Principios de la vida animal
Publicado: febrero 5, 2015 Archivado en: Arpende Rangún | Tags: historias Deja un comentarioArpende Rangún,
biólogo urbano
Con inapelable exactitud sostenían los fundadores de la teoría política prevalente en la república de los animales que solo puede haber un gobierno perfecto, el aristocrático. Por sus bocas hablaba la razón. Porque es más razonable lo experimentado que cuanto se pueda razonar. Supongamos que usted enuncia que los dedos tocan el piano y a continuación que los pies tienen dedos. Se vería en la obligación de colegir que los pianos se tocan con los pies, un reto que pocos afrontarían y que aun en un circo daría resultados muy dudosos. Sería preferible que proclamara, aunque pareciera contrario a toda lógica, que ha disfrutado de Errol Garner mientras el virtuoso mantenía sus pies dentro de los zapatos. Proclamaban así el principio de la selección como fundamento de la responsabilidad que algunos libremente deciden cargar.
Podrá ser aceptado que en el estado sin libertad no sería necesaria la responsabilidad, porque no habría dominio. Por desgracia la libertad, propiedad adquirida por el pensamiento que en cuanto hay conciencia espontáneamente existe, fue regulada, y así se convirtió en materia para la formación de los estados. A partir de entonces, solo pudo existir en la medida en que era limitada. Es verdad que no es tanta la regla que los legisladores imponen sobre la libertad, con el fin de formar el estado, que a los animales llegue a impedir ser libres para la mayor parte de sus actos. Pero también es cierto que por crear orden la libertad vino a necesitar de administradores. No diré que no es un bien para la civilización el que así fue adquirido. Pero también debo reconocer que es la proclamación de la libertad política el origen del dominio de unos animales sobre otros, de los que se declaran responsables sobre los que no están dispuestos a serlo.
Aquellos que en la vida civil se muestran animales capaces y prudentes, responsables para sí, de vida franca, que ante sus semejantes se presentan aseados y con corrección, son los idóneos para el gobierno sobre los otros, porque son ellos el ser en el que todos desean encarnarse. Pero cuanto los hace atractivos para los otros se opone a la delegación de responsabilidad. La vida privada, de la que se nutren, es un excelente paraíso porque en la madriguera, lugar que otros llaman hogar, dulce cadena, el rigor está desterrado. Tan radical exclusión permite que allí la libertad absoluta permanezca refugiada a fuerza de ni siquiera invocarla. Es por esa falta de rigor que los animales propenden a la vida privada, y por eso los más aptos a ella se entregan. Tal es la fuente de la que mana la felicidad que a los demás atrae, tesoro que jamás podrá ser transferido a la vida pública sin que resulte desnaturalizado.
Pero la vida gregaria existe por encima de las mejores voluntades, por más que sea la consecuencia de un error. Las semejanzas que en su aspecto los animales observan muchos, con evidente precipitación, la consideran base para una idéntica percepción de lo que existe, y, lo que es peor, similar conciencia sobre lo que es y lo que debe ser, lo que autorizaría comunes respuestas a los contratiempos más extendidos.
Ningún error es por el hecho de serlo menos real, por lo que es del todo necesaria la administración de la vida constituida en común, más aún porque los mejores a la vida privada replegados están.
De ser todos igualmente partícipes en su ejecución, mal podría ser ordenada en el tiempo de la vida, a fuerza de lentas decisiones. Y de ser cesión de una supuesta jurisdicción previa y alícuota sobre lo público por parte de cada cual, sería degenerada convivencia, porque ya incluiría el engendro llamado poder y su consecuente apropiación. Solo la aceptación reconocida del gobierno aristocrático es legítima, porque tiene su fundamento en la moral.
Por dos razones, porque está basada en la moral y en la selección. La moral es la razón práctica o experiencia convertida en prejuicio admitido, al menos temporalmente. Es la parte estabilizada del pensamiento y la opinión; todo lo estabilizada que son las vidas, es decir, al menos temporalmente, aunque con la garantía de estabilidad y continuidad que le da el imparable encadenamiento de las existencias. La selección se encarga de ejecutar la parte que la naturaleza por necesidad impone, tratándose siempre de la limitada vida.
Los mejores son pues los idóneos para el gobierno de los otros. Pero aquellos que en la vida civil se muestran animales capaces y prudentes, responsables, de franca vida y limpia presencia ante sus semejantes, eluden el gobierno. Estos animales no son la virtud, sino la ausencia de su necesidad, así como los antiguos tenían por libres a los que habían escapado a la previsión de la ley. Porque es que los animales propenden a la vida apartada, sin rigores, excelente paraíso donde la libertad sin adjetivos permanece refugiada a fuerza de ni siquiera invocarla, porque ni aun nombre puede tener. Dulce y perfecta condena la de la madriguera. Solo hay libertad allí donde no hay libertades, donde se puede permanecer al margen de toda regla, y esto solo es posible en el estado de la más absoluta individualidad, en la completa intimidad.
No es que la libertad sea un principio excelente. Es algo que lo supera por distinto y anterior. Es solo el principio, la nada y el origen que puede ser fundamento de cualquier cosa. Es el perfecto estado de la negación. Solo donde no hay algo puede existir todo, comienzo inmejorable porque hace posible hasta lo que ni aún ha sido imaginado. Nada la libertad garantiza. Lo que resulte será consecuencia de los inseparables agentes de la vida, que son la voluntad, el mayor, y el pensamiento, que viene al mundo cuando ya su hermana vive. Es el celo por mantener protegida esta nada de cualquier intromisión lo que aconseja a aquellos animales permanecer fieles al prudente anonimato.
De la entrega exclusiva a la vida privada resultaría un sano desgobierno, quizás mejor la disolución de la vida pública. Al recelar de lo que más allá de lo privado está, porque fuera del control personal de las cosas queda, los animales que son tenidos por los más felices de su especie reducen las libertades regladas a solo representación de la libertad, lo que es a la libertad lo que la proclamación de la inocencia a la certeza del delito, un derecho reconocido a cualquier convicto. El mejor gobierno, por celosa reserva de la vida a la acción del poder, como los que mejor viven con sus actos demuestran, es el que antes de nacer se ha extinguido. Con su elusión del gobierno los animales prudentes instituirían el mejor de los gobiernos posible, que por lo ya dicho bien puede colegirse que es el que no existe.
En un sentido más limitado puede tomarse el axioma que proclama que el gobierno perfecto es el aristocrático. Nadie como cada cual para juzgar sobre la bondad de sus virtudes. Puestos en el deber de elegir a quien represente o explique la opinión ajena, nadie mejor que el elector. Solo tiene un defecto este principio, que en origen, por definición, es cierto nada más que para cada uno, lo que lo hace por completo inútil como medio organizador de la vida colectiva. Sería necesaria la voluntaria renuncia a esta fuente de soberanía autónoma para que la caótica atomización primordial fuera desequilibrada.
Pero la propensión espontánea a la seguridad de la vida privada hace del todo necesaria la administración de una vida constituida en común, aunque probablemente sea solo por consecuencia del miedo a la enormidad que a los ojos enajenados parece lo ajeno, cuando en realidad lo ajeno es exactamente igual a lo propio, aunque repetido hasta cansar. Tal vez también porque esta es una realidad que existe antes de la vida de cada uno, aunque del fondo del que se nutre es del de la enajenación.
¿A quién mejor que a aquellos animales que viven sosegada vida al margen de la libertad podría entregárseles el inevitable gobierno, puesto que es la mejor vida privada la que todos desean que los gobernantes garanticen? Pero lamentablemente no ocurre así.
Aceptar un régimen que administre la vida en común es en consecuencia una desgracia a la que todo animal debe someterse. A todos los animales corresponde sin embargo que sea lo menos oneroso posible, y es su deber esforzarse en que así sea. La magnitud que mejor indica la bondad de un régimen es el tiempo, realidad única e incontestable sobre todas las que a la vida afectan. Porque el tiempo es la vida, vida y tiempo son una y la misma cosa, tiempo intransferible del sujeto a la existencia. Como ese tiempo es por naturaleza limitado, y porque es en el tiempo de la vida en el que todo se realiza, la inversión de tiempo en la vida común es un gasto que solo se justifica por la cantidad de tiempo que la vida privada pueda consumir; porque problema insoslayable es pagar con lo que más estimable resulta, el tiempo de la existencia que es necesario dedicar a lo público. El rendimiento es óptimo cuando el costo está reducido al mínimo imprescindible, sea cual sea la cantidad de inapreciable producto.
El primer pósito
Publicado: enero 31, 2015 Archivado en: Redacción | Tags: crédito, rural Deja un comentarioRedacción
La recuperación del que pretendía ser el primer pósito de la región, al tiempo que enseña hasta dónde llegaban las iniciativas en esta materia, permite completar la idea general del estado de todos sus pósitos públicos a mediados del siglo décimo octavo.
Hasta 1747, en el mercado del cereal de la capital la institución interventora había sido la alhóndiga, anexa a la cual, desde fines de la edad media, se había constituido una reserva de granos y semillas. Pero, con frecuencia, la alhóndiga estaba desabastecida por inhibición de la concurrencia. Para hacer frente a la retracción del grano su mercado había contado, desde tiempo atrás, con un pósito de fondos abundantes, instituido como monte de piedad. En 1720 tenía 35.500 fanegas de trigo y más de 100.000 reales en dinero, gracias a la gestión del asistente de entonces. Pero en 1723 ya no tenía grano ni dinero, y sus fondos se habían perdido por completo. No se sabe si tan sorprendente evolución fue consecuencia del gasto necesario para sostener los mercados de la población o de una mala gestión de los diputados encargados de su manejo. Consta, sin embargo, que aquellos hechos en su momento dieron origen a interminables contenciosos. Posteriormente, hubo un intento de recuperarlo con un arbitrio, al que la fuente se refiere como derecho de las cargas de la alhóndiga. Pero era tan limitado su rendimiento que, ni aun en mucho tiempo, habría satisfecho el fin para el que había sido propuesto. Solo llegó a rentar, tras años de vigencia, unos 21.000 reales.
El nuevo asistente, ya en la década de los cuarenta, concibió también un plan para recuperar el pósito de la capital. La experiencia acumulada gracias al control de los de la región favorecía su proyecto. Su idea era constituirlo de nuevo como un erario o monte de piedad, por iniciativa pública, pero con 50.000 o 60.000 fanegas de trigo. Había estudiado cómo reunir tanto capital inicial. Su responsabilidad sobre estos graneros públicos regionales le había permitido saber que algunos disponían de fondos importantes mientras que sus demandas respectivas eran bajas porque sus poblaciones eran pequeñas. La raíz de tal discordancia era que las labores de quienes de ellos se nutrían habían disminuido, así como las rentas que les proporcionaban, a consecuencia de cómo venían evolucionando sus empresas de producción de cereales. Años atrás, el exceso en la oferta del crédito había incentivado el riesgo. Como los préstamos eran más asequibles, algunos los habían tomado en demasía. Habían sembrado más de lo que aconsejaban los rendimientos previsibles, que dependían de los sistemas de cultivos. Finalmente, según la descripción que contiene el proyecto, las labores de los que más habían arriesgado no habían devuelto las deudas contraídas y se habían arruinado. El efecto de tanta inconsecuencia encadenada había sido que los fondos de buena parte de aquellos pósitos no estaban siendo consumidos cada año, y en la mayoría de sus poblaciones sobraba una cantidad de trigo importante al final de cada ciclo.
Los conocimientos y los cálculos del asistente le permitían afirmar que había hasta 58 municipios en la región donde habían ocurrido hechos como los descritos, a los cuales, en concepto de préstamo, se les podrían tomar los fondos iniciales que necesitaba el erario proyectado. Los 47 más próximos a la capital podían proporcionar 50.000 fanegas y otros 11, más alejados, las 10.000 restantes. (Se creía entonces que a cada población correspondía un tamaño de su pósito porque se aceptaban ciertas premisas para calcular su capital en grano. La eficacia del constituido en cada lugar, según el gobierno de la época, dependía de su adecuación al volumen de los que se dedicaban a la agricultura del cereal, al número de activos en todos los sectores y al número de habitantes según su edad. La falta de ajuste a estos parámetros por exceso podía tener un efecto inverso al que se proponía. Estimando a partir de ellos –asequibles a cualquier autoridad de la época, aunque parezcan difíciles y exigentes– lo que la población pudiera necesitar, había pósitos públicos que concluían que lo más correcto era limitar sus fondos a cantidades fijas de cereal y dinero. A la inversa, se podían arbitrar, mediante real facultad, bienes de propios o del común para hacer frente a las dificultades de liquidez, tanto en grano como en dinero, a las que degenerara un pósito.)
El autor del proyecto esperaba la oportunidad de una buena cosecha para tomar la iniciativa y esta había llegado. La inmediata, correspondiente a la campaña iniciada en el otoño de 1745, se prometía abundante. El momento parecía el más oportuno para recuperar el pósito de la capital. En su opinión, no había tiempo que perder.
En junio de 1746 decidió acometer el plan que había concebido. Lo remitió con fecha del día 21 al Consejo, el que lo examinó, así como los informes que sobre la mejora de los pósitos de la región le había enviado antes. Completaron la documentación las relaciones del responsable de la audiencia regional, de diciembre de 1738, que asimismo fueron tenidas en cuenta por el Consejo para decidir sobre el proyecto. (Aprovechó el asistente para elevar al gobierno una consulta sobre los apremios para el reintegro de los pósitos; si habían de sustanciarse haciendo comparecer a los alcaldes de las poblaciones o poniendo el caso en manos judiciales ejecutivas.) El órgano central de la administración castellana quedó muy satisfecho de la dedicación del asistente, y así se lo hizo saber, y por último decidió aprobar el plan íntegramente. Lamentablemente, cuando llegó a este acuerdo, era ya el 14 de enero de 1747.
Dado lo avanzado del calendario, que ya regía para un ciclo nuevo, solicitó el Consejo al asistente, para antes de la ejecución de la obra concebida, que aún informara explícitamente de los granos que tenían en aquel momento los pósitos afectados por su iniciativa; si parecía buena la cosecha que se esperaba para 1747 –el asistente había avalado su proyecto con las perspectivas de 1746– y si el transporte del grano hasta la capital en la estación corriente –invierno– sería más caro que en verano. En suma, requería su consideración sobre cuestiones de cálculo pertinentes; si, por cualquiera de estas razones, no sería preferible retrasar la ejecución del proyecto a cuando ya estuviera recolectado todo el producto de la cosecha que se esperaba.
Argumentó el asistente que para las poblaciones a las que se refería, de hacer los préstamos del proyecto, no se deduciría ningún perjuicio. Al contrario, obtendrían beneficio. Ellas mismas, en distintas ocasiones, habían solicitado anular el incremento de los capitales de sus pósitos, unas relevando a los prestatarios de las creces o intereses en grano y otras reduciéndolas a la mitad o la cuarta parte. Además, ocurría que a los labradores de la capital, en aquellas poblaciones, les concedían sin dificultad los créditos que solicitaban. La población de los 47 lugares más próximos sumaba un total de 16.340 vecinos y la de los otros 11 hasta 5.711. El capital en grano de los pósitos próximos, hasta fines de julio de 1745, alcanzaba a 282.307 fanegas. Aunque tuvieran que desprenderse de 50.000, aún les quedarían 232.307. El de los otros sumaba 69.017 fanegas. Las 10.000 de las que se desprendieran aún les permitirían disponer de 59.017. El capital remanente era bastante para las necesidades de las poblaciones de las que se trataba, aun sin contar con otras entre 6.000 y 8.000 fanegas que las creces o intereses, cuando fueran devueltos los préstamos que aquellos pósitos para la campaña de 1746 habían hecho, aportarían a sus graneros.
Desde luego era lo justo pagar a aquellas poblaciones el trigo que dieran. Como esto no se podría hacer inmediatamente, cada año, una vez hecho el balance en el pósito proyectado, el superávit disponible se repartiría a prorrata, como bolsa común, en dinero, según los valores del grano corrientes en cada momento, hasta que la deuda fuera liquidada. La fórmula le vendría bien a las poblaciones. Lo que fueran ingresando podrían emplearlo, por ejemplo, en el pago de sus contribuciones. En años anteriores, habían solicitado el recurso a los fondos de sus pósitos con este fin y no se les había autorizado porque carecían de facultad para actuar de tal modo.
El obstáculo mayor al proyecto podía ser el precio del transporte del grano, el componente del valor final del trigo que entonces más dificultaba el intercambio entre mercados. Para el transporte del cereal, que se depositaría en los almacenes de la alhóndiga, de gran capacidad, sin que de su uso derivara costo alguno, en aquel momento la capital podía disponer de los 21.000 reales ingresados por el cobro del derecho de carga de la alhóndiga. Dada la proximidad de las poblaciones, no era previsible que fuera necesario más. Aun así, si no fuera suficiente, asimismo en la bolsa del desempeño de la capital estaba disponible un fondo que sobrepasaba los 90.000 reales. Esta cantidad no tenía aplicación porque correspondía a acreedores que no habían verificado sus créditos desde hacía muchos años. Se podría retirar, en caso de que fuera necesaria, utilizando como garantía las obligaciones de reintegro de los créditos a favor del nuevo pósito.
Concluía el asistente con la declaración de un principio gestor que pretendía resolver todos los reparos a cualquier clase de cálculos. Para que en breve dispusiera de un capital importante, y apto para resolver cualquier urgencia sin su menoscabo, la gestión inmediata del pósito del plan tendría que ajustarse al procedimiento adecuado. Habría de prever cuándo debían vender y cuándo retraerse labradores y panaderos, y todos cuantos estuvieran interesados en el comercio del grano, para que los fondos de la nueva institución no sufrieran pérdidas. Se habría de vender grano al contado y en dinero durante los siguientes meses mayores o de carestía, y comprarlos durante la cosecha, cuando los precios cotizaban a la baja. Si la siguiente fuera tan abundante como la de aquel año, lo ingresado permitiría sobrepasar el fondo previo en más de la mitad. El principio que sostendría el erario proyectado, inspirado por un viejo modelo, sería por tanto tan sencillo como especulativo.
El nuevo pósito tendría que ser independiente del gobierno de la ciudad. Solo lo podría gestionar el asistente, siguiendo el procedimiento que aplicaba a los demás del reino. Se dotaría de un reglamento, para garantizar su erección, su manejo y el intercambio de sus fondos, y de todo al Consejo se rendirían cuentas anualmente.
Fueran cualesquiera los resultados de estas especificaciones, el Consejo creyó conveniente adelantar en la organización de aquel monte de piedad. Decidió encargar al autor del plan la redacción de las ordenanzas correspondientes, para las que habría de tener en cuenta las que habían regido el pósito consumido y ser en la previsión de reglas preciso. Elaborados los informes y las ordenanzas solicitadas, el Asistente debía enviarlos a través de quien se gestionaba la documentación que desde el reino llegaba a la administración central. Cuando dispusiera de todo, el Consejo tomaría la decisión definitiva, especialmente sobre el momento que le pareciera más adecuado para la ejecución del proyecto.
El 28 de marzo de aquel 1747 el asistente envió al Consejo el proyecto de instrucción en el que había concluido el encargo que recibiera. Era la ordenanza que ya aplicaba a la gestión de los pósitos del reino. La aprobación definitiva de su proyecto llegó, con la anuencia a la instrucción que a partir de entonces regiría para todos los pósitos regionales, también de 1 de julio. Tan ambiciosa operación debió dar los resultados apetecidos porque el legislador de 1753 mencionó el montepío de la capital de la región entre los de crecida entrada y salida de granos y harina.
Nicolás Maquiavelo
Publicado: enero 18, 2015 Archivado en: Apeles Ernesto | Tags: historiografía Deja un comentarioApeles Ernesto
En Florencia nació en 1469 y en Florencia murió en 1527. Hijo de familia noble, aunque de escasa fortuna, de su juventud y primera formación, que coinciden con los casi treinta años anteriores a la república democrática que gobernó su ciudad, es poco lo que se sabe. Cuanto de ellas se dice se colige de lo que se conoce de su padre, jurista y autor, quien ya vivió vinculado a la cancillería de la república y a los círculos humanistas de la ciudad. Se supone por tanto que recibiría una buena y extensa educación.
Cuando alcanzó la edad activa primero se dedicó a los negocios, para muchos de sus conciudadanos origen de su bienestar. Pero en 1498 entró al servicio de la administración de Florencia como secretario de la segunda cancillería, cargo desde el que ascendería a otras responsabilidades, que le permitirían una comprometida y brillante carrera política hasta 1512. Durante todo el tiempo que logró sostenerse la república democrática en Florencia, Maquiavelo actuó bajo la condición de secretario, probablemente auspiciado y al servicio directo de su máxima autoridad, Piero Soderini, el gonfaloniero vitalicio de aquella experiencia política.
Actuó Maquiavelo durante sus primeros años de servicio público ateniéndose a una modalidad de representación de los intereses de un estado que con precisión expresa la palabra secretario. Recibía de la autoridad florentina instrucciones sobre cómo debía actuar ante otro estado por vía reservada, la misma que él empleaba para exponer cómo con lealtad había cumplido lo que le ordenaban, sin que en ningún momento dispusiera de poder para actuar. La franqueza con la que entonces los estados preferían comportarse en sus relaciones impide llamar a aquella labor espionaje.
Por su posición social no pudo aspirar a los cargos de embajador o de gobernador. Pero por ser declarado partidario de la república y contrario a la oligarquía desempeñó durante aquel intenso periodo numerosas misiones diplomáticas ante el papa, el emperador y la mayor parte de las cortes europeas. Tuvo importantes responsabilidades y su trabajo fue de reconocida eficacia. Cuando no cumplía encargos diplomáticos, la secretaría de Maquiavelo satisfacía el designio de formar un ejército propio de Florencia, fuerza de la que carecía la ciudad, lo que en opinión de Maquiavelo la hacía fundamentalmente vulnerable.
Cuando en Florencia, tras la victoria de Prato, del año 1512, entraron las tropas españolas, promotoras de la restauración oligárquica, Maquiavelo al instante cayó en desgracia. Los Médicis, de nuevo dueños de la situación, lo destituyeron del cargo que tenía en la cancillería y hasta consiguieron que fuera momentáneamente encarcelado. Pero pronto recupera la libertad, aunque bajo la condición del deber de exiliarse, y se retira a una finca situada en el sereno campo que rodea su ciudad. Fueron aquellos obligados años de inactividad pública, y fue entonces cuando dispuso de mayor sosiego para entregarse a la escritura. Toda la obra extensa de Maquiavelo es posterior a su cese administrativo, aunque en todo fruto de la experiencia adquirida durante su dedicación a esta actividad en los años de su plenitud, pero también del verdadero origen de su erudición, su excelente formación autodidacta.
Así describe Maquiavelo las condiciones que hicieron fecundo su ostracismo: “Llegada la noche, me vuelvo a casa y entro en mi escritorio; en el umbral me quito la ropa de cada día, llena de barro y de lodo, y me pongo paños reales y curiales. Vestido decentemente entro en las antiguas cortes de los antiguos hombres, donde –recibido por ellos amistosamente– me nutro con aquel alimento que solum es mío y para el cual nací: no me avergüenzo de hablar con ellos y de preguntarles por la razón de sus acciones, y ellos con su humanidad me responden; durante cuatro horas no siento pesar alguno, me olvido de toda preocupación, no temo a la pobreza, no me da miedo la muerte: me transfiero enteramente en ellos. Y como Dante dice que no hay ciencia si no se retiene lo que se ha aprendido, yo he tomado nota de aquello de lo que en mi conversación con ellos he hecho capital.”
Primero emprendió la redacción de los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, glosa del comienzo del texto del autor latino con fines analíticos, pero desde la que deduce reflexiones políticas en favor del gobierno republicano y democrático. A continuación redactó la obra que más fama le ha dado, El príncipe, un tratado de teoría política sobre la práctica del gobierno.
Para entonces sus relaciones con los Médicis ya debían haber mejorado notablemente, si es que alguna vez estuvieron seriamente deterioradas, y volvió a ser llamado para que participara en la vida pública, aunque tal vez desde posiciones más discretas. Por encargo de Julio de Médicis, a partir de 1520 emprende la redacción de unas Historias florentinas, a veces conocidas como Historia de Florencia, que no tuvo concluidas hasta 1525. Es su segundo texto historiográfico, quizás no tan estimable como el primero. Su objetivo declarado es interpretar los acontecimientos ocurridos en la ciudad, tomando como referencia la oposición permanente entre los grupos que en ella se enfrentaban y no narrando solo las guerras que Florencia sostuviera con enemigos externos. Pensaba que de esta manera era posible explicar el fracaso de la república que tan de cerca él mismo había vivido. Así resultó un relato histórico igualmente inspirado por su pensamiento político, solo que más directo.
Cuando su personal promotor, Julio de Médicis, consiguió ser el papa Clemente VII lo llamó a Roma para que trabajara a su servicio, y efectivamente allí se estableció en 1524. Pero restaurada la república en Florencia en 1527 todavía aspiró a recuperar su antigua posición en la cancillería. Pero porque unos temían que los despojara de sus bienes y otros porque recelaban que les arrebatase la libertad, por último vio defraudadas sus postreras ambiciones políticas. Decepcionado por este fracaso, ya en plena vejez y en medio de la anarquía, murió aquel mismo año.
Disponía Maquiavelo de un ingenio rápido, y disfrutó de una gran curiosidad, que no le abandonó durante toda su vida. Con estos dos fundamentos, el práctico y el intelectual, fue elaborando su pensamiento político, primera materia de la que todos sus escritos se alimentaron. En el campo historiográfico, donde fue particularmente considerado –sus contemporáneos lo tenían por historiador– la obra de Maquiavelo tiene una importancia excepcional para el progreso de la reflexión sobre la teoría de la historia. Es probablemente el más abierto defensor de la historia como medio para adquirir el arte del buen gobierno. “En el ordenar las repúblicas –dice–, mantener los estados, arreglar la milicia y administrar la guerra, en juzgar a los súbditos y aumentar el imperio no se encuentra príncipe ni república que recurra al ejemplo de los antiguos.” Cree sin embargo que esto no solo es recomendable sino incluso eficaz, porque en su opinión la naturaleza humana es siempre la misma. En cualquier estado a partir de la atenta observación del pasado sería posible prever lo que puede ocurrir, así como aplicar a los acontecimientos previsibles las soluciones cuya eficacia ya fue comprobada por los antiguos; y si no fueran encontradas, discurrir otras originales por similitud de las circunstancias. En la actuación humana la acción del azar queda limitada por la previsión. Por eso el objetivo al que aspiraba con su trabajo historiográfico era la elaboración de un cuerpo doctrinal a partir del examen de los hechos pasados, semejante a cuanto los juristas podían conseguir gracias a los comentarios de las leyes.
En sus obras de historia Maquiavelo se interesó por las cuestiones sociales, el origen del estado, el papel de la religión y la ley y las consecuencias de la actividad económica de los hombres, si bien para el estudio de cualquiera de estas cuestiones se rigió por el principio clásico de la apropiada selección de los datos que debían ser tratados. De esta manera los argumentos del relato conocieron una notable expansión, así como los objetos de la investigación histórica. Inspirado al tiempo por el objetivo que al estudio de la historia imponía, no solía aplicar el criterio de la división temporal de la materia sino que prefería la sistemática o lógica de los hechos, lo que junto con el abuso de los discursos hermosos y de los detalles novelescos han sido señalados como los mayores defectos del texto de Maquiavelo. Pero lo cierto es que de esta manera de concebirlo deriva su característica división interna de la obra en libros.
Principio de la gravitación universal III
Publicado: enero 11, 2015 Archivado en: Contradictor ocasional, Narrador, Replicante primero, Replicante segundo | Tags: crédito, rural Deja un comentarioNarrador
Replicante primero
Replicante segundo
Contradictor ocasional
El recurso preferido por quienes deseaban sacar el mayor provecho al capital atesorado, hibernándolo con una inyección de derecho canónico, fue la capellanía con sacerdote propio, capellanía por antonomasia, que completaba el blindaje del patrimonio familiar superponiendo tres instituciones. La dogmática de la época subrayaba la complejidad de la fórmula al describirla como un patronato limitado al cumplimiento de una memoria, encomendada a determinada persona, el sacerdote suyo o capellán, titular del vínculo implícito en la iniciativa.
La distancia entre esta y las otras formas de capellanía la marcaba la tercera pieza, el patronato. Porque alguien dotara una institución eclesiástica, con unos bienes que igualmente quedaban inmovilizados, adquiría un poder precedente para decidir quién debía ejercer el sacerdocio en ella, su mantenimiento y su gestión. Tal era el patronato, que podía extenderse a todo un templo y con mucha más frecuencia, porque era mucho más asequible, solo a una memoria. Al emplearlo como una parte de una fórmula compleja haría compatibles, de la manera más fácil y en el grado más satisfactorio, la representación de las creencias y las convicciones morales, el respeto a las instituciones eclesiásticas y la supervivencia de una parte apreciable del negocio generado por los patrimonios de las familias del medio rural.
Aunque cualquier beneficio, para ser efectivo, necesitara de la colación o nombramiento canónico, gracias al patronato su titular se reservaba la capacidad de presentar al sacerdote que había de atender el originado por esta clase de memoria, lo que le garantizaba la elección de su procedencia.
Pero como la intervención canónica, por subordinada que fuera, era siempre una amenaza al ascendiente que sobre los bienes dotales tuvieran quienes los habían adscrito; porque ciertas familias no se resignaban a entregar sus intereses, a las garantías habituales para la inmovilidad del patrimonio acogido al canon eclesiástico el patronato añadía el derecho a la supervisión de la obra fundada, negocio para el que eran designados los patronos, preeminencia justificada por el origen de los bienes transferidos en favor del lugar sagrado. Si el clérigo investido como capellán era al mismo tiempo patrono, o por decisión del fundador tuviera algún poder sobre los designados para este trabajo, podía colmarse el plan que para una obra de este tipo una familia hubiera concebido.
Tanto cálculo también estaba justificado porque el alcance de la capellanía podía ser lejano. La creación de una capellanía llegó a convertirse en algo común no solo porque permitía inmovilizar una parte del patrimonio.
–Invertir en capellanías las rentas netas que proporcionaba la agricultura de los cereales también podía servir a la venta de sus productos.
–En los mercados rurales el gravamen estable del intercambio de grano fue la alcabala y sus cientos. El destinado a la venta entraba en las poblaciones por puntos determinados precisamente para obligar a su pago, aunque, como era habitual cuando se trataba de tal clase de cargas, existían medios para eludir legalmente estas obligaciones. No estaban sujetos a ellas el destinado al consumo personal ni el del pósito, ni tampoco los frutos de las capellanías, puesto que las eclesiásticas eran instituciones exentas de estos servicios. Teniendo creada una fundación de esta clase y un hijo como capellán y patrono de ella, podía ser utilizada para vender como fruto de la misma todo el producto familiar, tanto el obtenido por las tierras de la capellanía del hijo como el procedente de las explotaciones que sostuviera el padre, y en particular su labor. De esta manera la renta bruta anual podía escapar sin dificultad a los deberes fiscales.
La obligación piadosa incluida en cada capellanía de esta clase también era un cargo de misas, de inexcusable cumplimiento a lo largo de un año. Las representaciones del sacrificio, como en las demás fundaciones equiparables, eran celebradas a favor de las almas del fundador y algunos de sus familiares, entre los que con frecuencia se incluían los padres. La diferencia más visible entre las memorias comunes y la capellanía más autónoma era de cantidad, excusa suficiente para justificarla como una obra que necesitaba la máxima atención. Como mínimo, las que analizamos exigían seis misas rezadas al año. Las había que obligaban a nueve, y eran muy comunes las que regulaban doce, una por mes, aunque también, sin justificación aparente, se decidían catorce.
Había fundadores sumamente exigentes, hasta el punto que imponían una dedicación litúrgica exclusiva. Uno obligó a cincuenta misas y otro a todas las de doce de los días festivos del calendario eclesiástico occidental. Luego, cuando dotó otras capellanías en otros templos, el mismo promotor llegó a requerir hasta ciento diez misas al año, incluidas las de doce de los días feriados, y aun ciento veinte, más las consabidas de doce de las mismas jornadas singulares. También hubo quienes instituyeron cinco misas rezadas cada semana o veinticinco cada mes.
Las capellanías que disponían de sacerdote propio, como era preceptivo para todas las fundaciones de esta clase, debían acogerse a un templo parroquial, donde era obligado cumplir con el encargo de las misas. Insistían los promotores en que estas se dijeran donde estaban localizados los enterramientos que las justificaban, porque no había sepultura que fuera ajena al espacio que ocupaban los templos y eran muchos los fundadores que habían concentrado toda su devoción en tan poca superficie.
Para garantizarse una parcela en exclusiva, cuando prescribían las circunstancias que para las celebraciones deseaban, algunos fundadores decidieron que su marco fuera una capilla propia, con preferencia destinada a conservar, ateniéndose al único rito vigente, los cuerpos exánimes de los que iban siendo parte de una misma familia. Su erección sería una obra distinta al origen legal de la fundación que haría uso privado de ella, aunque ambos trabajos fueran paralelos. Al menos obligaría a la compra del espacio que a tal fin se iba a destinar, así como al acondicionamiento del subsuelo, que para satisfacer aquel propósito debía acoger un hipogeo, según el estilo funerario clásico. Se puede suponer que la construcción se completaría con el mobiliario litúrgico necesario, incluidas aras y retablos. Por los documentos manejados se averigua además que todas tenían sus ornamentos y sus vasos consagrados a las celebraciones prescritas, necesarios para la representación de cada misterio.
Aunque hubo capellanías que alcanzaron este nivel, no era frecuente que dispusieran de capilla propia. Fueron más los fundadores que se resignaron a limitar la obra del patronato a la erección de un altar dentro del templo elegido, la modalidad inferior de la autonomía del lugar sagrado por iniciativa civil. A los que eran aún más modestos, tal vez con la pretensión de manifestar al menos sus creencias más íntimas, les bastó con designar como sede de la capellanía determinados altares ya existentes mantenidos por la fábrica del templo. Fueron elegidos, por ejemplo, uno dedicado a San Miguel, frágil alegoría de la integridad moral, o el del sagrario de una parroquia, emulación del debir salomónico, en la versión católica el lugar central del culto al Santísimo. Es probable sin embargo que las referencias a las advocaciones que han quedado registradas en la mayor parte de los documentos sean solo una porción de las múltiples que alentaron aquellos planes, tenidas en cuenta la dimensión de las posibilidades y las causas que podían justificarlas.
Había ofrecido Felipe II 25.000 escudos por la cabeza de Guillermo I, príncipe de Orange, el líder de los rebeldes holandeses, con quien disputaba la soberanía de los Países Bajos. El vizcaíno Jáuregui, alistado en los tercios a causa de su nación, valiente y abnegado, algo presuntuoso, se propuso adjudicárselos. Se batió en el campo contra decenas de enemigos, trepó sobre masas de carne indistinta, mezcla de agonizantes inarticulados y cadáveres que aún palpitaban; buscó entre las filas que combatía una gorguera con puntillas, fiado a un retrato en miniatura que circulaba entre la tropa. Arriesgó tanto que fue prendido. Sus captores, entre los documentos que llevaba, encontraron oraciones pidiendo la gracia divina para su yugulado, a cambio de la cual, obtenida del cielo la muerte del enemigo, prometía: una corona para la virgen de Aránzazu, otra más para la misma imagen, un manto y una lámpara para la de Bayona y un rico velo para determinado cristo, que su inspirado autor talló vivo para que fuera la discreción de sus devotos la que decidiera si era mejor adorarlo mientras aún alentaba, en cuyo caso podían respetarlo tal como de manos del cosario les llegara. Si los estimulara más transido y acabado, bastaría que le cerraran los ojos, hábilmente previstos, y añadieran a las heridas tumefactas, por su localización respetuosas con el texto sagrado, la cantidad de carmín que juzgaran oportuna.
Entre los documentos consultados, apareció una lista de las capellanías de esta clase fundadas en uno de los templos parroquiales de la población testada. Sumadas las que su autor copiaba de un registro a las que según él faltaban, alcanzamos un total de 66. Dado que estaba haciendo mención solo de las que correspondían a la parroquia principal, creímos que esta cifra al menos habría que duplicarla si queríamos estimar el total de las fundaciones de este tipo creadas en la misma población, porque tendría que incluir las que tuvieron su sede en las otras seis parroquias. Como además las notas que reunimos nos permitieron documentar el origen, características y evolución de 45 de ellas, concluimos que ambas pruebas eran una demostración suficiente del alto valor relativo que esta institución tuvo en las poblaciones rurales.
Parece que se difundieron como solución preferida sobre todo en el siglo décimo séptimo, aunque es necesario reconocer que fueron una solución satisfactoria, para determinados patrimonios, nada menos que entre 1479 y 1729, los primeros doscientos cincuenta años de existencia de la monarquía hispánica unitaria. Vivieron su mejor época entre 1581 y 1650, siete décadas durante las cuales fueron creadas casi la mitad de las que pudimos analizar. Teniendo en cuenta que la fuente que sobre este asunto nos informaba centró su atención en la segunda mitad del siglo décimo sexto, nos pareció probable que el valor relativo de la primera mitad del décimo séptimo, cincuenta de los setenta años dorados, estuviera por debajo del que efectivamente tuvo.
–Los estados biológicos que correspondían a la fundación de las capellanías autónomas eran diferentes, como más frecuente era el recurso a este instituto. De la mitad de sus promociones los dos tercios fueron obra de mujeres, aunque de la mitad de ellas también ignoramos en qué estado llegaron a tomar la decisión. Solo una se declaró casada, lo que en consecuencia otorga un alto significado al otro resto, todas felizmente viudas. Entre ellas, dos creyeron conveniente destacar que estuvieron casadas con regidores, los miembros de pleno derecho de las cámaras para el gobierno de las poblaciones. Aquella pudo ser la fuente de las rentas que permitieran el ahorro origen de la fundación.
“Un sexto de estas capellanías fue obra de matrimonios, que las habrían creado mancomunadamente; una consecuencia del régimen económico al que obligaba su unión, a su vez afectado por lo que habían decidido. Solo un hombre confesó que estaba casado y actuaba al margen del matrimonio.
–Pudo llegar la ocasión que su obra no solo descollara por ser extraordinaria, sino porque le fuera recriminada como un acto extraconyugal, condena que a los matrimonios sobreviene a causa de la inconsecuencia de los contrayentes bajo jurisdicción monogámica, que excluyen de sus cálculos el hecho verificado de la poligenesia espontánea que promueve el deseo, capaz para tomar armas en toda clase de montes y valles, páramos y frondas.
–Para esta situación civil la salida pudo ser en parte una consecuencia de que otras hubieran quedado bloqueadas. Una pareja pudo decir expresamente que actuaba así porque no había tenido hijos. Esta circunstancia, más la alta proporción de la iniciativa de las viudas para la otra parte de las fundaciones que ya hemos mencionado, obligan a reconocer que también para este tipo de fundaciones pudieron regir cálculos y decisiones similares a los de las memorias elementales.
“Pero por las características de su marco físico de origen, la principal diferencia de las capellanías autónomas procedía de la condición clerical de sus fundadores, que era dominante. La mitad de estas obras existieron gracias a la iniciativa de hombres, la mitad de los cuales a su vez declaraban algún grado de sacerdocio, siempre del siglo. Conocedores del régimen administrativo de estos institutos, que los podía reducir a la condición de beneficio, para sus familias llegaría a preferirlos el clero. Ninguno de los promotores sacerdotales estaba por debajo del presbiterado, categoría alcanzada cuando se había completado la formación eclesiástica romana, y los hubo beneficiados, canónigos y hasta arcedianos de fama. De aquellas condiciones probablemente lo decisivo para cada fundación fueron las rentas que a sus titulares les permitieron.
–Un presbítero pudo decidirse por esta protección para sus bienes después de administrar un hospital importante, radicado en la primera ciudad del suroeste.
–El promotor de otra capellanía, pionera entre las de esta clase superior, y que con el tiempo sería muy apreciada, habiendo muerto en la capital de la región, donde había ejercido el arcedianato, inerte fue llevado al lugar de su nacimiento para sepultarlo en su capilla, donde había habilitado una cripta para asegurarse el descanso no obstante indeseado. Volvió a su tierra en procesión, más bien romería, acompañado de clérigos y otra gente, a lomos de una mula porque era hombre de mucho peso.
–Del resto de los varones que optaran por esta fundación, porque realmente ignoramos su estado, solo podemos decir que pudo haber entre ellos algún jurado, representante solo con voz, en las cámaras de gobierno de las poblaciones, de quienes tenían limitada su actividad pública al deber de sufragio de los gastos que generaban sus municipios. No obstante, se puede admitir que entre varones pudieron aclimatarse mejor las iniciativas cuyo medio biológico sumara al de una familia el de su explotación agropecuaria habitual. Si una parte de las capellanías estuvo aconsejada por el fraude fiscal que permitía amparar, el cálculo original de la fundación tuvo que ser a un tiempo demográfico y económico.
El patronato se pudo combinar de diversas maneras con las demás instituciones inmovilizadoras, y por tanto ocupar en sus relaciones con ellas una posición variable, en ocasiones decisiva en otras a un margen. Era una pieza del orden de las capellanías de mayor rango, y podía ser también necesaria para regular otras iniciativas civiles acogidas a las mismas ideas religiosas. Es probable que fuera útil a la constitución de las cofradías y hermandades, puesto que también podían disponer de capilla o altar propio en los templos, e igualmente pudo adherirse al germen de hospitales o colegios, buscando asegurar a sus promotores la supervisión de cada uno.
Así como la inmovilización de bienes, siendo un recurso civil común, no siempre era mencionada por los documentos constitutivos de las instituciones que analizamos como lo más característico de ellas, o la declaración de un propósito piadoso; tampoco la referencia al patronato era en todos los casos antepuesta a los otros instrumentos con los que pudiera compartir responsabilidad en una parte de tales obras. Designaba anteponiéndose a los demás hallazgos civiles cuando se refería a una fundación del tipo que con forzada indefinición se llamaba obra pía. Una parte de los institutos de esta clase se justificaba solo por su finalidad litúrgica, en el marco de las católicas; la otra, coartada por el ejercicio de la caridad que avalaba la misma creencia, organizaba asistencias públicas de diverso tipo. Las que pudimos documentar fueron la recogida y atención de ilegítimos y la dotación de mujeres de ciertas familias que, habiendo quedado huérfanas, gracias a su mediación podían disponer de dote.
–Tampoco serían civilmente neutros los servicios que cualquiera de estas decisiones prestaran. Si la iniciativa familiar se empleaba en el control de la población nacida al margen de la ley, aunque su deseo fuera atenuar los riesgos de muerte de quienes entraban al mundo al margen del matrimonio, garantizaba su condición de ilegítimo, como se asegura la del delincuente recluyéndolo en la cárcel.
“El depósito o exposición del neonato, acto clandestino y anónimo, procedimiento que estos institutos tenían aceptado para recibir a los recién nacidos no deseados, bastaba para encubrir la consanguinidad. Por principio quedaban excluidos de cualquier linaje. Con el amparo de la ley, así quedaba regulada la extinción de ramas que podrían en el futuro competir con la legítima, y se conseguía neutralizar los efectos adversos que pudieran tener para los patrimonios de quienes se vieran afectados por esta circunstancia. La inmovilización de una parte del ahorro para atender a los fines de una fundación de esta clase sería una renuncia menor, frente al peligro que cada incremento sucesivo del número de descendientes sería para toda la fortuna familiar.
“Cuando el instituto para dotar estuviera reservado a las descendientes femeninas de ciertas familias actuaría como una válvula capaz para regular la presión que cada una deseara descargar sobre la fecundidad, divisor de las transmisiones de sus bienes, sabiendo que entonces toda la legal estaba vertida al matrimonio.
“En los patronatos para los que pudimos averiguar el plazo que habían prescrito para que las interesadas tomaran estado se estipulaban hasta veinticinco años, a contar desde el momento del nacimiento de cada una de ellas. Si aceptamos como umbral de acceso a la fecundidad los quince, tal como era regular, los patronatos dirigidos a este fin dispondrían de una reserva de la capacidad para tener hijos de diez años, que podrían emplear a discreción.
–Supongamos –argumentó Abel– que una rama de la descendencia que hubiera sido seleccionada para la procreación quedara cercenada por el fallecimiento de la encargada de perpetuarla. Se podría adelantar el acceso al matrimonio de una dotable concluyendo su espera para acceder a los ahorros que tenía asegurados, y de este modo aplicarla a la inmediata reparación del linaje. Al contrario, si la corriente de la descendencia estuviera colmada, la dotación podría demorarse hasta neutralizar diez años de fecundidad, valor máximo de su inversión pasiva a estéril. Incluso se podría derivar a celibato irreversible, o anulación íntegra de la fecundidad, dotando el acceso a un convento y no al matrimonio.
“Cuando un patronato para dotes no restringiera su alcance a una familia, las ondas de sus decisiones, en idénticos términos, alcanzarían a toda la población en la que estuviera establecido. Su utilidad sería reconocible cuando la presión sobre su crecimiento fuera la consecuencia de un exceso de nacimientos, o con mucha más probabilidad cuando las catástrofes que ocasionaba la muerte, provocadas por las brutales epidemias medievales y modernas, obligaran a invertir todas las reservas de fecundidad disponibles, bajo la amenaza de la extinción absoluta.
Nada de esto era declarado en los documentos originales, en los que parece que a los fundadores de los patronatos de cualquiera de las dos clases preocupaba, más que sus efectos diferidos, el control sobre la obra creada que pudiera competerles a consecuencia de su cruce con el canon católico. Por esta razón una parte de los promotores optaba por el llamado patronato de legos, que imponía la autonomía de las decisiones civiles en una iniciativa que se había justificado como piadosa, y en correlato el control sobre los bienes inmovilizados con este fin, a partir de la fundación encargados del suministro de las rentas que la mantuvieran activa.
Menos frecuentes que las fundaciones más populares, que eran las memorias y las capellanías del rango mayor, documentamos la creación de patronatos entre 1572 y 1620. Los dos fundados en 1572 no es seguro que fueran instituidos con la condición expresa de mantenerse bajo control civil, pero otros dos, creados en 1602 y 1620 respectivamente, sí decidieron declararse de la clase de legos.
–Por ser iniciativas singulares en cada población, no parece adecuado defender determinadas razones biológicas para explicar sus orígenes. Un presbítero, también tras haber dedicado una parte de su vida a la administración de un hospital de la capital de la región, fue el promotor de uno de los creados en 1572. El mismo, aquel mismo año, con otra parte de sus bienes había puesto las bases para el otro. Solo estas contingencias podrían servir para sospechar que tales fundaciones tuvieron orígenes similares al de las capellanías autónomas patrocinadas por el clero secular.
Así como de cada tipo de capellanía, según el estatuto de su fundación, se podía discutir si la iniciativa canónica tenía alguna posibilidad para prevalecer sobre la civil, de los conventos, para cada caso, se podía evaluar la responsabilidad eclesiástica en sus orígenes. Las pocas fundaciones conventuales de cada población siempre necesitaron la autorización de su obispo, la máxima autoridad de la provincia eclesiástica de occidente. Pero tampoco permanecieron canónicamente puras, y siempre en algún grado el patrimonio civil y sus rentas les fueron transferidos. En el medio rural la iniciativa fue con más frecuencia de una familia, que depositaba una parte de sus ahorros en la empresa, por lo que para su origen y gestión solían recurrir al patronato. Si se reservaba este derecho, en la práctica adquiría el de presentación de quien debía regir el cenobio, y por tanto dirigir la administración y el uso de los ingresos que los bienes adscritos generasen regularmente. El tercer elemento, la orden que hubiera aceptado participar en la inversión, para lo que aportaba sus reglas, se encargaría de la disciplina cotidiana de los recluidos de cualquier sexo. Incluso las órdenes religiosas que en sus orígenes abjuraron de la posesión de bienes temporales, de buen grado se prestaron a ser mediadoras, atraídas por la participación en las rentas que en este caso se generasen. No fue extraordinario que con este motivo compitieran entre sí, o que abandonaran ciertas iniciativas apostólicas, una vez hechos los primeros balances.
Las reglas de la orden que acogía la iniciativa, porque debían ser cumplidas indefinidamente, a consecuencia de la trascendencia espiritual que las creencias les concedían, además justificaban la inmovilización, y su raíz canónica la retracción fiscal o amortizadora. Por eso al origen de las fundaciones conventuales también pudo contribuir un cálculo económico similar al de la amortización corporativa, la exención de servicios, aunque ahora la presencia ostensible del interés familiar redujera el tamaño y por tanto el alcance de esta parte de las operaciones inmuebles.
–Decidirse por patrocinar conventos podía recomendarlo otra posibilidad, en modo alguno secundaria y sí concordante con iniciativas paralelas, también de interés para una misma familia promotora. Si se incluye en el análisis el alcance material que podía tener el crecimiento biológico de las que deseaban concentrar la inmovilización de su patrimonio, invertir en la creación de un convento podía ser una operación rentable por el ahorro que podía permitir a las siguientes generaciones.
“Cuando una familia había decidido instituir un vínculo o un mayorazgo, con el patrocinio simultáneo de un convento podía inducir la sucesión por la línea que hubiera elegido, porque las que pudieran tener origen en las otras ramas podían ser anuladas a discreción, y reducir el costo de la emancipación de los nuevos miembros a la dote o al capital que la fundación conventual hubiera tarifado. Comprometerse definitivamente con una orden religiosa, en el orden civil era equiparable al matrimonio, y por tanto tenía las mismas consecuencias que este para el reparto del patrimonio familiar.
–Para consolidar una parte de sus ahorros y a la vez limitar su crecimiento biológico, y además redundar en beneficio de las decisiones afectas a la casa a las que les reconocía más trascendencia, nada comparable a la fundación y mantenimiento de un hogar cuyo curso natural estaba reglado tanto como pudiera estarlo un harén, que solo admitía población masculina incapacitada o núlida.
–Si nos atenemos al criterio vegetativo, hemos de reconocer que los conventos prestaban dos servicios a la regulación del crecimiento de las familias. El primero, las garantías para la preservación del celibato de una parte de sus miembros. Como las jaulas de las aves de recreo, en cuyas manipulaciones los antiguos se deleitaban, eran artificios biológicos reglados por sus patronos para limitar el crecimiento de las familias que desviaban una parte de sus miembros a ellos, gracias a que también imponían el deber de la fluencia huera para anular potenciales líneas colaterales de transmisión de los bienes.
“El otro era el margen vital que proporcionaban a la existencia de las mismas líneas, distintas a la derivada de la preeminente. Para profesar en un convento los patronos podían imponer alguna condición del siglo, conveniente a los atributos ya adquiridos por sus familias; y a la vez, gracias a los ingresos que al fundar ellos mismos garantizaban, asegurar una existencia colmada por la abundancia para quienes alcanzaran aquel requisito. La vida en los conventos era cómoda para quienes fueran sus miembros de pleno derecho, los profesos, excelencia que no era incompatible con que las ramas bastardas de las familias asimismo pudieran encontrar acomodo en ellos. A través de la institución secundaria de los legos, que por su condición plebeya se encargaban del servicio del convento, señaladamente en el refectorio, se prolongaba la acción benefactora de todo aquel artificio.
–Teniendo en cuenta que la limitación del crecimiento de las familias inmovilizadoras por el lado masculino podía quedar a cargo del sacerdocio, mediante la fundación de una capellanía, el servicio que a este fin pudieran prestar los conventos era especialmente valioso en el caso de los femeninos.
Cuando de una mujer se decía, con toda la formalidad del documento, cuyo rigor legal era garantía de la disciplinada sumisión de todas las voluntades afectadas por el acto, que había decido apartarse de los tráfagos de este mundo, y vivir en castidad, pobreza y religión, ya había resistido, al menos en el convento de referencia, el año de prueba. A partir de entonces iniciaba su carrera de virgen bajo la condición de novicia de coro y velo negro.
En el mismo momento sus padres quedaban comprometidos a pagar a la institución primero los alimentos, ingreso al que obligaba la ley civil mientras la persona careciera de rentas propias. Tal situación podía prolongarse años, tantos como la novicia tardara en profesar. En concepto de alimentos cada uno se tarifaba en moneda corriente y la cantidad debida se complementaba con cierto volumen de trigo, una prueba más del alto valor cívico que entonces tenían los cereales; cuyos costos de transporte, así como el almacenamiento en las instalaciones conventuales, corrían también a cargo de los progenitores. El año se liquidaba por tercios adelantados a principios de cada cuatrimestre, a razón de una tarifa por mes la parte monetaria, mientras que el trigo (dos fanegas por persona en plena primera mitad del siglo décimo octavo) se apreciaba, por cada unidad de volumen, según un valor equivalente a los dos tercios de la fracción en moneda. Aportaciones tan modestas estaban destinadas al gasto corriente de la institución y a ella iban a consumirse. Se comprometían además a pagar el ajuar conventual, parte sustantiva del ingreso, tarifada en algunas decenas de ducados, las propinas y los otros gastos de la profesión. Por último, se obligaban a la dote de su hija, el gasto más importante; decisión por la que se le transfería del patrimonio familiar la cantidad que el convento tuviera estipulada. La de quienes profesaban en los conventos femeninos convertía en obligación precedente el disfrute de patrimonio por la familia que tomaba esta decisión sobre una de sus descendientes. El ingreso efectivo de la dote se postergaba a la ceremonia de paso llamada profesión, cuando la iniciada hacía sus votos definitivos; acto crucial en la vida de aquellas jóvenes, para las que representaba el fin de su minoría.
–La edad de acceso al noviciado no la precisaron los medios de los que dispusimos, tal vez porque fuera discrecional. Pero es muy probable que en todos los casos incluyera la pubertad, porque sí se sabe positivamente que los 16 años cumplidos, justo la edad tipo que marca el fin del primer climaterio, eran requisito para hacer la profesión.
“Si, una vez activo el convento femenino, difería la profesión de sus vestales, momento en el cual adquiría el derecho al ingreso de la dote comprometida, las posibilidades de las que podía disponer en su favor como regulador del crecimiento eran aún mayores. El gasto quedaba reducido a los alimentos, al tiempo que disponía de una valiosa reserva de fecundidad intacta. Así como limitar el crecimiento era satisfactorio en condiciones regulares, y por eso la profesión era irreversible, recuperar la fecundidad depositada y protegida por los muros del convento podía ser sumamente útil cuando la evolución de alguna de las ramas familiares dejara de ser satisfactoria, lo que era posible porque el noviciado no era un compromiso definitivo.
Las órdenes religiosas interesadas en la enseñanza no estaban menos complicadas con el destino que a su patrimonio daban las familias rurales. A través de algunas de aquellas también fueron patrocinadoras de colegios, una parte de los cuales subsistía anexa al noviciado de los conventos.
–Eran aptos para aportar más flexibilidad a los cálculos sucesorios más complicados.
“La formación escolástica era la parte sustantiva de la iniciación en los conventos masculinos, aunque su propósito práctico era capacitar a los futuros responsables de cada cenobio. Para cualquiera de los descendientes de género masculino de una familia potentada podía ser una satisfactoria dedicación durante la pubertad, tan prolongada después como la evolución de cada una de ellas fuera exigiendo. Cumplidos los plazos que marcaran las conveniencias, dos opciones quedarían a su disposición siempre, condenar al celibato a quien de ninguna manera se le consentía descendencia, para lo que bastaba dar por finalizado su periodo de formación y conducirlo a profesar; o emplear su capacidad reproductiva en la perpetuación del linaje, dando por finalizada su formación antes de que fuera comprometido por los votos definitivos, rescatándolo para la vida civil.
“En los colegios comunes los descendientes de las familias cómplices de la institución podían recibir su educación, de contenidos religiosos, sin por eso arriesgar su porvenir de manera irreversible.
Porque fue más frecuente que los colegios fueran instituciones más tardías que las monásticas, en algunos casos sus orígenes pudieron ser consecuencia de la inversión del ahorro acumulado por la propia orden. Así ocurrió con los colegios de la compañía de Jesús, cuyas casas solían recurrir a los fondos del instituto matriz para proceder a cada fundación local. Si los colegios eran mayores tanto pudieron ser obra de la iniciativa privada como de otras instituciones eclesiásticas a las que asimismo garantizaran su inversión recurriendo a tal régimen administrativo.
El hospital también era una fundación del tipo obra pía que solía estar regido por un patronato. Si en su denominación prevalecía el viejo deber gentilicio, representado como virtud, era porque la acogida y cuidado de enfermos sin renta se había ido convirtiendo en una necesidad durante la época moderna. De ahí que la solidez de estos institutos, muy extendidos, también fuera una consecuencia directa del tamaño de las poblaciones donde estuvieran radicados.
En la creación de los hospitales se observan iniciativas equiparables por origen a las monásticas, y por magnitud a las corporativas o a las capellanías de mayor rango. Solo porque sus propósitos eran específicos pueden parecer semejantes a los colegios, pero mientras que en estos la finalidad era formativa y declaradamente biológica, en los hospitales se trataba además de un proyecto de inspiración piadosa. Fueron familias de la aristocracia nobiliaria, que sostenían su patrimonio sobre potentes vinculaciones, o arzobispos, los mayores partícipes individuales en el diezmo, sus promotores más conocidos, aunque también hubiera inversiones con este fin de origen municipal, de menos importancia.
Como las otras instituciones hasta aquí analizadas, garantizaban sus ingresos inmovilizando el patrimonio inicial que les fuera adjudicado. La dimensión del proyecto, así como el costo de sus actividades, obligaban a importantes retenciones de rentas y bienes. Aunque cualquiera de los patrimonios promotores disponía de otros medios capaces para resolver sus planes materiales, nada impedía que los hospitales transitaran por funciones económicas distintas al fin directo.
Las corporaciones conocidas como cofradías y hermandades, cuya importancia relativa en la vida de las poblaciones modernas suele exagerarse, eran modestas sociedades de socorro mutuo, nutridas por la sociedad civil, apenas encubiertas por una justificación religiosa; en ocasiones dogmática en otras moral, a veces simplemente atraídas por el fausto de la liturgia.
Estuvieron activas las de ánimas y sacramentales, de las llamadas de pasión o de gloria, y en la población de referencia una que podría incluirse entre las instituciones del curato porque la corporación imponía a sus miembros la condición clerical, aunque hemos preferido mantenerla en el orden de las hermandades por su explícito propósito societario, replicante al de las corporaciones de beneficiados.
La frecuencia con la que cofradías y hermandades aparecen, bajo cualquier iniciativa devocional, indica que el ámbito dentro del que operaban se limitó al de la parroquia o al convento en cuyo templo tenían su sede. Su modesta aspiración religiosa apenas es capaz para ocultar una parsimoniosa coalición ciudadana. Pequeñas aportaciones de los consocios de generaciones sucesivas irían acumulando un ahorro discreto, mantenido con dificultades. Para el patrimonio del que disponían igualmente pretendían la protección que la ley reservaba a los bienes cuando los designaba inmóviles, la calificación que con el tiempo fue aplicada a todos los raíces. Como los de otras instituciones en las que se había infiltrado derecho canónico, en este caso a través de sus fines declarados, ganaban además la condición de amortizados, que les valía quedar a salvo de los deberes o servicios fiscales. Sus dimensión y alcance con seguridad nos ponen sobre la pista del orden inferior del sistema regular del ahorro inmovilizado en las poblaciones.
Orígenes de los pósitos
Publicado: enero 6, 2015 Archivado en: Redacción | Tags: crédito, rural Deja un comentarioRedacción
Lo que hacía más extraordinario el negocio financiero rural, durante la época y en la región –el antiguo reino o provincia que abarcaba el sudoeste de la parte española de la península– probablemente era que para el mismo fin convivían dos sistemas, uno que operaba con dinero y otro que utilizaba como instrumento el trigo. En el segundo los principales cedidos al menos estaban denominados en cereal. La obra humana que negociaba con este intermediario del valor se llamaba pósito, nombre quizás no demasiado feliz que aun así permite aislar un hecho. Actualizando la denominación, hay quien prefiere llamar depósitos a los pósitos.
La promoción de este tipo de instrumentos como medios de política económica debieron meditarla otras economías de la época. Con nombre distinto instituciones similares al pósito hispánico las hubo en Italia y Portugal. Un plan de la administración francesa, que se conoce con el pretencioso galicismo de granero de la abundancia, destinado a recoger en beneficio público el cereal que se recaudara a través de un impuesto en especie, iba en la misma dirección. Pero la persistencia de los pósitos hispánicos de promoción pública, sobre todo cuando actuaban como intermediarios para la financiación, los convirtió en un singular atributo de la agricultura peninsular, y en particular de la que se había naturalizado en el sudoeste. Es útil exponer cuanto sea posible de los que a mediados del siglo décimo octavo existían en las poblaciones de esta zona. Tratar con la información que proporcionan no solo permite completar el conocimiento de una de las vertientes más herméticas del sistema financiero antiguo. También habilita uno de los puntos de vista más adecuados a la observación de todas las empresas dedicadas al cultivo de los cereales a mediados del siglo décimo octavo.
Tanto la literatura como la legislación de la época, refiriéndose a los institutos dedicados al mismo fin, recurren a un vocabulario que nunca deja al descubierto que alguno de ellos pudiera ser prestamista, aunque basta su contradictoria mención para reconocer que a lo largo de los tiempos modernos hubo toda una gama de iniciativas interesadas por el crédito en especie; fueran o no la misma cosa, se superpusieran o cruzaran sus actividades. Una parte del trigo que concurriera a las alhóndigas, mercados públicos del grano, entraría en ellas con intención crediticia, y efectivamente conseguiría salir de su estancamiento cuando encontrara un comprador dispuesto a satisfacer por él intereses. Como el objetivo de los alfolíes era almacenar para garantizar la provisión de un lugar, dado que tal manera de proceder también terminaba invariablemente en la venta del bien retenido, es posible que fuera aceptada como una de sus formas de transferencia la que cediera solo el uso temporal del bien. Cambra era ya un arcaísmo que se utilizaba precisamente como sinónimo de cilla, el depósito del grano donde los recaudadores de los derechos cobrados en esta especie los acumulaban. No es imposible que hicieran uso con fines lucrativos del contingente que atesoraban, por el procedimiento del crédito, hasta tanto no fuera obligado su reparto o su aplicación al fin que estuviera predestinado.
Del medio institucional en el que actuaban estas iniciativas se sabe positivamente porque se ha informado, haciendo un uso generoso de la voz reservada para referirse a las fundaciones que no ocultaban su presencia en el mercado de los créditos, que existieron pósitos privados, unos de iniciativa señorial, otros dependientes de instituciones eclesiásticas, además de los organizados por los poderes públicos. Tal vez ha sido reductora esta manera de hablar porque asemeja la diversidad de hechos a un tipo. Aunque clasificarlos por la condición de su titular puede ser útil para obtener un balance estadístico del fenómeno, quizás tampoco sea lo más eficaz para explicar las variantes de las fundaciones a las que hacen referencia las fuentes. Pero permite recordar algo primordial, que durante la época moderna también esta rama de las instituciones civiles pudo mantenerse porque en buena medida se nutrió de la savia que le inyectaba el privilegio canónico. Aunque los fines prácticos a los que con este recurso aspiraban los fundadores probablemente estén por desvelar, parece que actuando así sobre todo deseaban evitar el drenaje impositivo. La exención de servicios de la que disfrutaba la iglesia romana, ampliamente recompensada por esta, hacía atractivos a la iniciativa privada sus medios legales. Sirviéndose de instituciones acogidas a la iglesia, que por justificarse por sus fines caritativos podían ser denominadas obras pías, una forma del comercio de los granos de las fundaciones pudo ser su venta a crédito. Es muy probable que aquí deba buscarse la raíz de los llamados pósitos piadosos, a los que en ocasiones también hacen referencia los relatos de los hechos crediticios modernos, todos los cuales entrarían en la categoría que se ha denominado privada. Como cuerpos prestamistas de grano a labradores amparados por el canon los textos también citan las arcas o casas de misericordia y otras fundaciones igualmente calificadas pías, forma de hablar que una parte de la historiografía ha mantenido para asimismo referirse a institutos de crédito equiparables a los pósitos de promoción pública. Su modalidad más definida es la que se reconoce en los que específicamente llamaban montes de piedad o montepíos de labradores, clasificación que por sus expresiones no quedaba lejos de la que se empleaba cuando se decidía que algunos pósitos públicos también debían conceptuarse montepíos. Bajo la misma cobertura moral, pudieron formarse fondos comunes entre interesados en la agricultura de los cereales para con ellos socorrer a quienes entre sus asociados los necesitaran, según práctica de erarios, las instituciones crediticias que ingresaban comprando a un precio y cediendo a otro mayor. Pudo ocurrir igualmente que la actividad de estos se expandiera en la dirección de los que más adelante comúnmente fueron conocidos como montes de piedad, tipo también citado por las fuentes, de modo que el fondo en grano dedicado a préstamos fuese entregado a cambio de bienes de uso ofrecidos como garantía.
Basta el repaso de los tipos representados por el vocabulario que ha sobrevivido para sospechar que el mundo del crédito en grano fue extenso y que de él, a través de los pósitos en sentido restringido o propio, solo una parte del crédito legal en especie a la agricultura de los cereales puede empezar a conocerse. Para el fin propuesto, no es obstáculo aceptar la denominación más general ni mantener la clasificación básica consolidada.
La frecuencia de estos institutos en las poblaciones de la península es más característica de la vertiente atlántica que de la mediterránea, y proporcionalmente más intensa cuanto más al sur. En toda el área noroccidental y banda cantábrica, abastecidas de grano por el tráfico litoral, no existían. Las poblaciones de la región suroeste acumularían en el mayor grado la acción combinada de las condiciones atlánticas y meridionales, lo que convertiría su espacio agrícola en el más propenso al pósito o negocio financiero con el cereal de los cereales. Los de iniciativa privada, en el momento en el que debe concentrarse la atención, eran muchos pero, por las estadísticas hasta ahora difundidas, se puede estimar que la relación que había entre los de promoción pública y los de instituciones piadosas era aproximadamente de dos pósitos públicos por cada uno de obra pía.
A los pósitos públicos más antiguos hasta ahora descritos también se les llamaba reales. La institución recuperó, probablemente en el siglo décimo sexto del humanismo, una parte de los fines de la antigua anona romana, una de sus fuentes. Regulada por Felipe II para que existiera y se mantuviera activa en los pueblos, primero se limitó a la intervención en el consumo y excluyó el préstamo, que solo toleraba cuando había excedente en los almacenes y el grano amenazaba con degradarse. Para actuar así, los pósitos ya se acogían, como era regular para el negocio del crédito moderno, a instituciones que lo enmascaraban. Posteriormente entraron en decadencia. Parece que sus recursos, durante aquel mismo reinado, cercado por las deudas, eran escasos y estaban administrados con poca integridad.
En 1693 los pósitos de la región estaban defraudados en cantidades importantes, tanto de cereal como de maravedíes, prestados a personas poderosas que no las habían reintegrado. Aprovechando que aquel año había sido de buena cosecha, a la administración le pareció el momento adecuado para que reembolsaran lo que debían. No prosperaría la iniciativa. De 1699 se sabe que importantes pósitos de la región se habían consumido, y de 1708 sigue habiendo noticias sobre pósitos fracasados, informes que todavía se reiteran en 1719. Es probable que fuera en torno a 1735 cuando la administración central decidiera orientarlos hacia la función crediticia, el objeto que reclama mayor atención en este lugar. Solo en caso de extrema necesidad podrían utilizar una parte de sus fondos para el abastecimiento.
Parece pues que para averiguar el origen de los pósitos lo más correcto sea indagarlo de acuerdo con el comportamiento del mercado de los cereales. Las violentas oscilaciones que conoce, al menos durante la época moderna, recomiendan hablar, más que del origen, de los orígenes de los pósitos, porque probablemente aparecen y desaparecen al ritmo que marca la inestable producción de cereales. En plena época moderna parecían naturalmente discontinuos. Según afirmaban los que con ellos convivían, unos años se hacía pósito y otros no. Para ensayar lo que al siglo décimo octavo se refiere, sin negar los rastros que permiten detectarlos en la legislación, puede valer la reconstrucción de un pósito, al que a partir de aquí se puede identificar como pósito de referencia.
Aunque no conste su refundación formal, a partir de 1735, en la administración local se habla del pósito como una entidad activa cuando se describe la reserva de grano del municipio. Se había constituido con el remanente del comprado el año anterior para hacer frente a la caída de la producción de cereales entonces sucedida, un origen circunstancial que había derivado del siguiente encadenamiento de los hechos. A fines de 1734 el municipio había comprado 3.000 fanegas de trigo para atender al consumo de la población durante el siguiente mes de noviembre, dando por supuesto que aquella cantidad equivalía a la demanda pública de cada mes. Se portó el tiempo de manera tan favorable que, a partir de entonces, empezó a bajar el precio del trigo. A primeros de marzo siguiente había descendido hasta 32 reales la fanega, cuando durante el verano anterior se había pagado a 42 y a 43 reales. Ante este comportamiento de los mercados, los panaderos prefirieron ir a abastecerse a la capital y el precio del pan empezó a bajar en correspondencia con el retroceso del precio del trigo.
Las autoridades públicas, en los días inmediatamente posteriores, hubieran podido vender el trigo que habían comprado, para limitar el alcance de la pérdida. Prefirieron no hacerlo. En abasto tan delicado y preciso –decían– no podían dejar de tener alguna prevención, por las contingencias y casualidades del tiempo; más aún durante la invernada, cuando quedaban incapaces para el tráfico caminos y mares. En sus cálculos, la quiebra que para la población iba a resultar la pagaría insensiblemente, a través de los arbitrios sobre el consumo que con este fin se habían concedido al municipio. Como a comienzos de marzo, por las lluvias, el tiempo resultaba favorable, decidió el concejo ayudar a algunos labradores con préstamos del trigo del que disponía, para que mantuvieran a los jornaleros y adelantaran en las labores de la sementera siguiente, previa autorización del consejo de Castilla. Los tomadores de los créditos se obligarían, con fiadores que no gozaran de privilegio, y por tanto pudieran ser requeridos ante la jurisdicción ordinaria, en caso necesario, a satisfacerlos en dinero al precio que con ellos se acordara a primeros de agosto siguiente. Todo hacía prever que la cosecha sería abundante y que los precios, en pleno verano, en consecuencia serían bajos.
Una decisión como esta hubiera sido un medio para hacer más asequibles los créditos en especie en lo sucesivo. Pero aquel ensayo no prosperó porque el municipio prefirió recuperar el crédito en moneda, para con ella liquidar la deuda acumulada por la compra de las 3.000 fanegas de trigo. En abril de 1737 todavía se juzgaba que la falta de pósito era causa de las necesidades, menoscabos y atrasos que experimentaban la mayoría de las labores. Meses después, en julio de aquel mismo 1737, la administración municipal todavía llegó a una conclusión alarmante. Si no había medios que ayudaran a emprender la sementera del otoño siguiente, sería imposible que fuera sembrada incluso la décima parte de lo sembrado el año precedente. Impulsados por tan inquietante estado, a fines de septiembre, un grupo de significados labradores de la población proyectó vender 1.000 fanegas de tierra pública, previa facultad que autorizara el arbitrio, con el propósito de invertir el ingreso que se obtuviera en la compra de trigo y cebada de la tierra con destino a la sementera inmediata, así como de granos ultramarinos para mantener a los sirvientes de las labores y la fabricación de pan. El objetivo final perseguido era alentar otro pósito, que se deseaba solo de trigo, cuya erección estable, en el plan trazado, quedaba fiado a la cosecha de 1738. Siendo buena, se podría organizar la institución, tras muchos años de inexistencia de aquel mediador financiero. A la cabeza de los labradores que al mismo tiempo manifestaban sus atrasos y necesidades, y la imposibilidad de hacer sus sementeras por falta de granos y medios, aparecía el colegio de la compañía de Jesús.
En noviembre, aunque los fondos aún no estaban disponibles, se habilitó el primer plazo para los préstamos del grano del nuevo banco, para que en cuanto llegaran fuera posible emprender los cultivos del año agrícola que empezaba. Hasta tal punto el proyecto alentado prosperaba. En los memoriales que los solicitantes de crédito presentaran tendrían que constar, además de la cantidad pedida por cada uno, la obligación que otorgaran de las fanegas que fueran a sembrar, los fiadores que los avalaban y las fincas que hipotecaban como garantía del préstamo, de las que tendrían que mostrar sus títulos de propiedad.
Las solicitudes llegaron a buen fin. A primeros de diciembre el proyecto despegó. El municipio ingresó 270.000 reales de vellón, importe de la venta de las 1.000 fanegas de tierra que había decidido. El efectivo se puso a disposición de labradores y pegujaleros, para que pudieran utilizarlo, de acuerdo con las solicitudes de préstamo que ya habían presentado, para reiniciar sus labores. El argumento de los promotores a favor de la preferencia por el préstamo en dinero, para que cada cual lo invirtiera en la compra de grano de la tierra, que se podía encontrar en el mercado local, fue lo avanzado de la estación. A los vecinos labradores fueron cedidos por este procedimiento hasta 188.950 reales, por completo invertidos en la sementera de 1737. El crédito en dinero sobre todo permitió a los que tenían grano de la tierra, no tenían ganado y acostumbraban sembrar por obradas y a jornal, es decir, contratando animales, medios de trabajo y a quienes los manejaban, a los que pagaban por día de trabajo, que eran una gran porción, acometer sus empresas. Una parte de la agricultura de los cereales, en aquel momento, había separado la inversión en capital energético de la capitalización corriente de las empresas productoras.
Otra parte del dinero ingresado con la venta se invirtió en la compra de grano en la capital de la región, en donde fueron adquiridas 1.923 fanegas de trigo ultramarino. Sus transporte y almacenamiento, que dedujeron una merma de 20 fanegas, sumados al costo del grano, ascendieron a 68.232 reales y 18 maravedíes. Las 1.903 fanegas netas de la operación, para cuyo almacenamiento el nuevo pósito hubo de usar como graneros los del peso de la harina, un monopolio detentado por el municipio como bien de sus propios, fueron asimismo prestadas con un almud de creces, un interés equivalente al 8,33 %. Más adelante, ya en 1738, con el fondo aún disponible se comprarían para aumento del pósito otras 3.536 fanegas y 11 almudes de trigo, por un total de 88.422 reales y 31 maravedíes. A todo el desembolso solo hubo que añadir el gasto ocasionado por la venta de las tierras y el de la gestión regular del nuevo pósito (obras en los graneros, apaleo del trigo, etc.). Así sería posible que en lo sucesivo siguiera activo el banco de grano en la población de referencia.
El rastro de la sangre
Publicado: diciembre 7, 2014 Archivado en: Carmelo Terrera | Tags: crédito, rural Deja un comentarioCarmelo Terrera, becario
El fundador de cada institución inmovilizadora creaba un régimen específico para su herencia, un asunto para el que se mostraba extraordinariamente previsor. Estaba justificada su actitud. Porque el deseo, o pasión derivada del uso discreto del sexo propio, estaba en el origen de tan torpes decisiones, habiendo dado por supuesto que los beneficiarios directos de la institución debían ser los miembros de la familia legal, se creía en el deber de garantizarle la conservación del dominio sobre el ahorro protegido, para el que ambicionaba desde el principio una existencia indefinida. La sorprendente minuciosidad de sus decisiones en parte se puede adjudicar a que cada uno actuaba a partir de la realidad biológica que tenía ante ellos. Descendientes y ascendientes eran unos determinados, y ellos, en cada caso, porque estaban vivos naturalmente le imponían unos límites. Llamados a disfrutar la fundación con sus bienes y sus rentas desde un linaje, manando en exclusiva de la voluntad del fundador, admitida no obstante como fundamento legítimo, aunque pueda parecer abusivo y escasamente civilizado, el resultado más trascendente, para el punto de vista que se adopta en este texto, era que con tales decisiones quedaba cerrada una tupida red para la circulación de la parte consolidada del ahorro, para este efecto inmovilizada.
Los fundadores se mostraban especialmente preocupados por la designación del primer heredero. Se imponía la línea recta de descenso cuando quienes tenían la iniciativa habían tenido la fortuna de que sobreviviera. Bajo las condiciones biológicas regulares, eran los hijos del primer beneficiario, y los hijos de sus hijos, y así sucesivamente, quienes debían conservar y transmitir la obra que recibirían. Así los vínculos, para los que lo normal era que uno de los hijos fuera el seleccionado y a él quedara sujeto automáticamente. Solía ser hombre, pero también podía ser una mujer la elegida en primer lugar. En la memoria que se embridaba con un vínculo también el envío directo a la siguiente generación solía ser inmediato. Aunque excepcionalmente había quien se investía primer capellán a sí mismo, en una tercera parte de los casos los elegidos para primeros capellanes, cuando se trataba de las capellanías más autónomas, también eran hijos de los fundadores.
Para inducir cuanto les fuera posible la transferencia en la dirección decidida, los fundadores añadían una serie de condiciones a la descripción de la línea elegida. Las comunes eran la preferencia del mayor, en caso de que hubiera más de un hijo aspirante, y del varón a la hembra. Como a los agraciados sucederían sus hijos, y a estos los suyos, y así en lo sucesivo, para cada transmisión igualmente sería preferible, a idéntico grado, el mayor al menor y el varón a la hembra, y en algún caso se añadía otra condición, que antecediera el legítimo al ilegítimo. Tales designaciones a los fundadores les parecían suficientes para aislar al agraciado.
Había instituciones que por su naturaleza no podían atenerse al rigor de las líneas directas, como los patronatos creados para conceder dotes a parientas, que tenían que prever el orden sucesorio para su disfrute sometiéndose al objeto de la fundación. En su lugar dictaban otras condiciones, no menos biológicas pero más abiertas. Fueran las parientas del promotor a contraer matrimonio o a profesar como religiosas, habiendo demostrado determinado grado o pertenencia a una línea más o menos próxima al fundador, las agraciadas por la elección debían cumplir con la condición de ser solteras y comprometerse a tomar estado. Más aún. Si, cumplidos los veinticinco años, estuvieran enfermas o lisiadas, o no se hubieran decidido por la dirección del cambio que podía reorientar cada vida, les asistía el derecho a disfrutar de la dote. Entre el momento de una fundación de esta clase y 1598 cuatro mujeres, en documentos distintos, afirmaron haber recibido para casarse una dote de un patronato, previa demostración de su parentesco. Más allá de las condiciones generales, sería preferida, en igual grado, la que fuera elegida por los patronos.
Pero para salir al paso de las adversidades que de partida pudieran atravesarse contra las primeras previsiones, al crear cada instituto los fundadores a continuación se demoraban en el relato de una larga serie de líneas alternativas a la directa, realmente existentes en el momento inicial, por orden de prelación. Al faltar la descendencia directa, primero las opciones se abrían moderadamente hacia las líneas colaterales preferentes de los parientes en segundo grado. Así, el hombre que había recibido de su padre unas tierras con la condición de que no fueran divididas, y que con su parte decidiera fundar un vínculo, como compartiría con su hermano el patrimonio lo llamaría a la primera sucesión en el instituto que había creado. También hubo casos en los que hermanos del fundador fueron designados primeros capellanes.
El recurso que agotaba las previsiones ante estas primeras adversidades habitualmente era la línea colateral preferente de los parientes en tercer grado. Para que en su caso disfrutaran vínculos fueron elegidos sobrinos. Así, por ejemplo, eran llamados a la sucesión de un vínculo, tras la línea directa, un sobrino del fundador, la hermana de este, otra hermana, otro sobrino, el hijo de otro sobrino, este sobrino, otro sobrino más, los hijos de otra sobrina y los hijos de una sobrina más, todos de la rama materna del fundador; tras los cuales, si aun así llegara el caso que las nueve posibilidades se agotaran, todavía sería posible, según dejaba mandado el promotor, recurrir a la rama paterna. Pero, sobre todo, en una tercera parte de las fundaciones de capellanías autónomas los designados para primer capellán finalmente fueron parientes de esta clase. Sobre ellos recaía la elección, como algunos casos permiten deducir, cuando la aspiración a la supervivencia de los hijos propios no había sido satisfecha por el destino.
Excepcionalmente, había entusiastas cuyas previsiones pretendían aspirar a metas más alejadas, pero igualmente delimitadas por el canon de la familia y atenidas a las condiciones biológicas. Querían actuar como promotores de la regeneración de una familia en trance de extinción, aportando una parte de su patrimonio al origen de un nuevo linaje. Una viuda, porque no tenía hijos, designaría como primera titular de un vínculo a una sobrina, con la condición de que no entrara en la posesión de los bienes mientras no se casara. Tampoco en esta situación límite los fundadores podían sustraerse por completo a la fuerza de la sangre, que nunca dejaba de presionar, en ocasiones hasta llevar al límite de la supervivencia la capacidad de resistir que tuvieran las membranas familiares.
Pero todavía, para el caso de que todas las posibilidades precedentes quedaran bloqueadas por la evolución biológica, se elegían otras salidas, aún dentro de la familia. Así persistía el rastro de la sangre, la línea por la que se orienta la voracidad de las fieras.
La identificación precisa de las líneas sustitutivas podía ser tan especiosa como la pasión calculadora obsesionara al fundador, hasta agotar la paciencia de cualquier lector, presente o futuro. Las relaciones más dilatadas correspondían naturalmente con las familias que mantuvieran mayor número de miembros vivos, de cualesquiera líneas o grados, en el momento de redactar el documento del origen. Tendrían que hacer el trabajo de reemplazar las líneas agotadas y poner a salvo el objeto primordial del instituto, mantenerse inalterado generación tras generación. Pero ninguna podía llegar más allá, tampoco en este caso, de la realidad viva de los parientes, y ninguna de ellas tuvo nunca más relevancia que la circunstancial.
Hay que reconocer, no obstante, que aunque en los textos las previsiones para la transmisión del papel protagonista eran similares a las descritas, ahora el enunciado de las sucesivas líneas solía ser más breve. Alcanzaban como máximo hasta la cuarta línea, incluso si se acepta que fueran señalados como sucesores, en última posición, los descendientes de una mujer que la fundadora hubiera criado en su casa, lo que equivaldría a recurrir a la adopción de hecho, o admitiendo el parentesco de un hombre designado cuya relación con una fundadora no consta.
Podía ser útil a un caso decidirse a favor de la línea colateral ordinaria, y designar para primeros titulares a primos. Para que disfrutaran de vínculos fueron designados los hijos de un pariente, y para que cumplieran por primera vez con las obligaciones de las capellanías fueron seleccionados consanguíneos con los que se tenía una relación indefinida. Habiendo sido el promotor un matrimonio, prescribió que serían preferibles para ser el origen personal de una obra, si fallaran todas las previsiones específicas, los descendientes del fundador a los de la fundadora. Pero igualmente pudo servir la línea de mujer, aunque es cierto que se trataba de una solución excepcional, puesto que por consanguinidad podían actuar como titulares y nexos de los derechos de una fundación de esta clase.
Llegados a esta situación extrema, estaba más justificado que se deseara contribuir a la creación de una familia nueva al fundar los institutos inmovilizadores. Hubo una mujer, acomodada en el estado de viuda, que pudo excluir expresamente a los presbíteros de la sucesión primera de una memoria con vínculo, incluso tratándose de una fundación piadosa cuya función inmediata era litúrgica católica; porque quiso que quienes disfrutaran su creación fueran aptos para casarse, lo que en rigor, tratándose de la formalidad de una escritura, obliga a pensar en condiciones legales, antes que en atributos físicos, de mucha menor relevancia para el buen fin tanto de las capellanías como de los matrimonios. Si el designado por ella en primer lugar se ordenara sacerdote tendría que ser sustituido por su hermano, tal como ocurría con la primitiva institución del levirato, porque al mismo tiempo se trataría de transmitir al margen del clero, relegado en estas circunstancias, previo contrato, a su exclusiva dedicación a los misterios.
Pudo ser un criterio para elegir a quien empezara a disfrutar capellanías algo tan genérico como la varonía de los parientes, y se puede demostrar además que eran primeros capellanes presbíteros, fueran de la familia o no, simplemente porque esta condición los facultaba para servir el instituto y al mismo tiempo se habían cerrado otras vías. Un matrimonio dejó constancia de que con este fin se había decidido por el cura de una parroquia porque sus cinco hijos murieron pequeños. Si el más aciago de los azares llegara a permitir que se extinguieran todas las líneas previstas, podría aspirar a la sucesión quien demostrara ser el pariente más cercano al fundador.
Pero todavía los redactores de los planes, porque aspiraban a prever más allá del horizonte, se esforzaban por generalizar todo lo posible. Como en el caso de las líneas preferentes, para inducir por último cuanto fuera posible la transferencia familiar, una vez más los fundadores prescribían una serie de condiciones a la descripción de las líneas elegidas. Todas eran también inequívocamente biológicas o servidas por la naturaleza; animales se podría decir, si se permite el abuso del lenguaje en el que ya se ha incurrido, únicamente justificado por nuestro deseo de evocar. A cada una de las vías alternativas de sucesión también se aplicarían la preferencia del mayor, en caso de que hubiera más de un hermano aspirante, y del varón a la hembra, idénticas condiciones que a la primera, y a los agraciados sucederían sus hijos, y a estos los suyos, y así en lo sucesivo, e igualmente entre ellos sería preferible, a idéntico grado, el mayor al menor y el varón a la hembra, e incluso se precisaba que antecediera el legítimo al ilegítimo. Excepcionalmente, un fundador pudo imponer alguna condición más, como que quien poseyera el vínculo no se casara con persona de mala raza, en alusión a descendientes de etnias, segregadas y aun así endémicas, que pudieran invalidar las decisiones legales.
Para la selección del pariente agraciado, el último recurso de las previsiones sobre las líneas sucesorias a las cuales podía corresponder una capellanía, se arbitraban condiciones que no siempre se combinaban del mismo modo. Para unos, si hubiera dos con idéntico grado, además del mayor al menor y del varón a la hembra, sería preferible el más pobre, y si uno fuera presbítero y otro no, el que estuviera por ordenar. Y los había que combinaban piezas dispares a discreción, como el que más supiera, fuera más pobre y estuviera por ordenar, probablemente convencidos de que una coincidencia automáticamente singular evitaría cualquier controversia sobre el derecho.
Las cláusulas que regulaban el acceso a cada capellanía podían asimismo ser extremadamente previsoras cuando se trataba de asegurar el servicio a la fundación. Desde el momento que recibía el derecho, el titular estaba obligado a mantener en buen estado el cáliz, los ornamentos y los demás enseres de la capilla, pero también se extendían en condiciones para la preservación del buen nombre de la familia, resultado inmediato de otra variante biológica, el yugo que el celibato cargaba sobre los capellanes presbíteros. Si un capellán era notado de concubinato o cualquier pecado detestable, circunloquio de los documentos que apenas alcanza a ocultar la sodomía, se le requería por dos veces ante notario en nombre de los patronos. Si no renunciaba a sus costumbres, era separado de la capellanía, a continuación transferida a quien fuera idóneo. Sobre cuáles fueran las condiciones de idoneidad, tratándose del uso del miembro denotativo del cuerpo masculino, los autores de los documentos de fundación prefirieron guardar silencio.
El llamamiento a los sucesivos beneficiarios de los patronatos fundados para conceder dotes, cuando se referían a las últimas beneficiarias posibles, admitía que podía ser una mujer que no fuera deuda del fundador y, extinguido este linaje, una doncella nacida en determinada parroquia.
Como se daba por supuesto que los beneficiarios directos de la institución serían consanguíneos, parece que además era obligado combatir la desviación legal cuando este principio fuera defraudado. Un matrimonio que hubiera fundado un vínculo podía designar sus herederos a un hombre y sus hijos, quienes, sin serlo, debían decir que eran sus deudos. Luego pudieron ser excluidos porque no tenían con ellos parentesco alguno, y así habría que hacerlo constar en el documento de origen. La expresión que eligen las fuentes para relatar este tipo de casos no resuelve definitivamente si el fraude de ley provenía del abuso del instituto o de la mentira.
* * *
De manera similar se actuaba con el patronazgo de los patronatos, mecanismo anexo para la supervisión externa de buena parte de las fundaciones inmovilizadoras, responsable de la gestión de los bienes garantes del ahorro. Era una institución autónoma, pero no menos consanguínea.
Para ser los primeros responsables de cumplir con esta obligación, era raro que fuera designado solo un patrono, porque, como los desequilibrados, podría actuar sin control, y tampoco era frecuente que el patronato quedara constituido con tres personas distintas, aunque esta fórmula facilitara las decisiones que podían quedar protegidas por el misterio. Se prefirió, sobre todo, la clásica dualidad de las magistraturas, apta para una gestión práctica y equilibrada.
Pero las decisiones que se tomaron sobre quienes debían ser los primeros en desempeñar ese papel indican que este cuerpo anexo a las instituciones, cuyas propiedades son ahora el objeto de esta breve recapitulación, también estuvo lejos de ser en su origen un comité independiente. El gobierno de las células primitivas de supervisión de las fundaciones que optaron por este procedimiento de garantía igualmente se solía reservar a una familia. La opción que esta prefería para designar a los primeros patronos, con mucha diferencia –casi dos de cada tres casos– fue la autocrática, aunque los coaligados sobre esta base formaban grupos de gestión de tamaños irregulares. El gobierno de los propios fundadores en solitario fue la primera opción. Puesto a elegir un supervisor, al promotor nadie le parecería tan de fiar como él mismo. Su responsabilidad directa sobre el origen de los ahorros desviados al buen recaudo, el fruto más preciado de sus esfuerzos, lo justificaría. En el acto original de las capellanías, la obra que con más frecuencia se completaba con la designación de esta clase de supervisores, los promotores mismos se autonombraban como primeros patronos exclusivos en buen número de casos. Así como era raro que alguien se designara a sí mismo capellán, porque podía obligarlo a decisiones vitales no del todo deseadas, no lo era que se designara patrono de la capellanía que fundara.
Los promotores de las capellanías, para constituir los primeros patronatos que las gobernarían, también formaron colegios con sus descendientes. Muchos forzaron la colaboración de sus hijos, de modo que la familia nuclear por línea de varón fue bastante para crear este primer gobierno de la institución por la que se habían decidido. En otros casos, con toda probabilidad a consecuencia de la falta de la otra vía directa, la solución autocrática se encontró uniéndose los promotores a los ascendientes. Así, en unos se pudieron constituir como patronos los fundadores que podían contar con la colaboración de su madre. Con menos frecuencia, esta línea solucionó por completo la necesidad, por lo que los únicos patronos fueron los padres, aún supervivientes. De todas estas decisiones, que a un tiempo satisfacían los acuerdos y la capacidad para tomarlos, podría decirse que pretendían, sin mencionarlo, asemejarse al patronato de legos.
Otra posibilidad que las familias explotaron, cuando desearon reservarse algún control sobre la administración de la capellanía gobernada por un patronato, fue nombrar como primer patrono al que ya había sido designado el primero de los capellanes. Simplificaba el orden de la obra, a la vez que eludía cualquier medio de control externo, así de la gestión y uso de los bienes como de la satisfacción del cargo.
Las demás decisiones para satisfacer el mismo fin, al menos formalmente, prefirieron situarse en una posición opuesta, y tomaron la mayor distancia de la familia para aparentar la mayor independencia. Cualquiera de los patronatos de legos en sentido propio, en la designación de los primeros supervisores o patronos, era tan exigente al menos como en la convocatoria de los acreedores al instituto que regían. Optaban por conceder el primer poder a cargos institucionales.
En cuanto a los patronatos que no es seguro que fueran instituidos con la condición expresa de mantenerse bajo el control de la familia promotora, de la administración de uno de los creados en 1572, que probablemente llegó a convertirse en uno de los que tuvo más medios, desde el principio fue responsable la fábrica de una parroquia. El otro creado por el mismo presbítero también en 1572 asimismo estaba muy intervenido por las instituciones eclesiásticas ordinarias.
Para adquirir la condición de patrono, ya para la segunda generación, los fundadores que se decidían por este procedimiento de supervisión preferían la vía a un tiempo civil y familiar. En el siglo décimo séptimo, una mujer hizo valer su aspiración al control de un patronato creado en el siglo anterior porque era bisnieta de alguien que había sido patrono y tercera nieta de un hermano del padre del fundador. En la designación de los sucesivos patronos de las capellanías se actuaba igual que para la designación del capellán. Habiendo elegido al primero, los fundadores aún debían describir la correspondiente secuencia de líneas y generaciones, inducida como siempre por reglas que se proponían la conservación del instituto bajo el dominio familiar. También en este caso las secuencias se acortaban. Cuando se había decidido reservar a la familia el patronato de las capellanías, el último eslabón era asimismo el pariente más cercano. La responsabilidad financiera adquirida a causa de una designación podía ser el origen de cláusulas en modo alguno irrelevantes para el objetivo que nos hemos propuesto. En un caso se prescribió que cualquier patrono, si deseaba tener la responsabilidad que sobre él había recaído, debía dar fianza de dos mil ducados, a satisfacción de la justicia.
* * *
El deseo de sujeción de las instituciones inmovilizadoras a las familias estaba subordinado a la verificación de las existencias. Así como los actos vitales básicos decidían sobre la oportunidad de los medios institucionales adecuados para proteger el ahorro, la satisfacción de los proyectos concebidos para las fundaciones al servicio de este deseo dependía de cómo respondiera la salud de sus miembros. Una falta de cálculo sobre las leyes de la supervivencia podía tener la fatal consecuencia de que el instituto escapara al control inmediatamente deseado, una vez desaparecida la generación generatriz.
Pero la rigidez legal, que hacía inamovibles las últimas voluntades, obligaba a aspirar a lo imposible. En un instante supremo, el del principio de cada instituto, había que hacer íntegro un cálculo para todo el futuro por imposición del testamento, que la muerte sacralizaba intangible. Habiendo optado por determinado grupo humano, se trataba de prever su evolución; en la medida que el conocimiento del futuro lo permitiera, un asunto para el que la entidad que se deposita en la conciencia bajo la denominación de porvenir suele mostrarse celosamente hermética, absurdamente imprevisible.
No obstante, porque el propósito de los fundadores de estas instituciones fue en todos los casos que resistieran el paso del tiempo, en su afán por ser eternos todavía se esforzaron en dictar reglas sucesorias para la posibilidad más remota, el mundo desconocido y ni siquiera previsible, que ni aun así se negaron y al que sin embargo creían alcanzar con su imaginación. Aceptaron el reto concibiendo soluciones que deseaban resolver en términos universales y definitivos cualquier contingencia. Lo más sorprendente es que para la supervivencia de sus obras tales previsiones sobre quiénes tendrían que ser los herederos desconocidos efectivamente resultaron las verdaderamente decisivas.
Aunque las últimas previsiones sucesorias aspiraran a cortar el paso a las adversidades naturales, no había muchas más posibilidades que proceder de la manera más genérica. Si desaparecieran todas las líneas y personas proyectadas sobre el futuro, invariablemente las fundaciones tendrían que ir a parar en otra institución que designaban precisamente, bajo la convicción de que las instituciones, cuyas existencias se pronosticaban indefinidas, eran más duraderas que los hombres. La institución final, paradójicamente la más concreta de todos los llamados existentes, era la única que tenía alguna posibilidad de mantenerse indefinidamente en el tiempo, como pretendía el fundador. El transcurso de los años actuaba a favor de ellas. El llamamiento último a la sucesión redundó en su beneficio.
Si los vínculos, por ejemplo, habían sido fundados con preferencia en la segunda mitad del siglo décimo sexto, a la vuelta de doscientos años el número de los que tuvieron que parar en estas instituciones necesariamente habría aumentado en razón directa a los riesgos de muerte, dado que la revolución que acabaría con ellas aún no había sucedido. Cierto que el vínculo era una obra estrictamente civil, para cuya perpetuación en absoluto no era necesario el concurso del derecho canónico. Sin embargo, ya el azar de las sucesiones podía llevar a manos de un clérigo de cualquier clase los derechos correspondientes, razón de más para que no solo las combinaciones imprevisibles llevaran a aquella salida. Era regular que los fundadores de esta clase de institutos indicaran expresamente como sucesores extremos y todavía veraces las fábricas de las parroquias donde vivieran. Con la decisión a favor de esta institución eclesiástica podía resultar defraudado el propósito inmediato del creador del vínculo, mantener indefinidamente bajo el dominio de una familia un lote de bienes. El otro, que su ahorro permaneciera inalterado, no, aunque su beneficiario terminara siendo una institución de la clase de las eclesiásticas, que podía pugnar por un poder que una familia había deseado reservarse.
Un convento femenino y, con insistencia, también las fábricas de las parroquias donde los fundadores elegían enterrarse fueron designados para que se hicieran cargo de memorias con vínculo cuando faltaran todos los descendientes familiares. Si llegara el caso que una de las parroquias se alzara con el patrimonio inmovilizado, al que estaba anexa su carga litúrgica, esta, por voluntad de un promotor, había de modificarse. Frente a la misa anual del principio, cuando la fábrica fuera la responsable de todo, si su deseo era mantenerla en su poder, tendría que satisfacer cada mes diez misas rezadas por el alma de aquel varón, presbítero durante su vida activa.
También a una parte de los promotores de capellanías, aun habiendo previsto con detalle las posibilidades sucesorias, los tranquilizaba añadir el perfil del candidato institucional extremo, en cuyas características comunes igualmente solían coincidir; una consecuencia previsible de las culturas, fenómeno estable habilitado por la circulación de la parte gregaria del pensamiento, en ocasiones tan degenerado que alcanzaba hasta el grado de la estupidez, forma de enajenación que ignora la capacidad individual para concebir ideas, sea de acuerdo con intereses, con deseos, con atracciones espontáneas, con cálculos indefendibles, con aspiraciones a las peores pasiones. Si faltara toda clase de parientes, el capellán habría de elegirse entre un clérigo de la población de buenas vida y costumbres, el más pobre bien de la parroquia bien de toda la vecindad. Otros preferían al cura más antiguo de la misma demarcación eclesiástica, cálculo que se beneficiaba de las escasas posibilidades de la longevidad. El más independiente de nuestros fundadores optó por el sacerdote más docto y más virtuoso que se encontrara entre todo el vecindario, para cuya verificación los aspirantes debían ser examinados por la autoridad episcopal, lo que le proporcionaba una excelente oportunidad para su intromisión en estos institutos. No está claro que se tratara de un sarcasmo que se hubiera de llevar a un callejón sin salida la pretendida solución final. Quien actuó de este modo todavía añadió una excepción igualmente manchada de sangre. Si, una vez atribuida la capellanía al clérigo que cumpliera con tan excelentes condiciones, apareciera algún pariente, la adjudicación debía respetársele al hombre singular hasta que muriera, momento a partir del cual el curso de las sucesiones debía retornar a su origen familiar. Pero cualquiera de las soluciones beneficiaba a la jurisdicción eclesiástica ordinaria, que por último se alzaría con el ahorro familiar.
Los fundadores de patronatos, como último recurso, apelaban al regidor más antiguo del municipio, y expresamente eran excluidos los eclesiásticos, a excepción de los iniciales. Pero los dos patronatos de legos que primero designaron como patronos cargos institucionales señalaron un clérigo: un presbítero, cura de una parroquia, y el guardián de un convento franciscano. El patronato que no se declaró de legos directamente se puso bajo la administración de una fábrica parroquial.
Para evitar una agotadora periestasis, muchas capellanías –unas dos terceras partes– desde el principio optaban por designar patronos institucionales, de modo que para estas ya era innecesario hacer más previsiones sucesorias. Pero para las que hubieran optado por otra clase de responsable también el último eslabón solía ser un cargo institucional, con lo que se concluía en la fórmula más utilizada. Solo en un caso se evitó terminar en este principio. De todos los cargos institucionales, el designado como más frecuencia, para que estuviera presente en cualquiera de las combinaciones para formar el patronato de las capellanías, fue el mayordomo de la fábrica de la parroquia elegida como sede. Casi un tercio de las nominaciones se hicieron en su favor. Una posición relativa muy próxima correspondía al prior de un convento masculino y, a continuación, al guardián de otro. Las demás designaciones institucionales eran poco frecuentes. Las había que se decantaban por las combinaciones eclesiásticas puras, incluyendo cargos como un cura de la parroquia, el vicario, que era la autoridad eclesiástica de la comarca episcopal, y el abad, cabeza de la corporación exclusiva de los beneficiados parroquiales. En ocasiones otros prefirieron contar para el restringido colegio con alguna autoridad civil, como un alcalde ordinario o, en 1529, cuando la institución aún conservaba algo de su fuerza, el jurado más antiguo de la población.
También cuando el patronato de las capellanías era familiar los elegidos para el último eslabón de la cadena sucesoria solían ser los que ya conocemos, incluso con una frecuencia similar: el mayordomo de la fábrica donde se fundaba, el prior de un convento masculino, un cura de la parroquia o uno de sus beneficiados, con preferencia el más antiguo. La única novedad era que en ocasiones aparecía, en aquella posición definitiva, otra institución, una hermandad o cofradía. Eran designados expresamente como últimos patronos posibles el prioste de una bajo la advocación de la Santa Veracruz, en un caso, y el prioste y alcaldes de la cofradía de Santa Bárbara, una asociación sacerdotal, en otro.
En resumen, las instituciones civiles eran elegidas con poca frecuencia. Solo son mencionados un alcalde ordinario, el regidor decano del municipio o el jurado más antiguo de la población. La partida la tenían ganada las eclesiásticas, tal vez porque sus fundadores legales se habían encargado de darles apariencia de eternidad. Entre las del clero regular, prior y guardián de los conventos de las órdenes mendicantes, porque eran responsables de sus respectivos cenobios, fueron designados en bastantes ocasiones, y un convento femenino. Un par de veces, haciendo responsables expresamente a sus respectivos priostes y alcaldes, fueron elegidas hermandades o cofradías. Los cargos propios del clero regular fueron designados en más ocasiones, sobre todo presbíteros que ejercieran como curas de una parroquia. Expresamente fueron llamados clérigos de la población que cumplían determinadas condiciones o el cura más antiguo de la misma demarcación eclesiástica. También fueron designados beneficiados, el vicario y el abad del colegio beneficial de toda la población; lo que no fue incompatible con que a veces expresamente fueran excluidos los eclesiásticos. Pero sobre todo fueron depositarias últimas de las instituciones inmovilizadoras las fábricas parroquiales, bien de la parroquia donde viviera el fundador bien de la que hubiera elegido para enterrarse. En un buen número de casos, se hacía responsable explícito de la obligación al mayordomo de la fábrica.
Por deseo de los promotores, la dependencia del tamaño de la familia viva en el momento de la institución, incluso extendiendo los grados de parentesco, era enorme y por tanto muy arriesgada. Porque el orden creado por los fundadores, aunque pretendiera atravesar el tiempo, era naturalmente plano, no podía desprenderse de su condición de presente. Era fácil que todas las previsiones fueran inútiles, que todas las líneas anticipadas quedaran interrumpidas.
Una familia de pocos hermanos y escasos descendientes tenía muy limitadas las posibilidades de mantener bajo su control los bienes inmovilizados a la vuelta de pocas generaciones. El riesgo de extinción de cualquier descendencia era muy alto, a consecuencia de los obstáculos que interponía la alta mortalidad que regía el crecimiento de estas poblaciones. La muerte regularmente se cobraba la vida de uno de cada cuatro nacidos antes de que hubiera cumplido un año, de otro antes de los cinco. En consecuencia, la mitad de las familias que hubieran optado por la línea descendente, con el objetivo de inmovilizar bajo su dominio sus ahorros, quedaba expuesta al riesgo de ver defraudados sus propósitos por causas naturales insuperables. Bastaba con que un matrimonio que hubiera recibido el patrimonio inmovilizado no consiguiera que le sobrevivieran hijos para que tales bienes corrieran el riesgo de caer en un limbo. Dado que a todos alcanzaban las cortas posibilidades de supervivencia, la perspectiva de falta de herederos por extinción de la familia podía verificarse mucho más por la línea de los ascendientes, llamados a la sucesión en el disfrute de los bienes cuando faltaban los hijos.
No es necesario demorarse en demasiados cálculos para admitir que las instituciones eclesiásticas, pacientes espectadoras de los cortejos que se dolían por el final de las vidas, oficiantes en las exequias cuando se las solicitaba, contaban con las posibilidades más favorables para acumular el ahorro blindado. En el transcurso de cinco siglos, los que suman los que van del décimo cuarto al décimo octavo, gracias a la solución final preferida, fueron atesorando porciones significativas de los bienes inmovilizados por las familias, aunque estuvieran limitados por las servidumbres impuestas por sus respectivos principios. De este modo fue ampliándose, y haciéndose cada vez más sólido, el fenómeno que ha sido conocido como amortización; algo más que un medio de evasión fiscal, o de sustracción al mercado de bienes inmobiliarios, puntos de vista parciales que prefirió el análisis liberal y del que todavía no se ha desprendido la literatura sobre el tema. Para los fines que se propone este texto es más oportuno reconocer que la designación de ciertas instituciones como últimos titulares posibles, para una parte de las fundaciones familiares, situaba a aquellas en la posición de excelente acumulador de ahorros, crecientes al paso de los siglos.
Comentarios recientes