pretende disfrutar es superior a la oferta. El cedente, bajo esas condiciones, para adjudicar el bien puede recurrir, entre otras posibilidades, al azar. Por antonomasia, el procedimiento se aplica a las tierras que están bajo dominio de los municipios. En las tierras públicas y comunales que se aprovechaban para el cultivo, previa licencia real, se delimitaban las unidades homogéneas que recibían aquel nombre, siempre de dimensiones reducidas. Los municipios recurrían habitualmente al sorteo como medio de adjudicación aconsejados por representar la equidad, cautela de los gobiernos que se proponen perseverar.

     Pero entender el término en este sentido tan restringido dejaría fuera a tierras privadas, como ocurría con las situadas en los ruedos. Sus dueños también podían recurrir a esta manera de llamar a las parcelas pequeñas que cedían para que fueran explotadas. Es cierto que el procedimiento de adjudicación, en este caso, es más probable que estuviera mediatizado por la subasta, que garantizaba las rentas más altas posibles. Por tanto, el sorteo en sentido estricto no sería el encargado del reparto, lo que no impedía a los dueños encubrir con la palabra suerte cada parcela que cedieran.

     No obstante, es posible que a las pequeñas unidades de producción ocasionalmente se las denomine suertes simplemente para significar que en origen fueron constituidas dentro de límites legales y definidos. Porque en algunos casos no consta que las que se han reunido para organizar una explotación procedan de adjudicación alguna de tierras mediante sorteo o subasta. El hecho de que puedan acumularse en una cantidad muy alta en una sola mano, para dar como producto una extensión media compatible con los medios de gestión de las labores, hace sospechar que en estos casos pudo haber acaparamiento de predios colindantes procedentes de un reparto por sorteo anterior.

     Hemos precisado antes que roza es una técnica al servicio del sistema de cultivo, la destinada a deshacerse de la vegetación espontánea crecida en la parcela que se va a preparar para la siembra, sea por labores profundas o por ignición. Sin embargo, con el nombre de roza también se puede denominar una unidad de producción que hasta el momento en que reunimos la documentación había caído fuera del campo de observación del estudio de la economía regional del cereal. La escasa literatura sobre esta modalidad de agricultura que ha prosperado ha adoptado esta denominación. Para nosotros no hay más autoridad ni más tradición que la justifiquen. A ella nos remitimos con la seguridad de que los avances que para esta vertiente del tema habrán de venir conquistarán un vocabulario más preciso.

     El nombre no es el más adecuado porque efectivamente se refiere a un procedimiento de cultivo, y no a un lugar en el espacio o a una iniciativa. Pero la extensión del nombre hasta identificar una explotación podría quedar más que justificada porque aquel procedimiento es, en este caso, el que decide sobre todo lo demás. Allí donde la ocupación del suelo con fines productivos es menos intensa, el origen de las explotaciones de quienes deciden cultivar cereales, en una proporción muy alta, debe partir cada año del desbroce de un espacio en el que durante años la vegetación espontánea ha crecido libremente. Se deslindan en espacios de estatuto equívoco, también consecuencia de la poco intensa apropiación del suelo por defecto de la competencia entre quienes pueden aspirar a ella, resultas de la confluencia de la baja calidad del suelo y la escasez de población, lo que suele enmascararse -o, si se quiere, resolver de manera sumaria- considerando el espacio comunal, en la práctica terrenos bajo dominio de los municipios, y a ellas se puede acceder por sorteo en caso necesario. Cualquier vecino de aquellas poblaciones dispuesto a emprender una explotación de esta clase dispone de todos los reconocimientos y ayudas públicas, o en sentido contrario no encuentra más impedimento que el personal que pueda oponerse a tomar la responsabilidad de este trabajo. Que estas parcelas sean localizadas, habitualmente y del modo más general, en el monte es, finalmente, una manera de indicar con comodidad y eficacia la calidad de las tierras que se siembran, lo que no impide que estas prácticas, como se podría esperar, tiendan a desplazarse y radicarse en las tierras de mejor calidad de las zonas donde es practicada, en una progresiva declinación hacia la estabilidad que contradice su fundamento.

     La información que nos permite asomarnos al mundo de las rozas, que las aproxima mucho a los pegujales, evoca un orden sencillo. La explotación de las rozas se asienta sobre una parcela. Los limitados medios energéticos disponibles y contar con un rendimiento satisfactorio de antemano, gracias al abonado incluido en la técnica, son opuestos suficientes para que el tamaño de las explotaciones pueda ser en todos los casos discreto.

     A las huertas las fuentes siempre se refieren manteniendo su sentido regular, y no hace falta explicar que la huerta es la explotación especializada en la producción ininterrumpida de frutas y verduras, que siempre ha sido un espacio proclive al cultivo promiscuo, ni que cuenta a su favor con el regadío y la intensidad del trabajo en dimensiones en las que el suministro de la energía humana es el que impone la pauta. Lo que ocurre es que la explotación de la agricultura intensiva llega a serlo tanto que incluso en ocasiones incluye el cultivo del cereal, o que el deseo de poseer cereal invade el territorio de otros cultivos. Ningún obstáculo entorpece que en explotaciones tan especializadas, y con un carácter tan definido, suceda esto. En la parte de las huertas que se siembra de cereal el comportamiento es de haza. La parte dedicada a cereal también es una parcela dentro de ellas. Pero solo hemos encontrado dos en las que una parte de su superficie se dedicara a sembrar cereales. Luego este hecho por necesidad sería, además de excepcional, restringido.

     Así pues, un cortijo es una unidad integral de producción, una haza es una parte de las tierras de un cortijo, el manchón un espacio definido por un recurso técnico, el pegujal una posesión modesta y pasajera que mejor se materializa en una parcela, la suerte una forma de acceder a la cesión de la tierra, la roza otra parcela definida por otra técnica al servicio del sistema y una huerta la explotación especializada en la producción ininterrumpida de frutas y verduras que esporádicamente acoge el cultivo de los cereales. Hay que reconocer que los textos contemporáneos no son rigurosos a la hora de elegir un criterio a partir del cual decidirse por las palabras que deben distinguir las explotaciones que actuaban en la producción de los cereales. Ni para evitar que en el uso de este vocabulario se interfieran entre sí los factores para la definición, como el tamaño de la parcela, las formas de la tenencia o las técnicas que se emplean. Todo lo cual pone en el riesgo de que las conceptos se solapen y que por tanto todo se confunda.

     Pero afortunadamente, porque al mismo tiempo con su gama de vocablos los autores se proponen trazar el cuadro de las explotaciones con las que conviven, los términos más habituales alcanzan ese orden cuando se emplean por antonomasia, lo que como hemos demostrado permite depurar y aislar en cada uno de ellos el componente explotación, el asunto que nos hemos propuesto aclarar. Bastan las definiciones para que en todos los casos se descubra el contenido relacionado con este criterio. Cuando en la documentación de la época se utiliza la palabra cortijo por antonomasia es sinónimo de empresa de cereal del tamaño mayor. Haza, cuando designa una unidad independiente, es una empresa de tamaño intermedio, lo mismo que manchón. El sentido en el que utilizan el concepto pegujal los documentos de mediados del siglo décimo octavo es empresa o iniciativa de pequeñas dimensiones para producir cereales, y cuando las fuentes eligen la palabra suerte para aplicarla al campo de las explotaciones se entiende también que se trata de explotaciones constituidas sobre parcelas de dimensiones modestas. En el caso de las rozas la trascendencia de la técnica, su responsabilidad decisiva, se identifica tanto con la explotación misma, una explotación de tamaño discreto, que termina denominándola. En la explotación llamada huerta el cultivo de los cereales es excepcional y restringido y no creo que sea necesario tenerlas en cuenta en lo sucesivo.

     Luego las clases de explotación, si nos atenemos al criterio del tamaño, factor común de todas las definiciones, se pueden reducir a tres: la que representa el cortijo, la que se identifica en hazas y manchones y la que se materializa en pegujales, suertes y rozas. La responsabilidad que en la constitución de cualquiera de ellas tiene la configuración previa de las unidades de producción, que en todos los casos es decisiva más allá de la aparente obviedad, reduce aún más las posibilidades. Haza y manchón pueden estar acogidos a cortijos, y el pegujal, a cortijos y hazas, aunque también puede ser independiente. La suerte puede acogerse a cortijos, pero también a las tierras de dominio municipal, que es el espacio regular de las rozas. Así las cosas, el orden del espacio para ser explotado con cereales podría reducirse al siguiente principio. El cortijo sería la matriz del orden, así íntegro como por sus secreciones mediana y pequeña, y las tierras de dominio municipal un amortiguador elástico del uso de aquel, que es el prevalente.

     El acierto de al menos una parte de este análisis se puede poner a prueba sometiéndolo al contraste cuantitativo. Una información contemporánea sostiene que cada año, a mediados del siglo décimo octavo, si nos limitamos a los términos más generales, el espacio regional dedicado a cereales quedaba repartido de la siguiente manera: un tercio de las explotaciones activas eran cortijos, casi una cuarta parte hazas y casi otro cuarto pegujales, proporción que aumentaría si a estos les fueran sumadas las suertes. Los demás tipos serían cuantitativamente muy poco significativos. Son cifras que solo aproximan y además ya podemos afirmar con certeza que en su manera de calcular está interfiriendo la falta de rigor que hemos detectado. La consecuencia es que las cifras, como los conceptos, se solapan y no se pueden dar por buenas.

     Hemos reunido otras pruebas cuantitativas, también de alcance regional, que son más consecuentes con los tipos de unidades de producción depurados. El lugar común que la agotadora literatura sobre este tema ha sabido difundir con más éxito ha sido el de la extraordinaria dimensión de los cortijos. Durante un tiempo, y desde determinada posición, esta idea se ha combatido, seguro que con sobrado fundamento. Pero se puede afirmar que la idea más común, para mediados del siglo décimo octavo, es la más exacta. Entonces los cortijos de la región eran áreas de enorme extensión relativa, un principio que, aunque pueda parecer contradictorio, no es del todo incompatible con la idea de que el cortijo común entonces no era excesivamente grande. Evidentemente es posible relativizar, ordenar por tamaño, agrupar por clases, y siempre la idea general se podría matizar; tanto y con tanta elasticidad, gracias a la diversidad de situaciones que es posible presentar, que está al alcance de cualquiera defender desde posiciones parciales, sin el menor asomo de cinismo, la idea que se proponga. Valga con decir que, para 1750, hemos podido documentar cortijos activos cuya superficie es un valor comprendido entre 100 y 2.800 unidades. Pero el tipo general lo darían los comprendidos entre las 300 y las 600. Por los datos de que disponemos, nos persuadimos de que este es el intervalo que mejor define el tipo dominante entonces. Con bastante probabilidad la mayoría de los cortijos activos entrarían dentro de esta banda, y dentro de ella aún serían más probables los que se ajustaran al intervalo 300-500, cifras todavía más ceñidas a los valores documentados. Pero, más allá de los detalles, la idea que debe prevalecer sobre todas es que para el momento al que nos referimos los cortijos eran un universo que por su tamaño quedaba a enorme distancia de cualquiera de las otras modalidades de integración del espacio al servicio del producto agrario. Solo hablar de cortijos traslada el análisis de los hechos a un rango del espacio explotado que incluye la magnitud exagerada, muy lejos y muy por encima de cualquier otra clase de complejos territoriales. Solo a partir de este principio se puede hablar de clases cuantitativas de cortijo. Para dar una idea aproximada de la magnitud de estas superficies agrarias, se suele decir que una hectárea corresponde aproximadamente a la extensión del estadio convencional. Basta saber que las medidas de superficie con las que estamos trabajando equivalen a una media hectárea para que inmediatamente haya que reconocer que un cortijo que tuviera solo doscientas de aquellas unidades, equivalentes a unos cien estadios, era una enormidad, y nos rindamos a la evidencia.

     Las unidades de producción a las que quienes declaran llaman haza ocupan una superficie cuyo valor está comprendido entre 1 y 72 unidades de superficie, máxima elongación de nuestra experiencia que resulta equívoca. Cuando se pasa por debajo de la barrera de las 25 se entra en el terreno de transición hacia el pegujal entendido como parcela. El grupo de las hazas propiamente dichas, en el que sin embargo se podrían incluir los manchones, queda por completo comprendido en las 50 unidades de diferencia que hay entre los umbrales 25 y 75. Todas las que pudieran considerarse tales están dentro de esos límites.

     Aunque también se declaran parcelas destinadas a ser explotadas como pegujal cuyas extensiones es necesario enmarcar entre 2 y 34 unidades de superficie para considerarlas todas, lo que realmente define el tipo es que el dominio reservado al pegujal es el de tamaño ínfimo. Entre la mínima superficie útil para el cultivo y las 10 unidades se concentra la masa de este hecho. Los valores más frecuentes están entre 6 y 7, y cruzar el umbral de las 25 unidades de superficie es salir de este dominio, aunque algunos casos, que nunca llegan al valor 35, caigan en el campo marcado por aquella cifra.

     La superficie de las suertes de iniciativa municipal viene inducida por la ley. Un valor común para ellas es las 8 unidades. Tal vez por eso a algunos contemporáneos la extensión tipo de las suertes comprendida entre 2 y 4 unidades de superficie les parece reducida, por insuficiente para atender las necesidades de ingreso de una unidad familiar que solo dispusiera de este medio. Sin embargo, una suerte de 2 unidades, a media legua del lugar poblado, los cálculos más exigentes la estiman suficiente para que un bracero, que es el trabajador del campo que no posee ganado de labor, trabaje durante un año. Habrá que entender que estos argumentos no se utilizan referidos a suertes de promoción pública.

     Las parcelas para rozas son de pequeñas dimensiones, desde este punto de vista más próximas a las de pegujal que a cualquiera de las otras dos extensiones tipo, mientras que el tamaño de las parcelas interiores dedicadas al cultivo de los cereales en las huertas está comprendido entre las 30 y las 50 unidades superficie, lo que definitivamente las asimila a las hazas.

     Pero si queremos disponer de cifras lo más precisas posible y derivadas de conceptos rigurosos hay que descender a la observación de las explotaciones de un territorio, como si se escrutara un mapa. Con los apeos y registros de sementeras y el cuadro de rentas provinciales referidos al espacio administrado por un municipio, que antes de ahora he manejado, se puede estudiar con más precisión y sin interferencias la frecuencia del tamaño de las explotaciones y la superficie que acumulan. Al tratarse de registros para detraer una renta pública, en ellos constan las cantidades de superficie por las que debe contribuir cada empresario. Esto es lo que asegura que la cantidad de tierra que cada declarante registró expresaba directamente el tamaño de su empresa, al margen de cómo la denominara, y que cada una de ellas se opone a todas las demás y es por tanto exclusiva.

     A la vista de la frecuencia de los casos anotados en la tabla que los recoge íntegramente, se pueden decidir con nitidez los siguientes intervalos. Hay un primer dominio de las frecuencias del número de explotaciones cuyo rango llega hasta las 12 unidades de superficie. El número de casos, para cada unidad del rango, está aproximadamente marcado por el valor 50, y los valores modales se sitúan por encima de esta frecuencia. El segundo rango lo separan con claridad los valores entre 13 y 40 unidades porque las frecuencias más representativas de este dominio descienden bruscamente, hasta quedar comprendidas entre los 10 y 20 casos por cada unidad declarada. El tercer dominio, que comienza a partir de la superficie por encima de 40 unidades, es con toda claridad el de las frecuencias por debajo de 10, modales y no modales.

     El siguiente cuadro, referido a un año tipo, ilustra esta definición independiente de los rangos.

Intervalos de superficie Frecuencia de los casos Frecuencia de los casos Superficie acumulada Superficie acumulada
  En valores absolutos En % En valores absolutos En %
Hasta 12 unidades 1.424 85 5.822,50 18
De 13 a 40 127 7 3.116,00 9
De 41 en adelante 128 8 24.062,25 73
Totales 1.679   33.000,75  

     Cualquier clasificación, porque siempre es rígida, corre el peligro de enmascarar o deformar los fenómenos. Pero creo que la claridad que reconoce el criterio de segregación de los grupos permite concluir que el cuadro precedente deja observar una realidad y no una elaboración estadística. Es probable que el mayor grado de fidelidad a los hechos se concentre en los extremos. Según resuelven los documentos, había dos clases de explotaciones, labores y pegujales. Probablemente, esta manera de proceder sus autores simplificó los hechos. Pero tuvo la virtud de poner de relieve con solo una instantánea algo más que lo más llamativo. Por debajo del valor 12 unidades de superficie queda sin ninguna duda el hecho de los pegujales absolutamente. Por encima de las 40 también es seguro que lo único que existe son labores, por definición. El dominio intermedio es sin embargo de transición. Ahí deben estar la parte sustantiva de quienes toman hazas y manchones para explotarlos íntegros. Pero también otros cuyos comportamientos redundan en los dominantes: los que toman grandes extensiones y sin embargo emprenden una labor discreta, para ceder en pegujales la otra porción de la superficie que tienen; y viceversa: es posible que estén declaradas como parcelas continuas las tomadas por un grupo de trabajadores para hacer de ellas el uso regular del tipo pegujal, que por otra parte en absoluto no excluye el aprovechamiento comunal. Aunque normalmente el pegujal se promovía por una persona, y se accediera a él por remuneración, arrendamiento, sorteo o teniendo que rozarlo, sobrevivía el pegujal como parcela comunal cultivada por un grupo de semejantes, una forma de explotación que aunque entronque con la senara igualmente se denomina pegujal.

     Así pues, nada hay que añadir a lo observado sobre los valores que lo resumen. Casi el 80 % de la superficie puesta en cultivo lo concentraba menos del 10 % de las explotaciones, y más del 80 % de las explotaciones no acumulaban ni el 20 % de la superficie. Lo que quedaba en medio tenía escaso peso específico. Contando con estos valores se puede afirmar que en el centro de la región suroccidental de la península ibérica, a mediados del siglo décimo octavo, a la forma de empresa llamada labor eran dedicadas nada menos que entre tres cuartas y cuatro quintas partes de todo el espacio invertido cada año en la siembra de los cereales, un fenómeno que era compatible con que las labores de un territorio, al mismo tiempo, fueran la porción mínima de las empresas destinadas a aquel fin. Incluso si a las labores en sentido propio se les sumaban las que se acometían según sus mismos procedimientos, aunque en espacios distintos a los genuinos, se mantenían en torno a la décima parte de las iniciativas cuyo deseo era conseguir aquel producto. Tan desequilibradas relaciones dan suficiente idea del grado de concentración que se había impuesto en esta decisiva rama de actividad, así como de la preponderancia de este tipo de empresa. El cuerpo de las labores de un territorio creaba un orden en el espacio tan poderoso que alcanzaba a toda la actividad, cuyo régimen de gestión rebasaba los límites de cada una de las explotaciones que a sí mismas se llamaban de aquel modo. Además, decidía sobre la organización de todo el complejo de empresas primordiales al que debemos llamar casa, para el que actuaba como núcleo.

     Las expectativas podían llevar a la promoción de un buen número de empresas. El criterio que prevalecía para constituirlas era el personal. Como norma general, juzgando a partir de las mismas fuentes, puede defenderse sin correr demasiados riesgos que el principio de organización de la economía del cereal era la iniciativa individual o personal, esporádicamente femenina, y que acceder al uso de la tierra mientras aún se permanecía bajo la patria potestad se cita como algo muy excepcional. De donde se deduce que la existencia de las explotaciones de cereal estaba sostenida por la vida adulta de los varones. De ahí que tenga el más preciso de los sentidos que la documentación de la época, para referirse a las clases de explotación de la manera más explícita, en muchas ocasiones simplemente personifique. Las clases de empresario que reitera son cuatro: labradores, pelantrines, manchoneros y pegujaleros. Labrador es el promotor de labores. Con toda la consecuencia, algunas mujeres justamente se presentaban a sí mismas como labradoras. Pelantrines y manchoneros serían los intermedios. Buena parte de los casos que se identifican a sí mismos con estas denominaciones al mismo tiempo están incluidos en el dominio de las hazas. A la masa reiteradamente se refiere la documentación con el regionalismo pegujaleros. Descrito el origen y el lugar que ocupan en el rango de las empresas, probablemente es más correcto, cuando es necesario generalizar y comparar, llamarlos campesinos, la forma más extendida de identificarlos en occidente. Por tanto, concordando los nombres habituales de los promotores de explotaciones con las inducciones cuantitativas precedentes, las dos clases de empresario decisivas para sostener el orden creado para el cultivo de los cereales serían labradores y campesinos.

     Una parte del análisis historiográfico ve que en la organización de las empresas decidirían tres factores, a su vez entre sí relacionados: el tamaño de la superficie sobre la que se organizaba, los medios de los que disponía quien la decidía y el destino previsto para el producto. Del alcance decisivo del tamaño de las parcelas tenemos pruebas suficientes, mas del valor relativo que tenían los medios no es posible formarse un juicio en los límites de este ensayo. Pero incluso suponiendo que todos dispusieran de los mejores medios para la promoción de una empresa, las posibilidades de combinación con los otros dos factores que la harían realidad enseñan de antemano que no habría solución técnica que pudiera imponerse como la más racional, sobre todo contando como constante con la rígida bipolarización de los tamaños. De cualquier manera, es al tercer factor al que la mayoría le concede la responsabilidad. Suelen explicar que las clases de empresa se pueden discriminar, de la manera más sencilla, tomando solo como criterio el destino previsto para el producto. Según este, básicamente habría dos tipos de explotación, la que producía solo para autoabastecerse y la que además producía para el mercado. La frontera entre la iniciativa de los labradores y la de otros que quisieran disponer del mismo vendría dada por el diferente destino de su producto. Mientras que el labrador, en sentido propio, sería el que, además de la reserva, pretendiera una cosecha que le permitiera obtener rentas en el mercado, el campesino, que ni siquiera había de estar vinculado de manera preferente a la actividad agrícola, tendría como único propósito, cuando cultivaba un trozo de tierra para obtener cereal, conseguir su modesta despensa.

     Creo que es precipitado aceptar tal oposición de términos. Efectivamente había explotaciones cuyo fin era abastecer los mercados, mientras que otras se situarían al margen de este propósito. Pero no sería exacto afirmar que las menores daban preferencia al suministro al hogar, porque nada impedía que su producto también concurriera al mercado, aunque a una parte de los gobiernos domésticos no conviniera desviar en aquella dirección el producto que obtenían. Los campesinos también buscaban renta, todos buscaban renta. La renta era la riqueza. La separación entre unos y otros la originaban las condiciones en las que cada cual podía acceder a su realización. Los mercados, el del grano, pero antes el de las cesiones de suelo, eran las encrucijadas en las que la lid, que el lenguaje del análisis económico ha atenuado llamándola competencia, otorgaba posiciones y posibilidades, victorias y derrotas, ganancias y pérdidas. Todos podrían depositar una parte de sus esperanzas en el golpe de suerte de una venta favorable del producto. Sobre todo porque no era una aspiración remota. El mercado en el que las respectivas explotaciones esperaban era el que proporcionaban sus propias poblaciones, cualquiera de ellas experta, así activa como pasiva, en las fuertes oscilaciones del precio del grano.

     De acuerdo con los análisis acumulados en los límites de este texto, creo es posible replicar con otra teoría del origen de las explotaciones. Si aceptamos que la presión de las poblaciones circundantes sobre las tierras más alejadas del centro de un término se suma al incremento interior de los pegujales, tal como antes de ahora se ha demostrado, tendríamos que reconocer que la oscilación del tamaño de la superficie cultivada cada año se alimenta del recurso a las tierras periféricas en el sentido más extenso; de las periféricas porque la distancia las hiciera más útiles a quienes vivieran en la población vecina, de las periféricas porque su rendimiento pronosticable pudo hacerlas preferibles para su aprovechamiento como pegujales, al margen de donde estuvieran localizadas.

     Argumentar con el rendimiento en el momento crítico de las explicaciones puede parecer apelar a un factor que no ha sido tenido en cuenta en el análisis precedente, un argumento que se deja sobre la mesa como los tramposos enseñan el as decisivo. No sería riguroso decidirse por este juicio en este momento. Aunque solo en apariencia. El concepto de presión de la demanda de tierras para organizar explotaciones, central en todas argumentaciones, lo contiene.

     Para la modificación del valor de la superficie puesta en cultivo, parece decisivo el número de las parcelas que salen al mercado cada año, a partir de las cuales satisfacer la creación de una explotación autónoma. De su responsabilidad específica sobre el resultado final no pueden caber dudas. A los pegujales, creo que en todos los casos, se accede por cesión. Si la presión sobre su mercado se incrementa, crecen las expectativas de obtener renta por ellos. No sería por tanto rendimiento de la tierra lo que se esperara, sino de las cesiones, un hecho en modo alguno exógeno a nuestro análisis, al contrario, incluido desde el principio en el análisis, dado el modo de acceder a la promoción de un pegujal que parece común. Así pues, buena parte de la responsabilidad sobre la creación de las explotaciones habría que hacerla recaer sobre las rentas detraídas al trabajo invertido en la producción del cereal, fuera por iniciativa de los demandantes de las tierras o por decisiones de sus cedentes.


El movimiento continuo

P. Martín Vázquez

Cuando el 8 de noviembre de 1917, día decisivo para la revolución, el segundo congreso de los soviets de Rusia acordó resolver sobre el problema de la tierra, puso al descubierto la mayor dificultad a la que habría de enfrentarse, la misma que estuvo en el origen de la revolución francesa, idéntica a la que tuvo que sustanciar la revolución china. La resolución sobre la paz pretendía satisfacer una aspiración compartida, más allá de asegurar el apoyo a la causa de los soldados, con buena parte de los cuales ya contaba, aún más extenuados por la guerra que la población civil. La elección del consejo de los comisarios del pueblo reconocía la hegemonía de las organizaciones revolucionarias, completaba el golpe de estado que habían consumado y salía al paso del vacío de poder que ellas mismas habían creado. La elección del nuevo parlamento y del consejo permanente de los soviets, las otras decisiones de aquel día, no pasaron de ser un trámite. Las instrucciones sobre la tierra, que serían el origen de un afamado decreto, el recurso legislativo que correspondía a una dictadura consciente, organizada por la que justificaba su prevalencia llamándose vanguardia del proletariado, se proponían afrontar el problema político que esta no había resuelto, el escaso consenso que la revolución social había ganado en el campo.

     Abolieron la propiedad privada y cualquier comercio con la tierra, la confiscaron y la declararon propiedad pública. Dictaron que las explotaciones ganaderas asimismo serían confiscadas y convertidas en bien público y, aunque no la mencionaban expresamente, de las decisiones posteriores se deduce que la maquinaria agropecuaria también tendría que ser confiscada y convertida en patrimonio sujeto a la misma condición. Todos los recursos agropecuarios pasarían a ser un monopolio de una magnitud formidable, de enorme poder, bajo el control de un solo estado. Ningún producto se podría extraer de la tierra sin su mediación.

     Tan solo previeron una excepción a tantas incautaciones. Las explotaciones sostenidas con técnicas adecuadas no se sumarían a la masa indistinta de bienes públicos, sino que permanecerían convertidas en granjas modelo. Así se evitarían los efectos negativos que las transformaciones previsibles pudieran tener sobre las explotaciones eficientes, una preocupación inspirada por el deseo de asegurar el producto.

     Ni por la tierra, ni por el ganado, ni por la maquinaria sus dueños recibirían indemnización, aunque se prometían ayudas transitorias a los perjudicados por las confiscaciones del suelo, y la de maquinaria no afectaría a los pequeños campesinos propietarios, quienes, aunque perdieran su tierra, al menos podrían mantenerse en el disfrute de sus medios. Aunque sufrieran una agresión del legislador, con aquella excepción pretendía atenuar el golpe con lo que debió parecerle una recompensa salomónica.

     La tierra incautada se pondría a disposición de los campesinos que estuvieran dispuestos a cultivarla. Todos los ciudadanos que lo quisieran podrían explotarla contando con su familia o en sociedad, pero de ningún modo contratando mano de obra. De este modo quedaba abolida la condición de jornalero y a la vez se activaban como células de la obligada captación de trabajo humano las sujetas a la consanguinidad o a la cooperación solidaria. Era suficiente para que automáticamente los trabajadores del campo con familia quedaran señalados como los mejor capacitadas para acceder a al nuevo orden, y de este modo tan directo obtener la masa de adeptos a la revolución entre quienes teniendo aquella condición carecieran de tierra en propiedad.

     A partir de aquí, era necesario prever cómo se pondría a producir el nuevo orden agropecuario. Toda la tierra confiscada se depositaría en un fondo agrario general, que sería el encargado de dividir la disponible entre quienes estuvieran dispuestos a cultivarla. Para su gestion permanente, el fondo tendría que ajustarse a su redistribución periódica según criterios de productividad y población. Al imponerse la primera condición, el promotor de las resoluciones de nuevo deja al descubierto su preocupación más inmediata, asegurar el flujo ininterrumpido del producto agrario a los mercados. La segunda pretende resolver el problema político. Razona que es posible que haya quienes emigren por razones distintas a la demanda de tierra. En ese caso, cuando quienes la exploten la abandonen, será suficiente con que los predios vuelvan al fondo agrario, para el que todo se reduciría a distribuirlos de nuevo. Pero si el fondo agrario no fuera suficiente para satisfacer la demanda de tierras, el excedente de población tendrá que emigrar. Primero, emigrarán quienes lo deseen, luego los indeseables y, si no es suficiente, se hará un sorteo entre toda la población expuesta al riesgo de ser excedentaria para elegir a quienes deben ausentarse.

     Que sobraran tierras nunca sería un problema grave, aunque su inactividad repercutiera en el tamaño del producto, la preocupación más perentoria. El verdadero problema aparecería cuando el tamaño de la población posible, calculada en función de la tierra a la que acceder, diera origen al saldo excedente de población campesina. Gracias a las otras decisiones, el mecanismo clásico de la presión sobre la tierra ya no tendría que enfrentarse al cortocircuito de la propiedad, que dosifica la oferta de suelo en beneficio de la caída del precio del trabajo. Pero ni con esta ventaja el freno positivo maltusiano habría desaparecido. La emigración sería inevitable y permanente. Si la solución en cada momento y cada lugar tenía que ser la descompresión por la vía de salida, sería solo cuestión de tiempo o de espacio que el problema se reprodujera indefinidamente.

     Las instrucciones sobre la tierra de noviembre de 1917, cuando aceptan que la amenaza al equilibrio de la población es permanente, deja el problema del excedente sin resolver. No solo porque lo decante a la población marginal, algo tan comprometido que ya los antiguos necesitaron imaginarlo sirviéndose de mitos, sino porque el desarraigo se opone por naturaleza a la condición campesina. Por definición, no hay campesino sin tierra, y todos los trabajadores del campo, en alguna medida, esporádicamente, de manera continuada, porque las circunstancias les favorezcan o porque la servidumbre los condene, en alguna medida son campesinos. Esa es la raíz del comportamiento más conservador de cualquier población, y por extensión tal vez de todas las poblaciones radicadas, que por estarlo se resisten al movimiento, que es el cambio.

     Debió ser Heráclito quien primero le dio forma legal a tan angustiosa amenaza sobre el comportamiento humano, o al menos a él la fragmentaria tradición presocrática le adjudica la premisa que la reveló en palabras, según la cual todo fluye. Pero es más conocido el enunciado de los empiristas, el eppur si muove de G. Galilei.

 


El papel de su vida

Bartolomé Desmoulins

Desde su nacimiento tenía madera. Lo supo porque pronto se manifestaron en ella esa clase de inclinaciones que llamamos intelectuales. Antes de cumplir los quince años ya disponía de una interesante colección de poemas, quizás no del todo originales pero sin ninguna duda propios. Ocasionalmente los enseñaba a su profesor de literatura, quien los leía con mucha atención. Fue él quien por primera vez le dijo que estaba dotada de una sensibilidad muy particular, una afirmación que ella convirtió en el descubrimiento de una verdad y en una sólida base sobre la que levantar su vida. La animaba a que continuara por aquel camino.

     Pero fue en plena juventud, ya afincada en la ciudad, cuando descubrió el teatro. No el género, claro, que bien que lo había estudiado durante sus años de bachillerato, sino la magia de la representación. En la universidad supo de la existencia de varios grupos de aficionados que llevaban la entrega a aquella actividad hasta la militancia ferviente. Ingresó en uno, que pronto consideró algo inmaduro, y al poco en otro, que todos reconocían como el más cualificado.

     Estaba más allá de la dedicación profesional. Los que se empleaban en el teatro como profesión lo hacían llevados por el deseo de enriquecerse. Aquel grupo, que actuaba al aire libre, con el propósito declarado de acabar con todos los convencionalismos, solo trabajaba con el objeto de alcanzar la metamorfosis, la de sus miembros pero también la de los espectadores que estuvieran dispuestos a abrir los ojos a la realidad.

     No dejó de atender sin embargo su vertiente más creativa, y todavía, recién terminados sus estudios superiores, redactaba con regularidad textos muy personales, a solas, con frecuencia a altas horas de la madrugada, a veces incluso gracias a la más absoluta vigilia; la misma que le permitía percibir segundo a segundo el inefable tránsito de la absoluta penumbra a la plena luz del día. Ya no eran los inocentes versos demasiados sonoros de diez años atrás, las ingenuas vueltas a temas que nada tenían que ver con su propia vida. Ahora eran cosas que sentía en sus entrañas, como una hoguera, como un volcán que le estallara en el centro del cuerpo. Le salían con cierto desorden, es verdad, pero en una suerte de prosa poética que le parecía insuperable porque manaba de la más absoluta sinceridad.

     Fue entonces cuando decidió unir su vida a la de aquel hombre, tan varonil, tan meridional, tan apasionado. Cierto que tenía un pequeño defecto. Inevitablemente, fuese en una reunión restringida o en otra más amplia, tartamudeaba. Pero aquello le confería un encanto añadido, al que en su opinión ninguna mujer que de verdad lo sea puede dejar de concederle toda su atención. Aquello lo revelaba vulnerable y por tanto doblemente amable. Su segunda gran virtud era su amor a la poesía. Por aquellos días pocos habían penetrado la poesía de Góngora con tanto acierto como él.

     Detestaba por entonces las instituciones y la suya fue una unión de hecho. Pero poco después le surgió la oportunidad de vivir en una bonita casa entre pinos. Había que reconocer que el mundo no es perfecto y que todo al final puede ser reducido a un bien al que para acceder a él es necesario el dinero. Disponer de este exigía ciertas formalidad, y entre ellas la suma de los respectivos patrimonios, lo que solo podría tener el necesario aval público si estaba autorizado por la unión conyugal. Realmente no era nada por lo que ellos pudieran ser acusados. El mundo ya estaba mal inventado antes de que nacieran, y si cedían a formalizar su relación era por acceder a un bien que trascendía todos los prejuicios, que solo ellos sabían apreciar por su justo valor, porque en el fondo era un bien que pertenecía al orden de los bienes espirituales. La capacidad creativa de la que eran dueños, dueños exclusivos, dispondría del mejor medio en una casa entre pinos y en ella con seguridad sería multiplicada por muchos.

     Por otra parte, habían conseguido mientras tanto sendos trabajos que les permitían suficientes ingresos, fueran más o menos precarios. Lo más apreciable de aquellas ocupaciones era que les permitían mantenerse fieles a sus sentimientos y formaciones. No todo el mundo podía felicitarse de aquella posición. Para su suerte, estaban dedicados a lo que les gustaba, lo que a ellos les parecía el colmo de la felicidad. Formalizaron pues su unión y se fueron a vivir a la urbanización entre pinos.

     Había sin embargo en aquel hombre una parte excesiva, previsible por algunos actos de sus años anteriores, en su momento tomados por una virtud por quien habían decidido convertirse en la compañera de sus días: su incontinencia. No es que se empleara apasionadamente en su trabajo, que polemizara con sus interlocutores excusando contenerse en los gestos o en las palabras. Nada de eso. Es que propendía a sátiro. Como los antiguos, Carmen, que concentraba todos sus encantos en la parte anterior de su caja torácica, aquella demasía al principio la tomó por un rasgo divino. Pero no tardó en descubrir su vertiente más mortal, la que ponía en relación a su marido con otros seres vivos.

     Cuando la encantadora casa entre pinos le fue pareciendo una cárcel y el trabajo en lo que le gustaba una condena, decidió tomarse un tiempo de reflexión y alejarse cuanto fuera posible. Eligió Argentina como tierra de exilio. Estaba tan distante que casi se podía tomar por las antípodas, y aquel extraordinario país tenía la gran ventaja de que en él lo que ella consideraba sus virtudes, su extraordinaria sensibilidad, contaba con la comprensión más general. Además se podría dedicar al teatro por completo, su verdadera vocación, y aprender mucho más de cuanto hasta entonces sobre esta materia hubiera podido saber.

     Actuó en consecuencia. Durante unos años de feliz excedencia laboral se pudo dedicar por completo al teatro en el paraíso del psicoanálisis, lo que para ella equivalió a un renacimiento, y sumó a sus logros que incluso tuvo la oportunidad de conocer al mismísimo Borges en su casa de Buenos Aires. Fue el colmo de sus aspiraciones. Llegó al convencimiento de que aquello equivalía a una transfiguración, no en el objeto de su devoción, ya ciego y ausente, sino en ella misma, que por reflexión habría adquirido los dones que naturalmente irradia un ser superior.

     Cuando juzgó que ya estaba bastante santificada volvió a España. Otra vez hubo de vérselas con el hemisferio de la vida que había dejado a un lado. Su marido había organizado su vida con al menos otra mujer, mucho más joven que ella, atractiva, bien considerada en los mejores círculos; una mujer con mucho porvenir, probablemente hasta más allá de la vida de su actual cónyuge. A ella solo le quedaban un par de hijos, igualmente marcados por el signo del arte, y una casa entre los pinos. Para ganarse la vida tendría que volver a trabajar. No había cosa que deseara menos, y sin embargo no tenía a su alcance otra posibilidad para salir adelante. De nuevo tendría que dedicarse a lo que en su momento le había parecido inmejorable, porque era trabajar en lo que le gustaba, luego una condena.

     Afortunadamente era mucho lo que había aprendido sobre los medios de expresión de una actriz y sus recursos. Aquellos especiales conocimientos, adquiridos durante sus años de estancia en Argentina, fueron su salvación. De vuelta a su trabajo, dada su edad, pudo parecer la más experta de las personas que se dedicaban a aquella profesión, la más sensible, la que atesoraba mayor capacidad para entender los enigmáticos signos que el comportamiento de los seres con los que en aquella actividad había que tratar ofrecía cifrados. En realidad detestaba aquel mundo, y todo su deleite provenía de la completa eficacia de su mentira, que le valía una relativa comodidad. Así logró sobrevivir algunos años. Pero el agotamiento la iba minando, el deseo de alcanzar el más absoluto de los ocios la extenuaba.

     Fue en aquel estado cuando concibió lo que juzgó habría de ser la solución definitiva de su vida. Emplearía sus excelentes dotes de actriz en adelantar el final de su vida laboral. Si lo conseguía, dispondría de todo el tiempo del mundo y de los ingresos suficientes para mantener una existencia algo más que digna sin necesidad de trabajar. Le sobraban recursos para conseguir sin grandes problemas tan excelente estado.

     Fue desplegando su plan por fases. Cierto día comunicó a su jefe que padecía fuentes ataques de melancolía. En aquella circunstancia iba caracterizada de manera conveniente. Sus pelos, ya muy maltratados por tintes y manipulaciones, no solo parecían ajados, sino con el característico desorden con el que son representados los que sufren enajenación. Bajo sus ojos dos sombras descendían hasta los pómulos. Sus manos temblaban mientras constantemente sostenían un cigarrillo que nunca consumía por completo. Caía hecho cenizas en su manga si permanecía inmóvil o sobre su pecho cuando se lo acercaba a la boca.

     Por este procedimiento pudo tomarse varias semanas de receso. A la vuelta su aspecto era aún más desastroso, y todavía en dos o tres ocasiones más repitió la experiencia, hasta presentarse en un estado lamentable. Consiguió de este modo que finalmente la propusieran para que un tribunal examinara su estado y decidiera sobre si era conveniente que dejara del todo su trabajo, a causa de tan imparable y dolorosa decadencia.

     Pocas actuaciones habrán sido preparadas con tanta frialdad, con un estudio tan preciso de cada escena, de los papeles que se podían prever y de la reacción de actores y público. Cuando llegó el día de la comparecencia todo ocurrió según había previsto, y bien pueden imaginar el interrogatorio, los diálogos y las reacciones de nuestra primera actriz. Al salir hizo el balance de la función. Según sus cálculos, todo había salido tal como se podía esperar.

     Había señalados quince días como máximo para que el tribunal emitiera su veredicto definitivo. Mientras tanto ella debía permanecer en casa, a decir del médico que la había examinado, preocupada solo por su salud. En ese estado se encontraba cuando recibió un correo inesperado. En un apartado postal había sido depositado a su nombre un paquete.

     A la mañana siguiente fue a recogerlo. Se trataba de una grabación. Rápidamente volvió a casa. Al verla quedó sobrecogida. A tan gran actriz había correspondido un gran director. Durante su comparecencia ante el tribunal sus actitudes, sus explicaciones, sus más leves gestos habían sido registrados en tanta cantidad y con tal detalle que la secuencia de aquella que finalmente se había compuesto no dejaba lugar a dudas sobre su intención real.

     La decisión negativa del tribunal llegó a su casa dos días después, el siguiente al del suicidio.