La suerte de los vínculos. III

Heliodoro Hernández

Estimar la rentabilidad anual de los diez vínculos obliga a especular con algunas cifras supuestas.

     Don Diego Luis ingresaría por la tenencia directa de las tierras de secano, tal como era regular en las casas de quienes preferentemente se dedicaban a labores. Si aceptamos literalmente su  registro, según el cual cada dos años se obtenía una cosecha completa de trigo, y suponemos que como labrador activo no las cedía, las 449 ½ fanegas, calculando a partir de un rendimiento de 8 fanegas de producto por cada una de superficie, dado que se trata de tierras en las que domina la baja calidad, darían 1.798 fanegas de producto anual. A un precio de 15 reales la fanega, le proporcionarían 26.970 reales al año. Tal sería el resultado sin tener en cuenta otros productos. A poco que el sistema de cultivos y aprovechamientos fuera algo más complejo que el simple que toma en cuenta el registro, o que la familia tomara otras tierras para labor en arrendamiento, se incrementaría.

     Los cortinales, dedicados al cultivo permanente de la cebada, suman 6 ¼ fanegas de superficie. Considerando un rendimiento de 12 fanegas por unidad de superficie, el producto anual alcanzaría las 75 fanegas de capacidad, que a un precio de 8 reales cada una proporcionarían un ingreso de 600 reales.

     Para estimar la rentabilidad de los olivares podemos tomar como referencia la capacidad de los almacenes habilitados en los molinos. Sumados los productos estimados para cada uno de los dos de la casa, su valor nominal serían 60.000 reales.

     Para las casas tendremos que aceptar la utilidad estimada por el registro de la Única, 2.041 reales en total, dado que no tenemos dimensiones de ninguna, ni por tanto podemos deducir a partir de un precio para el que sea de los módulos indicativos del valor de un edificio urbano. Del crédito que en este sentido hay que concederle a las utilidades se puede juzgar por lo que se deduce de la comparación entre las registradas y el producto estimado para los molinos. Mientras que, según hemos aceptado, 60.000 reales es una expresión correcta de su producto anual, la utilidad que el registro fiscal les adjudica es 2.400.

     Es probable que sea una estimación del producto por debajo de lo que realmente se pudiera ingresar explotándolas. Pero si tenemos en cuenta que no sería acertado adjudicar a la utilidad de las casas el 5 % que aproximadamente representa la de los molinos en relación a su producto, y que la que cotiza más, con diferencia, es la residencia de primera orden en la que vive don Diego Luis, es posible que la utilidad acumulada de todo el patrimonio inmobiliario urbano sea una cifra moderadamente representativa de lo que se podía obtener cada año por la cesión de los demás edificios. 

     Los juros anualmente rentaban 1.060 reales, y los censos a favor, 323 reales 13 maravedíes. Por el contrario, los gravámenes restaban 768 reales 15 maravedíes. De modo que si el total de los ingresos puede estimarse en 90.994 reales 13 maravedíes, el balance bruto sería 90.225 reales 32 maravedíes.

     Ninguno de los gastos de cualquiera de las explotaciones está deducido. Para estimarlos, aplicar una tasa de beneficio a los ingresos no arreglaría demasiado las cosas, pero como tentativa se puede aceptar que para las economías agropecuarias de la época el gasto anual equivalía a la mitad del ingreso bruto. Luego el ingreso neto anual que don Diego Luis obtuviera cada año tal vez se aproximara a los 45.000 reales.

     El oficio de regidor, bien exclusivo entre los de todos los vínculos, los redactores de los registros, sin que se sintieran obligados a dar una explicación, lo consideraron sin utilidad fiscal, a pesar de que a su titular le valía el privilegio gubernativo. No es solo que el ejercicio de una regiduría podía proporcionar ingresos, aunque solo fueran los relacionados con las ayudas de costa que complementaban cualquiera de las diputaciones a las que un regidor se podía ver obligado. Es sobre todo que la regiduría permitía tomar decisiones cuyo efecto podía ser lucrativo para las empresas familiares.

     Si el vínculo de don Pedro de Rueda era el baluarte del poder político de la familia, el que fundara Diego de Rueda, quizás anterior, a los descendientes de la familia le permitiría afianzarse como labradores por tiempo indefinido. No hay que dar por supuesta la precedencia. La adquisición del título de regidor pudo ser el vehículo que llevara a la familia a su destino agropecuario, aunque también pudo ser que la ganancia fuera el tesoro que permitió comprar aquella posición. Pero lo cierto es que si un  fundador no tiene tratamiento y el otro sí es posible que Diego de Rueda fuera anterior en el tiempo.

     La clave del ascenso del linaje pudo ser la economía del aceite. La acumulación de  parcelas de olivar, que se podían adquirir a costos muy bajos cuando la expansión de su cultivo fue alentada por la apertura de nuevos mercados, pudo recomendar invertir el primer beneficio en molinos. Era compatible con la condición campesina básica, la que se concentraba en el cultivo de las tierras de cereales por cesión.

     Más adelante, tomara o no la familia tierras de labor en arrendamiento, sus 449 ½ fanegas de tierra de secano en La Cascajosa le asegurarían una posición dominante en la producción de los cereales. Cualquiera de las características de aquellas tierras, tal como las describe el registro, no tiene más valor que el convencional, salvo una.

     Como se podía esperar, la fracción menor de aquellas tierras se clasifica como tierra de primera calidad, y la mayor, con mucha diferencia, como de tercera. Tampoco descubre nada que se describan como tierras de secano que producen con un año de descanso. Si lo primero es poco más que una alusión a que se dedican a la producción de trigo y que son el centro de toda una trama de iniciativas agropecuarias, lo segundo solo refleja, de manera muy grosera, la organización del trabajo de aquellas complejas explotaciones.

     Pero la localización en la zona conocida como La Cascajosa sí pone al descubierto la posición que durante la época moderna pudieron conquistar las familias de campesinos enriquecidas gracias a la especulación con el trigo. La Cascajosa, un área al norte de la población, durante siglos se habría mantenido como baldío de aprovechamiento comunal. No era tanto este estatuto el que garantizaba su perpetuación en aquel estado cuanto la calidad de sus tierras, por debajo de las que se habían consolidado como áreas reservadas a la producción en masa de los cereales. Estas las habían monopolizado los agraciados por la infeudación de plena edad media (órdenes militares, cabildo catedralicio, conventos, fábricas parroquiales, hospitales, corporaciones de beneficiados) directamente o por transmisión. A ellas había que acudir, de ellas las tomaban en arrendamiento los campesinos más capaces para ponerlas a producir cada año. Los Rueda pudieron ser parte de ese grupo.

     La Cascajosa, en más de una ocasión, había sido arbitrada por el municipio para hacer frente a necesidades públicas. Su condición de tierra adehesada le daba ventajas cuando se creía necesario hacerla concurrir al mercado inmobiliario. Se podía vender bien a precios razonables. Solo que se ofertaba en cantidades tan altas que solo las instituciones con más capacidad financiera podían concurrir con una iniciativa de compra, lo que reforzaba aún más la posición dominante de las instituciones que ya la disfrutaban.

     Los Rueda pudieron aprovechar simultáneamente las condiciones de aquellas tierras, en un momento en el que su ahorro hubiera alcanzado un volumen importante, con el puesto que habían conquistado en el gobierno de la población, el regimiento, encargado de arbitrar las tierras del municipio. Así, conseguirían consolidarse como una familia enriquecida que se había abierto un hueco entre los aristocráticos titulares de la infeudación, núcleo del régimen monárquico moderno, y la masa de campesinos que pugnaba cada año por salir adelante.

     Era el germen de un nuevo y sólido grupo que convencionalmente se ha venido llamando burguesía agraria. Tal vez sea preferible llamarlo de los labradores. La primera denominación da idea de bienestar urbano y estabilidad, y la otra, porque incluye una referencia a la renovación anual de la condición empresarial, expresa con más precisión el permanente flujo de un grupo en el que los éxitos especulativos son la única garantía de la continuidad, y cuya única conquista a favor de la estabilidad son justamente las inmovilizaciones de bienes, emulación de la seguridad jurídica de la que gozan los grandes patrimonios procedentes de la infeudación medieval.

     Gracias a los vínculos, esta familia fue abandonando la inseguridad del campesino alodial, de la que apenas le quedan algunos rasgos (unos pocos olivares y una huerta), que ni siquiera tienen que ser originales pero que pueden servir para evocar unas raíces. La obsesiva insistencia en acumular los vínculos es el signo de su emancipación. La enorme distancia entre la propiedad libre de bienes y el patrimonio vinculado es una buena medida del papel que se le atribuyó a la inmovilización de bienes en la consolidación de la preeminencia que los labradores iban conquistando.

     La innovación atajó en dirección al retroceso. La inmovilización o amortización de bienes fue ideada para perpetuar la posición dominante de quienes se habían beneficiado de la infeudación, muro que se atravesaba en las aspiraciones de los labradores, quienes se veían obligados a compartir con aquellos la renta que obtenían del aprovechamiento de los bienes inmovilizados por las instituciones más poderosas. De no haber tenido que renunciar a esa parte de la renta que ingresaban, su posición hubiera sido más sólida, mayores sus aspiraciones.

     Que tuvieran necesidad de endeudarse cuando adquirieron las tierras sería un hecho concordante con la condición campesina de partida. Para poner en cultivo las tierras adquiridas, agotado el ahorro, al principio les sería necesario recurrir al crédito. Y la adquisición de juros, la prueba del éxito instantáneo que podía obtener la empresa de cereales consolidada desde la condición de labrador, o de toda la iniciativa agropecuaria de la casa, de la que la producción de aceite era una parte primordial. Parte de la posibilidad tuvo que proporcionarla la regiduría. La adquisición de juros no estaba al alcance del común y estaba mediatizada por los municipios. Proclamaría la fortuna de la familia, cuando ya disponía de tratamiento y sus negocios fueran bien, por ejemplo como consecuencia de beneficios extraordinarios obtenidos en momentos cruciales.

     La devoción a la imagen de Nuestra Señora de Belén en la iglesia mayor estaría relacionada con su representación pública. El interés por manifestar su preeminencia en el espacio del primer templo de la población lo perpetuaba la bóveda de la familia, que estaba localizada en medio de él. En el origen del interés por adquirir bienes destinados a la representación de la familia (casas de primer orden, casas balcón, memorias en la iglesia mayor, panteón) estaba el ejercicio público de la regiduría.

La suerte de los vínculos. II

Heliodoro Hernández

De los cinco vínculos restantes, dos provienen de los Sotomayor, el instituido por Juan Gutiérrez de Sotomayor y el fundado por don García de Sotomayor y doña Beatriz Castellanos.

     Sobre la conexión entre los Sotomayor y los Rueda, en las referencias del protocolo encontramos que entre los hijos que en 1556 reconoce como suyos Francisca de Rueda también está Guillerma Méndez de Sotomayor. Luego las relaciones con los Sotomayor también debieron ser anteriores a 1556, lo que confirma una referencia a este linaje algo anterior, de 1551, cuando Leonor Méndez de Sotomayor hizo su testamento. El nexo reaparece en 1561 en el de Pedro de Sotomayor, quien se declara hijo de Luis de Rueda y a su vez reconoce como uno de sus hijos a otro Luis de Rueda.

     De 1582 es una noticia que descubre los lazos entre los Sotomayor y los Mendoza, que redundaría en la que ya conocemos sobre la relación entre los Rueda y los Mendoza. Florentina de Sotomayor, una vez difuntos sus padres, legó a su prima doña María de Mendoza lo que pudiera sobrar de la liquidación de sus obligaciones hereditarias, con el encargo de comprar un pedazo de olivar para que lo heredara Mayor de Camargo, tía de Florentina, a quien ya había designado su albacea. Dejó prevista la sucesión alternativa, para cuando fuera necesario, a favor de Inés Méndez de Sotomayor, también su tía, monja profesa en un convento, Diego de Armijo y ese mismo convento. Cualquiera de los herederos tendría la obligación de decir cada año, en la iglesia de Santiago, una misa cantada a la Encarnación y otra rezada el día de Santiago. Así, la obra inmovilizadora se reforzaba con una memoria, y el camino trazado pretendería asegurarse la perpetuidad conduciendo hasta un convento, institución más estable que las familiares.

     De la insistencia de los Sotomayor en transmitir bienes por la vía conventual femenina, y por extensión del valor que actuar así tuviera para las familias patricias, también habla que en 1596 doña Leonor Méndez de Sotomayor, mujer de Sancho Verdugo Barba, testara a favor de cinco hijos, de los cuales tres eran el doctor Alonso Barba de Sotomayor, doña Isabel Barba, monja novicia en un convento, y fray Antonio Barba. Aquella pauta marcaría secularmente el comportamiento de la familia cuando se tratara de solventar sus necesidades hereditarias. Ya en 1669, Suero Méndez de Sotomayor dejó como su única heredera a la hija natural que reconoció, doña Gracia de Sotomayor, que también había profesado en un convento.

     De la posible mediación de los Gutiérrez en el enlace entre Sotomayor y Rueda no es mucho lo que se puede admitir con alguna certeza. Un apellido tan poco marcado se dispersa en un mundo de relaciones que son por necesidad abiertas.

     Hacia 1750 el vínculo fundado por Juan Gutiérrez de Sotomayor solo ingresa anualmente 231 reales, que equivalen a un 77 % de los de los 297 que correspondían a un préstamo que parece reciente, de 9.900 reales o 900 ducados al 3 % regular. Lo pagaba don Pedro Fernández Galindo, un vecino de una población cercana, quien lo había cargado sobre una casa que tenía en la población donde vivían los Rueda. Esta propiedad pudo facilitar que el demandante acudiera a ellos para financiarse.

     Aquella fracción de los réditos era el resultado de un arreglo para la circulación de la renta entre los vínculos de la casa. El total de los intereses anuales, los 297 reales, en el registro está adjudicado a otro de los que terminaron bajo control de don Diego Luis, el fundado por don Luis de Consuegra, que los ingresaba por vía de censo. La conexión personal entre dos vínculos habría operado para la transferencia de un ingreso. Parece el intento desesperado de perpetuar el fundado por Juan Gutiérrez de Sotomayor. Su estado podríamos aceptarlo como una instantánea de la fase agónica de las instituciones de esta clase.

     Ya vimos cómo los Castellanos pudieron mediar para la conexión de los Rueda con los Saavedra. Pero el entronque directo de los Rueda con el linaje de los Castellanos, y su posible mediación en el curso de los vínculos que terminaron en poder de don Diego Luis, más su incidencia en la preservación de una parte, había tenido posibilidades desde bastante antes. Eran un conglomerado familiar de los que primero se perfiló como un linaje diferenciado en donde vivían. En 1505 ya estaban inmovilizando bienes ateniéndose a la fórmula que con el tiempo resultaría la más frecuentada por las familias rurales, la que hacía compatibles la devoción y el resguardo de una parte de su patrimonio. Andrés Martín Castellanos, por su testamento, aquel año fundó una capellanía en uno de los templos de la población, para cuyo disfrute se decidió a favor de una línea con la que ya habrían entroncado, los Romero, con la que estaría conectado a través de una de las ramas paternas, a la que llamó en primer lugar para que se hiciera cargo de la obra piadosa.

     Sin embargo, parece una etapa más precisa de aquellas relaciones que doña Isabel de Rueda, cuando se casó, probablemente en el último cuarto del siglo XVII, llevara como dote un vínculo fundado por don Juan de Vilches Castellanos en 1611, dotado con un olivar de 45 aranzadas y ¾ de un molino. Siguiéndole la pista, se averigua algo sobre la conservación del patrimonio de los vínculos que no carece de interés. En 1702, la doña Isabel de Rueda que había llevado como dote el vínculo fundado en 1611, ya viuda, vendió a un tal Andrés Domínguez 3 aranzadas 10 pies de olivar. No tenemos certeza de que se tratara de una parte de las 45 aranzadas originales de la fundación. De ser así, contravendría el principio inmovilizador, lo que por otra parte no debe sorprender. Sería tolerado, siempre que se contara con la cobertura legal adecuada, cuando la necesidad obligara. Para lo que nos hemos propuesto, eso ayuda a explicar por qué para mediados del siglo XVIII podemos creer que ante nosotros se están sucediendo instantáneas de diferentes estados los vínculos.

     El fundado por don García de Sotomayor y doña Beatriz Castellanos solo conservaba como bienes 21 ½ aranzadas de olivar en producción, de primera calidad. Podríamos aceptar que fuera creado con solo estos bienes. Comparado con la composición habitual de los vínculos, tal como aparecen en los registros, más bien parece el resto de una fundación antigua que ha conseguido mantenerse sobre un patrimonio relativamente estable.

     De los tres vínculos cuyo estado aún debemos analizar, dos procedían del mismo linaje, uno fundado por don Luis de Consuegra y el otro por doña Juana de Consuegra. Aunque no sabemos cómo se vincularon con los Rueda, según nuestras referencias los Consuegra ya estaban tendiendo puentes con otras familias en 1587, cuando Bartolomé Jiménez de Consuegra otorgó una carta de dote. Es posible por tanto que la relación con los Rueda sea posterior a 1587.

     De lo que decidiera don Luis de Consuegra a favor de su vínculo permanecía bajo  control de este instituto un olivar de 15 ¾ aranzadas de primera, en producción plena, en dos parcelas distintas. También mantenía un molino propio con una ventaja, que estaba localizado en la población, en el área surgida al calor de los que desde antiguo habían preferido radicarse más allá perímetro urbano bajo la jurisdicción plena del municipio. Pudo atraer el producto de pequeños cultivadores gracias a la confluencia de los movimientos. Pero debía cargar con el inconveniente de que el espacio del que podía disponer, urbano, más competido, limitaría sus dimensiones. Su almacén era de solo 1.000 arrobas.

     A razón de 12 reales cada una, darían como consecuencia un producto máximo de 12.000 reales en expresión nominal. Sin embargo, si la rentabilidad estuviera relacionada con el servicio que pudiera proporcionar a los pequeños explotadores de olivares, los ingresos que obtuviera por las maquilas superarían los que se ganaran por la venta de un producto, que por otra parte, en ese supuesto, no serían íntegros del poseedor del molino. La acción enfrentada de los dos factores da como resultado una utilidad estimada por los agentes fiscales en 1.200 reales, idéntica a la de otros molinos de mayor capacidad localizados en sus respectivas explotaciones.

     Ingresaba además, por vía de censo, la renta anual de 297 reales a la que ya nos hemos referido. Las rentas proporcionadas por el molino, primer bien del vínculo, serían lo bastante sólidas como generar excedentes con capacidad para ser capitalizados por el procedimiento financiero.

     Pesaban sobre el vínculo dos memorias. Una, de 29 reales, a favor de la fábrica de la iglesia mayor, que cargaba sobre el molino, podría corresponder a 725 reales al 4 % o a 580 al 5. La otra, de 12 reales, a favor de don Juan Caro, un beneficiado de una de las parroquias de la población, sobre 5 ¾ de las aranzadas de olivar, podría ser la consecuencia de un crédito de 400 reales al 3 %; aunque también pudieron ser 300 al 4 o 240 al 5.

     Su estado puede ser una manifestación de la vitalidad de un vínculo nada ambicioso pero fundado sobre un patrimonio sólido. El molino, dadas sus características, pudo ser agregado al vínculo en algún momento posterior a su fundación, para lo que no había ningún obstáculo legal. Los patrimonios inmovilizados, así como no podían disminuir, podían incrementarse cuanto se quisiera.

     Del vínculo que había fundado doña Juana de Consuegra su único bien superviviente era un cortinal de 1 fanega de tercera de secano, que producía ininterrumpidamente cebada, en las inmediaciones de la población. No hay que excluir que un vínculo fuera dotado solo con un bien tan corto. La distancia entre las pretensiones del fundador y su inversión en el proyecto dejaría en evidencia unas aspiraciones extemporáneas. Más bien parece otro vínculo que agoniza. Habría ido agotando sus bienes a consecuencia de las adversidades que sobre él descargaran las circunstancias de su uso con fines rentables, un propósito al que todas las inmovilizaciones estaban obligadas.

     Del último vínculo que hay que mencionar, el fundado por Beatriz de Santa Ana, de cuyas relaciones con los Rueda no disponemos de indicio alguno, solo podemos decir que poseía una casa en la población, de la que se puede pensar que fue una casa notable; que su olivar se reducía a una parcela de 7 aranzadas en plena producción; y que cobraba dos censos, cargados sobre una misma casa en la zona exterior de la población, pagados por dos hombres del común. Juan García, liquidaba cada años 19 reales 27 maravedíes, que equivalen a 673 maravedíes, y José Barrera, 6 reales 20 maravedíes, o 224 maravedíes.

     Todo indica que se trataba de los réditos un crédito antiguo, denominado en maravedíes, cargado sobre una casa en cuya propiedad se habrían sucedido herederos de varias generaciones. Dividida entre ellos, unos y otros debían hacer frente a la carga que sobre la casa pesara en la misma proporción en la que cada una de las dos partes fuera su dueña. A mediados del siglo XVIII, unos dos tercios serían de Juan García, y sobre un tercio, de José Barrera. Los 897 maravedíes de los réditos corresponderían a un préstamo de 29.900 al 3 %, 22.425 al 4 o 17.940 al 5. Son demasiadas posibilidades, pero para cualquiera de ellas solo resulta viable la denominación en maravedíes; ninguna correspondería a otra en reales, lo que redunda en la antigüedad del crédito. Parecen los restos supervivientes de un vínculo en trance de agotamiento.

La suerte de los vínculos. I

Heliodoro Hernández

El patrimonio personal de don Diego Luis de Rueda Barrientos, patricio de 1750, se reducía a unos pocos olivares y una huerta. Los olivares más valiosos eran tres parcelas localizadas en el pago de Vadillo. Podemos suponerlas contiguas y piezas de una explotación que estaba expandiéndose. Tenía otra más que se había plantado poco antes y solo producía a un tercio de su capacidad. De ella no se registró su localización. De estar en Vadillo, aun así la explotación de olivar de don Diego Luis apenas rozaría las 20 aranzadas de superficie. La huerta tenía solo media fanega. Producía hortaliza y el fruto de unos 100 árboles, la mitad de los cuales eran naranjos. Un pobre patrimonio, para tratarse de un patricio.

     Pero se daba la feliz circunstancia de que don Diego, además, disfrutaba de nada menos que diez vínculos, instituciones civiles destinadas a inmovilizar una parte de los bienes de las familias con el fin de asegurarles su posesión para siempre jamás. Don Diego, como poseedor transitorio de ellos, no podía disponer libremente de propiedades que cargaban con una obligación tan rigurosa. Debía transmitirlos tal como los hubiera recibido, ateniéndose al régimen sucesorio decidido por el fundador de cada uno de ellos. Pero su disfrute, salvo previsión excepcional a iniciativa de los fundadores, sería vitalicio. Por lo que se refería a la percepción de sus rentas, equivalían a la plena propiedad sobre sus olivares y su huerta. Tanta fortuna solo pudo ser la consecuencia de una política de alianzas familiares que se iniciaría en el siglo XV.

     No hay razones para dudar de que don Diego se atuviera con rigor a lo regulado sobre el régimen de gestión y transmisión de aquellos diez impasibles derechos. Pero, por más que el espíritu estrictamente conservador inspirase a los fundadores, sería inevitable que el azar de los negocios, al que tendrían que enfrentarse bienes tan celosamente atesorados, se cruzara en su discurrir a lo largo de los siglos. No es que algunos de quienes los hubieran disfrutado se extralimitaran en su gestión, más allá de lo que estuviera permitido. Es que los recursos pudieron agotarse. Todos los bienes no tenían la misma capacidad de realizar sus rentas, y cualquiera estaba expuesto a consumirse. Cada cual llegaría a manos de don Diego en un estado diferente, entre otras razones porque no habrían sido fundados a la vez. El examen de sus respectivos patrimonios a mediados del siglo XVIII puede servir para observar la suerte de los vínculos. Sin prejuzgar sobre la trayectoria de cada uno, por sus análisis también podemos valorar las respectivas fortalezas y los planes económicos de una extraordinaria acumulación urdida por una familia.

     Cinco de los diez vínculos habían sido creados por antepasados de la familia Rueda. Don Diego los habría recibido celando generaciones la consanguinidad y la línea seleccionada. Para ellos, el objetivo previsto se habría cubierto a plena satisfacción. En 1750 seguían en sus manos.

     Al margen de los cantos a las glorias del linaje, que eran objeto de comercio, el testimonio más antiguo que tenemos de ella se remonta a 1556, cuando Francisca de Rueda otorgó su testamento. Cualquiera de los cinco vínculos pudo tener su origen a partir de ese momento. Sobre el principio y la transmisión de tres, los fundados a iniciativa de Diego de Rueda, Beatriz de Rueda y don Hernando de Rueda podemos decir que habrían cumplido las previsiones sucesorias, aunque no todos de la misma manera.

     Diego de Rueda dotó al que fundara con 449 ½ fanegas de tierra de secano, localizadas en un lugar llamado La Cascajosa, que se dedicaban a la producción de cereales. El resto de su patrimonio sería insignificante, comparado con el que le daba sentido. Le adjudicó un par de parcelas de olivar en plena producción en lugares próximos a donde vivía, una con 1 ½ aranzadas y otra con 2. También le adscribió un par de cortinales, parcelas de escasa extensión, localizadas en las inmediaciones de la ciudad, dedicadas a la producción ininterrumpida de cebada en régimen de secano. El mayor era notable dentro de los de esta clase. Tenía 1 ½ fanegas de extensión. El otro solo tenía un celemín o doceavo de fanega. Es posible que Diego de Rueda se interesara por el transporte, o que rentabilizara la dedicación de otros a esta actividad.

     Pero con el tiempo se habían cargado algunas obligaciones sobre aquel patrimonio. Debía pagar una memoria de 2 reales 32 maravedíes a favor de la fábrica de la iglesia mayor, que hipotecaban 344 ½ fanegas de las 449 ½ de tierra para cereales. Hay que recordar que el encargo de misas anuales, objeto común de las memorias, podía encubrir un crédito. Bastaba que el precio de las misas, que podían ser solo nominales, equivaliera al tipo de interés aplicado a la cantidad de dinero que prestara una institución con sacerdotes, necesarios para justificar el encargo de las misas, en cuyo caso la memoria sería impropia. 

     El cargo de 2 reales 32 maravedíes se ajusta bien a un crédito denominado en maravedíes porque también se podría enunciar como 100 maravedíes. De donde el montante del principal prestado podría estar comprendido entre 2.000 y 2.500 maravedíes al 5 o al 4 %. La denominación en aquella unidad monetaria permite sospechar además que el crédito habría tenido su origen en tiempos remotos, tanto más cuanto que los tipos 4 o 5 son tan posibles como por ejemplo un 8 que hubiera puesto precio a un préstamo de 1.250 maravedíes.

     No son en absoluto inverosímiles ni el tipo de interés más alto, que sería anterior a la regulación moderna, o simplemente contratado al margen del mercado legal en una época en la que no se encontrase dinero barato, ni la cantidad de dinero prestada. Dado además que la memoria cargaría sobre las tierras vinculadas, la adquisición de estas pudo remontarse a tiempos anteriores al siglo XVI, cuando a quien las hubiera hecho suyas pudo serle necesario endeudarse.

     La instantánea de todo este patrimonio inmovilizado en 1750 parece la de un vínculo que en 1750 se conservara en un estado próximo al original.

     El que fundara Beatriz de Rueda, a la altura de 1750 solo posee 18 ½ aranzadas de olivar de primera, en plena producción, que además están cargadas con cuatro gravámenes, dos de los cuales se declaran expresamente memorias. Una, de 15 ½ reales a favor de Manuel de Villasante, beneficiado de una de las parroquias de la población, cuadra con un principal de 310 reales al 5 %, y la otra, de 12 reales a favor de don Félix de Amaral, cura de la iglesia mayor de la población, pudo corresponder a un principal de 400 reales al 3 %, 300 al 4 o 240 al 5. El tipo más bajo nos llevaría a un medio financiero reciente, de la primera mitad del siglo XVIII, mientras que los más altos, a tiempos anteriores, el 5 % con más probabilidad al primer tercio del siglo XVII.

     De los otros dos gravámenes no se especifica su clase. El de 120 reales, equivalentes a 10 arrobas de aceite, a favor de la lámpara del Santísimo Sacramento de un convento, paradójicamente tiene todo el aspecto de una memoria justificada por una devoción, salvo que encubra un suministro al convento para su consumo. Aunque las dos posibilidades serían compatibles. Pero los 100 reales, a favor de la fábrica de una de las parroquias de una población próxima a la residencia de la fundadora, deben ser los réditos de un préstamo de 2.500 reales al 4 % o de 2.000 al 5.

     El deterioro al que ha llegado el vínculo se aprecia por la cantidad de cargas que soporta un patrimonio limitado. La seguridad que proporcionaba poseer un vínculo a muchos llevaba a confiar su rentabilidad, cuando ya no era posible recurrir a otros medios de ingresar dinero a partir de sus bienes, a cargar créditos sobre ellos. Alguno de los poseedores anteriores del que fundara Beatriz de Rueda se habría endeudado tanto que pudo verse en la necesidad de aceptar préstamos paralegales a un interés alto.

     Los bienes del vínculo que creara don Hernando de Rueda se limitaban a mediados del siglo XVIII a dos juros, títulos de la deuda de la corona, cargados sobre las alcabalas de la población. Anualmente rentaban 1.060 reales.

     El tipo de interés al que se ofertaban los juros fue oscilante. Había épocas en los que podían cotizar, según las necesidades y la disponibilidad de los medios de pago o situado, tanto a un 7,14 % como a un 2,5. Pero sería la edad de los juros, que habían circulado desde la edad media, la que determinaría su rentabilidad. Tentativamente, y si no se tienen en cuenta las desviaciones que podía provocar el mercado secundario, se puede estimar que para adquirir aquellos dos juros se habrían invertido 21.200 reales, si el interés que por ellos se estuviera pagando hacia 1750 fuera el 5 %, entonces regular.

     En el momento de la fundación, cuando coincidirían el capital disponible de la familia y la oportunidad de invertir en la deuda pública, dotando de aquel modo un vínculo pudo pretenderse el blindaje de una cantidad de dinero. También pudo ocurrir que alguno de los poseedores precedentes hubiera liquidado los bienes del vínculo que no fueran financieros y el capital obtenido lo hubiera invertido en las deudas de la corona. No contravendría la inmovilización y podría mejorar su rentabilidad. Un comportamiento conservador haría más probable la primera posibilidad. El estado del vínculo, en ese caso no habría sufrido ningún cambio desde su origen gracias a la confianza depositada en la inversión.

     Los otros dos vínculos descendientes de la familia Rueda, el fundado por don Pedro de Rueda y Mendoza y doña Marina de Saavedra, y el que fuera iniciativa de don Diego Luis de Rueda y Mendoza y doña Mariana de Porres, pudieron conectar con otros patrimonios por la vía matrimonial.

     En parte, los esponsales pudieron ser anteriores a 1556. Entre los hijos de Francisca de Rueda que constan en su testamento aparece María de Mendoza. Por tanto, las relaciones de los Rueda con los Mendoza tuvieron que precederlo. Pero solo podemos añadir que esta hija de Francisca de Rueda hizo el suyo el mismo año que su madre.

     La conexión de los Rueda con los Saavedra llegaría a través de los Castellanos, con los que también enlazaron, si bien, para conjeturarlo, apenas disponemos de una referencia. En 1561 doña Isabel de la Cerda Saavedra se mandó enterrar en Santa Lucía, un templo de la capital, donde estaba sepultado su padre, Fernando Arias de Saavedra. En aquel momento doña Isabel era la mujer del regidor Juan Castellanos. En cuanto a las posibles relaciones entre los Rueda y los Porres, carecemos de testimonio que las verifique.

     Don Pedro de Rueda y Mendoza y doña Marina de Saavedra habrían dotado su vínculo con dos casas, una de primer rango, frente a la iglesia mayor, y otra, que se presenta como casas balcón, localizada en la plaza mayor, sin demasiado espacio habitable, reservada para la comparecencia de la familia en los actos públicos.

     Le habrían conferido además 6 parcelas de olivar en plena producción localizadas en Vadillo, que acumulaban un total de 71 1/6 aranzadas. Esta parte tan notable del vínculo complementaría las casi 20 aranzadas que en 1750 poseía don Diego Luis en el mismo sitio a título personal, tanto que la inversión en estas pudo ser solo una pieza de un plan de expansión de la misma empresa. Su potencia todavía se incrementó con un molino en aquel mismo pago, cuyo almacén tenía una capacidad de 4.000 arrobas. Formaba parte de un edificio que también contaba con casería con cuarto de vivienda. Calculando a razón de 12 reales por cada arroba de aceite, como el mismo registro acepta más adelante, el ingreso bruto que el aceite almacenable podía reportar al vínculo podría alcanzar los 48.000 reales por campaña.

     También pertenecían a este vínculo otra parcela de olivar en plena producción de 8 1/3 aranzadas, en La Platera, y dos parcelas en El Saladillo que sumaban 8 ½ aranzadas, casi todas asimismo produciendo a pleno rendimiento. Y todavía le correspondían 3 ¼ fanegas de superficie destinadas a plantar olivos.

     Como cargas, el vínculo declara cuatro memorias, dos de las cuales parecen consecuencia inmediata de las devociones familiares. Una imagen de Nuestra Señora de Belén, que recibía culto en la iglesia mayor, sería su objeto. Para la celebración de la fiesta que la conmemoraba destinaron cada año 259 reales, que recaían sobre una de las parcelas de olivar, y para la lámpara que iluminaba la imagen, 6 arrobas de aceite, que equivalían a 72 reales, a razón de 12 reales cada arroba.

     Las otras dos cargas, porque carecen de la misma especificación piadosa, podrían ser memorias impropias. En tal caso, los 6 reales que se pagaban a la fábrica de la iglesia mayor, que recaían sobre la casa frente a ella, podrían corresponder a un crédito de entre 120 y 200 reales a tipos comprendidos entre el 3 y el 5 %, y los 100 reales para el convento de San Francisco, que cargaban la misma casa, a otro entre 2.000 y 2.500 a tipos del 5 o 4 %.

     Por último, aquel vínculo era titular de un oficio de regidor. La parte destinada a asegurar la producción familiar de aceite sería un buen signo del estado óptimo de la preservación de los patrimonios a la que estaban destinadas estas instituciones. La regiduría además nos pondría sobre la pista de una iniciativa concentrada en la promoción y preservación de la grandeza de la familia. 

     El vínculo de don Diego Luis de Rueda y Mendoza y doña Mariana de Porres a mediados del siglo XVIII conservaba tres inmuebles en la población. Dos eran casas, y el tercero parece una cochera anexa a una de ellas. También tenía 7 ¼ aranzadas de olivar en pleno rendimiento en dos parcelas separadas, la mayor de ellas (5 ¼ aranzadas) en Vadillo. El cortinal del vínculo, que en régimen de secano se cultivaba ininterrumpidamente para producir cebada, tenía 2 ¾ fanegas de superficie.

     Sobre la cochera estaba cargada una memoria de 28 reales al año a favor de la fábrica de la iglesia mayor, que corresponderían a 560 o 700 reales de principal al 5 o 4 %. Y sobre la parcela de 2 aranzadas de olivar pesaba otra memoria, de 12 reales, a favor de  un vicebeneficiado de una de las parroquias de la población. La identidad del perceptor es tan expresa, tan al margen de una descripción que descubra la obligación de cumplir con una conmemoración, que en su caso parece más seguro que en otros que la memoria fuera impropia. De ser así, podría tratarse de un crédito de 400 reales al 3 %, si bien no se pueden excluir los 300 reales al 4 % ni los 240 al 5.

     Bien se trató de un vínculo originalmente modesto, bien de uno antiguo que vio cómo sus bienes se iban reduciendo. Si la razón fuera la primera, quedaría al descubierto lo pretencioso de algunas iniciativas. Lo segundo lo confirmaría el patrimonio conservado.

Un patricio

Heliodoro Hernández

Don Juan Berrugo de Morales en 1750 era dueño de nueve casas enteras y otra en común con un pariente, don Antonio Luis Berrugo. La primera que declaró fue la que habitaba, que tenía una cochera. La sexta estaba equipada con una tahona, la instalación industrial autónoma para la fabricación del pan, y la séptima era solo una accesoria. Las casas estaban dispersas por la población donde vivía. La primera encuesta de la Única, de acuerdo con sus tablas, evaluó la renta anual de este patrimonio en 4.307 reales.

     También tenía 46 parcelas de olivar que la misma encuesta clasifica con mucho discernimiento. Casi todas, hasta 42, se reconocen en plena producción (olivar hecho), pero las segrega en tres categorías (primera, segunda y tercera). La consecuencia es que la masa del cultivo queda cobijada por la mediocridad. Más de la mitad de las parcelas (23) son de segunda, mientras que el resto se lo reparten casi por mitad las otras dos categorías (11 de primera, 8 de tercera).

     Las extensiones acumuladas por cada clase no pueden ocultar la preponderancia de la producción de calidad. Aunque la concentración de parcelas en la segunda da como resultado inevitable la proporción mayor de las extensiones (148 1/6 aranzadas), la de primera gana en alcance proporcional (74 2/3 aranzadas) a la vez que la de tercera queda reducida a poco (18 ¾ aranzadas). De las 4 parcelas restantes, una, con 11 ½ aranzadas, se declara de segunda y de olivar nuevo que por tanto solo produce a un tercio de su capacidad. Las otras tres son de olivar tan nuevo que ni siquiera producen, y por tanto no es necesario adjudicarlas a categoría alguna. Ocurre sin embargo que ocupan hasta 61 5/6 aranzadas.

     Tanta discriminación solo tiene sentido contributivo. La denominación de las clases de parcela es una expresión inmediata del efecto de utilidad fiscal que de cada una se espera. Esforzarse por desplazar el patrimonio a las categorías menos gravables es conseguir un balance impositivo más bajo.

     Los olivares, cuya renta fue evaluada en 19.804 reales, suman una extensión de 315 aranzadas. Pero parecen muy dispersos. Se mencionan hasta 26 pagos o parajes distintos para localizarlos (Adavaque, Albercón, Bañuelos, Bentanás, Doña María, El Alamillo, El Arrecife, El Cigüeñal, El Retamoso, El Romeral, El Saltillo, El Tesorillo, Fuente del Álamo, La Alamedilla, La Carvajala, La Florida, La Ladrillera, Las Zorreras, Matallana, Palmagallarda, Pantorrilla, Ronqueruela, Santiche, Senda de Blas, Usagre, Valsequillo). Es tanta la fragmentación de este patrimonio que ni la parcela tipo, de algo menos de 7 aranzadas (315/46 = 6,85), es capaz de reflejar la alta frecuencia de las que tienen menos de 5 aranzadas. Son habituales las 1, 2 o 3, e incluso las hay de menos de 1, y son extraordinarios valores como 14, 22 o 36, cualquiera de ellos singulares. Representa bien este paradójico estado la gama de extensiones de las tres parcelas de olivar nuevo improductivo: 0,5, 11 y 50 1/3 aranzadas, a su vez los valores extremos de toda la secuencia.

     Sus rasgos como dueño de olivares, sin embargo, no tienen nada de extraordinario. Del análisis de cualquier otro propietario de unidades territoriales de este mismo tipo obtendríamos el mismo resultado. Las parcelas se localizaban en los parajes de radicación regular del cultivo, una zona relativamente concentrada, en parte próxima a la población y toda con buenas comunicaciones. Se competía por ellos desde antiguo, cuando debieron ser dedicados preferentemente a la vid, que aún se conservaba allí como cultivo endémico. El acceso a la posesión de estas parcelas estaba regulado por el municipio, y el derecho a demandarlas afectaba a cada vecino. La fragmentación del espacio útil era su consecuencia inevitable.

     En una de las parcelas localizadas en La Florida había un molino de aceite. Su almacén tenía una capacidad de 2.500 arrobas, y su renta anual fue estimada en 1.200 reales. Por bajo que fuera el precio del aceite almacenado –supongamos 8 reales la arroba, que no estaría muy lejos de una cotización a la baja– el ingreso obtenido por las 2.500 arrobas que podía almacenar, 20.000 reales, quedaría muy por encima de la utilidad de aquella industria que aceptaban los tasadores de la Única, independientemente de cuál fuera su idea de utilidad; lo que da una buena medida del alcance que le sería consentido al proyecto de reforma contributiva, de antemano condenado al fracaso.

     Un negocio de aquel volumen, aunque en parte saliera al paso del importante consumo de aceite de cualquier casa, solo tendría sentido con el horizonte de la comercialización, en su mayor parte de alcance colonial. Gracias a esa posibilidad, la inversión en el orden integral de la producción de aceite, desde el cultivo de la especie hasta su producción y decantación, se había convertido en una excelente inversión complementaria de las casas que dedicaban sus esfuerzos preferentes a la producción de cereales. La rentabilidad del negocio era segura y estable.

     Como propiedad inmobiliaria, todavía declara unos pinares concentrados en dos parcelas de primera con una extensión de 5 aranzadas, cuya renta fue evaluada en 135 reales 11 maravedíes. Irrelevante para el patrimonio familiar, el cultivo estaba relacionado con la fabricación y mantenimiento de aperos y envases y la carpintería de ribera.

     Su patrimonio ganadero es importante, tanto que solo disponiendo de tierras donde explotarlo podría mantenerlo. De ovino posee 1.500 cabezas que se clasifican solo como ovejas, sin más, una cifra sin duda estimativa, y 330 carneros. Para sus proyectos económicos sería el ganado que en aquel momento se llama de cría, el que es objeto directo de explotación para rentabilizar el producto que se le pueda extraer. Mientras que el de las ovejas se calcula a razón de 9 reales por cabeza, para los carneros no se calcula ninguno. Habrá que suponer que el destino de los machos era exclusivamente la reproducción de la manada, a diferencia de las hembras, que proporcionarían crías, leche y lana, los mismos bienes que la administración del diezmo, siempre atenta a cualquier producto agropecuario, recauda bajo el concepto genérico de corderos, queso y lana.

     Los corderos, en las cabañas de cría, estaban destinados a la constante reposición de la manada. Del beneficio extraído al queso no tenemos muchas más noticias que las deducidas de la recaudación diezmal, que gravaría una actividad limitada al autoconsumo. La lana, más aún si era merina, bien cotizada en los mercados y producto de una especie que por otra parte no es la más rentable cuando se dedica al aprovechamiento lácteo, era el producto preferente al que aspiraba toda actividad concentrada en la cría de ovino.

     Su ganado vacuno consiste en 100 vacas y 185 bueyes y becerros. También solo las vacas se estiman rentables, en este caso a razón de 30 reales cada una, mientras que bueyes y becerros carecen de utilidad para el registro. A las vacas se las consideraría útiles por su capacidad reproductiva, mientras que los machos castrados, presentes o futuros, destinados al trabajo, no se reconocerían rentables por sí mismos. La masa de energía que proporcionan solo sería una intermediara de un producto final. Incluso si no tuviéramos otro indicio, este sería suficiente para sostener que nuestro hombre tendría que emplearse en la explotación de la tierra para la producción de cereales.

     El equino caballar suma 52 yeguas y solo 7 caballos, una proporción que puede valer como referencia del empleo de cada clase de ejemplares. Las yeguas se reservan para la maternidad y la trilla. Lo primero las hace también útiles desde el punto de vista contributivo. La encuesta cifra su rentabilidad en 2.600 reales al año. Lo otro redunda en la dedicación de nuestro patricio a la agricultura de los cereales. Los caballos, también inútiles bajo la consideración fiscal, serían padres o jacas para el transporte individual selecto y de recreo.

     De equino mular solo tiene 5 ejemplares, clasificados indiferentemente como mulos, inútiles también para la estimación de las rentas. Mulos y mulas, híbridos estériles, solo pueden tener como destino complementar la fuerza de la que dispone para los trabajos agropecuarios.

     El ganado asnal suma 20 jumentas y 11 jumentos, y solo las primeras rentan 400 reales según la encuesta. La alta proporción de hembras, que se destinan preferentemente a procrear, y los pocos machos, cuya dedicación regular es el transporte para distancias cortas, indican que aquellas pudieran tener responsabilidades en la natalidad de los mulos.

     El porcino se estima en 90 hembras, cuyo producto se evalúa en 3.600 reales, y 200 puercos inútiles. En la declaración del producto de las hembras debe estar incluido todo el aprovechamiento cárnico de la descendencia, desde que disfruta de la primera crianza hasta el engorde definitivo.

     El balance de la cabaña es 2.500 cabezas de todas las especies y 23.100 reales de utilidad total estimada. Enunciarlo es suficiente para reconocer que la fuente se limita a poner a nuestra disposición unas cifras que permitan hacerse una idea de las proporciones. Pueden tomarse como representativas del patrimonio ganadero de un labrador. Se interesa simultáneamente por el ganado de cría y el de trabajo y en las cantidades adecuadas a cada dedicación regular de cada especie.

     Don Juan disponía también de buenos recursos financieros. Declara, por una parte, 8 censos, con los que su casa habría obtenido capitales por un total comprendido entre 49.600 y 58.675 reales. Por el que menos, paga 16 reales, que podrían corresponder a un préstamo de 320 reales de principal al 5 % o a 400 al 4. Está garantizado por todo su patrimonio y los réditos los percibe un convento de dominicos. Puede provenir de un tiempo anterior, previo a 1705, cuando los intereses fueron tasados al 3 %. También cabe la posibilidad de que fuera tomado después de aquella fecha y hubiera sido acordado a un interés por encima del legal, que sería tolerado, lo que es menos probable, dada la saturación de la oferta en los mercados del crédito censal.

     Las mismas reservas podemos tener sobre un rédito de 20 reales anuales que gravan todo su patrimonio. Podrían corresponder a 400 al 5 % o a 500 al 4. Como acreedores constan unos herederos de otro patricio local. Los tipos de interés posibles también nos pondrían sobre la pista de un préstamo que tiene cierta edad, y la identidad de los perceptores de los réditos, que el préstamo entre iguales, sin ocultarse, circulaba. Una incursión como esta sería excepcional, dada la alta concurrencia a este mercado de las múltiples instituciones piadosas, dominantes en él, que compiten entre sí por la captación de acreditados.

     Paga también como intereses anuales 29 y 3 reales que cargan simultáneamente dos de sus casas. Los 29 se ajustan a un principal de 580 o 725 que se hubieran tomado al 5 o al 4 %. Los 3, a otro de 100 comprado al 3. Los 29 se pagan a un hospital y los 3 a una corporación de beneficiados parroquiales. Podría tratarse de dos créditos acumulados, uno antiguo y otro reciente; el antiguo, también tomado antes de 1705, aunque igualmente puede ser posterior a 1705 y contratado a un interés por encima de la tasa.

     Los 33 reales que cargan sobre una parcela de olivar en plena producción, de primera y con 3 aranzadas, y otra de segunda, de 6 1/6 aranzadas, cuyo acreedor es una cofradía, se corresponden con un capital de 1.100 reales o 100 ducados tomados al 3 %  vigente a mediados del siglo XVIII. Lo mismo puede decirse de los 36 reales que cargan sobre todo el patrimonio y que percibe un patronato cuya finalidad no se hizo constar. Por este, según nuestra interpretación, le habrían sido prestados 1.200 reales a un 3 %.

     Otros 66 reales, que gravaban todo el patrimonio, corresponderían a 2.200 reales o 200 ducados al mismo interés, y el titular del capital cedido habría sido un convento de clarisas, que en aquel momento percibe los intereses anuales. También 264 reales, de los que son acreedoras dos hermanas profesas en el mismo convento, y que gravan una parcela de olivar hecho de segunda, de 7 ¼ aranzadas, se atienen al nominal de 8.800 reales, equivalentes a 800 ducados, adquirido al precio tasado para los censos entonces.

     Los 1.750 reales que gravan todo el patrimonio son la consecuencia de la operación financiera con más aspiraciones. Se deducirían de un principal de 35.000 reales si hubiera sido vendido al 5 %, o a 43.750 si el tipo hubiera sido el 4. Aun siendo, en cualquiera de los casos, una cantidad muy por encima de todas las demás (supone entre un 70 y un 75 % de todo el crédito), lo que realmente hace singular el caso es que el acreedor es una capellanía cuyo titular es don Fernando Berrugo Barba, hijo de nuestro patricio.

     No es frecuente que quede al descubierto con tanta nitidez un plan financiero familiar. Si, como indican los tipos tentativos, pudiera tratarse de un crédito heredado, o vigente desde décadas atrás, la clave del plan habría sido colocar al hijo como titular de la capellanía. Pero en este caso resulta más convincente pensar que el crédito es reciente, se ha contratado a un precio superior al que rige en el mercado y que de esta manera se le aseguraba al hijo capellán la transferencia anual de 1.750 reales de la renta familiar. Mientras tanto, si la fundación fuera una obra de la familia, como era regular en las capellanías de iniciativa civil o gentilicias, la casa habría reciclado buena parte de las rentas de la institución para invertirlas en sus actividades.

     También reconoce que paga 7 memorias, nominalmente oficios litúrgicos en conmemoración de los antepasados de una familia que habitualmente se resolvían con unas misas periódicas. Si tomamos como referencia, a partir de la cual analizarlas a título experimental, la posibilidad de que tan modestas transferencias de dinero puedan ocultar otra clase de créditos, se puede deducir cuáles podrían ser memorias en sentido recto y cuáles posibles memorias impropias.

     Una limosna de 4 reales al año, cuyo pago debe garantizar la renta que proporcione otra de las casas, la percibe una corporación de beneficiados de una parroquia. Ateniéndonos al principio del que hemos decidido partir, podemos tomarla como un 5 %. En ese caso, la limosna se percibiría como los réditos de un capital de 80 reales. Si aceptamos que el tiempo es un 4 %, el capital sería 100. Lo mismo tendríamos que decir de otros 4 reales, que en este caso cargan sobre una parcela de olivar hecho de tercera que tiene solo ¾ de aranzada. Remuneran una memoria que está a cargo de otra corporación de beneficiados, los de la primera parroquia de la ciudad.

     Los 5 reales que pesan sobre una parcela de olivar hecho, de segunda, con 6 1/3 aranzadas y pagaderos anualmente a un convento de franciscanos, corresponderían a 100 reales al 5 % o a 125 al 4. Sobre otra de las casas recae una memoria de 11 reales, equivalentes a 220 reales o 20 ducados al 5 % o 275 al 4, que cada año percibe una hermandad con sede en una parroquia. Los 13 ½ reales que recaen sobre una parcela de olivar hecho de tercera con 4 1/3 aranzadas, y que se pagan a un convento de carmelitas calzados, aunque podrían ser la consecuencia de haber prestado 270 reales al 5 %, se pueden admitir como el resultado de 450 reales cedidos al 3 % regular.

     Ingresaba la corporación de los beneficiados de otra de las parroquias 16 reales por atender la memoria que cargaba sobre una parcela de olivar hecho de primera, de 3 1/3 aranzadas. De ser acertado lo que suponemos, corresponderían a 320 reales al 5 % o a 400 al 4. De 29 reales, de tratarse de réditos, ya hemos deducido que serían el 5 o el 4 % de 580 o 725 reales. Cargan sobre todo el patrimonio de la casa y los paga a la corporación de los beneficiados del primer templo parroquial de la población.

     Todos los cálculos proporcionan cifras verosímiles como nominales de créditos, y en el más desfavorable de los casos, solo una limosna no se ajustaría a préstamos a un interés por encima de la tasa. Con estos resultados, se podría afirmar que la memoria impropia, en esta casa, tal vez estuviera encubriendo créditos cortos, los que circulan las cantidades menores de dinero, a un interés relativamente alto, tal como suele ocurrir cuando la necesidad de financiación es urgente. Los financieros idóneos en este caso serían los beneficiados parroquiales erigidos en corporación, insustituibles como proveedores de los oficios que pueden justificar el encargo de la memoria que les da cobertura legal. Cuando no se recurre a ellos, tampoco se sale del amparo del canon eclesiástico, capaz de proveer los presbíteros que avalen la conmemoración.

     Cualquiera de los dos recursos financieros habla del pasado tanto como del presente. Los capitales tomados, tal como se deducen de los réditos que se registran, la encuesta elude identificarlos nominalmente. Pero se pueden deducir, con razonable precisión, a partir de los réditos que por cada uno paga. Todos serían invertidos en capitalizar cualquiera de las actividades de la casa, incluidas las no productivas, en el momento en el que fueron tomados.

     Mientras no devolviera los principales, se trataría simplemente de seguir disfrutando el efecto económico del capital recibido en su momento. En la práctica, todos los créditos que habían sobrevivido hasta mediados del siglo XVIII eran indefinidos y redimibles. La inversión consumada bajo estas condiciones podemos estimarla comprendida entre 51.250 y 60.850 reales, a cambio de un costo anual de solo 2.299,5 reales al año, de los cuales al menos 1.750 revierten a la familia a través de la capellanía.

     Por otra parte, gracias a que dispone de bienes suficientes que hipotecar, siempre se dirige a puertas de las que puede estar seguro que encontrará abiertas, entre bastantes más. Hospitales, corporaciones de beneficiados, capellanías, cofradías y hermandades, conventos, monjas profesas, siempre los había dispuestos a prestar con garantías hipotecarias a intereses bajos las rentas que ingresaban. Mientras no dedicasen una parte de sus esfuerzos piadosos a actividades productivas, las que por otra parte solían negarse con escrúpulos de disciplina eclesiástica, solo prestándolas podrían lucrarlas.

     De los 9 capitales que no gravan todo el patrimonio, 6 los sostienen parcelas de olivar. Es cierto que el gravamen recaería sobre unos bienes o sobre todo el patrimonio por imposición del prestamista. Pero cuando quedara algún margen de discrecionalidad al deudor, la preferencia por un tipo de bienes está lo suficientemente definida. Así el papel reservado a los olivares gana profundidad. Las diminutas parcelas de olivar pudieron ser acaparadas, más que como un recurso destinado a la producción de aceite, como un medio fácil para ganar la posibilidad de endeudarse.

     Por último, don Juan posee un oficio de regidor. No sabemos si fue usurpado por sus antepasados, si ganado a cambio de servicios a la corona, si comprado con posterioridad a quien antes lo hubiera obtenido. Pero desde que el régimen de los regidores se impusiera en el gobierno de los municipios, solo quienes disponen de este título tienen la plenitud de los derechos que antes había correspondido a todos los vecinos cuando se constituían en concejo.

     Como ninguna de las instituciones de gobierno precedentes fue abolida, y a los atributos que la administración de justicia que tuviera el municipio se añadieron otros, el regimiento nunca fue el dueño de todos los poderes municipales donde se impuso. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII es la cámara de gobierno de las poblaciones. En él se toman todas las decisiones ejecutivas y sus miembros natos, con voz y voto, son los regidores. Poseída como parte del patrimonio, la regiduría es la pieza institucional imprescindible para ganar la condición patricia.

La fortuna de nuestro patricio en su mayor parte está fundada sobre la riqueza que se obtiene al margen de señoríos y vinculaciones, los blindajes institucionales de las aristocracias engendradas por la corona, tanto civiles como eclesiásticas. Los sobrepasaba con la iniciativa y la innovación paralegal. Así la tahona, emancipada de la servidumbre al monopolio de los molinos harineros del municipio, uno de los atributos de su señorío.

     Sobre todo, utiliza con ventaja los recursos que ponen a su alcance la inmovilización de las tierras y el modo en el que obtenían sus rentas los aristócratas que las poseían. A él le permiten la que con seguridad fue la mayor de sus fuentes de riqueza, la explotación agropecuaria centrada en el cultivo de los cereales con la magnitud de las labores, tal como lo evidencia su cabaña ganadera. Aunque no se identifica como cedido que las tome con ese fin. Sin embargo, la nómina de los Berrugo y los Morales que arriendan tierras en las extensiones adecuadas para emprender labores es lo bastante directa como para reconocerle ese destino a tan importante masa ganadera. Todo indica que en la casa dividieron la declaración de las iniciativas económicas para repartir responsabilidades contributivas. Nuestro hombre solo se habría hecho cargo de las obligaciones derivadas de la explotación del olivar y de la ganadería, tanto la de cría como la de labor.

     Sería ya mayor y aun vivía con su esposa, y de los descendientes de la familia solo convive con el matrimonio una nieta. Parecen razones para reconocer que muy probablemente hubiera alcanzado el estado que aconseja ir delegando funciones, no tantas que incurriera en el exceso de ceder su condición de patriarca del linaje. Seguía ejerciendo la regiduría que le permitía tener en sus manos las riendas de la obra familiar.

     Pero con el mismo sentido de la oportunidad que conquista posiciones innovadoras que lo convierten en una pieza imprescindible para que las aristocracias ingresen sus rentas, aprovecha las posibilidades periféricas de la vinculación y del señorío. La investidura como capellán del hijo pone en evidencia el recurso sin prejuicios a la vinculación, responsable de la médula de sus flujos financieros. En cuanto a su disperso y fragmentario olivar la familia lo ha obtenido durante las últimas décadas por presura, la forma de adquisición del dominio sobre la tierra por uso, regulada desde el órgano de gobierno del municipio que ejerce el señorío sobre su término.

     La patrimonialización de la regiduría lo colocaba en la ventajosa y singular posición de juez y parte en esta materia. Lo sorprendente, tratándose de esta modalidad de acceso a la tierra, no es que su patrimonio esté fragmentado y disperso, sino que recientemente haya conseguido del municipio parcelas de más de 11 o nada menos que 50 aranzadas. Es evidente su interés por el aceite. No solo por las parcelas de olivar que tiene consolidadas y en plena producción. También lo revela que está invirtiendo en la puesta en cultivo de otras.

     La encuesta terminó clasificándolo como una persona de estado noble, aunque no ostentaba ningún título. Para que quienes trabajaron para las averiguaciones de la Única considerasen adquirida esa condición debió ser suficiente el de regidor. Pero es posible que a su alcance quedara además verificar otras razones. Averiguaron que en su casa para su servicio mantenía a cuatro criadas, y sobre todo que además tenía un número indeterminado de sirvientes, sobre cuya condición y relaciones con don Juan la fuente solo especifica que vivían en hogares separados.