Las legumbres
Publicado: enero 11, 2016 Archivado en: Dámaso Pérez | Tags: historias Deja un comentarioDámaso Pérez
Los antiguos habían fijado fábulas, destinadas a advertir y enseñar a las generaciones siguientes, que las condenaban taxativamente como una parte de la dieta de los hombres. Un relato recibido a través de Hernán García de Bobadilla aceptaba que una divinidad precolombina, a la que los indígenas hacían responsable de los ciclos agrícolas, permisiva del progreso de sus vidas, debía serlo también de haber revelado a los humanos el que consentía obtener las flatulentas habas. Pero como los ritos que reconocían los poderes de aquel ser extraordinario, a consecuencia de los rigores que sus adeptos se habían impuesto, debían celebrarse en recintos cerrados, casi sin ventanas, sin que circulara aire entre ellos, los iniciados en aquellas creencias herméticas, las que se rendían ante su omnímoda presencia, tenían prohibido comer habas.
–Con el tiempo, aquellos creyentes habían completado su excéntrica disciplina con un conjuro de su vulgar excusa, cuyo objeto era descargar a la diosa de cualquier responsabilidad en un principio que por último había resultado tan inoportuno.
El relato humanista que la había recibido en occidente, no el original, que se había perdido, había ideado un epónimo al que llamó Ciámites, el de las habas, a quien le fue adjudicada la desastrosa decisión de sembrar las primeras, las mismas que después tuvieran tan inesperadas y molestas consecuencias.
Leía aquella clase de relatos consciente de que lo entretenían inútilmente. Le desconcertaba no terminar de encontrarles sentido. Conceder algún crédito a tan simples testimonios, que procedían del mundo de las oscuras supersticiones, que tan faltos estaban de autoridad y tan poco rigurosos eran, absurdamente orientados contra el consumo humano de la saludable legumbre, era insensato, tanto más porque con sus insensateces a sí mismos persistían en descalificarse.
–Otro de los que había encontrado en la misma tesis, dedicada a conocer el origen de ciertos cultivos a un lado y otro del Atlántico, contaba que aquellos cofrades de la comunidad que rendía culto a la mítica Tláloc mantenían que en la tumba de un poderoso Tehuáltepec, que a la fabulosa divinidad cierto día acogió y dio hospedaje, cavada en las inmediaciones de su casa, podía leerse este epitafio: Aquí un día el héroe rey Tehuáltepec recibió a la venerable / Tláloc, cuando le mostró por primera vez el fruto del otoño, / que la raza de los mortales llamó sagrado higo. / Desde entonces la familia de Tehuáltepec comenzó a tener honores eternos.
Era absurdo. Para dar crédito al sentido pretendido para este epígrafe, era necesario admitir que Tehuáltepec tendría que haber conocido a Tláloc adelantada la edad de su declive, puesto que su descubrimiento había conducido a la amarga y desastrosa conclusión de identificar higo con otoño. Por otra parte, no parece que la manifestación pública de cualesquiera higo, cuando la naturaleza que lo ha creado ya ha emprendido la decadencia, sea motivo para elevar a quien lo observara a la condición de héroe, menos aún para que toda la estirpe de sus descendientes sea indefinidamente honrada por esta causa. Sin embargo, a consecuencia de tan lamentable giro de las creencias, entre los precolombinos, según aquellas fuentes, se había naturalizado la idea de que la divina Tláloc fue la primera que a los hombres mostró el higo, así como sus insustituibles aplicaciones.
Cómo aprovechar el tiempo
Publicado: diciembre 28, 2015 Archivado en: J. García-Lería | Tags: crisis, económica Deja un comentarioJ. García-Lería
Se ha explicado con insistencia que el clima, durante la época moderna, se convertía en un factor directo de la producción porque decidía los resultados de la empresa agrícola. Regularía lo que los clásicos llamaban capacidad productiva de la naturaleza o fertilidad. Con la mediación de la labor, la tierra, por efecto de la acción del sol y del aire, se purifica de los malos humores y se fecunda de buenos nitros, y consume las malas hierbas en que pudiera degenerar por falta de sazón o madurez, adoctrinaba uno de ellos. Pero, sobre todo, su responsabilidad se reconocía absoluta cuando su comportamiento resultaba adverso. Todos, sin excepción, lo señalaban como el causante directo de la pérdida de las cosechas de grano cuando estas ocurrían.
Con el deseo de verificar esta causa, se han hecho esfuerzos por aislar los elementos del clima que tenían consecuencias para la economía del cereal de la época moderna. Los de mayor incidencia en el secano, condición técnica a partir de la cual se generaba la masa del producto, según quienes más han adelantado en esta dirección, eran las temperaturas mínimas y medias de la estación fría, la duración de esta, el valor absoluto de las precipitaciones y el relativo de la aridez. Las bajas temperaturas del invierno, un signo invariablemente adverso, serían causa directa de malas cosechas porque helaban los campos de cereales y, cuando eran demasiado frías, destruían los cultivos y provocaban la muerte del ganado joven. Si el rigor del invierno se prolongaba y caía nieve sobre las mieses cuando ya estaban en flor, circunstancia que paralizaba su ciclo biológico, se ponía en riesgo la cosecha. También eran desfavorables las heladas en primavera, así como la precocidad de las temperaturas excesivamente altas. Pero la falta de lluvias era la que tenía efectos más nocivos, especialmente si ocurría en el primer trimestre del año agrícola, el último del año natural. No obstante, asimismo podían ser causa de mala cosecha el exceso de lluvias y las inundaciones que pudieran prolongarlo. Y si el clima conocía al menos una estación árida, la deshidratación endurecía tanto el suelo que había que esperar a que lloviera de nuevo para que fuera posible henderlo con el arado.
Otros han preferido partir de que el clima encontraba a la agricultura indefensa. Trazados los confines del marco productivo por la cantidad de tierra sembrada, cualquier alteración meteorológica la registraba inmediatamente la agricultura del cereal porque sus medios eran tan limitados que apenas podían decidir sobre el rendimiento. Todos los factores de la producción quedaban bajo su influencia directa. Ni el abonado ni los utensilios permitían modificar la productividad efectiva del suelo, si el tiempo no contribuía.
Las posibilidades de conocer el comportamiento del tiempo hace trescientos años son muy limitadas. Para la época moderna no es fácil disponer de datos que permitan describir su evolución durante los meses del ciclo vegetativo de los granos, que abarcaban los comprendidos entre otoño y junio, ni por tanto evaluar su responsabilidad en el progreso de las cosechas, menos aún sin deben ser tan precisos como pretende cualquiera de las propuestas. No parece que pueda haber buenos datos sobre los indicadores directos, o que puedan obtenerse. Los más próximos a mediados del siglo décimo octavo, los primeros de cuya existencia se tiene constancia, parten de series todavía inestables y son ya de fines de aquel siglo.
Es cierto que quien lo desee se puede formar un juicio sobre la responsabilidad que pudo caber al tiempo contando con que los textos invariablemente proporcionan indicios de su comportamiento, en especial cuando amenazaba con volverse en contra. Hay pacientes y extensas recopilaciones que así lo demuestran. Para el ciclo 1749-1750, del que efectivamente sabemos que se saldó con una fuerte caída de la producción en el sudoeste, los datos de esta clase a los que es posible recurrir son abundantes. Se concentran en tres series, una referida al otoño, otra a fines del invierno y la tercera a plena primavera, aunque esporádicamente en cada una de ellas se podría intercalar algún dato suelto más.
El 25 de septiembre de 1749 quedaron registrados las recias aguas que habían llovido y los impetuosos vientos que habían corrido, y el 4 de octubre que habían caído tales precipitaciones sobre la campiña que calculaban quienes las padecieron que permitiría el nacimiento de hierba. El 16 siguiente de nuevo había llovido en tiempo inmediato anterior, hasta el punto que la humedad proporcionada por aquellas aguas era bastante para sembrar pinos a orillas del primer río de la región. Pero el 30 de octubre otros se lamentaban, por primera vez en el transcurso de aquel año agrícola, de la falta de lluvias. Sin embargo, sabemos que entre mediados y fines de diciembre de 1749 de nuevo algo llovió en algunos lugares, aunque menos de lo que entonces se admitía como regular. Las cantidades caídas hasta entonces habrían sido tan exiguas que el 15 de diciembre las simientes del cereal aún no habían nacido.
A primeros de marzo ya era incuestionable la falta de precipitaciones, y a mediados del mismo mes aún no había llovido, por más que no sabemos exactamente desde cuándo. Pero en los días inmediatos algo cambió el tiempo y llovió, así como a fines de mes, aunque justo el último día de marzo en algunos lugares insistían en afirmar que la sementera que se había hecho en la campiña estaba seca. El balance pluviométrico negativo, al menos para la agricultura de los cereales, a fines del invierno era un hecho generalizado.
La siguiente colección de indicios sobre el comportamiento del tiempo, correspondiente al mes de mayo, puede valer para hacerse una idea del tiempo que hizo en primavera, aunque en este caso el único medio que habilitan las fuentes para obtener nociones útiles es nada más que el aspecto que entonces presentaban los cereales. A la ambigüedad a la que lleva una colección de testimonios de quienes mantenían alguna labor, del 23 de mayo, días inmediatos y siguientes, abre una vía algo más precisa el que descubre oscilaciones del tiempo durante las semanas precedentes. Entre fines del invierno y aquellos días, según este, llovió, con lo que en algunos tuvieron esperanza de que al menos se cogería el grano para volver a sembrar, aunque no habría cosecha alguna porque la mayor parte de lo sembrado se había perdido. Las oscilaciones en los pronósticos de aquellos labradores serían consecuencia de los cambiantes signos del tiempo a fines de aquel mes. Por medios distintos a sus testimonios se averigua positivamente que ya entrado mayo repitió la lluvia en abundancia. Con seguridad fue recogida en cantidades significativas en la capital antes del 25, y entonces se tuvieron esperanzas, si no de suficiente cosecha, al menos de asegurar la salubridad de la primavera, cuya sequedad era temible. Y del 8 de junio sabemos, por testimonios de escribanos, que aquel día en algunos lugares las actividades públicas tuvieron que suspenderse a causa de la mucha lluvia que estaba cayendo.
Las observaciones meteorológicas que en los documentos quedaron registradas durante el ciclo 1749-1750 no eran muy distintas a las de ocasiones similares. Otros informes, referidos a plena primera mitad del mismo siglo, explican, por ejemplo, que en el transcurso de un otoño el comportamiento del tiempo empezó a interpretarse como seco, mientras se hacían los trabajos de la siembra, porque las lluvias, a juicio de quien escribía, habían sido escasas. Para otro observador, que la sementera del año no hubiera nacido pasada la primera mitad del mes de enero, también como consecuencia de la falta de lluvias, era anómalo, mientras que un tercero, ya en febrero, enfatizaba el alcance de la sequía subrayando su coincidencia con muchos aires secos del norte y de levante. La secuencia de indicios que a mediados del siglo se coleccionó puede ser aceptada como representativa de las observaciones que se hacían durante los años considerados críticos. Siempre se trataba de afirmaciones más o menos expeditivas, que se concentraban bien en indicios fenológicos directos bien en la descripción de la lluvia, el meteoro al que se le atribuía el papel más directo en el desarrollo de los cultivos.
El balance que permiten no es demasiado alentador. Son noticias discontinuas y de escaso rigor, y por tanto de utilidad muy limitada. Para decidir sobre el papel que al tiempo le corresponde en la activación de la fecundidad de la naturaleza, o en el estímulo de todos los factores de la producción, hasta llevarlos a sus mejores niveles, y sostener con fundamentos sólidos una teoría del papel del tiempo en las crisis, con estos datos no es posible. Subsiste la dificultad de disponer de información regular y directa sobre el comportamiento del clima durante los años centrales del siglo décimo octavo.
Se han ensayado distintos medios de aproximarse, sin la mediación de juicios, a información más rigurosa y contrastada sobre los indicadores meteorológicos. Para el cereal, se ha propuesto utilizar la fecha de los contratos de siega que suscribían los inmigrantes, tal como la proporcionan algunas contabilidades. Cambiaban de un año a otro en función del grado de maduración del fruto. Con relativo éxito, e idéntico sentido, se han utilizado las rogativas a determinadas imágenes en demanda de lluvias, que sin embargo, porque naturalmente eran un fenómeno discontinuo, no permite crear medios estables de observación y análisis. Por el momento, la fecha del comienzo de la vendimia es la que ha mostrado la mayor solidez como indicador de las temperaturas del aire. Si la continuidad de las colecciones documentales permite conocerlas, cuentan en su favor con la insustituible ventaja de la frecuencia. Contada la fecha del comienzo de la vendimia en días a partir del uno de septiembre, muestra un alto grado de relación inversa con los cambios de valor de la temperatura media del periodo de abril a septiembre. Cuantos más días transcurren entre su día uno y el comienzo de la vendimia, tanto menor es el valor de la temperatura media. Aunque significa renunciar a la observación directa, y resignarse a la fenológica, quien las ha patrocinado con el fin que nos proponemos ha obtenido cierto éxito. No es prudente desoír sus sugerencias, más aún cuando de lo contrario, como en tantas ocasiones, si se adopta la actitud opuesta, a lo máximo que se puede aspirar es a la ignorancia.
Para verificar hasta dónde es posible desarrollarlas, primero hay que reconocer su limitado alcance cuando se trata de la agricultura de los cereales, el objeto preferente de nuestro interés. Lamentablemente el ciclo de maduración de la vid solo se superpone en su tramo inicial al último del cereal. La relación de uno con otro no está avalada por los respectivos procesos vegetativos. Pero es posible transferir el sencillo procedimiento a colecciones que registran el cultivo de los cereales si cumplen con idénticas propiedades de rigor y continuidad. La transferencia que ensayamos, que consiente experimentar en esa dirección, se basa en las fechas de las subastas de las rentas diezmales, el primero de los ingresos de los que haya dispuesto la iglesia católica.
En su episcopado suroeste, el llamado remate a la vara era uno de los actos por los que aquellas rentas eran adjudicadas a quienes arrendaban su cobro. Se subastaban por separado los diezmos de los cereales, llamados el pan por los gestores de la región eclesiástica; los del vino que denominaban temprano, que era el producido en buena parte de sus campiñas; los del vino tardío, o vino del resto de los territorios de su valle central; los del vino de la sierra, al norte de la región; y los de todo el aceite.
Los calendarios para que fueran celebrados los remates, en el caso de los diezmos, estaban delimitados por las normas canónicas que regían el recaudación del derecho, si bien la decisión definitiva sobre cuándo habían de celebrarse la tomaba según recomendaban las circunstancias cada año, en la región episcopal, su cabildo catedralicio, que ostentaba todos los poderes en materia diezmal. El sustrato informativo sobre el que se sostenía la decisión está descrito con cierto detalle en los autos capitulares de la corporación, el documento en el que precisamente constan las fechas a las que nos referimos. Su contaduría mayor esperaba a recibir informes de al menos la mayor parte de los administradores de estas rentas, red de su organización cuyos centros eran las cabeceras de las vicarías o comarcas eclesiásticas. Sus responsables solían ser clérigos con cargo pastoral, que al mismo tiempo ostentaban la máxima autoridad canónica en aquella jurisdicción intermedia entre la parroquia y el obispado. Aparte el poder ordinario que de este cargo derivaba, como administrador de rentas diezmales el vicario mantenía contacto permanente con la contaduría por carta, medio a través del cual enviaba todo tipo de informes relacionados con las rentas y por el que recibía de la contaduría toda clase de instrucciones y órdenes. El objeto particular de los avisos de los administradores, en el caso de nuestro interés, era el estado de las cosechas.
Es probable que la contaduría que específicamente se ocupaba de las rentas diezmales quedara al margen de este circuito informativo, porque no consta que elevara informe a la contaduría mayor, la primera de las oficinas de la catedral. Recibidos los avisos de los administradores, esta anotaba en su cuaderno los informes que recogía. En aquel mismo cuaderno hacía constar cuándo en su opinión habían de ser rematadas las rentas de cada año, y era este mismo documento, el cuaderno de la contaduría mayor, el que presentaba al cabildo. En él relataba los informes que había recibido de los administradores. Luego, proponía las fechas que le parecían adecuadas para los respectivos remates y en todos los casos el cabildo las corroboraba.
Puede discutirse sobre cuál sea el sentido de cada fecha. Que la subasta del vino estuviera separada en tres diferentes, y no la del pan o la del aceite, añade un importante aval a la propuesta de la que parte nuestra experiencia, porque indica que en su momento, efectivamente, a la vid se le reconocía una mayor sensibilidad ante el comportamiento de los elementos meteorológicos incidentes en la agricultura, tal como posteriormente la historiografía ha registrado y hecho suyo. Pero asimismo se puede discutir que la sazón, que es óptimo producto y óptimo beneficio también para la cesión por arrendamiento mediante el cobro del diezmo, sea indicativa de un comportamiento térmico o de las precipitaciones, o que el estado adverso sea el efecto de cierto grado de la aridez, que percibe la acción combinada de los factores meteorológicos.
Es necesario reconocer además que parte del valor que este indicador está limitado, como puede deducirse de la descripción del procedimiento informativo, por su carga burocrática, que es muy alta, tanta que son los signos administrativos los más sensibles. Todos los días señalados para el remate eran domingo, lo que estaba justificado por las reglas de gestión. Se aprovechaba la misa mayor para reclamar de los fieles su contribución a la parte menos espiritual del cuidado de sus almas. Lamentablemente, esto resta mucha precisión a las fechas que suministran los acuerdos. Aunque sean regulares y su dimensión multisecular, lo realmente significativo de los datos que proporcionan sería en cada caso la semana del año, no el día del mes. Aunque conserven toda su carga cuantitativa, las diferencias entre unas y otras fechas pierden sensibilidad. El valor de las diferencias puede oscilar entre siete días, lo mínimo posible, y veintiuno, lo máximo observado. Entre uno y otro valor el tiempo solo puede tomar el valor catorce días, lo que restringe mucho las posibilidades de reaccionar a las diferencias.
Pero no es útil entrar en estas discusiones, que en buena medida serían ociosas porque solo pueden llevar a un callejón sin salida. Aceptemos, pues, que cada producto expresa una respuesta biológica ante las condiciones ambientales, y específicamente que las variantes territoriales añadidas al vino lo cargan de mayor valor para el fin que perseguimos, porque deben acusar sobre todo las condiciones térmicas que la posición en el espacio destila en el producto. La decisión final a favor de una fecha para cada subasta dependería del grado de maduración de los frutos respectivos, por lo que las acordadas serían un índice de la acción conjunta de la humedad y la temperatura de cada año.
Para que pueda juzgarse si estas premisas son acertadas, y si las condiciones meteorológicas pudieron ser tan responsables del desarrollo de los cultivos como se pretende, hemos decidido seleccionar los remates a la vara de la década que encuadraba el año biológico que terminó a mediados de 1750, del que de antemano sabemos que fue catastrófico para el cultivo de los cereales, a consecuencia de la falta de lluvias según las fuentes.
Al remate del pan la fecha más temprana que durante aquella década se le adjudicó fue el 17 de junio y la más tardía el 3 de julio. Entre una y otra hay poco más de dos semanas de diferencia. Lo regular era que la decisión se hiciera a favor de algún día de la última decena de junio. En el caso del remate del aceite, la primera fecha elegida fue el 1 de noviembre y la última el 10 del mismo mes. La diferencia entre ambas se reduce a una decena de días y las fechas más comunes con preferencia se concentraron en su segunda mitad. En el remate del vino temprano la fecha más adelantada fue el 12 de agosto, mientras que la más atrasada fue el 27 del mismo mes. En este caso, la diferencia entre uno y otro límite es de dos semanas aproximadamente, y los casos se distribuyen por igual entre la segunda y la tercera decena del periodo. Cuando se trató del remate del vino tardío la primera fecha elegida fue el 19 de agosto y la última el 10 de septiembre. La diferencia entre una y otra es de tres semanas, aunque los casos se concentran con preferencia en la primera decena de septiembre. Si era el vino de la sierra el que se subastaba, como máximo la fecha de su remate se adelantaba al 21 de septiembre, mientras que el límite de los retrasos alcanzaba hasta el 6 de octubre. De nuevo la oscilación abarca dos semanas, al tiempo que las fechas tienden a concentrarse en la última semana de septiembre.
A las decisiones sobre las fechas en muchas ocasiones acompañaban argumentos que las explicaban. En 1747, hablando del vino de una población de la sierra, se esperaba que sus rentas fueran escasas, por lo que el cabildo había decidido que hasta allí no se desplazara ningún hacedor capitular, sino que la contaduría remitiera al administrador una orden para que las pusiera y rematara por sí mismo. En las rentas del aceite se actuó de manera similar. En vista de la cosecha que se podía prever, era preferible que no fueran hacedores a rematarlas.
Se repitieron estos argumentos en relación con el vino tardío, en 1749. Como también se presentaba una cosecha corta, el cabildo decidió que tampoco fueran hacedores a las parroquias de la zona para completar el proceso de adjudicación de los cobros. Las noticias que se tenían sobre la cosecha de aceite de 1751 indicaban que también habría de ser escasa, por lo que el cabildo asimismo decidió no enviar hacedores de las rentas de aceite al condado, y que cuando la contaduría tuviera razón de las rentas de la sierra el cabildo estudiara qué hacer. Y en 1752, también a propósito del aceite, el cabildo se reservó asimismo la posibilidad de que los hacedores hicieran su trabajo en cualquiera de las vicarías de la región.
En 1753, cuando se trató de las rentas del grano, teniendo en cuenta lo adelantado del tiempo y el calor, se decidió que las rentas se debían poner a la vara cuanto antes, para así asegurar el ingreso, aunque ya hubieran sido puestos fieles de orden de la contaduría. Si en algunas zonas, según los informes que llegaran de los administradores, conviniera retrasar la decisión, la contaduría tendría que dar cuenta de la circunstancia al cabildo. De todos modos, atendiendo a lo estéril del año, y a las malas noticias que de los campos llegaban, el cabildo ordenó que tampoco en esta ocasión se desplazaran hacedores para gestionar las rentas de los cereales. En cuanto a las rentas del vino tardío, también en 1753, considerando la cortedad de la cosecha, de la que se había informado, se decidió asimismo la ausencia de los hacedores. Por idéntica razón, del mismo modo se actuó para las rentas del vino de la sierra y todas las de aceite.
Para las rentas del vino tardío, en 1754, sabiendo que era poca la cosecha esperada, el cabildo también mandó que no fueran hechos hacimientos. Para evaluar el vino de la sierra tampoco fue enviado gestor alguno, igualmente porque sería escasa la vendimia, según las previsiones. Y a la de aceite, porque era mediana, tampoco fueron enviados los correspondientes hacedores. De 1755, con referencia al vino de la sierra, se sabe que se había adelantado la maduración de la uva.
No es necesario detenerse en los cometidos de cada uno de los personajes de la administración diezmal que las acotaciones mencionan para deducir que las decisiones negativas sobre su presencia en las poblaciones o su inactividad trataban de reducir costos en la gestión del derecho. Comparadas las fechas con las afirmaciones que las acompañan, se tiene la impresión de que las decisiones sobre el remate de las rentas son más útiles por las apreciaciones sobre el comportamiento del tiempo que habitualmente se adhiere a aquellas. Pero, aunque permiten adelantar algo más en el conocimiento del comportamiento de los agentes meteorológicos, que nos devuelven, incluso cuando son muy explícitas, a la pura descripción de síntomas, la constante refracción que provoca la decisión sobre los mediadores administrativos inmediatamente modifica el valor sus informaciones.
Para llevar al límite este experimento, solo resta analizar el comportamiento más inmediato, las informaciones de un año, en nuestro caso el central, 1750, y deducir si el tiempo en su transcurso tuvo responsabilidad en que fuera catastrófico, puesto que se reconoce que a esta anomalía los registros serían más sensibles. Para el remate del vino temprano en 1750 fue fijado el 9 de agosto. En 1750 la maduración de este fruto pudo ser excepcional. Se adelantó más que en cualquiera de los demás momentos del periodo. En la mayor parte de las campiñas las temperaturas pudieron ser más altas de lo habitual. El vino tardío se remató el 23 de agosto. Las temperaturas de aquel año, observado desde el mismo producto y otro territorio, aunque estuvo dentro de lo regular, tendríamos que reconocer que habría que situarlas entre las tempranas. Dado que fue el 13 de septiembre el día elegido en 1750 para la subasta del vino de la sierra, de nuevo estaríamos ante un adelanto extraordinario, y de nuevo tendríamos que reconocer en las sierras que las temperaturas tal vez fueran anormalmente altas. Para el remate del aceite el día elegido fue el 8 de noviembre. En este caso el dato debe admitirse como indicio de hechos regulares en cualquier sentido. Pero lo más directo, desde nuestro punto de vista, es lo que ocurriera con los cereales. En 1750 fue fijado para el remate de la renta el 21 de junio. Como las fechas límite de la época estaban comprendidas entre el 17 de junio y el 3 de julio, y lo regular era que se concentraran en la última década de junio, en modo alguno lo ocurrido este año podría admitirse como anómalo. Lo más que podríamos decir es que se trató de una fecha algo adelantada. En cuanto a las anotaciones que acompañan a las referencias al calendario en 1750, este año fueron dos. El cabildo acordó que para las rentas de los cereales no salieran hacedores, de acuerdo con la limitada cosecha que se esperaba, y la misma decisión tomó cuando trató sobre la fecha más conveniente para la subasta del vino tardío.
Hecho balance, no termina de imponerse la impresión de que 1750 fuera un año excepcional. Toda la colección de indicios, más las decisiones asociadas al calendario, indican que el año no fue, desde el punto de vista de la humedad, especialmente anómalo. Tal vez el otoño de 1749 fue seco, y aunque el invierno también lo fue, no sería adecuado considerarlo anormal. Lo que tal vez pudiera añadirse sobre el defecto de aguas acumulado es que las lluvias de primavera parece que se retrasaron algo más de lo habitual. Se puede concluir que la temprana maduración tanto del cereal como sobre todo de la uva pudo ser consecuencia de un efecto combinado de baja humedad y altas temperaturas, y es probable que su verano, cuando ya se había completado la siega de los cereales, fuera caluroso.
El alcance de nuestro experimento es muy modesto, impreciso, limitado. No es más alentador que el obtenido por otros medios. Para aislar el posible efecto del clima en la oscilación de los rendimientos, y garantizar el rigor, sería necesario otro planteamiento, como trabajar a partir de un modelo independiente de los datos, directos o indirectos, que las fuentes proporcionan sobre el tiempo, y que a la vez no fuera demasiado complejo. El siguiente podría servir. Supuesto que la superficie que cada año se decide sembrar estará recomendada por los precios que puedan pronosticarse, el regular comportamiento cíclico de los precios, sobre el que se dispone de información fiable, indicará cómo se debe actuar en la inversión de simiente. De ahí se podría deducir un previsible tamaño de la cosecha, dando por descontado que el marco técnico no varía. Si, estimada esta, se desviara de manera notable de lo previsto, la causa directa del cambio de valor podría ser la modificación de los rendimientos por efecto del comportamiento del clima. De lo contrario, el producto tendrá que ser resultado del mucho más probable incremento de la superficie sembrada, aunque habría que prever la desviación derivada de este crecimiento, que incluiría retroceso de los rendimientos medios. Tal vez sea pedir demasiado a las fuentes, algo que no queda al alcance de los medios de los dispone la reconstrucción de los hechos más distantes en el tiempo, porque, así como los precios son conocidos, los otros factores del modelo no se pueden documentar con idéntica certeza.
Puede que 1750 no fuera del todo anómalo desde el punto de vista del tiempo, pero desde luego fue un año durante el que se afrontó decididamente su comportamiento. Las instituciones de gobierno de las poblaciones, constituidas en sesión plenaria, ya en otoño hacían expresivos índices de las consecuencias que del tiempo temían. Recelaban perjuicios para la salud pública, la pérdida del ganado, así de cría como de labor, una cosecha de cereales nula, la subida de los precios de los bienes que servían para la alimentación y el paro y los insensatos desplazamientos de quienes trabajaban en el campo.
Revisados los informes de las fuentes, se constata que al principio del año agrícola no todos tenían el mismo alcance, y ya avanzado su efecto fue variable. La preocupación por la morbilidad fue la precursora. Todavía era diciembre y ya se creía que a causa del gran retraso de las lluvias la salud pública estaba expuesta a las contingencias que pudieran resultar de la gran sequía que se estaba padeciendo, aunque en la documentación no se encuentra indicio alguno de morbilidad extraordinaria en aquellas fechas, menos aún de excesos de muertes. Y que no los hubo, en comparación con las que ocurrían otros años, se puede comprobar con las estadísticas de la defunción por parroquias. Su repaso no descubre más muertes de las habituales, ni descenso de la natalidad al año siguiente, aunque sí, tal vez, una caída del número de matrimonios. Es más probable que en diciembre la supervivencia del ganado se enfrentara a mayores dificultades, aunque para esta morbilidad no es fácil disponer de información fiable.
Después, en pleno invierno, el paro y los movimientos migratorios efectivamente llegaron. Pero por aquellas fechas, cualquier año, todavía ocurrirían del modo que se podía esperar. Era el domino del llamado tiempo muerto, durante el que las poblaciones se llenaban de hombres del campo que a causa de las lluvias, que impedían las faenas, retornaban a la población al día siguiente de haber trabajado. Después, la intemperie creaba un movimiento migratorio de temporada que partía desde las poblaciones rurales. Cada invierno, sus trabajadores del campo se trasladaban a la capital de la región por millares, en busca de otras oportunidades. En cuanto al incremento de los precios, aquel año no sería un hecho verificable hasta comienzos de la primavera, aunque se temiera antes, y la pérdida de la cosecha solo se consumaría llegado junio, para el que en aquel momento aún quedaban tres meses. Por tanto, en otoño, a excepción tal vez de la supervivencia del ganado, todavía era demasiado pronto para que cualquiera de los temores que las autoridades enunciaban se convirtiera en un problema.
Cuando se expresaban de aquella forma, las autoridades locales concedían a sus auditorios, las inquietas poblaciones que gobernaban, una dramatización excesiva del estado en que se encontraban. El discurso en su favor lo armaban con los prejuicios compartidos en tantas ocasiones similares. Desde luego declaraban interesarse por las consecuencias que pudiera tener la evolución negativa del tiempo sobre el producto disponible, una vez llegado el verano, puesto que de ello dependía el abastecimiento de los mercados, el primero de los asuntos públicos. Pero cuando los juicios se sostenían sobre los efectos visibles que el tiempo estaba teniendo en los cereales su objetivo no era prever su comportamiento, no era climatológico. Bastaban aquellas declaraciones para que ya en otoño la conciencia de la posible acción de tan amenazadores sucesos germinara.
El lenguaje administrativo que depuraba el efecto adverso del comportamiento del clima invariablemente desencadenaba una crisis, aprovechando que las conocidas afirmaciones sobre sus efectos eran ya hechos consentidos. A partir de su prefiguración muchos meses antes ya era indiferente que se perdiera o no la cosecha. Al hablar en aquellos términos públicamente ya se daba por perdida, y por tanto se podía actuar como si llegado junio no se fuera a recolectar trigo alguno, independientemente de que después, hubiera más o menos pérdida del ganado, paro y migraciones que sobrepasaran las habituales, y hasta enfermedades. Así ocurrió en 1750. Según hemos podido detectar, no solo el tiempo no fue decididamente adverso al producto de los cereales, sino que incluso en la primavera algo se pudo recuperar.
Aun cuando en origen pudieran ser separados hechos reales y hechos solo imaginados o ficticios, afirmar que cualquiera de ellos pudiera ocurrir creaba un estado que permitía decisiones y actos que, si no hacían real lo que solo se imaginaba, generaba comportamientos sensibles que pretendían encauzar y anticiparse a una adversidad ya consentida.
Depurando la interpretación de los documentos con el orden de los sucesos, se descubre que las precursoras observaciones sobre el comportamiento del tiempo, prefigurar las fatales consecuencias que pudiera tener, buscaba un efecto práctico inmediato, alcanzar la declaración de lo que insistentemente llaman esterilidad. Con esta palabra, que acogía y multiplicaba el eco del discurso que se hubiera elaborado durante la recepción de las anomalías meteorológicas, se creaba una verdad favorable a las empresas productoras del grano que abastecía los mercados del consumo básico, las que se suponía realmente expuestas a la incidencia directa del tiempo atmosférico. Aquel primer objetivo, el más perentorio, quedaba satisfecho cuando se conseguía su declaración formal. Gracias a la decisión administrativa en su favor, tomada expresamente en los órganos de gobierno de las poblaciones, se podía activar la cláusula de esterilidad que hubieran previsto los contratos de cesión, que permitía la rebaja de la renta a pagar por las tierras cedidas, en proporciones variables, entre uno y dos tercios, así como el aplazamiento del pago de las obligaciones contributivas con la corona. Además, declarada la pérdida de la cosecha, no había lugar a la liquidación de diezmo, la carga más importante que tenían que soportar las tierras dedicadas a producir grano.
Pero sobre todo la señal de salida de la crisis desencadenaba el mejor de los negocios para la agricultura de los cereales. El temor a la caída de los ingresos en perspectiva actuaba simultáneamente en todas las empresas agrícolas. En un orden de la producción de los cereales dominado por las pocas que tenían capacidad para almacenar, los efectos comerciales de aquella conciencia, que levantaba la veda de los precios, con la anuencia de unos gobiernos que ignoraban la tasa que ellos mismos dictaban, son lo suficientemente previsibles como para que no sea necesario, en este momento, extenderse en una explicación.
No deja de tener interés que aquella ideología de la adversidad haya conseguido sobrevivir aliándose a la teoría. Algunos han hecho notar que el comportamiento del tiempo, aceptando que es indiscutible su condición de causa directa de las crisis que bloqueaban la conexión entre el producto y los mercados de los cereales, sería un factor de modernización. En las circunstancias críticas de contracción de la oferta de grano debió tener un efecto positivo. La escasa conexión entre los mercados de los cereales panificables, un mal congénito de la economía rural moderna, gracias a que las crisis podían alcanzar la dimensión regional, porque el alcance de la adversidad climatológica podía ser tanta, tal vez fuera momentáneamente vencida. Gracias a que provocaban directamente la caída local de la producción, las crisis estimularían la integración de los mercados, una consecuencia de la acción de otros factores, tanto previstos como espontáneos, pero entre los que el más destacado sería la bendita calamidad climatológica.
Pero para su tiempo aquella manera de consentir la acción adversa del tiempo tuvo efectos más duraderos. Fue aprovechada por la economía de los cereales de manera estable, según se puede leer en la literatura especializada de la época. Invocando los escasos conocimientos que sobre él se tenían, una vez elaborada en forma de agronomía contribuyó a engrosar la dogmática favorable a la concentración de las tierras. Las convicciones sobre el régimen de lluvias promocionaron la idea de que podía ser conveniente que las tierras, en cada explotación, fueran cultivadas con una baja frecuencia. Además, explicaban, convenía beneficiarlas, trabajarlas sin sembrar, porque también aceptaban que cuando las tierras no se beneficiaban eran más vulnerables ante la adversidad del tiempo. Si las tierras no descansaban, y se sembraban un año tras otro, agotadas y sin el beneficio de los abonos, caían ante los contratiempos, en su sentido literal, víctimas del comportamiento negativo del tiempo. La experiencia acreditaba que cuando se sembraba una tierra de rastrojo, o que había sido sembrada el año precedente, aun habiéndola estercolado, se esquilmaba, a consecuencia de las altas temperaturas y la escasez de lluvias, fenómenos incuestionables en la región.
Como creencias en favor del mercado concentrado de las tierras de cultivo, aquellas teorías serían una sólida conquista. Pero más decisiva resultó su aplicación inmediata. La tecnología activa había consolidado el principio de que el acto de la siembra estuviera asociado a las lluvias del otoño. Si llovía, se sembraba; si no, la sementera se atrasaba. Como la siembra era la actividad decisiva, si durante la primera estación agrícola no se presentaban las lluvias, no era posible efectuarla, lo que de antemano, con seis meses de anticipación como mínimo, el mismo calendario al que se atenían los pronósticos más sombríos, aseguraba la caída de la producción. No todos actuaban con la misma rigidez, y una parte de los decididos inversores arriesgaba a pesar de la prolongación de la seca del otoño. Pero en la rigidez del principio técnico enunciado y defendido estaban inscritas las aspiraciones comerciales que alentaban en el origen de cualquier crisis.
No se puede discutir que cuando las cosechas habían sido malas los factores climáticos habían sido adversos, aunque la interferencia del discurso de esterilidad impida reconocer la responsabilidad directa que pudiera corresponderles en el desarrollo de aquellas tensiones. Tal vez no sea posible disponer de medios que permitan restaurar el curso de los elementos del clima, con algo de rigor y certeza, antes de la existencia de los registros contemporáneos. Es de lamentar para quienes aspiren a construir el relato del clima del pasado. Pero quienes se interesen por su papel en las antiguas crisis agropecuarias no deben preocuparse por esta carencia. Su papel en su desarrollo era nulo, aunque en modo alguno inútil. Daba la señal de salida, y su responsabilidad podía ser absoluta en el comienzo de cualquier crisis, una causa suficiente para convertirlo en factor directo de la producción.
Mecánica y energía
Publicado: noviembre 17, 2015 Archivado en: Dámaso Pérez | Tags: agraria, economía Deja un comentarioDámaso Pérez
Para avanzar en el conocimiento del capital que atesoraban las grandes labores, que a las casas agropecuarias permitían perpetuarse, con la misma seguridad que se perpetúan el vientoy la lluvia, la noche y el padre sol, debía detenerse nuestro análisis en el tipo de arado al que habitualmente recurrían, maquinaria aplicada al cultivo de los cereales, núcleo de su escueto equipamiento. Para vencer el silencio de los testimonios, herméticos cuando debían referirse a los mecanismos, y no obstante satisfacer nuestros planes, decidimos revelar cuanto supiéramos del ingenioso artefacto de manera que colmara dos propósitos, poner al descubierto el alcance de algunas características del método al que se atenían las antiguas labores y justificar la pertinencia de la atención que el Proyecto que habíamos imaginado concedería al ganado que labraba, la otra parte irrenunciable de su capital fijo. Durante el tiempo que consumió mi dedicación a esta rama del conocimiento de las casas, mis preocupaciones siempre estuvieron concentradas en aquel asunto, que por deferencia la Dirección me había adjudicado. No sé si a los demás esto pudo parecer una falta de compromiso con el plan, o una negación de la ayuda que el trabajo de cualquier compañero pudiera necesitar. Yo, por el contrario, permanezco convencido de que actué de la manera más consecuente, porque siempre he pensado que para alentar cualquiera de las averiguaciones de quienes se entregan a un descubrimiento que los colma de entusiasmo es mejor mantenerse al margen, para que sus ideas emerjan vírgenes, poderosas, presionando desde el centro del vórtice sobre el esternón, hacia fuera, y se mantengan incontaminadas.
Antes de hacer mis primeras averiguaciones, ya sabía que, aunque en algunos casos no se adjetivara, o en otros el tipo que se mencionaba para eludir explicaciones convencionalmente se apellidara romano, era lo más habitual que las fuentes insistieran en calificar como revecero el arado que habitualmente usaban los labradores. Aquella manera de expresarse, con la que no se hacía referencia a unas formaspeculiares de un instrumento de la clase de los arados, resultaba sumamente valiosa, porque su significado era muy restringido. En la época, revezo era lo mismo que repuesto. Luego arado revecero tenía que ser el que dispusiera de relevo o refresco, para que los animales que trabajaban la tierra se turnaran y repusieran sus fuerzas.
Del material disponible en el Departamento, para que acometiera mi trabajo, nuestro Director, que años antes había hecho avanzar el estudio de los problemas que nacían de lo que aparentaba ser solo un modesto mecanismo, me había proporcionado una colección de referencias, tomadas en uno de los depósitos documentales por nosotros frecuentado, donde se conservaban varios legajos referidos a este asunto. Me pareció un buen punto de partida para que progresara mi primera idea, y al mismo tiempo desarrollar mi parte del plan. Los resultados que inmediatamente obtuve no hicieron más que confirmar el acierto de aquella experta iniciativa. Si descendía de la denominación del artefacto a la descripción de los hechos por los que se veía concernido, las primeras menciones sobre las prácticas a las que daba lugar me permitían mejorar bastante el conocimiento de lo que en realidad era un complejo, no obstante primordial entre los que se componían para capitalizar las mayores empresas de cereales, algo de mucho más interés que el modesto análisis de las variantes de una mecánica sencilla.
Un labrador de la época, bajo el peso del testimonio debido a la máxima instancia judicial de la región, insistente así como severa, distante y al tiempo presente en todas partes, a veces cruel, raramente magnánima, para comparecer ante la cual era necesario sufrir leguas de separación, y días de espera, afirmó que disponía de veinte yuntas, y que esta cantidad de fuerza, según el cálculo regular que los labradores hacían en donde vivía, o de yuntas reveceras, compondría una cabaña de ochenta cabezas. Algunos años después, en un lugar no muy distante, asimismo a propósito de la misma técnica, bajo idénticas circunstancias coercitivas, otro hombre corroboraría expresamente que seis yuntas reveceras eran veinticuatro reses. Y con cualquiera de las dos declaraciones coincidían las que hicieran algunos labradores, algo más excéntricos e inestables, recogidas por un contemporáneo. Convencidos de que una labor suficiente podía ser cien unidades de superficie, si se explotaran al tercio y quien las ponía a producir actuara como arrendatario, sostenían que para mantenerla serían necesarios seis yugos, cada uno servido por dos parejas de animales de fuerza, una medida de la potencia energética que, según explicaban, equivalía a un máximo de veinticuatro reses de trabajo.
Gracias a estos testimonios, podía dar por sentado que el relevo era una práctica que consistía simplemente en complementar cada yunta con otros dos animales de repuesto. Era suficiente para imaginar cómo se practicaría la insobornable arada, la actividad genuina de la agricultura de los cereales mantenida por los patrones de las labores. Una pareja de animales tiraría del arado y haría un surco. Cuando llegara al final, otra, equipada con otro arado, situada en el límite de la parcela, haría el surco de retorno, mientras que la yunta anterior, gobernada por el conductor del artefacto que los textos llamaban gañán, quien también descansaría, se preparaba para tomar el relevo en donde se hubiera detenido. Y así sucesivamente. De ser correcta la secuencia de movimientos que había imaginado, en el futuro podría sostener, como principio a partir del cual elaborar toda mi contribución, que los arados de las labores, con sus correspondientes equipos de animales y hombre, tendrían que trabajar por parejas, como la vieja policía del campo, como los cómplices, como los responsables de la renovación biológica de la humanidad, y que en las mayores sería más probable el número par de estas unidades complejas.
Aquellas conjeturas, gracias a las actas cuantitativas de las que ya disponía, además me permitieron comprometer, en la dirección en la que en aquel momento deseaba concentrar mi trabajo, otras observaciones, lo bastante valiosas como para justificar ante mis compañeros la pertinencia de este análisis. La cabaña de trabajo al servicio de cada empresa sería la que inmediatamente decidiría cada año su máxima extensión, la única que habría que tomar en cuenta para calibrar y comparar con certeza la entidad de las explotaciones llamadas labores, y en particular para decidir cómo se accedería a su rango mayor. La dotación por parejas de bestias condenadas al trabajo más rudo, cuyo rendimiento medio permitiría calcular unos múltiplos, legitimados para estimar las superficies abarcables, podía ser el límite superior que el capital imponía a las empresas dedicadas al cultivo de los cereales. Los tamaños anuales de sus labores serían expresivos de sus oscilantes capacidades para capitalizar sus empresas con ganado de trabajo. Generalizando, incluso podía comprometerme a defender que aquellos tamaños tal vez fueran la consecuencia de un cálculo basado en las posibilidades de transferir a capital de explotación el beneficio conseguido.Para precisar las fronteras hasta la que alcanzaba el mundo de las labores, el número de animales de fuerza no solo me permitiría expresar su entidad, sino también el umbral a partir del cual una empresa agropecuaria entraba en la élite de las explotaciones.
Pero informaciones posteriores, a las que tuve acceso según avanzaba en la consulta de aquellos documentos, me obligaron a modificar mi primera imagen de la técnica del relevo, así como a dejar a un lado mis ambiciosas especulaciones sobre los tamaños máximo, mínimo o idóneo de las mayores empresas. Era evidente que me había precipitado al explicar cómo se practicarían los reemplazos que aseguraban el rendimiento estable de la fuerza necesaria. Por lo que decían en otra población, algo alejada, una variante del revezo pudo consistir en que al final de cada surco los animales que hubieran trabajado fueran liberados del arado y, en el lugar donde se hacía el cambio, al yugo uncieran los dos de refresco que allí esperaban. Al principio, me pareció poco probable que se actuara de este modo, dado el gasto suplementario del trabajo de los hombres, siempre encarecedor de la empresa, que consumiría uncir y desuncir bestias a cada trayecto. Sin embargo, porque permitiría bastarse con la mitad de arados, era posible que tuviera como ventaja que al menos reduciría a la mitad la inversión en maquinaria.
Lamentablemente, días después supe que tampoco con el rescate de aquella variante había reconstruido todas las prácticas que permitían sacar el mejor partido a la fórmula. El relevo admitía otras posibilidades, sobre las que los testimonios que habían sobrevivido en los documentos eran cada vez más divergentes. Alguien, sometido a las mismas condiciones imperiosas que los declarantes que ya me habían servido como informadores, asimismo impuestas por el rigor de los tribunales, que raramente perdonaban, escasamente conmutaban, expeditivamente condenaban, precisó que en su población todos araban con yuntas reveceras porque las cambiaban por otras a mitad de la jornada. Me apresuré a digerir mi nuevo descubrimiento arriesgando en la partida toda mi credulidad. Quien procediera de este modo podría recurrir a una versión del refresco muy práctica, y bastante más compatible con el ahorro de trabajo. Bastaría con que dividiera todo el tiempo útil de cada día en dos mitades y las repartiera equitativamente entre toda su cabaña de labranza.
A la semana siguiente, cuando estaba preparando la exposición que me correspondía presentar a la reunión prevista para dar cuenta del progreso de los trabajos, en vista de las oscilaciones de los testimonios que había coleccionado decidí resignarme a un balance, que tal vez pareciera más encubridor y exculpatorio que una síntesis convincente de mis conclusiones provisionales. Explicaría, sin preámbulos, que, según la serie de pruebas que hasta entonces había reunido, parecía que el relevo más común fuera ordenado como un recurso técnico para cuya ejecución sería necesario disponer de cuatro animales por cada unidad mecánica de trabajo, se alternaran con su equipo íntegro, se uncieran a un mismo arado después de cada giro o se repartieran por mitad toda la jornada. No tuve que terminar mi borrador para convencerme de que mis argumentos serían recibidos con suspicacia, y que en algunos casos incluso podrían ser replicados con cierto desdén. Para que los tomaran en serio, urgentemente necesitaba que mis averiguaciones dieran mejores frutos.
Podía recurrir a más descripciones del mismo método, aliándome a los testimonios documentales que aún no había explotado. Pero la mayor parte de ellas no revelaba una manera de actuar que modificara lo que ya sabía. Días después, entre las que aún no conocía, encontré otra de la que recibí algún aliento. Describía una aplicación flexible del relevo, aunque por desgracia quedaba oculta tras un lenguaje demasiado oscuro. En cierta población, ya transcurriendo la segunda mitad del siglo décimo octavo, de unos labradores se decía que eran reveceros, y que de esta clase eran los que tenían cuatro yuntas, lo que en aquel lugar y sus alrededores daba un total de ocho. La respuesta era lo bastante imprecisa como para que tuviera que admitir la posibilidad de que quienes labraban de aquel modo a cada arado pudieran uncir entre dos y cuatro reses. Como, de ser correcta la primera posibilidad, quedaría excluido el relevo, y sería obligado reconocer que no tendría sentido hablar de labradores reveceros, tenía que admitir, de acuerdo con la dimensión de la cabaña que indicaban las interpretaciones precedentes, que ocho serían las yuntas reveceras; una lectura que equivaldría a aceptar que a la composición de este complejo contribuiría un máximo de treinta y dos animales, o cuatro animales por arado, como en la primera modalidad que había imaginado. Pero la exégesis menos cargada por el prejuicio también permitía pensar que los animales que en aquel lugar componían la manada de trabajo podían ser dieciséis. Al principio quedé desconcertado. Aquello, en contra de lo que necesitaba, enrarecía aún más el conocimiento de los hechos en cuya restauración tanto me había comprometido, y restaba todavía más soporte a mi inestable posición. Un instante bastó para que viera derribarse ante mí todo la arquitectura que había levantado. Definitivamente, parecía como si la fuente que había heredado de mi Director estuviera cargada con un maleficio.
Ya me había impuesto discreción para las sucesivas síntesis cuando un paréntesis de calma, que empleé en repasar la colección de anotaciones que había reunido, una vez agotada la consulta en el archivo, me permitió analizar una versión del revezo que hasta entonces había escapado a mi atención. Algunos de los que habían comparecido ante el juez para satisfacer la misma encuesta, habitantes de lugares no muy distantes de los precedentes, declararon que sus labradores reveceros invertían la energía de su labor a razón de tres reses por arado. Estaba por tanto en la obligación de reconocer que para sus revezos solo un animal sustituirían cada vez, con más probabilidad dividiendo la jornada en tercios.
Cuando recapitulé, y comprobé que en los testimonios el adjetivo revecero no solo se aplicaba a los arados, sino que también se atribuía a labradores y a yuntas, empecé a comprender. Los comportamientos que contenía la palabra revezo eran múltiples. Las abstracciones que permitían los hechos recuperados gracias a los documentos enseñaban que a la disección de cada caso se debía proceder con sumo cuidado. El análisis siempre tendría que mantenerse atento a aislar tres piezas, el arado, la yunta y los labradores, cada una de las cuales, según los testimonios, podía adjetivarse revecero, puntos de vista desde los cuales era idénticamente legítimo observar el fenómeno, pero que sin embargo no eran intercambiables sin más. Si en lo sucesivo actuara sin precipitarme, podría sacarle el mayor partido a lo que averiguara siempre que especulara sin prejuicios, con flexibilidad, al mismo tiempo con todas las variantes documentadas. Yunta revecera sería la que refrescara a otra, arado revecero el refrescado, fuera por una yunta o solo por un animal, mientras que el labrador que se llamara a sí mismo revecero sería el que hiciera uso de ambos recursos mediante la combinación de sus posibilidades. Cualquiera de los tres elementos pudo convertirse en el factor a partir del que emplear del modo más conveniente el capital energético de cada labor, aunque seguramente la posición más sensible al alcance del fenómeno sería la del labrador. Que un labrador fuera revecero podía significar que, para acumular la energía que necesitara cada arado disponía de dos animales, de los cuales, para abrir cada surco, solo uncía uno, mientras que el otro descansaba; de tres por arado, de los que por turno iba sustituyendo a uno de los dos uncidos; o contaba con cabaña suficiente para relevarlos a todos, bien por parejas bien a discreción. Debía, pues, ser mucho más cauto cuando reconstruyera el relevo a partir delos textos que lo mencionaran.
Supervivencia de la servidumbre
Publicado: noviembre 9, 2015 Archivado en: Heresias Canteriades | Tags: agrario, trabajo Deja un comentarioHeresias Canteriades
1. El pegujal era una institución primitiva y antigua, insistentemente mencionada por las fuentes pero escasamente conocida. Lo más explícito de cuanto sabíamos sobre sus fundamentos era su parentesco con las sernas, similares a las corveas, cualquiera de ellas impuestas por vía de vasallaje, a consecuencia de las cuales quien estuviera sometido a una autoridad dominical debía prestar servicios en las tierras del señor. La última versión castellana que de esta institución habíamos podido conocer, ya de la época moderna, era la empresa procomunal llamada senara, una parcela cultivada por un grupo, una parte del cual aportaba yuntas y arados y otra su trabajo en sucesivos momentos del ciclo vegetativo, para que con el fruto obtenido pudiera hacerse frente a un gasto público, del que todos podían beneficiarse. Pero también teníamos la certeza de que en la región, para mediados del siglo décimo octavo, el pegujal se había consolidado como sinónimo de pequeña empresa agrícola, justificada por el autoconsumo, y que además aquel nombre se había utilizado para denominar la participación en el producto que recompensaba el trabajo de algunos de los que habían contribuido a crearlo. Sin que tuviéramos certeza sobre si se había desprendido o no de alguna de las funciones con las que antes cargara, porque cualquiera de ellas, una vez ideada, podía reproducirse indefinidamente, inquietante amenaza del anacronismo, alargada sombra que se resiste a entrar en el círculo que traza el tiempo, se había naturalizado como componente de la renta del trabajo según el estilo de cortijos, una remuneración en la que se podían combinar a discreción el pago del tiempo empleado, que se liquidaba en moneda corriente, la alimentación de cada día trabajado y el pegujal.
Una de las maneras de satisfacer esta tercera pieza, a la que efectivamente se solía recurrir para completar el pago del trabajo de la clase laboral llamada sirvientes, entonces y en el lugar que la tazmía nos había revelado, podía ser tan directo y sencillo como entregar a cada trabajador 18 unidades cúbicas de trigo cada año. Un buen número de testimonios de la época podían autorizar este valor para la parte del costo del trabajo conocida con aquel nombre, así como la forma de hacerlo efectivo del modo más directo, que era entregar de una vez la cantidad acordada a quien hubiera aceptado aquella forma de pago. Pero como en los casos que pretendía dilucidar tenía la certeza de que el pegujal se había satisfecho con una cesión de suelo útil para el cultivo, en el texto dela documentación que manejaba era pequeña empresa agrícola, aunque en estos casos justificada por la necesidad de satisfacer aquella parte de la renta debida al trabajo de los sirvientes de sendas labores. Por tanto, cada uno de ellos pudo recibir en concepto de pegujal, en vez de las 18 unidades de capacidad supuestas, la cesión de por ejemplo 3 unidades de superficie, para que cultivadas por sus medios obtuviera esta parte de la remuneración que le correspondía. También sobraban los testimonios que podían avalar la sustitución y el valor que le estaba atribuyendo. Ninguna casa agropecuaria tendría la menor dificultad para disponer de tan pequeñas cantidades de superficie en sus respectivos cortijos, los hubieran adquirido plenamente o dispusieran de ellos por cesión, dadas las dimensiones regulares de aquellas grandes unidades.
Si se hubiera optado por ese tamaño de la parcela remuneradora, y el total de la superficie cedida por este concepto fuera por ejemplo 48 unidades de superficie, el número de sirvientes a los que se habría cedido tierra pudo ser 16. Como el producto que obtuviera cada una de aquellas pequeñas explotaciones sería de cada trabajador, porque era una parte de lo que se le debía por haber vendido su trabajo, suponiendo un rendimiento de 10 unidades de capacidad por unidad de superficie, aquellos 16 hombres obtendrían 30 de cada parcela. De donde cada uno deduciría a su favor, sobre las 18 en las que pudiera estar regulado en aquella población el valor del pegujal parte del salario, un superávit de 12. Y como el autor de nuestro documento tomaba como precio tipo del trigo 15 reales la unidad de capacidad, todo aquel producto podía significar un ingreso de 450 reales a favor de cada sirviente; una cantidad que cualquiera, si lo deseaba, convertiría en efectivo, si llevaba su producto al concurrido mercado de los cereales, la posibilidad más estimable en un mundo más necesitado de liquidez que de especies. La fórmula, pues, podía ser ventajosa para todos. El amo de la labor sufragaría una parte del costo del trabajo con porciones mínimas de tierra, una cantidad irrelevante para los tamaños de las grandes unidades de producción, y los sirvientes obtendrían un ingreso que incluso les permitiría sobrepasar sus necesidades de autoconsumo.
Faltó tiempo para que me fuera objetado que aquella manera de explicar la remuneración del trabajo de los sirvientes era insostenible. Cualquier amo que consintiera el beneficio estimado, el superávit que había deducido, contribuiría a encarecer irresponsablemente el trabajo. “De ninguna manera encarecía el trabajo”, repliqué, “e incluso contribuía a todo lo contrario”, insistí.
Si aceptábamos como valor del trigo los mismos 15 reales precio de la unidad de capacidad, que nuestro informador tomaba siempre como referencia, teníamos que admitir que cada cedido conceptuado como sirviente, por la tierra obtenida, estaría pagando 270 reales, los que resultaban de multiplicar las 18 unidades de capacidad del pegujal que se satisfacía en especie por el precio del trigo. Desde luego que ningún sirviente, si los términos del acuerdo entre las partes eran los expuestos, tendría que liquidar cantidad alguna al señor de la labor. Pero este no tendría que desprenderse de las 18 unidades de trigo por cada uno, las mismas que le permitirían incrementar sus ingresos del producto en aquella cantidad.
Es verdad que actuando de aquel modo el señor de la labor, que para ceder pequeñas parcelas habría renunciado a una parte de la superficie del cortijo, estaría invirtiendo porciones de la renta de la tierra que pagara, en el caso de que no fuera de su propiedad y la hubiera obtenido por cesión. Suponiendo, en el más desfavorable de los supuestos, que 8 reales fuera el precio que en el mercado de los arrendamientos de los cortijos alcanzaba, entonces y en aquel lugar, la unidad de superficie destinada a la producción de trigo, aquella parte del valor de la cesión alcanzaría los 24 reales en el caso del pegujal tipo considerado. En el supuesto de que la tierra fuera propia, ni que decir tendría que sus pagos por cesión serían muy inferiores, próximos a cero, los de mantenimiento de sus derechos consolidados sobre toda la renta de la tierra. Por tanto, como mínimo, por cesión de la tierra el amo de la labor estaría ingresando 246 reales, diferencia entre el costo de este factor para el sirviente y el que tenía para él.
Pero lo más importante era que, en contrapartida, su contribución directa a la liquidación del trabajo ajeno quedaba reducida a las 12 unidades de capacidad que alcanzaba el superávit deducido. Calculada a los mismos 15 reales de todas las operaciones, el señor de la labor pagaría por el trabajo de cada sirviente, con tan generosa concesión, solo 180 reales. De donde se deducía que el precio final del trabajo quedaría reducido en nada menos que 90 reales, diferencia entre los 270 reales de la tarifa del pegujal, cuando se pagaba en especie, y los 180 del beneficio neto del campesino. La cantidad asimismo era expresiva del balance negativo que para el sirviente resultara de renunciar al pago del pegujal en especie, que había conceptuado como costo del suelo cedido, y aceptar a cambio la fórmula de la pequeña parcela.
2. Pero admitir este balance me obligaba a reconocer que era el resultado del trabajo que cada sirviente hubiera invertido en la tierra cedida, puesto que el deudor del ajeno había recurrido al ardid de pagarlo requiriéndolo, lo que no dejaba de resultarme paradójico. Necesitaba modificar, al menos parcialmente, mi punto de vista. Debía encontrar uno que me permitiera explorar explicaciones que evitaran aquella clase de salidas, cuando menos aparentemente irresolutas.
Concentré mis indagaciones en algo que al principio me resultara inconsistente, pero que después había dejado al margen, la poco satisfactoria invocación de los pegujales de los sirvientes en el testimonio del que me estaba sirviendo. Cuando en una labor se trataba de quienes eran llamados sirvientes, como el pegujal, sin dejar de ser una empresa del orden inferior, era una parte de la remuneración de su trabajo, en cualquier explotación bastaba una pequeña parcela de tierra, apta para el cultivo de los cereales, para proporcionar a todos el ingreso que suplementara el pago de la energía que sus dueños ofrecían a quien la hubiera contratado, fin al que tal modalidad de explotación mínima, localizada en las grandes unidades, estaba dirigida. Para sufragar el pegujal, si se limitaba su tarifa a las 18 unidades de capacidad que había supuesto para desarrollar mis cálculos, con una parcela de 3.6 unidades de superficie que experimentara un rendimiento como el generalmente previsto, de 10 unidades de capacidad por cada unidad de superficie sembrada, sería posible satisfacer el doble de sirvientes que en el supuesto precedente. Es decir, que con solo la quinta parte más de superficie por parcela sería posible comprar el doble de trabajo, si el objetivo era solo pagarlo a la tarifa en vigor. Si, por tanto, con algo menos de 10 pegujales, de haber procedido de esta manera, se hubiera satisfecho el trabajo de los mismos 16 sirvientes, con que aumentara el tamaño de la superficie cedida se hubiera podido liquidar el pago de la misma cantidad de trabajo. Aceptando el mismo rendimiento, hubiera bastado una sola parcela de algo menos de 30 unidades de superficie. Pero, si se redujera este exagerado tamaño a una tercera parte, una sola parcela de 10 unidades de superficie sería suficiente para satisfacer, con los mismos rendimientos, el trabajo de casi 6 sirvientes, cifra que estaba más cerca del número real de los trabajadores de esta clase que habitualmente era remunerado con pegujal en las labores. Que el documento mencionara los pegujales de los sirvientes rozaba, en consecuencia, el contrasentido, y hasta podía interpretarse como la emergencia de una justificación encubridora.
Me bastó recapacitar en estos términos, que anulaban la veracidad del plural, para ensayar una explicación concordante con los fundamentos conocidos de la institución conocida con el nombre de pegujal. En las labores, la cesión de la superficie destinada al cultivo de los cereales bajo esta condición, porque el documento empleaba el plural, pudo también consistir en la cesión de una serie de pequeñas unidades de producción cuyo número podía exceder las necesidades de remuneración de los sirvientes que mantuviera cada labor, o de cualquier transacción que con ellos se hubiera acordado. Estaba documentado que se podía actuar de este modo al menos cuando se había obtenido por arrendamiento la unidad de explotación. Porciones de ella se subarrendaban a quienes estuvieran interesados en aquella forma de empresa marginal. El aval jurídico a esta clase de transferencias procedía de los contratos que ponían al alcance de las empresas con más ambición, cuando se relacionaban directamente con los titulares del dominio efectivo, las grandes unidades productivas, que explícitamente permitían actuar así.
Por tanto, era posible que en los pegujales de las labores hubiera más de constitución de pequeñas empresas subsidiarias que de remuneración del trabajo. No se podía excluir que bajo aquella forma compleja de hablar se ocultaran modalidades de cesión basadas en determinados acuerdos bilaterales, como todas las inducidas por la sociedad obligada entre quienes acaparaban la tierra y quienes deseaban emprender una pequeña explotación de cereales, incluso careciendo estos de una parte sustantiva del capital necesario para acometerla con perspectivas de éxito, se estuviera o no ocultando, al actuar de este modo, alguna forma de aparcería o cualquiera de las otras oscuras sociedades derivadas de la dependencia o subordinación entre cedente y cedido. Tales serían aquellos pegujales, explotaciones subsidiarias avaladas por los siglos, de las que podía sospechar, sin que me faltara base, que también tendrían que erigirse como empresas recurriendo a formas de cesión distintas a la más extendida, el arrendamiento que los escribanos comerciaban, o al menos la única que mencionaba positivamente el documento cuando se refería a la forma reglada de ejecutar las transferencias transitorias de uso. Aunque pudiera parecer anacrónico, era muy posible que el concepto sirviente, en el que insistía el documento cuando se refería a quienes trabajaban estas unidades huéspedes de las dos labores analizadas, hubiera preservado o no la obligación de prestar servicios a cambio de la cesión, mantuviera toda su vigencia jurídica cuando se trataba de formalizar ciertos pactos, dado que enunciaba que la relación acordada vinculaba el estatuto de sirviente a la obtención de la parcela de pequeñas dimensiones que el lenguaje regional llamaba pegujal.
Acreedores rurales
Publicado: noviembre 4, 2015 Archivado en: Narrador | Tags: crédito, rural Deja un comentarioNarrador
Calculando sobre una masa de 840.227 reales 15 maravedíes prestados, algo menos de la quinta parte, en total 136.014 reales 24 maravedíes, provenía de prestadores que solo se identificaron por su nombre. Las otras cuatro quintas partes, nada menos que 704.212 reales 25 maravedíes, las suministraron corporaciones. El análisis de los prestadores nominales permite además creer que eran subsidiarios de las dominantes.
1. En el mercado del crédito rural captaban la porción mayor de clientes los conventos. Es posible que casi la mitad de todos los capitales puestos en circulación, por cualquier institución, bajo cualquier modalidad contractual, procedieran de rentas acumuladas por casas de órdenes religiosas.
Una oferta tan amplia estaría sostenida por una posición dominante en el mercado del censo, la forma de cesión de capitales más común, y daría como resultado un crédito tipo de esta clase en torno al medio. En una proporción muy alta, las fundaciones conventuales que concertaran censos serían de clero femenino. También eran particularmente capaces para colocar sus rentas como crédito bajo la protección legal de la memoria, el procedimiento usurario que se servía de estas elementales instituciones piadosas. El valor estimado de su participación en este otro mercado asimismo estaría en torno a la mitad de todo el capital vendido bajo esta modalidad. Como por este medio el crédito tipo que contrataran sería alto, tanto que según nuestras estimaciones rondaría los 2.340 reales, es de suponer además que atenderían una clientela cualificada. Los conventos masculinos, que satisfarían poco más de la cuarta parte de la demanda de créditos que recurrieran a esta fórmula, que necesitaba encubrirse bajo el cumplimiento regular de ciertos ritos, podrían ofrecerla porque en sus plantillas disponían de presbíteros, clérigos aptos para celebrar misa. Si además algunos femeninos cubrían este servicio sería porque actuaran coaligados con el masculino de la misma orden. También todos los conventos, de cualquier orden, masculinos y femeninos, ocuparían la primera posición en el mercado de los tributos, mecanismo reservado al cruce de capitales o circulación entre las instituciones interesadas en la compraventa de créditos. Es posible que en torno a la cuarta parte de las obligaciones de pago de esta clase fueran puestas en circulación por ellos.
El negocio financiero del convento de referencia, que era una comunidad femenina, que estaba muy vivo en la primera mitad del siglo décimo octavo y que parecía bastante sólido, descubre una parte de las razones de aquella preeminencia. Su documentación de 1726 proporciona cifras que permiten analizar 289 contratos de crédito, que sumaban 456.275 reales 14 maravedíes de principal. Juzgando por ellas, se puede creer que durante la primera mitad del siglo décimo octavo los conventos trasladarían al mercado del crédito, para satisfacción de su demanda de renta, cantidades que abarcarían un espectro muy amplio, comprendido entre los 500 y los 16.500 reales. Pero más que la amplitud, de la flexibilidad de su oferta resulta expresiva la escala de las clases de crédito adjudicadas, que en la institución analizada comprendía 24 valores distintos.
Los beneficios que les proporcionaran estas operaciones pudieron equivaler a la mitad de todos los ingresos que por todos los medios obtuvieran, 150.804 reales 17 maravedíes reales sobre un total de 291.521 reales 6 maravedíes en el caso de referencia. Aunque lo normal fuera que cada fundación, como tantas casas de entonces, mantuviera diversificado su negocio, naturalizado en el medio rural, con arrendamientos de tierras y casas inmovilizadas, explotación directa de olivares, producción y venta de aceite, tráfico con el tercio de los diezmos de cereales de las explotaciones activas en las tierras propias cedidas, tal vez las fundaciones conventuales más potentes optaron entonces por concentrar sus riesgos en el negocio financiero. La renta civil comprometida como dote, por sí sola, podía nutrir los fondos que a los conventos femeninos les permitiera ser prestamistas. Aparte los servicios que en el orden biológico a las familias con patrimonio atesorado las fundaciones conventuales prestaran, en el económico, gracias a estos ingresos regulares y a la renta de los bienes inmovilizados, podían contar de manera estable con los medios aptos para convertirse en créditos. Las fundaciones conventuales estaban en idóneas condiciones para actuar como sólidos bancos al servicio de las familias que las hubieran promocionado.
2. El beneficio eclesiástico corporativo, originalmente constituido en cada parroquia, dispuso de otra fracción importante del mercado del crédito rural abastecido por instituciones. Aunque en conjunto solo acaparase una vigésima parte del dinero comerciado, el número de créditos que satisfaría se aproximaría a un quinto del total. Duplicando en número de ventas al inmediato oferente, el volumen del crédito adjudicado por el que lo seguía superaba al colocado por los beneficios de las parroquias. De la coincidencia de ambas circunstancias resultaba el préstamo tipo más bajo, unos 1.200 reales, indicativo de que atenderían la demanda más modesta.
Su presencia en el mercado de los tributos probablemente fue importante, algo más de la décima parte de este sector pudo estar en sus manos. Pero los beneficiados de las parroquias mantendrían su posición, y su equilibrio, sobre todo gracias al mercado de las memorias, del que serían sus dueños naturales. A mediados del siglo décimo octavo, es muy posible que se lucraran de una proporción en torno a la mitad de los gravámenes correspondientes a tal categoría.
Durante siglos, los beneficiados parroquiales habían pugnado por la administración de las memorias, en competencia con la cura de almas. Aunque no hubieran conseguido su dominio exclusivo, sí las habían consolidado como uno de sus ingresos característicos. Los designados como titulares de estas sencillas instituciones según sus reglas, así como de las rentas de los bienes inmovilizados en su favor, dispondrían del excedente que cada año pudiera deducirse, una vez satisfechos los gastos de las celebraciones que estaban en su origen; aunque el procedimiento reglado para circular la renta originada por el olivar de una memoria, que obligaba a su explotación directa, la deducción de los gastos que esta originara y la transferencia del superávit como renta a la titular del derecho, no descubre muchas posibilidades a la generación de ingresos que pudieran invertirse en el crédito.
Dado que las tarifas de los oficios religiosos que regían para todas las conmemoraciones, fueran de la clase que fueran, eran únicas, se puede aceptar que la renta neta que pudieran generar las memorias cruzadas con vínculos, que inmovilizaban bienes cuyo valor global estaba algo por encima del que acumulaban las memorias básicas, apta para convertirse en el principal de los créditos, tendría alguna posibilidad más para concurrir al mercado financiero. Si además las fundaciones conmemorativas garantizadas por vínculos incrementaban las posibilidades de que sus rentas terminaran en manos de instituciones canónicas próximas, ocurriría que las de similar valor fueran acumuladas por instituciones eclesiásticas, como las corporaciones beneficiales, y por este medio es posible que contribuyeran a incrementar las rentas que luego podían ser parcialmente usadas como medios de financiación.
Pero la liquidación de los gastos de cualquier de las memorias no pasaba de ser el pago de un servicio eclesiástico, y el arancel de las celebraciones religiosas exigidas fijaba tarifas modestas para las misas, aunque fueran cantadas y con vísperas. Las rentas que las memorias generaban eran tan modestas que difícilmente podrían justificar la acumulación de ahorro suficiente para ser negociado como transferencia de capital por vía de préstamo, una vez satisfecho el costo de las obligaciones litúrgicas impuestas por la conmemoración.
Los ingresos del beneficio parroquial, considerado solo como función del sistema administrativo episcopal, su otra fuente de rentas, estaban asegurados de antemano por su participación de un tercio en todos los diezmos que recaudaba cada parroquia. La conquista de esta posición, así como la victoria en el contencioso con sus competidores, los curas comunes, le permitirían disponer de los mejores medios para activar el sistema crediticio propio. Este recurso, del que no disponía el otro clero parroquial, bastaría para atraer la demanda más modesta. Sin embargo, los ingresos proporcionados por la participación en el diezmo eran personales. Podrían comprometer individualmente en los mercados del crédito, pero no a la corporación de los beneficiados.
Como ninguna de las exigencias litúrgicas de las memorias, por bajas que fueran, alcanzaba a ocultar la correspondencia inmediata entre rentas y gastos de cualquiera de estas fundaciones, aun sin detenerse en cálculos, habría que concluir que se mantuvieron en el mercado del crédito gracias a que la memoria podía ser utilizada en sentido impropio. Al menos una parte de los pequeños acreditados se habrían limitado a comprometer algunas misas, a favor de sus antepasados, a cambio de cantidades como las que ocuparían las posiciones más modestas de las tablas de los principales. La liquidación anual de los réditos correspondientes sería justificada como pago de unos servicios religiosos, y así los beneficiados encubrirían su captación de rentas con garantía hipotecaria en aquel mercado del crédito.
3. Además de los cuerpos beneficiales de cada parroquia, en el marco de la población rural que nos servía de observatorio otras tres sociedades de este tipo actuaron como prestamistas: el instituto local que reunía a todos los beneficiados, el cabildo catedralicio de la provincia eclesiástica o episcopado y otro colegial.
La posición ocupada por la corporación local de todos los beneficiados, la primera entre las de esta clase, era también la más independiente. Como cuando se limitaban solo a su parroquia, cuando intervenían en el mercado coaligados como un solo poder los beneficiados actuaron con preferencia en el ámbito de las memorias, aunque también sabemos que intervinieron en el de los censos. A partir de los datos proporcionados por sus cuentas, los valores de principales aceptados permitían deducir que la parte más antigua de su venta de créditos, denominada en maravedíes, moneda en la que su contabilidad prefería operar para ganar exactitud, eran cantidades que equivalían a casi 18 reales y poco menos de 600, indicios inequívocos de que en origen también captaría una clientela modesta. Pero todo indica que entre 1647 y 1778 habitualmente ofertó sus préstamos en tres módulos, de 100, 200 y 300 ducados (1.100, 2.200 y 3.300 reales) respectivamente. Un espectro tan extenso en parte era la consecuencia de la evolución del mercado bajo el control de los beneficiados rurales colegiados, que estuvo marcada por su inflación.
El cabildo catedralicio, la corporación que regía el primer templo de cada obispado, dotado con la mayor participación en el diezmo cobrado en todas las parroquias, normalmente ingresado en dinero, no tendría problema para disponer de fondos con los que participar en el mercado rural del crédito. Sin embargo, el cabildo catedralicio se orientaba hacia necesidades menores que la media, de casi 3.000 y poco más de 2.000 reales. La limitada participación en el negocio financiero del campo de una corporación tan poderosa, una de las primeras empresas de la región entonces, es un buen indicio del reparto de influencias que pudo vertebrarlo. Estaría dominado por las instituciones adecuadas a la fragmentación de aquel mundo, de implantación comarcal como máximo.
El cabildo colegial detectado era una corporación constituida también a partir de la forma beneficial superior o canonjía, aunque en un templo distinto al primero de la diócesis. No tenía su rango pero sí unas rentas extraordinarias, consecuencia de que su corporación gestora se reservaba para sí la masa del diezmo que a su responsabilidad parroquial correspondía. Su presencia en el mercado del crédito del lugar desde donde observamos era aún más circunstancial que la atribuible al cabildo catedralicio.
4. Las capellanías autónomas proporcionarían al mercado bajo control de las instituciones la quinta parte del capital comercializado. Satisfarían una demanda exigente porque su crédito tipo casi duplicaría el medio. Era 4.235 reales contables, expresivo de las cantidades que efectivamente cedían como principal, que oscilaban entre los 50 y los 1.000 ducados (50, 100, 150, 200, 300, 500, 650 y 1.000).
Sus aptitudes para el crédito parecían limitadas si el criterio que se utilizaba era la cantidad de sus bienes. Solo las dotadas excepcionalmente, que eran muy pocas, estarían en condiciones de entrar en el negocio. Tal vez por eso prefirieran concentrarse en las fórmulas legales de más garantía, las que convergían en el contrato censal. Así lo confirmaban hechos que resultaban muy explícitos. Cerca de la cuarta parte del mercado de los tributos, el medio más visible de los empleados para la creación de valores fiduciarios, estaba atendido por ellas, pero apenas intervenían en el mercado del crédito con memoria, a pesar de que esta fuera la forma elemental de la capellanía y por tanto se pudiera anticipar que su participación en este sector del mercado tendría que ser poco menos que espontánea. Los de esta clase que llegaron a su poder probablemente fueron consecuencia de azares extraordinarios. Es muy probable que cada institución optara por atenerse a su régimen económico particular y eludir el contrato viciado de memorias.
Las capellanías, como las fundaciones conventuales de patronato, permitían un control directo de las rentas generadas por el ahorro familiar, de la manera más segura y más satisfactoria sin salir de una población. Bastaba con que cada generación destinara uno de sus descendientes masculinos a este oficio. El crédito que pudieran proporcionar las más saneadas, a la vez que uno de los más robustos, pudo ser uno de los más accesibles para quienes vivieran en el medio rural.
5. Las llamadas fábricas, departamentos encargados de la gestión material de las parroquias, proporcionaron otra oportunidad al clero de cada una para que interviniera en el mercado del crédito. Suministrarían una décima parte de los préstamos vendidos por las instituciones. Se puede creer que atenderían una demanda común, porque el valor de su crédito síntesis está muy próximo al general. Con un tamaño de las ventas, para el conjunto, algo superior al de las que realizaban los prestamistas individuales, apenas colocaban la trigésima parte de todo el capital que se traficaba.
Las fábricas participarían en el mercado de los tributos también con una cuota en torno a la décima parte, y en una posición más modesta en el de las memorias, en el que compartían su responsabilidad, por todos los conceptos, con una institución anexa, la colecturía de cada parroquia, encargada de la gestión de los fondos que ingresaban los servicios a cargo de la cura de almas.
La iglesia romana, en su vertiente secular, estaba en condiciones de dirigir una parte de sus excepcionales rentas, sostenidas por el diezmo, por la vía del crédito. Lo ingresado por las fábricas por coacción impositiva pudo, al menos en una parte de las parroquias, alimentar en lo fundamental la corriente que devolviera como capital parte del beneficio detraído como renta a la producción agropecuaria. Pero nuestros documentos enseñan que con preferencia estas ramas del frondoso árbol de la pertinaz iglesia, antes que las rentas propias, prefirieron desviar al crédito las procedentes de bienes sucesivamente amortizados en beneficio de ellas. Aunque su principal fuente de ingreso fuera el diezmo, las fábricas hicieron asequible el crédito a través de las donaciones y de las memorias de las que finalmente podían ser titulares.
6. En el crédito rural también actuaron algunos títulos de Castilla. Los títulos servían como apelativos que publicaban la reserva para el servicio de las armas, condición jurídica preferente de quienes eran sus poseedores. Así había llegado a suceder porque habitualmente cada uno se cimentaba sobre un señorío, obra de una fuerza y un poder originales, recompensa al servicio militar que algunos hombres fuertes ofrecían. Los señores de más rango tenían reconocidos poderes militares, aunque a fines de la época moderna ya no los ejercían, al menos en la parte referida al reclutamiento autónomo de tropas. En su momento, su uso les permitió la participación en importantes empresas bélicas, con el tiempo llamadas industria militar, que en la región fue remunerada con dominios sobre tierras y la adquisición, primero por la fuerza, de una porción extra de poderes, como la imposición de monopolios o banalidades en aquellos dominios, más o menos extensos. Había ocurrido después que al señorío se había llegado previa posición dominante en la apropiación del terrazgo, sin que esta procediera de la participación en campañas o de la preeminencia ganada por la fuerza. Aunque fuera por la poco honorable vía de la compra, gris servicio extraordinario, dueños de una parte de las tierras de un municipio fueron investidos señores de la población y su término. Aún más bastardo resultó, en tiempos más recientes, que la corona concediera señoríos para recompensar servicios administrativos y la financiación del déficit público.
Del primitivo fundamento sobre el servicio militar, ya fines de la edad moderna, los señores titulados deducían su exención para otros cualesquiera, en especial el de contribuir a los gastos de la corona. Por tanto, por encima de cuantos beneficios a cada titulado reportara esta condición, tomados en cuenta incluso los políticos, que le valían la proporción mayor en la asamblea de los representantes del reino, para que dispusiera entonces de una posición preeminente lo relevante era su reconocimiento en un territorio, convencionalmente expresado mediante un topónimo, nombre que lo denotaba o título. Las rentas que los investidos señores obtuvieran de su dominio sobre el suelo, en su parte más significativa, con más probabilidad procederían de su cesión, un ingreso que solo era voluminoso cuando el poder sobre la tierra se ejercía en cantidades de relieve. Si emprendían explotaciones agropecuarias, aprovechando su ventaja civil, atesorarían mejor la parte sustantiva de los rendimientos del suelo. Al señorío ganado se le podría señalar además como responsable de un flujo extra, cuando el título adquirido añadiera al dominio sobre las tierras poseídas alguna condición como el cerramiento, cuyo derecho se traducía en una ganancia que se podía evaluar por el precio que cada año alcanzaran los pastos.
Cualquier señorío, una vez constituido legalmente, era cesión de poderes de la corona, por lo que no es justo afirmar, como tantas veces se ha hecho, que en los fundamentos del antiguo régimen a la división de los poderes le estaba negado un lugar. Como en el origen del poder siempre estuvo la representación de la ecuanimidad, reservándose el rey el legislativo, a los señores, para que adquirieran consenso, al menos cedía la capacidad de administrar justicia en los límites de su dominio. Pero el atributo jurisdiccional del señorío solía ser, sobre todo, su principal fuente de rentas. El servicio en los oficios de la justicia o el sistema punitivo, entre otros medios, podían valerlas, así como los discretos monopolios señoriales asimismo eran fuente de buenos beneficios netos.
Del mismo modo que los títulos completaban los señoríos, las instituciones inmuebles estrictamente civiles, que eran el vínculo y el mayorazgo, consolidaron su papel protegiéndolos aún más, y así el círculo de los intercambios institucionales, que reforzaban el orden creado, como los cerrojos a las puertas ya bloqueadas con llaves, el documento a la promesa o el matrimonio al parentesco, quedaba blindado. Probablemente ninguna institución estuvo nunca tan capacitada como los vínculos para atender, en cada población, la demanda local de crédito. Cualquiera de ellas estaba más presente en las poblaciones de la región a fines de la época moderna que las otras civiles. No demasiado numerosos en los grandes núcleos, en ellos serían los patrimonios más sólidos, perceptores regulares de las rentas y los beneficios proporcionados por sus bienes inmovilizados y aptos para ser parcialmente reinvertidos. Pero dado que estas instituciones, combinadas o no, aunque no eran infrecuentes, eran por definición muy singulares, su participación en el negocio del dinero que circulaba en el campo tendría que ser restringida.
Es posible que esta afirmación sea temeraria, porque cuando se modifica el punto de vista se puede comprobar que los títulos no se inhiben en otros ámbitos. Pero en este lugar estamos obligados a sostenerla, puesto que apenas hemos podido documentar unos pocos casos demostrativos de la inversión en el campo de una parte de sus ahorros con la forma de los créditos. Aun así, cuando hacían incursiones en aquel mundo atendían los planes de financiación más ambiciosos. Su crédito tipo era el más alto, de casi 17.000 reales, una cifra que a pesar de la restringida presencia de sus responsables les permitiría acaparar una fracción nada despreciable del mercado, alrededor de la vigésima.
También es posible que la participación de los grandes patrimonios señoriales en el negocio del crédito rural, andando el tiempo, aparentara poca relevancia porque en su momento pudo quedar oculta tras el recurso a fórmulas originales, que les habrían permitido, a la vez que competir con ventaja en este mercado, una mayor carga de garantías y más discreción, un bien estimado por gente que prefería ostentar una vida ajena a los negocios mercantiles. Detectamos la desviación de la renta señorial al mercado del crédito a través de un monte, institución que ya había sido alentada desde la corona en el siglo décimo séptimo para que actuara en el ámbito civil hispánico. Manejando a su favor los tipos de interés, debía simultanear la toma y la dación de créditos. El mantenido por el estado de Olivares, que consiguió ocupar, por volumen de actividad, la cuarta posición en el orden de las instituciones analizadas, abastecería el crédito rural con algo menos de la décima parte del capital negociado. Parece que también estuvo especializado en una demanda cualificada, muy próxima a la dirigida a las capellanías, porque su crédito tipo estaba muy próximo a los 7.000 reales contables y apenas participaba en el mercado de las memorias. En su caso, aún más que en otros, parece evidente que pudo disponer de algún título de esta clase como consecuencia de los azares de las transmisiones. Los indicios sin embargo son suficientes para imaginar que efectivamente pudo servirse de deudas contraídas para captar otras a su favor.
7. El resto de las instituciones satisfarían porciones de la compraventa de créditos inferiores a la vigésima parte del mercado. Mientras que los colegios estarían orientados hacia posiciones algo por debajo de la clientela de las capellanías o el monte, los hospitales atenderían necesidades de crédito por debajo de la media, casi 3.000 y poco más de 2.000 reales respectivamente. Patronatos y, sobre todo, cofradías y hermandades serían los responsables de la atención a los créditos que ocuparan las posiciones inferiores. Mientras que los primeros prestarían unos 1.850 reales, los segundos los concederían por un valor en torno a 1.600.
Cofradías y hermandades, colegios y hospitales fueron instituciones con una presencia irrelevante en el mercado del crédito con memoria, quizás por razones similares a las que redujeron a esta posición a otras en este mismo mercado, la más probable ser titular último de un linaje de legatarios. Solo descubren una faceta complementaria cuatro operaciones facilitadas por memorias en sentido propio, cuyos bienes generarían rentas suficientes para atender el fin inmediato de la fundación y el negocio financiero. En el mercado de los tributos entre la décima y la vigésima parte la venderían los hospitales y las cofradías, mientras que el resto de las corporaciones que ofertaran estos créditos tampoco añadirían nada a lo que ya hemos deducido.
El uso de los bienes de los colegios, directamente gestionados por las órdenes interesadas en la captación por la docencia, proporcionaría los beneficios que en parte podían ser expandidos usándolos como medio para la financiación de otras iniciativas económicas. Los colegios activos en el mercado del crédito en el lugar de referencia no solo fueron los de jesuitas o dominicos, sino también uno del carmen calzado, convivio horaciano concentrado en el metro de los pies, así como uno de formación superior. Además actuó una obra pía, de fundamentos similares a los patronatos de esta clase, adscrita a un colegio, con seguridad destinada a sufragar la residencia de los colegiales, que dispuso de rentas para prestar.
Nada obstaculizaba a los hospitales, obligadamente detentadores de importantes patrimonios, que periódicamente dispusieran de suficiente liquidez como para entrar en el mercado de los créditos rurales. No hay indicios, en la documentación manejada, que recomienden pensar que su incursión en la cesión de créditos fuera circunstancial. Antes parece que pudieron ser inversores financieros regulares.
Los patronatos limitados al sostén de una obra piadosa, que parecen una salida algo tardía para la protección de los bienes de las familias, por su frecuencia relativa aparentan pocas opciones de intervención en el mercado del crédito para el campo. En el patronato para dotes analizado, cada una sumaría el beneficio obtenido durante dos años por la explotación de las fincas inmovilizadas. Si el régimen administrativo de los institutos de esta clase fue en todos los casos este, parece que el margen que tendrían para generar renta apta para convertirse en crédito sería limitado.
La suerte de las cofradías y hermandades, naturalmente diversa, en buena medida estaría decidida por su origen. El ahorro que sus rentas permitieran, probablemente muy limitado, siendo solidario el origen de la asociación, tendría como destino preferente atender las necesidades de financiación de sus miembros.
Curato, lámpara para el santísimo, mesa de los pobres, orden tercera y la obra pía de los santos lugares representarían en nuestro caso con mucha nitidez los márgenes de las instituciones acreedoras del crédito rural. Estas fundaciones, que pueden ser irrelevantes bajo el criterio financiero y por haber entrado en el campo de observación a consecuencia del azar, comerciarían créditos tipo significativamente pertinaces, entre 1.000 y 1.200 reales, con mayor frecuencia de 1.100 o 100 ducados contables.
8. El análisis de los créditos adquiridos a personas, gracias a que una de nuestras fuentes se consintió en un tercio de los casos ser especificativa, nos permitió descubrir características que abrían una vía de explicación para esta parte menor del negocio. Mientras que para los otros asientos solo proporcionaban un nombre, al que no añadían denotativo alguno, a los que nos referimos acumulaban invariablemente un sustantivo que precisaba una condición clerical, secular para todos los masculinos, regular para todos los femeninos. Estamos legitimados para generalizar, sin dejar de admitir el riesgo en el que incurrimos actuando de este modo porque partimos de una cantidad de casos limitada.
El clero regular femenino, aparte el grado de consanguinidad que tuvieran las profesas en plenitud de derechos con los fundadores de cada casa, con libertad podía disponer de capital propio, dependiente de las condiciones con las que estuvieran comprometidos con la institución los alimentos y la dote. Por eso, en un convento una monja que viviera en la clausura, cuando disponía de su patrimonio propio, podía actuar como prestadora.
La posición que ofrecía mejores posibilidades, tal como indica un crédito medio de 4.619 reales 27 maravedíes, era la de los prestadores individuales cualificados como presbíteros, condición que les permitía atender la liturgia de la memoria. Satisfacían menos de la vigésima parte del mercado, al tiempo que colocaban en él una décima parte de la mercancía. La renta detentada individualmente, en el caso del clero masculino secular, con más probabilidad podía ser resultado de la obtención de un título que diera derecho a la participación en las rentas que detraía la iglesia romana, el beneficio, masa a la que agregaban la deducida de su pertenencia a corporaciones que exigieran aquella condición. Los canónigos eran quienes hacían de sus ingresos el mejor uso discrecional. Las rentas individuales percibidas a título de beneficio, que también se nutrían sobre todo del diezmo, podían crear fondos particulares a partir de los cuales transferir capital. Aunque se disfrutaran individualmente, eran susceptibles de inversión usuraria. Las rentas de un prebendado siempre eran altas. Estaba en una buena posición para acumular ahorro y nutrir a un inversor fácil, pero su residencia, urbana, no lo hacía accesible. En el medio rural era mucho más probable que esto mismo lo hiciera un beneficiado parroquial, perceptor de rentas excelentes. Que un cura dispusiera de ahorros para invertirlos en el mercado del crédito sería una excepción, si habían de proceder de la remuneración de sus servicios espirituales. También podían proceder de la satisfacción de los fines de una capellanía, para lo que contaban a su favor con un régimen privado, o derecho de patronato, que regulaba el acceso al producto que los bienes a ella vinculados daban. De la renta podían disponer, a título personal, como ingreso neto, al margen de las obligaciones o límites que pudieran imponer cualquiera de las instituciones generadoras de la riqueza porque, alcanzado aquel estado límite, no comprometían sus bienes.
Ninguna de estas vías abiertas para la circulación de las rentas personales podría existir de no existir las respectivas instituciones. El ciclo de las obtenidas a través de las canónicas o paraeclesiásticas empezaba y terminaba en personas, como es natural para cualquier clase de renta. Solo este hecho daba el sentido apropiado a esta noción. No creemos necesario añadir más para avalar que los créditos vendidos por personas, al menos en el medio rural, parecen una rama de los que habilitaban las instituciones que dominaban en este mercado. La cuantía, el riesgo o el nexo entre acreedor y prestatario pudieron ser criterios, entre otros, para desviar hacia las rentas personales determinadas operaciones.
9. Pocas dudas podían mantenerse sobre la posición y el papel que a las instituciones que veníamos analizando tocaba en el negocio financiero rural. Estaba íntegramente en sus manos. La documentación persuadía además sobre el importante papel que a las eclesiásticas correspondió en el reparto de la función económica del acreedor, así protagonistas directas como colaboradoras de las civiles. La concentración de rentas en este medio lo convirtió en el inevitable, en el dominio rural de la región, cuando se deseaba comprar dinero. Fueron ellas, afortunadas o no, dirimidas o ganadas de manera pacífica, pero comprometidas con el mantenimiento y la transmisión de los patrimonios familiares, las que generaron, en el medio rural, la parte sustancial de las rentas que alimentaron el crédito. El ahorro de las familias que las habían creado, en alguna proporción transferido a instituciones como las descritas, fue destinado con su mediación a explotar para el beneficio pasivo las posibilidades que tuviera este frente.
Más allá de las obligaciones recaídas por el capital a causa de la fundación, las rentas de los bienes inmovilizados estaban en condiciones para constituirse en flujo que alimentara el mercado del crédito. Nada en el orden civil, ni aun infiltrado por el canon romano, lo impedía. Tal como podían destinarse al consumo podían aumentar el beneficio vertiéndose a inversión por vía de préstamo. Arriesgar en este, fuera más o menos permisiva la ley, tendría que ser en cualquier circunstancia una tentación a la que no siempre podrían resistir los rentistas. Las posibilidades de la desviación al crédito de al menos una parte de la renta dependerían del remanente que dejara en libertad cada disfrute, aunque no todas las fundaciones contaran de antemano con las mismas.
Un análisis específico, similar al que se ha expuesto, informado por las circunstancias que afectan al origen de las instituciones, su evolución, las oscilaciones de sus rentas, el capital líquido del que dispusieran, el acierto en su gestión, entre las más relevantes que deben ser mencionadas, suministraría un cuadro proporcionalmente distinto. En aquella población las capellanías pudieron tener menos relevancia, en la otra las hermandades tal vez fueran más potentadas y por tanto más agresivas, hablando en términos de competencia en el mercado del crédito rural. En una tercera el beneficio pudo no dar con la fórmula que hiciera convincente su venta de sufragios a cambio de la cesión de dinero. Pero estamos persuadidos de que el cuadro trazado, en lo fundamental, fue inalterable en la región durante el tiempo comprendido entre la baja edad media y fines de la época moderna, porque en él están contenidas todas las instituciones que garantizaron los ahorros del medio rural. Podrán cambiar de un lugar a otro las proporciones, la importancia relativa del papel que haya que conceder a cada corporación. Al contrario, su papel como autores genuinos y exclusivos del crédito rural, porque para este en parte fueron ideadas y garantizadas por el derecho, no habría que alterarlo.
El pan podrido
Publicado: octubre 16, 2015 Archivado en: Redacción | Tags: crisis, económica Deja un comentarioRedacción
1. Una población a mediados de 1750 había comprado por su cuenta, aunque a expensas del caudal cedido por el rey del importe de sus rentas, mil fanegas de trigo ultramarino para hacer frente a las necesidades que provocara el hundimiento de la producción de los cereales aquel año.
El 11 de septiembre de 1750, en la reunión de su ayuntamiento, uno de sus regidores informó que el cereal, tal como se había decidido en su momento, estaba encamarado en los graneros del pósito. No obstante haberlo movido y apaleado muchas veces, para preservarlo de corrupción, y haber ido a repetir esta operación un par de días antes, el 9, había advertido que comenzaba a calentarse y a criar algún gorgojo, por lo que inmediatamente había ordenado que la mitad del trigo se moviera y se mudara a otro granero. Aligerado de este modo, con los frecuentes apaleos que se le daban, creía posible que se mantuviera.
El ayuntamiento decidió que se siguiera apaleando, así como convocar a cabildo para el lunes siguiente, día 14, con esta justificación. La necesidad de los naturales de la población era tan urgente y notoria, y, como el caudal del pósito era y debía ser para el beneficio común, debía conferirse sobre si sería conveniente distribuir entre los necesitados parte de este trigo en pan amasado.
Cuando el ayuntamiento se reunió el día 14 el orden del día había sido ampliado. Eran dos los asuntos a tratar, el socorro a los pobres mendigos naturales de la población y las mil fanegas de trigo ultramarino que habían comprado y habían empezado a calentarse. El acuerdo al que se llegó sobre lo segundo tenía consecuencias para lo primero, la política de pobres que se estaba aplicando. Se dijo que en aquel momento era superior la necesidad que había en el común de los pobres de la población, cuyo número había aumentado en pocos días a consecuencia de las órdenes que en esta materia había dado la junta de granos del reino, para que cada pueblo mantuviera los que hubieran nacido en él. Para su socorro no alcanzaba, aun en poca cantidad, la limosna que diariamente recogían, pidiéndola todos los días de puerta en puerta, por más que las personas caritativas quisieran ampliarla en aquella situación con esfuerzos superiores a los que hacían en otros tiempos.
El gobierno de la población, para hacer frente a tan importante materia, había propuesto a la junta del reino, como medios para hacer efectiva la limosna que se necesitaba, la imposición de arbitrios sobre frutos y otros géneros, así como el arrendamiento de algunas tierras baldías. Pero no había sido admitida por la junta la imposición de los arbitrios, aunque había permitido el arrendamiento de tierras, que se había intentado bajo las formalidades previstas por la junta, pero que hasta el momento había sido imposible porque no había postor para ellas.
De esto resultaba, no solo el irreparable perjuicio que padecía la multitud de pobres por falta de socorro, sino el gravísimo daño de que muchos, forzados por su necesidad, en los campos término del municipio, atropellaban ganados y ganaderos y habían cometido diferentes excesos criminales, que habían puesto en el mayor cuidado al gobierno municipal y sus justicias. Todas estas circunstancias, por ser dignas de la mayor atención y pedir rápidamente soluciones, habían recomendado al gobierno de la población buscar otras salidas.
Parecía la más oportuna servirse del caudal del pósito, puesto que era propio del común, lo que podía hacerse sin perjuicio de la sementera inmediata, teniendo en cuenta que estaban almacenadas y compradas aproximadamente mil fanegas de trigo ultramarino. Inmediatamente podían servir para hacer frente a la necesidad de que se trataba. Se podrían repartir a los pobres en pan cocido, según un plan de reparto diario.
Para su satisfactoria ejecución sería necesario prever la reposición de las mil fanegas. Para ello, bastaría servirse de las creces del pósito, tarifa de sus créditos en grano que igualmente era obligado liquidar en la misma especie. Serían suficientes las de un año, y esa cantidad sería reservada para venderla en la siguiente sementera. Los ingresos que así se obtuvieran se podrían después aplicar a satisfacer la deuda que se había contraído en su momento con la hacienda real, la que había proporcionado la masa monetaria que en junio se había invertido en la compra del trigo ultramarino.
A la asamblea de gobierno de la población le pareció conveniente consultar a la autoridad regional sobre este plan, adjuntándole testimonio del acuerdo que se había tomado, otro de que el municipio no usaba arbitrio alguno, más un tercero que acreditara la existencia de aquel trigo. Con estos informes, al que aún se añadiría otro del caudal del que disponía el pósito, que también habría de certificarse, haciendo uso de las facultades que le habían sido concedidas por la corona para hacer frente a las necesidades que en aquel momento tenía la región, teniendo por oportuno este providencial acuerdo, podría hacer uso de su autoridad en lo que creyera viable. Acordaron que por el correo inmediato, por medio del propio corregidor, cuya conducta era fiel a la de quien en aquel momento personifica la autoridad regional, fuera ejecutada la decisión antecedente.
2. El 28 siguiente, el ayuntamiento, a través de uno de sus regidores, que había sido nombrado como diputado para el beneficio del trigo ultramarino, tuvo de nuevo noticias sobre el estado del grano. No obstante su continua atención, gracias a la cual cada tres días estaba siendo objeto de grandes apaleos, con grandes costas y gastos, se reconocía en él quebranto y deterioro, que llegarían a lo sumo si el gobierno local en breve no tomaba alguna decisión para que se dispusiera de él.
Pocos días después, el 2 de octubre, fue el medidor público de granos quien informó al ayuntamiento que aquel grano necesitaba ser vendido inmediatamente, porque había empezado a picarse y su daño continuaba, aunque estaba apaleándose diariamente. Como se estaba vendiendo otro en la población con alguna merma, porque estaba húmedo, a 36 reales la fanega, compensando la merma que podía tener el de propiedad pública, que se encontraba completamente seco, por lo picado que estaba, también podría venderse en aquel momento a 36 reales. Si no se vendiera inmediatamente, tanto el daño como la pérdida podrían ser mucho mayores.
A consecuencia de tan alarmante informe, aquel mismo día el ayuntamiento acordó la venta de sus mil fanegas de trigo ultramarino a 36 reales, a pesar de que su adquisición había obligado a un desembolso de cerca de 42.000 reales. Aunque se habían adquirido a 37, acumularon un costo unitario de 40.44, y para resarcirse de todo el gasto incluso hubo un momento en que se pretendió venderlas a 42. Ahora reconocían que, en caso de venderse al precio que le correspondía, se seguiría un grave perjuicio al común, porque como consecuencia el pan elaborado con aquel trigo tendría que venderse a un precio más alto que el que tenía en aquel momento en el mercado local. Para que la venta no se demorara, fueron facultados por el gobierno de la ciudad dos regidores, a quienes se les autorizó a ejecutar lo que creyeran conveniente para que el trigo ultramarino fuera pronto despachado. El déficit que de esta operación iba a resultar para los haberes reales se absorbería con la venta de las mil fanegas de trigo que se ingresaran gracias a las creces del pósito. Según informaba el corregidor, que estaba en la capital tratando el asunto con la máxima autoridad territorial, ocupados ambos en el alivio de la región por orden del rey, se facilitaría esta venta para con su importe restituir los ingresos de la corona.
3. De cómo fueron ejecutadas estas decisiones no tenemos datos, pero el 3 de junio siguiente, ya año 1751, el alcalde mayor, en ejercicio de corregidor, porque aún estaba ausente el titular, formalizó por escrito una denuncia al instante de haberle sido comunicada. Se estaba vendiendo pan amasado con trigo de la mar de muy inferior calidad, el adquirido por el municipio meses antes, comercializado al por menor a través del pósito, y aun perjudicial para quien lo llegara a comer.
Para que no sufriera ningún daño el común, y fuera corregido cualquier desorden en el que pudieran haber incurrido los panaderos, mandó que el alguacil mayor, en compañía de un escribano de cabildo, asistido por los ministros de justicia que tuviera por conveniente, se presentara en los lugares donde habitualmente se vendía el pan. Para proceder tal como correspondía, se haría acompañar asimismo por panaderos inteligentes, que actuarían como peritos y reconocerían las piezas que en aquellos lugares se estuvieran vendiendo. Si efectivamente comprobaren que no eran de buena calidad, que las aprehendieran y las pusieran en depósito seguro.
Tras notificar al alguacil mayor el nombramiento del que le había hecho objeto el alcalde, el escribano requirió a Andrés Tapia y a Francisco Paredes, de 53 y 42 años respectivamente, vecinos del municipio y panaderos de toda inteligencia. Eran, por su continuada práctica, los que más bien conocían la bondad o mala calidad del pan y del trigo que se amasaba. Se mostraron dispuestos a obedecer lo que la autoridad judicial había decidido y se comprometieron a hacer fiel y legalmente el reconocimiento que se les mandaba hacer.
Alguacil mayor, escribano, diferentes ministros de justicia y los dos panaderos peritos para el reconocimiento del pan, se personaron en una de las calles centrales de la población, donde decidieron aprehender tres partidas de pan, amasado con trigo de la mar y comercializado en hogazas de a dos libras: 14 hogazas procedentes de la panadería de Antonio Carballido, 4,5 de la que tenía Francisco Santana, quien las comercializaría por medias hogazas, y 16 de la regentada por Cristóbal Navarro. El alguacil mayor puso las tres partidas en poder y depósito de Juan Gutiérrez, vecino del municipio en la calle aludida, quien se entregó en ellas y se obligó a tenerlas en su poder a disposición de la autoridad que lo había constituido en depositario, así como a no entregarlas a persona alguna sin que el alguacil lo mandara. Ante tres testigos a esta seguridad se sometió con su persona y con sus bienes habidos y por haber.
En la misma calle aprehendieron otras tres partidas de hogazas de pan de a dos libras, de inferior calidad, asimismo hechas con trigo de la mar. En casa de José Roldán, procedentes de Lorenzo González, panadero, 10 hogazas y 3 cuarterones, lo que significa que la hogaza este la comercializaba incluso en octavas partes, porque el cuarterón era la cuarta parte de la libra, si bien es posible que cuarterón se emplee aquí en el sentido más general de cuarto, lo que del mismo modo sería una peculiaridad para la comercialización del pan. En casa de Alonso Rodríguez, de Juan Palomo, panadero, 26 hogazas, y en casa de José Carrera, de María de la O, panadera, 27. Las tres partidas fueron puestas por el alguacil mayor en depósito de Manuel Ibáñez, vecino de la población, en aquella calle, que estaba presente. Se dio por entregado de todo este pan y se obligó con las mismas formalidades que fueron satisfechas en el caso anterior. Se comprometió a no entregarlo a persona alguna sin expreso mandato para ello del alcalde mayor, o en su defecto a pagar su valor
Fue a continuación el grupo judicial a otro lugar céntrico, esta vez en la otra mitad de la población, y allí aprehendieron otras cuatro partidas de pan. También se trataba de hogazas de a dos libras amasadas con trigo de la mar: 4 que se estaban vendiendo como de Javier Rodríguez; 68 en casa de Pedro de Ojeda, quien dijo que eran de Juan Martínez, panadero; y en casa de Cristóbal Gallardo dos partidas, una de 25 hogazas, quien declaró que eran de Sebastián Romero, panadero, y otra de 26 que, según manifestó, eran de don Juan de Valenzuela, quien allí las había enviado a vender. Estas cuatro partidas quedaron en depósito de Fernando de Rueda, que vivía en aquel lugar.
Todavía en casa de Cristóbal Gallardo hicieron una segunda aprehensión, de 91 hogazas de pan. Dijo que eran también de Sebastián Romero. Y aún en el mismo lugar, en casa de Ignacio Fernández fueron incautadas 68 hogazas de un Antonio Carrero, panadero, que más adelante aparece identificado con el nombre de Antonio Rodríguez. Todas eran de a dos libras y habían sido amasadas con trigo de la mar de inferior calidad. Quedaron las dos partidas en depósito de Antonio Gutiérrez, vecino de la población allí mismo.
Por último, la comisión fue desde ese lugar hasta la calle de salida de la población en dirección a la capital. Allí, en casa de Antonio Toranzo, aprehendieron 25 hogazas de pan, también de a dos libras, del que dijeron los peritos que había sido amasado con trigo de la tierra, picado y de muy inferior calidad, motivo por el que olía muy mal. Toranzo explicó que se lo había llevado Alonso Pérez, llamado Zape, panadero, para que lo vendiera, y en efecto ya había vendido algunas hogazas de él a 6 cuartos, es decir, a 24 maravedíes cada una. El alguacil mayor también denunció este pan y lo puso en depósito y poder del propio Toranzo.
Al escribano todavía le quedó tiempo para ir a casa del alcalde mayor y relatarle los autos y diligencias que el alguacil mayor había ejecutado. El alcalde los aprobó e interpuso en ellos su decreto judicial. Le mandó que continuara en el ejercicio de la comisión que le había conferido, ya que él se encontraba indispuesto para hacer aquellas diligencias, y justificara si era o no perjudicial para la salud pública el pan amasado de trigo de la mar que se había aprehendido. Para que lo reconocieran nombró a Andrés Tapia y Francisco Paredes, los mismos panaderos y peritos inteligentes que ya habían actuado en la inspección. Cuando aceptaran y juraran el reconocimiento, una vez que lo hicieran, comparecerían a declarar lo que resultara. Explicarían las razones por la cuales el pan aprehendido era de mala calidad [sic] y de dónde le provenía esta condición.
Hechos el reconocimiento y la declaración de los dos peritos, se presentarían a los médicos don Bernardo Luis Oviedo, de 33 años, y don Bernardo Francisco Oviedo el menor, de 73 años [sic], titular de los reales hospitales y ejércitos, de la familia de la reina, que residían en la población, a quienes el alcalde mayor había decidido nombrar para que, haciendo experimento con el pan aprehendido, depusieran sobre su malignidad, en caso de que la tuvieran, y sobre los perjuicios que pudieran seguirse a la salud pública, si se comiera, con la mayor expresión y claridad. Cuando así fuera ejecutado, los autos deberían llevarse ante él para en su vista proveer.
El escribano, sin que aún hubiera terminado aquel largo 3 de junio, notificó las decisiones del alcalde al alguacil mayor y a los panaderos peritos, quienes aceptaron y juraron, y a don Bernardo Francisco Oviedo y a don Bernardo Luis Oviedo, los médicos, sus nombramientos para el reconocimiento del pan aprehendido, que igualmente admitieron, juraron y firmaron.
El alguacil, acompañado por el escribano y los dos peritos nombrados, asistidos por diferentes ministros de justicia, pasaron a los lugares donde estaba depositado el pan aprehendido. Los peritos lo fueron reconociendo, probando y partiendo en presencia del escribano. Así actuaron con el que habían aprehendido en la segunda inspección, y lo mismo con el que estaba en depósito después de la primera, con expresión de todos los amasijos de cada uno de los panaderos que constaban en los autos. Hicieron el reconocimiento a su buen leal saber y entender. El escribano lo puso por diligencia y los dos peritos no firmaron porque no sabían. El alguacil mayor, ante el escribano, les tomó juramento, y dijeron haber reconocido el pan aprehendido y ofrecieron decir la verdad. Y este fue su dictamen.
Once de las partidas eran de mala calidad. El pan, según su olor y sabor, demostraba que el trigo de la mar con el que se habían amasado las respectivas hogazas era muy inferior, podrido y dañino para quien lo comiere, por lo que no se debía usar de él para la alimentación. La partida de 25 hogazas aprehendida en casa de Antonio Toranzo, durante el último reconocimiento, amasada por Alonso Pérez, alias Zape, con trigo de la tierra de inferior calidad, de aspecto muy añejo, era aun de más mala calidad que el de la mar, como de él se demostraba. Estaba podrido y había sido sacado de silos donde en gran parte se había cargado de humedad.
Solo la partida de 4 hogazas, depositada en casa de Fernando de Rueda, durante la segunda inspección, que se estaban vendiendo como de Javier Rodríguez, no era de mala calidad. En cuanto a la partida de 27 hogazas aprehendida en casa de José Carrera, durante la primera, y depositada en Manuel Ibáñez, que procedía de la panadera María de la O, aunque amasada con el trigo de la mar, no era de tan inferior calidad como las otras. Era cierto que estaba prieto pero no tenía tan mal olor y tan baja calidad como las demás, por lo que se podía comer sin el riesgo que las otras tenían.
Al día siguiente, 4 de junio, ante el alguacil mayor, comparecieron los dos médicos. El alguacil, ante el escribano, les tomó juramento. Lo hicieron y ofrecieron decir la verdad en lo que se les preguntara, y fueron interrogados sobre el reconocimiento del pan aprehendido que habían hecho.
Dijeron que el día anterior habían reconocido una porción de pan cocido de hogazas de a dos libras, y que habían visto el dictamen de los panaderos nombrados para este caso, quienes habían afirmado que el pan estaba amasado con trigo corrompido, tanto el de la tierra como el de la mar, como lo demostraban sus malos olor y sabor, que patentemente se manifestaban. Bajo este supuesto, los médicos afirmaban que el uso de este pan para comer era muy pernicioso. De él podía resultar gravísimo daño, como una epidemia o peste, puesto que el aire y los malos alimentos eran las dos causas principales de semejantes tragedias. Entre los alimentos, la causa más principal, como más común, era el pan. Era cuanto de su parte podían manifestar, en cumplimiento de sus obligaciones, y así lo decían.
Suplicaban, en consecuencia, que se hiciera celar e impedir semejante introducción y uso, en lo que se interesaba la causa de Dios y la común, y la buena administración de justicia por su responsable por dos títulos, como padre de la república y como individuo. Como tal le podía alcanzar como al más pobre, teniendo como tenía a sus puertas los ejemplos de Antequera y Málaga, que podrían haber provenido de la misma causa. Así lo sentían y declaraban, bajo el juramento que tenían hecho, y lo firmaron. A continuación, el escribano fue a las casas del alcalde mayor y le dio cuenta del estado de los autos y diligencias en curso. Los aprobó e interpuso su autoridad y decreto judicial, mandando que se hicieran presentes los autos, para en su vista dar las providencias que correspondieran.
El 7 de junio el alcalde mayor, porque actuaba como juez en estos autos, mandó que por el término de una audiencia, que se les señaló por último y perentorio, se diera traslado de ellos a todos los panaderos a los que constaba habérseles aprehendido pan amasado con trigo de inferior calidad; para proveer con lo que dijeran o no, pasado que fuera el plazo, en vista de los autos.
El escribano lo notificó a cinco de los encausados: Antonio Carballido, Cristóbal Navarro, María de la O, Sebastián Romero -por dos partidas- y don Juan de Valenzuela en sus personas, a quienes apercibió de su efecto. Al día siguiente, 8 de junio, el escribano cumplió con la notificación a otros dos panaderos, Lorenzo González y Juan Palomo, en sus personas. Y al otro día, 9 de junio, el escribano notificó el auto en cuestión a Juan Martínez y Antonio Rodríguez, antes identificado como Antonio Carrero, panaderos, en sus personas, a quienes apercibió de su efecto. Después, el escribano sacó memoria de los panaderos que faltaban por notificar y la entregó a Tomás de la Reguera, portero del cabildo, para que los citara. Entre el 9 y el 10 de junio este cumpliría con el encargo que se le había hecho, y el 10 compareció ante el escribano diciendo que había citado a Francisco Santana, Javier Rodríguez y Alonso Zape en casa de cada uno de ellos. Pero dos días después, el 12 de junio, de nuevo depuso ante el escribano, ahora diciendo que había citado por segunda vez a los panaderos que no habían comparecido y constaban por los autos no haberse notificado. En casa de Javier Rodríguez se le había respondido que este ya no era panadero y que se había ido a trabajar a la Sierra. En la de Francisco Santana, que estaba ausente de la población y no sabían cuándo vendría, y la misma respuesta le habían dado en casa de Alonso Zape.
Decidido a acabar con estas dilaciones, para citar de nuevo a los panaderos incursos en los autos, esta vez el escribano entregó memoria, con expresión de sus nombres y apellidos, a Eusebio Martín, alguacil del municipio. El 14 de junio compareció ante el escribano. Cumpliendo con la diligencia que se le había mandado, había buscado, en primer lugar, a Francisco Santana. Habiéndose informado en la casa donde vivía, se le había dicho que no era natural de la población, de la cual se había ausentado a Guadajoz con su mujer y familia, después que se le hubiera aprehendido el pan que constaba en los autos. Había pruebas, por otra parte, de que Javier Rodríguez estaba ausente en la Sierra cardando, y decían que tardaría en volver de allí entre tres y cuatro meses. La mujer de Alonso Zape, por último, le había dicho que su marido estaba ausente de la población. Pero ofreció, luego que viniera, decirle que compareciera en las casas audiencia o en la escribanía donde se estaban tramitando los autos. Volvió tan pronto que al día siguiente, 15 de junio, el escribano le pudo hacer saber el auto de traslado proveído el día 7 al propio Alonso Pérez, llamado Zape, según y como en él se contiene, en su persona, a quien apercibió de su efecto.
El día 16 el alcalde mayor, en ejercicio de corregidor por ausencia del titular, declaró, vistas las declaraciones hechas por los peritos y los médicos nombrados para el reconocimiento del pan aprehendido a distintos panaderos. Se verificaba, en primer lugar, por las diligencias que los interesados estaban notificados, a excepción de Javier Rodríguez y Francisco Santana, de los que constaba que se habían ausentado y que, aunque había pasado el término, y mucho más del que se les señaló por último y perentorio, no habían dicho o alegado cosa alguna, por lo que estaba visto que no tenían qué responder y conocían su delito. Por lo tanto, declaró todo el pan amasado aprehendido de inferior calidad y hecho con trigo podrido, de mucho gravamen para la salud pública para quien lo comiere, y decretó que para que esto no se experimentara que todo el pan fuera deshecho y se enterrara.
En cuanto a lo que resultaba contra los panaderos, el alcalde mayor los condenó a las costas de los autos, a justa tasación, mancomunándolos en ellas, y apercibiéndoles de que se abstuvieran en adelante de amasar pan de trigo que no fuera de buena calidad, porque, si así ocurriera, serían castigados con el mayor rigor. Las costas fueron 12 reales para el juez, 93 para el escribano, 34 para el alguacil mayor, 24 para los ministros, 8 para los peritos y 1 real y 12 maravedíes de papel. En total, 172 reales y 12 maravedíes, que fueron divididos en solo ocho partes. Si tuviéramos en cuenta que los encausados habían sido doce, que dos estaban ausentes y que el pan de otros dos no se consideró completamente nocivo, estaríamos en condiciones de identificar por sus nombres a cada uno de los ocho penados, cada uno de los cuales tocó a unas costas de 21 reales y 18 maravedíes. Eso fue todo. Un proceso más serio podría haber encausado a quienes fueron los responsables de que aquellos trigos se hubieran comercializado.
El cenicero
Publicado: octubre 9, 2015 Archivado en: Daniel Ansón | Tags: historias Deja un comentarioD. Ansón
Mantengo sobre la mesa donde trabajo un singular cenicero, recuerdo de un viaje a Grecia que años atrás hizo un amigo. Es de tan buena condición que hasta allí llegó, cargado de maletas, tras horas de espera y trasbordo, llevado por el deseo de traerse en la memoria lo que su pasión por el extinto mundo antiguo le proporcionaba aquí sin causarle molestias.
Venero la pieza en su sentido recíproco. A mí no puede recordarme el país de Homero porque no lo conozco, y hechos cálculos con mis deseos de saber y la vida que me queda pronostico que raro será que alguna vez lo pise. Tampoco es mi atracción por aquella tierra tanta que mi conciencia sucumba a la vívida reiteración de un deseo insatisfecho. Reconozco en este objeto la afortunada circunstancia de que estando mi amigo afanándose en complacerse, lejos de aquí, mi vida fuese traída a su presente en el instante de generosidad de su viaje, seguro que no por enmascarar la venganza.
Es un cuenco de moderado tamaño, regular para cenicero, de la forma que bien pudiera cualquier acompañante de Isadora Duncan haber aprendido como correcta en un manual universitario antes de partir. Ingenioso hombre y emprendedor, uno de ellos abrió al pie de la Acrópolis una próspera tienda que hoy sus herederos de sangre mixta regentan, inapreciable fruto de la tierra que con su vida Lord Byron quiso rescatar para occidente.
Un pequeño pie, con la forma de un trípode, lo mantiene en alto. Bien podría utilizarlo como recogedor del tabaco calcinado o, recurriendo a mi parte más refinada, como quemaperfumes. Nunca faltan hierbas aromáticas que endulzar puedan el ambiente en el que la vida debe continuar.
Pero no es de una o de la otra forma que lo uso. Lo sostengo siempre ardiendo para verdugo. Una imperceptible llama, azul en ocasiones, incandescente roja cuando aguarda, consume con voraz oxígeno las pastillas de carbón con que lo alimento impasible. No tiene prisa. Allí espera que dicte sentencia. ¿Caerá también este papel bajo su jurisdicción?
La renta del aceite en expansión
Publicado: junio 30, 2015 Archivado en: Dimitrios Stefanopoulos | Tags: agraria, economía Deja un comentarioDimitrios Stefanopoulos
Los hechos narrados a renglón seguido me permiten perseverar en mis convicciones, sean o no tenidas en cuenta, las cargue la pasión o el resentimiento. Porque demuestran que la producción del aceite, a mediados del siglo décimo octavo, estaba ascendiendo a costa de su mejor edad, antes desconocida, una dirección complementaria a la de quien en poco tiempo resultó irreconocible a causa de las arrugas que en su rostro, marcado por tubérculos inertes, que en nada alteraron su salud, por los que emergía arrogante su aristocrática estirpe, montada sobre su nariz con gafas redondas de carey, como las de cualquiera de los supervivientes de la tragedia inextinguible, trazó el deseo salaz insatisfecho, tener que compartir su tiempo con un copartícipe que prefería entregarse a la erudición antes que a la dilecta lascivia del conyugado, que a los hombres reivindica, a las mujeres engrandece y a las generaciones que crean, por efecto de los cursos impulsados por los embates de las caderas, que con tanto poder concentra el pubis, ariete que en vanguardia acomete durante las excelsas contiendas, satisface con el beneficio alcanzado sin esfuerzo.
Era septiembre y el administrador de la vicaría, en una carta fechada el segundo día del mes, había avisado al cabildo catedralicio, a cuya obediencia quedara obligado desde que fuera investido, que el poseedor de los derechos sobre la casa colindante con la bodega del aceite que aquella institución tenía en el pueblo, por necesidad en la que había incurrido, las quería vender, y que de esta manera se podía ampliar la bodega.
Recordaba en la carta que quien le había precedido en el cargo, no una, sino varias veces había recibido órdenes para que hiciera ofertas por ella, en el supuesto de que su dueño quisiera venderla. Hacía años que el cabildo la solicitaba y ninguno de los poseedores precedentes había querido deshacerse de ella. Después, él mismo había sido distinguido con idéntico encargo, una vez más, una vez que supiera y comunicara que el responsable de la propiedad, don Andrés Bernáldez, deslumbrado por la crítica de plúmbeos libros, falto de rentas a causa del abandono de sus responsabilidades, así conyugales como de la empresa de la familia, quería liquidarla.
Sería de mucha utilidad para la institución. El diezmo del aceite de la población siempre corría riesgo, por carecer el cabildo de una bodega adecuada al volumen del ingreso, que algunos años alcanzaba hasta las 42.000 o 44.000 arrobas. Si algo así ocurría, quienes habían arrendado el cobro de la renta, que eran los que debían usar la bodega, se veían obligados a ir sacando los aceites, porque no encontraban almacenes en la población capaces para tanto volumen. Tenían que llevarlos a otros lugares, incluso a la capital, a más de 80 kilómetros de distancia, aventura itinerante que les exigía un gasto brutal. Aparte el costo de los portes, enormes a causa de las distancias, los derechos que se pagaban en la población por el aceite que se sacaba, a los que incluso estaba obligado el aceite regalado que salía, alcanzaban algo más del medio real: 12 maravedíes de arbitrios y el resto, hasta 20 reales, derechos de cada carga por despachos del escribano y el juez. Tanto podía suponer este gasto que en aquellas ocasiones, cuando el volumen del aceite a recaudar era muy grande, llegaba a disuadir a los arrendadores del empeño en las pujas para hacerse con el cobro. El resultado era que la renta era poco segura y que los afianzadores siempre corrían el riesgo de una quiebra.
En cuanto aquella casa estuviera en poder del cabildo, acabarían los problemas para la recaudación del diezmo del aceite. Derribada la cerca contigua de su bodega, quedaría unida al solar de las casas, y se satisfaría esta oportunidad, que hacía muchos años que no se podía conseguir. La casa en cuestión tenía 19 varas de largo, desde la puerta de la calle a la pared de enfrente, y 15 de ancho, incluidos los gruesos de los muros. Creía el administrador que, aun dejando sitio para un descargadero, en aquel solar se podrían instalar hasta 80 tinajas de 150 arrobas cada una, lo que supondría un total de 12.000. Sumadas a las 19.000 que ya tenía la bodega del cabildo, se dispondría de un almacén de 31.000 arrobas, capacidad que en un año de cosecha media, tal como marchaba la inversión en aquel producto, se podía necesitar.
El cabildo, como primer expediente, le ordenó que obtuviera una copia de los títulos que acreditaban la propiedad sobre la casa; y que sin demora la enviase a su procurador mayor, el hombre que en la administración de aquel episcopado, que dispersaba su empresa en todas las direcciones de la rosa de los vientos, trabajaba sujeto a la obligación de demostrar que las decisiones que había tomado el cuerpo de los sacerdotes, no tan célibes como neutros, eran al menos legales.
Tal como se le ordenara, el administrador de la vicaría remitió al procurador mayor toda documentación que sobre el asunto había coleccionado, para que informara, en caso de que se decidiera comprarlas. Con el envío, le adelantó que no parecía que los derechos sobre la casa plantearan muchos problemas, porque el dueño actual, aunque no tenía títulos de propiedad, disponía de testamentos favorables que se remontaban a más de ciento cincuenta años atrás.
Pero ocurrió algo inesperado. Murió el bueno de don Andrés Bernáldez, hasta aquel momento gestor de unos derechos familiares cuya responsabilidad detestaba, a los que había accedido por la onerosa vía ganancial. Quiso entonces el administrador, que se había apresurado a reiterar su predisposición a la compraventa, precipitar la operación, estimulando las decisiones del cabildo con un cuadro en exceso favorable. Había incrementado su ventaja haciendo que la excelente manzana fuera justipreciada por dos maestros albañiles, quienes como conclusión la habían evaluado en unos tristes 5.152 reales.
Pero lo más interesante, para el aspirante a comprador, era, según había averiguado el administrador, que la casa cargaba con dos créditos, adquiridos con la forma de los censos, uno abierto y otro cerrado, cuyos principales eran cantidades asequibles, respectivamente 1.650 y 333 reales. Como cualquiera de los intereses los cobraba un convento de la población, titulado de San Pablo y Santo Domingo, con el que el cabildo tenía todos los años cuenta y partidas que podían compensarse unas con otras, en las manos del colegio de los sacerdotes de la catedral convergían los hilos que le concedían la posibilidad de manejar la situación como le conviniera. Los cálculos por los que apostaba el administrador mantenían que a la dueña actual solo habría que pagarle 3.169 reales, la cantidad que resultaba de restarle a los tristes 5.152 de la tasación la suma de los 1.650 y los 333 de los principales pendientes, de los que le quedarían menos una vez pagada la alcabala y descontados otros gastos. Incluso contaba con que podría rebajar aún más el costo.
En su opinión, la casa estaba abocada, de todas maneras, a ser vendida porque solo el cuarto de la calle quedaba en pie, aunque amenazaba ruina; mientras que el resto, salas, alcobas, estrados, soberados, corral, cochiqueras, todo estaba asolado.
Nada más lejos de la realidad. Griselda, la viuda, heredera única, estaba más urgida por deshacerse de su pasado, cuyo relato se demoraba en una larga cadena de fracasos, que por el estado del edificio. A la solitaria dueña la atormentaban unos recuerdos que deseaba conjurar consumiendo el tiempo con un guiño por fusión irreversible. Las razones de aquella actitud quedaron al descubierto en pocos días. Según había averiguado el administrador, el poseedor de los derechos de la viuda Griselda, apenas desaparecido Andrés Bernáldez, había pasado a ser Juan Becerra, quien los había desviado en su favor con una maniobra de dudosa legalidad.
Los herederos de Griselda, una nutrida tropa de sobrinos, huérfanos demasiado pronto, tendrían que haber sido consultados para verificar la transferencia de dominio. Pero resultaron defraudados a consecuencia de las gestiones de un hábil mediador legal, de nombre Gerardo Vélez, que, anticipándose, redujo a un vendí, a favor de Juan Becerra, con el visto bueno de la irresponsable tutora berrugada, los derechos sobre el edificio, orillando los correspondientes a los herederos legítimos. Esta razón sin duda haría que el actual titular de los frágiles derechos sobre la casa se viera definitivamente urgido a liquidarla.
El administrador de la vicaría, adelantándose de nuevo a las decisiones previsibles, ya había pactado con Juan Becerra los términos de una salida por los dos deseada, puesto que su esposa, uno de aquellos sobrinos, podría representar la heredera final de aquel patrimonio, para el caso que desapareciera la tía Griselda. Si no, para asegurar el asalto en el estado actual de la transmisión de los derechos, ya había encargado una copia del frágil vendí a partir del libro de registros de la correspondiente escribanía, y había pedido al abogado, el hábil Gerardo Vélez, un informe sobre los censos cargados sobre la casa, efectivamente avalados por los frágiles beneficiarios de los sucesivos testamentos. Todos los papeles que acreditaban cualquier de estos extremos quedaron en poder del administrador, que los remitiría con el propio de rentas, el correo particular que el cabildo mantenía para gestionar sus ingresos, para que en cuanto al cabildo le pareciera conveniente le diera orden para la compra. Porque la venta, tomasen los acontecimientos cualquiera de los derroteros posibles, era cuestión de tiempo.
Era ya el 2 de octubre y para entonces todavía la oportunidad no se había consumado. El experto cabildo, en estas ocasiones, prefería esperar hasta el límite de lo posible para presionar sobre los vendedores, a los que sabía cada vez más necesitados. Para sus intereses aún quedaba tiempo. A principios del otoño la producción del aceite de la campaña en curso aún estaba a unos meses de distancia. No obstante, aquel día el administrador quiso insistir en lo que había comunicado en la carta de 2 de septiembre, y revelaba que efectivamente al dueño ya le urgía conocer la resolución del cabildo, para disponer o no de la casa. Sabía además el administrador, porque con él se entendía, que Gerardo Vélez aún terciaba en la operación, ahora con intención de obtener parte de la necesidad de Juan Becerra, cuya urgencia era más consecuencia de su deseo de trasladarse al norte con su mujer, donde su única descendencia y consuelo había arraigado, razón por la que deseaba liquidarlo todo, cortar sus raíces, abolir el rastro de su memoria. Insistió en el precio y la capacidad en que la bodega se podría incrementar ya comunicados, y ahora añadía que el costo que podía tener el plan, hasta que la casa quedara lista como bodega y en uso, unida a la principal, lo estimaba entre 25.000 y 26.000 reales, incluido el valor del edificio, que tal como había calculado sería como máximo de 5.152 reales.
El cabildo respondió al administrador el día 12 de octubre. Persistía en sus maniobras dilatorias, una vez más le solicitaba confirmación del costo de la casa. No esperó el administrador a que terminara octubre para contestar la carta del 12. De nuevo explicó que la casa había sido justipreciada por dos maestros albañiles en 5.152 reales, y que ahora estimaba que en ella se podrían instalar hasta 70 tinajas, y no las 80 que inicialmente había previsto, aunque persistía en que la capacidad total instalada podría ser de 12.000 arrobas, y arriesgaba que el costo que tendrían tinajas, materiales y mano de obra, hasta dejar la casa unida al antiguo almacén podría ser de solo 20.000 reales, porque si se adquirieran los materiales con conveniencia y comprándolos a su tiempo se podría conseguir alguna equidad. Por último, una vez más, recordaba que tanto en la carta del 2 de septiembre como en la del 2 de octubre había suplicado al cabildo, a repetidas instancias del vendedor, por la mucha necesidad que este tenía, que decidiera si iba a comprar o no.
Por fin, después de aquella carta de fines de octubre, el administrador recibió del cabildo otra del 9 de noviembre, en la que se le ordenaba la compra de la casa para la ampliación del almacén de aceite de la cilla de la población.
Decidida la operación, las preocupaciones del cabildo se concentraron en asegurar la cantidad que tenían que percibir los dueños, los escuetos 3.169 reales, la cantidad que resultaba de restarle a los tristes 5.152 de la tasación la suma de los 1.650 y los 333 de los principales pendientes, de los que por cierto asimismo sería necesario redimir el censo abierto. Con el fin de garantizar el pago de la cantidad comprometida, el cabildo ofreció como hipoteca tres partes de una casa que tenía en la misma calle donde estaba su bodega.
En cuanto a la ejecución de la obra, al cabildo todavía le había parecido mucho los 20.000 reales en los que al administrador la había valorado, aunque reconocía que solo en las tinajas de 12.000 arrobas de capacidad sería necesario gastar 12.000 reales, a real cada arroba, forma entonces regular de tarifar los envases de cerámica. Por eso había decidido que para materiales, mano de obra y madera, que era lo de menos, quedaran los 8.000 reales restantes.
El administrador inmediatamente respondió que efectuaría la compra, y se comprometió a informar sobre cómo se fuera ejecutando el nuevo plan para la ampliación de la bodega.
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