Las explotaciones
Publicado: febrero 23, 2018 Archivado en: Alain Marinetti | Tags: agraria, economía Deja un comentarioAlain Marinetti
En la región, para referirse a las explotaciones dedicadas al cultivo de los cereales, los textos de mediados del siglo décimo octavo manejan un vocabulario relativamente extenso. Además de cortijos, mencionan hazas y manchones, así como pegujales, suertes y rozas, y ocasionalmente otras instalaciones, como las huertas. Ninguna de las denominaciones es inflexible, y todas estaban modificadas por la manera de verse a sí mismos que tenían sus responsables. Aunque el repertorio parezca amplio, recoge solo las palabras más habituales, y si descendiéramos a las variantes locales, se podría prolongar extraordinariamente la lista. Pero es muy probable que detrás de cada nombre a lo sumo encontráramos sinónimos de las siete voces enunciadas. Creo pues que se puede estar seguro, tratando de la producción de cereales, que en aquel momento todo lo distinto a estas siete clases, si conseguía existir, sería muy secundario. Pero si las acepta sin más, el lector contemporáneo tal vez confunda hechos que parece necesario discriminar cuando se trata de aislar los tipos de explotación que se organizaban cada año. Su análisis, para lo que bastará que se acepten sendas definiciones, aunque pueda ser parcial puede ser suficiente para desentrañar la diversidad que encubren, separar lo que no debe estar junto y demostrar la oportunidad de respetar las distinciones hasta el punto que permita una idea precisa de quiénes eran los que cultivaban cada año los cereales.
Cortijo es la unidad de producción que en 1750 tenía los recursos suficientes para emprender la gama más amplia de actividades agropecuarias. Su contenido primordial era la tierra, normalmente de calidades diversas, aptas para garantizar extensos cultivos y la manutención de manadas de ganado. Su mejor porción eran los suelos de pan sembrar, de la calidad más alta, reservados para producir los cereales, que se subdividían en parcelas o unidades territoriales habitualmente llamadas hazas. Otra parte era el área de pastos propia, quizás la más importante de su fracción no cultivada. Aunque aquella reserva la justificara una limitada calidad del suelo, esporádicamente, valiéndose de la alta fertilización que le añadía el ganado que la apacentara, era utilizada como área productiva. También como zona de uso pecuario, contaba con un ejido próximo al centro de la unidad productiva, reservado para localizar en él cualquiera de los cuidados que requirieran los ganados de la casa, y la fracción de superficie que pudiera restar eran los baldíos del cortijo, zona sin trabajar a la que se podía recurrir para satisfacer cualquiera de las necesidades de la explotación. Ni siquiera se aprovecharían de manera reglada, salvo para actividades marginales, porque su tierra sería la de calidad inferior.
Era asimismo equipamiento necesario de cualquier unidad de esta clase el agua, una parte de la cual circularía por sus tierras. Es muy probable que en muchos casos se estancara con una presa, para regular su uso, y su manipulación más útil, para la brega diaria con el ganado, era el abrevadero, un estanque en el que los animales de la explotación tenían aseguradas sus raciones de esta parte de su alimentación.
Buena parte de los cortijos, a la tierra y el agua imprescindibles sumaban un recurso proveniente de su forma genuina, unas edificaciones reservadas a las funciones reproductivas de hombres y animales. Aunque inequívocamente biológica, estaban destinadas a concentrar trabajo, para luego propagarlo por sus tierras, depósitos de cantidades ingentes de la energía que había hecho posible que su suelo fuera el más productivo. Por último, también era una parte necesaria de la instalación, reguladora de su economía, la red de vías con la que sus caminos interiores conectaban. Del entramado de los caminos que a él llegaban y se prolongaban por su espacio se deducía una parte sustantiva del costo efectivo de buena parte de los otros factores, a través de la razón del gasto energético, que no era solo el de su labor, sino el de la casa toda.
Pero de ninguna manera sería correcto decir que un cortijo era una explotación, empresa o iniciativa personal que aspiraba al cultivo de los cereales. El nombre más apropiado, o menos anacrónico, para identificar la plenitud de las empresas que se restringían cada año a obtener un producto de cereales es labor. Alcanzaba el estado óptimo gracias a que su dimensión, la mayor entre las explotaciones de cada territorio, le garantizaba la posición dominante. Parece que lo regular era que cada una explotara un cortijo, siempre fragmentado en las áreas aptas para la siembra con cereales que imponía el sistema, y que año tras año mantuviera su cultivo continuo sobre una suma discreta de esa clase de partes. Pero también sabemos que una parte de las labores utilizaban más de un cortijo, completo o en parte, sin que por ello sufriera su integridad como agente económico independiente. Era una proporción en modo alguno insignificante, que podía aproximarse a la décima parte de los casos. Cuando una parte de las labores actuaba así, seis de cada diez sumaba a todas las parcelas disponibles de un cortijo las que hubiera en al menos una parte de otro para explotarlas simultáneamente. Luego la asociación más característica de las empresas que decidían acaparar más de un módulo de uso del suelo alcanzaba a dos cortijos. Las cuatro restantes acumulaban con el mismo propósito como mínimo tres unidades de la misma clase.
Sin embargo, el orden para la labor no derivaba inmediatamente de la cantidad de unidades tomadas sino de su localización. En torno a la mitad de quienes tomaban más de un cortijo repartía su labor de manera equitativa entre los distintos lugares elegidos, lo que significaba que también para el conjunto de cada labor se creaba una jerarquía, como ocurría cuando un solo cortijo, ateniéndose a los rigores de los sistemas, se dividía con el fin de aprovechar cada campaña solo una parte de su superficie. En la otra mitad de los casos la superficie acumulada era utilizada simultáneamente de manera muy dispar.
Los matices podían ser consecuencia de la dispersión. Normalmente, quienes tomaban a su cargo más de un cortijo lo hacían aconsejados porque todas las unidades de producción, completas o parciales, eran colindantes, lo que en la práctica les permitiría organizar su trabajo como si se tratara de una sola. Pero también había labores repartidas en dos lugares separados, aunque entre las razones que las unían también rigiera el principio de proximidad.
No obstante, es posible que hubiera dos cortijos explotados por un mismo amo y que sin embargo admitieran dos labores en paralelo. Si esto era excepcional, cuando la iniciativa de la empresa se dispersaba en tres o más lugares, aunque en cada uno se ocupara una cantidad de superficie distinta, en la práctica cada una actuaba como si fuese una explotación autónoma. Había grados de dispersión probablemente poco tolerables, a causa del exceso de distancia, escasamente compatibles con el gasto energético de la empresa, lo que la abocaba a ganar cierta racionalidad constituyendo cada parte como una labor independiente.
Pero cualquiera de las combinaciones siempre mantenía una unidad de la clase principal como centro de todo su sistema técnico. Cualquier labor siempre tenía su centro en un cortijo, añadiera o no dos o tres parcelas de otro. Se podía por tanto decir que hasta las asociaciones más complejas serían en el fondo de cortijo, fueran completos o parciales. Es suficiente para reconocer, dada su compleja composición, que cualquiera de las empresas que se acometían sobre esta base, como todas utilizaban al menos una unidad de este tipo, tendría previsto utilizar su labor como centro en el que integrar otras actividades agropecuarias.
Sería un error, consecuencia de la acumulación de ejemplos de diversidad, presentar la labor como una explotación que quiere batirse en distintos frentes productivos. La labor es la parte de los proyectos empresariales reservada a la producción de cereales. Su producto protagonista es el trigo, preferente sobre los demás. Incluso en un buen número de labores la producción de trigo es lo único que se documenta positivamente, y en algunas además se averigua con seguridad que toda la explotación está íntegramente dedicada a la producción de trigo. Los cortijos tienen pues como principal objetivo producir trigo y a ello se dedican, no solo de manera preferente, sino en buena parte de los casos de manera íntegra.
A las hazas afecta la indefinición. Es la palabra que se usa con menos rigor para denominar explotaciones. De sus significados, los que resultan más relevantes son los que se deducen de la lectura comparada de los documentos. En sentido estricto, haza es una parcela continua de cultivo de cereal. Como el orden cíclico de este induce la división del espacio de las unidades de producción en otras menores, sobre las que va cargando alternativamente la responsabilidad del producto anual, un cortijo, según decíamos más arriba, regularmente estará dividido en hazas, que es lo mismo que decir que está dividido en piezas o parcelas independientes. Por tanto, haza puede definirse también como la parte de una unidad de producción de un tamaño mayor. El fenómeno espacial en este caso toma su identidad de que tiene lindes propias aun dentro de las del cortijo porque la fragmentación responsabilidad del sistema se haya consolidado. Por estas razones la parte puede segregarse con facilidad y existir con independencia, y que así llegue a ser la base a partir de la cual organizar explotaciones que puedan conocerse con el mismo nombre. Es probable que en este caso fueran los cortijos sin instalaciones los más expuestos al riesgo de degenerar a la cesión en fragmentos. Pero también la palabra haza, en los mismos testimonios, se utiliza para distinguir una unidad menor que el cortijo. Con las mismas características en el espacio, puede haberse generado al margen de una gran unidad como otra intermedia, e incluso puede referirse a una propiedad concentrada con el propósito de ser explotada como un cortijo.
Porque la explotación organizada sobre un haza puede ser una labor, dado que la superficie del haza, cultivada completa, puede equivaler a la fracción de un cortijo que simultáneamente se ponga a producir. Los medios que cualquiera de las dos necesitaría movilizar serían similares, lo cual sería suficiente para que ambas fueran orgánica o técnicamente labores. Pero no todas las hazas tienen que dar origen a una labor. Es posible que también se dividan, sujetándose al rigor de la alternancia, en fracciones, para cultivarlas sucesivamente. Su dimensión para el cultivo quedaría reducida al menos a la mitad y por tanto la necesidad y combinación de medios se contraerían hasta el punto que no sería correcto llamar al orden resultante labor.
En cuanto al número de estas unidades que se usan para organizar sobre ellas una empresa, el mundo de las hazas es bastante homogéneo. Como unidad origen de una labor también la modalidad más sencilla de explotación resulta de que alguien haya tomado a su cargo la producción de cereales sirviéndose de solo un haza. Las tres cuartas partes de las labores constituidas sobre hazas cuentan con una sola unidad: una labor, un haza. Al tomarla en solitario para constituir con ella una explotación autónoma, tiene que ser la responsable de las explotaciones de tamaño intermedio. Pero el haza es una parcela que puede convivir con el cortijo. Un haza puede sumarse a uno y con él crear una de las explotaciones que acumulan tierras, que es tanto como contribuir a la creación de las del tamaño mayor o labores del primer rango, tal como hemos visto más arriba. Sin embargo, solo excepcionalmente hay labores que sumen más de un haza cuando la acumulada no es un cortijo. Estas situaciones parecen proporcionar a sus promotores, más que un ascenso, un descenso en su posición. Bien el número de explotaciones que acumulan son del tipo pegujal, bien son tan pequeñas que, aunque sean un número relativamente alto, aún aproximan más a la condición del pegujal. Así pues, la acumulación de hazas da origen a una modalidad de explotación de la menor importancia relativa.
Define muy bien la empresa sostenida sobre más de un haza la dispersión, y en esto hay grados. Las hay en dos lugares, aunque en todos los casos conocidos en el mismo paraje. También las hay en más de dos, alcanzando grados de extrema dispersión por exceso de parcelas, incluso hasta seis. La discontinuidad en el espacio, en este caso, parece una decisión estratégica relacionada con los costos de desplazamiento. El propósito parece combinar unidades que suministren energía para el desplazamiento con otras dedicadas a los cultivos de mayor rentabilidad. A la dispersión alguna vez se añade la condición de casa agropecuaria, como cuando se mantienen al mismo tiempo una hacienda y tres hazas.
El manchón es una parte de la reserva de tierra de una gran unidad de producción o cortijo, se mantenga íntegra o segregada en haza; la que permanece sin cultivar ni trabajar, razón por la que también se le denomina erial o eriazo. En sentido propio es por tanto solo un recurso técnico de los sistemas de cultivo del cereal. Si se incluye entre sus explotaciones, tendrá que significar que se trata de una que se acomete directamente sobre una tierra sin antes haberla preparado para este cultivo, es decir, sin barbechar, y que al mismo tiempo, como labor inicial, debe incluir la roza o desbroce de la vegetación espontánea que haya nacido en la parcela. Que la densidad de las especies que hayan crecido sea mayor o menor dependerá del tiempo que el área haya permanecido sin cultivo ni trabajo, pero que pueda constituirse como explotación tiene que entenderse naturalmente dependiente de la actividad organizada por una de tamaño mayor. Luego sería en todo equivalente a la que pudiera organizarse a partir de un haza, bajo cualquiera de sus condiciones. La diferencia entre una y otra se reduciría a la inversión inicial de energía, que tiene que ser mayor cuando las labores deben ser profundas.
El pegujal es uno de los hechos más característicos de la economía de los cereales en 1750. Un pegujal es un patrimonio modesto e inseguro, doble condición inscrita en su génesis, asociada a la servidumbre entendida en su sentido primitivo de esclavitud. En 1750 todavía se acumulaba gracias a la remuneración del trabajo con una cantidad de bienes, con más probabilidad los mismos que se hubieran producido trabajando, o el disfrute transitorio de un modesto trozo de tierra que permitiera obtenerlos. Esta segunda posibilidad había dado alas a las parcelas más pequeñas. El modesto trozo de tierra se había abierto un hueco como objeto de cesión, también transitoria, sin necesidad de que mediara la prestación de trabajo; simplemente, sirviéndose de las reglas del arrendamiento. Por eso en 1750 se había generalizado para esta arqueológica palabra el significado de explotación de pequeñas dimensiones; con seguridad, la forma más modesta de explotación. Sobre la transmisión precaria de una parcela limitada, se podría poner en marcha una empresa o iniciativa muy discreta para producir cereales, cuya diversidad en parte permite deducir la documentación de referencia. Nada impide que un pegujal de mediados del siglo décimo octavo esté localizado en el interior de un cortijo. Cualquiera de sus modalidades lo permite y la experiencia enseña que la mayoría tienen esa localización. Estarían también, por tanto, subordinados a él. Pero asimismo es posible que los pegujales se localicen en hazas, estén o no reducidas a manchones, o en tierras que de antemano son pequeñas parcelas segregadas por la condición de propiedad.
La modalidad mayoritaria y que define inicialmente con más precisión esta forma de explotación es la parcela única. De todos los pegujales organizados, las tres cuartas partes se sostienen exclusivamente sobre una unidad de producción: una parcela, un pegujal. Lo que queda al margen de esto tampoco es algo extraordinario. Del cuarto de pegujales con más de una parcela, mitad por mitad son pegujales sobre dos o sobre tres parcelas. Luego nada impide que también haya algunas empresas del tipo pegujal que estén sometidas a la tensión de las parcelas dispersas. Hasta tal punto es así que hay pegujales localizados en tres lugares distintos, aunque en todos los casos que se atienen a esta variedad ocurre que la dispersión es muy limitada. Porque tratándose del pegujal, la dispersión es compatible con los escasos costos de desplazamiento, a la vez que con la inmediata accesibilidad desde las poblaciones. El número tres, referido al de parcelas, parece ser también un valor asociado a esta posible norma. Hay, no obstante, algún caso de excepcional dispersión. Se documenta un pegujal en más de seis sitios. Aún así, restringido al espacio de un mismo término se atiene a la regla de concentración relativa.
Suerte es una forma de acceder a la cesión cuando la demanda de los bienes de los que se pretende disfrutar es superior a la oferta. El cedente, bajo esas condiciones, para adjudicar el bien puede recurrir, entre otras posibilidades, al azar. Por antonomasia, el procedimiento se aplica a las tierras que están bajo dominio de los municipios. En las tierras públicas y comunales que se aprovechaban para el cultivo, previa licencia real, se delimitaban las unidades homogéneas que recibían aquel nombre, siempre de dimensiones reducidas. Los municipios recurrían habitualmente al sorteo como medio de adjudicación aconsejados por representar la equidad, cautela de los gobiernos que se proponen perseverar.
Pero entender el término en este sentido tan restringido dejaría fuera a tierras privadas, como ocurría con las situadas en los ruedos. Sus dueños también podían recurrir a esta manera de llamar a las parcelas pequeñas que cedían para que fueran explotadas. Es cierto que el procedimiento de adjudicación, en este caso, es más probable que estuviera mediatizado por la subasta, que garantizaba las rentas más altas posibles. Por tanto, el sorteo en sentido estricto no sería el encargado del reparto, lo que no impedía a los dueños encubrir con la palabra suerte cada parcela que cedieran.
No obstante, es posible que a las pequeñas unidades de producción ocasionalmente se las denomine suertes simplemente para significar que en origen fueron constituidas dentro de límites legales y definidos. Porque en algunos casos no consta que las que se han reunido para organizar una explotación procedan de adjudicación alguna de tierras mediante sorteo o subasta. El hecho de que puedan acumularse en una cantidad muy alta en una sola mano, para dar como producto una extensión media compatible con los medios de gestión de las labores, hace sospechar que en estos casos pudo haber acaparamiento de predios colindantes procedentes de un reparto por sorteo anterior.
Hemos precisado antes que roza es una técnica al servicio del sistema de cultivo, la destinada a deshacerse de la vegetación espontánea crecida en la parcela que se va a preparar para la siembra, sea por labores profundas o por ignición. Sin embargo, con el nombre de roza también se puede denominar una unidad de producción que hasta el momento en que reunimos la documentación había caído fuera del campo de observación del estudio de la economía regional del cereal. La escasa literatura sobre esta modalidad de agricultura que ha prosperado ha adoptado esta denominación. Para nosotros no hay más autoridad ni más tradición que la justifiquen. A ella nos remitimos con la seguridad de que los avances que para esta vertiente del tema habrán de venir conquistarán un vocabulario más preciso.
El nombre no es el más adecuado porque efectivamente se refiere a un procedimiento de cultivo, y no a un lugar en el espacio o a una iniciativa. Pero la extensión del nombre hasta identificar una explotación podría quedar más que justificada porque aquel procedimiento es, en este caso, el que decide sobre todo lo demás. Allí donde la ocupación del suelo con fines productivos es menos intensa, el origen de las explotaciones de quienes deciden cultivar cereales, en una proporción muy alta, debe partir cada año del desbroce de un espacio en el que durante años la vegetación espontánea ha crecido libremente. Se deslindan en espacios de estatuto equívoco, también consecuencia de la poco intensa apropiación del suelo por defecto de la competencia entre quienes pueden aspirar a ella, resultas de la confluencia de la baja calidad del suelo y la escasez de población, lo que suele enmascararse -o, si se quiere, resolver de manera sumaria- considerando el espacio comunal, en la práctica terrenos bajo dominio de los municipios, y a ellas se puede acceder por sorteo en caso necesario. Cualquier vecino de aquellas poblaciones dispuesto a emprender una explotación de esta clase dispone de todos los reconocimientos y ayudas públicas, o en sentido contrario no encuentra más impedimento que el personal que pueda oponerse a tomar la responsabilidad de este trabajo. Que estas parcelas sean localizadas, habitualmente y del modo más general, en el monte es, finalmente, una manera de indicar con comodidad y eficacia la calidad de las tierras que se siembran, lo que no impide que estas prácticas, como se podría esperar, tiendan a desplazarse y radicarse en las tierras de mejor calidad de las zonas donde es practicada, en una progresiva declinación hacia la estabilidad que contradice su fundamento.
La información que nos permite asomarnos al mundo de las rozas, que las aproxima mucho a los pegujales, evoca un orden sencillo. La explotación de las rozas se asienta sobre una parcela. Los limitados medios energéticos disponibles y contar con un rendimiento satisfactorio de antemano, gracias al abonado incluido en la técnica, son opuestos suficientes para que el tamaño de las explotaciones pueda ser en todos los casos discreto.
A las huertas las fuentes siempre se refieren manteniendo su sentido regular, y no hace falta explicar que la huerta es la explotación especializada en la producción ininterrumpida de frutas y verduras, que siempre ha sido un espacio proclive al cultivo promiscuo, ni que cuenta a su favor con el regadío y la intensidad del trabajo en dimensiones en las que el suministro de la energía humana es el que impone la pauta. Lo que ocurre es que la explotación de la agricultura intensiva llega a serlo tanto que incluso en ocasiones incluye el cultivo del cereal, o que el deseo de poseer cereal invade el territorio de otros cultivos. Ningún obstáculo entorpece que en explotaciones tan especializadas, y con un carácter tan definido, suceda esto. En la parte de las huertas que se siembra de cereal el comportamiento es de haza. La parte dedicada a cereal también es una parcela dentro de ellas. Pero solo hemos encontrado dos en las que una parte de su superficie se dedicara a sembrar cereales. Luego este hecho por necesidad sería, además de excepcional, restringido.
Así pues, un cortijo es una unidad integral de producción, una haza es una parte de las tierras de un cortijo, el manchón un espacio definido por un recurso técnico, el pegujal una posesión modesta y pasajera que mejor se materializa en una parcela, la suerte una forma de acceder a la cesión de la tierra, la roza otra parcela definida por otra técnica al servicio del sistema y una huerta la explotación especializada en la producción ininterrumpida de frutas y verduras que esporádicamente acoge el cultivo de los cereales. Hay que reconocer que los textos contemporáneos no son rigurosos a la hora de elegir un criterio a partir del cual decidirse por las palabras que deben distinguir las explotaciones que actuaban en la producción de los cereales. Ni para evitar que en el uso de este vocabulario se interfieran entre sí los factores para la definición, como el tamaño de la parcela, las formas de la tenencia o las técnicas que se emplean. Todo lo cual pone en el riesgo de que las conceptos se solapen y que por tanto todo se confunda.
Pero afortunadamente, porque al mismo tiempo con su gama de vocablos los autores se proponen trazar el cuadro de las explotaciones con las que conviven, los términos más habituales alcanzan ese orden cuando se emplean por antonomasia, lo que como hemos demostrado permite depurar y aislar en cada uno de ellos el componente explotación, el asunto que nos hemos propuesto aclarar. Bastan las definiciones para que en todos los casos se descubra el contenido relacionado con este criterio. Cuando en la documentación de la época se utiliza la palabra cortijo por antonomasia es sinónimo de empresa de cereal del tamaño mayor. Haza, cuando designa una unidad independiente, es una empresa de tamaño intermedio, lo mismo que manchón. El sentido en el que utilizan el concepto pegujal los documentos de mediados del siglo décimo octavo es empresa o iniciativa de pequeñas dimensiones para producir cereales, y cuando las fuentes eligen la palabra suerte para aplicarla al campo de las explotaciones se entiende también que se trata de explotaciones constituidas sobre parcelas de dimensiones modestas. En el caso de las rozas la trascendencia de la técnica, su responsabilidad decisiva, se identifica tanto con la explotación misma, una explotación de tamaño discreto, que termina denominándola. En la explotación llamada huerta el cultivo de los cereales es excepcional y restringido y no creo que sea necesario tenerlas en cuenta en lo sucesivo.
Luego las clases de explotación, si nos atenemos al criterio del tamaño, factor común de todas las definiciones, se pueden reducir a tres: la que representa el cortijo, la que se identifica en hazas y manchones y la que se materializa en pegujales, suertes y rozas. La responsabilidad que en la constitución de cualquiera de ellas tiene la configuración previa de las unidades de producción, que en todos los casos es decisiva más allá de la aparente obviedad, reduce aún más las posibilidades. Haza y manchón pueden estar acogidos a cortijos, y el pegujal, a cortijos y hazas, aunque también puede ser independiente. La suerte puede acogerse a cortijos, pero también a las tierras de dominio municipal, que es el espacio regular de las rozas. Así las cosas, el orden del espacio para ser explotado con cereales podría reducirse al siguiente principio. El cortijo sería la matriz del orden, así íntegro como por sus secreciones mediana y pequeña, y las tierras de dominio municipal un amortiguador elástico del uso de aquel, que es el prevalente.
El acierto de al menos una parte de este análisis se puede poner a prueba sometiéndolo al contraste cuantitativo. Una información contemporánea sostiene que cada año, a mediados del siglo décimo octavo, si nos limitamos a los términos más generales, el espacio regional dedicado a cereales quedaba repartido de la siguiente manera: un tercio de las explotaciones activas eran cortijos, casi una cuarta parte hazas y casi otro cuarto pegujales, proporción que aumentaría si a estos les fueran sumadas las suertes. Los demás tipos serían cuantitativamente muy poco significativos. Son cifras que solo aproximan y además ya podemos afirmar con certeza que en su manera de calcular está interfiriendo la falta de rigor que hemos detectado. La consecuencia es que las cifras, como los conceptos, se solapan y no se pueden dar por buenas.
Hemos reunido otras pruebas cuantitativas, también de alcance regional, que son más consecuentes con los tipos de unidades de producción depurados. El lugar común que la agotadora literatura sobre este tema ha sabido difundir con más éxito ha sido el de la extraordinaria dimensión de los cortijos. Durante un tiempo, y desde determinada posición, esta idea se ha combatido, seguro que con sobrado fundamento. Pero se puede afirmar que la idea más común, para mediados del siglo décimo octavo, es la más exacta. Entonces los cortijos de la región eran áreas de enorme extensión relativa, un principio que, aunque pueda parecer contradictorio, no es del todo incompatible con la idea de que el cortijo común entonces no era excesivamente grande. Evidentemente es posible relativizar, ordenar por tamaño, agrupar por clases, y siempre la idea general se podría matizar; tanto y con tanta elasticidad, gracias a la diversidad de situaciones que es posible presentar, que está al alcance de cualquiera defender desde posiciones parciales, sin el menor asomo de cinismo, la idea que se proponga. Valga con decir que, para 1750, hemos podido documentar cortijos activos cuya superficie es un valor comprendido entre 100 y 2.800 unidades. Pero el tipo general lo darían los comprendidos entre las 300 y las 600. Por los datos de que disponemos, nos persuadimos de que este es el intervalo que mejor define el tipo dominante entonces. Con bastante probabilidad la mayoría de los cortijos activos entrarían dentro de esta banda, y dentro de ella aún serían más probables los que se ajustaran al intervalo 300-500, cifras todavía más ceñidas a los valores documentados. Pero, más allá de los detalles, la idea que debe prevalecer sobre todas es que para el momento al que nos referimos los cortijos eran un universo que por su tamaño quedaba a enorme distancia de cualquiera de las otras modalidades de integración del espacio al servicio del producto agrario. Solo hablar de cortijos traslada el análisis de los hechos a un rango del espacio explotado que incluye la magnitud exagerada, muy lejos y muy por encima de cualquier otra clase de complejos territoriales. Solo a partir de este principio se puede hablar de clases cuantitativas de cortijo. Para dar una idea aproximada de la magnitud de estas superficies agrarias, se suele decir que una hectárea corresponde aproximadamente a la extensión del estadio convencional. Basta saber que las medidas de superficie con las que estamos trabajando equivalen a una media hectárea para que inmediatamente haya que reconocer que un cortijo que tuviera solo doscientas de aquellas unidades, equivalentes a unos cien estadios, era una enormidad, y nos rindamos a la evidencia.
Las unidades de producción a las que quienes declaran llaman haza ocupan una superficie cuyo valor está comprendido entre 1 y 72 unidades de superficie, máxima elongación de nuestra experiencia que resulta equívoca. Cuando se pasa por debajo de la barrera de las 25 se entra en el terreno de transición hacia el pegujal entendido como parcela. El grupo de las hazas propiamente dichas, en el que sin embargo se podrían incluir los manchones, queda por completo comprendido en las 50 unidades de diferencia que hay entre los umbrales 25 y 75. Todas las que pudieran considerarse tales están dentro de esos límites.
Aunque también se declaran parcelas destinadas a ser explotadas como pegujal cuyas extensiones es necesario enmarcar entre 2 y 34 unidades de superficie para considerarlas todas, lo que realmente define el tipo es que el dominio reservado al pegujal es el de tamaño ínfimo. Entre la mínima superficie útil para el cultivo y las 10 unidades se concentra la masa de este hecho. Los valores más frecuentes están entre 6 y 7, y cruzar el umbral de las 25 unidades de superficie es salir de este dominio, aunque algunos casos, que nunca llegan al valor 35, caigan en el campo marcado por aquella cifra.
La superficie de las suertes de iniciativa municipal viene inducida por la ley. Un valor común para ellas es las 8 unidades. Tal vez por eso a algunos contemporáneos la extensión tipo de las suertes comprendida entre 2 y 4 unidades de superficie les parece reducida, por insuficiente para atender las necesidades de ingreso de una unidad familiar que solo dispusiera de este medio. Sin embargo, una suerte de 2 unidades, a media legua del lugar poblado, los cálculos más exigentes la estiman suficiente para que un bracero, que es el trabajador del campo que no posee ganado de labor, trabaje durante un año. Habrá que entender que estos argumentos no se utilizan referidos a suertes de promoción pública.
Las parcelas para rozas son de pequeñas dimensiones, desde este punto de vista más próximas a las de pegujal que a cualquiera de las otras dos extensiones tipo, mientras que el tamaño de las parcelas interiores dedicadas al cultivo de los cereales en las huertas está comprendido entre las 30 y las 50 unidades superficie, lo que definitivamente las asimila a las hazas.
Pero si queremos disponer de cifras lo más precisas posible y derivadas de conceptos rigurosos hay que descender a la observación de las explotaciones de un territorio, como si se escrutara un mapa. Con los apeos y registros de sementeras y el cuadro de rentas provinciales referidos al espacio administrado por un municipio, que antes de ahora he manejado, se puede estudiar con más precisión y sin interferencias la frecuencia del tamaño de las explotaciones y la superficie que acumulan. Al tratarse de registros para detraer una renta pública, en ellos constan las cantidades de superficie por las que debe contribuir cada empresario. Esto es lo que asegura que la cantidad de tierra que cada declarante registró expresaba directamente el tamaño de su empresa, al margen de cómo la denominara, y que cada una de ellas se opone a todas las demás y es por tanto exclusiva.
A la vista de la frecuencia de los casos anotados en la tabla que los recoge íntegramente, se pueden decidir con nitidez los siguientes intervalos. Hay un primer dominio de las frecuencias del número de explotaciones cuyo rango llega hasta las 12 unidades de superficie. El número de casos, para cada unidad del rango, está aproximadamente marcado por el valor 50, y los valores modales se sitúan por encima de esta frecuencia. El segundo rango lo separan con claridad los valores entre 13 y 40 unidades porque las frecuencias más representativas de este dominio descienden bruscamente, hasta quedar comprendidas entre los 10 y 20 casos por cada unidad declarada. El tercer dominio, que comienza a partir de la superficie por encima de 40 unidades, es con toda claridad el de las frecuencias por debajo de 10, modales y no modales.
El siguiente cuadro, referido a un año tipo, ilustra esta definición independiente de los rangos.
| Intervalos de superficie | Frecuencia de los casos | Frecuencia de los casos | Superficie acumulada | Superficie acumulada |
| En valores absolutos | En % | En valores absolutos | En % | |
| Hasta 12 unidades | 1.424 | 85 | 5.822,50 | 18 |
| De 13 a 40 | 127 | 7 | 3.116,00 | 9 |
| De 41 en adelante | 128 | 8 | 24.062,25 | 73 |
| Totales | 1.679 | 33.000,75 |
Cualquier clasificación, porque siempre es rígida, corre el peligro de enmascarar o deformar los fenómenos. Pero creo que la claridad que reconoce el criterio de segregación de los grupos permite concluir que el cuadro precedente deja observar una realidad y no una elaboración estadística. Es probable que el mayor grado de fidelidad a los hechos se concentre en los extremos. Según resuelven los documentos, había dos clases de explotaciones, labores y pegujales. Probablemente, esta manera de proceder sus autores simplificó los hechos. Pero tuvo la virtud de poner de relieve con solo una instantánea algo más que lo más llamativo. Por debajo del valor 12 unidades de superficie queda sin ninguna duda el hecho de los pegujales absolutamente. Por encima de las 40 también es seguro que lo único que existe son labores, por definición. El dominio intermedio es sin embargo de transición. Ahí deben estar la parte sustantiva de quienes toman hazas y manchones para explotarlos íntegros. Pero también otros cuyos comportamientos redundan en los dominantes: los que toman grandes extensiones y sin embargo emprenden una labor discreta, para ceder en pegujales la otra porción de la superficie que tienen; y viceversa: es posible que estén declaradas como parcelas continuas las tomadas por un grupo de trabajadores para hacer de ellas el uso regular del tipo pegujal, que por otra parte en absoluto no excluye el aprovechamiento comunal. Aunque normalmente el pegujal se promovía por una persona, y se accediera a él por remuneración, arrendamiento, sorteo o teniendo que rozarlo, sobrevivía el pegujal como parcela comunal cultivada por un grupo de semejantes, una forma de explotación que aunque entronque con la senara igualmente se denomina pegujal.
Así pues, nada hay que añadir a lo observado sobre los valores que lo resumen. Casi el 80 % de la superficie puesta en cultivo lo concentraba menos del 10 % de las explotaciones, y más del 80 % de las explotaciones no acumulaban ni el 20 % de la superficie. Lo que quedaba en medio tenía escaso peso específico. Contando con estos valores se puede afirmar que en el centro de la región suroccidental de la península ibérica, a mediados del siglo décimo octavo, a la forma de empresa llamada labor eran dedicadas nada menos que entre tres cuartas y cuatro quintas partes de todo el espacio invertido cada año en la siembra de los cereales, un fenómeno que era compatible con que las labores de un territorio, al mismo tiempo, fueran la porción mínima de las empresas destinadas a aquel fin. Incluso si a las labores en sentido propio se les sumaban las que se acometían según sus mismos procedimientos, aunque en espacios distintos a los genuinos, se mantenían en torno a la décima parte de las iniciativas cuyo deseo era conseguir aquel producto. Tan desequilibradas relaciones dan suficiente idea del grado de concentración que se había impuesto en esta decisiva rama de actividad, así como de la preponderancia de este tipo de empresa. El cuerpo de las labores de un territorio creaba un orden en el espacio tan poderoso que alcanzaba a toda la actividad, cuyo régimen de gestión rebasaba los límites de cada una de las explotaciones que a sí mismas se llamaban de aquel modo. Además, decidía sobre la organización de todo el complejo de empresas primordiales al que debemos llamar casa, para el que actuaba como núcleo.
Las expectativas podían llevar a la promoción de un buen número de empresas. El criterio que prevalecía para constituirlas era el personal. Como norma general, juzgando a partir de las mismas fuentes, puede defenderse sin correr demasiados riesgos que el principio de organización de la economía del cereal era la iniciativa individual o personal, esporádicamente femenina, y que acceder al uso de la tierra mientras aún se permanecía bajo la patria potestad se cita como algo muy excepcional. De donde se deduce que la existencia de las explotaciones de cereal estaba sostenida por la vida adulta de los varones. De ahí que tenga el más preciso de los sentidos que la documentación de la época, para referirse a las clases de explotación de la manera más explícita, en muchas ocasiones simplemente personifique. Las clases de empresario que reitera son cuatro: labradores, pelantrines, manchoneros y pegujaleros. Labrador es el promotor de labores. Con toda la consecuencia, algunas mujeres justamente se presentaban a sí mismas como labradoras. Pelantrines y manchoneros serían los intermedios. Buena parte de los casos que se identifican a sí mismos con estas denominaciones al mismo tiempo están incluidos en el dominio de las hazas. A la masa reiteradamente se refiere la documentación con el regionalismo pegujaleros. Descrito el origen y el lugar que ocupan en el rango de las empresas, probablemente es más correcto, cuando es necesario generalizar y comparar, llamarlos campesinos, la forma más extendida de identificarlos en occidente. Por tanto, concordando los nombres habituales de los promotores de explotaciones con las inducciones cuantitativas precedentes, las dos clases de empresario decisivas para sostener el orden creado para el cultivo de los cereales serían labradores y campesinos.
Una parte del análisis historiográfico ve que en la organización de las empresas decidirían tres factores, a su vez entre sí relacionados: el tamaño de la superficie sobre la que se organizaba, los medios de los que disponía quien la decidía y el destino previsto para el producto. Del alcance decisivo del tamaño de las parcelas tenemos pruebas suficientes, mas del valor relativo que tenían los medios no es posible formarse un juicio en los límites de este ensayo. Pero incluso suponiendo que todos dispusieran de los mejores medios para la promoción de una empresa, las posibilidades de combinación con los otros dos factores que la harían realidad enseñan de antemano que no habría solución técnica que pudiera imponerse como la más racional, sobre todo contando como constante con la rígida bipolarización de los tamaños. De cualquier manera, es al tercer factor al que la mayoría le concede la responsabilidad. Suelen explicar que las clases de empresa se pueden discriminar, de la manera más sencilla, tomando solo como criterio el destino previsto para el producto. Según este, básicamente habría dos tipos de explotación, la que producía solo para autoabastecerse y la que además producía para el mercado. La frontera entre la iniciativa de los labradores y la de otros que quisieran disponer del mismo vendría dada por el diferente destino de su producto. Mientras que el labrador, en sentido propio, sería el que, además de la reserva, pretendiera una cosecha que le permitiera obtener rentas en el mercado, el campesino, que ni siquiera había de estar vinculado de manera preferente a la actividad agrícola, tendría como único propósito, cuando cultivaba un trozo de tierra para obtener cereal, conseguir su modesta despensa.
Creo que es precipitado aceptar tal oposición de términos. Efectivamente había explotaciones cuyo fin era abastecer los mercados, mientras que otras se situarían al margen de este propósito. Pero no sería exacto afirmar que las menores daban preferencia al suministro al hogar, porque nada impedía que su producto también concurriera al mercado, aunque a una parte de los gobiernos domésticos no conviniera desviar en aquella dirección el producto que obtenían. Los campesinos también buscaban renta, todos buscaban renta. La renta era la riqueza. La separación entre unos y otros la originaban las condiciones en las que cada cual podía acceder a su realización. Los mercados, el del grano, pero antes el de las cesiones de suelo, eran las encrucijadas en las que la lid, que el lenguaje del análisis económico ha atenuado llamándola competencia, otorgaba posiciones y posibilidades, victorias y derrotas, ganancias y pérdidas. Todos podrían depositar una parte de sus esperanzas en el golpe de suerte de una venta favorable del producto. Sobre todo porque no era una aspiración remota. El mercado en el que las respectivas explotaciones esperaban era el que proporcionaban sus propias poblaciones, cualquiera de ellas experta, así activa como pasiva, en las fuertes oscilaciones del precio del grano.
De acuerdo con los análisis acumulados en los límites de este texto, creo es posible replicar con otra teoría del origen de las explotaciones. Si aceptamos que la presión de las poblaciones circundantes sobre las tierras más alejadas del centro de un término se suma al incremento interior de los pegujales, tal como antes de ahora se ha demostrado, tendríamos que reconocer que la oscilación del tamaño de la superficie cultivada cada año se alimenta del recurso a las tierras periféricas en el sentido más extenso; de las periféricas porque la distancia las hiciera más útiles a quienes vivieran en la población vecina, de las periféricas porque su rendimiento pronosticable pudo hacerlas preferibles para su aprovechamiento como pegujales, al margen de donde estuvieran localizadas.
Argumentar con el rendimiento en el momento crítico de las explicaciones puede parecer apelar a un factor que no ha sido tenido en cuenta en el análisis precedente, un argumento que se deja sobre la mesa como los tramposos enseñan el as decisivo. No sería riguroso decidirse por este juicio en este momento. Aunque solo en apariencia. El concepto de presión de la demanda de tierras para organizar explotaciones, central en todas argumentaciones, lo contiene.
Para la modificación del valor de la superficie puesta en cultivo, parece decisivo el número de las parcelas que salen al mercado cada año, a partir de las cuales satisfacer la creación de una explotación autónoma. De su responsabilidad específica sobre el resultado final no pueden caber dudas. A los pegujales, creo que en todos los casos, se accede por cesión. Si la presión sobre su mercado se incrementa, crecen las expectativas de obtener renta por ellos. No sería por tanto rendimiento de la tierra lo que se esperara, sino de las cesiones, un hecho en modo alguno exógeno a nuestro análisis, al contrario, incluido desde el principio en el análisis, dado el modo de acceder a la promoción de un pegujal que parece común. Así pues, buena parte de la responsabilidad sobre la creación de las explotaciones habría que hacerla recaer sobre las rentas detraídas al trabajo invertido en la producción del cereal, fuera por iniciativa de los demandantes de las tierras o por decisiones de sus cedentes.
El movimiento continuo
Publicado: febrero 16, 2018 Archivado en: P. Martín Vázquez | Tags: migraciones Deja un comentarioP. Martín Vázquez
Cuando el 8 de noviembre de 1917, día decisivo para la revolución, el segundo congreso de los soviets de Rusia acordó resolver sobre el problema de la tierra, puso al descubierto la mayor dificultad a la que habría de enfrentarse, la misma que estuvo en el origen de la revolución francesa, idéntica a la que tuvo que sustanciar la revolución china. La resolución sobre la paz pretendía satisfacer una aspiración compartida, más allá de asegurar el apoyo a la causa de los soldados, con buena parte de los cuales ya contaba, aún más extenuados por la guerra que la población civil. La elección del consejo de los comisarios del pueblo reconocía la hegemonía de las organizaciones revolucionarias, completaba el golpe de estado que habían consumado y salía al paso del vacío de poder que ellas mismas habían creado. La elección del nuevo parlamento y del consejo permanente de los soviets, las otras decisiones de aquel día, no pasaron de ser un trámite. Las instrucciones sobre la tierra, que serían el origen de un afamado decreto, el recurso legislativo que correspondía a una dictadura consciente, organizada por la que justificaba su prevalencia llamándose vanguardia del proletariado, se proponían afrontar el problema político que esta no había resuelto, el escaso consenso que la revolución social había ganado en el campo.
Abolieron la propiedad privada y cualquier comercio con la tierra, la confiscaron y la declararon propiedad pública. Dictaron que las explotaciones ganaderas asimismo serían confiscadas y convertidas en bien público y, aunque no la mencionaban expresamente, de las decisiones posteriores se deduce que la maquinaria agropecuaria también tendría que ser confiscada y convertida en patrimonio sujeto a la misma condición. Todos los recursos agropecuarios pasarían a ser un monopolio de una magnitud formidable, de enorme poder, bajo el control de un solo estado. Ningún producto se podría extraer de la tierra sin su mediación.
Tan solo previeron una excepción a tantas incautaciones. Las explotaciones sostenidas con técnicas adecuadas no se sumarían a la masa indistinta de bienes públicos, sino que permanecerían convertidas en granjas modelo. Así se evitarían los efectos negativos que las transformaciones previsibles pudieran tener sobre las explotaciones eficientes, una preocupación inspirada por el deseo de asegurar el producto.
Ni por la tierra, ni por el ganado, ni por la maquinaria sus dueños recibirían indemnización, aunque se prometían ayudas transitorias a los perjudicados por las confiscaciones del suelo, y la de maquinaria no afectaría a los pequeños campesinos propietarios, quienes, aunque perdieran su tierra, al menos podrían mantenerse en el disfrute de sus medios. Aunque sufrieran una agresión del legislador, con aquella excepción pretendía atenuar el golpe con lo que debió parecerle una recompensa salomónica.
La tierra incautada se pondría a disposición de los campesinos que estuvieran dispuestos a cultivarla. Todos los ciudadanos que lo quisieran podrían explotarla contando con su familia o en sociedad, pero de ningún modo contratando mano de obra. De este modo quedaba abolida la condición de jornalero y a la vez se activaban como células de la obligada captación de trabajo humano las sujetas a la consanguinidad o a la cooperación solidaria. Era suficiente para que automáticamente los trabajadores del campo con familia quedaran señalados como los mejor capacitadas para acceder a al nuevo orden, y de este modo tan directo obtener la masa de adeptos a la revolución entre quienes teniendo aquella condición carecieran de tierra en propiedad.
A partir de aquí, era necesario prever cómo se pondría a producir el nuevo orden agropecuario. Toda la tierra confiscada se depositaría en un fondo agrario general, que sería el encargado de dividir la disponible entre quienes estuvieran dispuestos a cultivarla. Para su gestion permanente, el fondo tendría que ajustarse a su redistribución periódica según criterios de productividad y población. Al imponerse la primera condición, el promotor de las resoluciones de nuevo deja al descubierto su preocupación más inmediata, asegurar el flujo ininterrumpido del producto agrario a los mercados. La segunda pretende resolver el problema político. Razona que es posible que haya quienes emigren por razones distintas a la demanda de tierra. En ese caso, cuando quienes la exploten la abandonen, será suficiente con que los predios vuelvan al fondo agrario, para el que todo se reduciría a distribuirlos de nuevo. Pero si el fondo agrario no fuera suficiente para satisfacer la demanda de tierras, el excedente de población tendrá que emigrar. Primero, emigrarán quienes lo deseen, luego los indeseables y, si no es suficiente, se hará un sorteo entre toda la población expuesta al riesgo de ser excedentaria para elegir a quienes deben ausentarse.
Que sobraran tierras nunca sería un problema grave, aunque su inactividad repercutiera en el tamaño del producto, la preocupación más perentoria. El verdadero problema aparecería cuando el tamaño de la población posible, calculada en función de la tierra a la que acceder, diera origen al saldo excedente de población campesina. Gracias a las otras decisiones, el mecanismo clásico de la presión sobre la tierra ya no tendría que enfrentarse al cortocircuito de la propiedad, que dosifica la oferta de suelo en beneficio de la caída del precio del trabajo. Pero ni con esta ventaja el freno positivo maltusiano habría desaparecido. La emigración sería inevitable y permanente. Si la solución en cada momento y cada lugar tenía que ser la descompresión por la vía de salida, sería solo cuestión de tiempo o de espacio que el problema se reprodujera indefinidamente.
Las instrucciones sobre la tierra de noviembre de 1917, cuando aceptan que la amenaza al equilibrio de la población es permanente, deja el problema del excedente sin resolver. No solo porque lo decante a la población marginal, algo tan comprometido que ya los antiguos necesitaron imaginarlo sirviéndose de mitos, sino porque el desarraigo se opone por naturaleza a la condición campesina. Por definición, no hay campesino sin tierra, y todos los trabajadores del campo, en alguna medida, esporádicamente, de manera continuada, porque las circunstancias les favorezcan o porque la servidumbre los condene, en alguna medida son campesinos. Esa es la raíz del comportamiento más conservador de cualquier población, y por extensión tal vez de todas las poblaciones radicadas, que por estarlo se resisten al movimiento, que es el cambio.
Debió ser Heráclito quien primero le dio forma legal a tan angustiosa amenaza sobre el comportamiento humano, o al menos a él la fragmentaria tradición presocrática le adjudica la premisa que la reveló en palabras, según la cual todo fluye. Pero es más conocido el enunciado de los empiristas, el eppur si muove de G. Galilei.
El crédito primario. II
Publicado: enero 17, 2018 Archivado en: Narrador | Tags: crédito, rural Deja un comentarioNarrador
El crédito primario con mediación de las especies
Cuando en el crédito espontáneo al menos una parte de la relación se resuelve con el ingreso de una especie distinta al dinero, el fenómeno gana en profundidad y los casos ponen sobre la pista de las formas de crédito elemental más acendradas, si bien hay que reconocer que esta parte del crédito estaría en retroceso a mediados del siglo XVIII. Solo sería una tercera parte de todo el primario. Aunque en todos los casos las cesiones de capital se sigan justificando por hacer buena obra y merced, en muchas ocasiones el desequilibrio que la usura inyecta en la relación queda al descubierto.
Su modalidad más sencilla es el crédito en una especie cuyo pago se contrata en la misma especie. Tal como podemos verla a través de los testimonios del momento, apenas oculta subterfugios, a pesar de que sería una parte del mercado espontáneo nada despreciable, tal vez por encima de la décima parte.
Las operaciones habitualmente se conciertan con trigo, porción del intercambio crediticio que prácticamente monopoliza este sector, aunque lo fragmentan tanto el origen del grano como el destino que al crédito le da quien lo percibe. Puede tratarse de un préstamo para sembrar en toda regla, en uno de cuyos polos al menos, el que corresponde al deudor, actúan labradores, la médula del patriciado rural. Así, el 1 de octubre de 1743 a la madre de un par de menores y a dos de sus hijos mayores, uno de los cuales era regidor, el marqués de la Granja, vecino de la capital, les prestó 600 fanegas de trigo de buen grano, limpio de semillas y ahechado de una mano, de toda la satisfacción de los deudores, del que tenía en sus graneros en la hacienda de san Francisco Javier. Eran para la siembra del cortijo que labraban. Se obligaron a pagárselas de la misma calidad y a satisfacción del marqués en los mismos graneros de donde las habían tomado, una vez que tuvieran su trigo limpio y sacado del cortijo, lo que no ocurriría hasta pleno verano siguiente. Se comprometieron a no vender trigo ninguno hasta haber completado el pago de las 600 fanegas, y a que las irían satisfaciendo a lo largo del mes de julio aunque en el cortijo no se cogiera nada. Además de obligar al pago sus bienes y rentas, tuvieron que aceptar una cláusula de garantía por la que hipotecaron 40 bueyes de arada de distintas edades y colores, todo el apero de la labor y 30 aranzadas de olivar propias. A tan grave compromiso y tan duras condiciones correspondieron con la mayor fidelidad en la devolución. El 31 de agosto de 1744 se dio por satisfecha y pagada la deuda que se había adquirido el 1 de octubre anterior.
Pero también podía tratarse de un crédito modesto, a su vez rama que prolongaba el mundo cerrado de los créditos bajo control de gallegos. Antonio de Frejeda, gallego que residía en un pueblo del sur, servía de pastor a don Juan de Briones Saavedra. Le prestó a Juan Camacho 8 fanegas de trigo. Este, cuando sintió próxima la muerte no dejó de reconocer su deuda en el testamento que firmó el día 7 de marzo de 1749. Falleció y pocos días después, el 28 de aquel mes, Antonio de Frejeda recibió de los albaceas testamentarios de Juan Camacho las 8 fanegas de trigo en grano que el difunto le adeudaba. No sabemos la inversión que Camacho hizo del trigo que obtuvo gracias a aquel crédito, pero la cantidad concuerda con la inversión en simiente de las pequeñas explotaciones. Es posible que el trigo procediera de la renta ingresada por Frejeda como pastor. Cuando desempeñaban las responsabilidades más altas, como la de rabadán, los pastores percibían una parte de sus ingresos en especie de trigo en concepto de pegujal.
La fracción mayor de este sector del mercado debió quedar sin embargo bajo control del vicario de la iglesia romana, responsable de la recaudación de los diezmos de toda una comarca, de cuya gestión solo respondía ante su autoridad episcopal. Concedió créditos que sumaron una vigésima parte de todos los primarios. Las cantidades que cedió estuvieron comprendidas entre 60 y algo más de 117 fanegas de trigo. Aunque cualquiera de ellas podría servir para promover una explotación mediana, aceptando una inversión tipo de unidad de capacidad por unidad de superficie, que es regular, las fechas de los créditos alejan esta posibilidad. Dos de ellos están suscritos el 4 de mayo de 1742 y el otro al día siguiente.
En todos los casos lo que recibieron los acreditados no fue grano sino un libramiento que emitiría el vicario por la correspondiente cantidad. La fecha en la que trafica con los libramientos, primeros de mayo, indica la mediación de la tazmía, que evaluaba el producto cuando ya estaba maduro; la pieza canónica, y por tanto legal, que ponía en marcha el proceso para el cobro del diezmo. Adjudicaba a los obligados al pago de esta renta las cantidades que debían entregar.
Cuando se trataba de la renta en cereales, la única que se cobraba en especie, su cobro normalmente se cedía a intermediarios. Pero la administración episcopal, en cuyo nombre actuaba el vicario, siempre se responsabilizaba de alguna recaudación directa, fuera de ciertas áreas de la vicaria o fuera de una parte de las explotaciones, como las que se excusaban; fuera porque a causa de su calidad se la reservaba o porque no había encontrado a quien adjudicarla por cesión; en cualquiera de los casos, la parte menor del cobro, a la que en su lenguaje se llamaba administración en fieldad. A primeros de mayo los libramientos que pudiera despachar el vicario tendrían que ser instrumentos derivados de la recaudación en fieldad que hubiera que hacer en la vicaría inmediatamente. La fecha de los créditos sería pues función de la disponibilidad del documento que generaba el ingreso.
Todos se obligaron a devolver las cantidades recibidas en trigo bueno, limpio y ahechado a dos manos y no apaulado ni con hedionda, es decir, lo más reciente posible, aunque no explícitamente nuevo. Los deudores lo entregarían a su costa, en la cilla de granos que en la población sede de la vicaría tenía la administración episcopal, el día 25 de julio del mismo año. De esta forma el vicario ahorraba gastos del cobro en especie y transporte del grano hasta su almacén, y los deudores, al obtener crédito del vicario, evitaban el interés que el pósito cobraba por sus préstamos en grano. Al acogerse a esta posibilidad de financiación y evitar aquel costo entraban en un ciclo cuya restricción puede explicarla la flexibilidad de la devolución, que definitivamente completaba unas condiciones favorables. El 21 de agosto de 1743 fueron canceladas una de las deudas contraídas el 4 de mayo de 1742 y la suscrita el día siguiente. Ambas pues con más de un año de retraso.
El vicario pudo manejar de manera discrecional, con prudencia, una parte restringida de los ingresos diezmales en especie para actuar en este mercado del crédito, tal como lo hacía en el del dinero cedido a cambio de interés. Los deudores son en un caso la misma madre y su hijo regidor que poco después, en octubre de 1743, se endeudarían en 600 fanegas de trigo. En los otros créditos interviene don Pedro Mayoral, un presbítero, en uno de ellos asociado a Juan Jiménez Gordillo y en otro a don Antonio Berrugo de Morales, también regidor. En todos los casos se trata por tanto de tráfico entre patricios, y tendría sentido que siempre los deudores sean dos que actúan mancomunadamente, probablemente una condición impuesta por el prestamista, que exigiría a cada deudor que contara con su correspondiente fiador. Ese sentido, o el de mediador, pudo tener que en la mayor parte de los créditos actuara un mismo clérigo.
Nada impediría que en mayo el grano fuera almacenado a la espera de la siembra del otoño siguiente. Los compromisos contraídos al aceptar los créditos parecen inducir otro empleo para el grano prestado. Conocida la dimensión probable de una de las explotaciones, la que consume en la siembra 600 fanegas, es más probable que fueran créditos para invertirlos en la alimentación de quienes se empleaban en la siega y los trabajos de era de grandes explotaciones, no para la siembra.
El otro producto sobre el que se sostenía la agricultura organizada en los valles interiores, el aceite, parece que concurre bastante menos a este mercado. Puede que fuera la consecuencia de la atomización del producto, y por tanto de las más limitadas posibilidades de que su préstamo proporcionara lucro. En el único caso documentado un patricio el 1 de marzo de 1750 recibió en préstamo de un hombre del común 72 arrobas de aceite, arrobas de la medida mayor, y se comprometió a devolvérselas el 29 de septiembre siguiente, casi siete meses después, o antes si el prestamista las necesitara. Nada hay en los datos conocidos de la operación que indique contraprestación a cambio del bien cedido.
Los créditos en especie que se devolvían en dinero son la primera modalidad del negocio primario en la que se cruza el medio monetario con el productivo. Su peculiaridad, como siempre que intervenían las especies, y con ellas sus precios corrientes, es que las transacciones podían incluir compraventas de bienes, bien forzadas bien ficticias. Aunque quizás sea preferible hablar en términos complementarios. En su mayor parte, ocultaban operaciones de compraventa viciadas por su destino, que era facilitar un crédito. Se actuaba así para que el negocio se mantuviera a la vez activo y en la sombra. Tal forma de actuar contaba con una larga tradición porque durante bastante tiempo debió parecer un buen modo de descargar a la usura del peso con el que debía existir, su condena moral, siempre latente en el medio rural. Es posible que desde antiguo hubiera ganado algunas oportunidades de medrar a costa de las explotaciones agrícolas marginales, y aún más probable que apenas tuviera relevancia para las labores, el centro del sistema productivo de los cereales, porque sus promotores prefirieran recurrir a formas hábiles de la cesión del dinero menos abusivas. El vocabulario tradicionalmente utilizado para referirse a ella ha terminado siendo habitual en la literatura especializada que concentra su interés en detectar los antiguos subterfugios del crédito: venta a carta de gracia, barata o mohatra, venta seca, cambio seco. Más por sorprendentes que por extendidas, reiteradamente han sido descritas algunas de sus versiones. Al parecer, la más popular fue la que consistía en adquirir primero una mercancía que el comprador no necesitaba, pagadera a plazos, para luego venderla, puesto que no la necesitaba, por debajo del precio al que la compró. De esta manera el primer comprador se aseguraba el efectivo que sí necesitara, el vendedor primitivo podía ser su recomprador y la usura se ocultaba agregando a la primera venta, cuyo pago se aplazaba, la cantidad de dinero que el primer comprador debía satisfacer. La necesidad de disponer de numerario toleraba que se evaluara el bien, en el momento que se vendía a plazo, a un precio anormalmente alto. Una parte de los testimonios proporcionan pruebas suficientes de la vigencia a mediados del siglo XVIII de versiones perfectamente toleradas de este mismo procedimiento.
Se concentran en los préstamos en trigo y cebada que se pagan con dinero. De su limitada relevancia habla sin embargo que los créditos que recurren a ella tal vez apenas fueran otra vigésima parte. Pueden ser préstamos entre comunes, como el que a Juan García el 31 de diciembre de 1749 le hizo Andrés García, de cuyo posible parentesco no podemos tener certeza. Le prestó 38 ½ fanegas de trigo y 3 de cebada, a cambio de lo cual aquel se obligó a pagárselas al precio más alto que valiera dicha especie de grano [sic], en la población donde se acordaba la transmisión, desde el día de la fecha hasta el de san Juan, 24 de junio, del año siguiente, según constara por declaración del medidor de la ciudad. La cantidad que importara el grano la entregaría el día de Santiago, 25 de julio, posterior.
Muy probablemente se trató de un crédito para la sementera, si en este concepto se incluye no solo la siembra sino los trabajos inmediatamente posteriores. Aquel año 1749, que fue seco, cuando terminaba diciembre todavía habría gente dispuesta a arriesgar en una explotación modesta, dedicada a producir el trigo y la cebada que como suministro energético el cultivo principal necesitara. Para el prestamista era una manera de arriesgar una inversión en una cosecha, con la que no podía contar de antemano. Pero, aunque su cobro pudiera ser dudoso, se aseguraba el mayor beneficio para ella contratando de antemano el precio máximo. En la práctica equivaldría a intereses según un tipo imprevisible. Si el 31 de diciembre ya se tenía la conciencia de que el año iba a ser seco, se podía tener certeza de que los precios del trigo durante el primer semestre del año serían excepcionalmente altos.
El vicio de esta clase de operaciones pudo pues consistir en asegurar el mayor ingreso posible comprometiéndose a devolver el equivalente de la especie al precio máximo, independientemente de los resultados de las explotaciones. Para el prestamista sería un medio de vender su grano almacenado al precio máximo posible, y el tomador del crédito estaría obligado a liquidar al menos una parte de su producción, en la cantidad equivalente al valor en dinero del crédito, inmediatamente después de recogida, de antemano la peor de las oportunidades del ciclo. La mediación del medidor público elevaría el grado de vigencia de la fórmula de tolerada a reconocida por la autoridad.
Pero no siempre la liquidación con dinero del crédito en especie se resolvería forzando una compra viciada. La necesidad de disponer de grano también pudo estar causada justamente por las deudas en especie contraídas y no resueltas, en alguna parte consecuencia del fracaso de las previsiones. Una parte del endeudamiento acumulado por aquel Juan García, el mismo Juan García que se endeudara durante la sementera de 1749, pudo ser efecto de las fatales consecuencias que para él tuviera la desastrosa campaña de 1750. El 8 de agosto de 1752 Francisco Duarte le prestó 40 fanegas de trigo para que pudiera pagar lo que le debía al pósito, el monopolio público sobre el crédito en grano. Se obligó a devolvérselas el día 25 de julio del año siguiente al precio que corriera el día 29 de aquel mismo mes de agosto. En este caso para el prestamista se trataría de invertir en la refinanciación de la deuda, y no parece que abusara del precio para incrementar sus ingresos. Acordaron un día de un mes en el que se hace balance de la cosecha, cuando también es probable la saturación de los mercados y previsible un precio a la baja. Sin embargo, se mantenía la presión sobre la venta bajo aquellas condiciones, tal como indica la precisión de la fecha acordada para el pago. Es posible que aquel 8 de agosto el deudor tuviera prevista alguna venta del producto para algún momento próximo y anterior al 29 siguiente.
En otros casos el beneficio implícito en esta clase de operaciones se pudo obtener desde una posición de prevalencia que habilitara a favor del deudor la circulación del capital. Una partida de 90 fanegas 9 almudes 3 cuartillos de trigo y 504 fanegas 10 almudes 2 cuartillos de cebada se formó acumulando ingresos del beneficio eclesiástico, la participación individual, reservada al clero, en los diezmos recaudados en cada parroquia. Procedía de dos prebendas de esta clase, cada una de una parroquia distinta. De una era titular don Ignacio Rodríguez de Alfaro y de la otra don Manuel de Villasante. De ninguno consta su condición clerical y sí que no gestionaban su respectivo beneficio personalmente. Ambos los administraba un vecino de la capital, quien a través de sus albaceas testamentarios, porque había fallecido el 31 de mayo de 1742, sirviéndose de tres libramientos, prestó aquellas cantidades a un hombre y a su hijo, clérigo de menores, y a un tercero, clérigo diácono.
La mediación del libramiento y la fecha de nuevo se alían para indicar el tráfico de activos en trigo derivados de las tazmías, y las ventajas que para el administrador del ingreso diezmal pudo tener negociar con él bajo esta forma. El administrador era el último eslabón de una cadena en la que es posible que al menos hubiera otros dos más, el de los titulares de los beneficios y el de la institución que les facilitaba ese derecho, dado que no está acreditada la condición clerical de aquellos. Ninguno de ellos sería neutral y cualquiera deduciría su porción de la renta. Si además hubiera relación de causalidad entre que los libramientos fueran tres y tres los acreditados, serían libramientos ad hominem, similares a los recudimientos, documentos que autorizaban a una persona para el cobro de unas rentas. Con ellos podrían ingresar directamente de los obligados al pago del diezmo las cantidades que les habían sido concedidas. El administrador, o sus albaceas en este caso, contando con estas circunstancias, llevarían a un mercado restringido, al que para acceder sí sería condición haber adquirido la condición clerical, porque la condición clerical está presente en cualquiera de las transferencias de libramiento, una oferta cuya demanda también tendría que ser restringida, lo que permitiría negociar condiciones ventajosas para el crédito en especie que fuera necesario devolver en dinero.
Las partes ajustaron que cada fanega de trigo se devolvería pagándola a 11 ½ reales de vellón, por lo que toda la partida montaría 1.044 reales 11 maravedíes; y cada fanega de cebada a 8 reales 30 maravedíes de vellón, por lo que esta importaría 398 reales 20 maravedíes. La suma de una y otra partida, 1.442 reales 20 maravedíes [sic, más adelante, 31 maravedíes], contrataron pagarla durante el año de la fecha en dos plazos iguales, el primero el día 29 de septiembre y el segundo y último el día primero de noviembre, fechas sin ninguna repercusión sobre la cantidad a devolver una vez que se habían tarifado los precios de las especies. Para el tráfico crediticio, lo que a esta manera de contratar le abre espacio en el mercado es que trabaja con un precio fijo acordado de antemano, lo que limita bastante el alcance del beneficio que pudiera incluir la operación. Sería pues una tercera forma de verter el valor del bien a un equivalente monetario. Pudo favorecer este trato preferente la condición de clérigo de menores de un descendiente, suficiente para intervenir de manera vicaria en la actividad de una capellanía.
Todo lo que en esta fracción de las actividades crediticias primarias no se negociara en cereales debió ser marginal, y a veces pintoresco. A una viuda el 18 de enero de 1743, para que surtiera su tienda, su yerno, le prestó diferentes géneros, como sedas, hilos y otros semejantes, por valor de 1.800 reales de vellón. Se obligó a devolverle el dinero en el plazo de ocho años, contados desde el día de la fecha, aunque, si falleciera antes, se habría de entender cumplido el plazo el mismo día de la defunción. Así en el peor de los casos la deuda recaería sobre el legado a título de inventario, lo que no defraudaría del todo al acreedor dado su parentesco con la deudora. Debió tratarse de una cobertura falta de interés, que no obstante recurrió a la exigencia de la escritura para dejar constancia del rigor de la deuda que una suegra adquiere con su yerno.
En otros casos, se llega más allá, hasta el límite de lo más elemental, aun entre patricios, quizás solo entre gente que pretendía serlo. Un hombre proporcionó la comida diaria a una mujer durante 37 meses, a razón de 1 real por día, lo que según la cuenta que presentó había ascendido a 879 reales de vellón. Si todos los días de aquel periodo efectivamente hubiera hecho el gasto, la cifra tendría que sumar 1.125 reales aprox., luego el gasto solo alcanzó a cubrir las tres cuartas partes de los días. Aceptado así el balance de las cuentas, el acreedor le pidió a la deudora que se le pagara la cantidad adeudada con los arrendamientos de unas casas que ella tenía o cuando las vendiera. De haber prosperado esta solución, el caso habría derivado a cesión pretoria, o habrían intercambiado crédito para manutención con la adquisición de derechos sobre un bien patrimonial. Pero finalmente, el 10 de septiembre de 1749 llegaron al acuerdo de que se los pagara en efectivo. En esta ocasión, de nuevo el agio pudo abrirse paso en la tarifa que las partes aceptaron para la comida diaria.
La tercera y última posibilidad, el crédito recibido en dinero que se pagaba en especie, también contaba con su propia tradición. Una antigua versión consistía en comprar nominalmente a un campesino alguno de sus bienes, sobre todo el ganado, para a continuación cedérselo en arrendamiento. El bien no salía del dominio de su dueño, a sus manos llegaba el importe acordado, que era el principal o préstamo y lo que entregaba a título de renta por alquiler los intereses no confesados. Algunos han detectado en estas ventas la participación de traficantes, arrieros y comerciantes de granos, lo que los convertiría, según pretenden, en los prestamistas naturales del medio rural. Pero al contratar de este modo, aunque nominalmente mediara la especie, en realidad al final todo quedaba reducido a entregar dinero a cambio de dinero. La variante más propiamente viciada de este procedimiento era la venta en la que el vendedor de una mercancía, habitualmente con la mediación de un corredor, tomaba de otro la cantidad de dinero de su valor, calculado por debajo del habitual. El dinero de la compra se adelantaba y la entrega del producto se aplazaba al momento de su recolección. En la estimación a la baja del precio estaban implícitos los intereses y el prestamista ingresaba en una especie en unas cantidades con las que posteriormente se podría lucrar.
Esta forma de actuar estaba expresamente perseguida por la ley. En 1534 el emperador había decidido que ningún censo o tributo al quitar se pudiera pagar en especie ni género que no sea dinero. Cuando hablaba de censo o tributo al quitar se estaba refiriendo al préstamo que se podía cancelar en el momento que se devolviera el principal, una fórmula de cesión del dinero que se iría imponiendo a lo largo de la edad moderna. Por tanto, hay que entender que en 1534 el legislador estaba señalando precisamente los créditos que se circulaban en dinero pero que contrataban que la cantidad que se hubiera cedido fuera devuelta en especie. Aun así, para evitar equívocos, la misma orden hacía una relación detallada de las especies que por voluntad expresa del legislador quedaban excluidas de las transacciones que tuvieran estas aspiraciones. Eran las más comunes: el pan, en el sentido de cereal o combinado de trigo y cebada, el vino, el aceite, la leña, el carbón, la miel, la cera, el jabón, el lino, las gallinas y el tocino, palabra que entonces se empleaba como sinónimo de carne de cerdo. Liquidar créditos con tales bienes de consumo se consideraba abusivo porque los precios de cada uno inevitablemente, en un medio de fuertes oscilaciones de los precios, con el tiempo modificaban el nominal de los principales.
Pero la persecución de estas transacciones en modo alguno habría desterrado la costumbre. A mediados del siglo XVIII aún sobrevivía la fórmula. Su versión vigente era tan directa como la prohibición de principios del siglo XVI: se prestaba dinero que había que devolver en la especie que se acordara. Puede que la tolerancia fuera posible porque simultáneamente existía un monopolio público sobre el crédito en grano, la extensión del señorío del municipio que se conoce con el nombre de pósito. Tal vez por eso no se documenta la fórmula para el trigo, el que podría proporcionar los mayores beneficios. Aunque aquella excepción también pudo ser consecuencia de que nadie estuviera dispuesto a entregar a precio de ganga el trigo, para cuya venta había toda clase de oportunidades, una buena prueba indirecta de la distancia que había ganado el mercado del trigo sobre todos los demás.
El crédito que es compra anticipada es a mediados del siglo XVIII, de todas las fórmulas en las que en la operación intervienen las especies, la más habitual, casi tres vigésimos, y hasta podría decirse que es la más desarrollada absolutamente en el abierto y extenso campo del crédito sin interés explícito. Pero, aunque se contrataba para los demás productos de la agricultura prevalente, no son idénticamente abusivas todas las relaciones que se pueden documentar.
Se aplica, en primer lugar, a la cebada, el primer producto de los destinados a la manutención del ganado de labor. El siguiente es un acuerdo entre patricios. A un par de ellos, vecinos de una pequeña población, el 26 de enero de 1749 otro, vecino y correo mayor de otra población, próxima a la anterior, les prestó 1.000 reales en moneda de vellón. Se obligaron a pagárselos en fanegas de cebada, al precio que valiera el siguiente día al de san Juan, 24 de junio, puestas en la casa donde vivía, por cuenta, costa y riesgo de los prestados. La fecha acordada corresponde al tiempo de la cosecha, un momento en el que era probable el precio a la baja, la condición impuesta por el acreedor para aproximar su beneficio al máximo posible. Por 1.000 reales a fines de junio se podrían comprar más fanegas que en cualquier otra época del año, aunque como el acuerdo está firmado en enero, nada asegura que las cosas efectivamente ocurran de esta manera. Se trabaja pues con lo más previsible, o con el prejuicio sobre lo más previsible. Porque en realidad las oscilaciones del precio del grano son algo más complejas. Una caída de la producción, por ejemplo, provocaría el correspondiente encarecimiento y por tanto una contracción del volumen del pago en especie. Aunque contratar el precio más bajo está inequívocamente dirigido a obtener el mayor beneficio, el tiempo entre la fecha en la que se cierre el acuerdo y el momento elegido para el pago puede enrarecer el medio y desviar la trayectoria del tiro, aunque cargar sobre los deudores los costos de transporte invariablemente esté dirigido a incrementar las posibilidades de beneficio del acreedor.
También se trafica de este modo con semillas o legumbres, el otro producto con el que se elabora el pienso del ganado de trabajo. El 13 de junio de 1749 una mujer patricia le prestó a un hombre del común 750 reales de vellón, quien se obligó a pagárselos a lo largo del mes de agosto del año de la fecha. Pero el día en que haría la devolución quedó a elección del deudor, si bien si la mujer quisiera algunas semillas a cuenta se las entregaría al precio corriente el día que las hiciera efectivas. En este acuerdo, a un tiempo mixto y contingente, hay que reconocer que no siempre las condiciones eran las más onerosas, y que en el crédito primario, aun incluyendo la posibilidad de verter la devolución del dinero prestado a especie, había espacio para los acreedores dispuestos a echar una mano. Solo si la acreedora exigiera un pago parcial un día de cotización al alza del producto podría tomar la iniciativa a favor de un precio que le proporcionara un beneficio encubridor de intereses; del mismo modo que, si su deseo era hacer buena obra, podría tomar una iniciativa cuyo resultado tuviera un signo que los excluyera.
Fue en el mercado del aceite donde se concentró la verdadera especulación crediticia con las especies. Los acuerdos que exigen una devolución del dinero prestado en aceite son una décima parte de todos los créditos sin interés aparente, prueba de su pujanza y de las expectativas de este mercado en aquel momento. Veamos hasta dónde era capaz de llegar en él el principio del precio mínimo posible.
A un regidor el 5 de diciembre de 1748 le prestó el conde de Miraflores de los Ángeles, vecino de la capital, 6.500 reales de vellón a cambio de vales que aquel hizo en favor del conde, un medio financiero que ya hemos visto habitualmente asociado al crédito sin interés declarado entre patricios. Se obligó a pagarle los 6.500 reales en especie de aceite, con las arrobas que importaran, de la cosecha de aquel año y al precio más bajo que corriera desde el día 15 de aquel mes de diciembre hasta el 20 de enero siguiente. El aceite equivalente a aquella cantidad lo entregaría durante ese mes de enero, en la hacienda del deudor a la persona que fuera por él, y se lo daría despachado por la recaudación de rentas de la ciudad. Así sería el acreedor quien cargara con el precio del transporte, porque la entrega se efectuaría en el lugar de producción, mientras que a cargo del deudor quedarían los costos fiscales. La circulación del aceite estaba cargada por las alcabalas, tanto la interior como la del viento o exterior, cualquiera que fuese el régimen de su administración. La referencia a las rentas de la ciudad debe significar que el acreedor exige ingresar el aceite libre de cargas. Pero la regulación del beneficio no deja lugar a dudas. Las fechas de cotización elegidas garantizan un precio a la baja porque el tiempo que delimitan es de cosecha, y por tanto de la mayor cantidad de producto en el mercado. Los precios del aceite tienen un comportamiento más regular que el de los cereales, y por tanto permiten prever con bastante certeza el nivel deseado por el acreedor. Por si no fuera suficiente, la designación expresa del precio más bajo del periodo señalado garantiza el menor de los menores precios posibles y por tanto la adquisición de la mayor cantidad posible de aceite. La compraventa abusiva está pues garantizada por el precio más bajo, un principio tan eficaz y consentido que se registra explícitamente en el contrato.
Este procedimiento se habría impuesto también entre gentes del común, incluso cuando prestaban a patricios. Créditos comprendidos entre los 1.200 y los 4.000 reales en moneda de vellón fueron comprometidos entre agosto y octubre para pagarlos en aceite de la inmediata cosecha o bueno y dulce, que es tanto como decir no rancio o no viejo, al precio más bajo que corriera en diciembre del año de la fecha o entre el 15 de diciembre y el 15 de enero siguiente. Unos se comprometieron a entregarlo, pasado el plazo, cuando el acreedor se lo pidiera, y otro -el administrador y apoderado de su ama- tendría en su poder las arrobas de aceite que importara la cantidad hasta tanto les fueran pedidas, aunque el acreedor no debería pagar cosa alguna por razón de embodegaje y vasijas, de modo que en este caso los costos de almacenamiento cargarían sobre el deudor.
La estrategia del precio más bajo se habría adueñado de este importante sector del mercado del crédito, que quedaba enmascarado por una operación de compraventa que podía llegar a ser abusiva. Para que alcanzara ese extremo, los prestamistas impondrían el precio más bajo posible, que les aseguraría el mayor ingreso en especie a su alcance. No parece que se tratara de hacer buena obra, ni que hubiera falta de interés. Al aceptar la liquidación por adelantado de la cosecha al precio inferior estimado para el momento de la recolección, el prestamista, que actuaba como comprador, dispondría con ventaja de al menos una parte de la producción y el deudor tendría que fiar a una excelente cosecha la liquidación de la deuda y su posible beneficio.
Pero la estrategia del precio más bajo no siempre se consumó de manera lineal, ni alcanzó invariablemente a convertirse en un buen trato comercial, a pesar de lo cual supo asegurarse efectos crediticios. El 21 de septiembre de 1744 un regidor recibió de un sargento mayor del regimiento de milicias de la dotación que estaba acuartelada en la población, posteriormente vecino de Cañete la Real, 3.550 reales de vellón. Se obligó a pagárselos en especie de aceite en tantas arrobas cuantas bastaran al pago entero de la cantidad, regulando el precio de cada arroba al más bajo que tuviera desde el 15 de diciembre siguiente hasta el último día de enero posterior, tal como era común en esta rama de la compraventa anticipada. Después, el contrato tuvo efecto y resultó que en los 3.550 reales de vellón cupieron 364 arrobas y 1 cuartilla de aceite de acuerdo con el precio más bajo que en el tiempo pactado tuvo, que según esas cifras debió ser 9 ¾ reales. Pero para su satisfacción, en 1745 el sargento, por medio de su representante en la población, aceptó recibir en vez del aceite 1.530 reales por el valor de 95 ½ arrobas, equivalentes a una parte de las 364 y 1 cuartilla de la deuda. Eso significa que el deudor en aquella primera ocasión, como recompensa recíproca a la modificación efectiva del contrato pagó parte de la deuda que tenía pendiente a poco más de 16 reales la arroba, un precio superior al pactado. Y como todavía quedaron restantes, en poder del deudor, 268 arrobas 3 cuartillas de aceite, el apoderado del acreedor le pidió que se las pagara, lo que igualmente hizo liquidándolas al precio que corría el día 20 de junio de 1747, que era 14 reales de vellón la arroba. A este precio el pago pendiente montó 3.762 ½ reales, los que el deudor entregó.
De este modo, finalmente se trató de una recompra del aceite debido por quien lo adeudaba, para lo que tuvo que desembolsar 1.712 ½ reales más de los 3.500 que había recibido como crédito, una diferencia que equivale a casi un 50 % de interés, lo que lleva la transacción al terreno de los altos intereses del crédito de comercio y pone al descubierto los excesos que la ley pretendía perseguir. La posibilidad de rescatar lo que se hubiera vendido de antemano, estuviera o no contratada, permitiría que el vendedor primitivo, además de conseguir al comienzo del ciclo el crédito en dinero que necesitara, podía enjugar su gasto financiero mediante la venta ya libre de su cosecha, una vez recomprada al final; transacción en la que el primer comprador, al revender al productor, podría imponer los intereses que el mercado le permitiera.
También el tráfico de los vales pudo modificar estas transacciones espurias en sentidos tan oscilantes como azarosos son los efectos de los cambios de manos de los activos. Don Fernando de Briones y Escobedo, caballero de la orden de Calatrava, asimismo regidor en una población, recibió de doña Isabel Correa, vecina de la capital, 1.500 reales el 16 de noviembre de 1736, de los que le hizo vale. Se obligó a pagárselos en especie de aceite de toda calidad, color, olor y sabor, aunque sin precisar que fuera de la cosecha del año, a precio de 11 ½ reales la arroba. Tendría que entregarlo en la hacienda la Atalaya, propia del deudor, según lo que parece lo más común, una costumbre que lo relevaba de los costos de la devolución en especie. Pero el vale, siguiendo una trayectoria que desconocemos, recayó en don Hermenegildo Begines de los Ríos, clérigo de menores, vecino de la capital, a quien don Fernando no pudo pagarle a causa de la esterilidad del tiempo y las cortas cosechas que tuvo. El 1 de septiembre de 1741 le renovó el reconocimiento de su deuda y se obligó a pagarle los 1.500 reales del crédito. Se convino en hacerlo de la siguiente manera: 60 reales el último día de aquel septiembre, y sucesivamente hasta el mes de noviembre (60·3=180); en diciembre, otros 750 reales en especie de aceite en la hacienda de la Atalaya, a boca de tinaja, color, olor y sabor, cada arroba al precio más bajo que corriera durante ese mes; y los 570 restantes a razón de 90 reales cada mes, a contar desde el último día de enero del año siguiente hasta extinguir la cantidad, lo que sumaría otros 6 1/3 meses. El precio fijo, inicialmente pudo ser una concesión al deudor. Equivaldría a un descuento. Hasta el lugar de entrega le era favorable porque lo redimía de los costos derivados del transporte. Luego, los malos tiempos y las malas cosechas, en parte al menos, pudieron ser algo más que una excusa para llegar a la transacción que desemboca en la recompra de la mitad de la deuda. Tuvo que verse recompensada, por las visibles dificultades del deudor, con una caída en la más desfavorable de las modalidades, la del precio más bajo, para satisfacer la otra mitad. Tal vez no fueran ajenas a ese retroceso las exigencias del nuevo titular del vale.
Al crédito primario basta observarlo a través de una colección de documentos para reconocer que se dispersaría en muchos frentes y utilizaría muchas formas, con seguridad más de las que hemos detectado. Pero a la hora de hacer balance quizás no sea necesario detenerse en los matices, que los casos analizados explican suficientemente. No añadir a estos nada tal vez sea la mejor manera de reconocer con cuánta naturalidad estaba arraigado en el medio rural.
El crédito primario. I
Publicado: enero 9, 2018 Archivado en: Narrador | Tags: crédito, rural Deja un comentarioNarrador
Condenado o escaso, el crédito, tan inevitable como los parientes, existía también en el medio rural. Podemos suponer además, solo por esas razones, que habría un crédito espontáneo, o anterior a cualquier regulación, lo que podríamos llamar su nivel primario. También que la mayor parte de los créditos de este nivel no dejarían rastro escrito. Si identificamos la que sí lo dejara con lo que han conservado las colecciones documentales, la otra parte, aunque sea la menor, por fortuna aún lo haría al menos parcialmente visible.
La fortuna se la deberíamos a que para asegurarse el reintegro de la cantidad prestada aquella parte decidió recurrir a la garantía de un testimonio escrito, de manera que pudiera actuar como prueba fehaciente en caso necesario. Es algo que la escritura a la que normalmente recurrieron los concernidos no oculta. Repite insistentemente que para su seguridad el acreedor pide que el deudor le otorgue una obligación en toda regla. Esta fórmula procedimental actuó como única protección legal para las transacciones que decidieron darse garantías. En su tenor están retenidas por unas pocas cláusulas, las regulares de aquella modalidad de escritura, que, salvo pequeñas variantes específicas, afectan a todos los casos.
En la parte más estrictamente financiera se acuerdan préstamos sin interés expreso, lo que se enuncia de distintas maneras aunque con idéntico significado. Quien presta lo hace por o para hacer buena obra, bien y merced, por placer, por socorrer en algunas urgencias y necesidades, para remedio de ellas. Cualquiera parece incluir el desinterés y por tanto excluir el deseo de lucro a cambio del préstamo. Se podría pensar que son préstamos sin interés porque al mismo tiempo son créditos a corto plazo. Pero, aunque es cierto que abundan los créditos que hay devolver en meses, hay suficientes casos en los que la devolución se prolonga más allá del año y por ellos tampoco se cobran intereses.
El deudor se compromete a devolver el préstamo lisa, llana y realmente, sin pleito, ni contienda, ni contradicción, ni demora alguna. Este enunciado, que es el artificio más complejo que con los textos se puede componer, o cualquiera de sus combinaciones y variantes, es una renuncia expresa a recurrir a medios judiciales que puedan demorar o impedir la devolución del crédito. Pero por si no fuera eficaz, porque está previsto que cumplidos los plazos comprometidos, o cualquiera de ellos, sin haber hecho la devolución del dinero, al deudor se le podrá ejecutar y apremiar con solo la escritura de obligación y el juramento del acreedor, se apela al orden judicial al que acogerse, con una alusión indirecta, diciendo que la liquidación se hará en la ciudad, o, más claramente, con que se hará a fuero de la ciudad. Es normal que sea la jurisdicción más favorable, la del lugar donde se vive bajo la condición de vecino, que es tanto como siervo de un municipio cuyo poder se reconoce por el pago de servicios en forma de rentas, y del cual se espera la contraprestación o protección debida en forma de justicia.
Cuando el objeto de la transacción es dinero y se acuerda que la deuda se resuelva por el mismo medio no hay mucho problema a la hora de acordar la especie en la que debe ser devuelto el préstamo. Todos son conscientes de que negocian en un medio que no necesita complicaciones monetarias y que están obligados a aceptar la circulación de cada día, saturada de vellón. Casi todos aceptan que el préstamo sea devuelto en moneda usual y corriente, incluso en moneda de vellón usual y corriente. Pero hay quien prefiere precisar que será satisfecho en moneda de plata o vellón, aunque igualmente usual y corriente. Excepcionalmente, algunos, por exigencia de los acreedores, están obligados a liquidarlo en plata, y otros se comprometen a devolver en plata la cantidad adquirida porque esta fue la especie en la que lo recibieron.
Pero si se ha negociado con alguna especie distinta al dinero, las características de la que debe ser devuelta se regula con más detalle. El deudor se hace cargo de todos los gastos que pueda acarrear la devolución. La expresión genérica de este compromiso es con las costas de la cobranza, cuyas equivalencias son a costa o por cuenta y riesgo del deudor o por cuenta, costa y riesgo del deudor. De manera más abstracta, se dice que las cantidades deben ser puestas en poder del acreedor. Dada esta condición, las diferencias de costo pueden cambiar en función de la residencia de quien ha prestado. Lo común es que coincida con la del acreditado. En ese caso, dejar constancia expresa de que el pago se efectuará en el mismo lugar donde se tomó el crédito es suficiente para aceptar que los costos serían los menores posibles. Mas si fueran causados por una residencia distinta la regulación se impone ser bastante más detallada. Se puede solucionar genéricamente diciendo que el deudor debe cargar con las costas y salarios de la cobranza, versión específica de la común cuya particularidad consiste en su alusión a los salarios. Tal vez en una parte de los casos fuera suficiente para conminar a que el deudor aceptara los costos que originaba la distancia. Como en la práctica totalidad de los casos cuando la residencia es diferente el acreedor vive en la capital y el deudor en una población, todo consistiría en cargar con los gastos de un viaje de ida y vuelta con sus consumos. Pero como a la distancia entre las residencias se asocia espontáneamente la posible resistencia al pago, a saber con qué justificación, las previsiones de este supuesto se extienden. Si el deudor no devuelve lo prestado llanamente, y para cualquier diligencia del cobro, percibir cualquiera de la pagas o, en caso extremo, ejecutar, citar o apremiar al cumplimiento del pago, el acreedor tuviera que enviar alguien desde donde residiera a la población donde viviera el deudor, o a otra parte donde estuviera él o sus bienes, este tendría que pagarle de salario por cada día que se ocupara en las diligencias necesarias unas cantidades que en los contratos oscilan entre los 400 maravedíes, que son 11 reales 26 maravedíes, y los 612 maravedíes o 18 reales, además de los gastos de la ida y la vuelta o de los días de ida, estancia y vuelta, así como todos los gastos, costas, daños, intereses y menoscabos que en razón de ello se le siguieran.
Por lo demás, todos los créditos están garantizados. El deudor, para garantía del préstamo, bien obliga a su persona y sus bienes bien obliga sus bienes y rentas, una condición que aleja el crédito sin interés declarado del pretendido acto desinteresado que afirma ser. La diferencia entre una y otra fórmula no es insignificante. Obligar la persona significa que en caso de ejecución puede ser preso. Luego se puede pensar que la mitad que opta por esta fórmula está apremiada por su falta de liquidez. Excepcionalmente hay quien solo obliga todos sus bienes, y cuando es un matrimonio el que actúa mancomunadamente como deudor esa diferencia tiene un valor específico. El marido obliga su persona y bienes y su mujer sus bienes y rentas. Luego la mujer casada, tal como es regular en la legislación moderna, goza de un fuero que en este caso la protege contra el encarcelamiento. La excepción alcanza también al fuero eclesiástico. Si en una operación interviene un clérigo se obliga con sus bienes y rentas, mientras que el seglar, en caso de que actúe asociado con él, se obliga con su persona y bienes.
Para la inmensa mayoría, basta con estas condiciones. Pero todavía, algunos, además de obligar su persona y bienes o sus bienes y rentas, deben recurrir a la hipoteca. Para garantizar el crédito que reciben, pueden hipotecar toda o parte de la casa donde viven y cercados de tierra con estacas de olivo y olivares propios de hasta 2 aranzadas, estén o no libres de carga. La obligación hipotecaria, añadida a la de bienes y rentas como una parte de la garantía de los préstamos, en todos los casos en los que ocurre los aleja aún más de una concesión generosa y definitivamente no los hace desinteresados en absoluto.
La colección de obligaciones de esta clase que hemos reunido, procedente del medio rural, porque permite reconstruir, al menos parcialmente, el marco del crédito espontáneo o primario, el que es inevitable que exista incluso al margen de cualquier regulación, autoriza a acometer por este flanco el análisis del negocio financiero rural. La táctica puede tener dos ventajas, conocer sus elementos en su estado más simple y obtener desde el primer momento una panorámica de su alcance. Cualquiera de los valores relativos que se puedan manejar por referencia a la colección siempre será precario. Los casos que la experiencia enseña obligan a tener en cuenta la dispersión del crédito sin interés declarado. Solo las cifras mayores merecerían algún reconocimiento, aunque probablemente tampoco demasiado. Todo lo que la colección revela es indiciario, y tal vez eso sea lo más valioso de ella. Extiende el horizonte del conocimiento del crédito rural hasta unos límites que de otro modo quedarían fuera de nuestro alcance.
El crédito primario en dinero
Una parte de aquel crédito se ejecutaba con dinero. Parece la más común, y a las cifras que se deducen de la colección de documentos, en este caso, tal vez sí sea conveniente reconocerle el mayor significado solo porque suman unos dos tercios. La circulación monetaria se habría impuesto y la financiación de toda clase de actividades primarias necesitaría liquidez.
El dinero acreditado transita en todas las direcciones. En la población rural la gente del común es la que carece de derechos políticos individuales. Pero sí los tiene comunales, concentrados en el uso de los espacios del término o jurisdicción del municipio que no han sido segregados por la propiedad. Así es como se integran en la comunidad política rural. Para ella quedan calificados como vecinos. En los documentos se identifican solo por esta condición, que es la de los siervos del señor municipal o municipio, al que prestan los correspondientes servicios en forma de renta. Los que además tienen los derechos políticos podemos llamarlos legítimamente patricios. Las regidurías y las juradurías son las instituciones que los confieren. Las primeras otorgan la plenitud de tales derechos, voz y voto en la asamblea de gobierno del municipio o regimiento; las segundas, solo una parte, solo voz. Cualquiera de ellas está enajenada, y tanto unos como otros son simultáneamente parte de la comunidad porque igualmente son acreedores a los derechos comunales y están avecindados. Desde esa posición partieron sus antepasados para escalar, adquirir privilegios y luego transmitirlos por vía de herencia. Nunca hay dificultad para identificarlos en los documentos. Añaden a sus nombres los cargos y oficios que les valen sus derechos. Además, sus apellidos, cien veces reiterados, cruzados con los registros donde consta su adquisición de las regidurías y las juradurías, los delatan.
Las personas e instituciones del clero romano también se constituyeron como parte del patriciado. Por sí mismas, cuando provenían directamente de la iglesia romana, porque de esta manera disponían de derechos exclusivos, y por su conexión con las familias patricias. Buena parte de las instituciones modernas encargadas de garantizar y distribuir rentas en ese medio son un híbrido en el que la savia que las mantiene vivas la suministran patronatos, iniciativas que las dejaba bajo el control civil.
Ateniéndonos a los derechos personales, que son parte de la eficacia de los documentos que garantizan el crédito, los mismos que remiten la condición de las personas a un marco legal, es posible reunir indicios suficientes sobre la multilateralidad del intercambio primario de préstamos.
El crédito primario en dinero entre gentes del común debió ser un recurso habitual para atender sus necesidades de gasto. Su volumen de negocio, por cantidad de casos, es de los más altos, más de una décima parte. Los indicios que permiten presumir indican que traficaban con cantidades comprendidas entre 200 reales y 4.000, y que la mitad de ellas quedaban dentro del intervalo 1.000-1.500, todas en moneda de vellón; y que tan abiertas como eran las posibilidades de comprar cantidades eran los plazos que acordaban para la devolución del crédito. Podía quedar comprendido entre 2 meses y 4 años, sin que ninguno de los valores intermedios indique tendencia, salvo el medio año. Se perfila pues un mercado flexible y adaptado a las necesidades.
Entre gente del común pudo ser algo tan corriente este crédito que vivir cerca pudo bastar para facilitar la demanda y el acuerdo entre las partes. A un matrimonio le prestó un hombre que residía en la misma casa, y el buen fin de la transacción contó a su favor con todas las facilidades. Si durante el plazo comprometido, el más amplio de los observados, el matrimonio quisiera dar alguna cantidad por cuenta, el acreedor la recibiría dándoles recibo en forma.
Otra parte del crédito entre iguales serviría como mediación o crédito puente. Podía ser total o parcial y la ampliación espontánea de los plazos tolerarse. Un hombre se comprometió a pagarle a otro 3.750 reales porque este por aquel se los había pagado a un tercero, vecino de la capital. Juan de Herrera le estaba debiendo a Tomás Romero 1.312 reales que le había prestado. La mayor parte de este dinero se la había entregado, y la otra la había pagado por su orden a personas de las que era deudor. No quiso apremiarle a que le devolviera la cantidad, pero pasados diez años le pidió que comprometiera un plazo para su pago porque ya necesitaba los 1.312 reales.
Entre patricios el crédito sin interés es algo menos frecuente que entre gentes del común, algo por debajo de la décima parte. Al parecer comprometían cantidades cuyo valor inferior es algo menos de 800 reales de vellón. El reconocimiento de la superior está sujeto a que dos están denominados en pesos. Todos los pesos de los documentos son de 128 cuartos, y por tanto equivalen en vellón a 512 maravedíes. Los 2.320 pesos que suman los dos créditos denominados de esta forma serían pues 1.187.840 maravedíes o 34.936,471 reales de vellón. Como de los dos el mayor es de 2.000, llevaría el límite superior del intervalo a algo más de 30.000 reales. Los valores extremos serían pues algo menos de 800 y 30.000, un intervalo mucho más abierto, si bien más de la mitad de los documentados quedan por debajo de los 5.000. También los plazos son más amplios y más flexibles. Están comprendidos entre un mínimo de ocho meses y un máximo de casi cuatro, y, excepto uno de los préstamos, que debía devolverse de una vez, los demás se fraccionan en dos, tres o seis pagas.
Los acreedores no en todos los casos son personales. Uno es un convento de clarisas, una fundación familiar de raíces patricias, y en los manejos de otro pudo verse complicada la administración de las rentas de la corona. A un matrimonio le prestó diferentes partidas de dinero el alguacil mayor de las alcabalas del municipio. De los ajustes de todas las cuentas resultó que llegaron a deberle 6.200 reales de vellón, que sin embargo el 21 de enero de 1746 no los tenían, aunque se comprometieron a liquidarlos al momento que el alguacil los pidiera. En realidad, el marido a partir de entonces le fue entregando diferentes cantidades, de modo que el 17 de septiembre de 1750, ajustadas las cuentas, resultó que la deuda todavía sumaba 3.406 reales de vellón. En aquel momento tampoco los tenía, por lo calamitoso de los tiempos y no haber cogido cosecha alguna. Pero se convinieron en que el matrimonio pagaría la cantidad en una paga a lo largo del mes de agosto del año siguiente, por lo que le dieron las debidas gracias al alguacil.
Otras veces los fondos públicos podían cruzarse con la circulación de los créditos entre patricios y las redes de relaciones que entre ellos tejían, sobre las que cargaban las aspiraciones de las casas. Don Bartolomé Joaquín de Mesa Jinete, familiar del santo oficio de la inquisición de la capital pero avecindado en una población próxima, para servicio de Dios nuestro señor trató de casar como lo mandaba la santa madre iglesia con su señora doña Luisa Joaquina de Guzmán y Salmón, hija legítima de los señores don Tomás de Guzmán Maldonado, que había sido capitán de los ejércitos de su majestad, y de la señora doña María Salmón, vecinos de Cádiz, donde para ello el 10 de julio de 1745 otorgaron las correspondientes capitulaciones matrimoniales, ratificadas por el propio don Bartolomé en su ciudad el 19 siguiente.
Habiendo precedido las circunstancias previstas por la santa madre iglesia y el santo concilio de Trento, se contrajeron en matrimonio por desposorio el 25 del mismo mes. Después fue Dios servido darles por hijo a don Francisco de Paula Mesa y Guzmán, que salió a la luz el 22 de octubre de 1748 y fue bautizado el 26 siguiente. Pero quiso Dios llevarse a doña Luisa de esta presente vida a la eterna el 6 noviembre del mismo 1748. Por suerte, antes había otorgado poder para testar a don Bartolomé, su marido, en Jerez de la Frontera el 6 enero de aquel mismo año. Sirviéndose de él, el 6 diciembre, justo un mes después del fallecimiento de su esposa, otorgó testamento de acuerdo con lo que su mujer le había comunicado. Instituyó por heredero único y universal a su hijo.
La difunta doña Luisa y don Francisco de Guzmán, su hermano, habían sido los únicos herederos del capitán don Tomás Guzmán, su padre, gracias al testamento que otorgara el 28 de febrero de 1743. Entre los bienes que pertenecían al capitán, y que fueron inventariados tras su fallecimiento, había dos créditos contra el caudal concursado de don Domingo Capelo. Estaban contenidos en dos pagarés suscritos el 1 abril 1734 a favor de don Tomás, uno de 2.000 pesos y el otro de 320. Del concurso de los bienes de don Domingo Capelo resultó que del residuo del caudal que restara, después de satisfechos los anteriores, en el décimo lugar se cobrarían los créditos en los términos proporcionales que le cupieran. Como, por otra parte, aún permanecían sin repartir los bienes de la testamentaría de don Tomás, de los que tocaban la mitad de ellos a don Francisco de Paula, su nieto, como heredero de su difunta madre, de los dos créditos del concurso le tocarían 1.160 pesos (2320/2).
Don Bartolomé, el padre, creía necesario que alguien se ocupara del cobro de esta cantidad porque él no podía hacerlo inmediatamente. Pero tenía total confianza en la buena conducta y cristiano celo de don Antonio Tomás Guerra, quien entonces era contador de navío de la real armada, vecino de Cádiz. El 11 de abril de 1750 don Bartolomé le había dado poder para que pudiera cobrar del concurso aquella cantidad, y, recibida, otorgara la correspondiente carta de pago. Para entonces, don Antonio Tomás Guerra ya había entregado a don Bartolomé 1.160 pesos a su costa y riesgo.
Pero no hay que dejarse alcanzar por el fuego cruzado entre las partes. Para retener lo que de este caso tiene más interés para la historia del crédito rural basta saber que el pagaré, obligación de pago a fecha fija, fue un medio de crédito elegido para transferir dinero sin interés entre patricios, aunque no sabemos con certeza si los adelantos también. Asimismo parece que fue característico de los créditos entre patricios que se dotaran de garantías mayores que las obligaciones de personas y bienes o bienes y rentas. Recurrían con más frecuencia de lo habitual a la garantía hipotecaria, y para ella designaban mayor cantidad de bienes. Un matrimonio hipotecó la casa donde vivía, otra casa, 6 aranzadas y pies de estacas de olivar y una heredad de viñas plantadas de estacas de olivar con su casa de teja, mientras que otro hipotecó 42 aranzadas de olivar, repartidas en seis parcelas de entre 3 y 13 aranzadas. Ambos, al tomar esta decisión, además pusieron al descubierto una importante ramificación de sus créditos. Cualquiera de los dos lotes hipotecados estaba ya cargado con un censo redimible, la fórmula regular del crédito con interés. Sobre uno de ellos pesaba ya un tributo de unos 12.000 reales de vellón, de los que se pagaban réditos a la fábrica de una parroquia de la capital, y sobre el otro estaban impuestos un tributo de 3.000 reales de principal, de los que se pagaban réditos a una obra pía, la casa de los niños expósitos de la población donde residía el matrimonio, y una memoria, la forma más elemental de la capellanía, de 32 reales de vellón, que se pagaban anualmente al altar de santa Águeda de una de las parroquias del mismo lugar. Por lo tanto, las familias patricias podían hipotecar reiteradamente el patrimonio que tuvieran adquirido para incrementar su capacidad de crédito. Además, las condiciones que regulaban el matrimonio en el grupo, una parte de cuyos rigores y efectos financieros ya conocemos, en algunos casos obligarían a una renuncia en beneficio del crédito. Una de las esposas juró y prometió no oponerse por razón de su dote, arras o bienes heredados o multiplicados al compromiso contraído por el matrimonio al ingresar el crédito.
Sobre la fidelidad con la que respetaban los plazos de devolución efectiva del dinero recibido, a los que se habían comprometido al aceptarlo, la poca información disponible no permite formarse un juicio. Sabemos que uno de estos créditos, acordado el 17 de septiembre de 1750, fue cancelado el 11 de enero de 1757 por el deudor, quien sin embargo se había comprometido a devolverlo en el plazo de un año. No sabemos qué ocurrió con los demás.
El crédito del patriciado a la gente común es un orden descendente que parece previsible, y efectivamente parecen frecuentes estos créditos, otra décima parte aproximadamente. Las cantidades cedidas son modestas. Están comprendidas entre 250 reales y poco más de 3.500, y la mitad está por debajo de los 1.000 reales. Los plazos son muy cortos. Van de mes y medio a un año y dos semanas, cuatro quintas partes están por debajo de seis meses y medio y casi todos deben ser satisfechos en una sola paga. Pero a esta relación le da carácter sobre todo que las instituciones del clero romano colonicen la posición acreedora. Casi dos tercios suman un convento de religiosas descalzas de san Agustín; dos reverendas madres, una religiosa de velo negro (la de pleno derecho entre las dominicas) y la otra de velo blanco, ambas en un convento de santa Catalina de Siena del orden de predicadores; y un colegio de la compañía de Jesús. Son una buena muestra de las instituciones que tan destacado papel tuvieron en el crédito rural durante toda la época moderna. También presta un clérigo subdiácono, y el único crédito secular parte de una mancomunidad crediticia que forman tres hermanos, uno de los cuales pone la cuarta parte y los otros dos juntos los otros tres cuartos. Pero hay que reconocer que cuando los jesuitas se constituían como parte acreedora la cesión ganaba en flexibilidad. Una viuda que residía en la capital se había obligado a pagar al colegio de la compañía de Jesús los 450 ½ reales de vellón que le debía, resto de una obligación y fianza que para pagar la renta de un mesón que era de las obras pías del colegio había comprometido el 29 de marzo de 1743. Acordó con el padre administrador con poderes para administrar las obras pías del colegio pagar aquella cantidad por semanas, cada una a razón de ocho reales de vellón, lo que en la práctica era un crédito. En caso de que una semana faltara al pago, quedaría al arbitrio del padre de la compañía ejecutarla.
Como condición propia de este medio se descubre que dos préstamos, uno denominado en vellón y el otro en plata, debían ser devueltos en especie de plata, y el cumplimiento de los plazos para la devolución parece que fue algo más leal a los comprometidos en el momento de formalizar el acuerdo. El 5 de abril de 1749 fueron devueltos 2.000 reales que habían sido prestados el 17 de enero anterior, y cuya devolución se había comprometido en el plazo de seis meses. Luego la devolución fue satisfecha con más de dos meses de antelación. El 31 de octubre de 1747, en un locutorio del convento de religiosas descalzas de san Agustín, tras la red y reja del locutorio, la priora y dos madres de consulta, juntas y congregadas a son de campana tañida, según tenían por costumbre, recibieron de José Mantecón, un montañés, en moneda de oro, plata y vellón 3.588 reales que el 13 de agosto anterior se había obligado a devolverles en el plazo de dos meses. Apenas lo había sobrepasado en quince días.
El crédito de gente del común al patriciado de antemano parece una dirección de las relaciones poco probable, y efectivamente es algo casi anecdótico, menos de la vigésima parte. Sin embargo, aunque la frecuencia de los casos no permite arriesgar demasiado, parece que se trataba de cantidades que atendían una demanda algo más abierta. El mínimo observado es 600 reales de vellón y el máximo 8.400. Sobre los medios financieros, sabemos que de nuevo el deudor de la cantidad mayor tuvo diferentes cuentas en virtud de vales y otros papeles indefinidos que el acreedor tenía en su poder. De la misma manera, los plazos se movían entre límites muy distantes. La paga del crédito más modesto, el de 600 reales, fue comprometida un 26 enero para el siguiente día de san Juan, 24 de junio, solo seis meses posterior. Pero el de 8.400 reales el 12 de agosto de 1748 se obligó a razón de 500 reales cada año, a pagar los días de pascua de navidad a partir del primero siguiente, hasta que fuera enteramente liquidado. De donde resultaría el dilatado plazo de 16,8 años (8.400/500). Aun así, a pesar de lo acordado, las devoluciones se dilataban. El 31 de agosto de 1752 reintegraron los 600 reales los herederos de quien los había recibido el 26 de enero de 1749, cuyo pago se había comprometido para el 24 de junio de aquel mismo año. La devolución se había demorado más de tres años.
Para el crédito primario, el crédito de los gallegos se revela como un mundo peculiar, en primer lugar porque son una parte nada insignificante de aquel orden, otra décima parte, sin que sus protagonistas dejen de ser una minoría, y sobre todo porque, si mantenemos el criterio que nos ha servido para tipificar las relaciones entre los prestamistas y los deudores, debemos situarlo fuera de la comunidad que remite la condición de las personas que la integran al marco legal propio. Los gallegos no solo no son patricios, sino que ni siquiera son vecinos. Su condición, en los mismos documentos que definen las dos categorías básicas de aquel orden, se reduce a la de residente.
Lo más característico de esta fracción del mercado es que se trata de créditos endógenos. Tanto acreedores como deudores identifican con precisión su origen y su residencia. Así, entre los acreedores residían en una misma población meridional Jacinto de Umbia, vecino de Tuy, y Custodio da Meijeira, vecino de Samper [?], natural de la feligresía de san Juan de Fornelos, obispado de Tuy, reino de Galicia; y entre los deudores, José Álvarez, natural de la feligresía de Randufe, extramuros de Tuy, reino de Galicia, y Manuel Méndez, natural de santa María de Cahín, en el reino de Galicia, obispado de Tuy. En la capital estaba avecindado otro acreedor, Bartolomé Pérez, natural del lugar de Santiago de Morgadanes, en el reino de Galicia, asimismo obispado de Tuy. Hay que reconocer por tanto que el cruce de residencia con origen cierra un círculo, tanto que en los casos analizados la red de relaciones crediticias estaría tejida, más que sobre la base de la residencia, a partir de un origen muy definido, en torno a una sola población, Tuy, en donde antes de partir sí se dispone de la condición de vecino. No obstante, el cerco del círculo podía cerrarse también por vía de consanguinidad. A Pascual de Molina el mozo su sobrino, Jorge de Molina, hijo de su hermano Bernardo de Molina, que se hallaba en Galicia, y de María Suárez, su cuñada, le hizo un par de préstamos. Solo de un deudor que entra en este circuito no se tiene la certeza de que comparta con todos los demás el mismo origen. Uno de los gallegos acreedores residentes en la misma población prestó a un don Luis de Xustris, doctor, mientras este vivía en el colegio de los irlandeses de la capital, de quien no sabemos su origen. Podemos pues afirmar que se trata de un orden del crédito primario en el que gallegos prestan a gallegos.
Comercian entre sí con cantidades modestas, comprendidas entre 300 reales de vellón y 1.500, la mayor parte por debajo de los 500, y se imponen plazos a un tiempo relativamente amplios, flexibles y severos. Como mínimo, para la devolución se conceden cinco meses y medio, pero es más frecuente que los prorroguen hasta los dos años, aunque en un caso bajo la condición de que si el acreedor tuviera que volver antes a su país el deudor tendría que devolver lo prestado en cuanto aquel se lo pidiera. Todo, sin embargo, podía complicarse más allá de los plazos previstos. Por haber venido a miseria uno de los deudores, no pudo acudir con el pago en el plazo al que se había comprometido. En este momento el acreedor podía exigir que se cumpliera lo que estaba escrito. Uno, aplicándolo con rigor, emprendió autos ejecutivos contra el deudor, a consecuencia de los cuales este fue preso en la cárcel real de la población donde residía, en donde permanecía el día 4 de julio de 1746. Incapaz de eludir la prisión, se valió de mediadores que consiguieron del acreedor un año de demora para el pago, a contar desde aquel 4 de julio. Lo aceptó con tal de que el deudor además le satisficiera los 185 reales de vellón de las costas procesales y personales que habían tenido los correspondientes autos, e impuso que, si cumplido el plazo no hubiera ejecutado el pago del principal y las costas, el acreedor iría al lugar de santa María de Cahín, en donde el deudor poseía tierras de pan sembrar y una casa de campo, para hacer valer los derechos que había adquirido. A partir del aprecio judicial del valor de aquellos bienes, se apropiaría de lo que equivaliera al débito. El deudor, en aquel momento, para eludir la prisión tuvo que reconocer que era justo el acuerdo.
Con el mismo rigor, los acuerdos que firmaban incluían cláusulas que solo se encuentran en ellos. Además de obligar en todos los casos a personas y bienes, los deudores podían verse obligados a hipotecar todo lo correspondiente a su legítima materna, que estaba en poder del padre por fallecimiento de la madre; toda la legítima y bienes raíces que le tocaban y pertenecían, que eran tierras y una casa; o una suerte de 5 fanegas que tenía en el término de la población donde residía, suyas propias, sobre las que no pesaba ningún gravamen.
Asimismo, incrementaban la fuerza legal del acuerdo con una cláusula de testigos, que reincidía en cerrar el círculo y el control étnico sobre el pacto. Un deudor presentó como testigos de su conocimiento a José de Rivera, vecino de la feligresía de san Juan de Fornelos, y a Francisco Maidel, vecino de la feligresía de santa María de Tabuega, todos del obispado de Tuy, ambos residentes en la misma población que el deudor; y otro presentó por testigos de su conocimiento a Silvestre de Acosta y a Antonio Villar, residentes en la población y naturales de Galicia.
De los medios financieros que utilizaban sabemos que también recurrían al vale a favor del acreedor porque en un caso este cursó el que certificaba la deuda de la que era titular a un apoderado vecino de Madrid, lugar al que había mudado su residencia el deudor. Con el poder para cobrar la cantidad adeudada, al mismo tiempo le dio la orden de que le remitiera el dinero cuando lo cobrara y que al deudor le diera carta de pago que correspondía.
Sobre la devolución de los préstamos, lo que sabemos es que con este fin se emplearon maneras de saldar subrepticias. El 26 de abril de 1750 tanto Pascual de Molina el menor como su sobrino Jorge de Molina reconocieron que las cantidades que en dos ocasiones este le había prestado a su tío para algunas urgencias que tuvo, que sumaban 1.500 reales de vellón, las había devuelto. Sin embargo, por el mucho amor que el tío Pascual sentía por su sobrino Jorge, por el especial cuidado que tenía y había tenido con él en todas las ocasiones que lo había necesitado, por lo que le estaba agradecido, por su propia voluntad le hizo gracia, donación pura y perfecta intervivos, irrevocable, de una suerte de tierra que tenía en la población donde estaba residiendo, en la que habría como una aranzada de olivar libre de carga. El 26 de abril de 1750 Jorge de Molina aceptó la donación y dijo que estaba reintegrado de los 1.500 reales que había prestado a su tío, y al mismo tiempo consintió que se cancelaran las correspondientes obligaciones. Dio las debidas gracias a su tío por la donación y el mucho amor que le mostraba. Pocas dudas pueden caber sobre que la donación fue el pago de la deuda. De su cruce con el crédito el híbrido resultante sería efectivamente una permuta.
Si sumamos esto a lo que ya sabemos que conseguían bajo la presión del encarcelamiento, a la que recurrían en caso necesario, y las muy explícitas cláusulas de garantía, la presión del cerco étnico estaría destinada a incrementar el valor real de las rentas que los inmigrantes del norte acumulaban en el sur. Una parte de las que obtuvieran del trabajo la invertirían en el crédito entre iguales. Así, si no incrementaban el ingreso obtenido por su trabajo, porque no consta que cobraran intereses, asegurarían su preservación, una actitud que tenía mucho de prudencia. El traslado del dinero ganado en el sur al norte, a lo largo de más de mil kilómetros, estaba expuesto a toda clase de riesgos. Prestarlo sería una buena manera de eludirlos.
Pero preferirían tan restricto mercado porque podrían estimar el patrimonio de sus semejantes y prever sus comportamientos a poco que se vieran a sí mismos. Al fondo la red se revela el recurso al crédito con la aspiración de adquirir derechos sobre el patrimonio del deudor en el lugar de origen o en el lugar al que se hubiera inmigrado, una táctica tras la que se perfila un campesinado de medios limitados en donde tiene su origen, que transitoriamente debe trabajar en el sur, pero sólido, aferrado a esta condición, y astuto. Las ventajas se las aseguraban vertiéndolas a una escritura de obligación.
Sus tácticas redundarían en favor de su estado, hasta el punto que la residencia de estos inmigrantes, último escalón del orden legal, podría llegar a ser algo más que circunstancial o transitoria. Si algunos llegaban a adquirir una propiedad en el lugar donde residieran periódicamente, o de manera circunstancial, significa que cuando menos algún arraigo ganaban en el lugar a donde se dirigían por temporadas, y que es probable que sus movimientos pendulares, con este horizonte, eligieran un punto de destino tan definido como estable era el de partida.
Aunque solo hemos documentado un caso de crédito entre montañeses, su análisis descubre que apenas varía del crédito entre gallegos. A Francisco González Laguno, residente en la población, vecino y morador del lugar de Prases, valle de Toranzo, en Cantabria, don José Mantecón, vecino de una población del sur pero morador del lugar de Renedo, en el valle de Piélagos, también en Cantabria, le socorrió con 300 reales de vellón. El 19 de mayo de 1748 quedó en pagárselos en una sola paga el día 19 mayo del año siguiente. Para garantizar el crédito, además de obligar a su persona y sus bienes, se comprometió a que si en ese plazo no hubiera pagado los 300 reales, don José, de los bienes de Francisco González, podría elegir los que le parecieran para satisfacer el pago de la deuda, una obligación que de nuevo queda más cerca de la compraventa o de la permuta implícita que de la hipoteca en sentido propio.
Se da la circunstancia de que el acreedor es el mismo Mantecón que ya hemos visto devolver un crédito de 3.588 reales a unas monjas agustinas. Su condición legal parece transitoria. Es vecino de la población del sur al mismo tiempo que morador de otro en el norte, mientras que su acreditado esa doble condición la tiene adquirida en un lugar de Cantabria. Se debe suponer que Mantecón, procedente del norte, arraigó en la población meridional, donde ya había adquirido la condición de vecino, al tiempo que mantenía unos vínculos con su lugar de origen que al menos lo llevarían a residir en él ocasionalmente. Tal vez la doble condición tuviera alguna relación con un negocio basado en el drenaje de capital. Si se endeuda por más de 3.500 reales y presta por 300, podría actuar como un intermediario financiero común dispuesto a correr riesgos a larga distancia.
Otro medio singular del crédito primario es el que creaban quienes estaban en el ejército de tierra. El coronel del regimiento de milicias provinciales acuartelado en una población, de estirpe patricia, hizo tres préstamos, uno a un sargento del mismo regimiento, de 1.235 reales de vellón, y otros dos a un par de hombres que, aunque no están identificados como personal de la tropa bajo su mando, sí están uniformados por la cantidad que toman en préstamo, 425 reales de vellón cada uno. Aunque fueron comprometidos en fechas distintas (12 y 17 de septiembre y 4 de noviembre de 1749) los tres debían ser reintegrados en dos pagas iguales, la primera el 1 de mayo del año siguiente y la segunda el 25 de julio posterior. Cualquiera de ellos es llamativo por la reiteración de las condiciones y por la reiteración de las cantidades que comprometen. Tal vez no cobraban a tiempo y el coronel les adelantaba la paga. El calendario de las devoluciones inclina las posibilidades a favor de esta opción, aunque no está claro qué fondo pudo alimentar aquellos adelantos.
El crédito a estilo de comercio o urbano tal vez tuvo escaso alcance en el medio rural. Es posible que no tuviera mucho interés para quienes operaban en los grandes centros regionales o quizás hubo un reparto tácito de mercados entre ambos medios. Pero hay que reconocer que al menos en ocasiones la penetración del urbano en el campo ocurrió. Que sean pocos los que ahora se dejan ver, menos de una vigésima parte, tal vez sea indicio de que el hecho extraordinario dependió de características del intercambio que en parte quizás su análisis permita aislar.
La primera pudo ser el volumen del negocio. Son préstamos de cierta entidad, comprendidos entre casi 600 reales y poco más de 16.000, lo que no es indicio de que entremos en un dominio distinto. El sello de su origen queda sin embargo al descubierto porque los contratos se preocupan por regular con detalle las especies monetarias con las que hay que comerciar y cómo garantizar la devolución y sus plazos, una preocupación que porque es específica habrá que atribuir más a los acreedores que a los deudores.
Es verdad que uno, don Tomás Castellanos, vecino y mercader de la capital, que presta 582 reales de vellón, acepta una denominación regular. Pero el otro, Miguel Blanco, vecino y del comercio de la capital, suscribe su préstamo recurriendo a la siguiente denominación: 1.072 pesos de a 15 reales de vellón cada uno o pesos contables, 5 de plata y 32 maravedíes. 1.072 pesos de vellón de a 15 reales cada uno (1072·15·34) son 546.720 maravedíes. Los 5 pesos de plata, cada uno de los cuales, según hemos admitido más arriba, equivale a 512 maravedíes, suman (5·512) otros 2.560. Luego el total (546.720+2.560+32=549.312 maravedíes) alcanza los 16.156 reales 8 maravedíes de vellón (549.312/34=16.156,235). Podemos estar seguros que, cuando el comercio urbano participaba del mercado del crédito rural, al menos en algunos casos, se preocupaba por controlar las monedas con las que traficaba.
La devolución del crédito de menor cuantía se comprometió a cuatro meses, pero el otro el 22 de noviembre de 1748 se suscribió a tres pagas iguales, la primera poco más de cuatro meses después, el último día de marzo de 1749, la segunda el mismo día de 1750 y la tercera tal día de 1751. Habría pues una relación directa entre la cuantía del préstamo y los plazos acordados. Pero lo que más extraña es que en ninguno de los casos se cobrara interés, lo más alejado del negocio crediticio habitual en el medio urbano, donde los precios del dinero suelen ser los más altos. Tal vez fuera porque en contrapartida sus condiciones son más exigentes, tanto que a veces recurren a la fórmula hipotecaria en términos similares a como lo hace el crédito con interés. No fue Castellanos el más exigente. El deudor de los 582 reales de vellón que le había prestado podría pagárselos a él o a don Francisco Bocalongo, vecino de la población donde vivía el deudor, apoderado por el acreedor, bajo las condiciones comunes; llanamente y sin pleito ni contradicción, en moneda usual y corriente, en la misma población con las costas de la cobranza, y sería suficiente con que obligara su persona y bienes. Se podría decir que el crédito urbano, para penetrar en el mercado rural, a veces se plegó a las cláusulas que en este eran habituales para el crédito primario.
Miguel Blanco fue mucho más exigente. A don Francisco Javier Domínguez, que era alguacil de la real justicia de su ciudad, y doña Teresa Domínguez, su hermana, por los más de 16.000 reales de vellón que les prestó pidió expresamente que los asegurasen con bienes raíces equivalentes. Un día indeterminado de noviembre de 1748 don Francisco, como respuesta, decidió hipotecar una larga serie de bienes: un pedazo de olivar de 10 aranzadas y 19 pies con el cargo de 882 reales 12 maravedíes, mitad del principal de un censo perpetuo de 60.000 maravedíes, por el que se pagaban réditos al colegio de santa María de Jesús, universidad de la capital, que poseían como herederos de su padre; un cercado en el que habría 6 fanegas de tierra, y en ellas plantadas 2 aranzadas y cerca de otra de olivar, con su pozo con noria, alberca, casa de teja, árboles frutales y con otra poca de tierra como de 3 fanegas, sobre el que estaba impuesta una memoria de 33 reales cada año que se pagaban a los beneficiados de una de las parroquias de la población, y cuyo principal importaba 990 reales; otro cercado de olivar y tierra calma libre de tributo, en el que habría poco más de una aranzada; dos aranzadas de olivar libres de toda carga; y 15 fanegas de tierra plantadas de estacas, de las que la ciudad les hizo gracia y ellos plantaron de olivar, libres de todo tributo.
Es posible que lo ofrecido aquel día de noviembre de 1748 no fuera de la satisfacción del acreedor porque el primer proyecto de acuerdo no fue firmado. Tal vez no cumplía las condiciones que en su opinión debería tener. El 22 del mismo mes a los deudores el acreedor de nuevo les pidió que aseguraran la deuda con bienes raíces equivalentes a los que habían ofrecido. Otra vez don Francisco obligó a su persona y él y su hermana sus bienes y rentas, y ofrecieron como hipoteca el pedazo de olivar de 10 aranzadas con el cargo del tributo de 60.000 maravedíes de principal. Pero el contenido del primer cercado cambió. Se registró con 11 fanegas de tierra, en vez de las 6 anteriores, y las 2 aranzadas de olivar plantadas en él fueron ahora registradas como 3. Permanecieron el pozo con noria, la alberca y los árboles frutales y aparecieron unos pinos, aunque a cambio desapareció la casa de teja y las tres fanegas de tierra, y la memoria que sobre ellos cargaba fue declarada como 70 ducados de principal a los beneficiados de la parroquia que antes habían declarado. Pero en lugar de los bienes que no habrían sido aceptados también hipotecó otro pedazo de olivar de 2 aranzadas menos pies [sic] y 26 aranzadas de olivar nuevo, 40 fanegas de tierra calma y 7 aranzadas de viña, todo bajo una cerca, con casa de teja y dos pozos, sobre lo que se pagaba una memoria a un convento de frailes carmelitas.
Si se comparan las dos ofertas, parece que todo se redujo al tamaño y al número de los bienes hipotecados. De ser correcta esta interpretación, significaría que los deudores finalmente se plegaron a sumar bienes para satisfacer las condiciones del crédito. Sin embargo, sobre la cancelación de la deuda pesa el misterio. Poco después, por una carta de pago doña Josefa Navarro, como madre y heredera de don Miguel Blanco, también vecina de la capital, dio por libre de esta obligación a don Francisco Domínguez. Desconocemos bajo qué condiciones. Tal vez el crédito nunca llegó a consumarse y las condiciones que imponía el vendedor urbano finalmente no consiguieron entrar en el mercado rural, sobrecargado de competidores e intereses.
En el capítulo de las garantías, al empeño, la fórmula que explotó el monte de piedad, que entonces estaba expandiéndose, le pudo tocar el papel de garante de los créditos más corrientes, tal como es posible que ocurriera espontáneamente, sin necesidad de comprometerse con escrituras. Quizás por esta causa solo hayamos documentado un caso, el de don Fernando Cansino, a quien le prestó Juan Delgado 486 reales de vellón el 4 de agosto de 1741. Se comprometió a devolvérselos juntos en una paga el día de san Miguel, 29 de septiembre, del mismo año, es decir, en algo menos de dos meses. Parece pues que a la fórmula al menos recurrieron patricios para obtener crédito de gente común, y que se empleó para cantidades modestas y a muy corto plazo. Como garantía, Juan Delgado retuvo en su poder dos anillos, uno de siete esmeraldas y otro de dos diamantes y una esmeralda, que devolvería a don Fernando cuando le pagara los 486 reales. En caso de que no fuera así, de la cantidad adeudada deduciría el valor de los dos anillos. Así que para acceder al crédito con empeño se recurriría a los bienes más muebles y de más precio. Harían las veces de hipoteca, con la diferencia de que, por ser bienes de aquella clase, para extremar la garantía quedaban bajo poder del acreedor.
El crédito en dinero normalmente se devolvía en dinero, pero no siempre la deuda se resolvía así. Había ocasiones en que se pagaba con rentas, la fórmula que cuando era consecuencia de una sentencia se llamaba prenda pretoria. Del mismo modo que se llegaba a los acuerdos entre partes que constituían las deudas, acreedores y deudores, si no se cumplían las condiciones de devolución pactadas, parece que en una parte de los casos no necesitaron llegar hasta la mediación judicial para aceptar como salida la cesión de rentas. Tal vez la solución judicial fuera posterior a una costumbre consolidada. Pero aunque el orden de los hechos ni en su origen ni siempre fuera este, sí debe quedar constancia de que no se trata de una modalidad de crédito distinta. Pertenece al capítulo común, el préstamo de dinero, cuya peculiaridad es la forma de satisfacer el pago.
Hemos sabido de un par de casos en los que se actuó de este modo, menos de la vigésima parte de todos los documentados. Ambos redundan en el crédito de alguien del común a patricios, en mejor posición para disponer de rentas con las que sufragar sus gastos. La menor de las cantidades prestadas fue 251 reales y la mayor 1.666, aunque en el primero se reconoce que la cifra es el resto de mayor cantidad que el deudor debía al acreedor en virtud de vales que tenía hechos a su favor; y en el segundo que entre la deudora, una viuda, y el acreedor había cuentas pendientes de dineros prestados y otras cosas que primero ascendieron a 1.300 reales y después, porque de nuevo el prestamista a la viuda la había socorrido con otras cantidades que le había entregado en mano a ella o a su hijo por orden de esta, a 1.666.
Para liquidar los 251 reales las partes un 22 de febrero acordaron que se pagarían con las rentas de unas casas que el deudor, maestro boticario y vecino de la capital, poseía en la población donde vivía el acreedor, una circunstancia que pudo facilitar la transacción. Las tenía arrendadas en 18 ducados [198 reales] cada año. El cobro empezaría desde el tercio que cumplía el día de san Juan siguiente, hasta que el acreedor quedara satisfecho de la cantidad y las costas que su cobranza le ocasionara. En cuanto a los primeros 1.300 reales del otro crédito, la deudora se comprometió a devolverlos en un plazo que vencía en enero de 1748. Pero no lo cumplió. Después habían sobrevenido las nuevas deudas. El 16 de noviembre de 1749, para que se cobrara los 1.666 reales la viuda cedió al acreedor las rentas de unas casas que tenía. La cesión empezaría a contarse el día de san Juan de junio inmediatamente anterior. Para que pudiera cobrarse, el acreedor, por su cuenta y riesgo, podría arrendarlas a quien más diera por ellas, e ingresaría su renta cuantos años fueran necesarios para completar el pago de la deuda. Cada vez que hiciera un nuevo arrendamiento citaría a la viuda para que conociera su valor, por si tuviera una persona que pagase más. Además, para que constara el estado en que recibía las casas en esta cesión pretoria, en el momento de la cesión se inspeccionarían por dos alarifes nombrados por las partes. Si durante el tiempo de liquidación de la deuda las casas necesitaran reparos, los haría el acreedor a cargo de lo ingresado por las rentas, para que las casas no se arruinaran ni perdieran valor, y para que pudieran rentar más estando reparadas. El abono de lo gastado en las obras la viuda lo autorizaría a la vista de las cuentas que le presentaran quienes las hicieran. Pero si las casas se deteriorasen por falta de reparo, el perjuicio quedaría a cargo del acreedor.
Finalmente, hemos encontrado un caso en el que el pago del dinero prestado se tuvo que hacer con trabajo. Un matrimonio el 20 de enero de 1749 recibió de un presbítero de la capital 2.700 reales de moneda de vellón. Se obligó a pagárselos arando los olivares de la hacienda del clérigo. Tarifaron el trabajo a 12 reales de vellón cada aranzada, de manera que durante los meses de enero y febrero del año de la fecha fueran satisfechos 900 reales, otros 900 al año siguiente y los 900 restantes al tercero. Así pues, cada año ararían 75 aranzadas, y siempre en tiempo y sazón, sin hacer falta aviso para ello. Lo propio de la variante crediticia sería por tanto que en la parte de la liquidación el acuerdo se resuelve como un contrato de servicios común. La extensión trabajada cada año, de valor medio para el tipo de explotación, permite suponer que, si no todo el trabajo de arada, buena parte de él sería adquirido de antemano con esta fórmula. De modo que acreditar podría ser un buen procedimiento para adquirir trabajo sin gastos de capital propio.
Los precios deciden
Publicado: diciembre 14, 2017 Archivado en: Abel Émerson | Tags: agraria, economía Deja un comentarioAbel Émerson
De los precios de hace casi trescientos años se conservan algunos registros. Uno de ellos está coleccionado en unos cuadernos de tamaño folio, en los que sus autores fueron anotando los precios mínimo y máximo que cada semana alcanzaban bienes vendidos entre enero de 1752 y diciembre de 1799 en un mercado, la población donde se conservan; cuarenta y ocho años de información regular de cuando aún las estadísticas apenas existían.
El plan fue concebido para once productos (trigo, cebada, habas, garbanzos, aceite, lana, carnero, vaca, cerdo, tocino y macho cabrío). Es posible que proviniera de una decisión administrativa. A mediados del siglo décimo octavo las autoridades de la región suroccidental insistían en pedir información sobre precios semanales. Incluso es muy probable que el origen de esta preocupación haya que atribuirlo a los sucesos de 1750. Aquel año, en plena crisis, la administración regional una vez más quiso coleccionar informes de precios. Tal vez las crisis, que podían ser esperadas, que excitaban las compraventas, inspirasen las decisiones más ambiciosas, incluidas las administrativas. Pero solo durante las dos primeras décadas se cumpliría un programa tan extenso. Después, quedaría reducido a los cinco productos que proporcionaban los ingresos más estables de las empresas que se concentraban en la agricultura (trigo, cebada, habas, garbanzos y aceite).
Para la cotización del trigo, la mercancía en la que por el momento he decidido concentrar mi atención, la colección estadística tiene cinco lagunas. Tres solo afectan a una semana: una de junio de 1766, otra de diciembre de 1779 y la tercera de noviembre de 1792. La cuarta es de medio año, el comprendido entre el 25 de noviembre de 1758 y el 11 de mayo de 1759. La más importante es de un año nada menos, del 31 de diciembre de 1790 al 29 de diciembre de 1791. No son inútiles las lagunas, como no lo son los errores. Los vacíos, junto con las secuencias caligráficas de los manuscritos, así como que los cuadernos no tengan las formalidades propias de los documentos, aun tratándose de un depósito administrativo, son razones suficientes para creer que se trata de una colección de copias compuesta a partir de uno o varios originales, estos sí probablemente creados por el gestor público, que no se han conservado en aquel depósito o que al menos fueron reunidos en una colección aparte.
De todos los testimonios que hablan en favor de que sean copias, es resolutiva la laguna más importante, probable error consecuencia de un salto de igual a igual. Es posible que los copistas de los precios fueran varios, aunque es seguro que todos estaban formados en la caligrafía de los amanuenses de fines de la época moderna. Por el depósito que ha conservado la colección, se puede conjeturar que pudieron ser empleados de un municipio, que tenían acceso a la documentación relacionada con la gestión de los asuntos públicos, con la posibilidad de dedicar una parte de su tiempo a la copia por encargo. Tal vez trabajaron para una sociedad económica, un club interesado en esta clase de informaciones. La que hubo en la capital de la región, que prefirió calificarse a sí misma de patriótica, en el primer volumen de sus memorias, que salió de la imprenta en 1779, entre las páginas 129 y 134 publicó una estadística similar; precios máximos y mínimos del trigo, tal como habían cotizado en su alhóndiga entre 1649 y 1778. Pudo ser un registro oficial de mercados semejantes a la alhóndiga el responsable remoto de los valores utilizados por los autores de los cuadernos locales que vamos a emplear como fuente para el análisis de los precios del trigo. Tal vez los encargos a los copistas se fueran sucediendo, y esta fuera la causa de los cambios en la caligrafía. Pero se puede asegurar que el último tuvo que completarse con posterioridad a 1799, porque la serie se interrumpe coincidiendo con el final de este año, una cifra expresiva del límite de un ciclo, no en los hechos, sí para los cómputos. Esto permite suponer que la serie, bien de los originales bien de las copias, pudo extenderse hasta los comienzos del siglo décimo noveno al menos, y que tal vez fue coleccionada en otro legajo que no ha tenido la fortuna de sobrevivir.
La unidad de tiempo que usa la estadística es la semana. Pudo ser una parte nada despreciable de la experiencia que se adquiría en los mercados, no digamos del comportamiento de los especuladores. Una y otro fueron descargados en su estadística por los responsables más remotos de la redacción de los cuadernos al elegirla. Pero excluye la posibilidad de observar las oscilaciones del valor de los bienes durante menos tiempo. Al tomar esta decisión, sus autores impidieron sobre todo el análisis de los cambios de los precios del trigo a lo largo de un día, en cuyo transcurso se efectuaban las operaciones de compraventa.
Sin embargo, aquella decisión de los autores de la estadística no es un imponderable. La duración de la semana no está borrada por completo, en los cuadernos el rastro del día solo ha desaparecido parcialmente. Al decidir que se registraran hasta dos valores por semana, el mínimo y el máximo, sus redactores permitieron que fueran observables los cambios de valor durante la unidad de tiempo menor posible, y así describir del mejor modo las oscilaciones de los precios del trigo en el tiempo concreto. En la convivencia de ambos valores en la misma unidad de tiempo verían contenida suficiente elocuencia para explicar el fenómeno regular de los permanentes cambios de valor de aquella mercancía. Así pues, al considerar máximos y mínimos nos hacemos partícipes de la experiencia de los autores de la estadística.
No obstante, se puede sospechar que sobre el registro de ambos valores carga la rutina. Anotar una diferencia de dos reales entre ellos durante una semana, tal como es frecuente, puede ser una manera convencional y expeditiva de expresar la oscilación habida, sin perder el tiempo en más detalles, ni creerse en la necesidad de buscar información más precisa sobre un hecho que al fin y al cabo es de sobra conocido. Pero con más frecuencia que la diferencia de 2 reales se registran las de 3, las de 4, que son las mayores absolutamente, y hasta las de 5. Es verdad que los valores pares se imponen sobre los impares, como es regular en cualquier secuencia de anotaciones estadísticas, y que el registro de los valores enteros se impone sobre el de sus respectivos decimales, a excepción del valor 1.5. Aunque nada de esto es distinto a lo que se observa en las tablas de precios de cualquier mercado al por menor, de acuerdo con esta descripción tendríamos que reconocer que tal vez hayamos perdido en precisión. Pero gracias a la dispersión de los casos podemos estar seguros que la amplitud de la observación, en sustancia, ha sido retratada con sus rasgos habituales más visibles.
Los precios están denominados en vellón, una carga métrica que puede tener consecuencias para la correcta apreciación del fenómeno. La inflación del vellón a partir de 1772, y no los cambios en el aprecio de los bienes, pudo ser responsable de una parte de las oscilaciones registradas. De ser así, habría que neutralizar su efecto, para evitar que el cambio de valor de la moneda contaminara la observación del cambio de valor de las mercancías. Pero examinada la tabla bruta de los precios registrados, se aprecia que las alteraciones de la denominación en moneda de cuenta del valor de los bienes se comportan con autonomía en relación con el paso del que sea de los valores del tiempo. Antes y después de la inflación de 1772 se observan valores extremos, tanto en un sentido como en otro, y también antes y después se los puede encontrar moderados. Máximos y mínimos son pues aleatorios, y cualquiera de ellos lo es respecto de la duración de su ciclo. Los efectos de la inflación estarían por tanto absorbidos o serían indiferentes a la cotización del trigo.
Hasta donde llega mi información, creo que para el suroeste estos precios semanales contienen el grado más alto de observación de un mercado del trigo hasta ahora conocido, así como su descripción continuada más completa. El elegido tenía alcance comarcal. Tal vez de ahí vino la atención que decidieron concederle a sus cotizaciones unos contemporáneos interesados en los fenómenos mercantiles. De su valor eran tan conscientes al designarlo como observatorio que de ellas encargaron copia, y luego quienes las vieron anotadas aunque reconocieran que no eran documentos propios de aquel depósito decidieron conservarlas en él. No es frecuente encontrar colecciones de precios con estas propiedades. De su condición extraordinaria se tiene la certeza si se la compara con las descritas en las obras clásicas sobre la historia de esta materia, incluida la mercurial de París de E. Labrousse.
La historiografía tal vez le haya concedido demasiada importancia a los precios. En su origen hay un interés que le es ajeno. El que hubiera cuando se formaron las primeras grandes colecciones tenía objetivos de política económica. La atención que en su momento se concentró en el estudio de la revolución de los precios del siglo décimo sexto no es indiferente, al menos en el tiempo, a las primeras formulaciones keynesianas ni a la política de New Deal. Las elaboraciones literarias referidas al pasado, aun sin considerar su papel de mediador técnico para determinadas elaboraciones teóricas, le confiaron la responsabilidad de termómetro de los síntomas económicos, de donde a veces dedujeron comportamientos y causas que los datos por sí mismos no ponen al descubierto. Cuesta trabajo aceptar muchas de sus deducciones, buena parte de ellas basada en elaboraciones estadísticas que van dejando atrás los datos originales según van avanzando; ahora dejan a un lado los valores excepcionales, luego toman los que describen unos movimientos según los principios del modelo A o el B, e ignoran los demás. Tales métodos pueden ser útiles para ciertas demostraciones, pero crean un artificio que oculta los comportamientos espontáneos. Son lamentablemente tautológicos en la medida en que incluyen en los instrumentos de análisis las premisas de las que parten, a veces cínicamente presentadas como hipótesis. Ni siquiera el año-cosecha, el artificio más neutro que se consintió la historiografía de los precios antiguos es suficiente para respetar las oscilaciones que describen los números. Siguió la pauta que trazaban los textos contemporáneos a los hechos estudiados, que estaban tan interesados en crear una opinión homogénea como en encubrir las tácticas que efectivamente permitían los mejores beneficios. Así los relatos historiográficos se convirtieron en una parte anacrónica de aquel orden.
Para ganar una posición independiente puede bastar un axioma incontrovertible a partir del cual inducir. Los precios, cuando los propone quien oferta, están destinados a contenerlo todo: las inversiones y los gastos, los beneficios y las rentas, las detracciones y los intereses, y por supuesto la satisfacción de las necesidades inmediatas a la supervivencia y los deseos menos perentorios. Cuando acepta un precio, quien vende aspira a cubrir con el ingreso que obtenga esa totalidad. Lo hará o no, tendrá que resignarse a una cantidad por debajo de la que desee o podrá completar una operación que le proporcione una ganancia por encima de la más optimista de las previsiones. Pero en todos los casos sus aspiraciones a alcanzar aquella totalidad estarán siempre en el origen de las decisiones mercantiles que tome. Todo su esfuerzo se concentrará en alcanzar el mejor orden de monopolio para el medio en el que actúe; de la dimensión y de la duración que sea, pero que permita en algún momento dictar el precio para aquel ámbito, una aspiración que le quedará tanto más lejos cuanta mayor sea la capacidad del comprador para elegir oferta. Así concebido, el precio es mucho más que un indicador. Es el que finalmente decide. Si el analista retrocede a lo largo de su composición y de sus avatares, puede recorrer el camino que lleva hasta el último de los esfuerzos acumulados para crear el bien que lo permite y obtener el beneficio.
Por ahora, mi objetivo es reconstruir, sirviéndome de los precios, con la mayor fidelidad posible, los comportamientos que confluyeran en el mercado del trigo, un propósito no menos ambicioso que potencia tienen las estadísticas fuente. Parto del principio de que el relato más detallado de las oscilaciones de los precios es el que permite la restauración más completa de los actos que es posible conocer tomando como pauta estas colecciones de números, sin que la cantidad garantice que el rescate sea más fiel solo por cumplir esa condición. Pero, tratándose de hechos cuantificados, la masa permite llevar su ponderación hasta el límite, que por definición es el lugar hasta donde alcance la información conservada. La reiteración de los números registrados descubre lo que en aquel mercado había de anodino y gregario. No hay evidencias sobre que los comportamientos discurrieran al margen de estos límites. Su examen desde el principio demuestra que los actuantes se atenían al principio de razón, por cuya causa se comportarían tal como los demás presumieran y tuvieran consentido. Sobre este principio se sostiene lo que la teoría económica llama el comportamiento racional de los agentes; el fatídico principio racional de la enajenación, que es también ambición compartida, según el cual es más probable que los bienes se precipiten al mercado cuando asciende el precio, tanto más cuanto más ascienda. Según el comportamiento de este, y no a la inversa, no porque concurrieran, acudirían a emparejarse con su comprador resignado y pasivo trigos de todas las clases, viejos y jóvenes, atrojados y desembarazados. Los comportamientos más probables serían los inducidos por las oscilaciones de los precios, tanto más cuanto más se aproximara el orden de monopolio. La oscilación de los precios es la prueba más directa de que los agentes también decidían según principios distintos al racional cuando la posibilidad de monopolio se alejaba.
El método debe imponerse violentar los números proporcionados por la estadística con la menor cantidad de premisas, para observar el comportamiento espontáneo del mercado del trigo, con la intención de eludir cualquier modelo de análisis que inyecte prejuicios en los hechos. Probablemente la descripción de las oscilaciones de los precios sin manipulación estadística no permita llegar demasiado lejos. Tal vez resulte monótona y poco instructiva. Sin embargo, estoy convencido, porque parto del principio del comportamiento enajenado por la ambición, de que es suficiente para descubrir razones, aunque sean muy elementales, que permitan reconstruir los comportamientos gregarios que insistentemente concurrían a la compraventa del trigo.
Para homologar la información y no perder el tiempo en matices insignificantes, antes que nada, he revisado una por una las cotizaciones registradas. Los valores expresados por un número entero no han necesitado adaptación alguna. Las fracciones, cuando el valor registrado no era un número entero, las he concentrado en el medio real, equivalente al redondeo menos distorsionante posible. La fuente me permitiría ser más preciso, pero me entretendría demasiado y no conseguiría nada serio a cambio. Basta esta manipulación de los datos, además de los errores de transcripción, para que se acumulen cálculos erróneos, aunque se ponga todo el cuidado, lo cual ya es deformación sobrada.
La representación de todos los valores en una sola imagen es la otra parte del método. Sin su auxilio la detección de los cambios resulta tan penosa como expuesta al error. Sobre cualquier decisión arbitraria, tiene la ventaja que permite valorar, cuando se representa la serie completa, qué oscilaciones tienen entidad para el comportamiento general y cuáles no. Atenerse a este procedimiento, aceptada la necesidad de la mediación gráfica, impone manejar una sola cifra para cada unidad de tiempo, la única elaboración estadística que debe consentirse. La semana, en la estadística representada por un mínimo y un máximo, así queda reducida a un valor, el precio medio semanal, y reducida a esta dimensión permite delinear las oscilaciones.
Para servirme de ella durante los análisis y hacerlos avanzar, he elaborado una nomenclatura provisional, frágil, probablemente no demasiado ortodoxa, aunque redactada bajo la convicción de que resulta clara y útil. La piedra angular de mi léxico es ciclo, un concepto siempre cargado por el punto de vista. Habiendo decidido que la semana, unidad de tiempo, quedara representada por un solo valor, solo es posible observar ciclos agregando semanas. Pero todos los ciclos, aunque agreguen las semanas como quieran, conceptualmente pueden aceptar un modelo universal, el más elemental, el incluido en la idea misma de ciclo. Cualquiera es el compuesto por una primera secuencia de crecimiento y una segunda de retroceso; o viceversa, porque para la observación tanto da una como otra forma. Todo depende de donde tenga que partir el observador. Si la primera secuencia de valores que aprecia es descendente, los ciclos podrán sucederse en V; en caso contrario, valdría esta misma imagen, solo que invertida. A esta idea no habría nada que objetar. Explica lo que podemos denominar ciclo espontáneo cuando se manejan las cifras originales. Aunque sea el fruto de una abstracción, es el único principio que se puede dictar cuando se desea observar el fenómeno sin contaminación.
Pero cuando el punto de vista de verdad interfiere es cuando hay que identificar un máximo y un mínimo absolutos en cada ciclo. A partir del examen de los números, para aceptar una inflexión como irreversible he optado por valores que estén separados por una diferencia superior a los cinco reales. Cuando una secuencia de valores se está incrementando y se mantiene con ese comportamiento sin que esa parte de la serie conozca una inversión del incremento superior a tal cantidad, acepto que el sentido de la evolución se mantiene y que el retroceso momentáneo ha sido intrascendente. Cada una de esas orientaciones puede incluir pequeñas oscilaciones, de duración variable, aunque todas limitadas a cambios en la cotización inferiores a los cinco reales. Actuando de este modo, he descubierto treinta y siete ciclos para aquellos casi cincuenta años, base suficiente para la observación del fenómeno cíclico más inmediato.
Mas si desisto del cinco como límite a partir del cual reconocer inflexiones, que en realidad es tan arbitrario como el cuatro o el seis, y que solo aprovecha que las posibilidades de que se opongan máximo y mínimo van descendiendo según se va incrementando el factor, y me atengo ahora a la observación gráfica de toda la serie, descubro solo nueve ciclos completos. Creo por tanto que desde ahora es necesario aceptar que, observando todas las oscilaciones, se descubren dos clases de ciclos espontáneos, el que convencionalmente, por comparación, puedo llamar corto, el primero que he descrito, y el que ateniéndome al mismo criterio debo llamar largo.
Para completar la nomenclatura, duración de un ciclo será el tiempo que consuma en agotar todo su movimiento, el que suma un ascenso a un descenso, o viceversa, y llamaré fase a cada una de las secuencias de tiempo o duraciones ininterrumpidas bien de incrementos positivos bien de caídas; antes de que se alcancen un mínimo o un máximo absolutos, tal como quedan marcados por cada secuencia cíclica, sea estadística o gráfica. También podría decir que una fase es la mitad de un ciclo o un semiciclo, siempre que por mitad no se entienda una duración sino la persistencia en el signo de los incrementos. Amplitud de los ciclos será el nombre conveniente a las diferencias entre el máximo y el mínimo de cada uno. Definida así, expresaría la escala a lo largo de la cual vendedores y compradores podrían satisfacer o defraudar sus aspiraciones. Un mayor recorrido o longitud de la escala serían más oportunidades, mientras que cuando el recorrido fuera corto, las oportunidades serían menores. Por último, habrá que denominar factor multiplicador a cuantas veces el máximo contenga al mínimo. Expresaría las mayores ganancias efectivas que podrían alcanzar los poseedores de grano que lo sacaran al mercado cuando se llegaba a la mayor amplitud; o las mayores pérdidas de oportunidad, si fuera necesario vender al mínimo, una vez escapada la del máximo.
El ciclo largo
Para satisfacer las mayores expectativas que se podían esperar de todos las oscilaciones del precio del trigo, era necesario aguardar como mínimo dos años y tres meses, y podía llegar el caso que fuera necesario poner a prueba la paciencia de los concurrentes durante casi nueve años. Esto sería extraordinario, pero no lo sería mantenerse a la expectativa entre cuatro y cinco años y medio, o en torno a siete.
Para contar con el viento de cola del alza era necesario arriesgar mucho. Las semanas de alza eran casi dos tercios del total. Aunque no hay que despreciar el otro tercio, el recesivo, una amenaza ante la que a quien concurriera con su trigo al mercado le obligaría a permanecer en guardia para evitar depreciaciones encadenadas de su producto.
De los nueve ciclos, en cuatro el máximo se alcanzaba en otoño, normalmente entre ocho y nueve semanas después de su comienzo, es decir, en la segunda mitad de noviembre, más que mediado el otoño, casi en vísperas del invierno. Si tomáramos como referencia de suministro de los mercados la cosecha precedente, un supuesto que no está desorientado porque acepta el principio del tamaño del mercado inmediato como pauta para decidir el volumen del producto, así como la ley de la responsabilidad del costo del transporte en el precio final del producto que se moviera, tendríamos que admitir que con más frecuencia en favor del máximo trabajaría la contracción del producto debido a la cosecha local inmediatamente anterior, y que para combatirla no se ha recurrido a la importación de choque.
En el orden de las frecuencias del máximo, al otoño le sigue la primavera. Como ocurre en tres de los ciclos, no sería una deformación de los hechos admitir que era un fenómeno tan probable como el máximo de otoño. Era más probable que ocurriera unas seis semanas después de empezada, esto es, en abril. Respetando el mismo modelo de comportamiento de los mercados locales, porque si es aceptado para una situación tiene que serlo para cualquiera de las demás, un máximo de primavera tendría que significar que la reserva apta para concurrir al mercado local, cualquiera que sea su edad, amenaza con retraerse, más probablemente por agotamiento, y no se ha recurrido a importar grano; o si se ha hecho, no ha sido suficiente para contraer los precios.
Las otras dos posibilidades, que el máximo sea de verano o de invierno, justo porque son excepcionales, ganan un significado valioso si nos atenemos al mismo modelo. Un verano de máximos es la prueba de una cosecha completamente perdida, la mejor de las oportunidades para quienes tengan reservas; y que sea en invierno puede ser la consecuencia de que la caída del producto previo pudo quedar atenuada por un volumen que no fuera catastrófico o por la llegada de grano exterior.
Así como el máximo más probable es el de otoño, el mínimo más probable es el de verano. Más de la mitad de los mínimos se observan en esta estación, y no habría que esperar mucho para que ocurriera. Bastaba aguardar a que llegara como mucho un par semanas desde su comienzo. Si nos mantenemos fieles al esquema lógico que nos ha parecido válido para explicar los máximos, cualquier mínimo de verano sería el reconocimiento de una cosecha que puede colmar las expectativas de la demanda local hasta el grado de la saturación.
Algo similar podría decirse de los mínimos de primavera, que suceden casi con la misma frecuencia que los de verano. El mínimo de primavera reconocería que las expectativas que la cosecha que está madurando parece garantizar pueden satisfacer el mismo objetivo, aunque sin alcanzar el grado de la certeza. El mínimo de primavera sería un adelanto de los mismos comportamientos consecuencia de que la excelencia de la cosecha local era una evidencia antes de que se hubiera consumado su siega.
Los mínimos de invierno, que aunque son algo menos frecuentes pueden imponerse en la quinta parte de los casos, serían la consecuencia de un mercado local colmado hasta la saturación, que a la cosecha local pudo sumar importaciones contingentes, no del todo previstas, quizás a su vez consecuencia de las imprevisiones de los planes locales destinados a prever el producto que se pudiera demandar. Y que no hubiera mínimo en otoño por tanto debe significar que tales modificaciones del mercado local tardarían en llegar y tendrían un efecto moderado.
Hasta dónde podía llevar sus expectativas quien tuviera capacidad para aguardar la mayor cantidad de tiempo para satisfacerlas lo expresa con exactitud la amplitud del precio del trigo durante los ciclos largos. Oscila entre un factor 1.36 y 6. Alguien que tuviera depositadas sus esperanzas en estas duraciones, porque la experiencia le hubiera demostrado la ventaja de ser el más paciente, en el peor de los casos, cuando después de tanto esperar el ciclo hubiera sido en exceso calmado, apenas si podría esperar incrementar un tercio sus ganancias. Pero si el ciclo fuera de la mayor amplitud conocida, su apuesta por la paciencia podía valerle multiplicar por 6 sus posibilidades iniciales de ganar dinero con la venta del trigo. Si hubiera adquirido una partida de 500 unidades de capacidad al precio menor del ciclo, incluso si lo hubiera obtenido a ese costo produciéndolo, supongamos de 15 reales cada una, su inversión sería, expresada en las mismas unidades monetarias, de 7.500, mientras su venta en el momento más oportuno le valdría un ingreso de 45.000. Es verdad que para alcanzar este óptimo tendría que esperar mucho tiempo, la mayor cantidad que le enseñara la experiencia. Pero los incrementos más frecuentes, cuyos factores estaban comprendidos entre 2.4 y 4.88, también proporcionarían beneficios en modo alguno despreciables. Como mínimo más que duplicarían la inversión, y sin demasiada dificultad casi la quintuplicarían. Además, en estos casos no sería necesario fiarse a plazos excesivamente largos. No solo no hay correlación directa entre mayores incrementos y mayores duraciones, aunque es evidente que a mayor duración mayores posibilidades para que oscile el precio del trigo, sino que incluso la experiencia enseña que el segundo mayor incremento (factor 4.88) coincide con una de las menores duraciones (poco más de 3 años). A todo lo cual aún hay que añadir que los máximos colmarían las expectativas más ambiciosas cuando hubiera transcurrido una de las fases del ciclo, la de alza, que convencionalmente podemos situar a la mitad de su transcurso. Luego la mayor satisfacción podía obtenerse aguardando como máximo entre 4 y 5 años, pero sería más probable y aun altamente satisfactorio esperarlo entre 2 y 3 años. Dadas las enormes ganancias que gracias a estas oscilaciones se podían obtener, parece consecuente admitir que nunca faltarían interesados en fiar a estos comportamientos del mercado del trigo sus ganancias. Es más, serían una parte estable de su orden comercial, porque los hechos demuestran que invariablemente llegaban tan excelentes oportunidades.
A satisfacer tan altas expectativas se opone sin embargo un imponderable decisivo, la conservación del trigo. Ninguno podría superar la frontera de la existencia. Cualquier grano, para consumar sus aspiraciones vitales, había de estar vivo. El ciclo biológico lo decidía su capacidad para resistir el paso del tiempo. Una tabla de mortalidad del grano la resumiría en cifras. Pero no creo que sea necesario ensayarla. Sabemos que a lo sumo, con los medios que se le aplicaban a la conservación en esta época, la supervivencia del grano alcanzaría los dos años. Luego ni la menor de las duraciones del ciclo largo quedarían al alcance de quienes almacenaran su cosecha a la espera de estos óptimos. Si lo hicieran, sería su ruina. Podrían arriesgarse, esperar un tiempo, pero no demasiado, porque la humedad y el gorgojo enseguida amenazarían la conservación de su tesoro. Ningún labrador, ni aun los de mayor capacidad de almacenamiento, que serían los mayores productores, podría llegar tan lejos contando solo con sus medios. Aquellas condiciones óptimas solo estarían al alcance de los grandes comerciantes, que a través del mar podrían movilizar en poco tiempo las partidas compradas en el exterior en el momento oportuno. Habitualmente operaban bajo la protección pública, temerosos los responsables políticos de los efectos que pudieran tener los precios excesivos del trigo. Como hay que suponer, para aceptar esta explicación, que el importador tendría que conectar con un productor igualmente externo que le proporcionara el trigo, debemos admitir que la situación recíproca también sucedería, y que por tanto algunos labradores, trabajando de manera coordinada con los comerciantes exportadores, podrían deducir en su favor una parte del beneficio que estos momentos extremos aseguraban cuando sucedían fuera, no necesariamente en otro país.
Si es acertado este punto de vista, eso significaría que las iniciativas que terminaban en el mercado del trigo tendrían que planificarse a un plazo mucho mayor que el año, superior incluso al trienio, un límite que incluiría la obtención de una cosecha completa en los casos de ordenación en dos o tres hojas de la explotación, los órdenes del sistema más habituales. No bastarían los sistemas comunes para garantizar la experiencia del precio óptimo inmediatamente.
El ciclo corto
No había ciclo corto de los precios del trigo inferior a los tres meses, y apenas significan algo los que duran entre tres y cuatro. Serían más probables los que duraban entre un semestre y dos. Sin embargo, hasta aquí todos los ciclos cabrían dentro de un año. Todos ocurrirían durante el ciclo productivo completo. Serían menos de la mitad. Las duraciones comprendidas entre uno y dos años tampoco serían las más probables. Pero es que todo lo demás, todo lo que dure más de dos años, es aún más disperso y poco probable. Es cierto que hay una duración de tres años y nueve meses, que marcaría el máximo, una duración extrema, muy llamativa. Pero es casi tan singular como la de cerca de tres años, aunque no tanto como las que giran en torno a los dos, cuya frecuencia relativa, superior a la décima parte de los casos, las coloca en el segundo puesto de las posibilidades. Luego las duraciones superiores a un año son todas extraordinarias, aunque en total serían las más frecuentes. Sería pues más probable lo excepcional, y no es una paradoja.
A las duraciones extraordinarias hay que reconocerles impulsos diferentes, o no derivados de los que pudiera originar el ciclo productivo, a los cuales se sumarían. Pero son tan dispares que no sería legítimo atribuirles, aunque fuera por la vía de la suposición, causas similares. Se puede concluir primero que el patrón de tiempo que parece más adecuado al análisis de las duraciones de los ciclos cortos es la estación o trece semanas, decidida por la naturaleza, a la que debía atenerse el ciclo productivo de los cereales. Pero como no hay ciclos de duración inferior a las doce semanas, todos los ciclos eran de duración superior a la de una estación. El fenómeno biológico, la estación, era trascendido por las oscilaciones, cuya prevalente composición humana queda así en evidencia. Como son treinta y siete ciclos cortos para casi cincuenta años, entre crecimiento de los precios del trigo y año natural tampoco habría correlación. No es un descubrimiento positivo pero obliga a pensar asimismo en factores distintos al encadenamiento estacional de las cosechas locales como responsables de aquel comportamiento. Si partimos de las premisas que hemos aceptado para deducir comportamientos asociados al ciclo largo, que no tienen por qué ser distintas porque el tiempo durante el que ocurren todos los hechos es el mismo para cualquiera de nuestras abstracciones, podemos aceptar que quienes esperaran el beneficio del ciclo corto espontáneo tendrían más posibilidades si apostaran porque duraría en torno a un año. De no ser así, es probable que en dos años vieran satisfechas sus aspiraciones. Tampoco es necesario reiterar las premisas del análisis precedente para afirmar que el ciclo corto sí quedaría al alcance de los labradores locales porque estaban en condiciones de almacenar el trigo hasta el máximo biológico de dos años. El ciclo corto sería su oportunidad. Su volumen de producción les permitiría adquirir ventaja en el mercado local cuanto más se prolongara el ciclo, y adquirir ventaja en esa duración con ese alcance no incluiría la necesidad de invertir en transporte.
Los ciclos marcados por el alza, que son los ciclos en los que dura más el incremento que la caída, son dos tercios. La duración de los incrementos en condiciones de prevalencia del crecimiento positivo es sin embargo muy abierta, y lo mismo ocurre con la duración de sus correspondientes caídas. Los ciclos marcados por el descenso, que son aquellos en los que dura más la fase de caída que el incremento, suman el otro tercio. Es suficiente para reconocer inmediatamente que la duración de la caída cuando domina la caída responde a una gama de duraciones más restringida y que también ocurre lo mismo con la duración del incremento cuando domina la caída. La tensión a favor del alza domina, y lo que es más importante, las duraciones de los incrementos positivos se prolongan mucho más que las caídas. El resultado de esta experiencia es lo que podríamos llamar el ciclo corto tipo. Para cualquier unidad de tiempo, las posibilidades de que el precio se incremente son el doble que las de que disminuya, y el tiempo durante el que se puede disfrutar de las condiciones al alza se prolonga casi una quinta parte más. Sin embargo, la proporción de semanas de subida es 58.9, mientras que la de semanas de bajada es 41.1, un resultado que no es del todo sorprendente.
Los máximos de primavera son los más frecuentes, un tercio. En primavera se encontrarían las mayores oportunidades. Los de otoño son algo menos probables, poco más de un cuarto, y los de invierno tampoco quedan muy lejos, son un cuarto. Sin embargo, los máximos de verano son solo un décimo. Así pues, la estación parece bastante indiferente al máximo, excepto cuando se trata del verano, que raramente lo permite. En cuanto a los mínimos, los de primavera y los de verano, cada uno de los cuales son poco más de un tercio, contrastan con los de invierno, que son casi una quinta parte, y mucho más con los de otoño, que son menos de la décima parte. Luego los mínimos son más probables en primavera y verano, raramente ocurrirían en invierno y mucho menos en otoño. Luego el otoño sería la mejor época para vender.
Hay un buen número de ciclos en los que el factor multiplicador indica que apenas se puede esperar incentivo de su transcurso. Está comprendido entre 1,1 y 1,3. Son la tercera parte. Las expectativas se incrementan razonablemente cuando queda comprendido entre 1,4 y 1,6. Son otra tercera parte. Las expectativas son buenas en los ciclos que desarrollan uno entre 1,7 y 1,9, pero solo son una quinta parte. Las excepcionales son casi únicas. El factor 2 está esperando en dos ciclos, y nada menos que en torno al cuatro, otros dos: uno 3,9 y el extraordinario 4,2.
En el ciclo corto, que era el que quedaba al alcance de los labradores, apenas se podría aspirar a duplicar las ganancias, porque la práctica totalidad de las posibilidades estaban bajo ese techo. Ahora bien, con un almacenamiento local, se podía esperar que la fortuna sonriera alguna vez, en cuyo caso a lo máximo que se podría llegar es a cuadruplicar las ganancias regulares. La verdad es que las expectativas del hecho extraordinario no quedaban demasiado lejos de las semejantes del ciclo largo. Aunque los labradores, restringiéndose a su alcance local, no pudieran aspirar a multiplicar sus inversiones tanto como los grandes comerciantes, con bastante menos riesgo podrían llegar a beneficios no demasiado lejos de los extraordinarios de estos.
El semiciclo o fase semanal
Ni siquiera el deseo de representar los valores semanales a partir de una única cifra debe ser causa para descuidar la atención a los datos brutos, que son el máximo y el mínimo de la cotización que ha tenido el trigo en el transcurso de una semana en el mercado local, tal como la fuente los proporciona, más aún si hemos aceptado que la semana puede ser una parte nada despreciable de la experiencia de los mercados. Desde luego ambas cifras son una síntesis demasiado comprimida de cientos de actuaciones semanales, en las que el comportamiento inmediato de los precios correspondería a la concurrencia del trigo a los mercados según calidades. Aunque no sea fácil saber cómo se graduaba el flujo del trigo a los mercados según este criterio, es posible especular con las posibilidades y aceptar premisas para formarse un juicio. Bajo estas condiciones el relato se podría prolongar extraordinariamente. Para evitarlo por ahora basta reconocer que los cambios que se conocieran durante la semana serían de muy corto alcance. Su efecto, por esa misma razón, sería muy limitado; muy limitado en el tiempo, aunque no en sus efectos, a los que nada le impide ser los más afortunados o los más catastróficos.
Pero habría comportamientos gregarios, para unos y para otros, y para todos a la vez, tal como los garantiza el principio de razón. Bajo esta premisa es posible es posible deducir comportamientos propios de la cantidad menor de tiempo que está a nuestro alcance observar. Como el análisis de máximos y mínimos ya está tenido en cuenta en los ciclos, y tenemos la ventaja de que para la semana no es posible hablar de duraciones, porque el autor de la estadística la designó unidad de tiempo, sino solo de fases y por tanto de amplitudes, o diferencias entre mínimo y máximo habidas en el transcurso de una semana, todo lo que podemos hacer con aquella información es estudiarlas. Si la diferencia es incuestionable, según la estadística, seguro que habría quienes participaban en aquel mercado confiados a las posibilidades de las oscilaciones más cortas.
Las amplitudes bajas, que son las comprendidas entre 0 y 2 reales, son poco frecuentes, quedan por debajo de la décima parte. Pocas posibilidades habría de que el precio del trigo oscilara poco de una semana para la siguiente. Más bien cabría afirmar que no estaba en la naturaleza del precio del trigo permanecer invariable, y que por tanto poco se podrían fiar los agentes a esta posibilidad. Por el contrario, las diferencias comprendidas entre más de 2 y menos de 7 serían las más frecuentes, más de la mitad de las posibles, y cualquiera de los valores que pudiera tomar (2, 3, 4, 5 y 6), enteros o no, tenía unas posibilidades similares. Por tanto, cualquiera podía esperar como hecho más probable que el precio del trigo, a lo largo de una semana, ganara entre dos y siete reales, una diferencia nominal nada despreciable.
Es probable que esta diferencia de cotización dependiera de la calidad del trigo ofertado. No cotizaría igual el de la campaña reciente que el de la anterior. También cotizaría en el mercado inmediato la maduración del grano, visible en las marcas que en él quedaban, y que los corredores del comercio local, al mismo tiempo medidores de las cosechas, exhibían cuando querían incentivar una compraventa al por mayor. Con ellos siempre llevaban una muestra que probaba la granazón que cada cosecha bajo su control había alcanzado. Aunque también cotizaría, y no en el mismo sentido, el trigo apresurado, al que le urgía alcanzar el mercado y saldar costos y deudas. La concurrencia de una oferta tan abierta y tan diversa sería suficiente para ampliar las opciones en una banda que a quienes la tuvieran almacenada les podría recomendar tentar la suerte en esos momentos.
Las amplitudes entre 7 y 8 reales ya verían seriamente reducidas sus posibilidades, poco por encima de la décima parte. Solo los tacticistas empedernidos permanecerían atentos a que surgiera esta oportunidad. Quizás todavía quienes esperaran una oscilación de 9 reales aguardaran, porque aún le podría favorecer en algo más de la vigésima de las semanas, una de cada veinte. La verdad es que no era nada despreciable la posibilidad de acumular casi diez reales por una oferta de grano a poco que se aguardara entre dos y tres semanas a que la oportunidad apareciera. Pero solo los más contumaces tendrían justificado esperar un incremento del precio del trigo entre 10 y 20 reales, máximo observado, dentro de la misma semana. Ninguna de esas posibilidades llegaba ni siquiera a la cuadragésima parte de las posibilidades, algo que solo podría ocurrir una vez en el transcurso de un ciclo agrícola. La posibilidad extrema, que en una semana el precio del trigo conociera una diferencia entre máximo y mínimo de 20 reales, era solo de un 2.5 por mil, algo muy remoto.
Ahora bien, esa oportunidad extrema, sería grandiosa. Estaría al alcance de cualquier ofertante de cualquiera de las clases que concurrieran al mercado del trigo, desde el almacenista hasta el labrador, desde el labrador hasta el más modesto campesino, soñar con ella. Porque acceder al mercado local con los costos de transporte mínimos en las duraciones inmediatas estaba al alcance de todos. Este era el espejismo al que todos estaban expuestos. Cualquiera podría rendirse a él. Para el tiempo inmediato no sería tan importante el valor relativo del incremento como el valor nominal. Incrementar de manera tan rápida los ingresos era hacer frente a toda clase de costos que no oscilaban, ni mucho menos, con idéntica violencia. Los créditos, por ejemplo, se mantenían invariables en el precio del 3 % de interés desde principios de siglo. El enriquecimiento rápido y coyuntural, por un medio tan sencillo, acechaba cada semana, y en cualquier momento podía agraciar a alguien.
Las posibilidades especulativas eran múltiples, en el ciclo largo, en el corto o cada semana. Todos, cualquiera que fuese el tamaño de su cosecha o de su reserva, podían arriesgar apostando por la ganancia sirviéndose de la duración que quisieran, porque cualquiera de ellas les podían dar satisfacciones. Es verdad que no todas del mismo alcance ni de iguales rendimientos. Tampoco las posibilidades de las ofertas eran las mismas para todos. Tales son al menos una parte de los comportamientos mercantiles regulares que la observación directa de los cambios espontáneos del valor del trigo permite inducir.
Historiografía metafísica
Publicado: noviembre 24, 2017 Archivado en: P. Martín Vázquez | Tags: historiografía Deja un comentarioP. Martín Vázquez
El alcance que como vía de conocimiento Arthur Schopenhauer reconoció a lo que en su tiempo se llamaba historia osciló. Entre la primera y la segunda edición de su obra mayor, El mundo como voluntad y representación, un lapso comprendido entre 1819 y 1844, pasó de especular con que fuera una ciencia a negarlo, a reducirla a la condición de saber y a convertirla en el principio de la razón colectiva. Él mismo hizo el balance de la evolución de su pensamiento. “Recapitulando -dice en 1844-, hemos reconocido que la historia, considerada como medio para conocer la esencia de la humanidad, es inferior a la poesía, para luego constatar que tampoco es una ciencia en sentido estricto y, por último, que el empeño por construirla como una totalidad con principio, intermedio y final, junto a una conexión llena de sentido, descansa sobre un malentendido. Así las cosas, parecería que queremos despojarla de todo valor propio, si no mostráramos en qué consiste el suyo. Sin embargo, una vez superada por el arte y apartada de la ciencia, le queda un dominio muy distinto de ambos y enteramente peculiar, en el que se mantiene con todos los honores.” Y sentencia: “Lo que la razón es al individuo es la historia al género humano” (II, complementos III, cap. 38).
Quizás no fuera una salida demasiado feliz a un problema que él mismo había examinado con tanto detenimiento. No es fácil defender una razón para el imposible ser llamado género humano. Pero sí son valiosas muchas de sus reflexiones. Si nos servimos de sus ideas sobre los géneros creativos, así como de otras piezas de su sistema, es posible llevar sus propuestas más allá de unas especulaciones cuyo balance se reduce a una transacción. Nada hay que obligue a buscarles una salida, ni el propio Schopenhauer se la propuso, ni en esta ni en cualquiera de sus investigaciones. Pero basta con servirse de su sagacidad y de su lucidez para colocar la historiografía en un lugar que al menos sea más satisfactorio que el devaluado al que se ve reducida ahora.
Apartada de la ciencia
Según Schopenhauer, cualquier ciencia es un sistema de verdades universales abstractas, leyes y reglas respecto de su objeto. Se compone con el principio de razón como órgano y con su objeto particular como problema. Bajo estas condiciones, está al alcance de la historia ensayar la posibilidad de convertirse en ciencia. Basta con que se atenga con disciplina a los hechos humanos como problema y utilice como órgano la ley de la motivación.
En busca de su objeto la historia rastrea el hilo de los acontecimientos. Los acontecimientos son letras a partir de las cuales leer la idea del hombre. Los hechos humanos, los acontecimientos, el cambio, etc., son la azarosa forma del fenómeno de la idea, que es cada nivel de objetivación de la voluntad en la medida en que la voluntad es cosa en sí, no mero fenómeno sujeto a los apriorismos a partir de los cuales actúa el principio de razón (tiempo, espacio y causalidad). En los acontecimientos solo es estable y esencial a la idea la voluntad de vivir, que se muestra en las propiedades, pasiones, errores y méritos humanos.
La ley de motivación es su órgano porque el motivo es la causalidad tamizada por el entendimiento o percepción de los fenómenos. Solo el fenómeno de la voluntad está determinado por la motivación. La voluntad se hace visible ante los motivos. Prometen continuamente con una satisfacción que la apague, y en cuanto se alcanza reaparecen bajo otra forma. Los motivos determinan la expresión de la voluntad en cada momento, lo que se quiere en cada momento.
La historia es pragmática en la medida que deduce los acontecimientos según las leyes de la motivación, que determinan la ley de la voluntad que se manifiesta donde es iluminada por el conocimiento. Por eso puede ser una ciencia. Si los hechos humanos son la azarosa forma del fenómeno de la idea, el conocimiento de la idea a través de ellos, por ser fenómenos, está sujeto a los apriorismos a partir de los cuales actúa el principio de razón (tiempo, espacio y causalidad). Es verdad que la posibilidad de explicar la cosa en sí, el dominio de la metafísica que hace único al ser humano, queda al margen del principio de razón y que las explicaciones a partir del principio de razón son relativas, dejan sin explicar lo que se presupone; en el caso de la historia, “el género humano y todas sus singularidades relativas al pensar o al querer” (I, I, 15). Lo que no niega la posibilidad de ciencia. De los fenómenos se deducen conceptos y con estos se construyen las demostraciones racionales, y tampoco está al alcance de ninguna de las ciencias llegar hasta la idea.
Pero las ciencias se clasifican según que sus principios universales tiendan a la subordinación o a la coordinación, de modo que unas seducen más al discernimiento y las otras a la memoria. A la historia le está negada la subordinación porque para ella lo universal es “la panorámica de los periodos principales” (I, I, 14). A partir de estos no es posible deducir lo que ocurrirá en particular, porque los hechos solo están subordinados a los periodos según el tiempo y coordinados de acuerdo al concepto. Los asuntos históricos no tienen ninguna ventaja sobre los de la mera posibilidad. Lo significativo de estos no es lo individual, sino lo universal, la idea de la humanidad que se expresa por ellos. Las posibilidades que la historiografía tiene de dar origen a una ciencia están pues limitadas a causa de su objeto.
Superada por el arte
Solo el arte es el tipo de conocimiento que examina las ideas. El arte reproduce las ideas eternas capturadas a través de la contemplación pura. Es la contemplación de las cosas independientemente del principio de razón. Se opone al examen al que lleva la experiencia y la ciencia. Saca del curso del mundo el objeto singular que contempla, en el que ve el todo, y se detiene ante él. Así para la rueda del tiempo y hace que desaparezcan las relaciones causales. Mas la creación solo se ve fecundada por el mundo y la vida mismos, la impronta de lo intuitivo.
El objeto del arte es una idea, el fin de todo arte es comunicar la idea captada. La comunicación de la idea es la obra de arte. El material con que la reproduzca depende del género. El que llega más lejos es la música, que es trasunto de la voluntad misma. En ella la melodía, que con agudas notas altas dirige el conjunto, narra la historia de la voluntad iluminada por la reflexión.
En el arte escrito la palabra, que es lo inmediato, es el concepto, obra de la razón, y la palabra lleva desde el concepto a lo intuitivo, que es la idea, cuya representación se confía a la fantasía del lector porque los objetos reales son casi siempre ejemplares deficientes de las ideas. De ahí que sea necesaria la mediación de la fantasía, para suplir esa carencia con lo que la naturaleza no ha podido completar. Eso aproxima la creación a la locura, porque en la locura la fantasía es la encargada de suplantar los intervalos de demencia o pérdida de memoria.
A recorrer el trecho que media entre la abstracción o concepto y la intuición ayuda toda clase de tropos. Sus posibilidades son inagotables porque se conceden la licencia del uso de las reglas de la lengua. El cinismo, por ejemplo, aun sin estar reconocido como tropo, puede ser un recurso retórico de valor semejante a la ironía. Quien lo utiliza lo hace en beneficio de lo que intuye. En cuanto al ritmo, en el texto trasciende su elaboración porque “nuestras fuerzas representativas tienen la peculiaridad de hallarse esencialmente vinculadas al tiempo y en virtud de dicha peculiaridad seguimos interiormente todo ruido que se repita con regularidad” (I, III, 51, 287). Gracias al ritmo, queda al alcance del texto la historia de la voluntad, que de otra manera quedaría reservada a la música.
La poesía es la encargada, en competencia con la historia, de presentar la idea de humanidad. En los géneros de poesía más objetivos la revelación de la idea de humanidad se consigue mediante la presentación de caracteres significativos o por la invención de situaciones sintomáticas. Todo lo que conmueve el corazón humano, lo que incita al hombre, lo que anida e incuba en su pecho, es el material del poeta, el hombre universal. El estado poético libera del querer y adentra en el puro conocer. Sujeto del conocer y sujeto del querer se identifican.
El drama es el género de poesía más objetivo, más perfecto y más difícil. La tragedia, cima del arte poético, presenta un gran infortunio, siempre disenso de voluntades, por obra de la extraordinaria maldad, del ciego destino o por las relaciones que obligan a los hombres a enfrentarse. Esta última forma se desprende de los caracteres humanos.
Mientras tanto la historia, encargada, en competencia con la poesía, de presentar la idea de humanidad, solo proporciona datos empíricos del comportamiento humano, lo que permite extraer reglas de conducta antes que sondear la esencia del hombre. En la historia el azar raramente propicia la presentación de caracteres significativos que permitan revelar la idea de humanidad. “La historia es a la poesía lo que el retrato a la pintura histórica; la historia ofrece lo verdadero en particular y la poesía en general”. Una larga comparación entre ambos géneros (I, III, 51, 288-293) permite negarle a la historia idénticas posibilidades. La historia pues tampoco entra en el campo del arte.
Revisión del objeto: la moral, la injusticia y el derecho
La voluntad en sí es absolutamente libre y no hay ninguna ley para ella, si bien la libertad es la mera negación de la necesidad, porque necesidad es la consecuencia obligada de un fundamento o causa dada. Los niveles de objetivación de la voluntad son las ideas, en el objeto se conoce la idea, y para conocer la idea en el objeto la consideración del objeto debe descansar sobre el objeto mismo.
El conocimiento, sea intuitivo o racional, tiene su origen en la voluntad, a cuyo servicio actúa. El conocimiento es el medio en el que residen los motivos y la eficacia de los motivos requiere que sean conocidos. El conocimiento de las ideas es necesariamente intuitivo, no abstracto, y puede emanciparse y liberarse del querer. El tránsito desde el conocimiento común al conocimiento de la idea ocurre cuando se emancipa el conocimiento del servicio a la voluntad. El sujeto deja de ser sujeto individual y queda absorto en la contemplación del objeto al margen de su conexión con otros. Para ello todo el poder del espíritu debe consagrarse a la intuición. Afirmación y negación de la vida, que es la voluntad misma, proceden del conocimiento vital, que se expresa por los hechos y la conducta.
La voluntad es lo primero y el conocimiento un instrumento suyo, y en el conocer el carácter encuentra todos sus motivos. Gracias al influjo del conocimiento sobre el obrar se desarrolla el carácter, que es la manifestación inmediata de la voluntad. Representa la voluntad en los niveles más altos de objetivación. El carácter inteligible, o abstracción de la forma temporal del carácter empírico, coincide con la idea o con el acto originario de la voluntad.
Además del carácter inteligible y el carácter empírico existe el carácter adquirido, por cuya mediación se dice que un hombre tiene o no carácter. Se adquiere a lo largo de la vida por el trato con el mundo. Es el conocimiento más exacto de la individualidad propia, de las posibilidades inalterables del carácter empírico propio. “Cada acción individual se sigue con la más estricta necesidad del efecto del motivo sobre el carácter” (I, II, 23). Al carácter, que en cada hombre representa una idea distinta, van aproximándose cada una con sus medios las expresiones artísticas.
La decisión electiva del hombre es la posibilidad de un conflicto entre motivos que toman la forma de pensamientos abstractos. Aunque la voluntad en sí misma y al margen de todo fenómeno es libre y omnipotente, en sus fenómenos individuales iluminados por el conocimiento se ve determinada por motivos frente a los cuales el carácter siempre reacciona del mismo modo. Como el conocimiento es variable, el modo de obrar de un hombre puede modificarse, aunque no se modifique su carácter. Solo puede actuarse sobre la voluntad mediante motivos, aunque no la modifiquen. Dado que la voluntad, en cuanto cosa en sí, está fuera del tiempo y de toda forma del principio de razón, el individuo ha de obrar siempre del mismo modo en iguales circunstancias, y si se conocieran exhaustivamente el carácter empírico y los motivos la conducta del hombre se podría calcular.
La injusticia y el derecho son meras determinaciones morales. No tienen validez para considerar el obrar humano en cuanto tal. Casi nunca podemos enjuiciar correctamente la moralidad del comportamiento ajeno y raramente nuestros propios hechos. La moral genuina nace del conocimiento intuitivo. Es el comportamiento no egoísta o conocimiento emancipado del querer. La auténtica bondad, que es compasión, proviene de un conocimiento inmediato e intuitivo que encuentra su expresión en los hechos, no en las palabras. El significado puramente moral es el único que tienen lo justo y lo injusto para los hombres en cuanto hombres, no en cuanto ciudadanos de un estado. Es lo que se ha llamado derecho natural, que sería más adecuado llamar derecho moral.
Cualquiera que haya hurgado en la historia del pasado reconocerá que este mundo humano es el reino del azar y del error, alentados por la maldad y la necedad. A ello se debe que lo malvado y lo pérfido afirmen su dominio en los hechos. Canibalismo, asesinato, mutilación, esclavitud y atentar contra la propiedad fruto del trabajo son grados descendentes de la injusticia, o imposición de una voluntad individual sobre otra. La razón reconoce que para disminuir el sufrimiento de la injusticia lo mejor es que todos renuncien a conseguir por el obrar injusto. Esto es el contrato social o la ley. Este es el origen del estado, que puede ser más o menos perfecto.
Cuando la legislación está determinada por la teoría de lo justo y lo injusto es un auténtico derecho positivo y el estado una lícita institución moral. De lo contrario, la legislación positiva es una injusticia positiva. Así el despotismo, la esclavitud o la servidumbre.
Revisión del medio: el género historiográfico
Si lo significativo de los asuntos de la mera posibilidad no es lo individual sino lo universal, la idea de la humanidad que se expresa por ellos; y los asuntos históricos se equiparan en ventajas a los de la mera posibilidad, queda al alcance de los asuntos históricos deducir lo significativo, lo universal, la idea de la humanidad que se expresa en ellos.
Historia y poesía compiten en el encargo de presentar la idea de humanidad. La esencia del hombre no es inaccesible desde la historia. A menudo la esencia del hombre se hace patente en la historia siempre que esta se examine con ojos artísticos o poéticos, es decir, siempre que se intente captar la idea y no el fenómeno, la esencia y no las relaciones. De ese parentesco entre historia y poesía (I, III, 51, 288-293) proviene “que los grandes historiadores de la antigüedad sean poetas en los detalles cuando les faltan los datos, como por ejemplo en el discurso de sus héroes. Toda su manera de tratar los materiales históricos se aproxima a lo épico, pero esto da unidad a sus crónicas y les permite conservar la verdad interna incluso allí donde la verdad externa les era inaccesible o estaba falsificada”. (I, III, 51, 290).
En historia, que solo existe como historiografía, no se trata de perseguir el hilo de los fenómenos en el tiempo, sino de indagar el significado ético de las acciones. Seguramente la épica, con la rigidez de sus valores, no se considere ahora entre los mejores medios de expresión. Para alcanzar resultados comparables, basta incorporarse a la caudalosa corriente abierta por el género narrativo contemporáneo, del que espontáneamente, por su naturaleza, forma parte la historiografía. Nada le impide al texto de historia la invención de situaciones sintomáticas, tal como hacen los géneros de poesía más objetivos cuando se trata de revelar la idea de humanidad. Sería necesario disciplinar la fantasía, que no puede salirse de los hechos ni incluir la falsedad o la mentira. Puede encontrar su territorio natural en la conjetura, a la que si se da rienda suelta lleva por vía de intuición hasta la idea.
La historiografía, si renuncia a ser una ciencia de la historia, solo pierde peso. Es una ventaja que de antemano puede contar en su favor con que la expresión escrita, que es su medio natural, es ya y por completo razón.
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