Beneficios de la mediación mariana
Publicado: noviembre 12, 2025 Archivado en: Redacción | Tags: crisis Deja un comentarioRedacción
En 1750 algunos se vieron obligados a dar las gracias por los beneficios que de la mediación mariana en primavera recibieran. A comienzos de septiembre, cuando ya todo se había consumado, los miembros de la cámara de gobierno de una población de entidad, que en marzo habían designado como su compatrona una imagen de santa María, en reconocimiento decidieron hacerle cada año en la iglesia del convento en donde se le daba culto una fiesta, con su misa mayor y su sermón. La oportunidad para que todos los devotos institucionales se unieran a ella quedaba al alcance. El día ocho del mes que estaba transcurriendo se celebraba la natividad de la Virgen, y parecía la ocasión más oportuna para satisfacer tan justificado propósito.
Una semana después el gobierno de la población, una vez meditado lo que había decidido, vio que ese día no era el más adecuado para cumplir con la ceremonia apropiada. Mañana y tarde iban al convento demasiadas cofradías y hermandades de los devotos de la imagen. Asistían primero a la función en su honor y luego a la procesión que la sacaba en andas, haciéndola tan larga que terminaba a las cuatro de la tarde, o incluso a las seis. Teniendo en cuenta lo difícil que siempre era contar con la asistencia de toda la corporación, tanto por lo largo de la estación, que debía cubrir varios kilómetros, como por la grave incomodidad que en los días de la octava aún ocasionaban los calores, concluyeron que era preferible que el voto se cumpliera otra semana más tarde, cuando se conmemoraba el octavo de la natividad. No era necesario que a la fiesta de ese día acudiera íntegra la cámara. Estaría dignamente representada por la diputación que designara, lo que era suficiente para satisfacer el agradecimiento al que se sentía obligada. Fueron elegidos para cuidar de la liturgia que convenía al caso un regidor y el alférez mayor, que al tiempo también era regidor. Como colofón al cargo que se les delegaba, debían estar presentes en el acto, y al padre principal de la provincia de la orden que había elegido el santuario para erigir su convento, a su padre corrector y a toda la comunidad que residía en él comunicarían el acuerdo que se había votado, para que les constara la piadosa decisión de la cámara de gobierno y por ellos fuera aceptado.
Pasado el día quince, tal como los capitulares habían previsto, los dos diputados para el acto, cuando presentaron las cuentas de los gastos que la fiesta les había ocasionado, que por el momento habían tenido que sufragar de su bolsillo, no quisieron dejar de mencionar que durante la mañana en la que se celebró, acompañados por el escribano del municipio, hubieron de servirse de un coche, y menos lo penosas que habían sido para ellos las temperaturas que padecieran a lo largo de la estación, a pesar del cuidado que el municipio había tenido al elegir la fecha adecuada para la celebración. Se creían autorizados para recomendar que mientras fuera imprescindible mantener el voto, en lo sucesivo, por no contradecir lo que ya estaba acordado, que como mal menor se reservara el día octavo de la natividad de Nuestra Señora cada año para que con la asistencia de la corporación se celebrara la fiesta votada. La templanza de los días de septiembre cuando el mes ya hubiera avanzado, aunque las altas temperaturas aún pudieran ser molestas, podía ser aceptable en tanto se quisiera cumplir con un trámite que en cualquier imprevisible marzo de nuevo podía dar sus frutos.
Reserva de trabajo y migraciones. 2
Publicado: noviembre 24, 2022 Archivado en: Redacción | Tags: crisis Deja un comentarioRedacción
En un año de crisis, a consecuencia de la falta de las migraciones estacionales, el déficit de riqueza que se produjera se incrementaría de manera vertiginosa. En 1750 el consumo de trabajo agropecuario tuvo que hundirse, un fenómeno en absoluto desconocido. Como la manutención y alimento de los trabajadores, en una población, en 1737, asimismo año crítico, consistía principalmente en las faenas que demandaban los labradores, dicen las fuentes, a partir de abril los más abandonaron el pueblo. Fue tan crecido el número de los emigrantes que disminuyó el vecindario en más de una mitad. Los que en 1737 a partir de abril abandonaban el pueblo se mudaron a la capital con sus familias, donde por esta causa se originó el problema de mayor magnitud. En 1750 el excedente de trabajadores de nuevo provocó cambios en los previsibles movimientos de población, y de nuevo en la capital tuvieron que hacer frente al alud. Como allí se encontraba mayores amparo y hospitalidad, el número de los que acudían a la capital a pedir beneficio en 1750 resultó excesivo.
En cuanto a los inmigrantes que cargaban con la recolección, aquel año no habría lugar ni siquiera a los desplazamientos previos del invierno para cerrar sus contratos. Otra parte de los movimientos tal vez tuviera su origen en una decisión política. A partir del momento en el que las autoridades públicas decidían racionar el consumo del pan en las poblaciones, para excluir bocas que creían excedentes por inútiles, provocarían una forma de emigración exclusiva de aquellas situaciones.
La evaluación del alcance económico de este cambio en las pautas de los desplazamientos también podría presentarse como costo de la migración, tanto para las poblaciones que prescindían temporalmente de una parte de su trabajo, y por tanto de las rentas que genera, como para las poblaciones receptoras, que recibían masas extraordinarias de inmigrantes que, al tiempo que generaban más costos, tenían más limitadas sus expectativas de obtener ingresos. Era difícil calcular, según nuestras fuentes, las necesidades que se creaban en la capital, porque a ella se acogían todos los necesitados de los demás reinos del sur, a consecuencia de la inmigración extraordinaria.
Pero, dado el comportamiento regular de los mercados de trabajo, cuando faltó una buena parte de las tareas de la invernada el problema se concentró en la parte cerrada de las poblaciones, la que en cualquier caso eludía la emigración. A principios de abril, en las grandes poblaciones de la campiña la preocupación se concentraba en que para entonces los trabajadores habían sido despedidos de sus respectivos trabajos en los cortijos. A consecuencia de la seca, que desde hacía tanto tiempo se venía padeciendo, que impedía toda clase de actividades, ya hacía muchos días que estaban sin el jornal diario los braceros de estos lugares. El déficit de trabajo, que a principios de la primavera afectaba sobre todo a quienes eran ocupados en la escarda, se convirtió en un problema público. En algunos mercados locales, la caída de la actividad degeneraría en tumultos, precursores de formas de protesta laboral más características de poblaciones cuyas economías terminaron acomodadas a la expansión de los mercados, grado de la civilización que solo se generalizó en tiempos más recientes.
Al día 2 de abril corresponden los primeros hechos inquietantes en la población donde estas protestas pueden conocerse con cierto detalle. Era por la mañana cuando a la casa donde vivía su síndico procurador general, el responsable de la defensa de los intereses públicos en el gobierno de la población, se arrojó gran tumulto de gente trabajadora. Demandaba de él que en ejercicio de su condición de síndico y padre de pobres solicitase para ella, porque perecía, limosna, pan o en qué trabajar. Otros informes, menos comprometidos con una parte del conflicto, identifican como protagonistas de estos hechos a algunos trabajadores a los que acompañaban muchos más.
El procurador fue desde la casa donde vivía a las capitulares con la intención de tratar el problema con los regidores que allí hubiera. Pero cuando llegó encontró a las puertas de la casa del municipio el mismo tumulto. Subió a la sala y en ella solo había algunos regidores, con los que efectivamente trató el asunto. Pero, como no eran suficientes para celebrar cabildo, decidieron que se convocase a todos para el día siguiente, viernes, con el fin de analizar la situación y decidir lo que fuera más conveniente.
Sobre las diez de la mañana le fueron notificados los tumultos al corregidor, la primera autoridad judicial y ejecutiva de la población. También supo que había algunos capitulares en el ayuntamiento con quienes podría reflexionar sobre lo que para aquel momento pareciera más conveniente. Cuando subía a la sede del municipio, encontró muchos hombres del campo congregados en la plaza. Estos, al verle, se fueron acercando a las casas capitulares. Uno de ellos se adelantó y dijo en voz un poco alta: “Solo un cuarto hemos juntado hoy”. El corregidor le hizo entender que subía a la sala a tratar de remediar su situación. Pero cuando entró, y encontró pocos capitulares, también decidió diferir la conferencia y las decisiones para el día siguiente, y procedió a la convocatoria formal correspondiente.
Al día siguiente, 3 de abril, el corregidor, ante los reunidos en el capítulo civil, reconoció que la necesidad era mucha, habían faltado en parte los socorros necesarios y algunos trabajadores habían encontrado un argumento en esta carencia. Invitó a los reunidos a que resolvieran lo que les pareciera conforme a su obligación, piedad y atención a lo que habían expresado los trabajadores. Los reunidos decidieron aplazar sus conclusiones a cuando hubieran terminado los registros de trigo que se estaban haciendo, una iniciativa combatida por la administración central en la que sin embargo persistían las autoridades locales. Se trataba de averiguar cuánto trigo había guardado en todos los almacenes de cualquier clase que hubiera en la población con el objetivo de incautar el que fuera necesario para garantizar la subsistencia. Sería entonces cuando se podrían dar con pleno conocimiento las providencias que a la institución correspondían.
Por el momento, no obstante, creyeron conveniente contener la osadía que comenzaba a manifestar la gente trabajadora, sin más justificación que el propósito de mantenerse a expensas de las limosnas muchos que no las necesitan, y quienes, aunque hubiese que trabajar, no solían hacerlo. Aquel mismo día aquella asamblea de gobierno había sido informada de que había bastantes hombres que se habían excusado de trabajar en las viñas con un jornal de trece cuartos y todo el vino que pudiesen beber. Para contener este atrevimiento, acordaron solicitar al coronel del regimiento de Santiago que pusiera dos piquetes, uno en las casas capitulares, de doce hombres y un cabo, y otro en la plaza del Altozano de otros doce hombres y otro cabo, para que estuvieran día y noche a disposición de las justicias, con el fin de contener cualquier desorden y para que siempre a las justicias se les guardara el respeto debido.
No consta que estos hechos conocieran mayores complicaciones. Parece que en aquel momento tuvo más capacidad movilizadora la amenaza a la subsistencia que la pudiera hacer peligrar el empleo.
Reserva de trabajo y migraciones. 1
Publicado: noviembre 15, 2022 Archivado en: Redacción | Tags: crisis Deja un comentarioRedacción
El excedente de trabajo era regular, el volumen de quienes aspiraban a trabajar parecía excesivo. Se personificaba en la alta cantidad de hombres que la literatura administrativa del momento llamaba jornaleros. Según cálculos contemporáneos, en el sudoeste la proporción de jornaleros por labrador solía estar por encima de cinco, aunque quedaba lejos de llegar a diez en los casos de mayor diferencia entre una y otra cifra.
Que la proporción de hombres que ejercían como jornaleros fuese excesiva se adjudicaba, según una teoría extendida en la época, a la acción simultánea de: las normas aplicadas a la transmisión por vía de herencia del patrimonio familiar, que empobrecían a los herederos porque facilitaban la subdivisión de las tierras libres; el nivel de los precios, que a los observadores de mediados del siglo décimo octavo parece bajo y por tanto poco remunerador; y la supuesta falta de instituciones de crédito. No convence que estos factores operando a la vez tengan necesariamente aquel efecto, ni todos los supuestos son ciertos.
Otra teoría, más ajustada a factores causales inmediatos, partía de que la masa de jornaleros era consecuencia de la concentración de las labores, que reducía a quienes no eran labradores a la condición de jornalero. La restringida oferta de tierra que esto provocaba era causa de que muchos responsables de las pequeñas explotaciones tuvieran que ser simultáneamente jornaleros, probablemente en mayor proporción si se tiene en cuenta la procedencia de sus ingresos. Por eso buena parte de quienes se declaraban jornaleros poseían la clase de patrimonio que les permitía alcanzar ese estado, en especial el ganadero de labor.
De una o de otra manera, de la reducción de la población laboral agraria a la clase de los jornaleros resultaba, si hemos de creer a algunos analistas del momento, que estos no se casaban, el mayor perjuicio para el estado. Para ellos, la reducción a jornalero impedía el matrimonio, aunque al mismo tiempo afirmaban que las mujeres y los hijos de los jornaleros eran inútiles. Si las mujeres trabajaran como asalariadas, añaden, permitirían incrementar la renta de la familia cuyos ingresos dependían del trabajo. Pero las mujeres ni hilaban, ni iban a trabajar al campo. Que ni la mujer ni los niños ayudaban en las faenas del campo se podría explicar porque diariamente había que desplazarse hasta la explotación.
Una indagación más precisa del exceso de cada momento y sus consecuencias, observación adecuada para el análisis de la crisis, tendría que poner en relación la masa de trabajo a la que se podía aspirar con la población en edad laboral. Si el comportamiento regular del crecimiento de la población, en ausencia de mortalidad catastrófica, fuera positivo, habría que admitir que la proporción de población en edad laboral aumentaría constantemente. La desaparición de la mortalidad catastrófica permitiría el crecimiento positivo de la población y por tanto del tamaño de la oferta de mano de obra. Mientras la demanda de trabajo se mantuviera constante, habría exceso de población laboral.
No parece que la pauta biológica fuera tan definida durante la primera mitad del siglo décimo octavo, aunque tal vez la impresión puede ser más efecto de las dificultades para informarse que de lo que al crecimiento de la población le ocurriera entonces. Las fuentes más fiables son de la segunda mitad del siglo, y efectivamente permiten obtener un cuadro próximo al descrito. Pero quedan a mucha distancia del momento que observamos. Una solución transaccional podría ser poner en relación las cifras de jornaleros que registran los censos de fin de siglo con el tamaño de la población regional hacia 1750. Así se podría estimar el tamaño de la población amenazada por el déficit de trabajo para toda la región, e incluso sería posible observar el alcance del déficit por zonas, que sería función de las cantidades de jornaleros de cada grupo de poblaciones.
Cualquiera de estas estimaciones groseras de la reserva de trabajo no podría llevar a ningún resultado concluyente para adelantar en el análisis del déficit de trabajo desencadenado por una crisis. Parece que las relaciones que regían en el mercado de trabajo de la economía de los cereales, más que las pautas biológicas que acompasaban el crecimiento de las poblaciones, provocaba el fenómeno que marcaba el comportamiento del mercado de trabajo agropecuario, que era la permanente migración laboral. Las migraciones masivas por causa de trabajo eran una parte del orden regular de las poblaciones suroccidentales especializadas en el cultivo de los cereales. Es cierto que en la época el desplazamiento humano aún podía estar limitado por las condiciones señoriales que ordenaban, en mayor o menor medida, las poblaciones del momento. Pero la última palabra sobre el movimiento efectivo puede concedérsele a las posibilidades de que ocurriera.
El radio de acción de la búsqueda de trabajo se regía por el principio de la inmovilidad del hogar, lo que espontáneamente generaba los dos mercados que para la mano de obra distinguía la historiografía clásica, ambos locales, el domicilio y la feria anual. Aquel comportamiento actuaba en contra de la cotización de la fuerza de trabajo que se ofrecía. La mano de obra se convertía en la mercancía más estática, más estancada. La concurrencia actuaba en cada mercado en un grado muy bajo y era poco probable que los precios entre mercados locales tendieran a unificarse.
No obstante, según algunas explicaciones, un sencillo mecanismo podía provocar la expansión del mercado de trabajo y modificar el comportamiento regular de las migraciones. Lo desencadenaba la ampliación del espacio cultivado. La roturación de tierras en un municipio provocaría inmediatamente déficit del trabajo asalariado porque este sería transferido en masa, y bajo unas posibilidades distintas, al nuevo espacio cultivado. Inmediatamente estimularía al alza el precio del trabajo y, a continuación, incluso podía atraer población durante algún tiempo. La situación se prolongaría un máximo de tres o cuatro años, el tiempo que tardaban en agotar su fecundidad las tierras de menor calidad cuando se ponían en cultivo.
No parece una teoría desinteresada. Pero, dando por bueno que la causalidad entre factores que acepta esta explicación siempre actuara en las circunstancias regulares, sería posible evaluar el tamaño de las migraciones en cualquier caso, y por tanto su alcance. Bastaría poner en relación la superficie sembrada con la cantidad de hombres que esta tendría que demandar, según las cifras que precedentemente hemos ensayado. Restado a esta demanda el tamaño de la población jornalera que los censos precisan, se obtendría el tamaño estimado de la migración con su correspondiente signo.
Tal reconstrucción de las migraciones debería permitir además una conclusión, que también la renta que se obtuviera a cambio del trabajo de la superficie sembrada, en el caso de déficit o signo negativo, se perdería. No se trata tanto de la renta que se obtuviera a cambio del trabajo, que podría ser recompensada por la del trabajo que en otro lugar el migrante consiguiera; sino la renta que se obtuviera de la adquisición de trabajo ajeno para invertirlo en la tierra del lugar que perdiera al menos una parte de su energía humana. Cuando la mano de obra desapareciera de su mercado laboral, los rendimientos que de ella se obtuvieran dejarían de conseguirse, y el producto que de esta primordial aportación de energía pudiera obtenerse no llegaría a consumarse.
Esta posibilidad amenazaba cada ciclo a consecuencia de la caída del consumo de trabajo. Una parte del déficit era a un tiempo estacional y regular. Cuando cada año llegaba el denominado tiempo muerto, y la lluvia o el frío se imponían, no se podían hacer las faenas y se anulaba la posibilidad de trabajo. Era muy común que durante los meses de invierno las poblaciones se llenaran de hombres del campo que a causa del tiempo adverso retornaban a la población al día siguiente de haber trabajado.
A raíz de esta caída de la actividad se originaban migraciones regulares de corto radio, no obstante lo que más arriba se afirma sobre los movimientos de los trabajadores. Tan significativo desplazamiento de población desocupada ocurría en beneficio de los lugares donde las oportunidades de sobrevivir eran mayores. Los que ofrecían más posibilidades para atraer a los emigrantes eran evidentemente los de mayor tamaño, hacia los que con preferencia fluían los que se ausentaban provisionalmente del campo. Cada invierno, iban a la capital de la región por millares.
La amenaza de la pérdida de renta de las explotaciones por falta de quien trabajara alcanzaría un grado alarmante cuando afectara al extraordinario consumo de trabajo en tiempos de siega. Cuando ocurría la gigantesca demanda de la recolección, y la mayor cantidad de mano de obra era necesaria, en primer lugar se recurría a la ayuda del vecindario. Pero la población laboral radicada solía ser insuficiente. Era regular que en las poblaciones la oferta de actividad sobrepasara la cantidad de población apta para emplearse en este trabajo. Déficit de población y expansión del mercado de trabajo estacional eran el origen de los grandes movimientos anuales de población.
Como los grandes movimientos migratorios eran estacionales, que es tanto como decir que no modificaban la radicación del hogar, seguían corrientes estables, que también se atenían a la rigidez que ha sido descrita. La subida del precio de aquel trabajo era tan regular como el retorno de los ciclos, y de esta forma se garantizaba la rentabilidad de las explotaciones. No era la modificación de la demanda de mano de obra la que conducía los desplazamientos de la mercancía y su acceso a los mercados, sino las mencionadas corrientes. En invierno acudían en busca de este trabajo hombres del centro y del norte de la península y acordaban sus contratos para cuando finalizara la primavera.
Los gallegos que acudían a la demanda de trabajo para la siega de la región, parte más estable y más conocida de estos movimientos pendulares, tenían trazada una ruta que pasaba avanzada la primavera por Zamora, donde solían aprovisionarse al menos para una parte de su viaje. Otra parte de estos inmigrantes estacionales procedía de Santander, para cuyos habitantes era un destino preferente. Según un análisis correspondiente a mediados del siglo décimo octavo, que informa tanto de los desplazamientos definitivos como de los estacionales, algo más del 15 % de todos sus emigrantes elegía como destino la región, preferencia solo superada por las Indias.
Al menos una parte de los inmigrantes laborales que llegaban al suroeste hacían su camino a pie. Viajaban en grupo, porque de lo contrario no eran alojados en el trayecto, y era frecuente que se añadieran al viaje de alguna recua o vehículo. Cuando emprendían el viaje de retorno a sus lugares de residencia, quienes habían llegado hasta la región para trabajar en la siega formaban grupos, a cuyo frente un experto en las rutas del norte actuaba como guía, para evitar que los salteadores les robaran sus ganancias. Si concluían con éxito el peor tránsito, en un santuario próximo a Ponferrada dejaban como exvotos sus hoces.
Las juntas de grano locales
Publicado: octubre 10, 2021 Archivado en: Redacción | Tags: crisis Deja un comentarioRedacción
Las poblaciones cabecera de comarca, del tamaño mayor entre las rurales, se atuvieron con cierta disciplina, o al menos nominalmente, a la política de libertad para el comercio interior de los cereales dictada por la administración central. Intentaron encauzarla a través de una junta local de granos, un órgano de excepción que no era original de la circunstancia que se vivía en 1750, lo que puede dar idea del componente rutinario que había en las soluciones administrativas que se proponían para las situaciones críticas. Los gobiernos de las principales poblaciones organizaron sus juntas adelantándose a cualquier orden recibida desde las autoridades central o regional, bastante antes de que el consejo de Castilla decidiera extender la fórmula; un hecho que, pasados los meses, contribuiría a complicar las relaciones entre las otras autoridades y las locales.
Los datos de que disponemos permiten deducir que las juntas de granos de los municipios rurales, en 1750, fueron constituidas durante el mes comprendido entre fines de marzo y fines de abril.
Cuando fue más temprana su constitución, la conciencia previa de esterilidad, más que la política patrocinada por la administración central, fue aval suficiente para recurrir a la fórmula. A iniciativa de su corregidor, una asamblea de gobierno local, cuando acordó crear su junta, se manifestó compadecida de la miseria en que estaba la población a consecuencia de la esterilidad y de lo exhaustos que estaban sus habitantes, afirmaciones que contaban en su favor con el tono enfático que convenía a los antecedentes ya conocidos y que tan bien resumía el concepto de esterilidad; al mismo tiempo, un modo de hablar lo suficientemente indefinido como para adelantarse a los efectos de la crisis y satisfacer las pretensiones más inmediatas de quienes las patrocinaron. Para ellos se trataba de hacer frente a lo que estaba ocurriendo y evitar en todo lo posible sus efectos negativos.
En otras poblaciones de rango similar parece que pesó más la inercia burocrática. A fines de abril en una de ellas se reconoció que urgía la constitución de su junta local de granos, que ya era inexcusable constituirla y que no era posible retrasar por más tiempo el recurso a un procedimiento que en otras ocasiones se había mostrado eficaz, lo que aconsejaba actuar de tan autónoma manera sin más dilación. Aunque se hubiera procedido de manera algo más prudente en lo que a esta clase de iniciativas se refiere, también se hizo con el propósito de que la junta local viera qué medidas se debían tomar para aliviar los efectos de la esterilidad. Con una manera tan vaga de expresarse sobre todo se pretendería dejar un margen a la obediencia a las órdenes que llegaban de la administración central.
Las juntas locales, en todos los casos documentados, se compusieron de manera muy similar. Por designación de sus gobiernos municipales, eran nombrados para que las formaran una parte de sus regidores, miembros de pleno derecho de la cámara soberana que gobernaba las poblaciones, que actuaban como sus diputados, a los que se sumaban eclesiásticos y particulares. En una fueron elegidos como diputados por la cámara de gobierno tres regidores, y para completarla fueron cooptados como sus miembros el vicario del clero local, dos presbíteros y tres vecinos. Otra la compusieron, además de los correspondientes tres regidores, también el vicario de la iglesia de occidente en la población, el abad mayor de la corporación local de sus beneficiados, el procurador mayor del municipio y dos personajes que fueron presentados como caballeros labradores. Así pues, en las juntas locales de granos no solo estaba presente la autoridad pública, sino también los otros poderes reconocidos para el orden rural: las máximas autoridades de la iglesia romana y los promotores habituales de las explotaciones del mayor tamaño dedicadas a producir cereales, regularmente llamados labradores.
La justificación del poder que recibían estaba inspirada por las únicas convicciones religiosas instituidas. A cualquiera de sus miembros se le suponía, explícitamente, católico celo. La única confesión religiosa estaría en la obligación de ser la fuente de la iniciativa política a cambio del beneficio de ser exclusiva; un presupuesto que parece oportuno, tomando en consideración el impulso que de la caridad recibía su moral, y el aún más trascendente valor que a la confesión del error en el uso privado de la virtud, posible consecuencia del furor religioso, concedía la iglesia romana. Sin embargo, de su actuación se esperaban consecuencias civiles.
A las tres clases se les pedía que cuidaran del encargo que recibían, dedicando sus mayores atenciones, como igualmente interesadas en el mismo procomunal, para que cuanto en la junta se hiciera y resolviera fuera de la mayor satisfacción de todos.
Las juntas de granos, que habitualmente se reunieron en las casas capitulares de su municipio, en el orden ejecutivo actuaron como gabinetes de crisis por delegación de los poderes de la cámara de gobierno local. De sus instituciones matrices los recibían en la forma legal común, de facultad amplia, cumplida y facultativa como podían y debían, para que juntos o la mayor parte en forma de junta acordaran e hicieran todo lo que fuera conducente al beneficio común, tal como si lo hiciera el gobierno de la población.
Aunque el alcance de aquellos poderes era impreciso y disponía en su favor de un alto margen de discreción, los recibían para que vieran monográficamente cualquier asunto relacionado con el tránsito crítico que vivían sus respectivas poblaciones. Sin embargo, tenían un límite en el tiempo. Solo actuarían durante los días que creyera conveniente la cámara local de gobierno origen de sus poderes.
Al mismo tiempo, fue normativo que cada una estuviera presidida por su corregidor, institución regular en las poblaciones de mayor tamaño, hasta el punto que quedaban subordinadas a él y obligadas a acompañarlo en las providencias que dictara. Así los corregidores quedaban investidos de la plena capacidad soberana para tomar las decisiones y en ellos, donde estaban instituidos al tiempo que la junta de granos, convergerían todos los poderes de esta. Aunque la soberanía de los corregidores nominalmente estuviera limitada, porque a través de ellos intervenía el consejo de Castilla, en la constitución de estos órganos de excepción al menos actuaron con autonomía, puesto que la decisión sobre su formación se adelantó a las decisiones que tomara el consejo.
No obstante, parece que la legalidad de las actuaciones de las juntas locales al menos aconsejó el reconocimiento expreso de la administración central. Al final de una de las reuniones constitutivas de uno de los organismos de esta clase, sus promotores decidieron solicitar al consejo de Castilla su aprobación. Pero no parece que fuera un requisito imprescindible para actuar. Aquel mismo día todos sus miembros, tal como los había designado la asamblea, aceptaron tanto el nombramiento como los poderes que se les habían otorgado, e inmediatamente entraron en acción. Apenas cuatro días después celebraron su primera reunión. Parece más que probable, conocida la lentitud de las comunicaciones regulares entre la administración central y las locales, que empezaran a ejercer sus magistraturas sin esperar respuesta alguna del consejo.
Sus funciones económicas efectivas podían reducirse a una. La junta de granos local, de acuerdo con los propósitos declarados en su formación, debían concentrarse en el comercio de los cereales. Cuando declaraban descriptivamente sus fines, se presentaban dirigidas a la más rápida y segura gestión de su suministro a sus respectivas poblaciones durante el tiempo que fuera necesario. Bajo esta premisa, reconocían como su obligación más remota buscar trigo para comprarlo a los precios más cómodos y en la cantidad que creyeran conveniente para sostener el abasto. Para su ajuste y transporte, podrían nombrar a los diputados o comisionados que creyeran convenientes. También pondrían la mayor atención en que se conservara el abasto regular de pan y tomarían todas las decisiones que condujeran a garantizar la manutención del común, cuyo alivio se deseaba.
Pocos testimonios pueden ofrecerse que muestren con mayor claridad que las juntas de granos, centradas en las cabeceras de comarca, procederían como bolsas o lonjas para la compraventa del grano, destinado al abasto público de cada una de sus poblaciones. Contando a su favor con el poder de que disponían, podían convertirse, por decisión propia, y sin que en modo alguno una decisión como esta fuera discutida, en reguladores absolutos del mercado local de los cereales porque esta prerrogativa procedía del señorío del municipio, que le sería transferida con los poderes transitorios que se les otorgaban. Iniciativas como estas, además de convulsionar la demanda, contribuirían a fragmentar los mercados en tantas unidades territoriales cuantas instituciones de esta clase actuaran.
A los responsables de las primeras juntas de granos, para hacer frente a los encargos que habían recibido, entre las obligaciones que se les asignaban estaba la de hacer uso de todos los recursos convenientes al mejor logro de sus objetivos. Debían trazar el primer plan para la captación de fondos susceptibles de ser invertidos en la crisis que sobrevendría. Se les llamaba a buscar todos los medios, fondos y caudales que fueran necesarios para la compra de granos, de los que se mencionan expresamente solicitar la entrega de los caudales de los depósitos que hubiera en la población, tanto de eclesiásticos como de seculares, así como la de los caudales que produjera el trigo del pósito, e igualmente de otros caudales cualesquiera, para lo que podrían otorgar en caso necesario las escrituras y cartas de pago correspondientes. De esta manera sus atribuciones se completaban con los poderes financieros que les permitieran actuar con eficacia en el mercado de los cereales.
Sin embargo, parece que no en todas partes rigió idéntico orden. Al contrario, hubo de transcurrir algún tiempo antes de que las decisiones de las autoridades municipales que hemos podido conocer se ordenaran como un conjunto. Las que se tomaron para hacer frente a la crisis durante la primera parte de la primavera se dispersaron, y dudaron, y hasta retrocedieron, incluidas las que se tomaban en las extraordinarias juntas locales de granos.
Aunque no se opusieron radicalmente a las decisiones de la administración central, en muchas circunstancias los gobiernos locales, aun igualmente inspirados por el deseo de hacer el bien a sus gobernados, se distanciaron de las ideas e instrucciones de los poderes superiores y tomaron iniciativas que modificaron sustancialmente sus pretensiones. Lo más destacable es que en todas, aunque nominalmente pudieran estar glosadas con profesiones de fe en la libertad de comercio patrocinada por la administración central, reaparecen las mismas viejas convicciones, e incluso reconocen que de su encadenamiento esperaban los mismos efectos. En todos los casos se trata de iniciativas políticas dirigidas a un único objetivo, garantizar el abasto autónomo de pan. Lo que las diferencia es que se tomaron por separado e incluso improvisando.
Una teoría de las crisis de subsistencias
Publicado: febrero 10, 2017 Archivado en: J. García-Lería | Tags: crisis, económica Deja un comentarioJ. García-Lería
A mediados del siglo décimo octavo nadie descubriría nada si reconociera que los precios del grano cada año conocían oscilaciones regulares, tan previsibles como al alcance de quienes pudieran inducirlos. Según cada ciclo avanzaba, y las reservas de grano se agotaban, sus precios crecían en sentido positivo. El valor del incremento lo decidirían, actuando de manera combinada, el volumen de la cosecha precedente, la cantidad de grano almacenado y su capacidad de resistencia a las adversas condiciones que la tesaurización de la especie debía soportar. Si alguien ignoraba este curso cíclico de los hechos económicos, aún no habría sido iniciado en la cultura en la que vivía.
También formaba parte de ella el postulado que ahora se conoce como ley de King-Davenant. Había sido enunciada a fines del siglo décimo séptimo por Gregory King (1648 o 1650-1710 o 1712) y luego difundida y mejorada por Charles Davenant (1656-1714). Solo pretendía explicar la relación empírica entre una mala cosecha y el precio inmediato de los cereales, cuya vigencia sería activada por el miedo a no disponer de alimento durante las semanas siguientes a tal secuencia de hechos. Aunque cualquier contracción del producto lanzaba al incremento los precios, y viceversa, cuando se trataba de los cereales, según habían observado King y Davenant la covariación no era automáticamente inversa. Una pequeña caída de la producción podía estimular mucho el crecimiento positivo de los precios, así como un limitado exceso de la producción podía hundirlos de manera significativa. Las cosas ocurrían de aquel modo porque, mientras que la oferta del grano podía oscilar, su demanda siempre se comportaba con rigidez.
Una vez completados los ensayos que a partir de estos hechos hicieron, estimaron más precisamente que cualquier caída de la producción provocaba incrementos de sus precios por encima de sus correspondientes valores proporcionales. A unas caídas del 10, 20, 30, 40 y 50 % de la cosecha corresponderían unos incrementos del 30, 80, 160, 280 y 450 % de los precios respectivamente. Más adelante, quienes revisaron sus propuestas calcularon que cuando las subidas del producto eran del 20, 40, 60, 80 y 100 %, sus precios respectivos perderían aproximadamente 30, 50, 65, 75 y 80 %. De esta manera se pudo cerrar una primera formulación completa de esta particular teoría del comportamiento cíclico del precio del cereal.
Partiendo de estas ideas, Wilhem Abel, en su ensayo sobre la historia agraria de occidente, propuso el siguiente ejercicio. Sean tres explotaciones (A, B y C) de tamaño creciente. Con una cosecha media tipo y un precio de 20 unidades monetarias por quintal, el producto de cada una de ellas se compondría de la siguiente forma:
| A | B | C | |
| Cosecha | 250 | 500 | 1.000 |
| Consumo | 200 | 300 | 400 |
| Venta | 50 | 200 | 600 |
| Ingresos | 1.000 | 4.000 | 12.000 |
Con una mala cosecha, estimada en una caída del 20 %, según la ley de King-Davenant los precios subirían un 80 %, de 20 a 36. Luego los balances de las explotaciones A, B y C serían:
| A | B | C | |
| Cosecha | 200 | 400 | 800 |
| Consumo | 200 | 300 | 400 |
| Venta | – | 100 | 400 |
| Ingresos | – | 3.600 | 14.000 |
Con una buena cosecha, que aportara un incremento del 20 % por encima del valor tipo medio, según los mismos principios, en opinión de Abel los precios bajarían un 40 %, de 20 a 12. Para las explotaciones A, B y C los balances respectivos serían:
| A | B | C | |
| Cosecha | 300 | 600 | 1.200 |
| Consumo | 200 | 300 | 400 |
| Venta | 100 | 300 | 800 |
| Ingresos | 1.200 | 3.600 | 9.600 |
De donde deduce que una buena cosecha era menos rentable para la explotación de mayor tamaño que una mala. El óptimo de su posición en el mercado sucedería cuando la caída de la producción obligara a sus competidores a consumir todo el producto que obtuvieran en su propio consumo, sin que quedara a su alcance la posibilidad de competir. Fue una lúcida demostración del papel decisivo que en la agricultura de los cereales podía tocarles a las grandes empresas.
Las correcciones que W. S. Jevons (1835-1882) hizo a los valores calculados por King y Davenant, gracias a las ventajosas posiciones que ganó, fueron doblemente fructíferas. Para la historiografía, sus observaciones sobre el comportamiento de los precios del trigo en condiciones extremas tal vez sean más valiosas que las de T. R. Malthus (1766-1834), aun reconociendo que es difícil mejorar muchas de las opiniones de este referidas a la agricultura de la época moderna, gracias a que aún pudo sufrirla. Jevons observaba desde la segunda mitad del siglo décimo noveno, cuando el ciclo de la economía moderna podía darse por concluido. Pero sobre todo trabajó animado por su infatigable atención a la tesis de la utilidad marginal. Bajo esta inspiración, retornó a la teoría que ya en el siglo décimo séptimo había enunciado una ley sobre el comportamiento de los precios del trigo en respuesta al producto obtenido. Matizó sus resultados y mejoró los principios que se habían enunciado para referirse a los estados de sobreproducción.
Jevons, tras recordar que el autor original de aquella ley había sido Gregory King, cuyo nombre debería honrarse como uno de los padres de la ciencia estadística en Inglaterra, y repasar sus trabajos y aportaciones al asunto, centró su atención en Charles Davenant. El análisis de sus conclusiones, más el contraste con las opiniones de otros autores, como Thornton o Tooke, a quien cree la máxima autoridad en este tema, le llevaron a ensayar un enunciado de la ley con la forma de una función, de acuerdo con su habitual manera de proceder, sujeta la racionalismo que imponía sus principios al trabajo intelectual en la época en la que escribía. Para expresar con fidelidad las precisas observaciones de quienes habían convivido con la agricultura de los cereales moderna, referidas a la relación que hubiera entre la cosecha de grano y sus precios, finalmente decidió formular p = 0,824 / (q – 0,12)2, donde p es el precio del grano y q la cosecha obtenida. La propuesta conserva en las constantes el inevitable sello empírico de todos los ensayos, los del siglo décimo séptimo y los del décimo noveno. Pero para quien aspira a reconstruir situaciones distantes en el tiempo el lastre empírico no es una desventaja. Al contrario, es el rastro de hechos no del todo identificados pero que de otra manera se habrían perdido. Para la manera historiográfica de observar, tiene el valor de un documento, aunque sus coordenadas no se puedan precisar con el rigor debido. Sin embargo, Jevons, quizás no demasiado preocupado por los problemas del pasado, pero sí aconsejado por su permanente deseo de generalizar, encuadró el resultado al que había llegado en las relaciones del tipo y = a / (x – b)n, y así consiguió legalizar la evidente relación inversa entre las dos variables y la mediación del comportamiento exponencial de la segunda. Un buen hallazgo, porque permitía prescindir de conjeturas sobre lo que era bueno y lo que era malo, sobre si una cosecha era adecuada o no, sobre si los precios se comportaban de manera satisfactoria o adversa.
Al legalizar las relaciones entre producto y precio, las correcciones de Jevons amplían el horizonte y recomiendan modificar el punto de vista. Permiten suponer que el valor de la producción podía ser un efecto inmediato de la planificación del espacio cultivado, que una norma del sistema de los cultivos pudo ser la posibilidad de regularlo, y en consecuencia el producto posible, y por tanto los precios que se podrían esperar. Porque ponen en evidencia el incentivo a la contracción del espacio cultivado en las zonas donde estuviera bajo control de las grandes explotaciones.
Para poner a prueba el acierto de tan reveladoras modificaciones, basta con que supongamos un rendimiento que facilite los cálculos, 10 por 1; que por cada unidad de capacidad sembrada se obtuviera un producto diez veces mayor. Aceptando que por cada unidad de superficie se sembrara una de capacidad, si fueran puestas en cultivo 10.000 unidades cuadradas la cosecha sería de 100.000 unidades cúbicas. Si el precio del grano fuera 10 reales por cada una de estas, el producto bruto nominal que obtendrían aquellas tierras sería de 1.000.000 de reales. De acuerdo con las observaciones de King-Davenant, si se decidiera, por ejemplo, disminuir un 10 % la superficie sembrada el producto descendería a 90.000 unidades cúbicas. A esta caída de la cosecha correspondería un incremento del 30 % del precio, hasta 13 reales. Total, 117.00 reales de producto bruto. Según la formulación de Jevons, si se mantuvieran la inversión en simiente y los rendimientos medios, el precio se incrementaría hasta 13,6 reales, y por tanto el producto bruto inmediatamente ascendería a 1.224.000 reales.
La conciencia de la relación entre producto y precios de los cereales, durante la época moderna pudo actuar en favor de los planes de quienes aspirasen al mayor beneficio. La planificación restrictiva del espacio cultivado, al alcance de quienes conseguían en sus territorios acercar el mercado de las cesiones al orden del monopolio, permitiría mantener el conocido saludable efecto inflacionario, lo que ya sería suficientemente satisfactorio para los planificadores. Pero sobre todo contribuiría a desviar las masas de producto más importantes al almacén, a la espera de la oportunidad óptima, que llegaba de la mano de las crisis de las condiciones productivas, años en los que la pérdida completa de la simiente haría que los precios se dispararan. Como Jevons puntualiza, antes que alcanzaran infinito, valor posible en el marco de su ley, ocurriría que el desabastecimiento del mercado de la primera subsistencia evitaría que el producto disponible dispuesto a concurrir a él alcanzara el valor cero. Almacenistas e importadores, incluso si se propusieran evitar el efecto desastroso de la carencia de alimento, nunca dejarían pasar la circunstancia excepcional del beneficio óptimo posible. Está demostrado, por otra parte, que el efecto más catastrófico de la caída de la producción, consecuencia de la acción de factores que escapaban al control del orden tecnológico, tal como ocurría con las peores epidemias quedaba muy concentrado en unos pocos lugares de una región. Las ondas de las caídas del producto siempre serían concéntricas, y en todos los casos, incluso en los peores, habría grados de sus efectos dentro de un territorio, cuya extensión nunca sería un obstáculo que impidiera cargar con los costos de transporte de la mercancía, si estaban cubiertos por los precios previsibles.
Mientras tanto, en los ciclos durante los que el control del sistema de los cultivos era eficaz, el peso de la producción que debía llegar regularmente al mercado recaería sobre las empresas de menor tamaño, e incluso marginales, productoras a mayor costo relativo. Serían tanto más útiles: a) si se constituían sobre las tierras secundarias de las explotaciones de mayor rango, cuyo consumo de energía humana al menos parcialmente así podían satisfacer y convertir en un costo absorbido por la renta de la tierra tomada en cesión; y b) porque cargaban con el riesgo de incremento de la producción por efecto de un comportamiento en exceso generoso de los factores fuera del control de los sistemas de cultivos, que inevitablemente provocaría, según la regla formalizada por Jevons, una caída del precio del producto y por tanto de la renta de las empresas comprometidas en el cultivo de los cereales.
Probablemente la ley de King-Davenant es demasiado grosera, tal vez hasta sus correcciones mejor intencionadas lo son. No han faltado quienes la han descalificado, seguramente con buenos fundamentos. Que se cumpla exige demasiadas constantes. Además de que toma por invariable el tamaño de la población, solo regiría a condición de que no hubiera importación de granos, se careciera de excedentes de cosechas anteriores y no existiera posibilidad de sustituir el déficit de grano por otros bienes alimenticios; que la cosecha y la oferta de un año fueran iguales. En cuanto a las correcciones de Jevons, incluyen que se mantuvieran la inversión en simiente y los rendimientos medios, algo quizás más al alcance.
Pero probablemente todas son condiciones demasiado exigentes. La rigidez de todas las propuestas pudo ser la consecuencia de la falta de avales cuantitativos más sólidos. Los elementos de los sistemas eran algo más complejos, aunque no parte de un mundo cerrado y de condiciones demasiado excepcionales.
Pongámonos en el menos probable de los supuestos, que las conclusiones que van de King-Davenant a Jevons sean todas erróneas, aunque no podría decirse lo mismo de las evidencias a partir de las que trabajaban. Sin embargo, nadie podrá negarles poder sobre la opinión, como puede tenerlo la creencia en los fantasmas. Si desde el siglo décimo séptimo pudo existir la conciencia de que la parte más resistente de las empresas obtenía mayor beneficio durante los años en los que la producción caía, ¿a qué evitar adelantarlos? En la medida en que fuera posible, aquellos a cuyo alcance estuviera el beneficio que habilitaba la diferencia de tamaño no se resignarían a contribuir a que la mejor de las situaciones económicas posibles llegara cuantos antes.
Al margen del acierto de sus teorías, de sus formulaciones lo que más interés tiene es que depura una idea vigente en la agricultura europea moderna, que pudo inducir al menos una parte de las decisiones sobre la conveniencia o no de acometer, cada ciclo, una empresa dedicada a la producción de cereales. Limitar el número de empresas pudo ser una parte de la disciplina impuesta al uso del espacio en cada término, con el propósito de inducir el comportamiento de los precios más favorable para ellas. A una parte de las empresas podría convenirle la creencia en una caída de la producción.
Aparte otros indicios, su vigencia en la región suroccidental de la península ibérica podría demostrarse sobre todo por el control sobre el mercado de las cesiones. Diez mil unidades de superficie, las que hemos supuesto en el ejercicio que pretendía poner a prueba la formulación de Jevons, es una escala del espacio para la que el orden de monopolio del mercado de las cesiones era factible. Asociado a las técnicas consagradas por los sistemas de cultivos, el control sobre el espacio tenía como efecto la planificación de la superficie que cada año se ponía a producir, el modo más directo de decidir sobre el tamaño de la cosecha siguiente, entre todos los que estuvieran al alcance de las empresas que controlaban el sector.
Los medios técnicos que desplegaban las grandes explotaciones se esforzaban por permanecer invariables y efectivamente, en buena medida, estaban destinados a moderar el uso del espacio productivo. El sistema no era infalible ni exacto. Pero dadas las dimensiones y la concentración de las grandes explotaciones conseguía aproximarse de manera suficientemente satisfactoria al objetivo. Es bastante para reconocer que la producción podía ser regulada a conveniencia de los grandes productores de grano que eran al mismo tiempo quienes dominaban su mercado, y por tanto disponían de un buen margen para conseguir niveles del precio que les convinieran.
No sé que se haya demostrado que la ley de King-Davenant fuera conocida en el sudoeste de la península más occidental del Mediterráneo a mediados del siglo décimo octavo. La experiencia pudo ser suficiente para que en ella existiera, si no un cálculo preciso de los efectos sobre los precios de cada cosecha, conciencia de la relación que podía unir ambos hechos, las ventajas y desventajas de su comportamiento opuesto para las mayores ofertas y la regularidad con que se sucedían los ciclos. La teoría de King-Davenant ilumina el análisis de la tradición empresarial y desde luego invita a concebir de otro modo el número de explotaciones activas cada año y el efecto que podían tener sobre el mercado de las subsistencias y sus bloqueos cíclicos.
La crisis del ganado
Publicado: noviembre 19, 2016 Archivado en: Redacción | Tags: crisis, económica Deja un comentarioRedacción
En 1750 la parálisis agraria no solo tuvo efectos negativos para los granos y las semillas. Las fuentes señalan como otra de sus víctimas al ganado. Su pérdida fue un temor presente al menos desde diciembre, y en él se seguía insistiendo, en términos similares, tres meses después.
Los que prefirieron hablar sobrecogidos, y no con templanza analítica, tendieron a exagerar los efectos de la sequía para las cabañas. Cuando se hacía balance de la crisis, los más proclives al drama afirmaron que todos los ejemplares de cualquier cabaña, por falta de pasto, habían enflaquecido mucho, y que cabezas de todas las especies habían muerto en una proporción considerable. Un corregidor sostuvo que quienes habían sembrado cereales habían perdido totalmente sus ganados, lo que no le impidió añadir que en el momento en el que hablaba, todavía marzo, seguían pereciendo a causa del hambre y la sed.
La hipérbole, y tan enfáticas y ambiguas alusiones a los efectos que para el ganado tuvo la sequía, son demasiado desmedidas como para concederles algún crédito. Los hechos que dejaron por escrito los testigos directos son bastante más moderados. A juzgar por los documentos que redactaron a partir del segundo trimestre del año, cuando se vivió la fase más aguda de la crisis, nunca amenazaron con tan extraordinarias consecuencias.
Cuando llegó la primavera, los dueños de animales de toda clase competían por el aprovechamiento de los pastos disponibles, aunque no parece que su escasez fuera demasiada. Quienes tenían cercadas las tierras que explotaban disponían de pastos en exclusiva, y todos los que emprendían el cultivo de los cereales podían disponer de espacios públicos para mantener su ganado de labor, bien bajo la misma modalidad de dehesa reservada, en este caso separada según el tipo y la dedicación del ganado, bien como tierras abiertas no cultivadas o baldías, que se disfrutaban como espacios comunales.
Aun así, ya entonces pugnaban por cualquier pasto hábil.
A fines de marzo, una vez reconocida una dehesa de yeguas, se llegó a la conclusión de que el pasto que había en ella no servía para alimentarlas.
Mantener una reserva de pastos para las yeguas era doblemente provechoso para los interesados en las actividades del campo. En ellas tenían reservado un par de responsabilidades. Eran el medio de fuerza regular para la trilla, una operación dilatada y laboriosa, no demasiado esforzada pero que demandaba energía durante un buen número de jornadas. Las yeguas también garantizaban una de las inversiones más rentables de las casas agropecuarias, la cría del equino de calidad, porque contaban con el arma de caballería como cliente seguro. Una vez al año, los responsables de la remonta visitaban las cabañas de la región y adquirían los caballos que juzgaban aptos para el servicio.
Dado que el pasto que había en aquella dehesa de yeguas era inútil para criarlas, un cabildo abierto decidió tolerar su aprovechamiento al ganado vacuno local.
El cabildo abierto era una forma extraordinaria de la asamblea de gobierno de las poblaciones, a la que solo se recurría en ocasiones singulares. En tiempos, tal vez fuera la expresión soberana de todos los avecindados de manera regular en una población. Para fines de la época moderna, había evolucionado a una reunión de próceres que buscaba más consenso que objeciones.
Un regidor, miembro de la asamblea ordinaria con plenitud de derechos, después seguido por otros capitulares, decidió oponerse a aquella decisión, que suponía contraria a lo que le parecía justo.
Para resolver el enfrentamiento, recurrieron a la máxima autoridad ejecutiva de la región, quien el 3 de abril tomó una decisión que pretendía ser equitativa. Mientras no lloviera, no se impediría que las vacas de los vecinos comieran la palma de la dehesa de yeguas. Si alguien se opusiera a esta decisión, desde aquel momento quedaba condenado a las costas del recurso interpuesto.
El colegio de los regidores acordó no poner impedimento a que las vacas pastaran en el palmar de la dehesa de yeguas mientras que no lloviera, pero reiteró que en cuanto lloviera las vacas debían ser desalojadas de ella. A los comisarios de la cría y raza de yeguas quedó encomendada la ejecución de aquel acuerdo, que muy pronto requirió las decisiones más comprometidas. Durante la madrugada del 15 de abril llovió.
Los comisarios de las yeguas recordaron al gobierno del municipio que la licencia concedida por el asistente había sido concedida con la condición de que en el momento que lloviera el vacuno saliera. Requirieron de la autoridad que las vacas fueran desalojadas, y la asamblea ordinaria de gobierno de seguida tomó la decisión que le demandaban, e hizo responsables de la ejecución de su acuerdo al alguacil mayor y a cualquiera de los comisarios de las yeguas.
La paja, en la otra vertiente de la alimentación del ganado, para la que desempeñaba un papel secundario, también empezó a escasear en primavera, hasta el punto que ya en mayo se competía por la que hubiera almacenada, aunque en unos términos igualmente desprovistos de dramatismo. El incremento de su importancia relativa lo había decidido la drástica restricción de los pastizales provocada por la sequía y, desde algún tiempo antes, el creciente recurso al ganado mular, consumidor de mayores cantidades de este suplemento.
La paja de la que dispusieran las poblaciones también estaba comprometida en sus obligaciones fiscales. Con la contribución llamada de paja y utensilio, relevaban las cargas y molestias que antes soportaban a causa del deber de alojamiento de las tropas que transitaran por ellas; una obligación que incluía el mantenimiento, durante los días que durara del tránsito, de toda la caballería que desplazara el ejército.
Del suministro de la paja al ejército se hacía cargo un asentista, quien lo contrataba en régimen de monopolio con la superintendencia de los ejércitos regionales. El medio que el intermediario tenía para adquirir sus ingresos podía variar de una población a otra, según permitieran los procedimientos fiscales del momento, si administración directa, si encabezamiento, si rentas provinciales, modalidades de gestión del ingreso público cuya descripción en este lugar carece de interés. Para ejecutar al menos la recogida de los suministros, el asentista contrataba a factores. En su nombre actuaban y de él recibían los poderes.
El 4 de mayo un factor de víveres y provisiones para el ejército estaba ocupado en comprar paja en una población. Por lo que se deduce de las palabras de nuestros informantes, allí la contrata del asiento debía gestionarse de la siguiente manera. Al suministro de la paja su responsable accedía en el mercado local, según fuera transitando la tropa. Cuando esta recibiera la que demandara, sus jefes emitirían el correspondiente recibo en favor de quienes hubieran entregado la provisión. El asentista recogía de manos de los suministradores los recibos que tuvieran y los pagaría al precio que con ellos hubieran acordado.
El factor tenía calculado que para el 12 siguiente la paja que había podido acopiar para subsistencia de la tropa se le habría acabado, y que solo encontraba quien le vendiera más a unos precios que, esforzándose en ser moderado, calificaba de irregulares. El aumento del precio de la paja en los ciclos críticos era previsible, y se tomaba como precedente al inevitable encarecimiento de los cereales destinados a la alimentación humana. Solo un labrador, que decía poseer alguna que podía vender, le pedía diez pesos por la chalupada de treinta a cuarenta arrobas; ciento cincuenta reales de cuenta, lo que elevaba el valor medio de la arroba a más de cuatro reales. Le parecía tanto más irregular cuanto que le constaba que allí había paja más que suficiente.
Sostenía el factor que el suministro de la necesaria debía garantizarlo cada población, como consecuencia de su obligación de paja y utensilio. El asentista, en su opinión, solo tenía que recoger y pagar los recibos al precio que fuera regular o al que mandara el intendente, responsable administrativo del suministro de las tropas, autoridad que recaía también en el asistente.
En la población, apenas pasada una semana, la situación a la que se había llegado se observaba con más calma. Las dos o tres últimas cosechas habían sido escasas de paja y durante el año en curso su gasto había sido excesivo. Por la falta de hierbas y pastos, había sido necesario recurrir a ella para el consumo suplementario del ganado de labor, y su demanda se había incrementado aún más porque, para mitigar su mayor exposición a la mortalidad, había sido inexcusable que la consumieran vacas, yeguas y potros jóvenes. A todo esto había que sumar el mayor consumo que durante los meses precedentes habían hecho los ganados que daban servicio dentro del pueblo, para los cuales la paja había suplido asimismo la falta de las hierbas y forrajes con los que habitualmente se mantenían en primavera. Enumerar aquellos hechos era suficiente para reconocer que en modo alguno había paja de sobra, ni había previsión de que pudiera almacenarse mucha más.
Al contrario, eran bastantes los labradores que no tenían la que necesitaban para mantener sus labores, y muchos, ninguna, y cualquiera de ellos encaraba el porvenir con desazón porque aceptaba que no se cogería ninguna durante la próxima cosecha; un nuevo motivo de inquietud, a sumar a la carestía de granos que ya se vivía. Si la poca paja que pudiera sobrarle a algunos, en el más favorable de los supuestos, se aplicara a usos ajenos a su consumo en el campo aumentaría la preocupación de los labradores. Se les impediría el auxilio al que podrían recurrir, por poco o por mucho precio, según el tiempo fuera decidiendo, cuando se vieran necesitados.
Ciertamente era una situación poco favorable a la provisión, como el mismo factor reconocía. Si, como aseguraba, en aquel momento había labrador dispuesto a venderle alguna, estaba claro que lo hacía urgido por su necesidad y porque no disponía de otro recurso con que hacer frente a ella. Nadie podría cuestionar que se atuviera al precio más favorable que encontrara en la comarca, porque de otro modo no podría conseguir la venta deseada ni por tanto el socorro que necesitaba. Lo mejor que podría hacer el factor era surtirse a través del labrador que mencionaba sin demorarse demasiado, porque de no hacerlo era muy posible que se le hiciera más difícil la compra que le urgía; antes de que muchos de los que necesitaban paja, en cuanto supieran que tenía alguna para vender, acudieran a aquel labrador. El factor habría podido surtirse de sobra de la cosecha anterior a veinte reales, y aun después de pasado el tiempo de la cosecha, e incluso llegado el tiempo de la sementera siguiente pudo hacer lo mismo a veinticinco reales la carretada corsaria, lo que sin embargo en cualquiera de aquellas ocasiones despreció.
Le recomendaban que cuando fuera tanta su indigencia que no pudiera comprar la paja que necesitara al precio que corriera en la población, podría proveerse de la que en abundancia tenía un personaje que seguro conocía, el propio asentista que lo había contratado, quien la guardaba en el cortijo de Gallegos, que este labraba, distante de la población solo legua y media.
Por lo demás, al cabildo civil no le constaba su obligación de suministrar paja a la tropa acuartelada, una precisión nada insignificante. Cuando la tropa no estaba de tránsito, tal como ocurría durante el invierno, satisfacer sus necesidades no entraba dentro de las obligaciones a las que atendía la contribución de paja y utensilio, por cuyo concepto, recordaba, la población pagaba anualmente por los tercios que se le repartían. Por eso estaría bien que el proveedor hiciera constar los términos de la contrata de paja que el asentista había firmado y aprobado el rey.
Su réplica el factor la concibió en términos evasivos. La contrata de paja aprobada por el rey en aquel momento no estaba en su poder, aunque sí la tenía la superintendencia del sur, por lo que avisaría al asentista para que el intendente se comunicara con el corregidor.
Cuando llegó el verano, y ya se había consumado la caída de la producción, los problemas para el abastecimiento del ejército no hicieron más que incrementarse. El superintendente, entre los días 4 y 6 de julio, solicitó a otra población nada menos que 24.500 arrobas de paja para la tropa, las que desde la administración central se le habían repartido para atenderla.
Es posible que en este lugar la gestión de la renta de paja y utensilio fuera directa, porque su gobierno el 10 de julio, acordó remitir a la administración central, además de la petición del superintendente, un certificado de cuánto se pagaba por los repartimientos de paja al asentista. El valor de la contribución de paja y utensilio la repartiría entre los vecinos obligados el municipio y el asentista se encargaría de su recaudación, la que lo remuneraría directamente. En la diferencia que hubiera entre lo que recaudara y el costo que tuviera la adquisición del suministro cifraría sus esperanzas del beneficio que le consentía la administración de los ejércitos al suscribir el asiento con él. Por tanto, sería de cuenta del asentista proveer la caballería.
Sin embargo, la paja que había en la población, que se había ahorrado gracias a que se habían sacado los ganados para Extremadura y otros lugares, se había reservado para hacer la media sementera del comienzo del otoño, para la que ni siquiera era suficiente. Si la paja que había en reserva saliera de la población, sería imposible emprender aquel trabajo.
El 21 de julio el gobernador del Consejo adelantó a la población que había escrito al asistente comunicándole que, teniendo en cuenta la escasez de paja que padecían sus labradores, había decidido que la autoridad regional buscara una solución que al tiempo que evitara la ruina de estos atendiera las necesidades inmediatas de la caballería. Como respuesta, el 27 de julio el gobierno de la población designó a un regidor para que en la capital negociara con el asistente un repartimiento de paja equitativo, y un par de días después una clemente resolución de la administración central la dispensaba del repartimiento de las 24.500 arrobas. A cambio autorizó un cargo corto de esta especie, cuyo valor, sin embargo, nuestra fuente no especifica, y ordenó que a los vecinos se les pagara pronto la que suministraran.
No obstante, hasta el 11 de agosto los responsables de la política local no dieron su autorización para que quienes hubieran suministrado paja conocieran las decisiones de fines de julio y supieran el modo en el que percibirían su importe. En lo que se refería a la reserva que se debía tener a disposición de la tropa durante el tiempo que permaneciera en la población, y de la que transitara por ella, los diputados de guerra cuidarían de que fuera suficiente. Ellos serían los encargados de recoger los recibos y vistos buenos que fueran necesarios para su abono y hacer la justificación de los precios a que corriera cuando se tomara.
Probablemente aquella decisión se demoró porque no fue hasta el 4 de agosto cuando el intendente comunicó a los gobiernos locales que se había decidido suspender el repartimiento de paja que previamente se había ordenado. Optar por esta solución había sido posible porque se había encontrado un remedio paliativo. Los responsables del ejército habían resuelto que salieran de las provincias de la región para las de Murcia y Extremadura dos regimientos de Caballería, así como dar la vuelta a las tensiones que las compraventas de la paja para el suministro de la tropa habían provocado. La que ya hubiera ingresado la caballería a consecuencia del reparto, la pagaría el asentista al precio al que valiera. A los recibos emitidos por los responsables de la tropa cuando la tuvieran en su poder debía acompañar la justificación de su valor intervenida por la respectiva máxima autoridad municipal.
A partir del día 1 de aquel mes de agosto, también se acreditaría a los municipios todo el suministro hecho durante un año, cuyo balance estos completarían descontando el importe de lo que debían satisfacer las poblaciones por concepto de paja y utensilios. Además, debían tomar las medidas que fueran convenientes para que no hubiera falta alguna en la asistencia a la caballería.
El 6 de agosto un municipio confirió sobre el alcance que pare él tenía esta decisión. El factor del asentista se había retirado cautelosamente de la población a principios del mes de junio, después de haber sacado de ella con el mismo sigilo la paja, la cebada que ya tenía comprada y las camas y lo demás que correspondía al suministro al que estaba obligado. Por eso, desde hacía dos meses el gobierno de la población había atendido al suministro de lo necesario para la subsistencia de la tropa, tanto estante como transeúnte.
Para que a partir de aquel momento tampoco sufriera el real servicio las faltas a las que le dejara expuesto el factor, el municipio, por el momento, seguiría haciéndose cargo del suministro, del mismo modo que lo había hecho durante los dos meses precedentes. Pero, al mismo tiempo, hizo observar que los perjuicios sufridos podrían provenir de haberle quitado a la población la factoría que siempre había tenido, hubiera sido la provisión de víveres por asiento o por administración. Así se había creído conveniente hasta entonces porque la población era grande y de mucho tránsito. Allí la provisión no podía gestionarse con acierto si no se mantenían un factor y un dependiente que le ayudara. Solicitaron a la administración central que ordenara al asentista que cumpliera las obligaciones de su asiento sin perjuicio de las poblaciones ni de sus gobiernos.
La escasez de pastos en los espacios abiertos, ya en pleno verano, derivó en problemas para otros cultivos. Varios cosecheros, dueños de viñas, olivares, pinares, garrotales y estacadas se quejaron de los daños que padecían sus explotaciones a consecuencia de la continua entrada en ellas de ganados de todas las especies, y en especial el vacuno, el cabrío y el de cerda. En pleno mes de agosto aquellos abusos, tanto por parte de los ganados como de los ganaderos, parecían más excesivos. Querían que en el plazo de dos días salieran de las heredades todas las especies de ganados, con el apercibimiento que de no hacerlo se daría por decomiso el que en ellas fuera encontrado.
El 17 de agosto fue discutida aquella queja en la correspondiente asamblea de gobierno, a la que le constaban los hechos que denunciaba. Por las ordenanzas estaba previsto que las viñas, olivares y demás explotaciones permanecieran cerradas a toda clase de ganado en los tiempos de fruto pendiente, que empezaban a contarse el 15 de agosto de cada año, hasta que las cosechas se hubieran alzado por completo. El correspondiente auto de buen gobierno, aprobado y confirmado por la real audiencia, así lo había dispuesto ya para aquel año.
Probablemente mantener abiertas las explotaciones hasta tan tarde por sí mismo causaba grave daño porque los ganados ya se comían el esquilmo. Pero el año en curso, a causa de la falta de pastos, a pesar de que no había en ninguna de las explotaciones, había sido y seguía siendo muy reiterada la entrada de todo tipo de ganados, que recurrían tanto al esquilmo como a los ramones y los pimpollos de los árboles. A los olivares les restaba fruto, a la cría de pinares, plantones, y a las cercas y vallados, pitas, a consecuencia de la desmedida corta que de ellas se hacía para que sirvieran de pasto a los cerdos.
El último recurso, para hacer frente a la necesidad de hierbas para el ganado, fue invocar las mancomunidades de pastos, un viejo recurso cuya vigencia, no sin dificultades, había conseguido sobrevivir hasta fines de la época moderna. Ya hemos mencionado que para primeros de julio, una población, queriendo asegurarse su manutención, había organizado por su cuenta la emigración en masa de sus ganados para Extremadura y otros lugares.
Por una reunión celebrada el 3 de julio sabemos que muchos vecinos de otro lugar habían llevado los suyos a pastar a Constantina, El Pedroso y Puebla de los Infantes, tierras hasta las que extendía su jurisdicción la capital, sirviéndose de la mancomunidad de pastos que el municipio mantenía con ella. Pero había ocurrido que las autoridades de aquellas poblaciones a unos les habían entorpecido el uso de los pastos y a otros se lo querían impedir.
Buena parte de aquellos acuerdos tenían su origen en la plena edad media, cuando contribuyeron a tejer una red de intereses comunes entre poblaciones frágiles que ayudó a consolidar el control y la gestión del territorio conquistado. Como la memoria de aquel origen no se había extinguido, y la oposición al cumplimiento de los acuerdos se había mostrado especialmente intolerante, cuando terminaba el verano en la población se desató un furor anticuario inusual.
A partir del acuerdo que el municipio había tomado el 3 de julio, un regidor, procurador mayor y alcalde de los hijosdalgo, y un presbítero, abogado del municipio, reconocieron papeles e instrumentos antiguos sobre la mancomunidad de pastos entre el municipio y la capital y la tierra de su jurisdicción. El 14 de septiembre el ayuntamiento vio su informe sobre los documentos y ejecutorias que habían encontrado. Eran favorables a los intereses de la población y acreditaban la mancomunidad, en virtud de la concordia celebrada en uno de sus templos parroquiales, a la que habían concurrido diputados de ella y del cabildo de la capital. Luego, la mancomunidad había sido aprobada por el regente y los oidores de la capital y ejecutoriada por el rey y presidente y oidores de la chancillería del sur. El gobierno de la población acordó que el original se encuadernara en el libro capitular y que se sacaran copias de la concordia y las ejecutorias, las cuales también se encuadernarían a continuación del cabildo, y que los originales fueran diligenciados. Además, fueron cometidos el regidor antes mencionado y otro más para el seguimiento de los pleitos y autos correspondientes.
Otro problema creado por la crisis, de los derivados de la particular que padeciera aquel año toda clase de ganado, fue el desabastecimiento de carne a los mercados y los problemas que podrían seguirse de su consumo. El analista de la capital dejó escrito que en ella la consecuencia de la escasez de ganado que provocar la crisis había sido que ya durante el mes de noviembre empezó a venderse en las carnicerías carne de macho, cuando antes esto jamás había ocurrido. La ambigüedad del sustantivo no permite resolver si la especie a la que se refiere era mular o cabrío. Hubiera sido mucho más anómalo el consumo del primero. Probablemente en esta manera de expresarse, más que propósito de informar, había deseo de escandalizar a sus lectores.
Al contrario, el término más grave al que llegara aquella vertiente de la crisis tal vez fuera la duda sobre la calidad de las carnes y las prudentes reservas sobre las consecuencias que pudiera tener para la salud. La exhibición de estas inquietudes al menos inspiró una parte de los argumentos que se utilizaron durante aquellos meses. Pero el único indicio directo de las complicaciones que pudieran derivarse del mal estado de las carnes, asociado a la posible mortalidad catastrófica que el ganado padeciera en aquel momento, es muy tenue. El 13 de abril, en una población, sus diputados para el abasto permanecían vigilantes para que no se pesara en el rastrillo carne alguna de res de la que no se hubiera verificado que había muerto con salud. Querían evitar los perjuicios que, actuando de otro modo, podían derivarse para quienes la consumieran. Nada más.
Que esta sea toda la información sobre este asunto permite pensar que la mortalidad del ganado no parece que llegara a ser catastrófica, y mucho menos resultado de epizootias, y que la calidad de las carnes que se consumían en ningún momento alcanzaría el rango de amenaza para la salud pública. El testimonio más bien es índice de que nada evitaría que las prevenciones, cuando se trataba del consumo de carnes, fueran las mayores.
Tal vez el problema práctico fuera que aquellas reticencias se lo crearan al abasto. Aunque el consumo de carnes tenía un alcance muy limitado en la dieta común. Su demanda era tan elástica que con facilidad soportaría las carencias que sufrieran los suministros. En primavera, se trató solo de no bajar la guardia para que no dejara de llegar carne a los mercados.
El 25 de mayo un ayuntamiento acordó que los diputados del matadero estuvieran muy atentos para que no faltara provisión de carnes, y le bastó con salir al paso dando al corregidor con antelación suficiente los avisos que correspondieran. Pero al llegar el verano mantener el control sobre el ganado disponible empezó ser complicado, como consecuencia de su movilidad. El 20 de julio, en el ayuntamiento de la población en la que muchos de sus vecinos habían llevado sus ganados a pastar a Constantina, El Pedroso y Puebla de los Infantes, un regidor explicó que no había carneros para el abasto de las carnicerías, y que solo se encontraba a propósito una partida de 150 cabezas, por las que, dada su calidad, querían 64 maravedíes por libra. La asamblea acordó que el regidor solicitara el abasto de manera más equitativa, sin por eso dejar de plegarse al precio que corriera en el momento.
Una semana después, 27 de julio, al ayuntamiento el corregidor informó que se estaban pesando en las carnicerías públicas borregos lechales, una carne que, en su opinión, más que salud a los enfermos, que eran quienes la consumían, causaba un daño notable. Para redimir a la población de un tan próximo mal, él había procurado con los mayores desvelos, en caso de proseguirse con este consumo, solicitar entre varias personas alguna cantidad de carneros ya hechos. Entre ellas, había una que había ofrecido para este abasto una cantidad bastante para por el momento relevar a la población de un abasto tan perjudicial. Como estos carneros eran de buena y salutífera calidad, se habrían de pagar a 68 maravedíes la libra, y no a los 60 a los que en aquel momento se vendía la de borrego lechal. En cumplimiento de la obligación aneja a su cargo, y por persistir en los buenos deseos que a él le asistían, lo hacía presente a la asamblea de gobierno, para que deliberase lo que creyera conveniente. La asamblea, advertida de las justas y celosas expresiones del corregidor, acordó darle las gracias por lo mucho que se había esmerado y aún se esmeraba en beneficio del común, y que en observancia de su cristiano, puro y fiel deseo se pesaran los carneros en la forma que había contratado, con preferencia a cualquier carne que no excediera en calidad a la que tenían tales carneros.
Aquella amenazante causa, que tan fatales consecuencias podía tener, en realidad podía ser crónica. En otro lugar, todos los años se padecía escasez y falta en las carnicerías públicas del abasto de carne de carnero para el consumo de su vecindario. La razón era justificable. Sus dueños sacaban los que se criaban en su término para venderlos en la feria de Villamartín y otras similares. En el año en curso, tanto por la poca cría que había habido de esta especie como por el buen deseo y necesidad que tendrían sus dueños de vender sus ejemplares, se podía prever que este abasto allí faltaría durante buena parte del año, si no se tomara una decisión que bastara para reparar y precaver los inconvenientes que por su falta se podían ocasionar.
Así fue como al problema se le terminó aplicando la política más conservadora. El 25 de agosto el gobierno de la población acordó prohibir absolutamente la salida de los carneros que se criaban en su término para venderlos fuera, y suplicar al corregidor que contribuyera con la autoridad de sus providencias para que la prohibición se hiciera efectiva y la observaran todos los criadores y dueños de aquel ganado.
El 31 de agosto cinco criadores de ganados, entre los que se encontraba uno que además acumulaba la condición de presbítero, presentaron al cabildo de su ayuntamiento un memorial por el que se daban por enterados, por sí y en nombre de los demás, de que no se podían sacar los carneros que pastaban en aquel término para venderlos en una feria ni en otra parte, sino que debían reservarlos para el abasto de las carnicerías. Exponían, sin embargo, que de actuar de aquel modo resultarían perjuicios. La hacienda de la corona no percibiría los derechos que por estas ventas le correspondieran, porque los criadores no podrían valerse de los carneros en los mercados exteriores. Además, como no había dehesa ni dónde poderlos mantener, perecerían muchos. Según su criterio, en vez de la decisión tomada debía guardarse el siguiente estilo: que los criadores dejaran la cuarta parte de los ganados que llevaran a una feria con la obligación de entregarlos para el abasto de las carnicerías locales.
Se acordó que el fiel del matadero y de las carnicerías públicas redactara un certificado de las cabezas de carnero que se habían sacrificado para el abasto público desde el 1 de septiembre de 1749 hasta el día de la fecha, 31 de agosto de 1750. Y que los criadores de ganado de esta especie presentaran relación jurada, en el plazo de cuatro días, de todos los carneros que tuvieran existentes de la cría del año en curso. Pasado este plazo, se procedería a hacer registro a costa de quien incurriera en la omisión.
El 7 de septiembre, en la reunión del ayuntamiento, un escribano informó de que solo cuatro criadores de carneros habían presentado en su oficina las relaciones juradas de los que tenían, a pesar de que se había cumplido el plazo fijado. La morosidad de los criadores más bien se reconocía en los mismos que encabezaron el memorial que había dado origen a estas providencias. En ello se conocía el dolo con que procedían, en perjuicio del beneficio común. Se acordó comisionar a los diputados del matadero para que pidieran al alcalde mayor lo que conviniera a este asunto, para que se hiciera registro íntegro de todas las crías de carnero, y asegurar el abasto de la especie.
Ya en el último trimestre, las discusiones quedaron circunscritas a la calidad de la carne a la venta. El 9 de octubre el informe de un regidor, diputado del matadero, descubría la mala calidad de las reses vacunas que en aquel momento se estaban sacrificando en un matadero local para destinarlas al abasto. A falta de un registro de esta especie, porque se trataba de que no faltara un abasto tan preciso, se había visto en la necesidad de hacer un repartimiento que no excluyera a ninguno de los criadores de este ganado. Eran pocas las reses asignadas, para que sus dueños las entregaran obligadamente al sacrificio, y de muy mala calidad. Por eso se acordó que se publicara que toda persona que quisiera hacer aquel tipo de registro, u obligarse a abastecer de cualquier especie de ganado a la población, lo hiciera, para lo que se le admitirían las posturas que hicieran a los precios que propusieran.
Aquel mismo 9 de octubre el ayuntamiento recibió un informe del regidor diputado de las carnicerías. Ateniéndose a un acuerdo del gobierno de la población, había optado finalmente por abastecer con cerdo las carnicerías. Pero también había faltado la especie y no había encontrado quien pudiera abastecerla. Tras repetidas diligencias, había encontrado una persona que le facilitara hoja de tocino, mitad de la canal del cerdo partida en el sentido de su longitud. Su condición era que se vendiese en las carnicerías al precio que había tenido el cerdo que se había rematado, que había sido 40 cuartos la libra, y que estos fueran los que hubiera de obtener en cada libra el dueño de la hoja. Se acordó comprar la partida de cerdo para el abasto de las carnicerías y que se vendiera al precio correspondiente, cargándose a los 40 cuartos la libra, que ingresaba el dueño de la hoja, los reales derechos. Los fieles ejecutores celarían que los carniceros no vendieran fuera de la forma que había estado en estilo, arreglándose al gasto diario de cada individuo.
Oportunamente viuda
Publicado: octubre 1, 2016 Archivado en: Carmelo Terrera | Tags: crisis, económica Deja un comentarioCarmelo Terrera, becario
La marquesa consorte, no sabemos por qué causa, enviudó el 21 de diciembre de 1749. Quedaba como albacea del difunto, tutora y administradora de los hijos habidos por el matrimonio, y lo que era peor, responsable de una pesada carga. El marqués había dejado deudas que ascendían a la monstruosa cifra de 83.686 reales 21 maravedíes, pendientes de pago a un total de sesenta y dos acreedores.
Como consecuencia de los gastos de indumentaria en los que había incurrido debía diferentes cantidades a tres sastres y a un zapatero. A causa de sus últimos gastos de representación debía dinero a un maestro de coches, a un frenero y al guarnicionero, y es posible que la deuda pendiente con un vidriero también tuviera relación con el mantenimiento de la flota de coches de la casa. Por si la carga originada por tantos lujos no hubiera sido suficiente, debía dinero por un caballo herido que le había prestado la maestranza de caballería, y también había aceptado un gasto que probablemente creyó insoslayable, el que le había ocasionado la entrada como hermano en una hermandad del santísimo.
Gastos pendientes de pago, de los causados por el servicio doméstico, eran los salarios de diciembre debidos a una sirviente, al despensero, a la Tía Juana, que era la cocinera, a una familiar y a un clérigo de menores que la casa criaba, y de la atención a la salud de la familia estaba por pagar la cuenta de un boticario. De los gastos ocasionados por el servicio a la labor, el núcleo de los ingresos de la familia, quedaban por liquidar los pagos al yegüerizo y a su zagal, quienes probablemente trabajaban para ella por temporadas, así como los salarios de diciembre al casero de la hacienda de olivar y al mozo de las mulas. De los pagos a los arrieros, se debían tanto el correspondiente a la hija del antiguo como el de quien luego había ocupado su lugar. También debieron ser gastos asociados a la labor los que tenían que satisfacer servicios subsidiarios habituales, como los suministrados por un herrero, un herrador y el cantero que había compuesto las piedras de los molinos de aceite. Un suministro de madera, aún no liquidado, asimismo estaría relacionado con los consumos de la labor.
Pesaban sobre las rentas de la familia cargas civiles y canónicas. De las primeras estaban pendientes de pago dos repartimientos del vestuario de las milicias, solicitados con apremio militar, y de las segundas, los diezmos, de los que se debían el de menudos de los últimos tres años y el de lana. Hasta un total de dieciocho cantidades pendientes, que solo se identificaban por el nombre del acreedor, se pueden interpretar como deudas personales, y dos por liquidar a sendos mercaderes también pudieron estar relacionados con préstamos, del mismo modo que incluirían operaciones de crédito las rentas debidas por tres tributos. Pudo ser una transferencia financiera destinada a cuadrar cuentas el ingreso a un patronato de la familia que tampoco se había satisfecho. Para mantener activa la defensa legal de los intereses de la casa, asimismo era necesario satisfacer la cuenta presentada por un procurador. La defunción había originado sus propios gastos. Además del funeral, las misas y los lutos, estaban pendientes de liquidación los siete legados que el difunto había dictado a través de su testamento, ineludibles, que ascendían a 2.060 reales.
El capítulo de gastos originados por el suministro al hogar y no satisfechos era el más importante. Aparte la cuenta que no se había pagado a un refino y algún gasto más, 10.542 reales del total adeudado, más de su décima parte, correspondían a pagos debidos a diferentes personas por la propia marquesa, quienes le habían hecho préstamos para atender la manutención de la casa, una responsabilidad que estaba íntegramente a su cargo y que corría de su cuenta, y que satisfacía con algunas regalías que consideraba justas.
Tomando en cuenta esta situación, se impuso, a partir del momento en que fue responsable de ella, administrar del mejor modo todos los bienes que habían quedado tras el fallecimiento de su marido. Su objetivo era liquidar los débitos pendientes y sanear las cuentas.
Para empezar, disponía de impagados en trance de convertirse en efectivo. Los más importantes eran las cantidades por cobrar de una venta de ovejas, que regularmente cada año se hacía para renovar la cabaña, y una cuenta, con fecha de 23 de junio de 1750, que no había satisfecho la casa de la marquesa de la Motilla. Además, hasta cuatro vecinos de poblaciones de los alrededores de la capital debían cantidades. Mientras que uno era deudor de una que probablemente fuera un préstamo privado, a otros se les había obligado a firmar vales por las cifras adelantadas, los mismos que conservaba la caja. Uno de estos había firmado dos, otro, asimismo comprometido por un documento de esta clase, había dado origen a autos ejecutivos para su cobro, y otro más en realidad había liquidado la cuenta que tenía con el difunto después de su fallecimiento. Los impagados pendientes, en total, alcanzaban los 27.550 reales 29 maravedíes. Además, la caja tenía en dinero efectivo 7.635 reales.
Aquellas cantidades, en el supuesto de que todas fueran ingresadas, no eran suficientes para hacer frente a las deudas. Se veía, pues, obligada a vender bienes de la casa. Lo justificó por lo calamitoso del año. Al invocar así la razón de sus decisiones, sin dejar de aludir con decoro al estado en que había quedado, desvió la atención hacia la situación que se estaba viviendo en el suroeste. Incluso para neutralizar cualquier malentendido, a continuación, en la relación jurada que a este propósito redactó, afirmaba positivamente que la muerte de su marido sucedió el esterilísimo 1750, como lamenta la memoria.
Para el día de la defunción, 21 de diciembre de 1749, punto de partida de aquel trance, ya era seguro que el año agrícola sería adverso. El otoño había sido seco y al menos una parte de las tierras previstas para sembrar cereales quedaron vacías. Valiéndome de individuos de notoria inteligencia, y mi mayor confianza, me instruí de los legítimos valores que aquella estación les permitía, y con reflexionado examen procedí a vender, dice, exigiendo de cada efecto ciertas cantidades.
Se resignó primero a descapitalizar la casa deshaciéndose de una parte de los ganados. Reconoce que la situación que vivían conducía al desprecio, y que decidió vender por no perderlo todo, a causa de no tener arbitrio para libertarlos de la próxima mortandad que empezaron a padecer aun antes de formarse inventarios.
En una de las ferias que cada año se celebraban en la región vendió veintitrés reses yegunas, un potro capón, siete potricos y un burranco. En otra vendió tres burras: la blanca Platera, la negra y la rucia. En una sola operación vendió a un vecino de una población inmediata a la capital una recua de nueve burros, un caballo y un mulo, y a otro del mismo lugar la mulita llamada Churumbela. Además, en diferentes momentos se deshizo de otras cuatro burras, la grande del riego de estacones, la que utilizaba el yegüerizo, la negra de la hacienda y una de la dehesa, así como de un burro que servía la hortaliza, y de los siguientes ejemplares de equino: tres caballos capones, de los cuales uno era careto y dos alazanes, y otros tres enteros, el caballo rucio que utilizaba Andrés Muñoz, el negro Batallón y uno castaño argelino.
Del ganado bovino, el más valioso como capital, vendió dos novillos e ingresó a favor de la casa el valor de veinte cabezas de vacuno más la sexta parte de otra, cargándoselas en su ha de haber por el mismo precio en que se estaban estimando aquel 1750, seguramente a la baja por la debilidad que padecían a consecuencia de la seca, a pesar del riesgo de pérdidas que de esta manera corría, como efectivamente experimentó en parte.
Hecho balance, ni la descapitalización había sido tanta ni la venta de ganado fue en absoluto arriesgada. El vendido era solo una parte del que estaba en el inventario, una versión del cual, próxima en el tiempo, cifra la parte estratégica de la cabaña de labor de la casa en setenta y siete bueyes, veintitrés yeguas de vientre y dos mil doscientas ochenta cabezas de ganado lanar. Aunque el patrimonio equino pudo resentirse de las ventas, la parte de vacuno ficticiamente enajenada no habría alcanzado al tercio del total de la cabaña, y el ganado merino, después de que el marqués lo hubiera negociado antes de su muerte, ni se tocó.
Además, el patrimonio ganadero del que se desprendió no era el mejor, ni parece que su venta fuera desaconsejable. Las veintitrés reses yegunas estaban llenas de sarna y muermo. La primera era una enfermedad que se contagiaba con facilidad entre los animales, a los que se les enrojecía e hinchaba la piel, lo que les provocaba un picor intenso que los hacía inestables y de difícil manejo. La segunda, causada por un virus que les atacaba la mucosa nasal, donde provocaba úlceras y secreciones, se contagiaba con facilidad, incluso al hombre. La primera burra negra vendida tenía galápago, una dolencia del casco de las patas, agente de un crecimiento excesivo de la capa dura que lo recubre, que podía afectar también a caballos y mulos. La burra rucia estaba matada en la cruz, es decir, tenía llagas donde se encontraban los brazos con la columna vertebral, provocadas por el rozamiento de los arneses que se le colocaban para que hiciera cualquiera de sus trabajos, y tanto la burra negra de la hacienda como la burra de la dehesa eran viejas.
Pero todas las operaciones de venta del ganado solo le proporcionaron un ingreso de 14.791 reales 7 maravedíes, una cantidad muy alejada del montante de las deudas.
Más arriesgado tal vez fuera deshacerse aquel año de una parte de los recursos para la alimentación del ganado, y más aún en los términos tan extremos en que lo hizo, todo lo inventariado por tres conceptos. De cebada vendió, a precios comprendidos entre catorce y quince reales, trescientas fanegas; de semillas, 72 fanegas de yeros a veinte reales y medio; y de paja, dos almiares; operaciones que le permitieron sumar otros 20.601 reales. Mas, aunque el riesgo se viera recompensado por los interesantes precios conseguidos, ni aun acumuladas todas estas ventas era suficiente para hacer frente a las deudas. Sumando los impagados al efectivo y a la venta de ganado, los 20.601 reales de la cebada, la semilla y los pajares acumulaban la cifra de 70.578 reales 2 maravedíes, que todavía no alcanzaba a cubrir los 83.686 con 21 pendientes de pago.
Decidió comerciar todo el aceite del que disponía la casa. La táctica que eligió fue concentrar las ventas y optar por la demanda al por mayor. Solo veinte arrobas fueron vendidas a un arriero. Entonces era frecuente que quienes se dedicaban a esta actividad, empresarios regulares del transporte, beneficiaran sus trayectos comprando mercancías que podían vender con ventaja en algún punto de sus rutas habituales. Por aquellas veinte la marquesa obtuvo el mejor precio, veintiún reales por cada una. Otras trescientas cuarenta y nueve fueron vendidas el 14 de julio de 1750 a veinte reales y medio. El comprador fue el Extremeño, un personaje al que no es posible identificar más pero cuya ocupación probablemente no se alejaba mucho de la arriería.
La gran operación fue la venta el 14 de marzo de 1750 de tres mil seiscientas ochenta y dos arrobas, también a veinte reales y medio, a don Pedro Doye, del comercio, quien debió tomarlas al menos en dos fracciones porque de casi la mitad de ellas consta que fueron medidas aparte. Las dos operaciones se hicieron a través de intermediarios, que obligaron a liquidar corretaje, a razón de un cinco por mil sobre el ingreso bruto. Por la segunda, además, hubo que pagar 100 reales por la medida específica de las 1.700 arrobas y 8 reales al que agenció el despacho de Francos. La magnitud de la operación permite pronosticar, para cualquiera de las dos fracciones, un destino distante, muy probablemente trasatlántico. Gracias a esta iniciativa, el ingreso por el aceite vendido alcanzó los 82.484 reales 11 maravedíes, una cifra que por sí sola era casi suficiente para hacer frente a las necesidades que a su muerte el marqués había dejado al descubierto.
La operación decisiva, sin embargo, resultó la venta del trigo, también todo el que tenía la casa, hasta un total de dos mil treinta y tres fanegas. Tan notable masa en poder de un solo ofertante era posible porque los labradores de la mayor escala promovían labores extensas. En este caso podemos estimar, sin demasiado riesgo de error, que el año agrícola precedente, durante el que se habría producido el grano y formado este almacén, al menos unas 200 unidades cuadradas habrían sido destinadas a producir trigo. La labor era la empresa central de todas las casas agropecuarias. Sus estrategias giraban en torno a ese producto, que efectivamente, como enseguida se verá, era capaz para proporcionar, llegado el momento, unos ingresos insuperables.
Probablemente el número de operaciones que lo pusieron en circulación fue muy superior al que había resuelto la venta del aceite, muy concentrada. La información disponible permite discernirlas por precios, lo que es bastante para valorar el alcance que tuvo esta parte de las transacciones. Solo quince fanegas fueron vendidas a treinta y nueve reales, un precio muy interesante para mediados del siglo décimo octavo, cuando la tasa o tarifa legal vigente era de veintiocho reales. Es cierto que para entonces la tasa tenía escasa autoridad, pero no dejó de estar operativa aquel año. A precios comprendidos entre cuarenta y cinco y cuarenta y nueve reales se vendieron otras cuatrocientas setenta y dos fanegas, poco más de la quinta parte de las ventas, y otras quinientas noventa y ocho, poco menos de un tercio del total, a cincuenta y a cincuentaiún reales. Las novecientas cuarenta y ocho restantes, a cincuenta y dos, lo que significa que casi la mitad de las operaciones se concertaron al precio máximo. La marquesa creía justificado y legítimo actuar de modo tan exigente en aquel momento. Deliberé enajenar algunos efectos por conseguir el mayor valor que les proporcionaba la injuria del citado año, declaró. Fue, por tanto, el resultado de una decisión consciente.
Mientras estas operaciones se consumaban, el comportamiento de los precios del trigo en la región, tal como lo revelan las fuentes administrativas, no debió permitir a todos los vendedores tantas ventajas. El 2 de abril, en un mercado local secundario, todavía se impuso la venta del que había en el pósito al precio de la tasa, los mencionados veintiocho reales. Como era común a los pósitos, establecimientos para la comercialización del grano sujetos a la intervención de los poderes de cada municipio, probablemente llevaba tiempo almacenado, razón que redundaba en la caída de su calidad. Dos días después, en otro mercado similar, localizado en una población de pequeño tamaño, próxima a la capital de la región y comunicada con esta tanto por vía terrestre como fluvial, la fanega de trigo que se había sacado del pósito para el abasto de la población aún se vendía a los mismos veintiocho reales. Sin embargo, aquel mismo día, en el mismo lugar, ya se empezó a comerciar trigo, que se puede suponer más reciente o de mayor calidad, a treinta y cinco reales, el precio que en aquel momento empezaba a pagarse en el mercado libre.
Un par de días más tarde, 6 de abril, en un núcleo de población no muy grande, localizado en el centro oeste de la región y a gran distancia de la capital, con la que solo se comunicaba por vía terrestre, aunque a una distancia relativamente próxima a la frontera exterior occidental, y con fácil acceso inmediato a los puertos de la costa meridional atlántica, también estaba todavía vigente la tasa, a decir de los responsables de su gobierno, lo que significa que igualmente se pagaba la fanega de trigo a veintiocho reales.
Algo más de diez días después, el 17 de abril, a algunas leguas al este del centro de la región, en un lugar de población significativa con rango de centro de una comarca, bien comunicado con la capital por vía terrestre, la fanega de trigo todavía se cotizaba a treinta y un reales, mientras que otros diez días después, 27 de abril, en otra población que compartía con la anterior todas las características que la tipificaban como mercado, a excepción de su posición relativa, que declinaba al sureste pero quedaba muy distante de los puertos mediterráneos, la fanega de trigo ya se vendía a treinta y cuatro reales. Pero al día siguiente, 28, en el mismo lugar, empezaron a manifestarse los que resultarían los cambios más significativos del nivel de los precios del trigo admitidos por los registros públicos. La fanega, aun declarándose del pósito, era vendida nada menos que a cuarenta y dos reales. Y el mismo día, en un mercado de menor tamaño, próximo a la capital y bien comunicado con ella, la fanega de trigo, también del pósito se había empezado a vender a treinta y cinco reales, cuando hasta entonces se había estado vendiendo a la tasa. Para la misma fecha y la misma población, hay noticias sobre el precio que allí tenía el trigo libre, que había llegado hasta los cuarenta reales la fanega.
Dos días después, 30 de abril, en la población de rango comarcal al sureste de la capital, la fanega de trigo del pósito se seguía vendiendo a cuarenta y dos reales. Por contra, en la población de pequeño tamaño próxima a la capital y bien comunicada por las vías terrestre y fluvial, gracias a esta circunstancia el trigo del pósito para el panadeo se mantenía a unos razonables treinta y cinco reales la fanega. Tanto poder para decidir tendría esta posición relativa que casi a mediados del mes siguiente, el día 11 de mayo, en aquel mismo lugar el precio seguía manteniéndose en los treinta y cinco reales, lo que prueba a un tiempo la facilidad del suministro y la estabilidad de la demanda. También en el centro comarcal al este de la capital, quizás asimismo gracias a sus buenas conexiones, se mantenía a treintaiún reales, el mismo precio que casi un mes antes. Pero noticias del día siguiente, 12 de mayo, referidas al mismo lugar, precisan que era la fanega de trigo del vecindario la que aún se vendía a los mencionados treintaiún reales, si bien con portes y otros gastos era preciso, para sacar su coste, venderla a treinta y tres reales y cuartillo. En la misma fecha y en el mismo lugar aquel día el trigo pudo llegar a venderse a treinta y cuatro reales la fanega.
Las tensiones de su mercado debieron alcanzar su nivel extremo algunos días después, el 18 de mayo. Su junta de granos, órgano gestor de la crisis, aunque el trigo de su pósito se estaba cotizando a poco más de treinta y tres reales, decidió fijar el precio de la fanega de trigo nada menos que en cuarenta y ocho reales, teniendo en cuenta que en la alhóndiga de la capital, el mayor de los mercados intervenidos, se estaba vendiendo a cuarenta. Por tanto, allí, en menos de una semana, el trigo incrementó su precio dos quintos.
A partir de entonces las tensiones al alza debieron empezar a ceder. Datos referidos a pocos días más tarde, en torno al 23 de mayo, permiten saber que en la capital se estaba vendiendo la fanega de trigo a treinta y nueve reales, leve tendencia a la baja del mercado de la capital que se confirma a comienzos del mes siguiente. Para el día 8 de junio, allí se podía comprar el trigo a treinta y ocho reales la fanega. Tres días después, el 11, en el centro comarcal al este de la capital, cuyos precios mantenían regularmente diferencias con los de aquella, la fanega de trigo se estaba comprando ya a cuarenta y dos reales, seis menos que a mediados de mayo.
Las últimas noticias de las que disponemos, referidas al mes de agosto, a pesar de su distancia permiten reconstruir con bastante precisión los tramos recorridos por los precios del trigo entre la prolongada crisis de la primavera y el pleno verano. Mientras que el día 8 en la capital todavía se vendía a cuarenta reales la fanega, lo que parece indicar que durante los dos últimos meses habían permanecido estancados a un nivel importante, pocos días después, el 13, también en la capital había irrumpido el llamado trigo ultramarino, que se vendía a precios comprendidos entre veintiocho y treinta y dos reales. No obstante, trigo declarado bajo la misma condición, que habría que suponer de calidad comparable, destinado al abasto del centro comarcal al este de la capital, sorprendentemente se estaba comprando con dinero público a cuarenta reales, un precio que permite suponer que a la condición de trigo ultramarino, subvencionado por las instituciones de gobierno de la región, debió acogerse al menos una parte del de la tierra.
En resumen, el trigo, según la documentación administrativa, se movió entre los veintiocho reales de la tasa, a comienzos de abril, y los cuarenta y ocho de los mercados libres, máximo que se habría alcanzado en el interior rural de la región, en sus centros comarcales, en pleno mes de mayo, un estado óptimo que se prolongó hasta mediados del verano, cuando por fin se dio vía libre a las importaciones de choque. Basta esta síntesis de las noticias mercuriales de aquel año para comprobar que los comportamientos no eran uniformes ni estables, que las posibilidades de los mercados oscilaban a la vez por razón de tiempo y de lugar, y que las estrategias de comercio se dirigirían a detectar dónde y cuándo ocurriría el máximo posible durante la circunstancia crítica, un instante capaz para absorber los costos del movimiento y reportar beneficios. El comportamiento de los principales comerciantes de grano, que eran los labradores, que vaciarían sus almacenes durante las crisis, como la marquesa viuda reconoce, estaría explícitamente orientado a alcanzar esa meta.
Uno de sus medios consolidados al servicio de ese objetivo era el almacenamiento, que se consumaba siempre en lugares muy próximos, cuando no exclusivamente en la misma casa en la que se dormía a diario. Sin embargo, las grandes labores ganarían en su favor las mejores posiciones gracias a una red de corresponsales o de factores, más que gracias a su afán por atesorar. Además de la información sobre sus precios, del trigo vendido por la afortunada viuda solo es posible precisar que casi nueve décimas partes fueron llevadas a la capital, distante del lugar donde era guardado unas cinco leguas. Allí las mil ochocientas nueve fanegas, para cuyo desplazamiento la casa no tuvo inconveniente en cargar con el precio de los portes, a razón de real y medio por cada fanega, encontrarían las mejores oportunidades para el negocio. Sus correspondientes del centro de la región les permitirían detectar los precios máximos, que como las cotizaciones del trigo vendido por la marquesa viuda demuestran estaban por encima de los niveles que la documentación administrativa estuvo dispuesta a reconocer. Para la venta del trigo se preferiría concentrar el riesgo en el mayor mercado, que a su vez actuaría de redistribuidor de la mercancía a través de sus almacenistas y expertos en el gran comercio, los mismos que después operarían con toda la masa atesorada.
La suma de impagados, efectivo y ventas de ganado, cebada, semilla y pajares había alcanzado los 70.578 reales 2 maravedíes. La venta del aceite le supuso un ingreso de 82.484 reales 11 maravedíes. Solo las operaciones con el trigo a la agraciada marquesa le habían permitido ganar, una vez descontados los portes, 99.237 reales 17 maravedíes. Si las primeras ventas no eran suficientes para cubrir los 83.686 reales 21 maravedíes de las deudas, y la de aceite no conseguía satisfacerlas del todo, la venta del trigo bastaba para enjugarlas y además reportar ingresos netos. Para completar tan felices decisiones, que habían permitido a la casa salir del trance, finalmente decidió vender, por no ser de moda, un reloj de faltriquera, antiguo, con caja de carey, que todavía le valieron otros 270 reales.
Llamaba A. Coleman beneficio de oportunidad al que se obtenía cuando la mercancía se precipitaba al mercado en el que podía obtener el mejor precio, al tiempo que confesaba que se había visto impulsado a emplearse en el enunciado de esta teoría por reacción al éxito de la que explicaba el llamado coste de oportunidad, mucho más triste y resignada. Harmodius J. Livingstone, del Kenia King College, con menos énfasis, para referirse a la misma encrucijada del comportamiento económico, prefirió hablar de good opportunity. Iacint L. Stanley, de Chicago, trabajando tras su rastro, probablemente más por concesiones a su público que por replicar, prefirió hablar de golden opportunity, sin por ello cambiar la esencia de la propuesta de su predecesor. Y por oposición, la actitud pasiva frente a las oportunidades más favorables han sido condenadas como miss an opportunity, desaprovechar la oportunidad, o lose the opportunity, perder la ocasión.
Una casa que en un año regular, como consecuencia de la comercialización de todo su producto agropecuario, ingresara 100.000 reales en bruto ya ocupaba un puesto entre las del primer nivel. La suma total que había conseguido la marquesa viuda, gracias a su audaz gestión, alcanzó la muy estimable cifra de 252.569 reales 30 maravedíes. Al margen de las circunstancias que urgieron a la marquesa oportunamente viuda, que le valieron una fortuna, de la feliz ocasión que el paso a su nuevo estado le había proporcionado, su experiencia demuestra que un año de crisis, para las casas de la mayor magnitud, que actuaban de manera coordinada en la mayor cantidad posible de frentes agropecuarios, era una bendición, un año benefactor que según las cifras reveladas les permitiría al menos duplicar las ganancias.
Contratiempos
Publicado: junio 3, 2016 Archivado en: Redacción | Tags: crisis, económica Deja un comentarioRedacción
Las rogativas estaban autorizadas por siglos de cultura. En la época moderna se habían concentrado en la agraria, a la que se habían incorporado como uno de sus recursos, a la misma altura de todos los que se agregaban en el sistema, como cualquiera de ellos resultado de una prolongada tradición. Invariablemente, cuando la adversidad meteorológica se juzgaba extrema, se respondía con rogativas, con el fin expreso de orientar el tiempo atmosférico en favor de las sementeras.
Mediaba diciembre de 1749 cuando en un templo de la capital, ante un crucifijo que era objeto de especial devoción, se concentraron los primeros inquietos por cómo el tiempo estaba actuando aquel otoño. La misericordia divina quiso que poco después lloviera algo. El ayuntamiento de la ciudad creyó conveniente solicitar del cabildo catedralicio que organizara una procesión de acción de gracias, en vista de que la divinidad parecía atender las oraciones que desde la tierra se le dirigían. Pretendía que la comitiva hiciera estación en lugares donde más devotos de toda clase solían concentrarse, como una ermita localizada en uno de los barrios más habitados, y terminara ante el crucifijo que tan eficaz mediador había sido. Pero el gobierno de la catedral no creyó oportuno proceder de este modo. Pensaba que aún no estaba satisfecha la necesidad, y a su favor señalaba como prueba que en distintos lugares otras rogativas seguían promoviéndose. En modo alguno le parecía aconsejable ignorar una corriente que apenas empezaba a crecer.
Mientras tanto, en algunas poblaciones de la región también organizaban rogativas bajo idéntica inspiración, aunque en ellas, donde todo ocurría con más severidad y más orden, y las iniciativas no tenían fisuras, al menos aparentes, se concentraban en imágenes de reconocido prestigio en esta materia.
Hecho el inventario de las calamidades que a fines de 1749 se padecían, porque las lluvias se habían retrasado, una autoridad local dejó constancia de que no tenía en esta ni en otras esterilidades o conflictos otro asilo para su remedio y consuelo que el amparo de la milagrosísima imagen de la Virgen santísima su patrona, de cuya benignidad había merecido siempre la grave intercesión con la divina majestad de su santísimo Hijo para el logro de sus beneficios y el de aplacar su justicia. Para impetrar la soberana intercesión de tan milagrosísima imagen decidió hacer una procesión en rogativa, pasando en la forma acostumbrada al lugar donde recibía culto, extramuros de la población, donde se hallaba depositado tan divino simulacro. Un regidor acordó con el vicario eclesiástico el día de la procesión, y los dos cabildos, el civil y el del clero, encauzaron la participación en ella de las corporaciones ciudadanas. A los pocos días la procesión tuvo lugar. Por el momento, con esto fue suficiente para que quedaran satisfechos los primeros accesos de piedad que el retraso de las lluvias allí provocaba.
Pero para comienzos de 1750 los responsables del mismo gobierno local se habían convencido de que la rigurosa situación que se vivía convocaba la devoción, que dirigía sus clamores a la milagrosísima imagen de Nuestra Señora, por lo que decidieron convocar una reunión para que se votara su traslado a la población desde el lugar donde tenía su sede. Cuando ya se estaba confiriendo sobre este asunto, quien presidía la reunión creyó conveniente dejar constancia de que, aun sin haber llegado a tratar que la imagen fuera trasladada, sino solamente con haberlo imaginado, los campos de la población habían conseguido un copioso rocío. El portento había sucedido justo cuando se pensó trasladar la imagen si no se experimentara el alivio que tanto deseaban. Teniendo en cuenta este beneficio, porque no cabía dudar que fuera obra de su poderoso patrocinio, suplicó a la asamblea que demostrara su agradecimiento en acción de gracias por tan singular socorro. La institución, a su vez, le agradeció su celo, y por supuesto, en justa recompensa por el sumo beneficio recibido, gracias a la intercesión de Nuestra Señora, acordó promover la procesión general con la imagen que se había previsto, cuyos gastos correrían a cargo de los capitulares. A ella sería convocado el clero de la población, en la forma que creyera conveniente la primera autoridad local.
En la capital no ocurrió algo muy diferente. Aunque ni las rogativas de diciembre ni las oraciones de las muchas almas justas que en las públicas calamidades se interesaron por el socorro del cielo pudieron ahora ablandarlo, y había entrado el año con las muestras de esterilidad consiguiente a la falta de lluvias, el efecto no previsto de este impulso de la devoción fue que a fines del mes de enero de 1750 también hubo lluvias, si bien de una intensidad que se equiparó a las precedentes. Por eso, el 23 de enero, en una reunión extraordinaria que celebraba el cabildo de la catedral, también fue necesario reconocer que la majestad divina se había dignado remediar la necesidad que había por la falta de agua, por lo que creyeron debido tributar gracias por tan gran beneficio. Fue del parecer de los reunidos que en el día de la fecha, durante el que, según lo previsto, iba a celebrarse una procesión, se entonase en la última nave un tedeum, y que al tiempo repicara la torre, para luego terminar en el altar mayor, con el fin de que se dijeran allí las oraciones acostumbradas pro gratiarum actione, y de este modo concluyera la rogativa que se hacía todos los días.
Discurrieran con más o menos fortuna las precedentes, en 1750 las rogativas alcanzaron en la capital su grado más alto a fines de febrero, un estado de excitación de la piedad que se mantuvo durante todo el mes de marzo.
El cabildo catedralicio, terminando febrero, decidió hacer las rogativas que venía celebrando en el altar mayor del primer templo de la región después de la misa de tercia al santísimo. Bastaría con que en la celebración eucarística se dijera la coleta ad petendam pluviam, excepto los días de primera clase. De la misma forma se actuaría en las capillas de la catedral. Esta fue la causa de que a partir de la tarde de la jornada en la que se tomó esta decisión se hiciera rogativa en todas las misas y, en la forma acostumbrada en ocasiones similares, estación a la capilla donde recibía culto una imagen de Santa María que era objeto de particular devoción en estos casos.
La misma corporación, a renglón seguido, encargó a sus diputados de ceremonias que propusieran, de acuerdo con lo que se había hecho otras veces, qué demostración pública les parecía adecuada para corresponder a la necesidad de lluvias. De todas las precedentes, la diputación de ceremonias prefirió tomar como referencia la más próxima, de la cual con facilidad pudo encontrar la documentación que avalara sus propuestas. Pocos días después, el cabildo catedralicio recibió su informe, en el que proponía que el siguiente lunes por la tarde, con asistencia de la universidad de beneficiados, clero y cruces, se hiciera una procesión general de rogativas con la imagen principal del templo. El desfile debía tener el mismo aparato y acompañamiento que se usaba el 15 de agosto, día de la fiesta anual de la imagen que iba a salir en procesión. Para que todo se mantuviera dentro de lo previsto actuaría como su preste un señor dignidad, asistido por los diáconos de semana, para su gobierno fueron nombrados diputados del cabildo catedralicio y, con el fin de sufragar los gastos, la fábrica decidió librar a la capilla real lo mismo que se empleaba en los actos del 15 de agosto. Acordado que así se procedería, se informó al titular de la sede y a la autoridad civil, por si creyeran oportuno asistir. Al provisor se le notificó el acuerdo, para que convocara a beneficiados, clero y cruces, y el maestro de ceremonias avisó del día y la hora decididos al capellán mayor de la capilla real y a los alcaldes de la hermandad del santísimo, para que también asistieran, como lo hacían en ocasiones semejantes; y a los maestro de capilla, sochantre, comendador, veedor y demás ministros de la catedral.
Por los mismos días de fines de febrero, la corporación municipal de una de las poblaciones con rango de centro de comarca fue al lugar donde recibía culto la imagen de Santa María en la que había decidido concentrar su iniciativa piadosa. Lo hacía para cumplir con un voto anual precedente, asistir a una misa cantada ante aquella imagen en honor del santo en cuyo día precisamente la población, en una situación similar a la que entonces se estaba viviendo, mereció el beneficio de las aguas. Como la adversidad del tiempo persistía, aprovechando aquel aniversario, por iniciativa del procurador mayor se convocó una reunión del órgano de gobierno del municipio para deliberar sobre la conveniencia de llevar la milagrosísima imagen de Nuestra Señora hasta la población, y así conseguir el socorro del que tanto necesitaban los campos propios y los de la comarca.
Al día siguiente, durante la reunión prevista, se aceptó que en todas las ocasiones de necesidad que la población había padecido, gracias a la mediación de la imagen de la que se trataba se había experimentado el beneficio de la salud pública y de las aguas necesarias para las mieses de los campos. De ahí que para remediar la necesidad de lluvias que en aquel momento se sufría acordaran que se llevara en procesión general, desde su iglesia a la mayor de la población. Con este fin convocaron al clero, a las órdenes religiosas en ella establecidas y a las hermandades que en ella existían. Era su propósito, una vez colocada la imagen en el altar mayor de la parroquia, que ante ella se celebraran nueve fiestas y rogativas, más cuantas a iniciativa de los piadosos corazones fueran necesarias, para que por su patrocinio e intercesión se alcanzara de la infinita piedad alivio en la extrema necesidad de aguas que se padecía; de la divina misericordia, las lluvias que se deseaban para la fecundidad de los campos. Una vez que hubieran terminado, la imagen se restituiría a su iglesia con la misma solemnidad y con la acostumbrada asistencia de la asamblea de gobierno de la ciudad. Para ver satisfechos sus deseos, de entre sus miembros nombró dos diputados.
A primeros de marzo el cabildo catedralicio recibió a la diputación de la autoridad civil de la capital que correspondía a la invitación que le había remitido. Se mostró dispuesta a asistir con rueda entera a la procesión en la que se iba a sacar a la imagen elegida por los canónigos, para que por su intercesión se apiadase la divina justicia, usando de sus misericordias, y enviara el rocío general que tanto se necesitaba. El cabildo catedralicio reconoció la cortesía y, como preparación a la solemnidad prevista, durante tres noches, después de maitines, cerradas las puertas de la catedral, organizó procesiones que partían de las últimas naves. A ellas asistieron, además de los fieles que respondían a la convocatoria, el propio cabildo y ministros, que cantaban las letanías de los santos, mientras la torre tocaba a rogativa, pero no mujeres, cuya entrada en el templo para aquellos actos a deshoras fue prohibida. Finalizaron todos aquellos desfiles de clausura ante el altar mayor, descubierto el santísimo, con las preces ad petendam pluviam.
Estaba terminando la primera década de marzo cuando se celebró la procesión prevista por el clero de la catedral. No fue necesario que durante la mañana del día señalado hubiera novedad alguna, si bien, como había de hacerse luego procesión de rogativa, aquel día se omitió la que se estaba haciendo a la imagen a la que se le prestaba una atención especial en aquellas ocasiones.
La ceremonia, una vez preparado el altar mayor de primera clase y de morado, empezó dadas las doce del día. Primero desde la torre se tocó para convocar a las cruces. A continuación, campana y esquila de la tarde tocaron de dos y media a tres, de modo que, empezada la esquila, se dio un toque de segunda clase para llamar al clero. La procesión obligaba a los capitulares y ministros catedralicios con pena de medio día. Disciplinadamente, los canónigos concurrieron al coro de la catedral vestido con las sobrepellices y dijeron las completas, tras las cuales cantaron los maitines. Concluidos, las campanas tocaron un pino de primera clase para convocar a la ciudad. Antes de salir la procesión, después de las preces, a la imagen se le cantó al menos un motete y una oración, al tiempo que se la turificaba.
Formaron el desfile, bajo la presidencia de la máxima autoridad episcopal, además del cabildo catedralicio, los capellanes reales, la hermandad del santísimo y representaciones de órdenes religiosas y del clero secular, y es de suponer que a la comitiva se añadirían al menos los delegados por la ciudad. El cabildo, que acompañaba la procesión con las sobrepellices que vestía desde que concurriera a completas, iba cantando las letanías de los santos ateniéndose al estilo con que se cantan en las rogaciones, empezando en el coro y terminando en la capilla real. Para engrosar la salmodia, el sochantre había nombrado ministros que así mismo cantaran las letanías entre el clero en el coro.
La procesión discurrió por las gradas de la catedral, siguiendo la línea que marcaba su nivel más bajo. Salió y entró por la misma puerta sin hacer estaciones, y mientras duró se tocó en la torre a rogativa. En determinados lugares del trayecto algunos jesuitas se habían apostado con el fin de llamar a los concurrentes a que hicieran penitencia. La severidad de aquel acto resultó más llamativa porque coadministrador y autoridades civiles, de común acuerdo, habían prohibido que en el trayecto de la procesión hubiera puestos de comidas y bebidas. Finalizó el acto en la capilla real con las preces y oraciones del ritual romano ad petendam pluviam, cantadas igualmente por el cabildo catedralicio. Aquella misma noche los jesuitas que habían arengado a los espectadores de la procesión, en uno de los barrios de la ciudad predicaron a los hombres que se habían reunido en sus templos.
En la tarde de un jueves de primeros de marzo, el gobierno de la población aludida, para cumplir con su acuerdo de fines de febrero anterior, salió de su iglesia mayor en procesión general de rogativa. También concurrieron a ella el clero y las hermandades, y se dirigió a la iglesia del monasterio donde estaba la imagen que concentraba la iniciativa piadosa. Ya en ella, su vicario, por ausencia del padre prior, por sí, y en nombre de la comunidad, requirió al gobierno de la población.
En aquellas circunstancias, tomar posesión de la imagen, tal como este se había propuesto, obligaba a unas formalidades cuya descripción permite reconstruir al menos una parte de los ritos que pudieron sacralizar este tipo de transacciones, así como el celo que despertaba el dominio sobre una imagen en momentos como aquellos. A sus dos comisionados, la corporación había otorgado el poder necesario para que firmaran la escritura que para semejantes transferencias se acostumbraba, llamada de pleito homenaje, un arcaísmo que pretendía asemejar el acto al de fidelidad que se debía a un señor. El vicario del monasterio, al requerir al gobierno de la población tomaba la iniciativa formal para que quienes había diputado el gobierno local la otorgaran.
La corporación se manifestó dispuesta a cumplir con este requisito. Pasaron a la capilla mayor del monasterio el corregidor y los regidores diputados para el acto y, de rodillas ante la imagen objeto de la transferencia, las manos de los diputados puestas entre las del corregidor, firmaron el documento por el que se obligaban a restituir a la iglesia del monasterio la milagrosa imagen, concluido el novenario. Prometieron, como caballeros hijosdalgo notorios, de casa y solar conocidos, una, dos y tres veces, y las demás en derecho necesarias, según fuero y leyes de España, llevar en procesión general la milagrosísima imagen de Nuestra Señora, colocarla en el altar mayor de la parroquia primera de la población y en ella celebrar el novenario de fiestas y rogativas que el municipio había decidido, y todas a las que concurriera la devoción. También se obligaron, concluidas estas, a que fuera restituida la imagen a su iglesia con la misma suntuosidad, y entregada al padre vicario y su comunidad. Para el cumplimiento de todo dieron y empeñaron palabra como caballeros hijosdalgo, bajo la pena, en caso de infringirla, de caer e incurrir en la que caen e incurren los caballeros hijosdalgo notorios que no cumplen en todo lo que prometen en las escrituras de pleito homenaje. Satisfecha esta formalidad, el fraile se declaró dispuesto por sí y su comunidad a entregar la milagrosa reliquia.
La historiografía de las poblaciones de tamaño medio tiene su origen en la época moderna. Muy probablemente sea un producto de la cultura que hizo posible el deseo de rescatar, de manera consciente, la antigüedad. Los textos genuinos agregaron las primeras formas de la arqueología, que en aquella época fueron conocidas con el nombre colectivo de antigüedades, una limitada recepción de narraciones, una recopilación de biografías de varones ilustres de la población y una historia sacra, preocupada sobre todo por el origen de las instituciones religiosas activas en el lugar. Todo el relato estaba inspirado por el principio narrativo sublime, tanto para la detección de los antecedentes más remotos como para explicar las fundaciones piadosas o los singulares actos que probaban la grandeza personal. El comportamiento noble, único capaz de generar cuanto fuera digno de memoria, era el mismo que justificaba la hidalguía. En ese lugar encontraron su medio para propagar su manera de concebir sus obligaciones cívicas quienes actuaron ateniéndose a este tipo de culto a las principales imágenes de una población, objeto de las promociones religiosas con más posibilidades y representación por sí mismas de virtudes singulares.
Un domingo de marzo por la tarde, a punto de terminar la primera década del mes, se celebró otra procesión de rogativa con la milagrosa imagen de un cristo que recibía culto bajo una advocación concentrada en lo que a todos estaba preocupando, desde la ermita donde la tenían colocada hasta la iglesia mayor de su población. Como las demás que aquellos días se organizaban, la razón del traslado era la esterilidad que los campos padecían como consecuencia de la falta de lluvias. En respuesta al convite hecho por una hermandad establecida en la misma ermita, cuya titular era una imagen de Santa María, constituida bajo un título igualmente adecuado a las circunstancias que se estaban viviendo, a ella asistió el gobierno del municipio.
Una vez el cristo en la población, como varios devotos suyos habían tenido la iniciativa de costear un novenario con misa cantada y sermón diario, fue necesario que permaneciera en la iglesia mayor durante los días siguientes. Actuando así, sus promotores deseaban implorar el auxilio divino, para que concediera la lluvia que tanto se deseaba para el beneficio común. El gobierno municipal, convencido de que la institución debía tratar con preferencia los deseos y afectos de los devotos, más aún en la estación que se vivía, en atención a tan justo y debido culto, acordó, en sesión celebrada después de la procesión, que el último día del novenario se hiciera por su cuenta la fiesta con misa y sermón y lo demás correspondiente. La imagen permaneció en la iglesia mayor durante aquellos días, y el último, asimismo con asistencia de representantes del municipio, otra procesión de rogativa durante la tarde la devolvió a su ermita, donde fue colocada en el lugar donde solía recibir culto.
Mediado ya marzo, donde para disponer de una imagen de Santa María había sido necesario otorgar escritura de su cesión, una vez trasladada a la iglesia mayor se habían celebrado doce rogativas ante ella, todas las que la devoción municipal y de varios gremios le había ofrecido. Sin embargo, una vez finalizada la función celebrada del que resultó ser último día de rogativas, el gobierno de la población se reunió en la sacristía de la iglesia mayor para constatar que, después de tan repetidos cultos y devotas rogativas, persistía la esterilidad que se padecía en los contornos, y no se había experimentado el beneficio de las aguas, razones por las que aumentaban las fatigas de la población. Admitieron la justa indignación de la majestad suprema, de la que pensaron que se hallaba ofendida con la suma de culpas que incesantemente se cometían por los pecadores. No obstante, tenían entera confianza en la mediación de su divina patrona. Esperaban que teniéndola algún tiempo más en la iglesia mayor, continuando las rogativas y las súplicas de la población, se lograría de la majestad suprema el beneficio tan deseado. Con la aprobación del prior del monasterio depositario de la imagen, que estaba presente, decidieron que continuara el divino simulacro de Nuestra Señora en la iglesia mayor hasta el último día de la pascua de resurrección, que coincidiría con el último día de marzo, tiempo durante el que seguirían sus cultos. El padre prior estuvo de acuerdo con que así se procediera bajo la condición de que se reiterara la escritura de pleito homenaje suscrita a primeros de mes, lo que hubo de ejecutarse de inmediato.
A punto de concluir la primera parte del ciclo de las rogativas en la capital, en su primer templo se seguían celebrando. Tal como se había propuesto de nuevo, su cabildo organizó actos de penitencia a puerta cerrada, solo para hombres, durante tres noches de mediados de marzo, las de los días 16, 17 y 18. Después de maitines, por las últimas naves del edificio, otra vez se organizaba la procesión. Una dignidad del cabildo llevaba la reliquia del lignum crucis, y junto a ella un coro de canónigos cantaba la letanía de los santos, que los asistentes repetían. Cuando la procesión llegaba al altar mayor, se manifestaba la majestad en el sagrario y se recitaban las preces de rigor, para acabar con el canto del tantum ergo. A juicio del analista de la capital, gracias a aquellos devotísimos actos, desde el primer día, se hizo notar que el tiempo había empezado a moverse.
A partir del domingo siguiente, la autoridad civil también se prodigó en este tipo de actividades. Además de visitar una imagen de Nuestra Señora, decidió asistir regularmente a las rogativas que en la catedral seguían celebrándose, actitud en la que se mantuvo hasta finales del mes siguiente. De acuerdo con los escribanos públicos, los judiciales y la universidad de corredores de lonja, concurrió a otra de las parroquias de la capital para solicitar la mediación de la patrona del municipio. Allí celebraron misa votiva y fue pronunciado un sermón, en el que el orador llamó a la penitencia y a la devoción a Santa María.
Pero no toda la actividad piadosa de la capital se daba cita en el primer templo de la región. Por los mismos días de marzo, de uno que era sede parroquial salió en procesión una imagen de Nuestra Señora, venerada bajo una advocación igualmente concordante con la situación que se estaba viviendo. La acompañaban dos hermandades, también fundadas acogiéndose a la advocación mariana, y costeó la cera otra más, y fueron en la procesión los corporativos del santísimo y el clero y cabildo de la parroquia.
Ya de noche, una cofradía sacó en procesión su imagen del nazareno en un paso de semana santa desde el templo donde tenía su sede. Cuando el desfile alcanzó la plaza ante el edificio del cabildo civil fue pronunciado el sermón correspondiente. Y también por la noche otra hermandad, establecida en otra de las parroquias, llevó su simpecado primero a un convento de monjas y después a otro donde se celebraba rogativa. En el templo de una tercera parroquia, situada en uno de los barrios con mayor población, comenzó una novena de rogativas, y con este motivo los frailes de un convento dominico y una cofradía cuyo titular era un cristo, de nuevo bajo la recurrente advocación concordante con las circunstancias, llevaron en procesión la imagen.
Las rogativas estaban siendo tan estimuladas que llegó el momento en que cobraron un impulso tal que nada pudo detenerlas antes de alcanzar el paroxismo. Aunque alguno de nuestros informantes cree que por la multitud de estas penitencias se viene en conocimiento de lo grave de la calamidad, su frecuencia, según las mismas fuentes, dio motivo a varios desórdenes, no siendo el menor lo extraño y singular de algunas mortificaciones. Durante los días que restaban de marzo las demostraciones de laceración que exhibieron en público quienes por penitencia se humillaban llegaron al exceso. Se puede imaginar parte de aquellas formas radicales de la penitencia gracias a la persistencia de la indumentaria reservada al ejercicio de la mortificación extrema que fue utilizada durante siglos en las procesiones públicas. Permite identificar con certeza al menos dos de sus especies, los disciplinantes y los empalados. Cada uno depurado por su propia tradición, ambos respondían al tipo genérico llamado penitentes de sangre.
Los disciplinantes son los más conocidos. En las procesiones públicas cubrían su cabeza con un capirote blanco, que al mismo tiempo les ocultaba la cara, y vestían una túnica, también de color blanco, que dejaba al descubierto la espalda. Formando círculos o filas, unos a otros se azotaban y herían con un látigo normalmente de hilo. Blanco White, atento observador de la especie, quien los sitúa unos veinticinco años después de la fecha de nuestro interés, los refiere como gente bañada en su propia sangre que procedía de lo más abyecto de las clases bajas. Descubre que antes de incorporarse a la procesión se herían la espalda, y ya en ella se azotaban unos a otros con disciplinas hasta hacer que la sangre corriera por sus hábitos. Estaba muy extendida la idea de que este acto de penitencia tenía al mismo tiempo un excelente efecto sobre la constitución física; y mientras por un lado la vanidad se sentía halagada por el aplauso con que el público premiaba la flagelación más sangrienta, una pasión todavía más fuerte buscaba impresionar irresistiblemente a las robustas beldades de las clases humildes.
El empalado, en contra de lo que ocurriera con los disciplinantes, ha sobrevivido, aunque en condiciones endémicas. Fuentes etnográficas permiten identificarlo como un varón que desde la cintura se cubre con una vestidura talar sobre la que sobrepone un faldellín de encajes de las mismas dimensiones. Va descalzo, y sobre el cuello sostiene un palo recto y largo, al que se han fijado sus brazos con una cuerda gruesa y basta que rodea palo y brazos con cuidado, para no dejar ver ni una ni otra cosa, ni siquiera las manos. Con idéntico procedimiento y una cuerda del mismo tipo, el tórax se recubre en toda su superficie hasta la altura de las axilas, directamente sobre la piel. La imagen que así se obtiene es la de un crucificado. Sobre los dos brazos mantenidos en horizontal cae un largo encaje a modo de sudario, que pasa de un lado a otro por la espalda del empalado. De ambos brazos, atados con cuerdas más finas, cuelgan unos instrumentos de hierro, que pueden ser tenazas o similares, evocadores de los atributos de la pasión. Cabeza y rostro del individuo van cubiertas con un velo, también de encaje. Si bien oculta los detalles del rostro, deja apreciar con nitidez sus rasgos esenciales. Sobre el velo, encajada en la cabeza, lleva una guirnalda trenzada con ramos y flores, cerrada sobre sí misma, que recuerda la corona de espinas.
A fines del primer tercio del siglo décimo séptimo, Arguijo describió un personaje muy similar transitando por las calles de la capital un viernes santo poco antes del sol puesto. Aunque en su indumentaria haya alguna diferencia con respecto al que ha sobrevivido, no puede haber dudas sobre su identidad y sobre su ascendencia. Según aquel, iba desnudo de cintura arriba, con unos calzoncillos de lienzo, una soga de esparto al cuello y amarrados los brazos con ella y una barra de hierro. siglo décimo séptimo, y otras que certifican sus persistencia en pleno siglo vigésimo, se puede presumir que a mediados del siglo décimo octavo estaba vigente, y que, junto con los disciplinantes que impresionaban con sus hemorragias, pudo ser uno de los personajes dramáticos que incrementaron la fuerza de las rogativas de aquel año.
Probablemente la emulación y las pasiones tendrían una parte de responsabilidad en el giro que estaban dando. Pero lo que consta por las crónicas es que fueron las órdenes religiosas, que compitieron entre sí por rentabilizar la situación que se había creado, las que más contribuyeron a que la pasión piadosa se desbordara. A la vanguardia de esta nueva corriente actuaron los jesuitas. Organizados en misión, y apoyados por el clero de las parroquias, llamaron a la penitencia en los barrios más poblados de la capital, en cuyos templos, pronunciando sermones, prolongaron su actividad durante las tardes de un par de días. Sin embargo, el exceso en las penitencias no parece que fuera responsabilidad directa de esta iniciativa. En la noche del mismo día que los jesuitas habían tomado la decisión de promover sus misiones, los capuchinos salieron con coronas de espinas y sogas al cuello, echando saetas y jaculatorias, y en tono lúgubre cantando los salmos penitenciales. Dos farolitos pequeños abrían su procesión, y otros dos iguales alumbraban al santo cristo con que concluía. Los acompañó mucha gente hasta que se recogieron, ya las dos de la madrugada.
Los franciscanos del convento casa grande, durante tres noches de aquellos mismos días, organizaron una procesión también presidida por un cristo. En ciertos lugares del trayecto los frailes llamaban a la reforma de las costumbres y amenazaban con un castigo más terrible que el que se padecía, que no estaría lejos. Uno que formaba parte del desfile iba coronado de espinas y llevaba una pesada cruz a cuestas, lo que movía a compasión.
Desde una de las parroquias de la capital, una cofradía sacó en procesión su imagen de Nuestra Señora, que recorrió el barrio. También en ella iban frailes capuchinos, quienes, tras presentarse con instrumentos de varias penitencias, a lo largo del trayecto pronunciaron sermones. En otra parroquia, otra hermandad de Nuestra Señora sacó en procesión su imagen, esta vez acompañada por los mercedarios descalzos de San José, cuyos individuos se presentaron con distintas mortificaciones. En la parroquia anexa a la catedral, cuando terminaba la segunda década de marzo, y durante seis noches, aprovechando el rosario que allí todos los días se celebraba al atardecer, hubo pláticas y disciplinas. Y todavía tuvieron lugar otras muchas procesiones con penitencias públicas y secretas, algunas de las cuales iban en estación a la Cruz del Campo.
Aquellas manifestaciones radicales de penitencia fueron razón suficiente para que la máxima autoridad eclesiástica, ya comenzada la primavera de 1750, finalmente decidiera prohibir las procesiones de rogativas, a pesar de lo cual los rosarios de la capital mantuvieron las suyas. Los miembros de uno de ellos, vinculado a la primera casa de los dominicos, durante nueve noches todavía hicieron estación a distintas iglesias, aunque en ellas, una vez que el episcopado romano había tomado aquella decisión, solo fueron pronunciadas pláticas. También la autoridad municipal de la primera ciudad de la región, precedida por los alguaciles de los veinte, y contando de nuevo con los escribanos y los corredores de lonja, como penitencia todavía acordó ir andando hasta el lugar donde recibía culto cierto cristo. Sin embargo, esta decisión fue modificada por una circunstancia que tal vez facilitó que fuera, antes que otro estímulo a los comportamientos extremos, el catalizador que precipitara la inversión del curso que antes habían tomado. A los pocos días de que el cuerpo civil de la capital acordara ir hasta el mencionado cristo empezó a llover. Fue razón suficiente para que a continuación una hermandad de Nuestra Señora, a la que ahora se adhirieron los frailes agustinos, otra vez promoviera, en vez de más penitencias, funciones de acción de gracias por el beneficio recibido.
En las poblaciones de la región, mientras tanto, todo discurría de manera más sosegada, aunque sin que tampoco en ellas faltara la interferencia de las órdenes del clero regular, que desde mediados del invierno insistentemente refractaban las rogativas.
Estaba terminando marzo y era domingo de ramos. Para la tarde de aquel día una comunidad de clero masculino había organizado una rogativa a una milagrosa y santa imagen de Nuestra Señora, asimismo objeto de gran devoción, que recibía culto en su convento, situado, tal como era común en estos casos, extramuros de aquella población. Habían previsto un acto en dos partes, primero un sermón y luego el habitual desfile con la imagen. Con el propósito de que asistiera a ambos, habían invitado al cabildo municipal, y este efectivamente acudió. En el transcurso del sermón, aprovechando su presencia, el predicador recordó al municipio que desde antiguo estaba obligado a la mayor veneración, devoción y culto de la santa imagen a la que en aquel momento se le rogaba.
A la vuelta de la procesión, llegada la hora del toque de la campana para la oración del ave María, el gobierno del municipio se reunió en las casas capitulares. Por experiencia sabía el patrocinio y la protección que concedía la Virgen en aquella milagrosa imagen, como testimoniaban tanto sus fieles de la población como los de todos los reinos de Castilla, e incluso los sujetos a su corona en el Nuevo Mundo. Aceptó por tanto la obligación con la que le había conminado el predicador, y por unanimidad votó corresponder a ella satisfaciendo un deseo concebido días antes, nombrar su compatrona a Nuestra Señora la Virgen María venerada en aquella imagen. En aquel asunto los capitulares actuaban inspirados por la firme esperanza de que por este medio conseguirían, tanto ellos como la población, dulce y eficaz patrocinio para el acierto y el beneficio común y particular, y logro de las consolaciones que tanto necesitaban; especialmente en la aflicción que vivían, ocasionada por la falta de agua que desde hacía tanto tiempo padecían, de tal magnitud que hacía temer que, si no se conseguía pronta y piadosa providencia divina, habría general pérdida de todas las sementeras, ganados y frutos. De este modo, en aquellos excepcionales momentos, se consumó un patronazgo, una forma muy común de alimentar la identidad colectiva en las poblaciones de la época.
Pocos años después, uno de los regidores de una de ellas teorizó que la condición de verdadero patriota se adquiría aceptando el patronazgo de una imagen mariana. Patria, entonces, ateniéndose al sentido clásico, exclusivamente se refería a la población en la que se había nacido. Luego patriotas serían todos los que compartieran esta condición natural. Ahora bien, según aquel regidor, los habría de al menos dos clases, los verdaderos y los que no lo eran. Serían los primeros los que al mismo tiempo aceptaran el patronazgo de su correspondiente imagen mariana. Quienes no lo aceptaran, sin dejar de ser patriotas, porque esta condición se adquiría por naturaleza, incurrirían en algo aún peor, la de no ser verdaderos.
Dado que, para entonces, mediados del siglo décimo octavo, aquellas imágenes, especialmente las elegidas para que adquirieran esta condición, contaban con al menos uno o dos siglos de culto, el número de sus devotos, entre los patriotas o nacidos en un mismo lugar, tendrían que ser significativo, en cualquier caso superior al número de los que disponían de derechos políticos. Los regidores, o miembros de pleno derecho de las asambleas de gobierno locales, y los jurados, que solo tenían voz en ellas, eran los únicos elementos de la sociedad civil que al mismo tiempo poseían derechos políticos, en los que se mantenían por vía de apropiación.
Si nos atenemos a la teoría de aquel regidor, contemporánea de los hechos que estamos analizando, cuando una cámara de gobierno local decidía designar compatrona a una imagen habría decidido compartir su dominio con ella, puesto que este era el contenido del derecho de patronato. Más allá de la apariencia simbólica de aquella decisión, con una decisión como aquella el municipio que así actuara pretendería crear consenso para su exclusiva sociedad política nutriéndose de los devotos de la imagen, quienes, gracias al poder que a esta le reconocieran, automáticamente se lo concederían. La extensión del vínculo de identidad, o condición de verdadero patriota a todos los devotos, que tendría ser automática por el hecho de ser devoto, en la medida en que lo aceptaran los convertiría en sujetos a la exclusiva sociedad política limitada a regidores y jurados, sin que al mismo tiempo dispusieran de los derechos que eran inherentes a quienes formaban parte de ella.
En aquel estado de calculado fervor, tras insistir en su deseo de servir más a Dios Nuestro Señor y reverenciar a Nuestra Señora la Virgen María, aquel municipio también acordó que, si en toda la santa semana que aquel día empezaba no se conseguía el beneficio de la deseada y congruente lluvia, se continuaría la rogativa comenzada con una procesión que llevara la imagen a la iglesia mayor, en donde se le haría una fiesta con la decencia correspondiente. La procesión tendría lugar el segundo día de la inmediata pascua de resurrección por la tarde, y en el siguiente la fiesta, a costa de todos los miembros del cabildo, según la devoción y facultades de cada uno, considerando no obstante el atraso tan grande y notorio de los propios. Para dar cuenta del voto que se había comprometido, al provincial de la orden en cuyo convento estaba la imagen, que residía en él, a su padre corrector y a toda la comunidad, así como para cuidar de la procesión y fiesta decididas, fueron nombrados como diputados dos regidores.
Ya a primeros de abril, más de dos semanas después de otorgada la última escritura de pleito homenaje, un domingo por la tarde, el gobierno de la población donde se atenían con disciplina a estas formalidades organizó una procesión general con el clero, las órdenes religiosas y las hermandades. Llevaban en ella la milagrosísima imagen de María santísima madre de Dios y señora nuestra. Salieron de la iglesia parroquial mayor y fueron a la del monasterio extramuros donde se mantenía su culto. En la capilla mayor del monasterio el corregidor y los dos regidores para esto diputados entregaron la imagen a la comunidad que lo regentaba, y, en su nombre, al prior, quien otorgó que la recibía. El corregidor hizo, en forma de cancelación, alza y quita de la obligación contraída por los diputados en las escrituras de pleito homenaje, otorgadas a primeros de mediados de marzo. Declaró las escrituras por ningunas y rotas y que los diputados habían cumplido con la obligación que por ellas habían adquirido.
Para entonces, las rogativas de 1750 podían darse por concluidas. Todo cuanto de ellas se podía esperar había sucedido.
No se debe precipitar el lector contemporáneo en su juicio sobre la pertinencia de las rogativas, aunque ahora estemos dispuestos a sonreír con benevolencia ante semejantes actuaciones. En años como aquel sobraban razones para comportarse del modo más comprometido, en modo alguno inconsciente, a la hora de la adversidad. Por desgracia, no hay muchos datos sobre los efectos inmediatos que en el transcurso de los meses siguientes, los de la primavera y el verano, la penitencia pública tuviera en el campo sobre el que pretendía incidir, lo que debe considerarse más un descuido de los autores de nuestras fuentes que falta de eficacia de aquellas transacciones. Pero, a pesar de la falta de información positiva, disponemos de indicios suficientes sobre cuáles pudieron ser. Conocidos los reiterados esfuerzos por modificar el discurrir adverso del tiempo, no es posible creer que de tan generosa entrega y tantas movilizaciones los explícitos beneficios temporales que de ellas se esperaban no dejaran rastro.
En su momento, las rogativas eran percibidas como un hecho que, aparte sus beneficios espirituales, también podía provocarlos de orden económico. Evidentemente no tenían ningún efecto en el campo de la producción. Pero, así como el tiempo atmosférico era causante directo, porque a él está subordinada la supervivencia de las sementeras, las rogativas tenían demostrado que eran factor que modificaba inmediatamente el comportamiento de los precios del grano. Bastaba su convocatoria para que los precios de los cereales panificables subieran.
Probablemente sería un exceso concederles toda la responsabilidad directa sobre algo que por sí mismo disponía de medios más que suficientes para alentar toda clase de oscilaciones en cualquiera de las direcciones deseadas por quienes participaran en aquellos mercados. En la época todos los interesados en su mercado eran conscientes de que la evolución del precio del trigo cada año se podía estimar con antelación. No hacía falta más que tener en cuenta el curso de las cotizaciones en los tiempos anteriores y corrientes. Perceptores de renta en especie, vendedores de grano, trabajadores agrícolas y consumidores urbanos, todos muy sensibles a todas las oscilaciones de los precios de los cereales, harían sus apuestas sobre el signo y el valor de los siguientes de acuerdo con el comportamiento de los anteriores del ciclo, en el que por experiencia sabían que estaban atrapados. Cada año, porque todos tenían una expectativa sobre el comportamiento futuro de aquellos precios, cada cual utilizaría todos los medios a su alcance para conseguir que su comportamiento le fuera el más favorable.
Han sido ensayados distintos procedimientos estadísticos para reconstruir estas esforzadas voluntades, y ninguno ha podido ignorar, completada la observación de los precios efectivos, que no hay modo de representar con una sola imagen un único orden armónico que las evoque al menos transitoriamente compatibles. A decir de los observadores más críticos, bastaba, por ejemplo, que trascendieran al público instrucciones gubernamentales sobre el suministro de trigo y cebada al ejército y la armada para que el precio de los cereales subiera, porque al instante se difundía la sospecha de un previsible comportamiento acaparador de los asentistas, que a unos favorecía y a otros defraudaba. Pero sobre todo eran los tempranos anuncios de escasez los que despertaban la esperanza en los precios mayores, que tampoco a todos satisfacían. La previsible caída de la producción, efecto inmediato de la sequía, era bastante para añadir, aun varios meses antes de que llegara el momento de la cosecha, el factor de incertidumbre que desde la primavera, cuando regularmente los precios del grano conocían sus máximos, los lanzaría de manera extraordinaria.
Sin que nada de esto dejara de ser efectivo en cualquier ocasión, y todo tuviera sus consecuencias, aun así, nadie le puede negar a las rogativas, que tenían reservado su momento estelar entre el final del invierno y el comienzo de la primavera, el poder para liberar ciertas fuerzas que habían ganado. La autoridad regional, en pleno siglo décimo octavo, las identificó con claridad. Se me acaba de asegurar –dijo– que el ilustrísimo cabildo eclesiástico ha acordado hacer rogativas públicas, para obtener de la divina misericordia la lluvia que considera necesaria. Me ha sorprendido esta noticia, porque siendo tan notoria la influencia que tienen estas determinaciones públicas para alterar el precio del trigo, y demás abastos, creía yo que antes de determinarlas debía ser previa la solicitud del gobierno, y su conformidad. Nada hay más temible, cuando se trata del abasto del pan, que el hambre aprensiva, y esta se suscitará infaliblemente por el mero hecho de ver el pueblo se hacen rogativas públicas, porque suponen estas hallarnos amenazados de una calamidad. Por otra parte, no veo que el estado de las sementeras exija el recurso al medio extraordinario de las rogativas.
Las previsiones que podían hacerse sobre cómo las rogativas podían repercutir en los mercados del grano, en caso de que fueran convocadas, eran tanto más certeras cuanto que sus programas habían llegado a ser igualmente reiterativos e insistentes. Poco más de diez años antes, durante el trimestre del invierno, en una de tantas poblaciones de rango medio fueron movilizadas las fuerzas necesarias para que todo ocurriera según era habitual. Llegado marzo, se acordó un novenario a un cristo y su procesión, y la corporación pública, experta y previsora, aunque participó de la iniciativa de los devotos de la imagen, decidió prever también, aparte la común rogativa para que lloviera, para el caso de que ocurrieran las deseadas lluvias, una fiesta solemne de gracias, en la que se cantara un tedeum y que se complementara con el sermón a propósito. Como, pasados los días, persistió la sequía, aparte lo que ya había previsto, optó por solicitar al arzobispo que enviara a un capuchino para que predicara una misión por las tardes durante un novenario de rogativas, y creyó conveniente, para preservar la dedicación a la penitencia, que se evitaran licencias para romerías, sobre todo a mujeres que no fueran acompañadas de sus maridos. La misma secuencia de actividades, si bien resumida, con que la que se actuó en 1750.
Aunque las rogativas puedan reducirse a uno de los recursos agronómicos relacionados con las creencias, servido por una tradición milenaria, en pleno siglo décimo octavo habían conseguido ser algo más. Eran un medio eficaz para extender la conciencia de que los granos se encarecerían, condición que inmediatamente ayudaba a que así ocurriera. No es necesario discutir que, si algo así efectivamente pasaba, solo convenía a los que poseían grano. Pero la convocatoria de las rogativas, más allá de lo que a cada cual interesara, preparaba a todos para enfrentarse a precios altos. Entonces, como luego la publicidad, aquellas movilizaciones de devotos, que aspiraban a comprometer a patrióticas mayorías, preparaban la demanda del grano para un consumo resignado a los precios altos.
Convocando las rogativas no es seguro que se obtuviera el benéfico efecto, pero cuando menos no era descabellado intentarlo. Allí donde se esperaba recibir los mayores beneficios de la crisis, como en la capital de la región, mercado de primer orden, porque las posibilidades para la venta del trigo eran las más extensas, las rogativas serían más tempranas y más frecuentes. Mientras tanto, en las poblaciones medias de la región, muchas de las cuales actuaban como centros comerciales de alcance comarcal de un tamaño estimable, seguirían aquel rastro, aunque con una actitud más contenida y bajo un mayor control de los medios que ponían en acción. También es probable que fuera el final del invierno el tiempo preferido para desencadenar las rogativas asociadas al comportamiento adverso del tiempo que prometía tiempos expansivos. Era un lugar común de la época que los precios del grano se iban incrementando según se iba agotando el producto precedente, más aún cuando la cosecha próxima se pronosticara deficiente justo como consecuencia de un imprevisto efecto del clima.
Como las rogativas se habían consolidado como un recurso reservado para momentos excepcionales, el comportamiento adverso del tiempo en 1750 creó la oportunidad para comprometerse con una declaración pública de que un tiempo singular debía comenzar. Poco antes de 1750 todos reconocían la atonía de los precios de los productos de la agricultura de los cereales de la región. Se aceptaba que estaba estancada. Aquel año, ante la oportunidad que ofrecía la naturaleza, a algunos también pudo tentar el estímulo de sus precios al alza, utilizando para ello todos los medios racionales al alcance de las empresas que invertían en aquella agricultura, entre los que sin duda cumplían mejor con esa propiedad, porque tenían demostrados sus servicios, los proporcionados por las devociones. Entre los promotores de las rogativas de 1750 pudo haberlos interesados en extender entre sus semejantes el crecimiento que solo la multiplicación del precio de los abastos básicos podía originar. Su cálculo previo sobre cómo se podían a comportar los precios del trigo, si las rogativas fueran alentadas correctamente, crearía la opinión en favor de la necesidad de recurrir a tales medios estimulantes del precio. Su comportamiento previsible dentro del ciclo anual colmaría tanto fervor.
Todavía a comienzos de septiembre de 1750, cuando ya todo se hubiera consumado, el municipio que en marzo había designado como su compatrona a una imagen de Santa María decidió hacer cada año una fiesta a la imagen, con su misa mayor y su sermón, en la iglesia del convento donde recibía culto. Como el día ocho de aquel mismo mes se celebraba la natividad de la Virgen, y parecía la ocasión más oportuna para satisfacer este propósito, una vez meditadas sus decisiones, vio el gobierno de la población que ese día no era el más adecuado. Aquel día concurrían demasiadas cofradías o hermandades de los devotos al convento, que año tras año asistían primero a la función y luego a la procesión, haciéndola tan larga que terminaba a las cuatro o incluso a las seis de la tarde. Concluyeron que era preferible que el voto se cumpliera una semana más tarde, el siguiente día quince, octavo de la natividad. A la fiesta de ese día asistiría el cabildo, al menos representado por la diputación que para ello tendría que designar. Sería suficiente para que se tuviera por cumplida la fiesta acordada, sobre todo teniendo en cuenta lo difícil que era la asistencia de toda la corporación, tanto por lo largo de la estación como por la grave incomodidad que en los días de la octava ocasionaban los calores. Pasado el día quince, quedó suficiente constancia de lo penoso de la estación cuando los diputados para el acto presentaron las cuentas de los gastos que la fiesta había ocasionado. Hubieron de asistir, acompañados por el escribano del municipio, durante la mañana de aquel día en un coche que les costó ocho reales. En lo sucesivo, pues, tendría que ser el día octavo de la natividad de Nuestra Señora el que cada año se reservara para que con la asistencia de la corporación se celebrara la fiesta acordada. Por el municipio fueron elegidos como diputados para cuidar y asistir a ella un regidor y el alférez mayor, que al tiempo también era regidor. Al padre principal de la provincia de la orden en la que estaba el convento, a su padre corrector y a la comunidad les entregarían copia del acuerdo, para que les constara lo que la asamblea había decidido, y por ellos fuera aceptado.
La inversión en la crisis
Publicado: marzo 7, 2016 Archivado en: J. García-Lería | Tags: crisis, económica Deja un comentarioJ. García-Lería
El caso que permite conocer mejor hasta dónde llegaba la política de recurso a los depósitos judiciales, con el objetivo de comprar trigo, tanto para el abasto de las poblaciones como para la siguiente sementera, es el de la capital, que afortunadamente puede reconstruirse con bastante exactitud. Un certificado de 5 de abril de 1756, hecho por su contador del cabildo y regimiento, a cuyo cargo la junta del reino puso la cuenta de los caudales destinados a la compra de granos, relata con detalle la procedencia de los fondos utilizados para subvenir a la calamidad que padeció la región por la falta de cosecha y socorro de los pueblos y sus labradores vecinos en 1750. Para aquella fecha, posterior seis años al momento crítico, todavía se estaban debiendo a los interesados en los depósitos tomados, por orden de la junta regional de granos que entonces se creara, para que actuara como gobierno de crisis, las cantidades respectivas. Habían entrado en poder de un tesorero, igualmente nombrado ex profeso por la misma autoridad regional de excepción, que entonces puso aquellos fondos a disposición de las autoridades locales.
1. El dinero se acopió entre fines de mayo y principios de julio en cuatro fases: del 21 al 29 de mayo la primera, del 9 al 12 de junio la segunda, entre el 19 y el 22 de junio la tercera y el 1 de julio la cuarta. La importancia de cada recaudación decreció según pasaba el tiempo. En la primera ocasión se acumuló la porción mayor, 472.078 reales 9 maravedíes, lo que supone un 84 % del total recaudado. Las dos partidas de junio añadieron a 74.177 reales 8 maravedíes (13 % del total) y 14.976 reales (2,7 %) respectivamente, y a principios de julio solo se agregaron 1.945 reales 17 maravedíes (0,3 %).
El dinero se reunió en plata y en vellón, pero la proporción de la primera fue muy superior: 539.158 reales 11 maravedíes, frente a los 24.018 reales 23 maravedíes en vellón, respectivamente 96 % y 4 % del total. De las partidas de vellón se dice que fueron tomadas a estilo de comercio, y de ellas una de 8.415 reales 25 maravedíes fue ingresada en ochavos, mientras que en los otros casos se habla simplemente de vellón.
La relación detallada de las partidas según inversor directo merece atención. El mayor interesado en la crisis fue la Casa de Misericordia de Sevilla, que aportó 280.618 reales 28 maravedíes, la mitad de todo lo que se invirtió. Utilizó con este propósito dos fondos procedentes de mayorazgos. El primero era renta de uno cuya poseedora era una marquesa con señorío sobre una población regional, al que pertenecían 173.294 reales 4 maravedíes. Un tribunal había mandado que la cantidad fuera depositada en la Casa de Misericordia, que la recibió el 22 de septiembre de 1749. Después la junta de granos mandó que esta obligación de depósito le fuera entregada al tesorero que había designado, quien a su vez recibió la cantidad del tesorero de la Casa de Misericordia.
Un negocio posterior desvió parte de este fondo a otro fin, tal vez porque la inversión en la crisis no fuera todo lo productiva que su alentador hubiera previsto. En 5 de junio de 1751 suscribió una carta de pago por 30.000 reales Francisco Martel, presbítero, que actuaba como apoderado de Diego Ignacio de Muros y Luna, vecino de la capital. Su receptor la impuso y situó sobre sus bienes, y a favor del citado mayorazgo, de donde se deduce que la tomó a crédito con la garantía de su patrimonio. Días después, el 16 de junio de 1751, la junta de granos emitió libramiento por 30.000 reales a favor del presbítero que actuaba como apoderado de Diego Ignacio de Muros y Luna y a cuenta de este depósito. De este modo su valor inicial quedó reducido a 143.294 reales 4 maravedíes de vellón.
La otra cantidad, de 137.324 reales 24 maravedíes, era el principal de un censo perteneciente a un mayorazgo poseído por Ana Dorotea Ordóñez, marquesa de Cardeñosa, viuda del marqués de Algarinejo. El duque de Medina Sidonia lo redimió y la cantidad recuperada la depositaron en la Casa de Misericordia de la capital por autos judiciales. La recibieron los llaveros de la Casa a 9 de octubre de 1749. En la escritura de redención y depósito la junta de granos mandó anotar estos antecedentes para que la suma pasara a poder de su tesorero. Le fue entregada por los diputados y llaveros de la Casa de Misericordia y por el administrador del mayorazgo mencionado.
No debe pasar desapercibido que las mayores cantidades invertidas en la crisis, que acumuladas fueron la mitad de los medios de financiación manejados por la junta del reino, fueron transferidos a la Casa de Misericordia cuando ya se había iniciado el año agrícola que conocería la crisis, respectivamente el 22 de septiembre y el 9 deoctubre de 1749.
Francisco del Río, vecino y del comercio de la capital, fue el siguiente gran inversor en la crisis. Contribuyó al fondo de la junta de granos con 142.151 reales 18 maravedíes, la cuarta parte del total. Se sirvió para ello de cinco fondos que le habían sido confiados en depósito: dos procedentes de rentas de mayorazgos y los otros tres de una disposición testamentaria, una partición de bienes y un embargo respectivamente.
Habiendo muerto sin testar el poseedor de un mayorazgo, se siguieron autos sobre su posesión. Eran renta del mismo 118.092 y medio reales, que quedaron en depósito de Francisco del Río. Como la junta de granos, según era regular, había acordado que al depositario se le recompensara con el medio por ciento del depósito que se le confiara, cuando a su tesorero le fuera transferido, de los 118.092 y medio reales fueron deducidos los 590 y medio que al depositario le correspondían por el medio por ciento del depósito, por lo que de éste quedaron líquidos 117.502 reales.
Valiéndose de las rentas de otro mayorazgo fue concedido un crédito de 3.960 reales. Por autos judiciales la cantidad fue depositada en José Martínez Riscos, cuyo hijo y heredero fue el mismo Francisco del Río, en quien paró la cantidad depositada. De ella se bajaron 19 reales y 3 cuartillos del medio por ciento del depósito. De Francisco del Río la junta recibió líquidos 3.940 reales 8 maravedíes.
Se siguieron autos de partición de los bienes de Juan Antonio de Andrade. En poder en poder del mismo José Martínez Riscos fueron depositados 8.458 reales, correspondientes a los bienes que se dirimían. Francisco del Río, porque era hijo y heredero de José Martínez, los recibió. Cuando se decidió traspasarla, a la cantidad le fueron descontados 42 reales del medio por ciento del depósito, y el tesorero de la junta de granos percibió de Francisco del Río 8.415 reales 25 maravedíes.
Contra los bienes de Francisco Gómez se siguieron autos. Por la venta de 12 reses vacunas y 7 caballares del patrimonio del encausado se obtuvieron 4.700 reales, que en 1745 se depositaron en poder de José Martínez Riscos. Por ser heredero y albacea de este, por último Francisco del Río entregó al tesorero de la junta 1.945 reales 17 maravedíes, resto de los 4.700 reales.
Una disposición testamentaria de Francisco Javier de Valladares pasó a un juzgado. A consecuencia de esta iniciativa 10.400 reales quedaron depositados en nuestro Francisco del Río. De la cantidad quedaron líquidos 10.348 reales 2 maravedíes, porque se bajaron 52 reales del medio por ciento del depósito. Fueron recibidos por la junta del propio Francisco del Río, su depositario.
La Compañía de San Fernando, creada en la capital en 1747 para recuperar alguna iniciativa en el comercio con las colonias, también actuó como inversor directo en la crisis, aunque su participación ya descendió por debajo de la décima parte. De un mayorazgo era poseedor Francisco de Carvajal, menor, vecino de Jaén. Renta del mayorazgo eran 46.323 reales 18 maravedíes, que fueron depositados en los directores de la Real Compañía de San Fernando. Por mano de Nicolás del Campo, tesorero de la compañía, pasaron a poder de la junta de granos.
La quiebra de José Gómez, vecino de la capital y fabricante de sedas, que fue objeto de auto de acreedores, aportó a la crisis una inversión similar a la procedente de la Compañía de San Fernando. La liquidación de sus bienes perecederos fue el origen de una parte de su contribución. Así, un negro [sic], que era patrimonio de la quiebra y que fue vendido. Su importe, 1.505 reales 30 maravedíes, fue depositado en Melchor Manuel de los Cobos, vecino de la capital, de quien fueron transferidos al tesorero nombrado por la junta de granos. Otros bienes pertenecientes a la quiebra también fueron liquidados. Su valor, 2.245 reales, entraron en poder de Francisco Antonio Barredo, escribano del juzgado segundo, quien igualmente los entregó al tesorero de la junta. Además, en poder de Gabriel Cordobés Pintado, fueron depositados otros 35.739 reales 15 maravedíes pertenecientes a la quiebra. El depositario transfirió la cantidad al tesorero de la junta, aunque luego hizo constar que había entregado de más por equivocación 318 reales. Por libramiento de los señores de la junta del 14 de agosto de 1750 se bajaron de la cantidad inicial, por lo que quedó reducido este depósito a 35.421 reales 15 maravedíes de vellón.
Juan Prieto del Campillo también fue intermediario en el negocio de la crisis, transfiriendo a sus fondos poco menos que la Compañía de San Fernando y la quiebra de José Gómez. Aprovechó ingresos de un mayorazgo, un censo y un auto de acreedores. Las rentas vencidas de la vacante de un mayorazgo que poseyó el marqués con señorío sobre una población regional eran 14.139 reales 10 maravedíes. Esta cantidad fue depositada en Juan Prieto del Campillo, a consecuencia de autos formados en virtud de reales provisiones y ejecutorias. Por bajarse el medio por ciento del depósito, a Francisco de Nuevas, el tesorero de la junta de granos, Juan Prieto del Campillo entregó 14.068 reales 24 maravedíes. (Hechos posteriores modificaron este ingreso. El 19 de abril de 1755 fueron embargados en el tesorero de la junta de granos los 14.068 reales 24 maravedíes porque pertenecían a Juan Tello de Guzmán. El tesorero de la junta se obligó a tener en su poder la cantidad que había entrado bajo su responsabilidad.)
Un tributo perteneciente al estado de Medina Sidonia fue redimido por 22.235 reales. Juan Prieto del Campillo otorgó escritura de depósito por esta cantidad. Cuando le fue reclamada por el tesorero de la junta de granos, le entregó 22.124 reales porque descontaba el medio por ciento del depósito.
Por los acreedores de Manuel Muñoz fueron emprendidos autos. En este expediente otorgó depósito Juan Prieto del Campillo por 275 reales. Bajados de ellos el medio por ciento del depósito, quedaron líquidos 273 reales 22 maravedíes, cantidad que el tesorero de la junta de granos recibió del depositario.
El único inversor que aportó menos de una vigésima parte pero más de una centésima fue José de Cotiella, quien debió obtener un censo para la compra de la hacienda que explotaba en un término inmediato a la capital. Quizás por haberla utilizado como garantía hipotecaria fueron promovidos autos. A consecuencia de ellos el propio Cotiella entregó al tesorero de la junta 11.368 reales correspondientes al capital sobre el que se dirimía.
El resto de las inversiones, de escasa relevancia, no pueden presentar a su favor otro hecho que la iniciativa judicial en modestas disensiones, que permitió que Andrés Ruano, un escribano de los tribunales, destacara entre todos los que en este tipo de procedimientos intervenían. Fue el caso de Mariana y Antonio Belloso, que murieron sin testar. El procedimiento judicial consecuencia de este hecho permitió que pasaran en depósito a poder de Andrés Ruano, que en aquella circunstancia actuaba como escribano del juzgado correspondiente, 569 reales, que por él fueron transferidos al tesorero de la junta de granos.
También ocurrió que los acreedores de Bartolomé López emprendieron autos contra él. Quedaron pendientes de resolución ante un tribunal en el que actuó el mismo Andrés Ruano. Por esta razón en su poder fueron depositados 600 reales, que también entregó al tesorero de la junta de granos.
Algo parecido sucedió con Pedro y José de Ostios, vecinos de Teba, quienes fueron embargados a consecuencia de los autos contra ellos emprendidos por Micaela Abet, viuda de Juan de San Miguel. Después, Tomás Redondo, vecino de la capital, también actuó contra los dos vecinos de Teba. Ambos procedimientos, que pasaron ante el mismo Andrés Ruano, permitieron que en su poder quedaran depositados 209 reales, que así mismo entregó al tesorero de la junta de granos.
Las demás transferencias a la junta de granos del reino no pueden verse como inversiones premeditadas, y solo el hecho judicial que las origina las vincula, si bien algunas no consiguen desprenderse por completo del interés financiero que pudo inspirarlas.
Se seguían autos contra Manuela Merino de Arévalo. El juez de los autos dio orden para que se pusiera en poder de Benito de Rojas, como depósito, cierta cantidad relacionada con el procedimiento que se seguía. Por haberse bajado de ella diferentes libramientos judiciales, así como lo correspondiente al medio por ciento de depósito, habían quedado líquidos de la mayor cantidad 1.936 reales, los mismos que entregó Benito de Rojas al tesorero de la junta de granos.
Una disposición testamentaria de Francisco Antonio de Ribas provocó un procedimiento judicial. A consecuencia de ellos una cantidad quedó en depósito. De la cantidad en depósito a poder de Nicolás de Robles pasaron 1.975 reales, de los que se bajaron 50 ducados, pagados de orden del teniente segundo, y 12 reales del medio por ciento del depósito. Quedaron 1.913 reales, que Nicolás de Robles entregó al tesorero de la junta.
En el caudal de la disposición del citado Francisco de Ribas a Gabriela Nieto de Pineda le correspondía una participación. Haciendo uso de ella, mediante disposición testamentaria propia, instituyó una dote de 550 reales a favor de la mujer de Juan de Angulo. Por libramiento de los señores de la junta de 26 de octubre de 1750 se libró a Juan de Angulo la cantidad de la dote a costa de los 1.913 reales que de este fondo restaban. Por esta razón quedó reducido el depósito a 1.363 reales, lo que fue anotado en la carta de pago o recibo que dio el tesorero de la junta el día 22 de junio de 1750 [sic].
A Diego Zuloeta pertenecían 400 reales. Por orden judicial fueron depositados en poder de José de Castro Cardenal, artista platero, quien los traspasó al tesorero de la junta. En relación con Ana de Baena así mismo se seguían autos, por los que se dio orden de que fueran consignados en poder del escribano que los tramitaba 110 reales, los cuales luego fueron transferidos al tesorero de la junta de granos.
Francisco Javier de Valladares, a través de su testamento, instituyó una manda de 1.889 reales 15 maravedíes, de la que nombró como fideicomisario a su padre, Cristóbal de León Gamero. Pero este falleció, por lo que la disposición testamentaria pasó al juzgado. Otro, Cristóbal de León, vecino de la capital, también estaba nombrado en la disposición de Francisco Javier de Valladares como depositario de la cantidad citada y la recibió, y fue él quien la transfirió al tesorero de la junta de granos.
2. Más interés que la procedencia directa de los fondos tiene la mediata o primitiva, la que precede a la mediación judicial. La mayor parte tiene su origen en rentas de cuatro mayorazgos, entre cuyos poseedores destacan los marqueses con señorío sobre una población regional. Acumulan un total de 321.188 reales 12 maravedíes, lo que supone el 57 % de todas las inversiones. También se invierte el principal de tres censos procedentes de rentas de mayorazgos, que se redimen con esta ocasión. Entre los actuantes bajo esta fórmula destaca el estado de Medina Sidonia, que en una ocasión es titular de capital y en otra redentor de censo. Por este medio fueron invertidos 163.388 reales 32 maravedíes, el 29 %. Así resulta que acumuladas las rentas de mayorazgos invertidas en la crisis a los capitales de censos procedentes de la misma fuente se obtiene el 86 % de toda la inversión, lo que reduce a una proporción de escasa significación el resto de orígenes de los fondos. El interés de los mayorazgos por participar en la crisis lo pone en evidencia la intervención del administrador de uno de ellos en la cesión de su capital a la junta de granos, sin que la mediación judicial parezca justificada.
Los demás procedimientos sólo significan el 14 % de las inversiones. Ninguno de ellos aporta una cantidad que supere los 12.000 reales y es muy común que queden por debajo de los 1.000. Se trata de depósitos consecuencia de disensiones provocadas por tres disposiciones testamentarias, tres quiebras y sus autos de acreedores, dos embargos, el empleo fraudulento de la garantía de un censo, un abintestato, una partición de bienes y tres autos indeterminados.
Se concluye, aparte los recursos que pudieran movilizar las poblaciones, que más de 19 millones de maravedíes fueron dispuestos para ser invertidos en el negocio de la crisis.
3. El recurso a los depósitos judiciales parece un procedimiento habitual para captar fondos con destino a las necesidades públicas. El dominio que los contemporáneos tuvieran sobre los procedimientos legales que lo facilitaban, muy superior al que podamos rescatar, crea no obstante sombra sobre el nexo entre el origen de los fondos y el imperativo judicial. ¿Por qué fueron elegidos unos depósitos y no otros?
Pero, aun cuando no se aceptara que quienes conocieran la ley pudieran organizar circuitos judiciales hábiles para el negocio, algo más elemental puede haber quedado inscrito en el que podemos observar. El plan para la captación de fondos desde posiciones judiciales no tuvo por qué ser distinto al de quienes la previeran con fines comerciales. Puede enseñar de dónde tendrían que provenir los capitales aptos para invertirse en operaciones de este tipo. Fuera o no intencionada la inversión, obtuvieran o no beneficio entonces, el caso es que fueron unas instituciones las que invirtieron en la operación comercial organizada para la crisis.
Hay partidas que son tan estrictamente judiciales como insignificantes. En estos casos el depositario regular es el escribano del procedimiento y no consta que deduzca en su favor ni siquiera el medio por ciento del depósito. Probablemente ahí esté la frontera entre el negocio financiero y la intervención judicial estricta. Pero otra parte de las que llegan a dominio judicial tiene unos antecedentes más complejos que en modo alguno son insignificantes. Detrás de estas se descubren secuencias de conexiones que parecen regulares. La conexión entre la administración de justicia y la junta la garantizan las autoridades públicas que la dirigen. Una parte de quienes actúan como jueces al menos en la jurisdicción local al mismo tiempo son miembros de ella. Creo que es bastante indicio, para los modestos límites del trabajo historiográfico, que la mayor parte de la inversión pueda relacionarse con las rentas de mayorazgos. Así lo evidencia el administrador de las rentas de uno que interviene directamente en la cesión de las rentas a la junta.
Aunque estuvieran protegidas por la intervención judicial, estas inversiones estaban expuestas a riesgos, como todas. Dado que su destino era el suministro de grano a los poblaciones, estas inversiones estaban garantizadas por los ingresos de los municipios: los que proporcionara el banco de granos local o pósito, cuyos descubiertos en caso de necesidad los propios compensaban, y en último extremo por el recurso extraordinario a los arbitrios, amparados legalmente por la real facultad. Así el riesgo de la inversión en este negocio quedaba reducido a la demora de su recuperación; con todas las garantías mencionadas, que al menos aseguraban la recuperación de la cantidad arriesgada.
Todo el horizonte de negocio podía quedar reducido a esto. Si las cantidades se prestaban en efectivo, no había posible beneficio, porque no estaba previsto ningún rédito a cambio de la cesión del numerario. Pero si las cantidades cedidas se prestaban en grano sí era posible el beneficio. Invertido el dinero en grano producido por una economía exterior, que por tanto se pagaba a costo de excedente, al entrar en el circuito de la economía regional, el grano adquiría el valor que correspondía a la escasez, el más alto posible. Para que el beneficio pudiera consumarse habría de actuar como realizador el comerciante que hiciera los necesarios trabajos de conexión, transmutador del valor y receptor y distribuidor de beneficios.
Este supuesto admite que los patrimonios que transitan por los tribunales, mientras las partes que por su causa se enfrentan dirimen sus contenciosos, no tienen un origen distinto al que hasta ellos, porque las familias más sosegadas evitan que escapen a su dominio, no llega, y que observados como un sistema todos los que pasan por allí no componen un espectro distinto al que la totalidad compondría.
De ser acertado el prejuicio especulativo, iluminaría el compartimiento subterráneo en el que están acumulados los ahorros; nos permitiría llegar hasta las fuentes del ahorro capaz de convertirse en inversión cuando en las poblaciones modernas sobreviene la oportunidad de crecimiento que la historiografía llama crisis de subsistencia.
Confiere verosimilitud al supuesto la política fiscal concerniente al trigo ultramarino, que estimula que todo el almacenado puede salir al mercado bajo aquella denominación. Las rentas deducidas del ahorro, de mayor magnitud que cualquiera que con ellas pretendiera competir, pueden ser invertidas en la adquisición de trigo y cebada -si no tienen ya esta forma-, para ser comercializados como granos ultramarinos. Subsidiariamente, pueden invertirse en la financiación del transporte del cereal, la otra gran fuente de beneficio durante la crisis.
Las tácticas del almacenamiento
Publicado: febrero 2, 2016 Archivado en: Redacción | Tags: crisis, económica Deja un comentarioRedacción
El trigo atesorado tendía a retraerse de la circulación y refugiarse en lugares oscuros y apartados, como los delincuentes a los que la justicia acosa.
Un lugar para guardarlo que contaba a su favor con una fácil coartada era el horno donde el pan se fabricaba. A ella recurrían con naturalidad los panaderos, y lo mismo hacían las personas no vinculadas al oficio pero necesitadas de su trabajo. Los que se encubrían con esta apariencia descargaban mancomunadamente la responsabilidad de su almacenamiento sobre aquel personaje si con él habían quedado comprometidos. El lazo que los unía era denominado obligación, como tantos otros compromisos que hoy podríamos llamar contratos. De la descripción que de él hacen se deduce que consistía en que una persona, habitualmente con cargo de familia, había depositado en manos de un panadero cierta cantidad de trigo, a cambio de la cual este quedaba sujeto a entregarle diariamente una cantidad regular de sus elaboraciones.
Así actuaron cuatro hombres, que hicieron su registro en el mismo documento, o en reciprocidad un panadero que mantenía una gran cantidad de trigo apartada de la circulación. Convencido de que aquellas menciones hablaban a su favor, apeló a familias de la ciudad entre las que figuraban la de un administrador de rentas provinciales, nada menos que responsable directo del sistema fiscal del momento, las de tres hombres del comercio, la de un tesorero del registro, la del regente de la audiencia, que debía celar por la justicia, la del juez de marina, la de una señora fatalmente viuda, así como la casa en la que convivían ciertas damas, sobre cuyos vínculos el documento guardó un decoroso silencio. En total, identificó veintisiete cabezas de familia que lo habían elegido para dar cobertura a su almacén de trigo. Las menciones más sorprendentes coincidían con cantidades elevadas, por encima del acopio común. Así ocurría con los cargos de la administración o, sobre todo, con los hombres del comercio, quienes difícilmente, dados aquellos tamaños del acopio, podían ocultar que en su caso había algo más que necesidad de asegurar el consumo del hogar.
La ramificación de esta forma de almacenamiento que tal vez sea de mayor interés la alentaba el comercio del grano. Valiéndose de las obligaciones que tenían contraídas, algunos panaderos que tenían a su cargo un horno justificaban su declaración de contratos porque estaban a la espera de recibir grandes cantidades de trigo, por ejemplo 2.000 unidades de capacidad, compradas fuera de la región.
Algunos vecinos de la capital recurrían a declarar que sus almacenes los mantenían en determinadas poblaciones, tan alejadas de ella que a su registro le sería imposible verificarlo. Probablemente por eso se les permitía afirmar además que allí ya había sido registrado. En otros casos, desviar el trigo a lugares alejados se justificaba por razones comerciales, porque se tuviera previsto venderlo en el lugar identificado. También podía ser consecuencia de la posición favorable que permitía la actividad de quien almacenaba. Un vecino de la capital guardaba su trigo en el palacio del señor de un lugar próximo, a medio camino entre las casas de la ciudad y las edificaciones rurales, porque era el administrador de aquel estado.
Para hacer más eficaz el almacenamiento, repartir el trigo entre distintos depósitos podía ser una buena táctica. De esta manera se complicaba el control que cualquier autoridad pudiera intentar sobre él. No debía ser nada condenable, porque había declarantes que lo afirmaban sin el menor ánimo de disimulo. En más de una ocasión quienes afirmaron actuar de este modo eran regidores de la capital, titulados caballeros veinticuatros. Supuesto que el patriciado, por razón de prudencia, se vería en la obligación de actuar en el momento crítico con la mayor integridad, es legítimo suponer que a través de los casos que revelan diversificación de almacenes estamos observando un comportamiento más generalizado.
Uno de los veinticuatros dividió su patrimonio en tres fracciones. Las dos más importantes, que juntas componían casi la totalidad del grano de que disponía, las repartió entre el cortijo que labraba en un término próximo y la hacienda que tenía en otro aún más cercano, a razón de dos tercios para el primer depósito y un tercio para el segundo. El resto, casi dos centésimas partes del total, lo guardaba en su casa. El otro veinticuatro guardaba en el cortijo que labraba, también localizado en un término próximo, algo menos de una cuarta parte de su inversión en trigo, mientras que las otras tres cuartas partes las mantenía custodiadas en la alhóndiga de la capital, en los graneros del monte de piedad.
El tamaño y la relación proporcional de las cantidades descritas permiten deducir que el trigo almacenado en casa estaba destinado al consumo familiar, tal como se hacía en otros casos, mientras que los almacenes rurales cumplirían con la función de poner a buen recaudo el grueso del capital en grano. Algo distinto parece el recurso a la institución de la alhóndiga. Si hemos de juzgar por la expresión que utiliza el autor de la declaración, parece que la abierta en la capital, en 1750, simultaneaba la función que le era propia, de mercado franco del trigo, con el de institución de crédito de grano mediante hipoteca de bienes, característica que era propia de los pósitos. Es probable que en la capital, para hacer más eficaz la política de granos en el estado de crisis, la autoridad hubiera preferido unificar las dos instituciones. Aunque pueda parecer censurable que el veinticuatro aprovechara en beneficio propio almacenes públicos, la desviación de una parte del ahorro hacia la alhóndiga indica voluntad de comercialización ateniéndose a los cauces regulares del comercio, quizás aspirando a ser estímulo para que otros tomaran iniciativas similares.
Sobre el almacenamiento en la alhóndiga es posible precisar más. Otro declarante afirmó que en su casa guardaba algo más de las tres cuartas partes del trigo que poseía, mientras que la otra cuarta parte estaba en el pósito de la alhóndiga. Con excelente criterio, comenta además que esta porción, a su vez, era el resto de una cantidad que el teniente mayor del municipio le había pedido. Aquel resto, con toda probabilidad porque así lo habría decidido él mismo, había quedado allí con la condición de que fuera reembolsada en trigo semental cuando llegara el momento de la siembra siguiente.
Parece que la alhóndiga, bien para atender las necesidades de venta en los momentos de mayor caída de la oferta bien para cubrir los servicios que se esperaban de los pósitos, de menor demanda en una población con escasa dedicación a la agricultura, se servía del ahorro privado en trigo. La devolución de patrimonio que así tomaba la iría efectuando la institución según acuerdo entre las partes, en el que seguro incluirían en concepto de intereses algunas ventajas materiales para el dador, como recibir trigo apto para la siembra. No habría en esta diversificación del almacenamiento más que una estimable dosis de buena voluntad, o a lo sumo una posición política que obligaba a actuar de este modo.
En otros casos la diversificación se extiende, no solo en el sentido horizontal, sino también en el vertical. Un hombre que labraba un cortijo en una población cercana guardaba en grano y en harina. Tres cuartas partes del patrimonio en grano lo custodiaba en sus propios almacenes, que estaban en la capital, en el sitio de la Pajería, mientras que en el cortijo mantenía la otra cuarta parte. Al tiempo, también en el cortijo, conservaba una cantidad de harina aproximadamente similar al grano allí depositado, medida en unidades de capacidad. Este comportamiento apunta en dirección a la apertura de un frente para la captación de demanda, el trigo que fluía a la primera población regional. Que la parte transformada en harina se mantuviera en el cortijo indica que lo que allí permanecía almacenado tal vez estuviera destinado al consumo interno de la explotación.
Algunos labradores dijeron servirse de los graneros de un monasterio, más allá de una de las puertas de la ciudad, o del granero del que disponía una hermandad de caridad, que estaba junto a su casa. Acogerse a una institución piadosa para almacenar trigo podía ser algo más rutinario de lo que estos casos aparentan. También eran fundaciones de este tipo las que habitualmente cargaban con el crédito común. El almacén de trigo de una institución piadosa podía proporcionar una cobertura similar, aunque en este caso no se hubiera consolidado un medio legal, equiparable al censo consignativo, que permitiera encubrir la forma de proceder. Pero el efecto sería idéntico. La institución piadosa almacenaba para hacer frente a sus fines, y el almacén de la institución relevaba de la responsabilidad de la ocultación al grano que a ella se acogiera, como apartaba del censo consignativo la pesada carga de la acusación de usura.
Podemos asegurar también que el trigo, en las situaciones de crisis, completaba el servicio que de él se esperaba cambiando de almacén. Aparte los efectos que pudiera tener para la exactitud de los registros, el movimiento era una fase de la acumulación que aproximaba a la satisfacción de los deseos que llevaran a tomar la decisión de guardar. Con el movimiento se buscaba el mejor mercado posible. Las noventa y ocho unidades de trigo que tenía un hombre que explotaba un pegujal habían sido compradas, por mano de un intermediario, vecino de una población próxima y panadero que amasaba el pan a ciertos ganaderos, a un vecino de otra inmediata.
Una variante del almacenamiento doméstico, que no carece de interés, era la desviación del almacén propio a la casa de otro. La razón que aconsejaba actuar así no se deduce con certeza del análisis comparativo de los casos en los que esto ocurría, pero en ocasiones se descubre que mediaban vínculos que facilitaban su formación. Siempre eran lazos de parentesco los que podrían explicar la decisión, como la de aquel boticario que almacenaba en las casas de su suegro, que vivía en su mismo barrio, o la de aquel hombre que guardaba en el mismo lugar que su hermano. Además, había quien elegía la casa de otro para almacenar mencionando sitios con nombre propio, lo que tal vez esté indicando que la derivación buscaba localizar el almacén en la periferia de la ciudad; mientras que un hombre del comercio dijo que el trigo que poseía lo pasó del almacén que tenía en las inmediaciones del río a un convento de monjas próximo, donde profesaba una hija, a la que por su pobreza aún mantenía. No parece que correspondan a las coartadas las tiendas y los puestos, donde también se almacenaba. Un hombre con tienda de semillería y puesto de cebada que guardaba en este, así como el que lo hacía en su casa estanco del tabaco, no disponían de cantidades más allá de las que necesitaban para surtir sus ventas al por menor.
Pero todavía es posible avanzar más en el conocimiento de los recursos de los que se nutría la ocultación observando cómo se actuaba cuando el almacén se había localizado en el campo. Cuando sus guardianes menos avisados eran sorprendidos con trigo, y a la vez se resistían a declararlo, recurrían a un argumento tan previsible como el de la llave. Lo exponían de una manera tan indefinida como ingenua, comparable a la justificación que de las travesuras hacen los niños. En tres ocasiones los interrogados afirmaron que la llave del cuarto, granero o soberado que estaba cerrado la tenía el amo de la explotación, que no estaba presente. En dos de ellas, en el transcurso de la declaración, los interrogados terminaron admitiendo que en las dependencias a su cuidado había trigo, pero que no les era posible averiguar la cantidad por la misma razón. Tal acceso de sinceridad, emergencia de una punta de reflexión sobre la ridiculez del argumento, haría manifiesto el deseo de eludir responsabilidades personales.
En otros casos, a la vez que no se resignaban a reconocer su ingenuidad, los declarantes pretendían dar solidez al argumento tomando distancia, cuanta más mejor, incluso concediéndose la confesión abierta de que en las dependencias cerradas había trigo. Mientras que un responsable de su custodia decía que las llaves de los graneros donde estaba guardado las tenía un padre de uno de los colegios jesuitas de la capital, a cuyo cargo estaba la explotación, y que en aquel momento se encontraba en ella, otro explicó que el granero estaba cerrado y la llave la tenía el mayordomo del dueño, quien estaba en Extremadura cumpliendo con sus obligaciones.
Lo sorprendente es que bastara esto para no seguir adelante y el registro quedara suspenso. Como en ningún caso se utiliza un argumento distinto al de la llave, habrá que pensar que las tácticas aplicadas al retraimiento de la circulación del grano eran igualmente elementales, tanto como elegir dependencias con puertas provistas de cerradura, echar la llave y hacerla desaparecer. Evaluada la escasa entidad del argumento, más bien habrá que deducir que la tolerancia encubría la elemental táctica de la ocultación, alimentada por hábito con subterfugios y mentiras groseras.
Los titulares de derechos sobre el diezmo tenían su propia red de dispersión del trigo. Utilizaban las cillas como almacén un hombre de actividad indeterminada, que guardaba en la que el cabildo catedralicio tenía en una población en plena campiña, donde recogía el pan terciado de los diezmos; el mayordomo de la fábrica de una parroquia de la capital, que mantenía en poder del arrendador del diezmo de pan de la collación lo que le tocó a la fábrica en el reparto de 1749, y al declarante como percepción por ser mayordomo; y un contador de la real caja de subsidio, quien, de las sesenta fanegas, siete almudes y dos cuartillos de trigo que tenía, veinticinco fanegas las guardaba en las casas donde vivía, otras veinticinco, siete almudes y dos cuartillos las tenía en poder de un presbítero, arrendador de la renta de pan de otra de las collaciones para el año de 1749 y otras diez fanegas en poder del arrendador de la renta de pan de cierta población en el año 1748.
El cabildo además poseía el granero de la santa iglesia o cilla central, donde una viuda, a cuyo cargo estaba la mayordomía de la mesa capitular, guardaba lo que le había tocado a su hijuela de pan en el año en curso, mientras que lo que le correspondió en la concordia de otra población de la campiña lo mantenía en poder de quien la administraba.
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