El rastro de la sangre

Carmelo Terrera, becario

El fundador de cada institución inmovilizadora creaba un régimen específico para su herencia, un asunto para el que se mostraba extraordinariamente previsor. Estaba justificada su actitud. Porque el deseo, o pasión derivada del uso discreto del sexo propio, estaba en el origen de tan torpes decisiones, habiendo dado por supuesto que los beneficiarios directos de la institución debían ser los miembros de la familia legal, se creía en el deber de garantizarle la conservación del dominio sobre el ahorro protegido, para el que ambicionaba desde el principio una existencia indefinida. La sorprendente minuciosidad de sus decisiones en parte se puede adjudicar a que cada uno actuaba a partir de la realidad biológica que tenía ante ellos. Descendientes y ascendientes eran unos determinados, y ellos, en cada caso, porque estaban vivos naturalmente le imponían unos límites. Llamados a disfrutar la fundación con sus bienes y sus rentas desde un linaje, manando en exclusiva de la voluntad del fundador, admitida no obstante como fundamento legítimo, aunque pueda parecer abusivo y escasamente civilizado, el resultado más trascendente, para el punto de vista que se adopta en este texto, era que con tales decisiones quedaba cerrada una tupida red para la circulación de la parte consolidada del ahorro, para este efecto inmovilizada.

Los fundadores se mostraban especialmente preocupados por la designación del primer heredero. Se imponía la línea recta de descenso cuando quienes tenían la iniciativa habían tenido la fortuna de que sobreviviera. Bajo las condiciones biológicas regulares, eran los hijos del primer beneficiario, y los hijos de sus hijos, y así sucesivamente, quienes debían conservar y transmitir la obra que recibirían. Así los vínculos, para los que lo normal era que uno de los hijos fuera el seleccionado y a él quedara sujeto automáticamente. Solía ser hombre, pero también podía ser una mujer la elegida en primer lugar. En la memoria que se embridaba con un vínculo también el envío directo a la siguiente generación solía ser inmediato. Aunque excepcionalmente había quien se investía primer capellán a sí mismo, en una tercera parte de los casos los elegidos para primeros capellanes, cuando se trataba de las capellanías más autónomas, también eran hijos de los fundadores.

Para inducir cuanto les fuera posible la transferencia en la dirección decidida, los fundadores añadían una serie de condiciones a la descripción de la línea elegida. Las comunes eran la preferencia del mayor, en caso de que hubiera más de un hijo aspirante, y del varón a la hembra. Como a los agraciados sucederían sus hijos, y a estos los suyos, y así en lo sucesivo, para cada transmisión igualmente sería preferible, a idéntico grado, el mayor al menor y el varón a la hembra, y en algún caso se añadía otra condición, que antecediera el legítimo al ilegítimo. Tales designaciones a los fundadores les parecían suficientes para aislar al agraciado.

Había instituciones que por su naturaleza no podían atenerse al rigor de las líneas directas, como los patronatos creados para conceder dotes a parientas, que tenían que prever el orden sucesorio para su disfrute sometiéndose al objeto de la fundación. En su lugar dictaban otras condiciones, no menos biológicas pero más abiertas. Fueran las parientas del promotor a contraer matrimonio o a profesar como religiosas, habiendo demostrado determinado grado o pertenencia a una línea más o menos próxima al fundador, las agraciadas por la elección debían cumplir con la condición de ser solteras y comprometerse a tomar estado. Más aún. Si, cumplidos los veinticinco años, estuvieran enfermas o lisiadas, o no se hubieran decidido por la dirección del cambio que podía reorientar cada vida, les asistía el derecho a disfrutar de la dote. Entre el momento de una fundación de esta clase y 1598 cuatro mujeres, en documentos distintos, afirmaron haber recibido para casarse una dote de un patronato, previa demostración de su parentesco. Más allá de las condiciones generales, sería preferida, en igual grado, la que fuera elegida por los patronos.

Pero para salir al paso de las adversidades que de partida pudieran atravesarse contra las primeras previsiones, al crear cada instituto los fundadores a continuación se demoraban en el relato de una larga serie de líneas alternativas a la directa, realmente existentes en el momento inicial, por orden de prelación. Al faltar la descendencia directa, primero las opciones se abrían moderadamente hacia las líneas colaterales preferentes de los parientes en segundo grado. Así, el hombre que había recibido de su padre unas tierras con la condición de que no fueran divididas, y que con su parte decidiera fundar un vínculo, como compartiría con su hermano el patrimonio lo llamaría a la primera sucesión en el instituto que había creado. También hubo casos en los que hermanos del fundador fueron designados primeros capellanes.

El recurso que agotaba las previsiones ante estas primeras adversidades habitualmente era la línea colateral preferente de los parientes en tercer grado. Para que en su caso disfrutaran vínculos fueron elegidos sobrinos. Así, por ejemplo, eran llamados a la sucesión de un vínculo, tras la línea directa, un sobrino del fundador, la hermana de este, otra hermana, otro sobrino, el hijo de otro sobrino, este sobrino, otro sobrino más, los hijos de otra sobrina y los hijos de una sobrina más, todos de la rama materna del fundador; tras los cuales, si aun así llegara el caso que las nueve posibilidades se agotaran, todavía sería posible, según dejaba mandado el promotor, recurrir a la rama paterna. Pero, sobre todo, en una tercera parte de las fundaciones de capellanías autónomas los designados para primer capellán finalmente fueron parientes de esta clase. Sobre ellos recaía la elección, como algunos casos permiten deducir, cuando la aspiración a la supervivencia de los hijos propios no había sido satisfecha por el destino.

Excepcionalmente, había entusiastas cuyas previsiones pretendían aspirar a metas más alejadas, pero igualmente delimitadas por el canon de la familia y atenidas a las condiciones biológicas. Querían actuar como promotores de la regeneración de una familia en trance de extinción, aportando una parte de su patrimonio al origen de un nuevo linaje. Una viuda, porque no tenía hijos, designaría como primera titular de un vínculo a una sobrina, con la condición de que no entrara en la posesión de los bienes mientras no se casara. Tampoco en esta situación límite los fundadores podían sustraerse por completo a la fuerza de la sangre, que nunca dejaba de presionar, en ocasiones hasta llevar al límite de la supervivencia la capacidad de resistir que tuvieran las membranas familiares.

Pero todavía, para el caso de que todas las posibilidades precedentes quedaran bloqueadas por la evolución biológica, se elegían otras salidas, aún dentro de la familia. Así persistía el rastro de la sangre, la línea por la que se orienta la voracidad de las fieras.

La identificación precisa de las líneas sustitutivas podía ser tan especiosa como la pasión calculadora obsesionara al fundador, hasta agotar la paciencia de cualquier lector, presente o futuro. Las relaciones más dilatadas correspondían naturalmente con las familias que mantuvieran mayor número de miembros vivos, de cualesquiera líneas o grados, en el momento de redactar el documento del origen. Tendrían que hacer el trabajo de reemplazar las líneas agotadas y poner a salvo el objeto primordial del instituto, mantenerse inalterado generación tras generación. Pero ninguna podía llegar más allá, tampoco en este caso, de la realidad viva de los parientes, y ninguna de ellas tuvo nunca más relevancia que la circunstancial.

Hay que reconocer, no obstante, que aunque en los textos las previsiones para la transmisión del papel protagonista eran similares a las descritas, ahora el enunciado de las sucesivas líneas solía ser más breve. Alcanzaban como máximo hasta la cuarta línea, incluso si se acepta que fueran señalados como sucesores, en última posición, los descendientes de una mujer que la fundadora hubiera criado en su casa, lo que equivaldría a recurrir a la adopción de hecho, o admitiendo el parentesco de un hombre designado cuya relación con una fundadora no consta.

Podía ser útil a un caso decidirse a favor de la línea colateral ordinaria, y designar para primeros titulares a primos. Para que disfrutaran de vínculos fueron designados los hijos de un pariente, y para que cumplieran por primera vez con las obligaciones de las capellanías fueron seleccionados consanguíneos con los que se tenía una relación indefinida. Habiendo sido el promotor un matrimonio, prescribió que serían preferibles para ser el origen personal de una obra, si fallaran todas las previsiones específicas, los descendientes del fundador a los de la fundadora. Pero igualmente pudo servir la línea de mujer, aunque es cierto que se trataba de una solución excepcional, puesto que por consanguinidad podían actuar como titulares y nexos de los derechos de una fundación de esta clase.

Llegados a esta situación extrema, estaba más justificado que se deseara contribuir a la creación de una familia nueva al fundar los institutos inmovilizadores. Hubo una mujer, acomodada en el estado de viuda, que pudo excluir expresamente a los presbíteros de la sucesión primera de una memoria con vínculo, incluso tratándose de una fundación piadosa cuya función inmediata era litúrgica católica; porque quiso que quienes disfrutaran su creación fueran aptos para casarse, lo que en rigor, tratándose de la formalidad de una escritura, obliga a pensar en condiciones legales, antes que en atributos físicos, de mucha menor relevancia para el buen fin tanto de las capellanías como de los matrimonios. Si el designado por ella en primer lugar se ordenara sacerdote tendría que ser sustituido por su hermano, tal como ocurría con la primitiva institución del levirato, porque al mismo tiempo se trataría de transmitir al margen del clero, relegado en estas circunstancias, previo contrato, a su exclusiva dedicación a los misterios.

Pudo ser un criterio para elegir a quien empezara a disfrutar capellanías algo tan genérico como la varonía de los parientes, y se puede demostrar además que eran primeros capellanes presbíteros, fueran de la familia o no, simplemente porque esta condición los facultaba para servir el instituto y al mismo tiempo se habían cerrado otras vías. Un matrimonio dejó constancia de que con este fin se había decidido por el cura de una parroquia porque sus cinco hijos murieron pequeños. Si el más aciago de los azares llegara a permitir que se extinguieran todas las líneas previstas, podría aspirar a la sucesión quien demostrara ser el pariente más cercano al fundador.

Pero todavía los redactores de los planes, porque aspiraban a prever más allá del horizonte, se esforzaban por generalizar todo lo posible. Como en el caso de las líneas preferentes, para inducir por último cuanto fuera posible la transferencia familiar, una vez más los fundadores prescribían una serie de condiciones a la descripción de las líneas elegidas. Todas eran también inequívocamente biológicas o servidas por la naturaleza; animales se podría decir, si se permite el abuso del lenguaje en el que ya se ha incurrido, únicamente justificado por nuestro deseo de evocar. A cada una de las vías alternativas de sucesión también se aplicarían la preferencia del mayor, en caso de que hubiera más de un hermano aspirante, y del varón a la hembra, idénticas condiciones que a la primera, y a los agraciados sucederían sus hijos, y a estos los suyos, y así en lo sucesivo, e igualmente entre ellos sería preferible, a idéntico grado, el mayor al menor y el varón a la hembra, e incluso se precisaba que antecediera el legítimo al ilegítimo. Excepcionalmente, un fundador pudo imponer alguna condición más, como que quien poseyera el vínculo no se casara con persona de mala raza, en alusión a descendientes de etnias, segregadas y aun así endémicas, que pudieran invalidar las decisiones legales.

Para la selección del pariente agraciado, el último recurso de las previsiones sobre las líneas sucesorias a las cuales podía corresponder una capellanía, se arbitraban condiciones que no siempre se combinaban del mismo modo. Para unos, si hubiera dos con idéntico grado, además del mayor al menor y del varón a la hembra, sería preferible el más pobre, y si uno fuera presbítero y otro no, el que estuviera por ordenar. Y los había que combinaban piezas dispares a discreción, como el que más supiera, fuera más pobre y estuviera por ordenar, probablemente convencidos de que una coincidencia automáticamente singular evitaría cualquier controversia sobre el derecho.

Las cláusulas que regulaban el acceso a cada capellanía podían asimismo ser extremadamente previsoras cuando se trataba de asegurar el servicio a la fundación. Desde el momento que recibía el derecho, el titular estaba obligado a mantener en buen estado el cáliz, los ornamentos y los demás enseres de la capilla, pero también se extendían en condiciones para la preservación del buen nombre de la familia, resultado inmediato de otra variante biológica, el yugo que el celibato cargaba sobre los capellanes presbíteros. Si un capellán era notado de concubinato o cualquier pecado detestable, circunloquio de los documentos que apenas alcanza a ocultar la sodomía, se le requería por dos veces ante notario en nombre de los patronos. Si no renunciaba a sus costumbres, era separado de la capellanía, a continuación transferida a quien fuera idóneo. Sobre cuáles fueran las condiciones de idoneidad, tratándose del uso del miembro denotativo del cuerpo masculino, los autores de los documentos de fundación prefirieron guardar silencio.

El llamamiento a los sucesivos beneficiarios de los patronatos fundados para conceder dotes, cuando se referían a las últimas beneficiarias posibles, admitía que podía ser una mujer que no fuera deuda del fundador y, extinguido este linaje, una doncella nacida en determinada parroquia.

Como se daba por supuesto que los beneficiarios directos de la institución serían consanguíneos, parece que además era obligado combatir la desviación legal cuando este principio fuera defraudado. Un matrimonio que hubiera fundado un vínculo podía designar sus herederos a un hombre y sus hijos, quienes, sin serlo, debían decir que eran sus deudos. Luego pudieron ser excluidos porque no tenían con ellos parentesco alguno, y así habría que hacerlo constar en el documento de origen. La expresión que eligen las fuentes para relatar este tipo de casos no resuelve definitivamente si el fraude de ley provenía del abuso del instituto o de la mentira.

* * *

De manera similar se actuaba con el patronazgo de los patronatos, mecanismo anexo para la supervisión externa de buena parte de las fundaciones inmovilizadoras, responsable de la gestión de los bienes garantes del ahorro. Era una institución autónoma, pero no menos consanguínea.

Para ser los primeros responsables de cumplir con esta obligación, era raro que fuera designado solo un patrono, porque, como los desequilibrados, podría actuar sin control, y tampoco era frecuente que el patronato quedara constituido con tres personas distintas, aunque esta fórmula facilitara las decisiones que podían quedar protegidas por el misterio. Se prefirió, sobre todo, la clásica dualidad de las magistraturas, apta para una gestión práctica y equilibrada.

Pero las decisiones que se tomaron sobre quienes debían ser los primeros en desempeñar ese papel indican que este cuerpo anexo a las instituciones, cuyas propiedades son ahora el objeto de esta breve recapitulación, también estuvo lejos de ser en su origen un comité independiente. El gobierno de las células primitivas de supervisión de las fundaciones que optaron por este procedimiento de garantía igualmente se solía reservar a una familia. La opción que esta prefería para designar a los primeros patronos, con mucha diferencia –casi dos de cada tres casos– fue la autocrática, aunque los coaligados sobre esta base formaban grupos de gestión de tamaños irregulares. El gobierno de los propios fundadores en solitario fue la primera opción. Puesto a elegir un supervisor, al promotor nadie le parecería tan de fiar como él mismo. Su responsabilidad directa sobre el origen de los ahorros desviados al buen recaudo, el fruto más preciado de sus esfuerzos, lo justificaría. En el acto original de las capellanías, la obra que con más frecuencia se completaba con la designación de esta clase de supervisores, los promotores mismos se autonombraban como primeros patronos exclusivos en buen número de casos. Así como era raro que alguien se designara a sí mismo capellán, porque podía obligarlo a decisiones vitales no del todo deseadas, no lo era que se designara patrono de la capellanía que fundara.

Los promotores de las capellanías, para constituir los primeros patronatos que las gobernarían, también formaron colegios con sus descendientes. Muchos forzaron la colaboración de sus hijos, de modo que la familia nuclear por línea de varón fue bastante para crear este primer gobierno de la institución por la que se habían decidido. En otros casos, con toda probabilidad a consecuencia de la falta de la otra vía directa, la solución autocrática se encontró uniéndose los promotores a los ascendientes. Así, en unos se pudieron constituir como patronos los fundadores que podían contar con la colaboración de su madre. Con menos frecuencia, esta línea solucionó por completo la necesidad, por lo que los únicos patronos fueron los padres, aún supervivientes. De todas estas decisiones, que a un tiempo satisfacían los acuerdos y la capacidad para tomarlos, podría decirse que pretendían, sin mencionarlo, asemejarse al patronato de legos.

Otra posibilidad que las familias explotaron, cuando desearon reservarse algún control sobre la administración de la capellanía gobernada por un patronato, fue nombrar como primer patrono al que ya había sido designado el primero de los capellanes. Simplificaba el orden de la obra, a la vez que eludía cualquier medio de control externo, así de la gestión y uso de los bienes como de la satisfacción del cargo.

Las demás decisiones para satisfacer el mismo fin, al menos formalmente, prefirieron situarse en una posición opuesta, y tomaron la mayor distancia de la familia para aparentar la mayor independencia. Cualquiera de los patronatos de legos en sentido propio, en la designación de los primeros supervisores o patronos, era tan exigente al menos como en la convocatoria de los acreedores al instituto que regían. Optaban por conceder el primer poder a cargos institucionales.

En cuanto a los patronatos que no es seguro que fueran instituidos con la condición expresa de mantenerse bajo el control de la familia promotora, de la administración de uno de los creados en 1572, que probablemente llegó a convertirse en uno de los que tuvo más medios, desde el principio fue responsable la fábrica de una parroquia. El otro creado por el mismo presbítero también en 1572 asimismo estaba muy intervenido por las instituciones eclesiásticas ordinarias.

Para adquirir la condición de patrono, ya para la segunda generación, los fundadores que se decidían por este procedimiento de supervisión preferían la vía a un tiempo civil y familiar. En el siglo décimo séptimo, una mujer hizo valer su aspiración al control de un patronato creado en el siglo anterior porque era bisnieta de alguien que había sido patrono y tercera nieta de un hermano del padre del fundador. En la designación de los sucesivos patronos de las capellanías se actuaba igual que para la designación del capellán. Habiendo elegido al primero, los fundadores aún debían describir la correspondiente secuencia de líneas y generaciones, inducida como siempre por reglas que se proponían la conservación del instituto bajo el dominio familiar. También en este caso las secuencias se acortaban. Cuando se había decidido reservar a la familia el patronato de las capellanías, el último eslabón era asimismo el pariente más cercano. La responsabilidad financiera adquirida a causa de una designación podía ser el origen de cláusulas en modo alguno irrelevantes para el objetivo que nos hemos propuesto. En un caso se prescribió que cualquier patrono, si deseaba tener la responsabilidad que sobre él había recaído, debía dar fianza de dos mil ducados, a satisfacción de la justicia.

* * *

El deseo de sujeción de las instituciones inmovilizadoras a las familias estaba subordinado a la verificación de las existencias. Así como los actos vitales básicos decidían sobre la oportunidad de los medios institucionales adecuados para proteger el ahorro, la satisfacción de los proyectos concebidos para las fundaciones al servicio de este deseo dependía de cómo respondiera la salud de sus miembros. Una falta de cálculo sobre las leyes de la supervivencia podía tener la fatal consecuencia de que el instituto escapara al control inmediatamente deseado, una vez desaparecida la generación generatriz.

Pero la rigidez legal, que hacía inamovibles las últimas voluntades, obligaba a aspirar a lo imposible. En un instante supremo, el del principio de cada instituto, había que hacer íntegro un cálculo para todo el futuro por imposición del testamento, que la muerte sacralizaba intangible. Habiendo optado por determinado grupo humano, se trataba de prever su evolución; en la medida que el conocimiento del futuro lo permitiera, un asunto para el que la entidad que se deposita en la conciencia bajo la denominación de porvenir suele mostrarse celosamente hermética, absurdamente imprevisible.

No obstante, porque el propósito de los fundadores de estas instituciones fue en todos los casos que resistieran el paso del tiempo, en su afán por ser eternos todavía se esforzaron en dictar reglas sucesorias para la posibilidad más remota, el mundo desconocido y ni siquiera previsible, que ni aun así se negaron y al que sin embargo creían alcanzar con su imaginación. Aceptaron el reto concibiendo soluciones que deseaban resolver en términos universales y definitivos cualquier contingencia. Lo más sorprendente es que para la supervivencia de sus obras tales previsiones sobre quiénes tendrían que ser los herederos desconocidos efectivamente resultaron las verdaderamente decisivas.

Aunque las últimas previsiones sucesorias aspiraran a cortar el paso a las adversidades naturales, no había muchas más posibilidades que proceder de la manera más genérica. Si desaparecieran todas las líneas y personas proyectadas sobre el futuro, invariablemente las fundaciones tendrían que ir a parar en otra institución que designaban precisamente, bajo la convicción de que las instituciones, cuyas existencias se pronosticaban indefinidas, eran más duraderas que los hombres. La institución final, paradójicamente la más concreta de todos los llamados existentes, era la única que tenía alguna posibilidad de mantenerse indefinidamente en el tiempo, como pretendía el fundador. El transcurso de los años actuaba a favor de ellas. El llamamiento último a la sucesión redundó en su beneficio.

Si los vínculos, por ejemplo, habían sido fundados con preferencia en la segunda mitad del siglo décimo sexto, a la vuelta de doscientos años el número de los que tuvieron que parar en estas instituciones necesariamente habría aumentado en razón directa a los riesgos de muerte, dado que la revolución que acabaría con ellas aún no había sucedido. Cierto que el vínculo era una obra estrictamente civil, para cuya perpetuación en absoluto no era necesario el concurso del derecho canónico. Sin embargo, ya el azar de las sucesiones podía llevar a manos de un clérigo de cualquier clase los derechos correspondientes, razón de más para que no solo las combinaciones imprevisibles llevaran a aquella salida. Era regular que los fundadores de esta clase de institutos indicaran expresamente como sucesores extremos y todavía veraces las fábricas de las parroquias donde vivieran. Con la decisión a favor de esta institución eclesiástica podía resultar defraudado el propósito inmediato del creador del vínculo, mantener indefinidamente bajo el dominio de una familia un lote de bienes. El otro, que su ahorro permaneciera inalterado, no, aunque su beneficiario terminara siendo una institución de la clase de las eclesiásticas, que podía pugnar por un poder que una familia había deseado reservarse.

Un convento femenino y, con insistencia, también las fábricas de las parroquias donde los fundadores elegían enterrarse fueron designados para que se hicieran cargo de memorias con vínculo cuando faltaran todos los descendientes familiares. Si llegara el caso que una de las parroquias se alzara con el patrimonio inmovilizado, al que estaba anexa su carga litúrgica, esta, por voluntad de un promotor, había de modificarse. Frente a la misa anual del principio, cuando la fábrica fuera la responsable de todo, si su deseo era mantenerla en su poder, tendría que satisfacer cada mes diez misas rezadas por el alma de aquel varón, presbítero durante su vida activa.

También a una parte de los promotores de capellanías, aun habiendo previsto con detalle las posibilidades sucesorias, los tranquilizaba añadir el perfil del candidato institucional extremo, en cuyas características comunes igualmente solían coincidir; una consecuencia previsible de las culturas, fenómeno estable habilitado por la circulación de la parte gregaria del pensamiento, en ocasiones tan degenerado que alcanzaba hasta el grado de la estupidez, forma de enajenación que ignora la capacidad individual para concebir ideas, sea de acuerdo con intereses, con deseos, con atracciones espontáneas, con cálculos indefendibles, con aspiraciones a las peores pasiones. Si faltara toda clase de parientes, el capellán habría de elegirse entre un clérigo de la población de buenas vida y costumbres, el más pobre bien de la parroquia bien de toda la vecindad. Otros preferían al cura más antiguo de la misma demarcación eclesiástica, cálculo que se beneficiaba de las escasas posibilidades de la longevidad. El más independiente de nuestros fundadores optó por el sacerdote más docto y más virtuoso que se encontrara entre todo el vecindario, para cuya verificación los aspirantes debían ser examinados por la autoridad episcopal, lo que le proporcionaba una excelente oportunidad para su intromisión en estos institutos. No está claro que se tratara de un sarcasmo que se hubiera de llevar a un callejón sin salida la pretendida solución final. Quien actuó de este modo todavía añadió una excepción igualmente manchada de sangre. Si, una vez atribuida la capellanía al clérigo que cumpliera con tan excelentes condiciones, apareciera algún pariente, la adjudicación debía respetársele al hombre singular hasta que muriera, momento a partir del cual el curso de las sucesiones debía retornar a su origen familiar. Pero cualquiera de las soluciones beneficiaba a la jurisdicción eclesiástica ordinaria, que por último se alzaría con el ahorro familiar.

Los fundadores de patronatos, como último recurso, apelaban al regidor más antiguo del municipio, y expresamente eran excluidos los eclesiásticos, a excepción de los iniciales. Pero los dos patronatos de legos que primero designaron como patronos cargos institucionales señalaron un clérigo: un presbítero, cura de una parroquia, y el guardián de un convento franciscano. El patronato que no se declaró de legos directamente se puso bajo la administración de una fábrica parroquial.

Para evitar una agotadora periestasis, muchas capellanías –unas dos terceras partes– desde el principio optaban por designar patronos institucionales, de modo que para estas ya era innecesario hacer más previsiones sucesorias. Pero para las que hubieran optado por otra clase de responsable también el último eslabón solía ser un cargo institucional, con lo que se concluía en la fórmula más utilizada. Solo en un caso se evitó terminar en este principio. De todos los cargos institucionales, el designado como más frecuencia, para que estuviera presente en cualquiera de las combinaciones para formar el patronato de las capellanías, fue el mayordomo de la fábrica de la parroquia elegida como sede. Casi un tercio de las nominaciones se hicieron en su favor. Una posición relativa muy próxima correspondía al prior de un convento masculino y, a continuación, al guardián de otro. Las demás designaciones institucionales eran poco frecuentes. Las había que se decantaban por las combinaciones eclesiásticas puras, incluyendo cargos como un cura de la parroquia, el vicario, que era la autoridad eclesiástica de la comarca episcopal, y el abad, cabeza de la corporación exclusiva de los beneficiados parroquiales. En ocasiones otros prefirieron contar para el restringido colegio con alguna autoridad civil, como un alcalde ordinario o, en 1529, cuando la institución aún conservaba algo de su fuerza, el jurado más antiguo de la población.

También cuando el patronato de las capellanías era familiar los elegidos para el último eslabón de la cadena sucesoria solían ser los que ya conocemos, incluso con una frecuencia similar: el mayordomo de la fábrica donde se fundaba, el prior de un convento masculino, un cura de la parroquia o uno de sus beneficiados, con preferencia el más antiguo. La única novedad era que en ocasiones aparecía, en aquella posición definitiva, otra institución, una hermandad o cofradía. Eran designados expresamente como últimos patronos posibles el prioste de una bajo la advocación de la Santa Veracruz, en un caso, y el prioste y alcaldes de la cofradía de Santa Bárbara, una asociación sacerdotal, en otro.

En resumen, las instituciones civiles eran elegidas con poca frecuencia. Solo son mencionados un alcalde ordinario, el regidor decano del municipio o el jurado más antiguo de la población. La partida la tenían ganada las eclesiásticas, tal vez porque sus fundadores legales se habían encargado de darles apariencia de eternidad. Entre las del clero regular, prior y guardián de los conventos de las órdenes mendicantes, porque eran responsables de sus respectivos cenobios, fueron designados en bastantes ocasiones, y un convento femenino. Un par de veces, haciendo responsables expresamente a sus respectivos priostes y alcaldes, fueron elegidas hermandades o cofradías. Los cargos propios del clero regular fueron designados en más ocasiones, sobre todo presbíteros que ejercieran como curas de una parroquia. Expresamente fueron llamados clérigos de la población que cumplían determinadas condiciones o el cura más antiguo de la misma demarcación eclesiástica. También fueron designados beneficiados, el vicario y el abad del colegio beneficial de toda la población; lo que no fue incompatible con que a veces expresamente fueran excluidos los eclesiásticos. Pero sobre todo fueron depositarias últimas de las instituciones inmovilizadoras las fábricas parroquiales, bien de la parroquia donde viviera el fundador bien de la que hubiera elegido para enterrarse. En un buen número de casos, se hacía responsable explícito de la obligación al mayordomo de la fábrica.

Por deseo de los promotores, la dependencia del tamaño de la familia viva en el momento de la institución, incluso extendiendo los grados de parentesco, era enorme y por tanto muy arriesgada. Porque el orden creado por los fundadores, aunque pretendiera atravesar el tiempo, era naturalmente plano, no podía desprenderse de su condición de presente. Era fácil que todas las previsiones fueran inútiles, que todas las líneas anticipadas quedaran interrumpidas.

Una familia de pocos hermanos y escasos descendientes tenía muy limitadas las posibilidades de mantener bajo su control los bienes inmovilizados a la vuelta de pocas generaciones. El riesgo de extinción de cualquier descendencia era muy alto, a consecuencia de los obstáculos que interponía la alta mortalidad que regía el crecimiento de estas poblaciones. La muerte regularmente se cobraba la vida de uno de cada cuatro nacidos antes de que hubiera cumplido un año, de otro antes de los cinco. En consecuencia, la mitad de las familias que hubieran optado por la línea descendente, con el objetivo de inmovilizar bajo su dominio sus ahorros, quedaba expuesta al riesgo de ver defraudados sus propósitos por causas naturales insuperables. Bastaba con que un matrimonio que hubiera recibido el patrimonio inmovilizado no consiguiera que le sobrevivieran hijos para que tales bienes corrieran el riesgo de caer en un limbo. Dado que a todos alcanzaban las cortas posibilidades de supervivencia, la perspectiva de falta de herederos por extinción de la familia podía verificarse mucho más por la línea de los ascendientes, llamados a la sucesión en el disfrute de los bienes cuando faltaban los hijos.

No es necesario demorarse en demasiados cálculos para admitir que las instituciones eclesiásticas, pacientes espectadoras de los cortejos que se dolían por el final de las vidas, oficiantes en las exequias cuando se las solicitaba, contaban con las posibilidades más favorables para acumular el ahorro blindado. En el transcurso de cinco siglos, los que suman los que van del décimo cuarto al décimo octavo, gracias a la solución final preferida, fueron atesorando porciones significativas de los bienes inmovilizados por las familias, aunque estuvieran limitados por las servidumbres impuestas por sus respectivos principios. De este modo fue ampliándose, y haciéndose cada vez más sólido, el fenómeno que ha sido conocido como amortización; algo más que un medio de evasión fiscal, o de sustracción al mercado de bienes inmobiliarios, puntos de vista parciales que prefirió el análisis liberal y del que todavía no se ha desprendido la literatura sobre el tema. Para los fines que se propone este texto es más oportuno reconocer que la designación de ciertas instituciones como últimos titulares posibles, para una parte de las fundaciones familiares, situaba a aquellas en la posición de excelente acumulador de ahorros, crecientes al paso de los siglos.