El poder fiscal en los municipios
Publicado: junio 24, 2020 Archivado en: Junípero Téllez | Tags: economía agraria Deja un comentarioJunípero Téllez
El sistema de rentas provinciales fue uno de los procedimientos que experimentó la administración fiscal del estado absoluto con la intención de racionalizar los ingresos de una de sus coronas, la de Castilla, crónicamente deficitarios durante la época moderna. Nadie como el estado absoluto insistió en explorar las ventajas de convertir en rentas los servicios debidos por los vasallos.
A partir de unas Cuentas formadas de los valores que tuvieron las Rentas Provinciales en el año de 1764, correspondientes a un municipio del sudoeste, es posible reconstruir cómo se recaudaban allí donde la autoridad fiscal del estado las hubiera delegado. Para evaluar hasta dónde se le debe dar crédito a sus informaciones, aparte la concordancia de las cifras, que al menos son prueba de rigor contable, solo disponemos de un testimonio en sentido contrario. En unas cuentas precedentes, las de 1762, constan como gasto el pago a los medidores y peones que tasaron algunos cortijos de labradores forasteros por haber ocultado en la relación parte de su sementera. Es legítimo sospechar que debió haber resistencia al pago y, entre otras reacciones a la presión fiscal, ocultación de las actividades que estuvieran gravadas. Que algo así ocurriera restaría fiabilidad a la relación entre las cantidades ingresadas y el volumen de la actividad cargada, siempre que las cifras resulten inverosímiles. La adversidad no impediría conocer el orden recaudatorio que se creaba ni sus fundamentos económicos.
En la constitución de los municipios meridionales, cuyo origen más reciente se remontaba a la plena edad media, quedaron separadas las responsabilidades ejecutivas y las de gestión. La ejecutiva, para el ejercicio de la soberanía transferida sobre los regímenes fiscales, tal como ocurría con otras materias, en aquel municipio a su vez era delegada a una diputación. Cualquiera de ellas adquiría su legitimidad de la misma forma, como una célula que se desprendiera del regimiento, cámara que concentraba la capacidad para decidir y que desde el siglo XIV había eclipsado al concejo fundacional, nunca formalmente extinguido. Para la mayoría era suficiente con que el regimiento designara a dos de sus miembros. En 1764, de que tomara las decisiones en materia de rentas provinciales fue encargada una diputación extraordinaria formada por cuatro miembros.
Dos de ellos, los caballeros don Juan de Briones Saavedra y don Bartolomé Nieto de Auñón, tal como era común eran regidores de pleno derecho. Ejercían sus cargos porque por vía hereditaria, además de la condición de caballero, como parte de su patrimonio, habían adquirido aquel título, el que confería la exclusiva totalidad política. Familias de la ciudad, por prescripción adquisitiva de la posesión en precario de las regidurías, por usurpación o por compra directa a la corona, desde fines de la edad media habían ido haciendo propios los títulos de regidor.
Cuando la diputación era extraordinaria o ampliada, a los regidores designados se les sumaban miembros que no procedían de órgano de gobierno alguno, aunque nunca eran neutros desde el punto de vista de la constitución local. Lo corriente era, tal como ocurriría en este caso, que esas células discrecionales se nutrieran de más caballeros. Los otros dos miembros de aquella diputación, don Bartolomé de Briones y Saavedra y don Cristóbal Francisco Tamariz, que fueron cooptados a ella e investidos de capacidades ejecutivas por decisión del regimiento, cumplían con esa condición.
Si los cuatro eran caballeros, los cuatro tendrían acreditado que eran herederos de la condición que había dando origen a la constitución aristocrática del municipio, posterior a la concejil o democrática. Algunos de sus antepasados, como miembros reconocidos de la caballería villana, habrían conseguido ser parte de quienes generaron una república local gracias a que combatirían debidamente equipados, o al menos concurrirían con todos sus pertrechos a los alardes prescritos. A partir de entonces, la condición de caballero, convertida en el primer bien político de ciertas familias, la habrían transmitido por vía de linaje a sus respectivos descendientes antes que la de regidor. Cualquiera de los cuatro miembros de la diputación, en pleno siglo XVIII, encarnaba el brote más reciente de la misma rama del arraigado árbol.
Para pleno siglo XVIII ser caballero ya no era la condición que permitía alcanzar la plenitud de los atributos públicos municipales, aunque sí para mantener, al menos aparentemente, el reconocimiento ganado gracias a aquella vieja forma de poder, con el tiempo neutralizada por otras que en la constitución del municipio se habían ido acumulado. Como tantos órganos del estado a fines de la época moderna, cualquier municipio había degenerado a un agregado de instituciones nacidas en momentos sucesivos, en muchas ocasiones redundantes y hasta contradictorias, que se habían ido superponiendo sin que las anteriores, similares en todo o en parte, hubieran sido abolidas.
A los cuatro, la pertenencia a sus respectivos linajes además les otorgaba la condición de patricios o ciudadanos potentados, algo también precedente, aunque no necesariamente anterior. Basta con tomar nota de sus apellidos (Auñón, Briones, Nieto, Saavedra, Tamariz), recurrentes en cualquier documento municipal de fines de la época moderna de la misma ciudad, para reconocer que además tenían aquella condición.
No era el resultado de un reconocimiento legal. En las agrociudades del sudoeste se adquiría, desde hacía siglos, por pertenencia a las familias que persistían en mantenerse como labradores o campesinos de éxito, si eran capaces de aprovechar las ventajas materiales que acumulaban generación tras generación. Las blindaban con decisiones testamentarias y vinculaciones, las transmitían recurriendo a la endogamia y la consanguinidad, en la medida que los rigores de la mortalidad lo permitían, las que tampoco dejaban de servir para renovar las sangres y permitir el acceso al grupo a quienes hubieran triunfado en los negocios agropecuarios sin antes ser parte de ellas.
Recibir como herencia una sangre legal bajo todas aquellas condiciones, para pleno siglo XVIII, era lo que, en muchas de las grandes ciudades rurales del sudoeste, a los más aventajados del patriciado urbano les permitía rentabilizar la supervivencia del municipio de realengo, el constituido por iniciativa regia exclusiva, que se esforzaron por mantener al mismo tiempo que iban enajenando a la corona los títulos de regidor. Se había consolidado gracias al reconocimiento en su favor de buen número de inmunidades, que los hacían señoríos corporativos o colegiados limitados a sus respectivos términos municipales, cuya extensión aun así podía superar a muchos. El ejercicio de la jurisdicción de un señorío singular valiéndose de las regidurías, expandía, por vía ejecutiva, las posibilidades materiales de los patriciados de fundamentos agropecuarios. Había sido en simbiosis con la pertenencia a las casas patricias que aquellas familias habían generado el último producto constitucional de las repúblicas locales modernas, una depurada versión de la plutocracia más genuina, la de este municipio similar a la de buena parte de las grandes agrociudades del sudoeste.
Hombres tan singulares, en tan definida y exclusiva posición, cuyo ennoblecimiento era insignificante, debían ser los que en 1764 tomaran decisiones y rindieran cuentas de los gastos e ingresos de las rentas provinciales.
La gestión estaba bajo la presidencia nominal del superintendente de ellas, que al mismo tiempo era el corregidor, la otra institución de la plenitud jurisdiccional, agregada a la constitución del municipio en los orígenes de la época moderna, en 1764 don Ignacio Retama, designado por la administración central, natural de otra población, sin vínculos de sangre con el patriciado urbano. Se servía de un asesor, también simultáneamente el alcalde mayor, la siguiente responsabilidad en el orden judicial estatuido por el fuero, en otro tiempo la cima de este poder en el municipio, que era don Esteban Marqués.
Pero era el contador, don Francisco Benítez de la Milla, otra cabeza visible del patriciado, nominalmente oficio concejil o funcionario con esta ocupación, quien dirigía el órgano de gestión de las rentas provinciales del municipio. Tenía la responsabilidad exclusiva de validar el registro de cualquier cantidad ingresada. Bajo sus órdenes trabajan dos oficiales, un tesorero, un visitador, un guarda, un escribano, un fiel de carnicerías y panillas, un abogado y un escribano de millones.
Por la manera de identificarlos, se puede asegurar que una parte de ellos se dedicaba a las rentas provinciales parcialmente y otra no. El escribano indiferenciado, además de ocuparse en la administración fiscal, gestionaría en su oficio toda clase de escrituras que requirieran la fe pública. El fiel de carnicerías y panillas, también un oficio municipal, era responsable de la inspección de las compraventas de carne y aceite en los mercados públicos. El escribano de millones, al menos en el ejercicio de las funciones derivadas de este título, desempeñaría un oficio desde su origen asociado en exclusiva a la recaudación fiscal. Las otras especialidades que requería la gestión de las rentas provinciales no pasaban de lo previsible. Estaban relacionadas con la actividad burocrática cotidiana, la inspección y el asesoramiento legal.
Teoría de la renta agrícola
Publicado: marzo 8, 2019 Archivado en: Camilo Terrera | Tags: economía agraria Deja un comentarioCarmelo Terrera
A mediados del siglo décimo octavo los pastos eran tarifados a partir de la estimación del producto espontáneo que la naturaleza proporcionaba sin que mediara trabajo. Las fuentes aceptan que entonces el precio de la unidad de suelo resignado a este aprovechamiento estaba comprendido entre dos y tres reales. Tal manera de hacer el cálculo permite depurar con los hechos el valor neto de la renta de la tierra, tal como las teorías entonces la justificaban. Si deducía al trabajo la porción que correspondía a la providente capacidad creativa de la naturaleza, tendría que ser la diferencia entre su valor y el del trabajo remunerable, puesto que en su generación no había mediado actividad humana.
Supongamos que una unidad de superficie sembrada de trigo produjera 12 de capacidad. Apreciada cada una a 20 reales, su rendimiento, expresado también en dinero, sería 240 reales. Dado que el suelo espontáneamente solo proporciona un máximo de 3 reales, los otros 237 tenían que ser fruto del trabajo pasado o presente descargado sobre la tierra.
El trabajo pasado más remoto era el que se acumulaba como suelo en sentido propio, resultado de un largo proceso que iba desde la roturación a la acumulación cíclica de horizonte orgánico. El trabajo pasado más reciente estaba conservado como ahorro, y se podía activar como capital variable, presto para la inversión. Poseer grano, por ejemplo, era poseer trabajo a precios mínimos o precios de costo. El trabajo presente era la energía que en el curso del tiempo que iba desde cada otoño hasta el siguiente verano creaba las combinaciones del capital que permitían originar toda la renta.
Para valorar el costo neto del trabajo comprado durante cada ciclo, el presente, conviene detenerse en la siguiente reflexión. El dueño de esclavos al menos tenía interés en garantizarles la alimentación. Cuando quien trabaja es libre tiene más complicada la supervivencia. Así como Disraeli vio en la regulación del sufragio universal el mejor medio para perpetuar el dominio político, ellos vieron en la retrocesión del dominio sobre el trabajo el mejor medio para extraerle la mayor cantidad de energía. Con las obligaciones materiales debidas a la servidumbre no detraían tanta renta como cuando adquirían la energía del trabajador autónomo.
Los obligados al diezmo
Publicado: febrero 11, 2019 Archivado en: J. García-Lería | Tags: economía agraria Deja un comentarioJ. García-Lería
La detracción de la décima parte del producto obtenido por cualquier actividad bajo las condiciones decididas en 1255 podía permitir la recaudación de rentas extraordinarias. Serían suficientes para que el diezmo se convirtiera en la prestación más remuneradora de cuantas ya estaban arrinconando a las personales. De él se beneficiarían la iglesia romana, la corona y, en determinadas circunstancias, personas e instituciones que se hubieran enseñoreado de todo o de alguna parte de ellas. La documentación que su gestión cada año generase debió ser, además de diversa, lo bastante abundante como para no defraudar las aspiraciones a informarse sobre la relación que pudo haber entre las cantidades detraídas y el producto que las alimentaba. Serían los archivos de la iglesia de occidente, de cualquier rango, los de la monarquía y determinados depósitos familiares, si hubieran tenido la fortuna de sobrevivir, los que estarían en condiciones de ofrecer información sobre aquel vínculo.
Pero, como por concesión de la corona, en el sudoeste la iglesia de los papas se había hecho acreedora a disponer con autonomía de aquel beneficio, en sus archivos tiene que conservarse el germen de cualquier documento diezmal que pudiera haberse redactado, porque todos los que estuvieran facultados para lucrarse del mismo ingreso, fueran la corona o los señores de cualquier clase, cualquier institución o incluso las personas que transitoriamente ganaran el afortunado título de beneficiado, porque debían sujetarse a una relación subordinada a ella solo eran partícipes en la renta cuya administración los clérigos se reservaban en exclusiva.
Fue el cabildo catedralicio, el clero de primer rango, el que en este caso se asignó el papel rector. En su archivo se conservan las piezas documentales que soportaron todo el entramado recaudatorio del diezmo, una masa ingente de documentación que está en las mejores condiciones para suministrar, si no la idónea, al menos la información original. Se trata de una cantidad de libros que hay que cifrar en millares, más unos cientos de legajos. Como las posibilidades son tantas, se puede dar por descontado que con ellas será posible reconstruir toda clase de situaciones, y superponiendo unas sobre otras cubrir los espacios y las cronologías que tengan las mayores aspiraciones. Su concentración en una sola clase de depósito incluso las hace accesibles en condiciones inmejorables, aunque la abrumadora cantidad, porque llega a ser un continente inabarcable, obliga a seleccionar.
Pero el diezmo fue refractado por cuantos se interesaban en él, y ya sabemos que resultó corrompido desde su origen por todos, desde los obligados a su pago hasta quienes lo recibían. El episcopado organizado para gestionar aquella región eclesiástica quiso combatir esta posibilidad valiéndose de una administración fuertemente centralizada y muy rigurosa desde el punto de vista contable, a la que hay que reconocerle que consiguió batirse con al menos moderado éxito contra la resistencia a la disciplina contribuyente.
La doctrina canónica, pretendiendo abarcar la totalidad de las obligaciones contributivas, creyó resolver esta cuestión clasificando los diezmos en prediales, personales y mixtos. Consideraría prediales los obtenidos del suelo, como todos los relacionados con la actividad agrícola; personales, los derivados de la iniciativa humana; y mixtos, los que combinaran ambas posibilidades, especialmente la ganadería. La clasificación no era demasiado afortunada porque superponía los criterios para la selección de los tipos, y lo demuestra que en el arzobispado regional estos conceptos fueron escasamente útiles, aunque en ocasiones tuvieron alguna trascendencia. Así, por ejemplo, el diezmo de lana y queso de oveja se conceptuaba personal, y otras normas reconocían las categorías predial y personal en el caso de dudas sobre la residencia del pagador y el lugar donde debía dezmar.
Sin embargo, la documentación contable prescinde de aquellos criterios, de modo que para el cálculo del producto es indiferente que los diezmos fueran clasificados prediales, personales o mixtos. Además, los hechos documentables enseñan que estas abstracciones no fueron adecuadas para abarcar todas las posibilidades contributivas. Los esfuerzos normativos de la administración episcopal tuvieron un sentido mucho más práctico. Se aplicaron a definir las áreas de recaudación del tamaño conveniente a su control, identificar con precisión a los obligados a pagar y concentrarse en los bienes sujetos a la obligación que fueran más rentables.
Lo que más dificultad les creó fue resolver el problema de la inevitable movilidad de las poblaciones, a la que se oponía la rigidez de la planta territorial del arzobispado. La parroquia, que era la unidad de base para la gestión de cualquier actividad de aquella iglesia, fue suficiente para controlar a los contribuyentes radicados en una población si su tamaño oscilaba entre el mínimo y algunos cientos de habitantes. Pero los lugares cuya población era mayor o que hasta la baja edad media habían derivado hacia poblaciones concentradas fueron compartimentados en varias parroquias, lo que permitió la prevalencia de esta desde el punto de vista de la administración territorial de la iglesia romana. Por el contrario, los lugares que fueron despoblándose quedaron reducidos a la categoría territorial que aquella administración conoció como donadío, que en buena parte procedía del momento original de la ordenación territorial del arzobispado.
A partir de aquí, para levantar la pirámide administrativa que permitió una centralización eficiente, sumando parroquias se compusieron vicarías, unidades comarcales de aquella administración que en el lenguaje de la recaudación de los diezmos también fueron conocidas como dezmerías. Eran oficinas complejas, con un buen número de atribuciones, que rendían uno de sus mejores frutos en la gestión de los diezmos porque actuaban como sus administradoras sobre el terreno. Al frente de cada una de ellas estaba el vicario, quien al mismo tiempo actuaba como administrador de los diezmos.
Parroquia y distrito dezmatorio fueron por tanto en origen lo mismo, entre otras razones porque la percepción de la renta debió ser justificada a partir de la baja edad media por el cargo pastoral, que el diezmo alimentaba con solidez cada año. La administración de los diezmos prefirió identificar cada lugar útil con un distrito de su jurisdicción recaudatoria, lo que además de facilitar la gestión respetaría el principio de unidad que facilitara toda la administración eclesiástica. Pero como a la condición de distrito dezmatorio también correspondieron los donadíos, para referirse a la unidad territorial de gestión de los diezmos, siempre que se aspire a la expresión más general, será preferible servirse del artificio distrito dezmatorio porque este concepto abarca la totalidad de los casos sujetos a la prestación.
Aislar con precisión los obligados a pagar con residencia en cada distrito, porque este orden administrativo imponía el criterio territorial sobre el de movilidad, ya creó algunas dificultades. Los contribuyentes regulares se dividían en comunes y excusados. Comunes (los notaremos con la letra c) eran los residentes en el distrito, en el que cada año pagaban la décima parte o 10 % de lo que, habiéndolo producido, estaba sujeto a la obligación de diezmar, y excusados (e) los que a esta misma condición añadían la de ser los mayores contribuyentes de su distrito dezmatorio.
Los excusados se podían segregar de la masa común de los contribuyentes de cada uno de los distritos hasta el último día de marzo, y en cada uno se designaban dos. El primero era el mejor diezmador, y el segundo era el siguiente en orden de tamaño. Se procedía así solo con la finalidad de adjudicar los respectivos ingresos a los dos partícipes en los excusados que ya había decidido la institución del diezmo en la región, el mayor para la corona y el segundo para arzobispo y cabildo catedralicio.
Como la condición de excusados los sujetos a la prestación la adquirían porque eran grandes productores agropecuarios, que debían contribuir por distintos bienes y podían tener dispersas sus explotaciones en diferentes poblaciones, solo por este hecho originaban problemas para su control. Los que eran nombrados excusados mayores en su distrito pagaban sus diezmos en donde estuvieran en el momento en que la recaudación de cualquiera de las rentas a las que estuvieran obligados fuera adjudicada en primera instancia a quien debía recaudarla. De los designados como excusados menores en cualquier distrito, todos los diezmos que pertenecieran al lugar los pagarían a quien hubiera sido designado como recaudador del excusado, aunque antes de la primera adjudicación cambiaran de residencia. Los que pertenecieran a la capital pagarían en las parroquias donde vivieran, y de la misma manera procederían en las demás poblaciones. El recaudador del excusado de una parroquia de la capital dispondría de los diezmos que pertenecieran a la capital, y el que fuera de cualquier pueblo, de los diezmos que pertenecieran al pueblo. Si un excusado fallecía y sus bienes eran divididos o apartados por sus herederos para proceder a su reparto, los diezmos de sus frutos debían pagarse al recaudador del excusado del lugar, aunque los herederos vivieran en otros lugares, se pudiera averiguar que sus diezmos pertenecían a otra parte y otro recaudador pretendiera que era a él a quien debían serle entregados.
Pero no fue posible aplicar este doble tratamiento impositivo a todos los contribuyentes que residieran en un mismo distrito. El clero, cualquiera que fuera su voto o su fidelidad al papel público que tenía reconocido el sacerdocio, era un agente económico obligado, en parte por las donaciones recibidas y las adquisiciones que hacía con las rentas que ingresaba, en parte por su propia iniciativa. La norma canónica que el cabildo impuso, probablemente aconsejada por el buen fin al que estaba destinado el objeto de sus regulaciones, siendo parte interesada, decidió reconocer esta realidad y adjudicar un estatuto diferente a una parte de los contribuyentes por su condición canónica.
Los llamó exceptuados porque les confería un tratamiento particular. Podían ser los miembros del alto clero catedralicio o colegial que se agrupaban bajo la condición común de prebendados, si al mismo tiempo se interesaban en actividades productivas. Pero con más frecuencia eran personas e instituciones de clero regular, a su vez casas agropecuarias que se esforzaban por obtener privilegios, en negociación con el cabildo catedralicio, que les permitieran deducir determinadas ventajas al pagar sus diezmos. Por eso las contribuciones obtenidas de todos los exceptuados de un distrito dezmatorio solió conocerse como renta de monjas y frailes (mf). Además, cuando las condiciones de la recaudación lo aconsejaron, asimismo ciertos contribuyentes fueron objeto de un tratamiento propio aun sin pertenecer al clero, y quedaron circunstancialmente incluidos en la categoría de los exceptuados de un distrito dezmatorio.
Habitualmente los exceptuados satisfacían sus aspiraciones con un tipo contributivo que redujera el común. Era habitual, por ejemplo, que sus diezmos quedaran reducidos a solo un trigésimo, un tercio tal como decía según su manera abreviada de hablar la administración de los diezmos. Sin embargo, podía haber conventos que no disfrutaran de tipo favorable alguno, y es seguro que cuando las órdenes administraban transitoriamente patrimonios productivos ajenos, como los de un mayorazgo, pagaban el tipo común o diezmo. En estos casos, el contador de todos los diezmos de cada población recibía del responsable de cada uno de los conventos sujetos al pago de la renta un documento que certificaba los productos obtenidos el año anterior, y ponía su contenido en el cuaderno donde se apuntaban las cuentas del año correspondiente, con sus diezmos y precios. Para calcular el total del diezmo que pudiera corresponder a cada convento, al margen de cuál fuera el tipo impositivo que le correspondiera, de todos sus productos (supongamos trigo, cebada, aceite, mosto, corderos y lana) calculaba el 10 % de la cantidad declarada para cada uno, le aplicaba sus correspondientes precios tipo, deducía su valor en dinero y sumaba los parciales expresados en la moneda de cuenta. La operación se repetía en los mismos términos para todas las instituciones similares y los totales se sumaban en una cifra que denominaría el valor inicial de aquella renta.
Pero en compensación, a las instituciones que se veían obligadas a liquidar cada año el diezmo completo se les admitía como documento veraz del producto que obtenían en sus explotaciones una declaración de parte, cuyos valores podían ser discrecionalmente bajos, y de cuya comprobación, en caso de que se hiciera, no se encuentran pruebas. También podían ser medios para favorecer al contribuyente exceptuado calcular sus diezmos pagaderos en dinero a partir de precios inferiores a los corrientes, y en menor medida redondear o errar las cuentas a su favor. Asimismo, pudo ser un trato que lo diferenciara, aunque no necesariamente beneficioso, permitirle el pago en dinero del diezmo de los cereales, el que obligaba al trigo y la cebada, que regularmente había que pagar en las respectivas especies.
Los exceptuados, aunque consiguieron perpetuar estas condiciones gracias a las transacciones con el cabildo, perpetuaron resistirse a liquidar sus obligaciones. Un administrador de una vicaría informó que se veía obligado a emprender un pleito con cada exceptuado porque llevan muy mal los religiosos y religiosas la paga de sus diezmos.
Para imponerles cuanta disciplina fuera posible, y a la vez evitar excesivas complicaciones, el cabildo catedralicio un 23 de febrero de 1732, por un acuerdo, que como todos los suyos tenía alcance normativo, decidió que los diezmos de los conventos de monjas y frailes exceptuados, mientras sobre ellos no estuviera pendiente algún contencioso, que se recaudaran por separado, tanto de cada uno de los conventos como de los que pertenecieran a distintas parroquias. Así se aseguraría aislar como una renta aparte de lo que pertenecía a cada una, como se hacía con los excusados, se consentiría que como estos todo su valor se redujera a dinero y que consolidaran su condición de renta con carácter propio.
Pero cualquiera de los exceptuados además podía incurrir en la obligación de pagar rediezmo, un tipo que se limitaba al 1 % del producto obtenido. Porque también era más frecuente que los conventos del clero regular lo generasen, la administración diezmal llamó a esta obligación renta menor de monjas y frailes, una detracción que se aplicaba al ingreso que obtenían los exceptuados de todas las tierras, cortijos, hazas y heredades que cedieran a seglares, especialmente cuando se trataba de los olivares cuya titularidad correspondía a instituciones de clero regular.
Tampoco las grandes casas civiles fueron siempre absentistas. Al menos una porción de ellas se comprometía en toda clase de actividades productivas, y no siempre el gestor central de los diezmos creyó conveniente poner en peligro las buenas relaciones con este sector de los poderes regionales. La mayor excepción consistía en que algunos contribuyentes, sobre todo grandes titulados civiles, pero también instituciones eclesiásticas extraordinarias, previa discrepancia sobre qué les correspondía pagar como productores de excepcional tamaño, llegaban con el cabildo a una concordia o transacción que les permitía reducir sus diezmos a una cantidad fija que liquidaban cada año. Las concordias también podían ser la salida a una disputa entre cabildo y señores que hubieran conseguido enajenar en su favor precariamente la recaudación de todos los diezmos de los lugares que estuvieran sujetos a su señorío.
Sin embargo, por más adscripción a un lugar que para los pagadores de cualquier clase se pretendiera, cualquiera de ellos podía practicar una economía que obligara a los desplazamientos, algo tan espontáneo como frecuente. Bastaría con que la actividad productiva que a los contribuyentes les proporcionaba sus ingresos se localizara en un lugar distinto al distrito dezmatorio de sus respectivas residencias para que la administración de los diezmos se viera en la obligación de esforzarse en asimilar sus movimientos a la recaudación. Como sujetarlos no era posible, decidió concentrarse en un número limitado de supuestos de movilidad para asegurarse al menos algunos ingresos, en los que se puede reconocer el limitado éxito de los esfuerzos por controlar los movimientos.
Según movilidad, los contribuyentes pudieron ser estables, originarios, algaribos o fuera aparte, albarraniegos y extremeños. Contribuyentes estables (es) eran los que siendo comunes pagaban sus diezmos en el distrito donde estuvieran viviendo el día que se iniciaba el procedimiento para la recaudación de cualquiera de las rentas. Originarios (o) eran los residentes en la capital que también tenían casa en la que fuera de las otras vicarías de la región eclesiástica porque en ellas se localizaran sus actividades productivas. Aunque eran las más próximas a la capital las que tenían más posibilidades de necesitar esta figura, no era una excepción que recurrieran a ella los administradores de vicarías alejadas de ella, de lo que derivó una condición contributiva propia. Los originarios podían, bajo condiciones de calendario y residencia, contribuir por entero o por mitad en el lugar donde estuvieran radicados. Lo regular fue que pagaran la mitad del diezmo en el lugar donde tenían su actividad y la otra mitad en la parroquia en donde residieran en la capital.
De los algaribos la lexicografía actual todavía conserva la idea de extraños, de otro país o de otra clase. El arcaísmo, aunque nunca se extinguió, probablemente enraizado por la perpetuación de las normas -las que regulaban la recaudación de los diezmos tan mantenidas por inercia como todas las demás-, fue siendo desplazado, y los algaribos terminaron siendo conocidos habitualmente como fuera aparte (fp), los mismos que por otras administraciones en otros documentos de la época moderna se denominaban forasteros. Eran los contribuyentes que debían pagar en el lugar donde tenían la explotación, y de los que se sabía además que residían en otro lugar, en donde no pagaban el diezmo correspondiente a la actividad agrícola que mantuvieran fuera de su lugar de residencia. Para que quedaran bajo control, se les dio la consideración de un presunto distrito dezmatorio más dentro de su dezmería. El fenómeno y su alta frecuencia deben relacionarse con que esta clase de contribuyentes eran habituales en los lugares periféricos de los términos municipales más extensos, asimismo tan probables en la región. Su procedencia regular, el municipio limítrofe por cada lado, en cuya población residen y desde la que aquellas tierras son más accesibles que desde cualquier otro lugar, los hace naturalmente singulares como diezmadores. De modo que en la práctica no sería inadecuado que los gestores decidieran considerarlo un distrito dezmatorio específico.
El de albarrán era un concepto que se aplicaba exclusivamente a la actividad pastoril. Así se llamaba desde la baja edad media a los jóvenes solteros que se empleaban en el cuidado de las manadas de ganado de otra persona. Podían recibir a cambio un ingreso en trigo correspondiente al tamaño de la cabaña que cuidaran, una soldada del dueño del ganado también en forma de ganado o tomar a foro una parte del ganado bajo su cuidado. Algunos de estos mozos podían ser vecinos, hijos de vecinos o estar bajo la autoridad de sus padres o tutores, y por tanto referirse a una localización precisa en el espacio. Pero ellos, a causa de su trabajo, no tenían casa propia en un lugar poblado, fuera suya, dada o alquilada. Aun cumplidos los 18 años, se les seguía considerando albarranes mientras no tomaran casa, y se mantenían en esta condición hasta que no pasara un año y un día desde el momento en que la tomaran. Se decidió que los albarranes diezmaran en las vicarías donde el primer momento de adjudicación de las rentas del albarraniego (a) encontrara al dueño de la manada, aunque después del remate se mudara el albarrán a otro hato de otra vicaría.
En el episcopado del sudoeste eran extremeños (ex) los ganados ovino y vacuno que procedían de otros obispados. Los de aquende el Guadiana eran los de Silves, Badajoz, Córdoba y Cádiz. Los demás procedían de los de Castilla, Extremadura y los otros de Portugal. Solían llegar en noviembre y retornaban a sus lugares de origen en abril. Cuando el ganado estaba pastando en el territorio de una vicaría y paría, se ajustaba con su mayoral la cantidad equivalente al valor de la mitad del ganado nacido, y allí pagaban la renta. La otra mitad tenían que pagarla en el obispado de origen siempre que el ganado hubiera nacido hasta san Juan, 24 de junio. Pero si nacía después de esta fecha, todo el diezmo debían pagarlo a la iglesia regional. Ningún diezmo de extremeño se incluía en ninguna de las rentas que se recaudaban, excepto cuando se recaudaban juntos extremeño y albarraniego. Pero tampoco se aceptaría que fuera así para el ganado extremeño que hubiera en los donadíos, donde solía morir el diezmo. Estando en ellos el ganado extremeño, su diezmo se pagaba a los recaudadores de los donadíos donde nacieran las crías.
Pero, cualquiera que fuese la condición de los contribuyentes, todas las rentas en lo fundamental estaban decididas por los bienes sujetos a las prestaciones. Aunque el número de ellos cambiara de un lugar a otro y a lo largo de los siglos, siempre fue de varias decenas con seguridad, si bien no hay fuente episcopal que proporcione la lista completa. Si se hiciera el esfuerzo de extraérsela a alguna, es más probable que solo se consiguiera una instantánea próxima al momento en que fueron creadas sus rentas, después de lo cual, una vez que hubiera interesados en su percepción, sería difícil hacerlas desaparecer, incluso si dejaran de ser interesantes. Solo el rastreo empírico permite descubrir qué diezmos se cobraban, aunque tampoco esforzarse en completar por este procedimiento un inventario de todos los bienes cargados reportaría mucho más que una satisfacción a quienes se obsesionan con el detalle. Contribuye más a tener una idea precisa del alcance de las rentas identificar las más extendidas y remuneradoras. Aunque nominalmente el diezmo reivindicara desde su origen la condición de universal, y debiera detraerse de cualquier actividad productiva, desplegar el aparato recaudatorio que necesitara tanta ambición para la mayor parte de las actividades no hubiera recompensado el gasto. El límite racional de la rentabilidad se impondría, y su marco natural terminó siendo el de las principales producciones agropecuarias.
Las rentas que se detraían del trigo y la cebada, llamadas diezmos de pan o diezmos mayores, que se ingresaban en especie, son las que se deben mencionar en primer lugar. Su importancia era tanta que el resto de los diezmos se podían agrupar bajo la denominación de diezmos de menudos, un concepto que podía agrupar corderos, queso y lana, potros y becerros, miel y cera, las huertas, la grana o la seda, según lugares. A las rentas de cereales se asociaban los diezmos de semillas, la denominación genérica de las legumbres que alternaban con los cultivos del trigo y la cebada, así como los diezmos novales, una consecuencia de la oscilación de la cantidad de tierras sembradas de cereales. De un año para otro la causa común de las oscilaciones era la que imponía el sistema, cuyos dictados estaban integrados en la renta regular del pan. Pero más allá de estos cambios, el cabildo permanecía atento a saber si en las poblaciones del arzobispado se habían puesto en cultivo tierras antes dedicadas a otros aprovechamientos. Si las había, de ellas demandaban los diezmos novales, por tanto una renta que solo afectaba a las tierras sembradas de cereales.
El diezmo de las tres especies principales del ganado de aprovechamiento agropecuario, que eran el vacuno, el equino y el lanar, no solo se desdoblaba en el caso del ovino. Por una parte, se cargaba la natalidad y por otra los productos derivados de la cría que se comercializaran. El que cargaba los alumbramientos debían pagarlo quienes obtenían las crías y no quienes pudieran comprar, en el transcurso del año, cabezas de cualquiera de las tres especies. Para ejecutarlo con criterio, los recaudadores pedían el diezmo en momentos que se consolidaron como uso y costumbre, de modo que cuando el dueño del ganado pidiera al recaudador para que le cobrara el diezmo que le correspondía, este debía hacerlo. De lo contrario, el dueño no estaba obligado a pagar partos o postpartos, y además el recaudador quedaba obligado a pagarle las costas que hubieran originado guarda y pasto.
En cuanto al diezmo de lana y queso de oveja, se pagaba donde vivía el dueño del ganado, salvo en el caso de los vecinos originarios de la capital. Si tenían domicilio en la capital, lo pagaban en la collación donde lo tenían, y si no, en santa María la Mayor, tal como era uso y costumbre. También era una excepción que el ganado se herrara o se trasquilara en un donadío cerrado, en cuyo caso se aplicaba la ley referida al donadío. Mientras tanto, queso y lana de cabra se sumaba al diezmo que se deducía por los cabritos. Los diezmos de aceite y mosto, que se pagaban en los molinos y en las bodegas, no eran insignificantes, porque, aunque se tratara de bienes agroalimentarios, cargaban sobre los primeros productos industriales, lo que les valía el mayor valor acumulado posible. Los que hacían pasa estaban obligados a pagar su diezmo a los recaudadores del vino, en producto o en dinero, al precio que la vendieran, a elección del recaudador, si les quedaba pasa por vender. En la renta de las huertas de cada distrito dezmatorio, que pagaban quienes las tenían, se incluían los diezmos de las pertenecientes a fábricas o a hospitales radicados en ella si la huerta estuviera en el término del lugar. Pero si la huerta estuviera en otro término, pagaba el diezmo en donde estuviera la huerta. El diezmo del mimbre, allí donde se recaudaba la renta de semillas, se incluía en esta, y en donde no, en las rentas de menudos. Pero los diezmos de panizo y zahína, si los hubiera, no entraban en la renta de menudos, sino que eran renta independiente.
En suma. Si las rentas se segregaban por bien, por tratamiento impositivo y por residencia, y a su vez cruzando los tres criterios, de cada uno de los resultados podía deducirse una renta distinta que se recaudaba con independencia, decir que el diezmo era una renta es una simplificación que solo se puede justificar cuando se trata de hablar de modo muy sintético. Bajo el nombre de diezmo se recaudaban cada año, ateniéndose a un proceso de administración complejo, centenares de rentas, tantas como bienes estaban sometidos al gravamen en cada dezmería, y tanto la clase de contribuyente como su residencia daban origen a gestiones separadas, aun tratándose de ingresos originados por el mismo bien.
Formación del capital de las labores
Publicado: febrero 4, 2019 Archivado en: Carmelo Terrera | Tags: economía agraria Deja un comentarioCarmelo Terrera
A mediados del siglo décimo octavo dos hombres formaron una sociedad para crear y gestionar una labor, la explotación agropecuaria con mayores aspiraciones. Habían decidido tenerla por mitad y compañía. Pero una manera tan genérica de referirse a su compromiso no les pareció suficiente a la hora de formalizar el acuerdo. Decidieron hacer mención de lo que juzgarían necesario para el desarrollo de la actividad que habían emprendido.
A medias habían tomado en arrendamiento las tierras que tenían que servirles como marco, una cantidad indeterminada en cortijos y hazas en un mismo término, unas propias de un hospital de la capital, otras de un convento de santa Clara y otras de una corporación de beneficiados. En las mismas condiciones tenían todos los ganados que participaban en la empresa, que eran el vacuno de labor, las yeguas de vientre, el caballo padre y las burras destinadas a los portes entre la población y las tierras que explotaran. Y asimismo reconocían como patrimonio común la paja que hubieran almacenado para garantizar la alimentación de todo ese ganado.
En pleno mes de octubre, al comienzo de una nueva campaña, uno de ellos quiso abandonar la labor. Como la sociedad estaría activa desde al menos enero del año en curso, aquello obligó a reconocer como una parte de la empresa común los barbechos preparados para recibir la simiente de la campaña que estaba empezando. Habrían sido el resultado de un plan desarrollado durante los meses precedentes, en paralelo a la atención a los cultivos sembrados durante la campaña que había terminado en septiembre, para el que habría sido necesario invertir una importante cantidad de trabajo.
Decidieron disolver la sociedad con la venta de la mitad de quien abandonaba al otro, para que este continuara con la labor. Para que arbitrara la liquidación de la sociedad, designaron a peritos que apreciaran el capital que habían acumulado. Los ganados y los pertrechos fueron valorados en 50.021 reales 18 maravedíes, por lo que la estimación de cada mitad ascendía a 25.010 reales 26 maravedíes. La mitad de la sociedad sería vendida a plazos por este precio, y a partir de aquel momento, y hasta que fuera satisfecha la liquidación, no se podrían enajenar en modo alguno ni ganados ni pertrechos. El comprador satisfaría aquella cantidad en dos pagas, una de 11.000 reales el 1 de enero siguiente, y el resto a lo largo del siguiente octubre, una vez hecho balance de la campaña que en aquel momento comenzaba. Los derechos reales de alcabalas y cientos, a los que estaba sujeta esta venta, los pagarían a medias. Además, para asegurar la liquidación de la deuda, la sementera de los cortijos y tierras, cuyos frutos cogería el comprador durante el agosto siguiente, quedaba especialmente obligada e hipotecada por el valor tarifado. Y como a partir de aquel momento las tierras serían disfrutadas en exclusiva por el que permanecería como labrador, los pagos de los arrendamientos de los cortijos y las tierras tomadas, que vencerían por Santiago siguiente, 25 de julio, quedaban a cargo del comprador, para cuya garantía hipotecó su casa, 10 aranzadas de estacas y 10 aranzadas de viña con casa de teja, lagar y vasijas.
Quedó en el limbo el trabajo ya consumido en los barbechos, una inversión a la que habrían hecho frente ambos socios durante el ciclo precedente y que sin embargo parece que no fue recompensada. ¿Se habrían resarcido de la inversión común resolviendo los barbechos como servicio a cambio de la cesión de parcelas por las que hubieran ingresado renta? De ser así, las deudas habrían quedado saldadas en septiembre anterior, y por tanto, efectivamente, ya no sería necesario recompensar el gasto. En la medida en que fueran tierras subarrendadas a terceros, las cedidas en parcelas a cambio del servicio del barbecho serían una anulación del gasto en trabajo equivalente a la parte proporcional de la renta debida a los arrendadores primitivos, si el intercambio se hubiera limitado a trabajo por tierra. La renta debida de la campaña precedente, que tenía que remunerar el uso de la supuesta fecundidad natural de la tierra a sus dueños a costa del producto bruto ingresado por la empresa, ya habría quedado liquidada en Santiago anterior, y por tanto el compromiso común que se había contraído por este concepto. De ahí que bastara mencionar que la que hubiera que pagar por la nueva quedaba como responsabilidad exclusiva del único labrador activo, quien a partir de aquel momento tendría toda libertad para hacer el uso de las tierras cedidas que creyera conveniente, así como para organizar como le pareciera el trabajo de los nuevos barbechos.
La forma de adquirir el trabajo podía reducir el capital de una labor a las tierras, el ganado y los pertrechos. De las primeras la oferta estaba siempre abierta en las escribanías, y de lo demás, en las ferias. Como las tierras se tomaban en arrendamiento, la manera de disponer del trabajo facilitaría la constitución de explotaciones tanto que se podría limitar a la adquisición del ganado que necesitara la labor también por cesión, una fórmula que resolvería el acceso a la fuerza, sus necesidades alimenticias y el equipamiento que fuera necesario para hacer todos los trabajos de la arada.
La defraudación del diezmo
Publicado: enero 21, 2019 Archivado en: J. García-Lería | Tags: economía agraria Deja un comentarioJ. García-Lería
Aunque las previsiones de la administración eclesiástica meridional sobre el cobro de los diezmos se cuidaban sobre todo del tramo que iba del arrendatario a los partícipes, no por eso dejaban de interesarse por la recaudación, quizás en términos demasiado generales.
Como reconocimiento de la autoridad adquirida para demandar las rentas, al recaudador se le entregaba un documento específico, llamado recudimiento, que iba firmado por el administrador de la vicaría y el escribano de la renta de la que se tratara. El vicario estaba obligado a publicarlo en la iglesia de donde era la renta, y ningún recaudador podía cobrar diezmo de ningún contribuyente si no disponía de aquella autorización. Si cobraba algo sin ella, se le podía demandar criminalmente lo que hubiera ingresado, y, si era arrendatario, además de que perdía las pujas hechas, que cobraría el cabildo a favor de quien debiera haberlas, quedaba obligado a pagar cuatro veces lo que hubiera recaudado. Recíprocamente, nadie debía pagar diezmo a ningún recaudador antes de que el recudimiento se publicara, y si alguien pagaba a quien no lo tuviera, se arriesgaba a verse en la obligación de pagar otra vez el diezmo que ya hubiera satisfecho.
A pesar de todas las advertencias, había diezmadores que se adelantaban a pagarlo incluso antes de que la renta se le hubiera adjudicado definitivamente a quien debía recaudarla. Lo prueba que de un trigo que se estaba recaudando, el administrador de la vicaría de referencia, al tiempo que remitió el resultado de las posturas en la población, dijo que era muy bueno, y para demostrarlo remitió una muestra del que ya estaba almacenado en la cilla, que, según explicó, procedía de los diezmos que ya habían enviado los labradores; en un momento en el que todavía estaban por concluir las subastas.
Los plazos previstos para que quienes tuvieran que recaudar los diezmos los cobraran también estaban reglados. Los del pan, por ejemplo, podían demandarlos hasta el último día de diciembre del año al que correspondieran las rentas. Pero si no los cobraban en ese plazo, quedaba a elección de quienes debían pagarlos liquidarlos en especie o en metálico, en este caso ateniéndose al precio común que valiera aquel mismo día en la población donde se debían las rentas, una tarifa bastante más realista que la tasa. Como recompensa, estaba reconocido que en caso de que fuera necesario, los recaudadores estaban facultados para demandar los diezmos a los contribuyentes ante la justicia eclesiástica, porque los responsables de impartirla eran personas que sabían las maneras y las formas de dezmar. Ahora bien, si los recaudadores se precipitaban a demandarlos ante otro juez, que en la práctica era cualquiera de los seculares, podían dar por perdidos los diezmos que demandaran. Además, que un recaudador se hubiera decidido por aquella vía no sería justificación para que, en caso de que fuera arrendatario, dejara de pagar todo el precio en el que se le había rematado la renta, ni obstaría para que se aplicaran a las partes que debían percibirlas las rentas correspondientes, a la vez que incurriría en que a partir de aquel momento no volvería a ser admitido en diezmo alguno.
Pero tanto una correcta gestión contable que asegurase a los partícipes sus cuotas como las previsiones legales para garantizar la recaudación de los diezmos eran solo la epidermis del mayor problema al que tiene que hacer frente el procedimiento para estimar el producto. Cualquier cifra que se refiera a alguno de los momentos de la detracción, sea mediante fieldad o mediante arrendamiento, está en alguna medida interferida por las relaciones, naturalmente antagónicas, propias de la deducción de cualquier renta. Entre lo efectivamente producido y lo realmente cobrado se interpondría la coacción, ya fuera bajo la forma de coerción jurídica, ya como disuasión desde los púlpitos; o como coerción desde los púlpitos o disuasión desde los tribunales; o como las cuatro cosas a la vez o prudentemente combinadas y dosificadas. Por efecto de estas refracciones, el contribuyente se sentiría legitimado para pagar por debajo del tipo impositivo, mientras que el recaudador, en uso de su fuerza legal, forcejearía por alcanzar esa frontera.
La secular resistencia al pago del diezmo está sobradamente documentada por la historiografía occidental. El resumen del relato de los procedimientos que para eludirlo ha publicado aun así puede ser largo. La ocultación de lo producido era el fraude directo o simple, pero también estaban entre sus formas más comunes el levantamiento precipitado de las cosechas, pagar en casa y no en el campo o la manipulación de las medidas con las que había que pagar. También eran frecuentes el cálculo grosero de lo recogido, no pagar diezmo de las granzas o producto de la segunda trilla, pagar diezmo de lo propio pero no de lo arrendado, no pagar cuando el producto es muy pequeño o alegar la dificultad para controlar una producción. Los cultivos dedicados al autoconsumo, tanto humano como animal, quienes los practicaban los presuponían al margen del diezmo, lo que no carecía de base legal, aunque, valiéndose de esta premisa, se podían exagerar las necesidades del autoconsumo. Que una tierra antes no estuviera sometida a la obligación de contribuir con su diezmo podía parecer justificación suficiente para no pagarlo en adelante, aun habiendo entrado en producción. Un cultivo, porque fuera nuevo, como hasta entonces no estaba sometido a la obligación del pago del diezmo, podía escapar a su carga. El cultivo intercalar asimismo podía escapar al control del producto creado, y el cerramiento o cercado también podía ser una frontera que detuviera a los recaudadores. Asimismo eran formas habituales del fraude los cobros discrecionales, fuera por debajo del tipo o por debajo de la magnitud del bien sometido a gravamen. Tanto los arrendatarios del diezmo como la administración que los cedía, podían tener suficiente con ingresar lo que los grandes productores, fácilmente identificables en cada población, les satisfacían, sin esforzarse en un control del fraude en el que pudiera incurrir el productor marginal, que probablemente causaría un costo mayor que el posible ingreso que proporcionara.
En el arzobispado del sudoeste, la resistencia al pago del diezmo no se documenta con menos facilidad, aun sin que quien se interese por él se lo proponga. Está en el origen de la prestación. En 1255, en el privilegio que concede la renta a la iglesia romana, es precisamente este argumento la causa que justifica su regulación. Es cierto que para entonces era ya un tópico normativo, y que mucho después, en 1410, se sigue aludiendo al mismo problema en términos muy parecidos a los de siglo y medio antes.
Parece que en la baja edad media los comportamientos abiertamente opuestos al diezmo llegaron a ser más activos que el fraude espontáneo. Una parte de ellos al menos se puede interpretar como una parte de la competencia entre poderes que caracterizó aquella época en región. En 1404, los diezmos de las villas y lugares de un señor no encontraban quien se hiciera cargo de su arrendamiento porque quienes podrían hacerlo le tenían miedo. Los candidatos a la recaudación, dicen los testimonios, temen que los maten, los acuchillen o los deshonren. Por la misma razón, el cabildo igualmente tenía dificultades para encontrar fieles que los cogieran, cillas para el pan, lagares o tinajas para el vino.
No obstante, los diezmos de menudos de la primera de las villas de aquel señor pudieron arrendarse, lo que degeneró a las consecuencias que se habían previsto. A quienes estaban recaudándolos algunos hombres que estaban en la población los acuchillaron e hirieron de tal manera que les rompieron el cuero y les sacaron sangre. La razón de tan violenta oposición a los diezmos a principios del siglo XV, según el cabildo, era que había señores que pretendían para sí los diezmos de sus señoríos -que algunos de vos queredes las rentas para vos, son sus palabras-, y para conseguirlo se valían de la acción violenta de hombres a su servicio.
La resistencia al pago desde posiciones de fuerza iría extendiéndose en línea descendente en la escala de los poderes. En 1423 fue un veinticuatro, título que distinguía a los regidores vitalicios del regimiento de la capital, quien puso dificultades para pagar los diezmos de los frutos que Dios le ha dado, mientras que todavía en 1441 los vecinos y moradores de las principales villas de un señor se resistían a dezmar bien y derechamente; aunque afortunadamente, para entonces, la oposición ya solo daba origen a debate y contienda entre el cabildo y el señor sobre fraudes y colusiones y encubiertas.
En 1547 la oposición al diezmo se habría naturalizado como defraudación: “[…] Juan Ortiz, en nombre del deán y cabildo de la santa iglesia de la ciudad […] dice que los diezmeros, y personas que son obligados a diezmar […] sin pagar el dicho diezmo de lo que cogen, llevan el pan a sus casas, y lo venden, y hacen de ello lo que quieren; y cuando el arrendador de los dichos diezmos lo va a recibir, no le pagan lo que deben, y lo que le dan, es de lo postrero que cogen, y de las granzas que hacen; y caso que por justicia les quieren [sic] medir sus trojes, para que paguen bien el diezmo, como lo tienen ya vendido, y comido, no lo pagan […].” Aunque se acepte cierta deformación interesada de los hechos por parte del declarante, parece que las prisas por comercializar a mediados del siglo XVI saltaban por encima de las leyes de diezmos y las insistentes amenazas de excomunión.
Para 1568, cuando Juan de Mal Lara publicó en la capital de la región su Filosofía vulgar, la resistencia se había instalado en liquidar el diezmo debido con el producto de más baja calidad. En la centuria segunda de su obra, registra en estos términos el refrán 17: Los diezmos de Dios, de tres blancas sisar dos, y añade que, a pesar de que el Evangelio dice que Lo que es de Dios daldo a Dios, y lo de César a César, no lo tenían en cuentan los que habían de pagar los diezmos de todo lo que estaba santificado a Dios, y procuran dar lo peor que tienen, porque no consideran ser aquello presente para Dios, sino para personas.
A partir de la segunda mitad del XVI, la defraudación se concentraría en acciones que no contravinieran abiertamente las leyes de diezmos. De 1589 es una relación de vecinos originarios de la capital que habían dejado de pagar en ella su mitad con la justificación de que en 1580 el hacedor que fue a una población a poner las rentas había dicho que todos habían de pagar sus diezmos en donde vivieran, lo que solo era parcialmente cierto según las leyes de diezmos vigentes. Y aquel mismo 1589 el cabildo se vio obligado a cobrar en fieldad los diezmos de un cortijo que sus dueños habían arrendado con la condición de que no habían de pagarlos, para lo que de ningún modo disponían de títulos.
Pero todavía en 1590 sobrevivía buena parte de las fragilidades de los sistemas de recaudación. Para dejar de pagar los diezmos de aquel año, ciertos diezmadores no declararían lo que debían pagar, aun habiendo llegado el tiempo en el que debían hacerlo. El cabildo estaba seguro que muchas veces se perdía su hacienda por no acudir con tiempo para cobrar, reflexionó, y que si con alguna hacienda se había de tener puntualidad era con los diezmos. Después de alzados y cogidos, a quienes debían liquidarlos se les hacía de más el pagarlo, y aunque para lo pasado la demora ya no tenía remedio, la experiencia debía servir para que aquel año se acudiera al cobro sin retraso. Dando por descontado que habría algunas personas que con poco temor de Dios y de sus conciencias no declaren lo que cogieren, creyó conveniente adelantarse e instruir a uno de sus vicarios para que avisara en caso de que algo así sucediera con el diezmo del vino. Si fuera necesario, estaba dispuesto a enviarle desde la capital una comisión del juez eclesiástico para que procediera contra los que no quisieran declarar, al tiempo que visitaba las bodegas y por los afueros ver lo que debieren de diezmo.
Aun así, a pesar de que se esforzara por aparentar severidad frente a la ocultación, tuvo que conceder a los recaudadores que en ocasiones actuaran con flexibilidad. A quienes debían recaudar unos diezmos de pan administrados en fieldad instruyó que procuraran cobrarlos en grano, y que, si no fuera posible, en moneda, que los tarifaran a la tasa, el precio máximo legal, de escasa autoridad en los mercados; y, si ni aún así consiguieran cobrarlos, que hicieran que los deudores al menos se obligaran por escrito a pagar en el futuro los que debieran. Al mismo tiempo, de ciertas fieldades, para dos lugares diferentes, tenía que reconocer que muchas personas habían quedado debiendo sus diezmos, así por no haberlos declarado como porque los que declararon no los pagaron enteramente.
Pero según avanzara la época moderna, la resistencia se iría resolviendo a través de pleitos en los que era necesario acreditar documentalmente los derechos a la exención o a la rebaja que se pretendieran. Una de las iniciativas que era motivo de controversia jurídica, incluso de jurisprudencia contradictoria, era la que afectaba a las tierras que, habiendo estado dedicadas al cultivo, se convertían en pastizal. Para más complicación, solía ocurrir que las decisiones arbitradas por los tribunales en estos casos oscilaban según lugares.
Se puede pues interpretar que con el paso del tiempo la resistencia al pago de los diezmos se iría civilizando y reduciendo el margen de sus posibilidades, aunque todavía en 1604 la administración episcopal se lamentaba de su supervivencia, y en 1661 el labrador de un cortijo se resistía a pagar el diezmo del ganado que Dios nuestro señor le ha dado. Cabe pensar que, según fuera avanzando la época moderna, las formas de la resistencia al pago del diezmo quizás no causaran un daño serio al ingreso de la renta, tanto menos cuanto más la renta diezmal y sus medios de coerción se fueran consolidando, e incluso podrían considerase pruebas de las escasas posibilidades de defraudación que tenía a su alcance el obligado al pago. Claro que también es posible conjeturar que la resistencia al pago de los diezmos pudo civilizarse gracias a una corrupción secular persistente, naturalizada y tolerada, resultado del equilibrio que se hubiera alcanzado entre quienes podían imponer un pago reducido de sus productos, porque la fuerza de la concentración como labradores se hubiera ido imponiendo en la producción agropecuaria, y los perceptores de unos ingresos que eran lo suficientemente grandes como para satisfacer una holgada supervivencia del beneficio.
Sean unas u otras las razones de la defraudación, o el grado y el alcance que conociera en cada momento, para el valor que el diezmo tenga como medio para conocer el tamaño del producto basta sospechar que el pago se defraudaba para anular su valor como indicador. La permanente amenaza de fraude que revelan los testimonios es suficiente para que, al menos tratándose del procedimiento, se admita que en todas las cifras que se relacionen con la recaudación hay un vicio de origen que las invalida.
El arrendamiento de los diezmos
Publicado: diciembre 3, 2018 Archivado en: J. García-Lería | Tags: economía agraria Deja un comentarioJ. García-Lería
Aforado el producto en perspectiva, en el arzobispado superpuesto sobre la región suroccidental los procedimientos para proseguir con la recaudación del diezmo en lo fundamental eran dos, el arrendamiento y la fieldad.
El arrendamiento consistía en transferir temporalmente el derecho a la percepción de una renta a un interesado en su recaudación, ajeno a la administración eclesiástica, mediante subasta pública. No faltaban aspirantes a disponer de la posibilidad, y para los titulares de la prestación tenía la ventaja de que los descargaba de costos y les aseguraba su ingreso. La confluencia de ambos propósitos fue la responsable de que se convirtiera en el procedimiento preferido para la recaudación de los diezmos y de que este rindiera regularmente.
El Libro de casa de cuentas es la fuente más directa para desentrañar cómo se arrendaban las rentas. El recopilador que redactó estas ordenanzas, que fueron el código para la gestión de los diezmos regionales desde fines de la edad media hasta su extinción, se concentró en prever y poner a punto las posibilidades de tal método, tanto que casi todo está dedicado a regularlo, aunque lo fundamental sobre él se encuentra en las cincuenta primeras normas. Basta leer su encabezamiento para reconocerlo: Leyes y condiciones con que se arriendan y cogen las rentas de los diezmos de esta ciudad y su arzobispado.
De este texto hemos localizado cuatro versiones. La más antigua, a juzgar por su escritura, tal vez esté cerca del original no solo por razones de precedencia. La segunda es una copia solemne, iluminada, ya de pleno siglo XVI, aunque con los rasgos de arcaísmo que se pueden esperar de los trabajos con pretensiones. Una nota suelta en su interior lo data en 1572, a la vez que cerca la fecha de redacción del ejemplar más antiguo al afirmar que esta recopilación se hizo por decisión del cabildo en 1495. La tercera es ya una copia del último tercio del siglo XVII. Difiere de los anteriores en que incluye como addenda normas nuevas, de los siglos XVI y XVII. La cuarta, que parece de principios del siglo XIX, es una transcripción del texto más antiguo. No obstante, el valor de esta fuente, aun desde su perspectiva, es limitado. Si hay que juzgar por los ejemplares conocidos, es necesario reconocer que es muy válida como una instantánea del momento en que fue recopilada, fines del siglo XV, aunque solo parcial para la época moderna. Las decisiones que modificaron o ampliaron su contenido, que nada pudo evitar que fueran necesarias, tomadas por el cabildo en uso de su autoridad, aunque se lo propusieran los receptores de las versiones más recientes nunca fueron refundidas con lo que ya se había recopilado.
En plena época moderna, para arrendar un diezmo se partía del nombramiento de un prebendado que se trasladaba a la población sede de la vicaría cuyas rentas se iban a ceder. A partir de aquel momento, era llamado hacedor por la propia administración de las rentas diezmales. Llevaba consigo una carta general que lo acreditaba y le otorgaba poder para dirigir las subastas. El administrador de la vicaría a la que llegaba debía publicarla y fijarla después a la puerta de cada una de sus iglesias.
Antes de partir, al hacedor se le advertía de que el cabildo había decidido que debía seguir al pie de la letra las órdenes que se le daban en el cuaderno que le entregaban. Redactado en la capital, primero recopilaba el valor que hubiera alcanzado el año anterior en el último remate cualquiera de las rentas de la vicaría parroquia a parroquia. La relación del valor que las rentas hubieran alcanzado cuando definitivamente se adjudicaba debía proporcionarle, junto con las tazmías, los criterios con los que tasar las rentas del año en curso cuando salieran al mercado de las subastas.
Además, se le recordaba que, antes de ofrecerlas, debía hacer públicas las instrucciones para actuar, así como las condiciones bajo las cuales se podía aspirar al arrendamiento. Con este fin, se le entregaban por escrito dos pliegos de normas, uno impreso y otro manuscrito. El impreso, en cuyo encabezamiento deán y cabildo de la catedral insistían en declararse administradores únicos y perpetuos de los diezmos del arzobispado, contenía las instrucciones más generales. Actualizaba y resumía las leyes de diezmos recopiladas a fines del siglo XV por lo que se refería al arrendamiento. Debía leerlas para que se supiera lo que preveían, y de haberlas publicado tenía que devolver testimonio, mientras que más adelante el notario de la vicaría dejaría constancia de que las condiciones ordinarias, las nuevamente añadidas y las prevenidas en el cuaderno del hacedor habían sido publicadas en el lugar donde se iban a celebrar las subastas, y que se habían hecho saber por dos veces en los sitios públicos de la población. Las manuscritas eran específicas y tenían un contenido muy práctico. También se le encargaba que cuando los arrendadores plantearan alguna discrepancia no tomara decisión alguna sobre cualquiera de ellas, sino que los remitiera a la contaduría mayor. Terminaba el cuaderno con otra relación, bajo el título de diezmos exceptuados, a la que precedía la última orden. Antes de ofertar las rentas, el hacedor haría publicar que se exceptuaban los diezmos cuya relación seguía, de lo que también debía devolver testimonio.
La concurrencia a las subastas era abierta, tanto que el hacedor publicaba, además de un mandato para que no prendieran a los aspirantes a arrendatarios que aún debieran diezmos, que igualmente podían estar seguros en la capital el día del último remate, un día antes y otro después. Pero había vetos a la concurrencia, derivados de las responsabilidades públicas, fueran civiles o eclesiásticas, y de las que se tuvieran en la gestión de los diezmos. Ningún alcalde mayor, corregidor, alcalde ordinario, alguacil, veinticuatro, jurado, caballero, escribano de concejo o de justicia, notario del consistorio o de rentas, oficial de la mesa arzobispal, capitular o de la fábrica de la catedral podía pujar ni ser admitido a las rentas, ni otros por ellos. Además, el cabildo, por auto capitular del 17 de enero de 1731, había mandado que en ningún caso pudieran arrendar administradores, notarios de rentas diezmales ni tazmeadores, directa ni indirectamente. Si lo hacían, quedaban de inmediato desposeídos de sus respectivos empleos.
El arrendamiento efectivo de cada diezmo empezaba por las ofertas que hicieran los interesados en hacerse con su recaudación. Las leyes de diezmos, para ponérselo fácil a los licitadores, incluían un calendario para la subasta de las rentas que coincidía con el de la maduración previsible de los frutos, cuando el monto de las cosechas y los esquilmos era evidente. Entre el 15 de junio y el 1 de julio para los cereales, según las zonas, entre el 1 y el 8 de septiembre para el vino, el 30 de octubre para el aceite o el 1 de mayo para corderos, queso y lana eran las fechas principales.
Las fases regulares de la subasta eran dos, una de primera adjudicación y otra de último remate. Para evitar equívocos, sus plazos y los lugares donde se desarrollaría cada una, desde las instrucciones que llevaba consigo y hacía públicas el hacedor quedaba claro que en primera adjudicación se rematarían un día en la población sede de la vicaría, y que algunos después, en la capital de la región, se completarían los remates finales. Pero no era necesario que todas las rentas agotaran este circuito. Porque unas podían adquirir un valor satisfactorio sin salir del mercado local, y otras cuando iban a la capital no conocían mejoras. También podía ocurrir que la primera adjudicación ocurriera en la capital, que las pocas que no se adjudicaran en la capital se remitieran a la población, donde se remataban en la primera fase, o que las subastas finales ocurrieran en la población y no fuera necesario ultimarlas en la capital. Pero todas, invariablemente, concluían su circuito administrativo en el marco de los mercados de venta de las rentas diezmales de la población que las generaba, donde siempre se cerraban formalmente.
A la primera fase de la subasta la documentación suele llamarla poner en estrados, en alusión a la formalidad legal del acto. Por mandato del hacedor y orden del administrador, y a consecuencia de otra de los contadores mayores del cabildo, los estrados se publicaban dos veces en los sitios públicos de la población sede de la vicaría, para que llegaran a noticia de los posibles arrendatarios y saber si habría alguien que deseara hacer postura en la renta. Si no aparecía quien hiciese alguna, ni en poca ni en mucha cantidad, el administrador ordenaba diferir los estrados para la mañana del día siguiente. Si tampoco al día siguiente comparecía en ellos quien hiciera alguna postura, ordenaba entonces que los estrados quedaran para la tarde del mismo día, y en caso de que tampoco compareciera nadie, la subasta quedaría desierta, y sería necesario devolverla a la capital y tomar las decisiones que, si se consumara definitivamente la imposibilidad de la cesión, desembocaban en la fieldad.
Calculado el producto con mucha aproximación, gracias al ajuste del calendario de las subastas a la maduración de los frutos, y para lo que le sobraban datos y experiencia, al licitador solo le quedaría ofrecer una cantidad por debajo del diezmo que se esperaba obtener, de manera que pudiera extremar su beneficio. Era dando por segura esta táctica como se incentivaba la puesta en marcha del mecanismo de la subasta. En su desarrollo, al valor tasado, híbrido del último remate del año precedente y la tazmía, a su vez excepcionalmente modificado por cambios de valor de última hora, se le irían deduciendo cantidades, por ejemplo de 5 en 5 o de 10 en 10 unidades, hasta encontrar un postor. A partir del momento que lo encontraba, su postura era ya una renta cierta, la primera cifra que estaba dispuesto a pagar por un diezmo un arrendatario. Reiteradamente, el notario de diezmos de la vicaría, cuando dejaba constancia de que se había puesto estrados una renta de acuerdo con las formalidades exigidas, a aquella adjudicación la llamaba remate a la vara. Así concluía esta primera fase y la cifra de la postura se convertía en la cantidad generatriz del resto del proceso.
El licitador que aspiraba a arrendatario, en caso de que consiguiera hacerse con la renta en primera instancia, se aseguraba pagar al cabildo una cantidad desconectada del producto estimado, en la medida en que a lo largo de la primera fase de la subasta el nivel que se había creído que podía alcanzar la renta iba descendiendo según se demoraba la licitación. Al tiempo, pretendería cobrar a los obligados a la prestación todo lo que le permitiera el tipo que correspondiera. El cabildo, como responsable de los intereses de todos los partícipes, no renunciaría a ingresar el óptimo correspondiente al tipo, y, por su parte, el diezmador siempre aspiraría a pagar por debajo del tipo, un deseo que lo enfrentaría con el licitador y el cabildo. La adjudicación de la postura fijaba pues el momento de máxima divergencia entre los intereses que se enfrentaban en el diezmo arrendado. Como consecuencia de este trance, las fuerzas en pugna contaminaban el procedimiento de subasta con unos intereses que lo cargaban con el mayor grado de complejidad.
Para amortiguar los efectos de la subasta a la baja, gracias a la cual solo se había conseguido captar a un arrendatario potencial, el cabildo catedralicio, que era juez y parte, arrebataba la iniciativa a quienes ya se habían adjudicado la renta. El medio del que se servía era la apertura, en el mismo momento en que quedaba fijada la postura, de una segunda fase de la subasta, durante la que solo se admitían ofertas para modificar al alza el valor ya consolidado, las que el lenguaje de la gestión de los diezmos llamaba pujas o mejoras, una vez que en la vicaría se había hecho público que el último remate de cualquier renta se haría en la capital el día previsto para cada una en las leyes de diezmos, y que quien quisiera mejorar con una puja una renta podía hacerlo incluso el día señalado para el remate hasta media noche.
Cualquier puja debía hacerse ante los hacedores o los administradores de las vicarías, tanto si estaban los hacedores en las poblaciones como si no, y solo era válida y se admitía si se presentaba por escrito ante el escribano o el notario de rentas, quienes mantenían al día sus registros de este proceso, y la relación y memoria de las mejoras que en las rentas se hacían, así como del estado en el que cada una se encontraba, y si alguna vez dos personas pujaban ante el hacedor o el administrador con presencia del escribano o notario, la puja que valía era primera. Pero el gestor de los diezmos, aun actuando con todo su rigor, para asegurarse la mejor opción todavía se reservaba concluir esta fase decisiva con discrecionalidad. Si el cabildo, o los contadores en su nombre, creían conveniente prorrogar el plazo del último remate que se hubiera publicado, siempre que no pasara de ocho días, lo podían hacer, sin que por ello los arrendatarios que hubieran pujado la renta quedaran liberados de las posturas o pujas que hubieran hecho. Asimismo, el cabildo, por alguna causa o solo por su libre voluntad, aunque una renta se hubiera pujado, podía decidir que de ella no se consumara el último remate, lo que equivalía a detener la subasta en el valor que creyera conveniente. En ese caso, como se daba por ninguno lo que en la renta se hubiera hecho, los que hubieran pujado no podían pedir la remuneración de las pujas que hubieran ganado. Gracias a estas excepciones, en la práctica, el cabildo, por último, disponía de todo el poder para adjudicar el arrendamiento de una renta según su criterio.
Para estimular la concurrencia de licitadores a esta fase definitiva, e incentivar sus pujas, se consentían los prometidos, un beneficio de la décima parte del montante de cada mejora que conociera la postura, que sería reconocido como beneficio legal del arrendador al que finalmente se le adjudicara la renta. Era un expediente habitual durante la época moderna, reconocido por las leyes que regulaban el arrendamiento de todas las rentas que se adjudicaban mediante subasta.
Las mejoras de la postura que podían hacer los licitadores habrían de ser siempre 1/3 (tercio), 1/5 (quinto) o 1/10 (diezmo) de su valor y de las sucesivas pujas que se fueran acumulando, siempre que no alcanzaran los 75 cahíces o 900 fanegas en las rentas de los cereales y los 9.500 maravedíes en las que se ingresaban en dinero. En el supuesto de que estas barreras se sobrepasaran, la postura y las pujas agregadas se podrían además mejorar en solo 1/20 (medio diezmo), así como ofertar cantidades de dinero hasta alcanzar un valor redondo, como dos mil reales o tres mil trescientos, que era lo mismo que trescientos ducados de cuenta. Cada uno de los tipos de puja, a excepción del primero, que mejoraba la postura, incrementaba el valor de la mejora antecedente en la cantidad que expresaba su denominación. Así, por ejemplo, se podía ofertar un diezmo o mejora del 10 % del valor de la postura, y a partir de aquí medio diezmo o 5 % del diezmo anterior, mejorar el diezmo y medio antecedente en un quinto y el quinto antecedente en un tercio.
Las pujas terminaban cuando nadie mejoraba la última, lo que automáticamente adjudicaba la recaudación de la renta al último postor y situaba el diezmo a un nivel que, aritméticamente, era el resultado de sumar a la postura el monto de cada una de las pujas que se hubieran ofrecido. Como consecuencia de las circunstancias que en cada caso modificaran las ofertas, los resultados de la acumulación de las pujas podían ser muy diferentes. En una renta poco competida, en el primer remate la postura había sido adjudicada en 44.642 maravedíes, y solo fue mejorada en un tercio, 14.880, de manera que el total quedó fijado en 59.522, un cálculo que tenía en cuenta que la administración de los diezmos siempre redondeaba despreciando los decimales. Pero en otra, muy competida, ocurrió que la postura había quedado rematada en 17.000 reales. La primera mejora fue de un tercio, y las siguientes un diezmo, otro diezmo, otro diezmo, medio diezmo, un diezmo, otro diezmo, medio diezmo, otro diezmo y otro diezmo, de modo que el total ascendió a 48.692 reales. Todos estos hechos, en cada caso, los registraba el notario de los diezmos de la vicaría en un cuaderno de pujas y remates, y finalmente certificaba el valor alcanzado por cada renta en los últimos remates.
Tanto de las posturas comprometidas como de todas las pujas que se hacían, cada concurrente debía otorgar contrato ejecutivo con las condiciones, renuncias y sumisiones que eran regulares en cualquier escritura de obligación. Al suscribirlo se comprometía a someterse expresamente a la jurisdicción de la capital, tanto eclesiástica como seglar, y a renunciar a cualquier fuero al que pudiera acogerse, a la pragmática de sumisiones más reciente y a cualquier privilegio o exención que tuviera. También aceptaba que, si actuara sin tener autorización acreditada para el cobro de la renta, la cobrara como suya y la cogiera, podía ser preso, prendado y ejecutado por la jurisdicción de la capital, fuera eclesiástica o seglar. Y aunque, de acuerdo con el compromiso antecedente, no podía oponerse a la ejecución, si por derecho debía serle admitida su oposición a ella, debía presentar a su costa el contrato original. De lo contrario, su oposición sería ninguna y no podía ser oída.
Pero, sobre todo, para su garantía, quienes pusieran en precio cualquier diezmo debían afianzarlo tal como estaba previsto en las leyes de la casa de cuentas. Ni el administrador ni el notario apostólico de la vicaría en modo alguno podían dar rentas a una persona sin que con ella se obligaran otras, y todas como principales y de mancomún. Tanto si fueran de primera adjudicación como por cada puja de mejora, para que fueran admitidas las fianzas debían ser de al menos dos personas. Luego todos los arrendamientos quedaban encomendados a sociedades.
Las que se constituían podían ser inestables y fluctuantes. Es más probable que estuvieran anudadas por el principio de fidelidad y resultaran estables y cerradas. Pero no era infrecuente que uno de los asociados, cuando subían las pujas, abandonara a su consocio, quizás presa del vértigo, y este tomara a otro que al menos dotara a la sociedad de la solvencia, cuando menos aparente, que necesitara para prosperar. El empeño al que la mayor competencia conducía restringía el número de rentas al que una sociedad podía aspirar, y era menos probable que una sociedad monopolizara todas las locales de un mismo bien, aunque esta siguiera siendo una posibilidad al alcance de una parte de las iniciativas. Sin embargo, para la solidez de las sociedades que los arrendatarios constituían ningún factor parece tan decisivo como el horizonte de rentabilidad que se podía abrir ante ellos si dispusieran de la décima parte del producto.
Si todo ocurría según lo previsto, con la verificación de las fianzas concluía el procedimiento de la cesión de las rentas. El notario de los diezmos de la vicaría las certificaba, y toda la documentación del arrendamiento, por último, quedaba en su poder. Pero todavía la aplicación de una norma podía provocar la repetición de la segunda fase de la subasta.
Cuando las rentas no se afianzaban, los postores y pujadores incurrían en quiebra, instrumento punitivo dirigido a imponer seriedad y rigor a las mejoras ofertadas por quienes pujaran. Tendría la virtud de poner al descubierto lo que hubiera de ficticio en las posturas y las cadenas de pujas, y cuáles eran los arrendatarios transitorios o testaferros que actuaban solo con fines especulativos, fundados en la esperanza de recompensar su intervención al menos con los prometidos. Por la misma razón, sería lo más adecuado para anudar bien, antes de intervenir en una subasta, las alianzas societarias.
Consumadas las quiebras, las rentas eran adjudicadas al licitador antecedente. Así, llegado el momento de afianzar una, un adjudicatario del último remate no la afianzó en el plazo que se le había concedido. Fue publicada la quiebra y la renta recayó en el pujador inmediato anterior, responsable de la mejora más alta precedente, quien tampoco la afianzó. De nuevo fue publicada la quiebra y se actuó, tal como estaba previsto, igual que en la quiebra previa. Tampoco el tercer pujador en orden descendente, que resultó ser asimismo el primer quebrado, pudo afianzar la renta. Otra vez publicada, finalmente fue afianzada por el que seguía en el mismo orden, que resultó ser el primer pujador en la segunda fase de la subasta.
Cada uno de los pretendidos arrendatarios que incurría en quiebra quedaba obligado a pagar a los partícipes la mejora que había ofrecido, en el mismo plazo y en los mismos términos que las rentas principales. Si eran quiebras en la renta del pan, debían pagarlas en grano, como se debía pagar la renta principal, sin que se pudiera alegar que no se había tenido intervención en la renta o que se pagarían a la tasa porque esta era la costumbre. Quienes así argumentaban no eran oídos en juicio ni fuera de él, y podían ser presos, prendados y ejecutados por la cuantía de la quiebra tal como se procedía por la renta principal y en los mismos plazos, tanto por un juez eclesiástico como por uno civil de la capital, de la misma manera que si hubieran suscrito uno de los contratos requeridos.
La secuencia descendiente de las quiebras a veces podía ser tan larga que no solo hiciera caer la renta hasta el primer pujador del último remate. Porque no hubiera mucho margen para retroceder –por no haber ponedor antecedente-, el resultado podía ser que el arrendamiento quedara al descubierto, sin que hubiera posibilidad de adjudicarlo a algún responsable. En ese caso, la renta recaía al torno de la almoneda, es decir, retornaba al mercado de las subastas, y de nuevo en estrados, a partir de un precio inferior, era pujada y adjudicada según estaba reglado.
La vuelta al mercado normalmente debía emprenderla una renta por la falta de fianza, de manera que el retorno a estrados sería un drástico ajuste a su demanda efectiva. Pero también podía estar causada por incumplimiento de la abstención. Si una vez rematada una renta se sospechaba que cualquiera de los que tenían prohibido arrendar había participado en la adjudicación, podía ser nulo el remate, quebrar la renta y quienes hubieran incurrido en aquella irregularidad debían pagar la puja o pujas que hubieran hecho, tras lo cual se consumaría la vuelta al mercado. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el administrador de los diezmos de una vicaría consiguió adjudicarse una renta valiéndose de un traspaso como subterfugio.
El retorno también podía ser consecuencia de que alguna renta fuera sospechosa de colusión entre los arrendatarios, y así lo comprobaran los contadores del cabildo. Un excusado, a través de una sociedad formada por vecinos de otra población, participó en la subasta del arrendamiento de su propia renta, y consiguió que se rematara en él, en sociedad con su hijo, aunque finalmente una fuerte pugna por hacerse con ella se la arrebató. En casos así, bastaba la declaración de los contadores del cabildo para que a continuación abrieran de nuevo la renta, la devolvieran al mercado y admitieran las pujas que se hicieran. Podían hacerlo fundados en su propia autoridad, sin citar, llamar ni oír a los arrendatarios, quienes no podrían ir contra ella, ni por habérseles quitado la renta podrían apelar, suplicar ni reclamar por vía alguna, aunque fuera de fuerza. Además, los adjudicados perdían los prometidos y las pujas que hubieran ganado, y debían devolver sin pleito ni debate los frutos que de la renta ya hubieran cobrado.
Pero la vuelta al mercado de una renta no siempre tenía que ajustarse a los planes del cabildo como precursor de los intereses de los partícipes. De ahí que en la respuesta a estos contratiempos también se reservara la última decisión. No solo quedaba sujeta a su voluntad cuando afectara al incumplimiento del veto a participar en el arrendamiento de las rentas, tal como se afirma expresamente. En todos los casos, si una renta que hubiera vuelto al mercado de las subastas era adjudicada a su último nuevo pujador, mientras este o los que hubieran pujado en ella no hubieran sacado el documento que los autorizaba al cobro, quienes en el anterior remate frustrado la hubieran pujado, aunque en su momento no lo hubieran hecho, ahora de nuevo tenían la oportunidad de afianzarla y sacar el documento acreditativo que les permitiera cobrarla si el cabildo lo creía conveniente, sin que los que hubieran pujado en la vuelta al mercado ganaran las pujas que hubieran hecho.
La consecuencia de tanta discreción era que se podían provocar situaciones tan singulares que el cabildo, paradójicamente, actuara contra lo que formalmente estaba cumpliendo la norma. Rentas que se pujaban siguiendo el procedimiento regular y eran afianzadas por los adjudicatarios del último remate, sin embargo eran recogidas en administración a consecuencia de una orden del cabildo. Por las anotaciones de los contadores en algunos casos se deduce que todo había ocurrido de manera tan regular que incluso los pujadores ganaban las mejoras que habían licitado. Debió tratarse de decisiones del último momento, en las que el cabildo se viera en la necesidad de no defraudar ninguna de las expectativas creadas, sin perjuicio de que su actuación resultara contraria a los intereses del adjudicatario del arrendamiento.
Rentas de los trabajos derivados de la siega
Publicado: octubre 29, 2018 Archivado en: Andrés Ramón Páez | Tags: economía agraria Deja un comentarioAndrés Ramón Páez
Aunque no es posible discriminar hasta saber cuántos asalariados participaron en cada actividad, se puede aproximar el número de todos los contratados durante los meses que se emplearon en la siega y sus trabajos derivados con bastante precisión. Entre el 22 de mayo y el 15 de junio trabajarían unos 32 hombres. Del 16 de junio hasta el 9 de julio, unos 69, un número casi idéntico al de los que trabajarían entre el 10 y el 24 de julio, si bien es probable que en este otro periodo fueran algunos más. Desde el 25 de julio al 14 de agosto los contratados serían unos 47, y entre el 15 de agosto y el 7 de septiembre unos 39.
La remuneración de los asalariados que encadenaron los trabajos comprendidos entre la saca y la labranza de los pajares fue diferente a la de quienes habían hecho la siega. Cuando el 17 de junio los que iban a ejecutar los trabajos derivados de la siega salieron para el cortijo central de la explotación lo hicieron sin ajuste, según costumbre. Habrá que interpretar que cuando eran reclutados aún no estaba acordado el precio de su trabajo. Se puede suponer que estarían sujetos a las decisiones de los labradores canónicos en los que la casa descargaba su responsabilidad sobre estas decisiones, tal como ocurría con la tasa del trabajo para la siega. Sin embargo, la costumbre al menos garantizaba que a los asalariados que ejecutaban los trabajos regulares se los remuneraba no por rendimiento, como a los destajistas que segaban, sino a razón de una comida y una cantidad de dinero, la que comúnmente se conocía como jornal, por cada día de actividad.
Entre el 3 de junio, momento a partir del cual pudo empezar la saca de las gavillas, y el 7 de septiembre, fecha en la que como máximo sería posible que aún se estuviera trabajando en techar los pajares, el jornal común se pagó a 3 reales. Solo entre los días 16 de junio y 9 de julio, cuando el trabajo se concentró en la era, subió a 4. Pero además, como era práctica habitual en la casa, se discriminó con suplementos exclusivos algunas dedicaciones. A cada uno de los gavilleros, entre el 3 de junio y el 24 de julio; de los rastrojeros, también entre el 3 de junio y el 24 de julio; y de los trilladores, entre el 16 de junio y el 24 de julio, se les pagó un real más. Si bien al guarda de la era, entre 3 de junio y el 24 de julio, también se le recompensó con un real más, entre el 25 de julio y el 14 de agosto solo recibió como complemento medio real por cada día trabajado.
También fueron mejorados el carrero del agua, por los 37 días que trabajó entre el 16 de junio y el 24 de julio, con un real más, y por los 18 ½ que trabajó entre el 25 de julio y el 14 de agosto, con medio real; el guarda de las habas, por los 11 días trabajados entre el 22 de mayo y el 15 de junio, con medio real; el arriero de las burras, o arriero mayor de las burras, por los 4 días que trabajó entre el 3 y el 15 de junio, con un real, aunque entre el 16 de junio y el 24 de julio se hizo acreedor de otros dos reales. A los arrieros de burros, entre el 25 de julio y el 14 de agosto, se les pagó un real más, y al arreador, por los 22 días que trabajó entre el 15 de agosto y el 7 de septiembre, uno; al zagal de las burras, por cada uno de los 24 días que trabajó entre 16 de junio y el 24 de julio, real y medio; al que ayudó durante 4 días al arriero de los mulos entre el 25 de julio y el 14 de agosto, medio real; y las peonadas de carril hechas entre el 10 de julio y el 7 de septiembre, fueron premiadas con un cuarto o cuartillo de real más.
Al manijero de carretas, por los 2 días que trabajó entre el 10 y el 24 de julio, se le recompensó con un real más, y por los 17 días que trabajó entre el 25 de julio y el 14 de agosto, con medio; a los labradores de paja, entre el 16 de junio y el 24 de julio, con un real, y entre el 25 de julio y el 14 de agosto, con medio real; y a los sabaneros o subidores de paja a los pajares, entre el 10 de julio y el 14 de agosto, con un real.
Para liquidar la parte monetaria del salario, en el transcurso del periodo, el aperador, en el cortijo, a los asalariados adelantaba o daba por cuenta una cantidad de dinero, sirviéndose del que previamente le había proporcionado la administración de la casa, de la que resultaba acreedor hasta tanto se hacía el balance de las jornadas trabajadas durante cada periodo. Cuando cada uno se cerraba, a los asalariados se les pagaba en el despacho el saldo que resultaba a su favor. Como la administración le adelantaba al aperador más de lo que él pagaba a los asalariados, normalmente quedaba acreedor de la caja de la casa, un remanente estable que le permitiría actuar con cierta libertad a la hora de decidir cuántos y quiénes serían los asalariados a contratar para cada periodo, su mayor responsabilidad.
De la comida, la otra parte de la remuneración de los asalariados, el alimento básico era el pan. Su pago se efectuaba como consumo diario en el lugar de trabajo. Para todos los contratados, durante los días de la siega y sus actividades derivadas, osciló entre un mínimo de 39,6 hogazas al día y un máximo de 90. Tan importantes cambios de valor fueron consecuencia directa de la intensidad de los trabajos. Mientras que entre el 22 de mayo y el 15 de junio solo se consumieron las 39,6 mencionadas, los días entre el 16 de junio y el 9 de julio, coincidiendo con la mayor actividad de saca y trilla, se consumieron las 90. A partir del 10 de julio el consumo fue descendiendo paulatinamente, tal como iban retrocediendo el ritmo y la diversidad de los trabajos. Así, entre el 10 y el 24 de julio se consumieron 83 1/3 hogazas día, entre el 25 de julio y el 14 de agosto, 54,05, y entre el 15 de agosto y el 7 de septiembre, 44,38.
Pero la importancia del consumo no solo era consecuencia de la cantidad de asalariados contratados en cada periodo, a su vez exigida por los trabajos. Era también el resultado de la voluntad de la casa, que precisamente porque la intensidad de los trabajos oscilaba decidía incrementar o disminuir la ración diaria. Entre el 22 de mayo y el 15 de junio cada día cada asalariado comió pan a razón de 2 libras, 15 onzas y 42 centésimas de otra, o sea, una hogaza menos 58 centésimas de onza. Los días entre el 16 de junio y el 9 de julio el consumo subió a 3 libras, 4 onzas y 57 centésimas de otra, y durante el periodo entre el 10 y el 24 de julio descendió algo, a 3 libras, 2 onzas y 36 centésimas. Ya entre el 25 de julio y el 14 de agosto cada asalariado solo comió 2 libras 15 onzas y 29 centésimas, y entre el 15 de agosto y el 7 de septiembre, 2 libras, 13 onzas y 48 centésimas, equivalentes a 1 hogaza menos 2 onzas y 52 centésimas.
Todo el pan fue suministrado bajo la forma de las consabidas hogazas de a tres libras, que eran llevadas al cortijo desde la población. El encargado de suministrarlo a diario fue alguien que ya conocemos, Acosta, el panadero que trabajaba para la casa. Para hacerse una idea de lo que este negocio supondría para él basta un par de cifras. Entre el 22 de mayo y el 7 de septiembre suministró 6.600 hogazas (990 + 2.160 + 1.250 + 1.135 + 1.065) de a tres libras, equivalentes a 19.800 libras de pan.
La otra parte de la comida se resolvía con un potaje, a base de garbanzos, aceite, vinagre y sal, que la casa también suministraba a los asalariados día tras día en el cortijo central de la explotación. Pero el 13 de junio los moreros empezaron a comer carne, mejora de la comida diaria a cargo de la casa que justificaba porque se estaban sacando gavillas y trillándolas con los mulos. Con aquel fin mataron dos borregos rezagados de la piara que estaba en el cortijo, con un total de 18 libras, y dos primales cojos, que pesaron 32. Más adelante quedó constancia de que a partir del 13 de junio, y durante los días 13, 14 y 15, se había dado comida de carne a todos por la saca de las gavillas, y que más exactamente se habían matado un primal y tres borregos del rezago de la piara.
Aquella innovación en la comida persistió durante el siguiente periodo, el comprendido entre el 16 de junio y el 9 de julio, el de mayor actividad de saca y era. En su transcurso se consumieron treinta borregos, con un total de 170 libras de carne, y treinta ovejas, con 343 libras, lo que daba un total de sesenta cabezas y 513 libras, de modo que hasta el 10 de julio se habían consumido sesenta y cuatro cabezas o 563 libras. No obstante, el potaje se comió en sustitución de la carne los viernes 17 y 24, el 28 de junio y los días 1 y 8 de julio.
En el periodo entre el 10 y el 24 de julio comieron carne durante las gavillas los días 11, 12, 13 y 14. La carne consumida fue 133 libras carniceras. Los animales que se mataron durante este periodo fueron catorce borregos con 88 libras y cuatro ovejas con 45, todos de las ganaderías de la explotación. El resto de los días comieron potaje, y el 15 de julio, concluida la saca de las gavillas, concluyó la comida de carne en el cortijo, de manera que a partir de aquel día, y hasta el 7 de septiembre, solo se comió potaje. Así resultó que las ovejas y los borregos consumidos durante los trabajos de recolección fueron en total, según balance del 25 de julio, treinta y seis ovejas y cuarenta y seis borregos con un total de 696 libras.
Del análisis de la comida lo que trasciende a la remuneración del trabajo es evaluar en qué proporción la comida pudo incrementarla. Cuando el 8 de septiembre hizo balance del periodo que el día anterior había saldado los trabajos relacionados con la siega, el administrador advirtió que para hacer los cálculos de los costos que para la casa había tenido la comida se habían tenido en cuenta durante todo el año, desde San Miguel del año anterior, cuando se cerraba el ciclo agropecuario, hasta igual día del año en curso, para cuya conclusión aún quedaban veinte días, los precios siguientes: 54 reales la fanega de trigo con 35 hogazas de pan de 3 libras, 52 reales la arroba de aceite, 20 reales la de vinagre, 6 ¾ reales la de sal y 72 reales la fanega rasa de garbanzos. La rigidez de los precios es algo más que una licencia contable. Todos los suministros, incluido el del trigo que servía para fabricar el pan, cuyos costos estaban tarifados por convenio con el panadero que suministraba a la casa, procedían de los almacenes de ella. No serían precios, ni menos aún tasas. Serían costos.
Aunque no disponemos de valores similares para evaluar el de la comida cuando el potaje era sustituido por la carne, con los que tenemos es suficiente para hacer una estimación del mínimo que añadía al jornal la comida.
Por lo que se refiere al costo del pan, si el precio de la fanega de trigo se estimó en 54 reales, y este valor fue el que sirvió para estimar el gasto en este suministro, debió incluir el costo de la elaboración de las 35 hogazas de pan de 3 libras. Como de cada fanega, según el acuerdo con el panadero concertado, se obtenía aquel producto, cada libra de pan le costaría a la casa 0,514 reales (54 reales/105 libras).
El costo del trabajo remunerado con pan cambiaría a lo largo del ciclo de la recolección. Entre el 22 de mayo y el 15 de junio, como cada día cada asalariado comió 2 libras, 15 onzas, 42 centésimas, su costo diario sería 1,52 reales. Para los días entre el 16 de junio y el 9 de julio, como cada asalariado comió 3 libras, 4 onzas y 57 centésimas, el costo diario del pan del salario sería 1,69. Durante el periodo entre el 10 y el 24 de julio cada asalariado consumió 3 libras, 2 onzas y 36 centésimas. Luego por este concepto costó a la casa 1,62 reales. Entre el 25 de julio y el 14 de agosto cada uno de los trabajadores comió 2 libras 15 onzas y 29 céntimos de pan, que al costo regular equivalen a un desembolso de 1,52 reales. Y entre el 15 de agosto y el 7 de septiembre cada asalariado comió 2 libras, 13 onzas y 48 centésimas de pan, a razón de 0,514 reales la libra, lo que para la casa significaría un desembolso por cabeza de 1,46 reales.
En cuanto al costo del potaje, la administración de la casa hizo sus cálculos ateniéndose al mismo procedimiento. Entre el 22 de mayo y el 15 de junio, cada día sumó a la renta percibida en dinero por los asalariados otros 2 reales 24 céntimos de costo; entre el 16 de junio y el 9 de julio, 2 reales y 37 céntimos, y en el periodo entre el 10 y el 24 de julio, 2 reales 28 céntimos. Entre el 25 de julio y el 14 de agosto, 2 reales y casi 13 céntimos, y desde el 15 de agosto hasta el 7 de septiembre, 2 reales 13 céntimos. Por tanto, fue un costo muy estable.
Si sumamos la renta percibida en dinero a la comida, a su vez compuesta con pan y potaje, los ingresos diarios por asalariado habrían sido: entre el 22 de mayo y el 15 de junio, 6,76 reales; los días entre el 16 de junio y el 9 de julio, 8,06; durante el periodo entre el 10 y el 24 de julio, 6,9; entre el 25 de julio y el 14 de agosto, 6,64; y entre el 15 de agosto y el 7 de septiembre, 6,59; un comportamiento que reitera el cíclico que ya marcaba la percepción de la renta en dinero.
En todos los momentos, la renta efectiva disponible sin tomar en cuenta la variación de costos que pudo ser consecuencia del cambio transitorio de dieta, es menos de la mitad de la renta total percibida, aunque también en cualquier situación se sitúa muy cerca de esa proporción. Si tuviéramos en cuenta los incentivos particulares, además cada renta personal podía verse incrementada circunstancialmente, en el mejor de los casos, entre 2 y 0,25 reales.
Por último, un asalariado que en el mejor de los supuestos consiguiera participar en todos aquellos trabajos ininterrumpidamente acumularía las siguientes rentas parciales: entre el 22 de mayo y el 15 de junio, 169 reales; entre el 16 de junio y el 9 de julio, 193,44; entre el 10 y el 24 de julio, 103,5; entre el 25 de julio y el 14 de agosto, 139,44; y entre el 15 de agosto y el 7 de septiembre, 158,16 reales. En total, 763,54 reales.
Aunque no dispongamos del número de días que trabajó cada cuadrilla de las que durante la siega del trigo se emplearon a destajo, es posible aproximar la comparación entre las rentas percibidas mediante aquel compromiso y el que aceptaron los asalariados regulares si tomamos como referencia el máximo de días posibles trabajados por las cuadrillas de segadores, el supuesto que menos les favorece.
Para facilitar los cálculos, podemos aceptar que las cuadrillas de segadores trabajaron como máximo 30 días. El segador que más cobró fue 568,31 reales, sin contar incentivos, aún más discrecionales que los que percibían los asalariados. El que menos, 82,55. Luego el segador que más rentabilizó su trabajo diario fue el que consiguió 568,31/30 = 18,94 reales, y el que menos 82,55/30 = 2,75 reales. Frente a esto, el óptimo de trabajo asalariado sumaría 109 días (25 + 24 + 15 + 21 + 24), por los que percibiría en el mejor de los casos 763,54 reales. De donde resultaría una renta media diaria de 763,54/109 = 7 reales.
Un hombre que se empleara a destajo como segador, si era favorecido con la adjudicación discrecional de tierras a segar, podía más que duplicar las rentas que obtendría si trabajara ininterrumpidamente para la misma casa en las demás actividades de la recolección del trigo y sus especies asociadas como asalariado regular. Si el destajista no contaba con aquel favor, hasta el punto que podía ser descalificado y despedido en plena campaña de la siega, vería que su renta diaria se reducía a menos de la mitad de la que percibiera el asalariado regular de los trabajos derivados de la siega. Sin embargo, su renta líquida disponible de cada día, 2,75 reales, que en su caso era toda la renta, no se alejaría mucho de la que percibiera en dinero el asalariado regular, en torno a los 3 reales.
Transporte y almacenamiento de la cosecha
Publicado: octubre 22, 2018 Archivado en: Andrés Ramón Páez | Tags: economía agraria Deja un comentarioAndrés Ramón Páez
Ya el 8 de junio los mulos estaban llevando yeros al primero de los graneros que aquel año se dedicaría preferentemente a almacenar trigo. Pero sería a partir del 16 cuando comenzara el transporte regular del grano. Aquel día ya se trasladó el primer trigo de la cosecha, ciento catorce fanegas. No obstante, el transporte regular empezaría dos días después, y a partir de entonces se atuvo al ritmo al que se consumaba el trabajo de la era, por una parte, y a la capacidad de recepción del grano en los almacenes que la casa tenía en la población, su punto de destino, por otra.
Lo ejecutaron los animales de carga de la casa, que cubrían una distancia de unas dos leguas cada vez que hacían un viaje. Primero estuvo a cargo de nueve mulos y tres mulillas organizados en dos reatas. De la atención que la casa concedía a este trabajo en aquel momento da idea que al mismo tiempo solo quedaron dos mulos libres, uno que trabajaría en la noria de la hacienda y otro que se había quedado en el cortijo tirando del carro del agua.
Cada reata estuvo bajo la responsabilidad de un arriero, uno los cuales el mismo 18 de junio había recogido de los almacenes de la casa los aparejos o dispositivos de carga de los mulos, con sus cinchas y cordeles nuevos, y los costales donde se envasaría el grano para su transporte. El maestro albardonero que trabajaba para la casa los había puesto a punto durante los veinte días previos. Con bayeta grana para ribetes había recuperado once aparejos, cabeceado once cinchas nuevas, arreglado veintiséis costales y hecho nuevos otros veintiséis. Cada mulo cargaría dos costales de trigo, mientras que cada una de las mulillas solo cargó uno, un ritmo de transporte se mantendría hasta el 27 de junio.
Pero a partir de aquel momento se intensificó notablemente. Diez burras se sumaron a los mulos para dar idéntica cantidad viajes. Aunque su número preciso lo desconocemos, hay alusiones que permiten suponer que al menos eran más de dos cada día. Se hizo cargo de sus aparejos y bozales un zagal, conocido como Villa, hasta que llegara el arriero que estaba buscando el aperador. Del almacén de la casa le fueron entregados un aparejo redondo, nueve albardones pastoriles, cuatro cinchas nuevas y otras seis de las que habían servido durante los trabajos del verano precedente, más sus correspondientes costales de dos varas, cortados de una madeja que el almacén tenía del año anterior. Trabajó durante veintitrés de los veinticuatro días del periodo, y durante doce de ellos se sirvió de un zagal o joven de las burras.
El transporte continuó a tal ritmo que a partir del 10 de julio concentraría en apenas quince días el máximo de su actividad. Su calendario preciso puede deducirse de que el arriero mayor de las burras y el zagal trabajaron durante doce días de aquel periodo, y de que a unos indefinidos trabajos de carril, pero con seguridad asociados al transporte, fueron destinados entre uno y dos hombres más. Durante aquel tiempo, y hasta el 24 de julio, también fueron transportados garbanzos y cebada, y escaña en un viaje.
A partir del 25 de julio fue necesario un número indeterminado de arrieros de burros, y alguien ayudó al arriero de los mulos durante cuatro de aquellos intensos días, mientras que en las peonadas de carril participaron entre nueve y diez hombres. Para el 27 los mulos ya estaban llevando el trigo de granzas, un trabajo que concluyeron en tres partidas el 29, cuando empezaron a llevar las regranzas, que fueron transportadas del 29 al 31 de julio. Para los suelos bastaron dos partidas, una del 31 de julio y otra del primero de agosto. Al final, los mulos serían los responsables exclusivos de transportar las seiscientas setenta y siete fanegas y media de granzas, regranzas y suelos que los hermanos Zafra habían ahechado.
El 4 de agosto, una vez completado el porte de la cebada que la casa había comprado en una explotación vecina, los mulos y las burras que habían participado en él de nuevo se incorporaron a su actividad regular. Desde el cortijo central llevaron la cebada de la cosecha propia a los almacenes de la casa, un trabajo que se prolongó hasta el 9 siguiente, cuando también se transportaron los suelos de cebada, y que requirió nueve partidas. La escaña sería transportada durante los días 6, 7 y 8 de agosto, en cinco partidas.
Poco más habría que transportar. El 6 de agosto Manuel Mantas, el arriero que por último se había hecho cargo de las burras, ya había entregado a la administración de la casa los aparejos, bozales y demás pertrechos que había tenido a su cargo durante el acarreo del grano. Había perdido el día 4, durante el último viaje de vuelta con la cebada comprada, un albardón de los que se utilizaban para montar, más alto y con más amortiguación que la albarda común, la que se utilizaba para la carga, y un ataharre, el trozo de tejido basto al que se cosía una correa o una cinta que se pasaba por debajo de la cola del animal para impedir que el aparejo se desplazara hacia adelante.
El balance del transporte, a fecha de 12 de agosto, era de ciento treinta y siete viajes completos de a diez cargas de mulos con cuatro fanegas, más veinte de burras con dos fanegas. No equivalían a su número proporcional de días de trabajo porque los hubo en los que no se habían dado viajes completos por todas las bestias, en cuyo caso los que efectivamente se habían hecho se habían contabilizado aparte para luego sumar viajes completos.
El transporte, que completaba la secuencia de los trabajos productivos, terminaba en los graneros de la casa, invariablemente localizados en la población donde estaba centralizada su gestión. Así quedaba todo el producto bajo control directo de quienes debían tomar decisiones sobre él, y lo concentraban en el lugar que actuaría como su primer mercado. Desde hacía siglos las casas preferirían partir de él para comercializar su producto.
La preparación de los graneros para recibir el trigo era otra parte necesaria de las iniciativas precursoras de los trabajos de la recolección. Durante el 17 de junio los mulos de la casa estuvieron pasando a la casa de campo, centro de sus operaciones rurales en la población, y a uno de los graneros que aquel año recibiría la cebada nueva, la cebada, las habas y las ahechaduras o restos que había en otro de los graneros de la casa, que aquel año se dedicaría a almacenar trigo. Al mismo tiempo, al panadero Acosta se le llevó el último trigo de la cosecha del año precedente que aún tenía la casa en su poder, sesenta y ocho fanegas, de las cuales treinta y seis y media estaban en el granero de la casa de campo y treinta y una y media en otro de los que se dedicarían al trigo. Así, a la vez que se liquidaba definitivamente la cosecha del año precedente, durante el mismo mes que se estaba segando la nueva, dos de los graneros quedaban limpios para que los repararan y los blanquearan los albañiles, y, de este modo, quedaran listos para recibir el trigo nuevo. Se puede suponer que los demás graneros que se utilizarían aquel año para entonces ya estarían vacíos y en ellos los albañiles ya habrían hecho los trabajos preparatorios, porque el primer trigo había llegado el día anterior, el 16 de junio.
A partir de esta fecha, para esta primera fase de almacenamiento, la casa usó dos graneros, uno localizado en la casa de campo y el otro que ya se ha mencionado, localizado en un lugar que la fuente no precisa. Los fue llenando sucesivamente, ateniéndose a los espacios en los que cada uno estaba dividido. En el no localizado había una covacha y un cañón, mientras que para la casa de campo solo se mencionan cañones. El primer trigo se descargó en la covacha citada, y el que el 20 habían llevado en el último viaje los mulos, en el cañón del pajar del granero de la casa de campo.
El cambio en la intensidad del almacenamiento, que simultáneamente había impuesto la del transporte, lo decidió la llegada de Anacleto Rodríguez, el hombre al que la documentación identifica como subidor de cargas. Fue el responsable directo del manejo de los costales, que vaciaría en los graneros ayudado por el arriero de los mulos y los dos de las burras. Sobre cómo ejecutaba su trabajo no deja dudas el registro del 27 de junio, cuando empezó a subir las cargas de trigo al granero donde se estaba descargando en aquel momento. Para que se le liquidara su trabajo se atuvo al ajuste antiguo, dos reales por cada viaje de veinte burras y diez mulos, lo que equivale a subir cuarenta costales por viaje. Como en el primer momento solo había diez burras y diez mulos dando los portes, se le bajó a prorrata lo que correspondía, tal como era la costumbre.
El 27 de junio todavía se estaba descargando trigo en el cañón del pajar, que aquel día se completó, para a continuación empezar con el del arbollón. El 30 se seguía descargando en este, y el 3 de julio se empezó a depositar en el de la izquierda, entrando por el del pajar de la casa de campo. El 6 de julio por la tarde se descargó el primer trigo en el cañón de la calle del otro granero y otros dos viajes en el cañón de la izquierda del de la casa de campo.
Cuando el 10 de julio se hizo el primer balance del trigo que ya se había transportado, el granero de la casa de campo había recibido tres mil quinientas setenta y nueve fanegas y media, y el otro, mil cuatrocientas siete. La cifra que sumaban, cuatro mil novecientas ochenta y seis fanegas y media, se reconocía como el total fanegas de trigo recolectadas o recibidas hasta aquel momento. Tanta era la identidad entre el destino de todo el producto obtenido y el almacenamiento.
El 11 de julio el trigo que se estaba transportando fue a parar al cañón del patio del granero de localización incierta, y allí se continuó descargando hasta el 14 de julio, cuando los costales empezaron a descargarse en el cañón alto de la calle. El 15 fue necesario recurrir a un tercer granero, también en la población pero de cuya localización tampoco tenemos pruebas explícitas. En su cañón ancho aquel día empezaron a descargar trigo. El 20 las descargas del trigo se seguían haciendo en el tercer almacén, solo que en su cañón angosto, que estuvo recibiéndolas al menos hasta el 22, cuando de nuevo fue depositada una parte del que se había transportado aquel día en su cañón ancho.
Así resultó que el 24 de julio, cuando terminaba el periodo, el grano existente en los almacenes era el siguiente. En el primero de los graneros sin localizar había ochocientas ochenta y cinco fanegas y media de trigo, y en el otro que tampoco está localizado, dos mil doscientas cincuenta y media, todo de yema, es decir, del mejor que se había conseguido en la era, lo que daba un total de tres mil ciento treinta y seis fanegas que se habían transportado en veinticuatro viajes. Y aunque la fuente no precisa sus calendarios, para aquella fecha también se habían almacenado ya una parte de la cebada, la escaña y los garbanzos. De cebada, en el primero de sus graneros propios quedaban depositadas quinientas treinta y dos fanegas, y en el otro específico, cincuenta, lo que daba un total de quinientas ochenta y dos fanegas de cebada. De escaña, en el último aludido, cien fanegas, y de garbanzos, en aquel mismo lugar, procedentes de una de las zonas reputadas del cortijo central, veintitrés fanegas y media, y de los que ya se habían criado en el cortijo que al año siguiente se incorporaría plenamente a la explotación, cincuenta y cuatro fanegas, lo que daba un total de setenta y siete fanegas y media de garbanzos.
A partir del 27 de julio el almacenamiento se concentró en los restos. Las seiscientas setenta y siete fanegas y media de granzas, regranzas y suelos fueron descargadas en montones separados en el segundo granero sin localizar, o tercer granero preparado por la casa para recibir el trigo, entre el 27 de julio y el 1 de agosto. Entre el 1 y el 9 de agosto, fueron almacenadas en el primero de los graneros reservados para la cebada novecientas veinticinco fanegas y media de yema, mientras que de suelos de cebada fueron llevadas al segundo de sus almacenes el día 9 cuarenta y cinco y media. Por lo que el total de fanegas de cebada guardadas aquellos días, sumadas las de yema y las de suelos, fueron novecientas setenta y una. La escaña, que fue almacenada, en la sala alta del balcón al patio de las pilas de un lugar que tampoco es posible determinar, durante los días 6 y 7 de agosto, alcanzó las cuatrocientas cuarenta y tres fanegas y media; y la almacenada en el segundo de los graneros que se utilizaban también para la cebada durante el 7 y el 8 de agosto fue ciento cuarenta y cuatro fanegas; lo que sumó un total de fanegas de escaña de quinientas ochenta y siete y media. Por último, un resto de habas, que apenas alcazaba la media fanega, también fue almacenado en el segundo de los graneros que se utilizaban para la cebada.
La subida de cargas terminó el 12 de agosto. Anacleto Rodríguez había completado desde el 27 de junio la subida de ciento treinta y siete viajes. Cada uno de ellos sumaba a las diez cargas de mulos con cuatro fanegas las veinte de las burras con dos fanegas, lo que daba un total de ochenta fanegas por viaje. Se le remuneraron al precio de dos reales por cada uno, lo que le supondría un ingreso total de doscientos setenta y cuatro reales por cuarenta y siete días brutos de trabajo, o casi seis reales por día trabajado.
Así fue posible que el 15 de agosto se hiciera el balance del grano almacenado, equivalente al que se había recolectado en la cosecha del verano de aquel año, con la precisa identificación de los graneros donde el de cada clase estaba. El trigo guardado en el granero de la casa de campo alcanzó las tres mil quinientas setenta y nueve fanegas y media; el depositado en el segundo granero, las dos mil cuatrocientas seis y media; y el que se almacenó en el tercero, las dos mil doscientas cincuenta y media. De donde el total de fanegas de trigo de yema obtenido fue ocho mil doscientas treinta y seis y media. Las fanegas de granzas de trigo guardadas en el tercer granero fueron trescientas veintitrés; las de regranzas, almacenadas en el mismo lugar, doscientas cuarenta y siete; y las de suelos, que también quedaron en aquel almacén, ciento siete y media. Luego el balance definitivo del trigo recolectado fue ocho mil novecientas catorce fanegas.
La cebada almacenada en el primero de los graneros reservado a esta especie, así de yema como de granzas, alcanzó las mil cuatrocientas cincuenta y siete fanegas y media. La derivada al segundo sumó solo noventa y cinco y media, de las cuales cincuenta eran de yema y cuarenta y cinco y media de suelos. Así que el total de fanegas de cebada obtenidas aquella cosecha fue mil quinientas cincuenta y tres.
La escaña, en una cantidad que sumaba las doscientas cuarenta y cuatro fanegas, por una parte fue a parar al segundo de los graneros que se utilizaban para almacenar la cebada; y por otra, hasta alcanzar las cuatrocientas cuarenta y tres fanegas y media, a la sala alta con balcón al patio de las pilas del almacén que no hemos podido identificar con más precisión. Por tanto, el total de fanegas de escaña de aquella cosecha fue seiscientas ochenta y siete y media.
La cosecha de semillas fue de habas y yeros. Todos los yeros menudos, que fueron ciento noventa y ocho fanegas, los guardaron en el primero de los graneros de la cebada, y la mayor parte de las habas gordas secas, cuya cosecha alcanzó las ciento quince fanegas, fue guardada en un almacén reservado para ellas, mientras que en el almacén que compartían la cebada y la escaña fue depositado un resto de media fanega. Como en el cortijo se habían consumido verdes durante su recolección cinco fanegas y media, la cosecha de habas gordas sumó un total de ciento veintiuna fanegas. Las habas menudas que fueron almacenadas en el depósito reservado para ellas alcanzaron las quinientas treinta y ocho fanegas, y en el que compartieron con la cebada y la escaña llegaron hasta ciento setenta y seis. De modo que la cosecha de habas menudas alcanzó las setecientas catorce fanegas.
Y para almacenar los garbanzos se aplicó un estricto criterio de segregación por procedencia, aunque todos fueron a parar al más heterogéneo de los almacenes, el que además compartieron cebada, escaña y habas. Cuando se apartaron se tuvo en cuenta que cincuenta y cuatro fanegas habían sido obtenidas en un área conocida como Ranilla y otras veintitrés y media en la zona llamada el Cahíz, reiteradamente mencionada como lugar de origen de las partidas cuando se trataba de enfatizar la calidad de aquel producto. De cualquier manera, la cosecha de garbanzos de aquel año por tanto solo sumaría setenta y siete fanegas y media.
Así resultó un total de doce mil doscientas sesenta y cinco fanegas de grano recolectadas y almacenadas.
Al recibir el trigo que se almacenaba, las preocupaciones de los responsables de la casa se concentraban en comprobar su calidad, un control que se iba haciendo al mismo tiempo que entraba en los graneros. Su principal indicador era el peso de una muestra, una vez ahechada. Por los conocimientos previos sobre las propiedades de los suelos de la explotación que se tuvieran, actuaba como verificador del pesaje la procedencia del trigo, que siempre se precisaba. El control lo complementaba su separación en los almacenes según procedencia. Y de manera menos regular se recurría a otros indicadores circunstanciales.
Para el primer trigo de la cosecha que se llevó a la población, el del 16 de junio, bastó con decir que era endeble. Pero al día siguiente el medidor que trabajaba para la casa, de nombre Mariano, hizo el primer ensayo de la cosecha del año. Pesó una fanega de las ciento catorce llevadas el día anterior. Dio como resultado noventa y nueve libras, mucho más de lo que se esperaba, en vista de la granazón tan desigual, el mal color y las manchas que tenía de paulilla, uno de los insectos parásitos de los cereales. Aquel trigo el 20 de junio quedó cortado en la covacha y el rincón contiguo del primer granero no localizado, para no mezclarlo con el que aquel mismo día estaba empezando a llegar procedente de uno de los dos cortijos sumados al central.
El 21 se pesó el trigo que se había criado en ese cortijo. Sin embargo, el resultado de la medida no consta. El 24, el trigo que se estaba sacando pareció mejor que el anterior. Se juzgaba por el peso de las gavillas, tal como lo percibían los carreteros. El 27 se pesó el que aquel día se estaba descargando. Una fanega dio noventa y nueve libras y media. Y el 30 se pesó otra que también tuvo noventa y nueve y media, con el color como el último descargado en el cañón del pajar. Había sido criado en otra de las zonas características de uno de los cortijos anexos.
El trigo descargado el 3 de julio era de calidad regular, como el de los otros dos cañones del mismo granero de la casa de campo, y el 5 de julio se pesó una fanega del cañón de la izquierda, entrando por el granero de la casa de campo, algo mejor de color que el anterior. Sin ahechar, pesó noventa y ocho libras y media. El que llegó el 6, que era de otra de las áreas más reputadas, lo que no se supo hasta última hora, no había variado de calidad, mientras que el 7 de julio, ya durante los trabajos de saca y era, se encontró el trigo mejor granado que el resto de la sementera. El 8 se pesaron el del cañón de la calle del primer granero sin localizar, ya concluido, y el del patio, casi acabándose, ambos procedentes de la misma zona afamada. Sin embargo, solo dieron noventa y ocho libras y media por fanega.
El 11 de julio se pesó el que había entrado en el cañón del patio del segundo granero, procedente del segundo de los cortijos anexos a la explotación. De la medida resultó una fanega de cien libras. Quienes estuvieron presentes en la operación dejaron constancia de que era el mejor de color y soltura de los que habían visto aquel año. Sería el único que llegaría a este peso, tal como confirmó la cata del 14 siguiente, cuando se había terminado la descarga de trigo puro del mismo cortijo en el cañón alto de la calle del segundo granero. De nuevo una fanega pesó cien libras.
El 15 le tocó el turno a una fanega de trigo de las depositadas en el cañón ancho del tercer granero, que también procedía en su mayor parte del segundo de los cortijos anexos. Pero estaba mezclado con otros de otra procedencia. Esta vez pesó noventa y nueve libras largas. El 20 de julio se pesó el trigo que estaban llevando al cañón angosto del tercer granero, procedente de un área al sudeste del cortijo segundo, según el aperador. Tenía el color bastante regular y pesó la fanega noventa y nueve libras. Y el 22 se tomaron dos muestras del trigo de color regular que estaba recién llegado al tercer granero, una del cañón angosto, que dio noventa y nueve libras y media, y otra del cañón ancho, cuyo peso fue noventa y ocho libras y media.
A partir del 25 de julio solo faltaba comprobar la calidad de las granzas que estaban llevando los mulos al tercer granero. El 27 de julio se reconoció que estaban casi como el trigo de yema, tanto de color como de todo lo demás. Se pesó una fanega y tenía noventa y siete libras.
Como pesos, procedencias y observaciones eran indicadores de fiabilidad variable, la prueba decisiva del control de la calidad del trigo se confiaba a la fabricación del pan. El 5 de julio el primer trigo nuevo, el que se había almacenado en la covacha del primer granero sin localizar, se lo llevó Acosta, el panadero al que se confiaba la fabricación del pan para el gasto de la labor de la casa. La prueba de Acosta dio como resultado las treinta y cinco hogazas de a tres libras que estaban contratadas con él anteriormente. Luego Acosta ya se había comprometido, como panadero suministrador del pan que se consumía a diario en la labor, una parte nada desdeñable de su negocio, a extraer de manera estable ciento cinco libras de pan a cada fanega de trigo, lo que por otra parte se atenía estrictamente a lo que estaba regulado desde hacía siglos. El panadero, como buen prestidigitador, convertía lo irregular en regular; los pesos variables del trigo, consecuencia de su calidad variable, en un rendimiento estable.
La administración de la casa decidió que una vez que concluyera la recolección, y se conocieran las calidades del trigo nuevo, se decidiría sobre si era necesario variar este contrato. Se reservaría la posibilidad de exigirle más si los resultados de los controles de calidad del pan demostraran que al trigo crudo era posible extraerle rendimientos por encima de las ciento cinco libras de pan.
Los resultados de los controles de calidad sistemáticos demostrarían que los rendimientos estaban en el límite o por debajo de los estándares métricos. Cumplir rigurosamente con el contrato, aparte el margen que permitiera pasar del trigo crudo a la harina fermentada y cocida, dado que el peso de la fanega de trigo ya era variable, y por tanto su rendimiento en pan, consentiría mezclas más o menos regladas. Tal pudo ser el origen del pan bazo, que incorporaba distintas calidades de salvado, el que se había impuesto para el consumo regular.
La decisión de la casa es lo bastante expresiva de la trascendencia que para los labradores podía tener disponer inmediatamente de su almacén. Antes que grandes comerciantes, serían voraces autoconsumidores. Para ellos, primero se trataría de asegurar el suministro de pan que en la explotación se consumía cada día de trabajo. Era la parte constante de la comida que cada jornada la casa debía suministrar a sus asalariados, mitad irrenunciable del salario consolidado. No disponer de trigo en el almacén propio, y tener que recurrir al mercado para conseguirlo, podía encarecer hasta lo insostenible la compra de trabajo. Si el almacén alcanzaba a cubrir la demanda del consumo interno, sería suficiente para tranquilizar sobre la estabilidad del precio del trabajo a lo largo de todo el año. Algo tan directo, y al mismo tiempo tan trascendente como esto, pudo estar en el origen de la abrumadora economía de los cereales y de la industria de la panadería que de la mano de ella se había consolidado en el medio rural del sudoeste.
Ya a fines de junio trabajaron entre tres y cuatro asalariados como labradores de paja, nombre que recibían los encargados de hacer un almiar, una acumulación de la paja derivada de la era, que quedaba a la intemperie y que debía servir a lo largo del año como almacén de al menos una parte del pienso que la explotación necesitara. Pero su actividad debió ser casi testimonial. Sería a partir del 10 de julio cuando los trabajos de labranza de los pajares concentraran más actividad.
El 16 cinco de los asalariados que estaban en aquel momento empleados como carreteros fueron a una laguna localizada en una zona de monte bajo, a unas tres leguas al este de la explotación. Allí le compraron al dueño de aquellas tierras, por setenta y cinco céntimos cada par, quinientos haces de castañuela, una planta arbustiva de tallo largo, propia de ambientes húmedos, que habitualmente se empleaba para hacer las cubiertas efímeras de las edificaciones más frágiles. En este caso iban a servir para recubrir el pajar al servicio del cortijo central, y allí los llevaron.
Además de los tres o cuatro asalariados que ya estaban empleados como labradores de paja, otros tres o cuatro fueron destinados a sabaneros. Recibían este nombre quienes se servían como herramienta de trabajo de un trozo de lienzo de gran tamaño, hecho con fibras fuertes y bastas, para transportar la paja, una vez consumada la trilla, desde la era hasta donde iba a ser acopiada. Si cuando trabajaban en el campo la llevaban hasta donde se iba a hacer el almiar, cuando trabajaban en la población en la sábana la descargaban del carro que la traía del campo para llevarla al pajar. Para esta ocasión, los sabaneros iban a actuar como subidores de paja.
Precedentes de la labor de los pajares esta vez también fueron los trabajos de carpintería. Hasta el 17 de julio el maestro de los carpinteros bastos, auxiliado por sus seis oficiales, una parte de su tiempo la había empleado en arreglar carretas en la cochera de la casa, aunque durante la otra, la mayor, habían estado en el cortijo, donde habían atendido sus encargos habituales, como arreglar las carretas y las herramientas para la era o formar la armadura para el cobertizo en el que se guarecían las burras. Pero ahora además se ocuparon en un trabajo relacionado con la labor de los pajares, el arreglo de los carrillos de mano que iban a servir para acarrear la paja. Si se recurrió a este medio, los sabaneros quedarían exentos del transporte de la paja desde la era, lo que permitiría que su trabajo se restringiera a subir la paja a los almiares que se fueran formando.
A partir del 25 de julio labrar los pajares sería la actividad que terminaría consumiendo la mayor cantidad de trabajo de los asalariados. Catorce de ellos el 29 ya estaban asignados a las carretas para que llevaran paja desde el cortijo central, en cuya era se había producido, a una de las dehesas de la casa. Los catorce que las conducían hicieron dos viajes, lo que supuso un volumen total transportado de veintiocho carretadas en un día, y permite pensar que el trabajo de cada asalariado asignado a aquella ocupación era ir al cargo de una de las carretas.
Ya en la dehesa, almiararían la paja otros cinco hombres, que ya estaban allí cogiendo los cogollos de palma que en aquel lugar serviría para completar el revestimiento de los almiares. De ellos, entre dos y tres actuarían como sabaneros o subidores de paja, mientras que los labradores de paja serían entre tres y cuatro.
Al día siguiente aquellos cincos hombres ya labraban la paja, al tiempo que continuaban recogiendo cogollos en la dehesa. La paja que estaban almiarando era, en primer lugar, el sobrante de un almacén de la casa que había quedado del año anterior, de donde se había sacado lo que los labradores necesitaron para asientos de los pajares. La demás era de la clase inferior que había abarrada y de algunas tornas o nudos de las cañas trilladas.
Para el 31, el aperador, que estuvo en la población, informó que aquel día otra vez se habían transportado a la dehesa catorce carretadas, lo que daba hasta el momento un balance de tres viajes de paja o cuarenta y dos carretadas, y que los cinco hombres seguían almiarándola al tiempo que cogiendo cogollos de palma. Convino con el administrador llevar a la misma dehesa a la que hasta aquel momento se había estado transportando otro viaje, lo que sumaría cincuenta y seis carretadas, y dos más de veintiocho carretadas a la otra dehesa que la casa tenía. Así sumaría todo el acopio ochenta y cuatro carretadas de paja endeble, mezcla de añeja y nueva.
Este plan se ejecutó entre el 1 y el 6 de agosto, semana durante la cual los responsables de que se completara siguieron siendo los mismos catorce hombres con sus catorce carretas, y los cinco que compartían su tiempo entre almiararla y coger cogollos de palma. El balance de hasta qué punto se había satisfecho el plan lo hizo el aperador el mismo día 6. A la primera dehesa, de la paja que había quedado del año anterior en el almacén de la casa, en tres viajes de trece carretas más en uno de diez, se habían llevado cuarenta y nueve carretadas, y de paja buena, en el último de los viajes de la paja añeja, cuatro carretadas y un viaje de catorce, lo que sumaba un total de sesenta y siete carretadas de paja, entre buena y endeble, transportada a aquella dehesa. A la segunda dehesa se habían dado dos viajes de trece carretas y uno de catorce, total, cuarenta carretadas. Así pues, se habían llevado a las dehesas en ocho viajes un total de ciento siete carretadas de paja. Al frente de las carretas había ido un capataz, quien había sumado un total de diecisiete días de trabajo.
Sin embargo, buena parte de la labor de los pajares aún estaba por completar, incluso en las dehesas. El 7 de agosto los cinco hombres que ya estaban ocupados en esta tarea estaban techando el pajar de la segunda dehesa y terminado el de la primera, donde siguieron con lo mismo durante los días 8 y 9, cuando terminaron. A ellos se había agregado a lo largo de la tarde del día 7 de agosto Manuel García, alias Piña, uno de los capataces al frente de una de las cuadrillas más activas durante las siegas. Con dos destajeros, ajustados a veinticuatro reales cada carretada, cortada y puesta con las agujas, se comprometió a techar con palmas el pajar de la primera dehesa.
Además, el mismo 7 de agosto las catorce carretas empezaron a llevar dos viajes de paja al cortijo que la casa ya había arrendado para sumarlo a la explotación a partir de la campaña siguiente, y así se mantuvieron durante los días 8 y 9. Se pretendía que allí se formara el tercer pajarete o almiar, para que le sirviera a los bueyes en los temporales de invierno, mientras que los levantados en las dehesas habrían de servir para el consumo de los ganados de cría.
Al llegar a la población un par de días después, aprovechando que al día siguiente se celebraba san Lorenzo, ya por la noche el aperador informó que en el nuevo cortijo había ya ochenta carretadas de paja, a pesar de lo cual, para terminar el trabajo, todavía sería necesario llevar otras trece o catorce, lo que ocurrió al día siguiente, cuando las catorce carretas llevarían allí las últimas carretadas. Por la cuenta que daba, las arrasaduras de paja habían sido acopiadas en un almiar.
El administrador, recibido este informe, aquella misma noche del 9 de agosto previó que, cuando se acabara de llevar paja, a los asalariados ya habría que ocuparlos en repartir estiércol y reunir boñigos y leña para la explotación. Además, siete hombres debían volver al día siguiente por la noche desde el cortijo a la población para el 11 irse a vendimiar a la viña de la casa a jornal seco, de acuerdo con lo que se pagara a los vendimiadores. Todo un programa que anunciaba que los trabajos de la recolección de trigo y sus cultivos subsidiarios estaban tocando a su fin.
No obstante, la labor de los pajares, estaba por terminar. Entre el 11 y el 14 de agosto la mayor parte de entre treinta y ocho y cuarenta y cinco asalariados fueron empleados en acabar de techar los pajares, y el 14 Manuel García Piña y sus dos compañeros habían terminado de poner en el pajarete de la primera dehesa, que tendría cuarenta y nueve carretadas de paja, las cinco carretadas de palma que allí se habían cortado. Por aquel trabajo, que habían completado en los seis días comprendidos entre el 7 y el 13, además de los veinticuatro reales por cada carretada que estaba previsto, recibieron como gratificación doce reales, en los que estaban incluidos el vino para todos, el sobrante de Piña y el incentivo al capataz por haberle puesto el cumbrero o cubierta al almiar, que se hacía con estiércol y paja de habas. Lo que pudiera quedar para terminar de labrar los pajares se completó entre el 26 y el 29 de agosto.
La trilla
Publicado: octubre 1, 2018 Archivado en: Andrés Ramón Páez | Tags: economía agraria Deja un comentarioAndrés Ramón Páez
Según avanzaba la estación, los trabajos derivados de la siega quedaban cada vez más expuestos a los incendios, el peor de sus enemigos. A las tres de la tarde del 26 de junio, en un cortijo contiguo a la explotación de la casa, se originó uno cuyo origen se desconocía. Ardió el rastrojo, en una porción que se estimó de unas cuarenta unidades de superficie, de las que ya habían sacado las gavillas. Pero de otras catorce ardieron las gavillas de trigo y el rastrojo. Alcanzó después a un trozo de poca importancia de otra explotación vecina, corrió desde una senda hasta la vereda en la que desembocaba y allí se contuvo. El cortijo central de la casa se libró milagrosamente. Según opiniones generales, el haberse vuelto el viento en momentos críticos contuvo al terrible elemento, que amenazaba destruir las sementeras segadas entre la vereda y el río. Dios acude a la mayor necesidad, oró el administrador.
Quien había sufrido la pérdida mayor tenía asegurada su sementera por la sociedad salvadora de la población. No tuvo derecho a indemnización por no haber completado los requisitos del seguro, lo que no lo había librado del pago de su inscripción. Dios nos libre de los incendios como de los seguros -imploró ahora el administrador-, muy parecidos en sus efectos a las enfermedades y los médicos malos, que todos influyen a la vez contra la vida del pobre enfermo.
Aunque sabemos positivamente que el día 8 de junio los mulos estaban trillando yeros en la era abierta en el cortijo central de la casa, también es seguro que la trilla del trigo, la que consumiría la mayor parte del tiempo, empezó el 11. A partir de aquel día, y durante los inmediatos siguientes, asimismo fueron los mulos de la labor los encargados de hacerla. Ningún signo de la condición precursora de esta fase de los trabajos de recolección era tan evidente como aquel. Porque para la trilla se preferían las yeguas, que sin embargo en aquel momento aún no se habían incorporado a la era. Estaban a la espera de que entre los primeros rastrojos se abriera un espacio donde al menos pudieran pastar cuando llegaran.
Disponer de las yeguas para este fin en las mejores condiciones había sido objeto de atenciones especiales con bastante antelación. Ya en mayo, se había organizado la trashumancia que debía asegurarles los pastos que las pusieran a punto. El día 5 el administrador había acordado con el aperador y el yegüero que hicieran un viaje para buscar y comprarles hierbas, dada la escasez de pastos que había aquel año. Llevaban instrucciones precisas de no pagar por las que encontraran más de 3.000 reales. El día 8 aperador y yegüero ya estaban de vuelta en la población con el encargo cumplido, y fueron a dar cuenta de sus gestiones al administrador. Con mucho trabajo, habían encontrado hierbas en Palma del Río. Según el contrato que habían cerrado el día anterior, dejaban compradas las de 180 unidades de superficie en un cortijo de aquel término.
A pesar de que llevaban instrucciones de no pagar por ellas más de 3.000 reales, movidos por la necesidad que tenían las yeguas, por su propia voluntad se habían excedido hasta los 3.500, que deberían estar satisfechos el día que los animales entraran a disfrutar los pastos. Habían entregado en el acto 500 reales como señal, y habían acordado que las yeguas salieran de las tierras contratadas el día de san Juan Bautista, 24 de junio siguiente. Así conseguirían asegurarse en torno a mes y medio de pastos. Para aquel viaje el administrador, a cuenta de la operación, había dado al aperador 600 reales. Los gastos en los que había incurrido sumaban a los 500 reales de la señal 60 que había pagado al corredor por el trato y 21 empleados en comida, barca, posada y otros gastos menores; total, 581 reales. Los 19 restantes los devolvió aquel mismo día.
El 9 de mayo el administrador fue al cortijo y estuvo viendo las yeguas. La mayor parte de ellas estaba a medio engordar y muchas ni siquiera habían pelechado. De acuerdo con el plan previsto, en el transcurso de la jornada en torno a un centenar de cabezas, sumados las hembras y los potros de las paridas, deberían salir del cortijo para dormir en la dehesa del Pozo de la Huerta, una de las que tenía la casa, de donde tendrían que partir a la mañana siguiente temprano, para, una vez pasado el Guadalquivir por uno de los vados de Lora, dormir en las hierbas que se les habían comprado en Palma.
El administrador dio al yegüero 30 reales para gastos de la barca y los 3.000 que faltaban para completar el pago de las hierbas. Según el contrato, debía entregarlos al dueño de ellas en cuanto llegara a Palma, a cambio de lo cual recogería su recibo. En el cuadernillo que el administrador le había entregado para que llevara apunte de los costos de estos viajes, el 12 de mayo registró provisionalmente el pago de los 3.000 reales que completaban la compra de las hierbas para las yeguas, según recibo del dueño del cortijo.
A partir de aquel momento el yegüero y sus zagales serían los únicos responsables de la piara. Se le encargó mucho que no faltara de ella en ningún momento durante los días que mediaban hasta san Juan, y que los zagales hicieran lo mismo, para evitar que ocurriera algún extravío grave en tierra extraña. Para que ninguno descuidara un encargo en el que se había puesto tanto cuidado, acordaron además que los zagales de vacas del Pozo de la Huerta se encargaran de llevar a los responsables de las yeguas el hato correspondiente a los días que estuvieran fuera, así como las ropas que necesitaran. Para entregarles uno y otras, los de las yeguas los esperarían en Lora, en los álamos del paseo frente a la aceña, tras lo cual cada uno se volvería a su destino.
Aquella experiencia no debió resultar tal como se había previsto. El 11 de junio, a quince días del final del disfrute de los pastos, administrador y aperador convinieron que al día siguiente el guarda de la Trinidad, la otra dehesa de la casa, avisara al yegüero, que permanecía en Palma del Río, para que ya el 14 temprano llevara las yeguas a dormir al Pozo de la Huerta, diez días antes del previsto para la vuelta, hasta donde debía acompañarlo, y que el 15 temprano las llevara al cortijo para cuidarlas y herrarlas, de manera que empezaran la trilla el día después de la próxima huelga, que sería el 17.
Las decisiones se precipitaron hasta tal punto que el 14 de junio las yeguas ya llegaron al cortijo central. Aunque a sus responsables se les había encargado que durmieran aquella noche en el Pozo de la Huerta, habían salido de la dehesa [sic] de Palma del Río por la mañana temprano, para hacer menos molesto el camino, y con todos aquellos animales, entre ellos potros chicos, andado en una sola jornada las ocho leguas que separaban un lugar de otro. Supongo que si se les hubiera mandado esto que han hecho por su gusto los ganaderos se habrían lamentado amargamente, resistiéndolo como un imposible, reflexionó el administrador. Por fin, gracias a Dios, que han vuelto de la expedición sin novedad, aunque sufriendo la escasez de comida que en este año de miseria hay por todas partes, después de gastar un dineral para beneficiar las yeguas. Pero todo inútil desgraciadamente, según lo acreditan ya los malos resultados. El aperador y el yegüero estuvieron en este negocio bastante ligeros en todos los sentidos, concluyó. O el pasto se había terminado diez días antes de lo previsto o las condiciones en las que permanecían las yeguas en las tierras de Palma no habían sido todo lo satisfactorias que se esperaba. Todo parece indicar que la pobreza de los pastos contratados fue la culpable del relativo fracaso.
Afortunadamente, el 16 de junio ya podía darse por terminada la aventura, y todo lo que quedaba por hacer para permitir que la trilla del trigo fuera obra de las yeguas quedó encauzado. De los almacenes de las casa el yegüero recogió veinte cobras de cerda, más cuatro costales de jerga y cinco de cáñamo, que ya se habían desechado, para que fueran utilizados para los cinchos.
La cobra era un aparejo de una sola pieza, tejido con la cerda de los mismos animales, que enlazaba las yeguas que hacían la trilla, aunque su nombre lo recibía por extensión. En sentido propio, la cobra era el grupo que formaban cada tres yeguas enlazadas para que, sometidas a la autoridad del yegüero, pisaran en giros reiterados la mies tendida sobre la era. La más próxima a él llevaba un cincho o faja ceñida al tórax y fijado con una cuerda, la misma que, con la forma de dos colleras, unía a las otras dos del grupo. Probablemente unos trilladores auxiliaban al yegüero en la conducción de las yeguas que habían de hacer aquel trabajo durante el verano, o lo sustituían a cada tanto. Entre uno y dos asalariados fueron identificados como responsables de esta función durante el segundo periodo, y un número indeterminado de ellos trabajó durante una parte de los quince días del tercero.
La preparación de las yeguas para el trabajo en la era concluyó el 19, cuando se acabaron de herrar; en total, ochenta y cinco, una más de las previstas. El exceso había sido responsabilidad del yegüero, a quien el administrador había encargado que las herradas fueran justamente ochenta y cuatro, las que había contratado con Burraco, el mariscal que trabajaba para la casa, quien sobre todo se encargaba de mantener herradas sus bestias. El contrato acordado debió ser ochenta y cuatro porque se ajustaría al tamaño preciso de la fuerza que se deseaba invertir en la trilla. A razón de tres yeguas por cobra, de ochenta y cuatro cabezas resultarían veintiocho cobras activas.
Todas las yeguas, para irlas metiendo en trabajo y en pienso, el 19 ya estaban trillando. Su dieta, parte cotidiana de la inversión en aquella energía, era objeto de un cuidado específico. A partir del momento en el que se incorporaron a la trilla, y mientras estuvieron trabajando en la era, se beneficiaron de un régimen de alimentación que para ellas se sostuvo al menos hasta el 7 de julio. Ya el 3 de junio, en previsión de su llegada, los mismos mulos que habían llevado a la población un viaje de las habas menudas recolectadas llevaron de vuelta al cortijo central de la casa una porción de la cebada y la escaña que debían servirles de pienso mientras se mantuvieran en aquel trabajo. A propósito de su administración, el yegüero precisó que el 19 ya habían comido diecisiete fanegas de cebada y escaña, una cantidad que se iría modificando atendiendo más a la demanda de los animales que a las carretadas de gavillas que trillaban. El 21 siguiente comieron diecinueve, y el 7 de julio, aunque solo trillaban sesenta carretadas, se decidió subirles aquella cantidad hasta veinte, lo que sitúa la ración diaria de pienso de cada animal a una cantidad comprendida entre un quinto y un cuarto de fanega, a la que habría que sumar lo que libremente pastaran en los rastrojos.
Asociados al trabajo de la era estaban los asalariados que la documentación llama moreros, quienes, por una parte, debían volver la mies tendida sobre la era y, por otra, aventar y limpiar el grano. Según la lexicografía local, eran conocidos con aquel nombre por el color que su piel iba adquiriendo en el transcurso del verano.
En la primera fase fueron adscritos a la era solo dieciséis moreros. Pero el 17 de junio, al comienzo del segundo periodo, su número subió a treinta y seis. Sin embargo, al día siguiente solo había veintiocho trabajando en la era, según el listín del cortijo. A partir de aquel día, y hasta el final del mismo mes, su número osciló bastante, entre un mínimo de veinte y un máximo de treinta y ocho, con veinticinco-veintiséis como valores más habituales.
Unas oscilaciones tan acusadas de la cantidad de trabajo al servicio de la era debieron traducirse en cierta irregularidad de la producción diaria, de cuya conciencia quedó constancia. El 24 de junio se reconoció que la era estaba bastante atracada por falta de gente, razón que aconsejó decidir que se aumentara a partir de la siguiente jornada, lo que no evitó que la irregularidad se acusara aún más. El 1 de julio, en la era, que de nuevo estaba escasa de gente, servían solo dieciocho moreros, el mínimo absoluto del periodo. Al día siguiente su número se incrementó notablemente, hasta veintinueve, y a partir del 3, y durante el resto de la semana, osciló entre un mínimo de treinta y seis y un máximo de cuarenta, el valor que más se repitió. Por eso no deja de sorprender que el día 7 de julio, por la tarde, durante su visita a la explotación el administrador no encontrara en la era novedad particular. A pesar de la relativa estabilidad que se había conseguido para el trabajo de los moreros, aquel día tuvo que reconocer que había en la era cierta cantidad de parvas amontonadas, ya trilladas pero que permanecían a la espera de que el grano fuera separado.
La razón de la lentitud y el bloqueo de la actividad en la era, que sería la misma de las oscilaciones de la cantidad de trabajo que a diario se le asignaba, así como de la actitud del administrador, era que todos trabajaban confiados a las mareas, el viento suave del sudoeste, el que se juzgaba más favorable para aventar, que no terminaba de imponerse. De ahí que en aquel momento los moreros solo se ocuparan de las parvas que se trillaban en el día y que el rendimiento del trabajo de trilla de las yeguas aquel día se fijara en solo sesenta carretadas. Hasta que llegara el viento esperado, la estabilidad del trabajo se habría impuesto. Cuando los días 8 y 9 se decidió dedicarlo a la cebada, la situación no habría cambiado mucho. El número de moreros seguía estabilizado en treinta y cinco, según el diario. Para el 11 de julio solo había veintiocho, mientras que entre el 12 y el 15 su número osciló entre treinta y treinta y nueve, con valores más frecuentes cerca de este máximo. Todo indica que los vientos que se creían necesarios, durante la primera mitad de julio, seguirían siendo inconstantes.
Habría que esperar al 16 para que la trilla experimentara el giro definitivo. Estuvieron trabajando en la era sesenta asalariados, e incluso se incorporaron a ella cinco carreteros, que habían quedado libres una vez concluida la saca. Este valor extremo apenas pudo mantenerse el 17, cuando trabajaron en la era sesenta y dos asalariados. Porque a partir del 18, y hasta el 23, el número de moreros se estabilizó entre cincuenta y tres y cincuenta y nueve, con valores más frecuentes en torno a cincuenta y cuatro. No obstante, el 21, cuando esta era la cantidad de los que trabajaban, a ellos se sumaron otra vez carreteros. Ahora fueron los seis que habían llegado aquel día de la capital, a donde había ido el día anterior. Para el 22, cuando el trigo de yema ya se iba concluyendo, los cincuenta y nueve moreros de aquella jornada se ocuparon en los garbanzos, la cebada y demás restos de la era, con los que acabaron el 23. O el viento suave del sudoeste acudió fielmente a la cita cada día desde mediados de julio, feliz concurrencia de los elementos que se creían necesarios, o el final de la trilla sería más el resultado de la decidida voluntad de terminar con ella.
Durante los días que la trilla estuvo pendiente, por las noches se mantendría un servicio de vigilancia. Un guarda de las habas fue empleado durante once días de la primera fase, y un guarda de la era durante cinco. Sin interrupción, este permanecería vigilante durante los veinticuatro días del segundo periodo y durante los quince del tercero. Pero ningún trabajo complementario fue tan imprescindible como el del carrero o carretero del agua, que se mantuvo activo día tras día desde el 16 de junio hasta el 12 de agosto. Gracias a su auxilio se combatirían las altas temperaturas de la estación. La casa entregaba a cada cuadrilla de segadores unas aguaderas, cuatro cántaros y un lebrillo. El trabajo del carretero del agua, que la trasladaría desde la fuente de la que se surtiera la explotación hasta cada lugar de trabajo, sería mantener los cántaros de las aguaderas durante la siega, así como surtir a quienes trabajaran en la era.
A pesar de que la trilla había concluido cuando julio terminaba, todavía hubo que trabajar en la era durante el cuarto periodo, si bien no está del todo claro en qué clase de actividades. Todo apunta a que se concentraban en cargar el grano trillado y aventado para transportarlo hasta la población. Se deduce de una decisión tomada el 31 de julio, cuando el administrador y el aperador acordaron no dejar pasar más tiempo sin recoger las cuatrocientas fanegas de cebada compradas a un labrador vecino para que atendieran el gasto del campo de los señores, una urgencia para la casa que sería la consecuencia tanto de una imperdonable falta de cálculo en su planificación de la sementera precedente como de la escasez de pastos de aquel año. Al día siguiente, primero de agosto, saldrían del cortijo central para el contiguo veinticinco burras y los diez mulos. Debían cargar a razón de cien fanegas de cebada cada viaje, hasta traerse las cuatrocientas. Saldrían al atardecer, para que hicieran el viaje con la fresca, parte de tarde y parte de madrugada. Como estaba concluido el trigo en la era del cortijo central, y solo quedaban por transportar la cebada y la escaña, cuyo traslado daba más tregua, burras y mulos podían emplearse preferentemente en la traída de la cebada comprada.
Durante aquella nueva fase la cantidad de trabajo consumida por la era disminuiría sensiblemente. Hasta el 28 de julio estuvieron trabajando en ella treinta y dos asalariados, y a partir del 29 su número se mantuvo bastante estable, entre veinticuatro y veintisiete, con veinticinco y veintiséis como valores más frecuentes. A partir del 10 de agosto, y hasta el 14, subió algo por encima de treinta. Cuando se especifican, se siguen identificando como moreros, y cuando a partir del 3 de agosto se menciona explícitamente el trabajo que estaban haciendo se dice que ya estaban cargando la cebada y la escaña. Pero otra parte del trabajo que se les encomendara debió ser sacar granzas, regranzas y suelos.
Al aventar el grano y pasarlo por el zarandón se obtenía el producto de yema o de primera calidad. Los restos que no pasaban la selección eran las granzas, que a su vez se decantaban con un harnero y con una criba, dos clases del mismo medio de depuración que se distinguían por la luz de sus urdimbres. En lo fundamental cualquiera de ellos era un aro al que se había fijado alguna clase de trama, más o menos tupida, para pasar a través de ella los restos de los áridos y así separarlos por estado o calidad y limpiarlos. Esta operación, que se llamaba ahechar, a su vez originaba un subproducto, las regranzas, que asimismo se ahechaban. Suelo, por último, era el nombre de los granos que quedaban en el área de la era, de la que tomaban su nombre. Una vez que se había recogido toda la parva con la arnilla, se sacaban barriéndola.
El 7 de agosto quedó constancia de que los hermanos Antonio y Manuel Zafra, para levantar la era en el cortijo central, habían ahechado de dos manos, una de harnero y otra de criba, los trigos de granzas, regranzas y suelos. Ahecharon nada menos que seiscientas noventa y siete fanegas y media, de las cuales trescientas veintitrés habían sido de granzas, doscientas cuarenta y siete de regranzas y ciento siete y media de suelos, más veinte de bacia o desecho que el aperador decidió dejar en el cortijo para comida de las gallinas. En una segunda fase, los hermanos Zafra estuvieron ahechando hasta el 23 de agosto las setenta y siete fanegas y media de garbanzos de la cosecha de aquel año, de las cuales veintitrés y media procedían del área más próxima al cortijo central de la casa, que habrían tenido de bacia media fanega y de agracejo o garbanzos sin madurar dos, y cincuenta y cuatro del área contigua al cortijo que se iba a incorporar al año siguiente a la labor, que tendrían de bacia una fanega y de agracejo dos, todo igualmente de dos manos, una de criba y otra de harnero. Cobraron a razón de dieciocho reales cada cien fanegas, y además recibieron dieciséis reales por la impertinencia.
Entre el 26 y el 29 de agosto, quinto periodo, entre veinte y veintiséis jornaleros, en cantidades decrecientes, estuvieron barriendo la era de la tierra de los hormigueros que había en el empedrado. Se puede suponer que toda la tierra acumulada en la era no tendría aquella procedencia. De lo contrario, no tendría mucho sentido emplear tantos hombres en barrer y sacar tierra durante cuatro días.
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