La crisis del ganado

Redacción

En 1750 la parálisis agraria no solo tuvo efectos negativos para los granos y las semillas. Las fuentes señalan como otra de sus víctimas al ganado. Su pérdida fue un temor presente al menos desde diciembre, y en él se seguía insistiendo, en términos similares, tres meses después.

     Los que prefirieron hablar sobrecogidos, y no con templanza analítica, tendieron a exagerar los efectos de la sequía para las cabañas. Cuando se hacía balance de la crisis, los más proclives al drama afirmaron que todos los ejemplares de cualquier cabaña, por falta de pasto, habían enflaquecido mucho, y que cabezas de todas las especies habían muerto en una proporción considerable. Un corregidor sostuvo que quienes habían sembrado cereales habían perdido totalmente sus ganados, lo que no le impidió añadir que en el momento en el que hablaba, todavía marzo, seguían pereciendo a causa del hambre y la sed.

     La hipérbole, y tan enfáticas y ambiguas alusiones a los efectos que para el ganado tuvo la sequía, son demasiado desmedidas como para concederles algún crédito. Los hechos que dejaron por escrito los testigos directos son bastante más moderados. A juzgar por los documentos que redactaron a partir del segundo trimestre del año, cuando se vivió la fase más aguda de la crisis, nunca amenazaron con tan extraordinarias consecuencias.

     Cuando llegó la primavera, los dueños de animales de toda clase competían por el aprovechamiento de los pastos disponibles, aunque no parece que su escasez fuera demasiada. Quienes tenían cercadas las tierras que explotaban disponían de pastos en exclusiva, y todos los que emprendían el cultivo de los cereales podían disponer de espacios públicos para mantener su ganado de labor, bien bajo la misma modalidad de dehesa reservada, en este caso separada según el tipo y la dedicación del ganado, bien como tierras abiertas no cultivadas o baldías, que se disfrutaban como espacios comunales.

     Aun así, ya entonces pugnaban por cualquier pasto hábil.

     A fines de marzo, una vez reconocida una dehesa de yeguas, se llegó a la conclusión de que el pasto que había en ella no servía para alimentarlas.

     Mantener una reserva de pastos para las yeguas era doblemente provechoso para los interesados en las actividades del campo. En ellas tenían reservado un par de responsabilidades. Eran el medio de fuerza regular para la trilla, una operación dilatada y laboriosa, no demasiado esforzada pero que demandaba energía durante un buen número de jornadas. Las yeguas también garantizaban una de las inversiones más rentables de las casas agropecuarias, la cría del equino de calidad, porque contaban con el arma de caballería como cliente seguro. Una vez al año, los responsables de la remonta visitaban las cabañas de la región y adquirían los caballos que juzgaban aptos para el servicio.

     Dado que el pasto que había en aquella dehesa de yeguas era inútil para criarlas, un cabildo abierto decidió tolerar su aprovechamiento al ganado vacuno local.

     El cabildo abierto era una forma extraordinaria de la asamblea de gobierno de las poblaciones, a la que solo se recurría en ocasiones singulares. En tiempos, tal vez fuera la expresión soberana de todos los avecindados de manera regular en una población. Para fines de la época moderna, había evolucionado a una reunión de próceres que buscaba más consenso que objeciones.

     Un regidor, miembro de la asamblea ordinaria con plenitud de derechos, después seguido por otros capitulares, decidió oponerse a aquella decisión, que suponía contraria a lo que le parecía justo.

     Para resolver el enfrentamiento, recurrieron a la máxima autoridad ejecutiva de la región, quien el 3 de abril tomó una decisión que pretendía ser equitativa. Mientras no lloviera, no se impediría que las vacas de los vecinos comieran la palma de la dehesa de yeguas. Si alguien se opusiera a esta decisión, desde aquel momento quedaba condenado a las costas del recurso interpuesto.

     El colegio de los regidores acordó no poner impedimento a que las vacas pastaran en el palmar de la dehesa de yeguas mientras que no lloviera, pero reiteró que en cuanto lloviera las vacas debían ser desalojadas de ella. A los comisarios de la cría y raza de yeguas quedó encomendada la ejecución de aquel acuerdo, que muy pronto requirió las decisiones más comprometidas. Durante la madrugada del 15 de abril llovió.

     Los comisarios de las yeguas recordaron al gobierno del municipio que la licencia concedida por el asistente había sido concedida con la condición de que en el momento que lloviera el vacuno saliera. Requirieron de la autoridad que las vacas fueran desalojadas, y la asamblea ordinaria de gobierno de seguida tomó la decisión que le demandaban, e hizo responsables de la ejecución de su acuerdo al alguacil mayor y a cualquiera de los comisarios de las yeguas.

     La paja, en la otra vertiente de la alimentación del ganado, para la que desempeñaba un papel secundario, también empezó a escasear en primavera, hasta el punto que ya en mayo se competía por la que hubiera almacenada, aunque en unos términos igualmente desprovistos de dramatismo. El incremento de su importancia relativa lo había decidido la drástica restricción de los pastizales provocada por la sequía y, desde algún tiempo antes, el creciente recurso al ganado mular, consumidor de mayores cantidades de este suplemento.

     La paja de la que dispusieran las poblaciones también estaba comprometida en sus obligaciones fiscales. Con la contribución llamada de paja y utensilio, relevaban las cargas y molestias que antes soportaban a causa del deber de alojamiento de las tropas que transitaran por ellas; una obligación que incluía el mantenimiento, durante los días que durara del tránsito, de toda la caballería que desplazara el ejército.

     Del suministro de la paja al ejército se hacía cargo un asentista, quien lo contrataba en régimen de monopolio con la superintendencia de los ejércitos regionales. El medio que el intermediario tenía para adquirir sus ingresos podía variar de una población a otra, según permitieran los procedimientos fiscales del momento, si administración directa, si encabezamiento, si rentas provinciales, modalidades de gestión del ingreso  público cuya descripción en este lugar carece de interés. Para ejecutar al menos la recogida de los suministros, el asentista contrataba a factores. En su nombre actuaban y de él recibían los poderes.

     El 4 de mayo un factor de víveres y provisiones para el ejército estaba ocupado en comprar paja en una población. Por lo que se deduce de las palabras de nuestros informantes, allí la contrata del asiento debía gestionarse de la siguiente manera. Al suministro de la paja su responsable accedía en el mercado local, según fuera transitando la tropa. Cuando esta recibiera la que demandara, sus jefes emitirían el correspondiente recibo en favor de quienes hubieran entregado la provisión. El asentista recogía de manos de los suministradores los recibos que tuvieran y los pagaría al precio que con ellos hubieran acordado.

     El factor tenía calculado que para el 12 siguiente la paja que había podido acopiar para subsistencia de la tropa se le habría acabado, y que solo encontraba quien le vendiera más a unos precios que, esforzándose en ser moderado, calificaba de irregulares. El aumento del precio de la paja en los ciclos críticos era previsible, y se tomaba como precedente al inevitable encarecimiento de los cereales destinados a la alimentación humana. Solo un labrador, que decía poseer alguna que podía vender, le pedía diez pesos por la chalupada de treinta a cuarenta arrobas; ciento cincuenta reales de cuenta, lo que elevaba el valor medio de la arroba a más de cuatro reales. Le parecía tanto más irregular cuanto que le constaba que allí había paja más que suficiente.

     Sostenía el factor que el suministro de la necesaria debía garantizarlo cada población, como consecuencia de su obligación de paja y utensilio. El asentista, en su opinión, solo tenía que recoger y pagar los recibos al precio que fuera regular o al que mandara el intendente, responsable administrativo del suministro de las tropas, autoridad que recaía también en el asistente.

     En la población, apenas pasada una semana, la situación a la que se había llegado se observaba con más calma. Las dos o tres últimas cosechas habían sido escasas de paja y durante el año en curso su gasto había sido excesivo. Por la falta de hierbas y pastos, había sido necesario recurrir a ella para el consumo suplementario del ganado de labor, y su demanda se había incrementado aún más porque, para mitigar su mayor exposición a la mortalidad, había sido inexcusable que la consumieran vacas, yeguas y potros jóvenes. A todo esto había que sumar el mayor consumo que durante los meses precedentes habían hecho los ganados que daban servicio dentro del pueblo, para los cuales la paja había suplido asimismo la falta de las hierbas y forrajes con los que habitualmente se mantenían en primavera. Enumerar aquellos hechos era suficiente para reconocer que en modo alguno había paja de sobra, ni había previsión de que pudiera almacenarse mucha más.

     Al contrario, eran bastantes los labradores que no tenían la que necesitaban para mantener sus labores, y muchos, ninguna, y cualquiera de ellos encaraba el porvenir con desazón porque aceptaba que no se cogería ninguna durante la próxima cosecha; un nuevo motivo de inquietud, a sumar a la carestía de granos que ya se vivía. Si la poca paja que pudiera sobrarle a algunos, en el más favorable de los supuestos, se aplicara a usos ajenos a su consumo en el campo aumentaría la preocupación de los labradores. Se les impediría el auxilio al que podrían recurrir, por poco o por mucho precio, según el tiempo fuera decidiendo, cuando se vieran necesitados.

     Ciertamente era una situación poco favorable a la provisión, como el mismo factor reconocía. Si, como aseguraba, en aquel momento había labrador dispuesto a venderle alguna, estaba claro que lo hacía urgido por su necesidad y porque no disponía de otro recurso con que hacer frente a ella. Nadie podría cuestionar que se atuviera al precio más favorable que encontrara en la comarca, porque de otro modo no podría conseguir la venta deseada ni por tanto el socorro que necesitaba. Lo mejor que podría hacer el factor era surtirse a través del labrador que mencionaba sin demorarse demasiado, porque de no hacerlo era muy posible que se le hiciera más difícil la compra que le urgía; antes de que muchos de los que necesitaban paja, en cuanto supieran que tenía alguna para vender, acudieran a aquel labrador. El factor habría podido surtirse de sobra de la cosecha anterior a veinte reales, y aun después de pasado el tiempo de la cosecha, e incluso llegado el tiempo de la sementera siguiente pudo hacer lo mismo a veinticinco reales la carretada corsaria, lo que sin embargo en cualquiera de aquellas ocasiones despreció.

     Le recomendaban que cuando fuera tanta su indigencia que no pudiera comprar la paja que necesitara al precio que corriera en la población, podría proveerse de la que en abundancia tenía un personaje que seguro conocía, el propio asentista que lo había contratado, quien la guardaba en el cortijo de Gallegos, que este labraba, distante de la población solo legua y media.

     Por lo demás, al cabildo civil no le constaba su obligación de suministrar paja a la tropa acuartelada, una precisión nada insignificante. Cuando la tropa no estaba de tránsito, tal como ocurría durante el invierno, satisfacer sus necesidades no entraba dentro de las obligaciones a las que atendía la contribución de paja y utensilio, por cuyo concepto, recordaba, la población pagaba anualmente por los tercios que se le repartían. Por eso estaría bien que el proveedor hiciera constar los términos de la contrata de paja que el asentista había firmado y aprobado el rey.

     Su réplica el factor la concibió en términos evasivos. La contrata de paja aprobada por el rey en aquel momento no estaba en su poder, aunque sí la tenía la superintendencia del sur, por lo que avisaría al asentista para que el intendente se comunicara con el corregidor.

     Cuando llegó el verano, y ya se había consumado la caída de la producción, los problemas para el abastecimiento del ejército no hicieron más que incrementarse. El superintendente, entre los días 4 y 6 de julio, solicitó a otra población nada menos que 24.500 arrobas de paja para la tropa, las que desde la administración central se le habían repartido para atenderla.

     Es posible que en este lugar la gestión de la renta de paja y utensilio fuera directa, porque su gobierno el 10 de julio, acordó remitir a la administración central, además de la petición del superintendente, un certificado de cuánto se pagaba por los repartimientos de paja al asentista. El valor de la contribución de paja y utensilio la repartiría entre los vecinos obligados el municipio y el asentista se encargaría de su recaudación, la que lo remuneraría directamente. En la diferencia que hubiera entre lo que recaudara y el costo que tuviera la adquisición del suministro cifraría sus esperanzas del beneficio que le consentía la administración de los ejércitos al suscribir el asiento con él. Por tanto, sería de cuenta del asentista proveer la caballería.

     Sin embargo, la paja que había en la población, que se había ahorrado gracias a que se habían sacado los ganados para Extremadura y otros lugares, se había reservado para hacer la media sementera del comienzo del otoño, para la que ni siquiera era suficiente. Si la paja que había en reserva saliera de la población, sería imposible emprender aquel trabajo.

     El 21 de julio el gobernador del Consejo adelantó a la población que había escrito al asistente comunicándole que, teniendo en cuenta la escasez de paja que padecían sus labradores, había decidido que la autoridad regional buscara una solución que al tiempo que evitara la ruina de estos atendiera las necesidades inmediatas de la caballería. Como respuesta, el 27 de julio el gobierno de la población designó a un regidor para que en la capital negociara con el asistente un repartimiento de paja equitativo, y un par de días después una clemente resolución de la administración central la dispensaba del repartimiento de las 24.500 arrobas. A cambio autorizó un cargo corto de esta especie, cuyo valor, sin embargo, nuestra fuente no especifica, y ordenó que a los vecinos se les pagara pronto la que suministraran.

     No obstante, hasta el 11 de agosto los responsables de la política local no dieron su autorización para que quienes hubieran suministrado paja conocieran las decisiones de fines de julio y supieran el modo en el que percibirían su importe. En lo que se refería a la reserva que se debía tener a disposición de la tropa durante el tiempo que permaneciera en la población, y de la que transitara por ella, los diputados de guerra cuidarían de que fuera suficiente. Ellos serían los encargados de recoger los recibos y vistos buenos que fueran necesarios para su abono y hacer la justificación de los precios a que corriera cuando se tomara.

     Probablemente aquella decisión se demoró porque no fue hasta el 4 de agosto cuando el intendente comunicó a los gobiernos locales que se había decidido suspender el repartimiento de paja que previamente se había ordenado. Optar por esta solución había sido posible porque se había encontrado un remedio paliativo. Los responsables del ejército habían resuelto que salieran de las provincias de la región para las de Murcia y Extremadura dos regimientos de Caballería, así como dar la vuelta a las tensiones que  las compraventas de la paja para el suministro de la tropa habían provocado. La que ya hubiera ingresado la caballería a consecuencia del reparto, la pagaría el asentista al precio al que valiera. A los recibos emitidos por los responsables de la tropa cuando la tuvieran en su poder debía acompañar la justificación de su valor intervenida por la respectiva máxima autoridad municipal.

     A partir del día 1 de aquel mes de agosto, también se acreditaría a los municipios todo el suministro hecho durante un año, cuyo balance estos completarían descontando el importe de lo que debían satisfacer las poblaciones por concepto de paja y utensilios. Además, debían tomar las medidas que fueran convenientes para que no hubiera falta alguna en la asistencia a la caballería.

     El 6 de agosto un municipio confirió sobre el alcance que pare él tenía esta decisión. El factor del asentista se había retirado cautelosamente de la población a principios del mes de junio, después de haber sacado de ella con el mismo sigilo la paja, la cebada que ya tenía comprada y las camas y lo demás que correspondía al suministro al que estaba obligado. Por eso, desde hacía dos meses el gobierno de la población había atendido al suministro de lo necesario para la subsistencia de la tropa, tanto estante como transeúnte.

     Para que a partir de aquel momento tampoco sufriera el real servicio las faltas a las que le dejara expuesto el factor, el municipio, por el momento, seguiría haciéndose cargo del suministro, del mismo modo que lo había hecho durante los dos meses precedentes. Pero, al mismo tiempo, hizo observar que los perjuicios sufridos podrían provenir de haberle quitado a la población la factoría que siempre había tenido, hubiera sido la provisión de víveres por asiento o por administración. Así se había creído conveniente hasta entonces porque la población era grande y de mucho tránsito. Allí la provisión no podía gestionarse con acierto si no se mantenían un factor y un dependiente que le ayudara. Solicitaron a la administración central que ordenara al asentista que cumpliera las obligaciones de su asiento sin perjuicio de las poblaciones ni de sus gobiernos.

     La escasez de pastos en los espacios abiertos, ya en pleno verano, derivó en problemas para otros cultivos. Varios cosecheros, dueños de viñas, olivares, pinares, garrotales y estacadas se quejaron de los daños que padecían sus explotaciones a consecuencia de la continua entrada en ellas de ganados de todas las especies, y en especial el vacuno, el cabrío y el de cerda. En pleno mes de agosto aquellos abusos, tanto por parte de los ganados como de los ganaderos, parecían más excesivos. Querían que en el plazo de dos días salieran de las heredades todas las especies de ganados, con el apercibimiento que de no hacerlo se daría por decomiso el que en ellas fuera encontrado.

     El 17 de agosto fue discutida aquella queja en la correspondiente asamblea de gobierno, a la que le constaban los hechos que denunciaba. Por las ordenanzas estaba previsto que las viñas, olivares y demás explotaciones permanecieran cerradas a toda clase de ganado en los tiempos de fruto pendiente, que empezaban a contarse el 15 de agosto de cada año, hasta que las cosechas se hubieran alzado por completo. El correspondiente auto de buen gobierno, aprobado y confirmado por la real audiencia, así lo había dispuesto ya para aquel año.

     Probablemente mantener abiertas las explotaciones hasta tan tarde por sí mismo causaba grave daño porque los ganados ya se comían el esquilmo. Pero el año en curso, a causa de la falta de pastos, a pesar de que no había en ninguna de las explotaciones, había sido y seguía siendo muy reiterada la entrada de todo tipo de ganados, que recurrían tanto al esquilmo como a los ramones y los pimpollos de los árboles. A los olivares les restaba fruto, a la cría de pinares, plantones, y a las cercas y vallados, pitas, a consecuencia de la desmedida corta que de ellas se hacía para que sirvieran de pasto a los cerdos.

     El último recurso, para hacer frente a la necesidad de hierbas para el ganado, fue invocar las mancomunidades de pastos, un viejo recurso cuya vigencia, no sin dificultades, había conseguido sobrevivir hasta fines de la época moderna. Ya hemos mencionado que para primeros de julio, una población, queriendo asegurarse su manutención, había organizado por su cuenta la emigración en masa de sus ganados para Extremadura y otros lugares.

     Por una reunión celebrada el 3 de julio sabemos que muchos vecinos de otro lugar habían llevado los suyos a pastar a Constantina, El Pedroso y Puebla de los Infantes, tierras hasta las que extendía su jurisdicción la capital, sirviéndose de la mancomunidad de pastos que el municipio mantenía con ella. Pero había ocurrido que las autoridades de aquellas poblaciones a unos les habían entorpecido el uso de los pastos y a otros se lo querían impedir.

      Buena parte de aquellos acuerdos tenían su origen en la plena edad media, cuando contribuyeron a tejer una red de intereses comunes entre poblaciones frágiles que ayudó a consolidar el control y la gestión del territorio conquistado. Como la memoria de aquel origen no se había extinguido, y la oposición al cumplimiento de los acuerdos se había mostrado especialmente intolerante, cuando terminaba el verano en la población se desató un furor anticuario inusual.

     A partir del acuerdo que el municipio había tomado el 3 de julio, un regidor, procurador mayor y alcalde de los hijosdalgo, y un presbítero, abogado del municipio, reconocieron papeles e instrumentos antiguos sobre la mancomunidad de pastos entre el municipio y la capital y la tierra de su jurisdicción. El 14 de septiembre el ayuntamiento vio su informe sobre los documentos y ejecutorias que habían encontrado. Eran favorables a los intereses de la población y acreditaban la mancomunidad, en virtud de la concordia celebrada en uno de sus templos parroquiales, a la que habían concurrido diputados de ella y del cabildo de la capital. Luego, la mancomunidad había sido aprobada por el regente y los oidores de la capital y ejecutoriada por el rey y presidente y oidores de la chancillería del sur. El gobierno de la población acordó que el original se encuadernara en el libro capitular y que se sacaran copias de la concordia y las ejecutorias, las cuales también se encuadernarían a continuación del cabildo, y que los originales fueran diligenciados. Además, fueron cometidos el regidor antes mencionado y otro más para el seguimiento de los pleitos y autos correspondientes.

     Otro problema creado por la crisis, de los derivados de la particular que padeciera aquel año toda clase de ganado, fue el desabastecimiento de carne a los mercados y los problemas que podrían seguirse de su consumo. El analista de la capital dejó escrito que en ella la consecuencia de la escasez de ganado que provocar la crisis había sido que ya durante el mes de noviembre empezó a venderse en las carnicerías carne de macho, cuando antes esto jamás había ocurrido. La ambigüedad del sustantivo no permite resolver si la especie a la que se refiere era mular o cabrío. Hubiera sido mucho más anómalo el consumo del primero. Probablemente en esta manera de expresarse, más que propósito de informar, había deseo de escandalizar a sus lectores.

     Al contrario, el término más grave al que llegara aquella vertiente de la crisis tal vez fuera la duda sobre la calidad de las carnes y las prudentes reservas sobre las consecuencias que pudiera tener para la salud. La exhibición de estas inquietudes al menos inspiró una parte de los argumentos que se utilizaron durante aquellos meses. Pero el único indicio directo de las complicaciones que pudieran derivarse del mal estado de las carnes, asociado a la posible mortalidad catastrófica que el ganado padeciera en aquel momento, es muy tenue. El 13 de abril, en una población, sus diputados para el abasto permanecían vigilantes para que no se pesara en el rastrillo carne alguna de res de la que no se hubiera verificado que había muerto con salud. Querían evitar los perjuicios que, actuando de otro modo, podían derivarse para quienes la consumieran. Nada más.

     Que esta sea toda la información sobre este asunto permite pensar que la mortalidad del ganado no parece que llegara a ser catastrófica, y mucho menos resultado de epizootias, y que la calidad de las carnes que se consumían en ningún momento alcanzaría el rango de amenaza para la salud pública. El testimonio más bien es índice de que nada evitaría que las prevenciones, cuando se trataba del consumo de carnes, fueran las mayores.

     Tal vez el problema práctico fuera que aquellas reticencias se lo crearan al abasto. Aunque el consumo de carnes tenía un alcance muy limitado en la dieta común. Su demanda era tan elástica que con facilidad soportaría las carencias que sufrieran los suministros. En primavera, se trató solo de no bajar la guardia para que no dejara de llegar carne a los mercados.

     El 25 de mayo un ayuntamiento acordó que los diputados del matadero estuvieran muy atentos para que no faltara provisión de carnes, y le bastó con salir al paso dando al corregidor con antelación suficiente los avisos que correspondieran. Pero al llegar el verano mantener el control sobre el ganado disponible empezó ser complicado, como consecuencia de su movilidad. El 20 de julio, en el ayuntamiento de la población en la que muchos de sus vecinos habían llevado sus ganados a pastar a Constantina, El Pedroso y Puebla de los Infantes, un regidor explicó que no había carneros para el abasto de las carnicerías, y que solo se encontraba a propósito una partida de 150 cabezas, por las que, dada su calidad, querían 64 maravedíes por libra. La asamblea acordó que el regidor solicitara el abasto de manera más equitativa, sin por eso dejar de plegarse al precio que corriera en el momento.

     Una semana después, 27 de julio, al ayuntamiento el corregidor informó que se estaban pesando en las carnicerías públicas borregos lechales, una carne que, en su opinión, más que salud a los enfermos, que eran quienes la consumían, causaba un daño notable. Para redimir a la población de un tan próximo mal, él había procurado con los mayores desvelos, en caso de proseguirse con este consumo, solicitar entre varias personas alguna cantidad de carneros ya hechos. Entre ellas, había una que había ofrecido para este abasto una cantidad bastante para por el momento relevar a la población de un abasto tan perjudicial. Como estos carneros eran de buena y salutífera calidad, se habrían de pagar a 68 maravedíes la libra, y no a los 60 a los que en aquel momento se vendía la de borrego lechal. En cumplimiento de la obligación aneja a su cargo, y por persistir en los buenos deseos que a él le asistían, lo hacía presente a la asamblea de gobierno, para que deliberase lo que creyera  conveniente. La asamblea, advertida de las justas y celosas expresiones del corregidor, acordó darle las gracias por lo mucho que se había esmerado y aún se esmeraba en beneficio del común, y que en observancia de su cristiano, puro y fiel deseo se pesaran los carneros en la forma que había contratado, con preferencia a cualquier carne que no excediera en calidad a la que tenían tales carneros.

     Aquella amenazante causa, que tan fatales consecuencias podía tener, en realidad podía ser crónica. En otro lugar, todos los años se padecía escasez y falta en las carnicerías públicas del abasto de carne de carnero para el consumo de su vecindario. La razón era justificable. Sus dueños sacaban los que se criaban en su término para venderlos en la feria de Villamartín y otras similares. En el año en curso, tanto por la poca cría que había habido de esta especie como por el buen deseo y necesidad que tendrían sus dueños de vender sus ejemplares, se podía prever que este abasto allí faltaría durante buena parte del año, si no se tomara una decisión que bastara para reparar y precaver los inconvenientes que por su falta se podían ocasionar.

     Así fue como al problema se le terminó aplicando la política más conservadora. El 25 de agosto el gobierno de la población acordó prohibir absolutamente la salida de los carneros que se criaban en su término para venderlos fuera, y suplicar al corregidor que contribuyera con la autoridad de sus providencias para que la prohibición se hiciera efectiva y la observaran todos los criadores y dueños de aquel ganado.

     El 31 de agosto cinco criadores de ganados, entre los que se encontraba uno que además acumulaba la condición de presbítero, presentaron al cabildo de su ayuntamiento un memorial por el que se daban por enterados, por sí y en nombre de los demás, de que no se podían sacar los carneros que pastaban en aquel término para venderlos en una feria ni en otra parte, sino que debían reservarlos para el abasto de las carnicerías. Exponían, sin embargo, que de actuar de aquel modo resultarían perjuicios. La hacienda de la corona no percibiría los derechos que por estas ventas le correspondieran, porque los criadores no podrían valerse de los carneros en los mercados exteriores. Además, como no había dehesa ni dónde poderlos mantener, perecerían muchos. Según su criterio, en vez de la decisión tomada debía guardarse el siguiente estilo: que los criadores dejaran la cuarta parte de los ganados que llevaran a una feria con la obligación de entregarlos para el abasto de las carnicerías locales.

     Se acordó que el fiel del matadero y de las carnicerías públicas redactara un certificado de las cabezas de carnero que se habían sacrificado para el abasto público desde el 1 de septiembre de 1749 hasta el día de la fecha, 31 de agosto de 1750. Y que los criadores de ganado de esta especie presentaran relación jurada, en el plazo de cuatro días, de todos los carneros que tuvieran existentes de la cría del año en curso. Pasado este plazo, se procedería a hacer registro a costa de quien incurriera en la omisión.

     El 7 de septiembre, en la reunión del ayuntamiento, un escribano informó de que solo cuatro criadores de carneros habían presentado en su oficina las relaciones juradas de los que tenían, a pesar de que se había cumplido el plazo fijado. La morosidad de los criadores más bien se reconocía en los mismos que encabezaron el memorial que había dado origen a estas providencias. En ello se conocía el dolo con que procedían, en perjuicio del beneficio común. Se acordó comisionar a los diputados del matadero para que pidieran al alcalde mayor lo que conviniera a este asunto, para que se hiciera registro íntegro de todas las crías de carnero, y asegurar el abasto de la especie.

     Ya en el último trimestre, las discusiones quedaron circunscritas a la calidad de la carne a la venta. El 9 de octubre el informe de un regidor, diputado del matadero, descubría la mala calidad de las reses vacunas que en aquel momento se estaban sacrificando en un matadero local para destinarlas al abasto. A falta de un registro de esta especie, porque se trataba de que no faltara un abasto tan preciso, se había visto en la necesidad de hacer un repartimiento que no excluyera a ninguno de los criadores de este ganado. Eran pocas las reses asignadas, para que sus dueños las entregaran obligadamente al sacrificio, y de muy mala calidad. Por eso se acordó que se publicara que toda persona que quisiera hacer aquel tipo de registro, u obligarse a abastecer de cualquier especie de ganado a la población, lo hiciera, para lo que se le admitirían las posturas que hicieran a los precios que propusieran.

     Aquel mismo 9 de octubre el ayuntamiento recibió un informe del regidor diputado de las carnicerías. Ateniéndose a un acuerdo del gobierno de la población, había optado finalmente por abastecer con cerdo las carnicerías. Pero también había faltado la especie y no había encontrado quien pudiera abastecerla. Tras repetidas diligencias, había encontrado una persona que le facilitara hoja de tocino, mitad de la canal del cerdo partida en el sentido de su longitud. Su condición era que se vendiese en las carnicerías al precio que había tenido el cerdo que se había rematado, que había sido 40 cuartos la libra, y que estos fueran los que hubiera de obtener en cada libra el dueño de la hoja. Se acordó comprar la partida de cerdo para el abasto de las carnicerías y que se vendiera al precio correspondiente, cargándose a los 40 cuartos la libra, que ingresaba el dueño de la hoja, los reales derechos. Los fieles ejecutores celarían que los carniceros no vendieran fuera de la forma que había estado en estilo, arreglándose al gasto diario de cada individuo.