Las tácticas del almacenamiento

Redacción

El trigo atesorado tendía a retraerse de la circulación y refugiarse en lugares oscuros y apartados, como los delincuentes a los que la justicia acosa.

Un lugar para guardarlo que contaba a su favor con una fácil coartada era el horno donde el pan se fabricaba. A ella recurrían con naturalidad los panaderos, y lo mismo hacían las personas no vinculadas al oficio pero necesitadas de su trabajo. Los que se encubrían con esta apariencia descargaban mancomunadamente la responsabilidad de su almacenamiento sobre aquel personaje si con él habían quedado comprometidos. El lazo que los unía era denominado obligación, como tantos otros compromisos que hoy podríamos llamar contratos. De la descripción que de él hacen se deduce que consistía en que una persona, habitualmente con cargo de familia, había depositado en manos de un panadero cierta cantidad de trigo, a cambio de la cual este quedaba sujeto a entregarle diariamente una cantidad regular de sus elaboraciones.

Así actuaron cuatro hombres, que hicieron su registro en el mismo documento, o en reciprocidad un panadero que mantenía una gran cantidad de trigo apartada de la circulación. Convencido de que aquellas menciones hablaban a su favor, apeló a familias de la ciudad entre las que figuraban la de un administrador de rentas provinciales, nada menos que responsable directo del sistema fiscal del momento, las de tres hombres del comercio, la de un tesorero del registro, la del regente de la audiencia, que debía celar por la justicia, la del juez de marina, la de una señora fatalmente viuda, así como la casa en la que convivían ciertas damas, sobre cuyos vínculos el documento guardó un decoroso silencio. En total, identificó veintisiete cabezas de familia que lo habían elegido para dar cobertura a su almacén de trigo. Las menciones más sorprendentes coincidían con cantidades elevadas, por encima del acopio común. Así ocurría con los cargos de la administración o, sobre todo, con los hombres del comercio, quienes difícilmente, dados aquellos tamaños del acopio, podían ocultar que en su caso había algo más que necesidad de asegurar el consumo del hogar.

La ramificación de esta forma de almacenamiento que tal vez sea de mayor interés la alentaba el comercio del grano. Valiéndose de las obligaciones que tenían contraídas, algunos panaderos que tenían a su cargo un horno justificaban su declaración de contratos porque estaban a la espera de recibir grandes cantidades de trigo, por ejemplo 2.000 unidades de capacidad, compradas fuera de la región.

Algunos vecinos de la capital recurrían a declarar que sus almacenes los mantenían en determinadas poblaciones, tan alejadas de ella que a su registro le sería imposible verificarlo. Probablemente por eso se les permitía afirmar además que allí ya había sido registrado. En otros casos, desviar el trigo a lugares alejados se justificaba por razones comerciales, porque se tuviera previsto venderlo en el lugar identificado. También podía ser consecuencia de la posición favorable que permitía la actividad de quien almacenaba. Un vecino de la capital guardaba su trigo en el palacio del señor de un lugar próximo, a medio camino entre las casas de la ciudad y las edificaciones rurales, porque era el administrador de aquel estado.

Para hacer más eficaz el almacenamiento, repartir el trigo entre distintos depósitos podía ser una buena táctica. De esta manera se complicaba el control que cualquier autoridad pudiera intentar sobre él. No debía ser nada condenable, porque había declarantes que lo afirmaban sin el menor ánimo de disimulo. En más de una ocasión quienes afirmaron actuar de este modo eran regidores de la capital, titulados caballeros veinticuatros. Supuesto que el patriciado, por razón de prudencia, se vería en la obligación de actuar en el momento crítico con la mayor integridad, es legítimo suponer que a través de los casos que revelan diversificación de almacenes estamos observando un comportamiento más generalizado.

Uno de los veinticuatros dividió su patrimonio en tres fracciones. Las dos más importantes, que juntas componían casi la totalidad del grano de que disponía, las repartió entre el cortijo que labraba en un término próximo y la hacienda que tenía en otro aún más cercano, a razón de dos tercios para el primer depósito y un tercio para el segundo. El resto, casi dos centésimas partes del total, lo guardaba en su casa. El otro veinticuatro guardaba en el cortijo que labraba, también localizado en un término próximo, algo menos de una cuarta parte de su inversión en trigo, mientras que las otras tres cuartas partes las mantenía custodiadas en la alhóndiga de la capital, en los graneros del monte de piedad.

El tamaño y la relación proporcional de las cantidades descritas permiten deducir que el trigo almacenado en casa estaba destinado al consumo familiar, tal como se hacía en otros casos, mientras que los almacenes rurales cumplirían con la función de poner a buen recaudo el grueso del capital en grano. Algo distinto parece el recurso a la institución de la alhóndiga. Si hemos de juzgar por la expresión que utiliza el autor de la declaración, parece que la abierta en la capital, en 1750, simultaneaba la función que le era propia, de mercado franco del trigo, con el de institución de crédito de grano mediante hipoteca de bienes, característica que era propia de los pósitos. Es probable que en la capital, para hacer más eficaz la política de granos en el estado de crisis, la autoridad hubiera preferido unificar las dos instituciones. Aunque pueda parecer censurable que el veinticuatro aprovechara en beneficio propio almacenes públicos, la desviación de una parte del ahorro hacia la alhóndiga indica voluntad de comercialización ateniéndose a los cauces regulares del comercio, quizás aspirando a ser estímulo para que otros tomaran iniciativas similares.

Sobre el almacenamiento en la alhóndiga es posible precisar más. Otro declarante afirmó que en su casa guardaba algo más de las tres cuartas partes del trigo que poseía, mientras que la otra cuarta parte estaba en el pósito de la alhóndiga. Con excelente criterio, comenta además que esta porción, a su vez, era el resto de una cantidad que el teniente mayor del municipio le había pedido. Aquel resto, con toda probabilidad porque así lo habría decidido él mismo, había quedado allí con la condición de que fuera reembolsada en trigo semental cuando llegara el momento de la siembra siguiente.

Parece que la alhóndiga, bien para atender las necesidades de venta en los momentos de mayor caída de la oferta bien para cubrir los servicios que se esperaban de los pósitos, de menor demanda en una población con escasa dedicación a la agricultura, se servía del ahorro privado en trigo. La devolución de patrimonio que así tomaba la iría efectuando la institución según acuerdo entre las partes, en el que seguro incluirían en concepto de intereses algunas ventajas materiales para el dador, como recibir trigo apto para la siembra. No habría en esta diversificación del almacenamiento más que una estimable dosis de buena voluntad, o a lo sumo una posición política que obligaba a actuar de este modo.

En otros casos la diversificación se extiende, no solo en el sentido horizontal, sino también en el vertical. Un hombre que labraba un cortijo en una población cercana guardaba en grano y en harina. Tres cuartas partes del patrimonio en grano lo custodiaba en sus propios almacenes, que estaban en la capital, en el sitio de la Pajería, mientras que en el cortijo mantenía la otra cuarta parte. Al tiempo, también en el cortijo, conservaba una cantidad de harina aproximadamente similar al grano allí depositado, medida en unidades de capacidad. Este comportamiento apunta en dirección a la apertura de un frente para la captación de demanda, el trigo que fluía a la primera población regional. Que la parte transformada en harina se mantuviera en el cortijo indica que lo que allí permanecía almacenado tal vez estuviera destinado al consumo interno de la explotación.

Algunos labradores dijeron servirse de los graneros de un monasterio, más allá de una de las puertas de la ciudad, o del granero del que disponía una hermandad de caridad, que estaba junto a su casa. Acogerse a una institución piadosa para almacenar trigo podía ser algo más rutinario de lo que estos casos aparentan. También eran fundaciones de este tipo las que habitualmente cargaban con el crédito común. El almacén de trigo de una institución piadosa podía proporcionar una cobertura similar, aunque en este caso no se hubiera consolidado un medio legal, equiparable al censo consignativo, que permitiera encubrir la forma de proceder. Pero el efecto sería idéntico. La institución piadosa almacenaba para hacer frente a sus fines, y el almacén de la institución relevaba de la responsabilidad de la ocultación al grano que a ella se acogiera, como apartaba del censo consignativo la pesada carga de la acusación de usura.

Podemos asegurar también que el trigo, en las situaciones de crisis, completaba el servicio que de él se esperaba cambiando de almacén. Aparte los efectos que pudiera tener para la exactitud de los registros, el movimiento era una fase de la acumulación que aproximaba a la satisfacción de los deseos que llevaran a tomar la decisión de guardar. Con el movimiento se buscaba el mejor mercado posible. Las noventa y ocho unidades de trigo que tenía un hombre que explotaba un pegujal habían sido compradas, por mano de un intermediario, vecino de una población próxima y panadero que amasaba el pan a ciertos ganaderos, a un vecino de otra inmediata.

Una variante del almacenamiento doméstico, que no carece de interés, era la desviación del almacén propio a la casa de otro. La razón que aconsejaba actuar así no se deduce con certeza del análisis comparativo de los casos en los que esto ocurría, pero en ocasiones se descubre que mediaban vínculos que facilitaban su formación. Siempre eran lazos de parentesco los que podrían explicar la decisión, como la de aquel boticario que almacenaba en las casas de su suegro, que vivía en su mismo barrio, o la de aquel hombre que guardaba en el mismo lugar que su hermano. Además, había quien elegía la casa de otro para almacenar mencionando sitios con nombre propio, lo que tal vez esté indicando que la derivación buscaba localizar el almacén en la periferia de la ciudad; mientras que un hombre del comercio dijo que el trigo que poseía lo pasó del almacén que tenía en las inmediaciones del río a un convento de monjas próximo, donde profesaba una hija, a la que por su pobreza aún mantenía. No parece que correspondan a las coartadas las tiendas y los puestos, donde también se almacenaba. Un hombre con tienda de semillería y puesto de cebada que guardaba en este, así como el que lo hacía en su casa estanco del tabaco, no disponían de cantidades más allá de las que necesitaban para surtir sus ventas al por menor.

Pero todavía es posible avanzar más en el conocimiento de los recursos de los que se nutría la ocultación observando cómo se actuaba cuando el almacén se había localizado en el campo. Cuando sus guardianes menos avisados eran sorprendidos con trigo, y a la vez se resistían a declararlo, recurrían a un argumento tan previsible como el de la llave. Lo exponían de una manera tan indefinida como ingenua, comparable a la justificación que de las travesuras hacen los niños. En tres ocasiones los interrogados afirmaron que la llave del cuarto, granero o soberado que estaba cerrado la tenía el amo de la explotación, que no estaba presente. En dos de ellas, en el transcurso de la declaración, los interrogados terminaron admitiendo que en las dependencias a su cuidado había trigo, pero que no les era posible averiguar la cantidad por la misma razón. Tal acceso de sinceridad, emergencia de una punta de reflexión sobre la ridiculez del argumento, haría manifiesto el deseo de eludir responsabilidades personales.

En otros casos, a la vez que no se resignaban a reconocer su ingenuidad, los declarantes pretendían dar solidez al argumento tomando distancia, cuanta más mejor, incluso concediéndose la confesión abierta de que en las dependencias cerradas había trigo. Mientras que un responsable de su custodia decía que las llaves de los graneros donde estaba guardado las tenía un padre de uno de los colegios jesuitas de la capital, a cuyo cargo estaba la explotación, y que en aquel momento se encontraba en ella, otro explicó que el granero estaba cerrado y la llave la tenía el mayordomo del dueño, quien estaba en Extremadura cumpliendo con sus obligaciones.

Lo sorprendente es que bastara esto para no seguir adelante y el registro quedara suspenso. Como en ningún caso se utiliza un argumento distinto al de la llave, habrá que pensar que las tácticas aplicadas al retraimiento de la circulación del grano eran igualmente elementales, tanto como elegir dependencias con puertas provistas de cerradura, echar la llave y hacerla desaparecer. Evaluada la escasa entidad del argumento, más bien habrá que deducir que la tolerancia encubría la elemental táctica de la ocultación, alimentada por hábito con subterfugios y mentiras groseras.

Los titulares de derechos sobre el diezmo tenían su propia red de dispersión del trigo. Utilizaban las cillas como almacén un hombre de actividad indeterminada, que guardaba en la que el cabildo catedralicio tenía en una población en plena campiña, donde recogía el pan terciado de los diezmos; el mayordomo de la fábrica de una parroquia de la capital, que mantenía en poder del arrendador del diezmo de pan de la collación lo que le tocó a la fábrica en el reparto de 1749, y al declarante como percepción por ser mayordomo; y un contador de la real caja de subsidio, quien, de las sesenta fanegas, siete almudes y dos cuartillos de trigo que tenía, veinticinco fanegas las guardaba en las casas donde vivía, otras veinticinco, siete almudes y dos cuartillos las tenía en poder de un presbítero, arrendador de la renta de pan de otra de las collaciones para el año de 1749 y otras diez fanegas en poder del arrendador de la renta de pan de cierta población en el año 1748.

El cabildo además poseía el granero de la santa iglesia o cilla central, donde una viuda, a cuyo cargo estaba la mayordomía de la mesa capitular, guardaba lo que le había tocado a su hijuela de pan en el año en curso, mientras que lo que le correspondió en la concordia de otra población de la campiña lo mantenía en poder de quien la administraba.

El pan podrido

Redacción

1. Una población a mediados de 1750 había comprado por su cuenta, aunque a expensas del caudal cedido por el rey del importe de sus rentas, mil fanegas de trigo ultramarino para hacer frente a las necesidades que provocara el hundimiento de la producción de los cereales aquel año.

El 11 de septiembre de 1750, en la reunión de su ayuntamiento, uno de sus regidores informó que el cereal, tal como se había decidido en su momento, estaba encamarado en los graneros del pósito. No obstante haberlo movido y apaleado muchas veces, para preservarlo de corrupción, y haber ido a repetir esta operación un par de días antes, el 9, había advertido que comenzaba a calentarse y a criar algún gorgojo, por lo que inmediatamente había ordenado que la mitad del trigo se moviera y se mudara a otro granero. Aligerado de este modo, con los frecuentes apaleos que se le daban, creía posible que se mantuviera.

El ayuntamiento decidió que se siguiera apaleando, así como convocar a cabildo para el lunes siguiente, día 14, con esta justificación. La necesidad de los naturales de la población era tan urgente y notoria, y, como el caudal del pósito era y debía ser para el beneficio común, debía conferirse sobre si sería conveniente distribuir entre los necesitados parte de este trigo en pan amasado.

Cuando el ayuntamiento se reunió el día 14 el orden del día había sido ampliado. Eran dos los asuntos a tratar, el socorro a los pobres mendigos naturales de la población y las mil fanegas de trigo ultramarino que habían comprado y habían empezado a calentarse. El acuerdo al que se llegó sobre lo segundo tenía consecuencias para lo primero, la política de pobres que se estaba aplicando. Se dijo que en aquel momento era superior la necesidad que había en el común de los pobres de la población, cuyo número había aumentado en pocos días a consecuencia de las órdenes que en esta materia había dado la junta de granos del reino, para que cada pueblo mantuviera los que hubieran nacido en él. Para su socorro no alcanzaba, aun en poca cantidad, la limosna que diariamente recogían, pidiéndola todos los días de puerta en puerta, por más que las personas caritativas quisieran ampliarla en aquella situación con esfuerzos superiores a los que hacían en otros tiempos.

El gobierno de la población, para hacer frente a tan importante materia, había propuesto a la junta del reino, como medios para hacer efectiva la limosna que se necesitaba, la imposición de arbitrios sobre frutos y otros géneros, así como el arrendamiento de algunas tierras baldías. Pero no había sido admitida por la junta la imposición de los arbitrios, aunque había permitido el arrendamiento de tierras, que se había intentado bajo las formalidades previstas por la junta, pero que hasta el momento había sido imposible porque no había postor para ellas.

De esto resultaba, no solo el irreparable perjuicio que padecía la multitud de pobres por falta de socorro, sino el gravísimo daño de que muchos, forzados por su necesidad, en los campos término del municipio, atropellaban ganados y ganaderos y habían cometido diferentes excesos criminales, que habían puesto en el mayor cuidado al gobierno municipal y sus justicias. Todas estas circunstancias, por ser dignas de la mayor atención y pedir rápidamente soluciones, habían recomendado al gobierno de la población buscar otras salidas.

Parecía la más oportuna servirse del caudal del pósito, puesto que era propio del común, lo que podía hacerse sin perjuicio de la sementera inmediata, teniendo en cuenta que estaban almacenadas y compradas aproximadamente mil fanegas de trigo ultramarino. Inmediatamente podían servir para hacer frente a la necesidad de que se trataba. Se podrían repartir a los pobres en pan cocido, según un plan de reparto diario.

Para su satisfactoria ejecución sería necesario prever la reposición de las mil fanegas. Para ello, bastaría servirse de las creces del pósito, tarifa de sus créditos en grano que igualmente era obligado liquidar en la misma especie. Serían suficientes las de un año, y esa cantidad sería reservada para venderla en la siguiente sementera. Los ingresos que así se obtuvieran se podrían después aplicar a satisfacer la deuda que se había contraído en su momento con la hacienda real, la que había proporcionado la masa monetaria que en junio se había invertido en la compra del trigo ultramarino.

A la asamblea de gobierno de la población le pareció conveniente consultar a la autoridad regional sobre este plan, adjuntándole testimonio del acuerdo que se había tomado, otro de que el municipio no usaba arbitrio alguno, más un tercero que acreditara la existencia de aquel trigo. Con estos informes, al que aún se añadiría otro del caudal del que disponía el pósito, que también habría de certificarse, haciendo uso de las facultades que le habían sido concedidas por la corona para hacer frente a las necesidades que en aquel momento tenía la región, teniendo por oportuno este providencial acuerdo, podría hacer uso de su autoridad en lo que creyera viable. Acordaron que por el correo inmediato, por medio del propio corregidor, cuya conducta era fiel a la de quien en aquel momento personifica la autoridad regional, fuera ejecutada la decisión antecedente.

2. El 28 siguiente, el ayuntamiento, a través de uno de sus regidores, que había sido nombrado como diputado para el beneficio del trigo ultramarino, tuvo de nuevo noticias sobre el estado del grano. No obstante su continua atención, gracias a la cual cada tres días estaba siendo objeto de grandes apaleos, con grandes costas y gastos, se reconocía en él quebranto y deterioro, que llegarían a lo sumo si el gobierno local en breve no tomaba alguna decisión para que se dispusiera de él.

Pocos días después, el 2 de octubre, fue el medidor público de granos quien informó al ayuntamiento que aquel grano necesitaba ser vendido inmediatamente, porque había empezado a picarse y su daño continuaba, aunque estaba apaleándose diariamente. Como se estaba vendiendo otro en la población con alguna merma, porque estaba húmedo, a 36 reales la fanega, compensando la merma que podía tener el de propiedad pública, que se encontraba completamente seco, por lo picado que estaba, también podría venderse en aquel momento a 36 reales. Si no se vendiera inmediatamente, tanto el daño como la pérdida podrían ser mucho mayores.

A consecuencia de tan alarmante informe, aquel mismo día el ayuntamiento acordó la venta de sus mil fanegas de trigo ultramarino a 36 reales, a pesar de que su adquisición había obligado a un desembolso de cerca de 42.000 reales. Aunque se habían adquirido a 37, acumularon un costo unitario de 40.44, y para resarcirse de todo el gasto incluso hubo un momento en que se pretendió venderlas a 42. Ahora reconocían que, en caso de venderse al precio que le correspondía, se seguiría un grave perjuicio al común, porque como consecuencia el pan elaborado con aquel trigo tendría que venderse a un precio más alto que el que tenía en aquel momento en el mercado local. Para que la venta no se demorara, fueron facultados por el gobierno de la ciudad dos regidores, a quienes se les autorizó a ejecutar lo que creyeran conveniente para que el trigo ultramarino fuera pronto despachado. El déficit que de esta operación iba a resultar para los haberes reales se absorbería con la venta de las mil fanegas de trigo que se ingresaran gracias a las creces del pósito. Según informaba el corregidor, que estaba en la capital tratando el asunto con la máxima autoridad territorial, ocupados ambos en el alivio de la región por orden del rey, se facilitaría esta venta para con su importe restituir los ingresos de la corona.

3. De cómo fueron ejecutadas estas decisiones no tenemos datos, pero el 3 de junio siguiente, ya año 1751, el alcalde mayor, en ejercicio de corregidor, porque aún estaba ausente el titular, formalizó por escrito una denuncia al instante de haberle sido comunicada. Se estaba vendiendo pan amasado con trigo de la mar de muy inferior calidad, el adquirido por el municipio meses antes, comercializado al por menor a través del pósito, y aun perjudicial para quien lo llegara a comer.

Para que no sufriera ningún daño el común, y fuera corregido cualquier desorden en el que pudieran haber incurrido los panaderos, mandó que el alguacil mayor, en compañía de un escribano de cabildo, asistido por los ministros de justicia que tuviera por conveniente, se presentara en los lugares donde habitualmente se vendía el pan. Para proceder tal como correspondía, se haría acompañar asimismo por panaderos inteligentes, que actuarían como peritos y reconocerían las piezas que en aquellos lugares se estuvieran vendiendo. Si efectivamente comprobaren que no eran de buena calidad, que las aprehendieran y las pusieran en depósito seguro.

Tras notificar al alguacil mayor el nombramiento del que le había hecho objeto el alcalde, el escribano requirió a Andrés Tapia y a Francisco Paredes, de 53 y 42 años respectivamente, vecinos del municipio y panaderos de toda inteligencia. Eran, por su continuada práctica, los que más bien conocían la bondad o mala calidad del pan y del trigo que se amasaba. Se mostraron dispuestos a obedecer lo que la autoridad judicial había decidido y se comprometieron a hacer fiel y legalmente el reconocimiento que se les mandaba hacer.

Alguacil mayor, escribano, diferentes ministros de justicia y los dos panaderos peritos para el reconocimiento del pan, se personaron en una de las calles centrales de la población, donde decidieron aprehender tres partidas de pan, amasado con trigo de la mar y comercializado en hogazas de a dos libras: 14 hogazas procedentes de la panadería de Antonio Carballido, 4,5 de la que tenía Francisco Santana, quien las comercializaría por medias hogazas, y 16 de la regentada por Cristóbal Navarro. El alguacil mayor puso las tres partidas en poder y depósito de Juan Gutiérrez, vecino del municipio en la calle aludida, quien se entregó en ellas y se obligó a tenerlas en su poder a disposición de la autoridad que lo había constituido en depositario, así como a no entregarlas a persona alguna sin que el alguacil lo mandara. Ante tres testigos a esta seguridad se sometió con su persona y con sus bienes habidos y por haber.

En la misma calle aprehendieron otras tres partidas de hogazas de pan de a dos libras, de inferior calidad, asimismo hechas con trigo de la mar. En casa de José Roldán, procedentes de Lorenzo González, panadero, 10 hogazas y 3 cuarterones, lo que significa que la hogaza este la comercializaba incluso en octavas partes, porque el cuarterón era la cuarta parte de la libra, si bien es posible que cuarterón se emplee aquí en el sentido más general de cuarto, lo que del mismo modo sería una peculiaridad para la comercialización del pan. En casa de Alonso Rodríguez, de Juan Palomo, panadero, 26 hogazas, y en casa de José Carrera, de María de la O, panadera, 27. Las tres partidas fueron puestas por el alguacil mayor en depósito de Manuel Ibáñez, vecino de la población, en aquella calle, que estaba presente. Se dio por entregado de todo este pan y se obligó con las mismas formalidades que fueron satisfechas en el caso anterior. Se comprometió a no entregarlo a persona alguna sin expreso mandato para ello del alcalde mayor, o en su defecto a pagar su valor

Fue a continuación el grupo judicial a otro lugar céntrico, esta vez en la otra mitad de la población, y allí aprehendieron otras cuatro partidas de pan. También se trataba de hogazas de a dos libras amasadas con trigo de la mar: 4 que se estaban vendiendo como de Javier Rodríguez; 68 en casa de Pedro de Ojeda, quien dijo que eran de Juan Martínez, panadero; y en casa de Cristóbal Gallardo dos partidas, una de 25 hogazas, quien declaró que eran de Sebastián Romero, panadero, y otra de 26 que, según manifestó, eran de don Juan de Valenzuela, quien allí las había enviado a vender. Estas cuatro partidas quedaron en depósito de Fernando de Rueda, que vivía en aquel lugar.

Todavía en casa de Cristóbal Gallardo hicieron una segunda aprehensión, de 91 hogazas de pan. Dijo que eran también de Sebastián Romero. Y aún en el mismo lugar, en casa de Ignacio Fernández fueron incautadas 68 hogazas de un Antonio Carrero, panadero, que más adelante aparece identificado con el nombre de Antonio Rodríguez. Todas eran de a dos libras y habían sido amasadas con trigo de la mar de inferior calidad. Quedaron las dos partidas en depósito de Antonio Gutiérrez, vecino de la población allí mismo.

Por último, la comisión fue desde ese lugar hasta la calle de salida de la población en dirección a la capital. Allí, en casa de Antonio Toranzo, aprehendieron 25 hogazas de pan, también de a dos libras, del que dijeron los peritos que había sido amasado con trigo de la tierra, picado y de muy inferior calidad, motivo por el que olía muy mal. Toranzo explicó que se lo había llevado Alonso Pérez, llamado Zape, panadero, para que lo vendiera, y en efecto ya había vendido algunas hogazas de él a 6 cuartos, es decir, a 24 maravedíes cada una. El alguacil mayor también denunció este pan y lo puso en depósito y poder del propio Toranzo.

Al escribano todavía le quedó tiempo para ir a casa del alcalde mayor y relatarle los autos y diligencias que el alguacil mayor había ejecutado. El alcalde los aprobó e interpuso en ellos su decreto judicial. Le mandó que continuara en el ejercicio de la comisión que le había conferido, ya que él se encontraba indispuesto para hacer aquellas diligencias, y justificara si era o no perjudicial para la salud pública el pan amasado de trigo de la mar que se había aprehendido. Para que lo reconocieran nombró a Andrés Tapia y Francisco Paredes, los mismos panaderos y peritos inteligentes que ya habían actuado en la inspección. Cuando aceptaran y juraran el reconocimiento, una vez que lo hicieran, comparecerían a declarar lo que resultara. Explicarían las razones por la cuales el pan aprehendido era de mala calidad [sic] y de dónde le provenía esta condición.

Hechos el reconocimiento y la declaración de los dos peritos, se presentarían a los médicos don Bernardo Luis Oviedo, de 33 años, y don Bernardo Francisco Oviedo el menor, de 73 años [sic], titular de los reales hospitales y ejércitos, de la familia de la reina, que residían en la población, a quienes el alcalde mayor había decidido nombrar para que, haciendo experimento con el pan aprehendido, depusieran sobre su malignidad, en caso de que la tuvieran, y sobre los perjuicios que pudieran seguirse a la salud pública, si se comiera, con la mayor expresión y claridad. Cuando así fuera ejecutado, los autos deberían llevarse ante él para en su vista proveer.

El escribano, sin que aún hubiera terminado aquel largo 3 de junio, notificó las decisiones del alcalde al alguacil mayor y a los panaderos peritos, quienes aceptaron y juraron, y a don Bernardo Francisco Oviedo y a don Bernardo Luis Oviedo, los médicos, sus nombramientos para el reconocimiento del pan aprehendido, que igualmente admitieron, juraron y firmaron.

El alguacil, acompañado por el escribano y los dos peritos nombrados, asistidos por diferentes ministros de justicia, pasaron a los lugares donde estaba depositado el pan aprehendido. Los peritos lo fueron reconociendo, probando y partiendo en presencia del escribano. Así actuaron con el que habían aprehendido en la segunda inspección, y lo mismo con el que estaba en depósito después de la primera, con expresión de todos los amasijos de cada uno de los panaderos que constaban en los autos. Hicieron el reconocimiento a su buen leal saber y entender. El escribano lo puso por diligencia y los dos peritos no firmaron porque no sabían. El alguacil mayor, ante el escribano, les tomó juramento, y dijeron haber reconocido el pan aprehendido y ofrecieron decir la verdad. Y este fue su dictamen.

Once de las partidas eran de mala calidad. El pan, según su olor y sabor, demostraba que el trigo de la mar con el que se habían amasado las respectivas hogazas era muy inferior, podrido y dañino para quien lo comiere, por lo que no se debía usar de él para la alimentación. La partida de 25 hogazas aprehendida en casa de Antonio Toranzo, durante el último reconocimiento, amasada por Alonso Pérez, alias Zape, con trigo de la tierra de inferior calidad, de aspecto muy añejo, era aun de más mala calidad que el de la mar, como de él se demostraba. Estaba podrido y había sido sacado de silos donde en gran parte se había cargado de humedad.

Solo la partida de 4 hogazas, depositada en casa de Fernando de Rueda, durante la segunda inspección, que se estaban vendiendo como de Javier Rodríguez, no era de mala calidad. En cuanto a la partida de 27 hogazas aprehendida en casa de José Carrera, durante la primera, y depositada en Manuel Ibáñez, que procedía de la panadera María de la O, aunque amasada con el trigo de la mar, no era de tan inferior calidad como las otras. Era cierto que estaba prieto pero no tenía tan mal olor y tan baja calidad como las demás, por lo que se podía comer sin el riesgo que las otras tenían.

Al día siguiente, 4 de junio, ante el alguacil mayor, comparecieron los dos médicos. El alguacil, ante el escribano, les tomó juramento. Lo hicieron y ofrecieron decir la verdad en lo que se les preguntara, y fueron interrogados sobre el reconocimiento del pan aprehendido que habían hecho.

Dijeron que el día anterior habían reconocido una porción de pan cocido de hogazas de a dos libras, y que habían visto el dictamen de los panaderos nombrados para este caso, quienes habían afirmado que el pan estaba amasado con trigo corrompido, tanto el de la tierra como el de la mar, como lo demostraban sus malos olor y sabor, que patentemente se manifestaban. Bajo este supuesto, los médicos afirmaban que el uso de este pan para comer era muy pernicioso. De él podía resultar gravísimo daño, como una epidemia o peste, puesto que el aire y los malos alimentos eran las dos causas principales de semejantes tragedias. Entre los alimentos, la causa más principal, como más común, era el pan. Era cuanto de su parte podían manifestar, en cumplimiento de sus obligaciones, y así lo decían.

Suplicaban, en consecuencia, que se hiciera celar e impedir semejante introducción y uso, en lo que se interesaba la causa de Dios y la común, y la buena administración de justicia por su responsable por dos títulos, como padre de la república y como individuo. Como tal le podía alcanzar como al más pobre, teniendo como tenía a sus puertas los ejemplos de Antequera y Málaga, que podrían haber provenido de la misma causa. Así lo sentían y declaraban, bajo el juramento que tenían hecho, y lo firmaron. A continuación, el escribano fue a las casas del alcalde mayor y le dio cuenta del estado de los autos y diligencias en curso. Los aprobó e interpuso su autoridad y decreto judicial, mandando que se hicieran presentes los autos, para en su vista dar las providencias que correspondieran.

El 7 de junio el alcalde mayor, porque actuaba como juez en estos autos, mandó que por el término de una audiencia, que se les señaló por último y perentorio, se diera traslado de ellos a todos los panaderos a los que constaba habérseles aprehendido pan amasado con trigo de inferior calidad; para proveer con lo que dijeran o no, pasado que fuera el plazo, en vista de los autos.

El escribano lo notificó a cinco de los encausados: Antonio Carballido, Cristóbal Navarro, María de la O, Sebastián Romero -por dos partidas- y don Juan de Valenzuela en sus personas, a quienes apercibió de su efecto. Al día siguiente, 8 de junio, el escribano cumplió con la notificación a otros dos panaderos, Lorenzo González y Juan Palomo, en sus personas. Y al otro día, 9 de junio, el escribano notificó el auto en cuestión a Juan Martínez y Antonio Rodríguez, antes identificado como Antonio Carrero, panaderos, en sus personas, a quienes apercibió de su efecto. Después, el escribano sacó memoria de los panaderos que faltaban por notificar y la entregó a Tomás de la Reguera, portero del cabildo, para que los citara. Entre el 9 y el 10 de junio este cumpliría con el encargo que se le había hecho, y el 10 compareció ante el escribano diciendo que había citado a Francisco Santana, Javier Rodríguez y Alonso Zape en casa de cada uno de ellos. Pero dos días después, el 12 de junio, de nuevo depuso ante el escribano, ahora diciendo que había citado por segunda vez a los panaderos que no habían comparecido y constaban por los autos no haberse notificado. En casa de Javier Rodríguez se le había respondido que este ya no era panadero y que se había ido a trabajar a la Sierra. En la de Francisco Santana, que estaba ausente de la población y no sabían cuándo vendría, y la misma respuesta le habían dado en casa de Alonso Zape.

Decidido a acabar con estas dilaciones, para citar de nuevo a los panaderos incursos en los autos, esta vez el escribano entregó memoria, con expresión de sus nombres y apellidos, a Eusebio Martín, alguacil del municipio. El 14 de junio compareció ante el escribano. Cumpliendo con la diligencia que se le había mandado, había buscado, en primer lugar, a Francisco Santana. Habiéndose informado en la casa donde vivía, se le había dicho que no era natural de la población, de la cual se había ausentado a Guadajoz con su mujer y familia, después que se le hubiera aprehendido el pan que constaba en los autos. Había pruebas, por otra parte, de que Javier Rodríguez estaba ausente en la Sierra cardando, y decían que tardaría en volver de allí entre tres y cuatro meses. La mujer de Alonso Zape, por último, le había dicho que su marido estaba ausente de la población. Pero ofreció, luego que viniera, decirle que compareciera en las casas audiencia o en la escribanía donde se estaban tramitando los autos. Volvió tan pronto que al día siguiente, 15 de junio, el escribano le pudo hacer saber el auto de traslado proveído el día 7 al propio Alonso Pérez, llamado Zape, según y como en él se contiene, en su persona, a quien apercibió de su efecto.

El día 16 el alcalde mayor, en ejercicio de corregidor por ausencia del titular, declaró, vistas las declaraciones hechas por los peritos y los médicos nombrados para el reconocimiento del pan aprehendido a distintos panaderos. Se verificaba, en primer lugar, por las diligencias que los interesados estaban notificados, a excepción de Javier Rodríguez y Francisco Santana, de los que constaba que se habían ausentado y que, aunque había pasado el término, y mucho más del que se les señaló por último y perentorio, no habían dicho o alegado cosa alguna, por lo que estaba visto que no tenían qué responder y conocían su delito. Por lo tanto, declaró todo el pan amasado aprehendido de inferior calidad y hecho con trigo podrido, de mucho gravamen para la salud pública para quien lo comiere, y decretó que para que esto no se experimentara que todo el pan fuera deshecho y se enterrara.

En cuanto a lo que resultaba contra los panaderos, el alcalde mayor los condenó a las costas de los autos, a justa tasación, mancomunándolos en ellas, y apercibiéndoles de que se abstuvieran en adelante de amasar pan de trigo que no fuera de buena calidad, porque, si así ocurriera, serían castigados con el mayor rigor. Las costas fueron 12 reales para el juez, 93 para el escribano, 34 para el alguacil mayor, 24 para los ministros, 8 para los peritos y 1 real y 12 maravedíes de papel. En total, 172 reales y 12 maravedíes, que fueron divididos en solo ocho partes. Si tuviéramos en cuenta que los encausados habían sido doce, que dos estaban ausentes y que el pan de otros dos no se consideró completamente nocivo, estaríamos en condiciones de identificar por sus nombres a cada uno de los ocho penados, cada uno de los cuales tocó a unas costas de 21 reales y 18 maravedíes. Eso fue todo. Un proceso más serio podría haber encausado a quienes fueron los responsables de que aquellos trigos se hubieran comercializado.

Un fracaso, sus culpables y los convictos. Segunda parte

Redacción

Los tumultos causados por el traslado de una partida de cereal, justificado porque había sido vendida a un comprador que residía en otra población, eran habituales en la época. Según algunos observadores, de ellos solían ser protagonistas mujeres, porque por su condición no se las podía contener, una observación que silencia la parte de la condición femenina que les valía el papel protagonista.

Además, eran causas de tumulto reconocidas por los contemporáneos la escasez de granos en los mercados, la subida excesiva tanto de sus precios como del pan, o elaboración regular del trigo, y el hambre física. Ninguna de ellas es defendida por ninguno de los polemistas que deben leerse, desapasionados cuando argumentan sobre estos hechos, como un mecanismo iniciador de una relación causal inmediata, sino como razón que podía avalar la gestación y el desarrollo de la protesta.

Probablemente los alentados a partir del exceso de los precios fueron los más frecuentes.

Una forma moderada de expresar el descontento por el alza que afectaba al del pan, así como de emerger del modo más prudente la actividad de sus promotores, era fijar pasquines impugnándola. A propósito de una de estas situaciones, una de las más conocidas, podían ser difundidas letras anónimas como esta: “Señor, si Usía celara / que del pan corriese el trato / Usía, y más barato / ¿quién su celo no ensalzara? / Mas, si nos sale a la cara / lo que nos cuesta congojas, / venirse con esas flojas / de querernos descapar, / diga Usía: ¿no es tomar / el rábano por las hojas?”

No es difícil reconocer en tan inspirados versos la coincidencia del factor aceptado por la opinión del momento como causa justificada de la protesta, la manipulación de los hechos a la que propenden los autores, partícipes de la trama clandestina de la conspiración, y el comportamiento irracional al que se pretende arrastrar a las poblaciones con esta manera de argumentar.

El comportamiento gregario de hombres y mujeres, durante los tumultos a los que con facilidad, a consecuencia de tal manera de actuar de los inversores a los desórdenes, evolucionaba el malestar causado por el incremento de los precios de las subsistencias era más probable y menos previsible. Para pleno siglo décimo octavo se ha descrito un buen número de excesos asociados al alza del precio de los bienes que utilizaban las poblaciones para alimentarse. Eran posibles el asalto y pillaje de los almacenes donde sus dueños guardaban el cereal, que las poblaciones sabían reconocer, a pesar de los esfuerzos por ocultarlos que se habían impuesto los actores de la cultura rural. Cuando la autoridad judicial quería actuar para salir al paso de los excesos, sirviéndose de alguaciles y otros ministros de la justicia, se la cercaba y se la insultaba, ante lo cual reaccionaba retirándose.

Una masa en acción también podía optar por el secuestro de personas significadas, lo fueran por su dedicación al comercio o porque estuvieran investidas de alguna autoridad; forma de extorsión que se proponía tener un efecto inmediato sobre el comportamiento de las cotizaciones en el mercado de los bienes con los que se sobrevivía. Para inmovilizarlas se utilizaban las cárceles de las poblaciones, previamente asaltadas. Podían ser apedreadas las ventanas de las casas de los comerciantes, saqueadas sus tiendas, asaltadas y destruidas sus propiedades. Se llegaba hasta el incendio de las residencias objeto de la ira, incluso de otras cualesquiera, y el homicidio de las personas secuestradas. Acciones cargadas con idéntica ira, también descritas por los documentos, eran el asalto, pillaje y quema de panaderías, porque quienes las regentaban podían personificar, para la parte de los exaltados que juzgaba por las apariencias, la responsabilidad de la carestía.

Los promotores de los tumultos coaccionaban a los colaboracionistas con amenazas de lesiones. En una, cursada a través de un libelo anónimo, fueron mencionados como instrumentos de agresión, esperando de la nómina que fuera bastante para disuadir a quienes se sintieran concernidos por ella, escopetas, trabucos, sables y espadas, lanzas y rejones, hachas, porras y palos y piedras, así como, con celebrada ironía, la buena voluntad. De ahí que la administración de justicia, como medio represivo universal, a salvo de actuaciones más rigurosas, cuando cada caso las hiciera necesarias, castigara la participación en los tumultos con la cárcel y el embargo de los bienes de quienes resultaran encausados.

Después de los acontecimientos de la tensa mañana del 9 de mayo, la asamblea de gobierno de la población se reunió, mientras los peores presagios alentaban el pesimismo entre los concurrentes. La situación había escapado de las manos de quienes parecían llevar la iniciativa, y lo que finalmente había ocurrido con el proyectado transporte de trigo a la capital era una derrota completa para ellos. El corregidor, quien mejor la personificaba, a decir del relato contemporáneo puso a consideración del senado local lo ocurrido, aunque a cada uno de sus miembros ya le constaba. Su objetivo era que el colegio de los próceres decidiera, cumpliendo con su obligación y de acuerdo con su parecer, qué podía remediar la situación.

Las poblaciones habían sido constituidas en municipios por la corona, a cuya expansión sirvieron. Pero, a diferencia de lo ocurrido en las periféricas del imperio germánico, que vieron crecer su poder, en la medida en que el imperio se debilitaba, tanto que alcanzaron el estado de repúblicas independientes, las repúblicas urbanas hispánicas a lo sumo consiguieron una autonomía limitada, más fruto de la necesidad de servicios, de los que la corona jamás pudo prescindir, que de la pujanza de las instituciones locales. Cuando el imperio coincidió con el dominio de Castilla, al contrario la tentación autonómica a la que cedieron aquellas repúblicas, por atracción de las más brillantes del continente, que durante un tiempo habían sido capaces de recuperar parte del equilibrio político que garantiza la constitución igualitaria, fue radicalmente defraudada. La sumisión al poder central marcó la historia de las repúblicas urbanas de Castilla durante la época moderna, y los cambios que el modelo francés introdujera, que alentó su existencia, no fueron bastantes para modificar el sentido de aquella relación. Pero ni dejaron de ser repúblicas ni un poder, que durante todo este tiempo compitió con los otros, y que en ocasiones ponía al descubierto las diferencias que de los demás lo distanciaban.

La asamblea de gobierno urbano, a mediados del siglo décimo octavo, era llamada ciudad, no porque abusando del lenguaje se tomara la parte por el todo sino porque era la única institución en la que se alcanzaba la plenitud de los derechos políticos. Formada por un par de docenas de regidores y jurados, solo los primeros tenían voz y voto, mientras que los segundos a lo sumo habían alcanzado, tiempo atrás, la condición de tribunos. Cuando al referirse a la asamblea el corregidor la llamaba ciudad empleaba con rigor el lenguaje, porque solo allí estaban presentes quienes podían disponer de la plenitud de los derechos de ciudadanía, realmente existentes antes de la revolución que pretendiera extenderlos pero restringidos porque a ellos se había accedido por compra.

Un escribano público ya había redactado diligencias y autos sobre lo sucedido, ordenados por la autoridad judicial de municipio. Entró el relator en la sesión para leer todo lo que había escrito, que se concentraba en los acontecimientos del día, sobrecogido e impresionado por ellos. Por el momento, la asamblea acordó que se copiara todo el texto a continuación del acta del capítulo que se estaba celebrando, tras lo cual el escribano salió de la sala donde se celebraba la reunión.

Una vez oído lo expuesto por el corregidor y lo que había leído el escribano, los ciudadanos primero se hicieron cargo del desasosiego ocurrido en la población por segunda vez, aunque ahora con otro énfasis. No había bastado a contenerlo, dijeron, la autoridad del corregidor, ni la de los caballeros que le habían ayudado, ni tampoco la acertada persuasión con la que todos habían acudido a desvanecer las fantásticas ideas de la plebe, por completo inquieta.

Tal como estaban las cosas en aquel momento, no le era posible al gobierno de la población, ni al corregidor, hacer efectiva la conducción del trigo a la capital; como, de acuerdo con su legítimo deseo, con los mayores esfuerzos, esta había solicitado. En aquellas circunstancias, lo único que podían hacer era acordar que se diera cuenta por el posta, mediante copia legalizada, de los autos de cuanto había ocurrido, que ya estaban registrados, al gobernador del Consejo, máxima autoridad de gobierno para esta parte de los territorios de la corona. Sabiendo que todos estos hechos provenían de la necesidad que padecían las poblaciones, comunicaría las órdenes que creyera convenientes.

A partir de aquel momento, tristemente marcado por la derrota, una actitud algo más magnánima inspiró las decisiones. La ciudad diputó a un regidor que desde el principio había actuado como hombre bueno, proponiendo iniciativas a un tiempo valientes y abnegadas, un trabajo comprometido, ir a la capital e informar al asistente y a los miembros de la junta de granos de lo que había ocurrido. Habiéndolo puesto en sus manos, el poder de la ciudad dependía de sus palabras.

El acuerdo se extendió en consideraciones tan explícitas que delimitó con exactitud los términos en los que debía presentarle al intendente el informe. Primero había de enfatizar el insuperable obstáculo que a la ciudad y a su corregidor se les oponía en esta ocasión para atender a la capital con sus medios, como había hecho gustosamente en las demás oportunidades que se le habían ofrecido. Que lamentablemente lo dificultaba la invasión y el mal fundado juicio de las gentes que temían la salida del grano, pero que contaban con que, una vez que fueran informados, estimulados por su comprensión, prudencia y benignidad, sabrían elegir el medio más oportuno para serenar los bulliciosos ánimos de la plebe. Así conseguiría la inocencia del resto del vecindario la tranquilidad que convenía. Por último, para completar las decisiones que en aquel momento parecían oportunas, también se acordó escribir al arzobispo coadministrador, responsable efectivo de la administración religiosa católica organizada para la región.

La situación que se había creado era lo bastante delicada como para que todo ocurriera deprisa, y también para que la mutua desconfianza a la que degenera el fracaso empezara a desviar las relaciones por tránsitos imprevistos.

No obstante el acuerdo del día 9, por el que se comisionaba al hombre bueno con cargo de regidor, por una razón que no dejan a la vista los medios para reconstruir aquellos hechos, entre aquel día y el 11 siguiente a la institución de gobierno de la ciudad finalmente le pareció necesario, aunque pueda parecer reiterativo o incluso contradictorio, escribir al asistente, informándole de los sucesos que el 9 habían impedido que el trigo del labrador llegara a la capital.

Los términos de la carta no eran exactamente los del informe del que era portador el regidor comisionado, al menos hasta donde es posible conocerlos. Al asistente, en la misiva que a su nombre se cursó, se le informaba que llevar el trigo hasta la capital había sido imposible por la oposición encontrada; que el corregidor y varios caballeros seculares y eclesiásticos habían hecho eficaces diligencias para contener el ímpetu de la plebe, y que de todo habían dado cuenta al gobernador del Consejo. Probablemente resultó un texto más ceñido a la formalidad administrativa que los informes que pudo presentar la diputación enviada.

Poco debió tardar la autoridad regional en contestar aquella carta, porque ya el 11 de mayo acusó su respuesta el ayuntamiento, nombre que ya entonces habían dado a la reunión de la ciudad para evitar hablar de cabildo, una institución que incluía la posibilidad de la concurrencia abierta a todos los vecinos en las ocasiones más comprometidas. Se desconocen las palabras con las que iba redactada la contestación del asistente, pero sí se sabe que ante ellas la autoridad municipal reaccionó a un tiempo con escrúpulo administrativo y tomando distancias. Se declaró dispuesta a cumplir cuanto se le ordenara, pero también, hasta que el Consejo resolviera sobre cómo conducir el trigo, a no tomar otra decisión sobre el asunto. Negó además lo que inmediatamente antes había afirmado, ignorando la autoridad del intendente. Tal vez de los informes que al tiempo enviaba el regidor diputado, que aquel mismo día informaba por carta de las gestiones que ya había hecho en la capital, se dedujeran algunos indicios que recomendaran fijar de aquel modo la posición de la autoridad municipal.

Paralelamente, aquel mismo 11 de mayo, en la junta de granos de la capital, se reunieron el teniente primero de asistente, en representación del titular, que estaba fuera de la ciudad, el jurado y el individuo del comercio. Recibieron informe de las posibilidades que en la población a Domingo García le habían ofrecido, tras la oposición de su vecindario a la salida de trigo, impedimento del que ya sabía la junta por haberlo informado el propio asistente. Como asimismo eran conscientes de que el asunto ya era conocido por el gobernador del Consejo, también creyeron conveniente aguardar a su decisión. Así la junta de la capital reconocía la preeminencia de la autoridad estatal. La distancia que del asistente el corregidor había decidido tomar poco antes había sido un cálculo correcto, en la medida en que la situación la permitiera favorable a lo que de independencia le pudiera quedar.

El 13 de mayo, desde Madrid, el gobernador del Consejo respondió a la información que se le había enviado sobre los levantamientos de los días 5 y 9. El Consejo y el gobernador se dieron por enterados de todo lo que les contaba la carta enviada el 9, en la que se les relataba lo ocurrido durante aquellas dos jornadas, mientras se intentaba sacar de la población una parte de las 2.000 fanegas de trigo que a un labrador le habían sido compradas de orden del asistente para el abasto de la capital. Los términos en los que hablaba el gobernador no eran del todo exactos. Por su parte hubiera sido más correcto afirmar que las 2.000 fanegas eran compradas para Manuel de la Calle, para que fueran vendidas al por menor, con la aprobación del asistente, a panaderos comprometidos con la elaboración de pan para el suministro de la capital.

Pero, si sus palabras no satisfacen por su calidad descriptiva, son lo bastante sintéticas como para no dejar dudas sobre el tono expeditivo de quien habla. Sobre este asunto ya se había tomado otra decisión conveniente, de cuyo contenido se limitaba a adelantar que el corregidor ya sabría cómo proceder por el juez que había de ir a la población.

A los jueces de residencia o comisión desde la baja edad media se recurría al menos en situaciones de excepcionalidad. Actuaban sobre las instituciones locales para investigar y resolver asuntos determinados. Solo por lo que se le adelantaba, el corregidor ya podía deducir que su actuación administrativa estaba siendo objeto de expediente, del que tendría que derivar la correspondiente resolución. Ya podía estar seguro de que su posición había llegado a su momento más delicado. El gobernador prescribía además que al juez que iba a llegar se le debía prestar el auxilio correspondiente, y se le había de asistir en cuanto pudiera contribuir a los fines de su comisión, cuyo propósito era recuperar la quietud pública y el respeto a la justicia, por lo demás obligaciones del corregidor y de los miembros del concejo, justicia y regimiento de la población.

Aquel mismo 13 de mayo, desde Madrid, por efecto de una provisión del Consejo, Juan Palanco, el teniente segundo del asistente, era enviado a la población. El máximo órgano de gobierno del territorio le comunicaba que convenía que se trasladara a ella para que se hiciera cargo de la jurisdicción ordinaria, al tiempo que ordenaba al corregidor y al alcalde mayor que le entregaran sus varas sin más dilación, y al concejo y ayuntamiento que lo admitieran en aquel ejercicio. El alguacil mayor también había sido destituido de su cargo transitoriamente. Es muy probable que asimismo lo hubiera decidido el Consejo. Palanco tendría que ejecutar lo que se le ordenaba en una instrucción específica, a él dirigida por su gobernador. Debía investigar quiénes habían sido los culpables de los alborotos ocurridos durante los días 5 y 9 de mayo. Tendría que emprender cuantos autos y diligencias creyera convenientes a este fin, sin excusa ni dilación alguna.

Mientras tanto, también el 13 de mayo, en la junta de granos de la capital, se hacían las recomendaciones que parecían más prudentes en aquellas circunstancias. La autoridad de una población a la margen izquierda del primer río de la región, así como cercana a la capital, había consultado a la junta sobre la posibilidad de abastecerse de trigo en el mismo mercado objeto de las tensiones, donde cómodamente podría hacerlo porque le constaba que allí era abundante. La junta creía conveniente evitar el riesgo de sucesos similares a los que habían ocurrido, al menos hasta que se decidiera lo más conveniente en esta materia. Sería mejor que la población necesitada de trigo acudiera a la capital, o a otra parte donde se vendiera, y por sí o por medio de un corredor hiciera por el momento el ajuste de unas 100 fanegas con las que hacer frente a sus urgencias. La inestabilidad que provocaban las tensiones en el mercado de los granos modificaba las direcciones de su comercio. Sin que se interpusieran en sus políticas más pragmáticas las convicciones librecambistas, la junta todavía recomendó a las autoridades de la población que la consultaba que, si le pedían un precio exorbitante, se lo comunicara para ver qué medidas tomar; expeditivo proceder al que solo se le ocurrió añadir que acudiera, si la urgencia fuera tanta que no diera tiempo a gestiones dilatorias, al teniente primero de asistente para que socorriera a la población de la forma que estuviera a su alcance.

La fase más sombría de la crisis abierta con los acontecimientos del 5 de mayo comenzó el 16 siguiente. Aquel día fue conocida en la población teatro de las tensiones la respuesta del gobernador del Consejo, fechada el 13. Vista la comunicación, el ayuntamiento acordó cumplir lo que aquel había decidido, y que en nombre de la ciudad se diera escolta al juez enviado. Con ese encargo fueron designados dos de sus regidores, quienes además habrían de asistir al juez en todo lo que necesitara.

En cuanto tuvo noticia de que había llegado a la población Juan Palanco, teniente segundo del asistente, el corregidor había ido a visitarlo a casa de Francisco Javier de la Portilla, un ministro de rentas provinciales, donde durante el tiempo que permanecería en la población vivió. En su encuentro con el corregidor el juez comisionado le explicó que venía con despacho del Consejo, y que para cumplirlo era preciso que el corregidor convocara a la ciudad a cabildo, para que con su asistencia y la del alcalde mayor pudiera presentar el despacho del que era portador. En vista de aquellas credenciales, el corregidor mandó citar a los capitulares para celebrar ayuntamiento inmediatamente.

El traspaso de poderes tuvo lugar el día siguiente, 17 de mayo, domingo. Cuando ya la asamblea que institucionalizaba la ciudad estaba junta, el todavía corregidor informó de su entrevista con Palanco. Luego se avisó a los diputados que habían sido encargados de cumplimentar a este, que aguardaban la decisión que les ordenara cumplir con su encargo, para que fuesen con él hasta las casas capitulares. Así lo hicieron. El enviado, por el momento, no entró en la sala donde se estaba celebrando la reunión. Un escribano de la audiencia regional solicitó licencia para entrar en ella, anunciando que traía despacho del Consejo. Su intención era leerlo. Entró, se sentó entre los escribanos y leyó el fechado en Madrid el 13 de mayo. La asamblea, oído su contenido, declaró obedecerlo. El corregidor y el alcalde mayor lo tomaron en sus manos, lo besaron y lo pusieron sobre sus cabezas, y lo mismo hicieron quienes estaban junto a ellos, en señal de obediencia, tal como era de rigor.

Después se mandó entrar a Juan Palanco, que fue acompañado hasta la sala capitular por los dos regidores que habían sido designados diputados con aquel fin. Dentro ya de la sala, se procedió a la transferencia de la jurisdicción, necesaria para que el enviado pudiera proceder con plenos poderes. Juan Palanco juró por Dios y la señal de la cruz usar el empleo de corregidor de la ciudad bien y fielmente, defender sus privilegios, guardar sus buenos usos y costumbres, administrar justicia a las partes y defender el misterio de la concepción purísima de Nuestra Señora la Virgen María, así como valerse de la protección del arcángel San Miguel. El corregidor y el alcalde mayor le entregaron la vara alta de justicia que tenían en sus manos, en señal de posesión del corregimiento, en la que Palanco quedó, sentándose en el asiento correspondiente. A continuación, se despidieron el corregidor y el alcalde mayor y ambos salieron de la sala, igualmente acompañados de los dos caballeros diputados que anteriormente habían asistido a Palanco.

Así el 17 de mayo, domingo, Juan Palanco se hizo cargo a un tiempo de las jurisdicciones de corregidor y alcalde mayor, y a partir de aquel momento actuó como máxima autoridad interina de la ciudad.

No demoró el juez su comisión y empezó a actuar al instante. Aquel mismo domingo, día 17 de mayo, declaró que la primera razón por la que se hacía cargo de la jurisdicción comarcal, alcance del corregimiento, era atender al abasto de pan. Sabiendo que para este fin había formada junta en la población, ordenó que sus miembros fueran citados para las nueve de la mañana del día siguiente.

El día siguiente, ya bajo la presidencia de Palanco, la junta local de granos tomó unas decisiones que cambiaron su rumbo. Primero modificó su composición. Uno de los regidores que formaba parte de ella, según se esfuerzan por justificar las fuentes, estaba indispuesto. En la práctica, había sido sustituido por otro mucho más activo, que había presentado los documentos que lo acreditaban solo unos días antes, el 9 de mayo, en plena crisis. A la reunión del día 18 acudieron tanto el titular como el suplente, quien a partir de entonces fue admitido como un miembro más. Por tanto, aquella decisión supuso la ampliación de la junta, quizás el refuerzo de alguna de las posiciones enfrentadas en ella. Además de la toma de posesión formal del nuevo miembro del gabinete de crisis, se acordó que a partir de aquella fecha celebraría al menos reunión ordinaria los miércoles de cada semana a las nueve de la mañana. Pero sobre todo revisó una decisión anterior que resultaba primordial, al menos por su contenido político, dado el curso de los acontecimientos. A iniciativa del juez, decidió respetar la plena libertad del comercio del trigo, a la que anteriormente había sido reacia. La opción política del corregidor, contraria a aquel principio, quedaba definitivamente desautorizada.

Pero de la población la calma aún estaba lejos. Para pregonar los acuerdos que la junta había tomado, aquel mismo 18 de mayo fue necesario que en la plaza pública, en presencia de muchas personas, estuviera formada la tropa de caballería con la espada desenvainada. La tensión que acompañaba al conocimiento de las decisiones de la junta fue prólogo de acontecimientos que de nuevo escaparon al control del gobierno local, ahora en manos de un gestor de excepción.

Se desarrollaron durante la tarde del día siguiente, 19 de mayo. En las inmediaciones, y en la propia calle que se prolongaba en el camino hacia la capital, de nuevo hubo tumultos, en este caso en presencia del mismísimo Palanco. No puede dilucidarse si se trató de un acto hostil hacia su persona o de una reproducción de las protestas vividas durante los días precedentes. Pero, aunque no conozcamos el por menor de la nueva agitación, se puede creer que no degeneró a un estado de tensión comparable al del día 9, a juzgar por los indicios conservados. No obstante, permiten saber que el juez debió verse en una situación complicada, y que aun así en su auxilio solo acudió un caballero capitular.

Pero ocurrieron en un estado especialmente sensible a este tipo de hechos. Quizás no fuera casual que tuvieran lugar cuando ya el corregidor había sido destituido y vinieran a demostrar que tampoco la autoridad de Palanco era tan sólida como pretendía.
No perdió la calma el juez a consecuencia de lo ocurrido aquel día. Pero el 25 siguiente, en la reunión que celebró el ayuntamiento, recordó que el día que se hizo cargo de la jurisdicción señaló a la ciudad que estaba obligada a contribuir a la preservación de la paz y a mantener la autoridad real, no obstante lo cual se había visto solo en el transcurso de la agitación ocurrida durante la tarde del 19.

La ciudad le respondió con énfasis que obedecía ciegamente al rey y juraba mil veces su obediencia, si fuera necesario. Nunca había sido su intención incumplir sus obligaciones y consideraba grave el cargo que el juez le hacía. Replicó que el lugar donde habían ocurrido los hechos estaba muy retirado de las viviendas de los capitulares y de sus negocios, y que muchos de ellos, en el momento en el que sucedieron, estaban en el campo, ocupados en cumplir encargos del corregidor y de los propios o en sus casas. Por estas razones no pudieron conocer lo sucedido ni supieron nada del asunto hasta muy a deshoras de aquella noche o al día siguiente, y aun ni siquiera entonces todos lo supieron por sí mismos. De haberlo sabido, habrían estado dispuestos a asistirlo, acudir en defensa de la real y suprema majestad y, en caso necesario, perder sus vidas. Creían firmemente que los demás caballeros y gente principal de la población harían lo mismo. Todos siempre habían demostrado celo, amor y obediencia a cuanto fuera del real servicio.

Por todo eso creyeron necesario que el procurador mayor escribiera con expresiones de sumisión al gobernador del consejo de Castilla, para que su piedad se sirviera poner a los pies del rey el deseo del municipio, que era verse libre de los trabajos que lo amenazaban, especialmente en aquel año de calamidad. Afirmaban además algo que resulta de enorme valor para rescatar con la mayor integridad posible la evolución de los acontecimientos: que todos los promotores de los tumultos se habían ausentado, y que entre ellos no había persona principal alguna, ni aun de mediana calidad. De esta manera de hablar tenemos que colegir que estaban identificados y que contarían con al menos algún auxilio que les habría permitido evadirse. La ciudad acordó que esta misma decisión se hiciera saber al asistente y suplicó al corregidor interino que avalara estas representaciones.

El juez y la corporación, en aquel momento, ocupaban posiciones distintas. Palanco pretendía aprovechar el incidente del 19 para imponer su autoridad y los promotores de los tumultos cuando menos se habían escondido. La inquietud sin embargo no se había extinguido del todo. Aquel mismo 25 de mayo, para que ayudaran a los diputados de guerra en la distribución de la tropa y lo demás necesario para su inspección, fueron nombrados dos regidores y tres jurados.

La acción de Palanco contra los promotores de los tumultos, el objetivo judicial de su comisión, pronto dio con algunos a los que inculpar. Fue hecho prisionero un número indeterminado de personas, contra una parte de las cuales el juez comisionado se encargó de incoar las instrucciones correspondientes. Uno de los encausados se llamaba Bartolomé Gamero y otro Juan Manta. También fueron detenidos Cristóbal Jiménez y José Lara, y sin mencionar sus nombres las fuentes se refieren a otros diez hombres que se vieron reducidos a idéntica condición.

Se sabe algo de las condiciones a las que estuvieron sujetos los detenidos. Al menos entre el 21 y el 28 de mayo estuvo activo en la población el que las fuentes primero llaman ejecutor de la justicia y después abiertamente verdugo. Durante aquella semana paró en la posada de cierto mesonero. La crónica local permite pensar que al menos fue empleado para templar las actitudes más rebeldes con azotes. De sus víctimas solo menciona a un indeterminado hombre de baja esfera, promotor de otros de su clase, alguien que no habría conseguido ocultarse a tiempo.

Para hacer frente a las responsabilidades judiciales, al menos una parte de los bienes de los reos fue embargada. Hecho el balance de su valor en el transcurso del procedimiento, Palanco creyó que de los catorce encausados solo cuatro podrían hacer frente a las obligaciones pecuniarias a las que diera lugar la información abierta. A Bartolomé Gamero se le despojó de su capital personal líquido: 26 fanegas de garbanzos raídas, 52 fanegas y media de trigo y 600 reales en dinero. Pero a Juan Manta le fue embargada al menos una parte de sus bienes domésticos: una cama de barandilla, un colchón, dos sábanas, dos almohadas, una cubierta, dos sillones, un arca de pino, otra más pequeña, tres cuadros de a dos varas, tres de a media vara, cuatro de una vara y media, una tarima de copa con su cazoleja de cobre, una mesita, una tinaja de agua, un cubo, un carrillo, 18 fanegas de trigo en grano, una artesa, una fanega de harina, dos jumentos y un caballo; modesto patrimonio que sin embargo tenía salida en los mercados.

Cristóbal Jiménez otorgó fianza de cárcel segura. Palanco ordenó, en razón de lo que tenía entregado, y porque según sus investigaciones no estaba mancomunado con los demás, así como porque le constaban sus cortos posibles, que no se le cargara cantidad alguna. También quedó constancia de que José de Lara igualmente tenía posibles cortos, así como de que los otros diez reos tenían cortos embargos.

La historiografía especuló con la posibilidad de que los movimientos que llamaba motín hubieran alcanzado el grado de la organización, adelantándose a posteriores formas de acción pública. El rigor analítico que conviene a su procedimiento reduce a elementos poco compatibles motín y organización. Si según sus premisas el motín es una forma elemental del comportamiento gregario, asegura este efecto que carece de organización alguna. No es fácil por tanto sostener que este tipo de actuaciones dispusieron de algo parecido a una conspiración. Aparte evidencias precedentes, la última prueba que la fuente proporciona aboga sin embargo a favor de una abolición de tales fronteras. La mayor parte de los encausados fueron declarados cómplices. Como además se estableció que Cristóbal Jiménez y José Lara no estaban mancomunados con los demás, se debe deducir que pudo haber cierto grado de organización de los tumultos. Pero no es posible pasar del indicio. No hay nada más sobre tan fundamental asunto, ni tampoco prueba alguna que permita excluir que la acusación de complicidad sea un argumento que proporciona al juez un agravante.

Las actuaciones contra los reos de los tumultos pudieron prolongarse, como muy tarde, hasta el 18 de junio. Para esta fecha los catorce encausados ya habían sido sentenciados por la justicia local y conducidos como presos desde la cárcel de la población al centro de reclusión de la capital. Sobre las condenas que sobre ellos cayeron no hay información precisa, pero sí se sabe que las penas pecuniarias accesorias en ningún caso fueron graves.

Las sanciones materiales fueron reducidas a las costas originadas por el procedimiento, el gasto ocasionado a Palanco a consecuencia de su traslado y residencia transitoria en la población, que fue estimado en 6.000 reales de vellón, y el valor del caballo muerto durante las protestas, valorado en 14 doblones. El gobernador del consejo de Castilla, en carta de 23 de junio, comunicó que el gobierno había decidido mostrarse magnánimo con los condenados. Dio instrucciones para que de los bienes de los cuatro reos que podían hacer frente a algún costo se tomara con este fin una moderada parte, la que Palanco estimara que no los arruinaría ni incomodaría mucho. El resto de los gastos procesales tendría que cubrirse con el sobrante del derecho que el municipio cobraba sobre el aguardiente, un expediente habitual para hacer frente a los gastos públicos.

En aplicación de estas instrucciones, de los bienes de Bartolomé Gamero fueron deducidos 700 reales y de los de Juan Manta 300. A Cristóbal Jiménez y a José de Lara, por las razones ya conocidas, no les fue cargada cantidad alguna, ni al resto de los encausados. Sirviéndose de este fondo, se pagaron los salarios del escribano de la comisión, el alguacil, el portero y el escribiente. Liquidados estos, quedaron aún por pagar los 14 doblones del caballo del sargento y el gasto ocasionado a Palanco. Tal como se había ordenado, fueron cargados sobre el derecho del aguardiente. Después fueron desembargados los bienes de todos los reos y se cancelaron las fianzas.

Palanco además inhabilitó a José González de Lara, uno de los dos escribanos de cabildo. Días después fue condenado a una suspensión de su oficio durante seis meses y al pago de 20 ducados para la cámara del rey. El motivo invocado para las sanciones fue lo ocurrido durante los alborotos. No está claro qué clase de responsabilidad contrajo en su transcurso. La coincidencia entre su nombre y el de uno de los encausados permite admitir la completa identidad, dada la flexibilidad con que habitualmente usaban los nombres las fuentes del momento, o en el parentesco. De ser cierta la primera posibilidad, la inhabilitación habría que interpretarla como una pena accesoria.

El escribano de cabildo pudo ser la vía de conexión entre el corregidor y los alborotadores. El procedimiento judicial pudo sustanciar la inocencia de Cristóbal Jiménez y José de Lara. Es legítimo pensar que durante la investigación pudo descubrirse que se trató de agitadores, a su vez inducidos por la opción política que en el momento en que se desató el primero tumulto estaba interesada en que ocurriera. Por eso el castigo añadido tampoco llegaría demasiado lejos. Solo un mes después de que Palanco hubiera sentenciado, el gobierno de la población solicitaría al presidente del consejo de Castilla que levantara la suspensión del ejercicio de su oficio de escribano a José González de Lara. El presidente del consejo accedió a la petición siempre que el encausado liquidara la multa que se le había impuesto. Poco después se verificaría su solvencia y el pago, e inmediatamente se le readmitiría en su puesto.

El 9 de junio el gobernador del consejo de Castilla ordenó a Palanco, previas instrucciones sobre la conclusión del proceso judicial que había sido motivo para su nombramiento como juez especial, que se retirara de la población en la que había actuado transitoriamente como corregidor. Asimismo le mandó que llamara al corregidor titular, al alcalde mayor y al alguacil mayor para reintegrarlos en sus poderes, una vez que había cumplido la comisión sobre los alborotos ocurridos los días 5, 9 y 19 de mayo.

La retirada de Palanco empezó por la junta de granos local. Al día siguiente, 10 de junio, la reunión se limitó a admitir la sustitución de uno de sus miembros más activos, regidor, que estaba ocupado en la compra de granos en la capital, por otro de su misma clase sin la menor objeción. A partir de entonces la actividad de aquella junta decayó, y fue habitual que faltara a sus convocatorias un número significativo de sus miembros, cuando hasta entonces había sido extraordinario que alguno no concurriese. Así, vista la experiencia, comenzaría la decadencia de las juntas de granos locales, constituidas para hacer frente a las urgencias derivadas de la caída del producto, en beneficio de la junta regional.

Días después, el 16 de junio, Palanco envió respuesta al gobernador del consejo de Castilla, al tiempo que tomaba las decisiones dirigidas a que la normalidad jurisdiccional fuera restablecida. Comunicaba a la administración central que había escrito a los tres interesados para que volvieran a la población. Solo había recibido respuesta del corregidor, quien le había adelantado que en la tarde de aquel día llegaría. Como podría ocurrir que él tuviera fletada su vuelta a la capital antes de que llegara el corregidor titular, decidió poner la jurisdicción restituida en el regidor decano de los que estaban presentes en el cabildo. Entregó y puso en sus manos el bastón que la simbolizaba y el regidor lo recibió y lo retuvo en su poder. A continuación Palanco se fue.

El día siguiente, 17 de junio, la crisis más grave conocida por aquella población durante la época moderna estaba a punto de cerrarse. Aquel día, miércoles, a las nueve de la mañana, tenía intención de reunirse, como lo tenía por costumbre, la junta local de granos. Acudieron a la convocatoria una parte de sus miembros. No comparecieron el vicario, el abad de la universidad de los beneficiados, dos de los regidores ni el caballero labrador que estuvo en el origen de la operación comercial que en su momento había causado los tumultos. Tampoco estaba presente el corregidor. Quienes habían concurrido con este fin a las casas capitulares decidieron enviar recado a su casa para que acudiera. Respondió el corregidor que por sus ocupaciones y las visitas que había de recibir no le era posible dejar su casa. Si los señores de la junta deseaban reunirse, podían hacerlo bajo la presidencia del regidor decano, corregidor interino. Ante tal respuesta, los miembros de la junta decidieron retirarse sin celebrar la reunión.

Aquel mismo día, en la reunión del ayuntamiento, el corregidor interino notificó que el día anterior había recibido como testimonio de restitución la vara que Palanco, por orden del consejo de Castilla, había tomado al titular del corregimiento para que se la entregara a este, al alcalde mayor y al alguacil mayor. Dos de los reunidos fueron comisionados para que acudieran a la casa del corregidor y lo acompañaran hasta el lugar donde la reunión de la cámara ciudadana se estaba celebrando. Así lo hicieron y el regidor decano repuso al corregidor titular en la jurisdicción que antes tenía. También hizo entrega de su jurisdicción al alcalde mayor y los reunidos acordaron que asimismo el alguacil mayor usara su empleo tal como estaba previsto en la orden del consejo de Castilla.

El enfrentamiento concluyó con una representación de la armonía restaurada. A fines del mes de junio, el ayuntamiento corrió con los gastos de una cena en honor de Juan Palanco, juez pesquisidor que había actuado en la ciudad para depurar las responsabilidades adquiridas por quienes habían protagonizado los acontecimientos de mayo.

Un fracaso, sus culpables y los convictos. Primera parte

Redacción

Un corregidor, que se había declarado opuesto a la libertad de comercio, entonces patrocinada por la administración central, de su actitud ya tenía dada alguna prueba. En una reunión de la junta de granos que extendía su jurisdicción a todo el suroeste, organizada para que actuara como bolsa regional del comercio del trigo, celebrada el 30 de abril, se informó que aquel mismo día había llegado, en viaje de vuelta desde la Corte, un correo extraordinario. El responsable de la administración del estado en la zona, entonces llamado asistente, algunas jornadas atrás lo había despachado para informar al gobernador del Consejo, departamento que ejercía como gobierno del interior para todo el estado, de las decisiones que aquel señor municipal estaba tomando.

Aunque en sus actuaciones de mediados del mes de abril su obstinada manera de oponerse aún no se hubiera perfilado con tanta nitidez, en la documentación enviada desde la capital ya había sido condenada por contraria a la libertad de granos. Debió manifestarse poco después de que fuera tomada aquella medida de comercio interior, y habría emergido reiteradamente en iniciativas decididas entre tanto.

Una de las ocasiones en las que pudo resultar más ostensible debió ser un incidente ocurrido apenas unos días antes. Había ordenado la detención de un tal Francisco Vallejo porque, en donde ejercía su jurisdicción, había hecho las primeras gestiones para comprar trigo por encargo de Manuel de la Calle, un comerciante de la capital que formaba parte de la junta regional de granos. Aquel correo traía una orden expresa del gobernador del Consejo para que el pobre intermediario fuera puesto en libertad. Asimismo, conminaba al corregidor a que se presentara ante el asistente, y le recordaba cuál era su verdadera obligación; una referencia a la rectitud administrativa que por desgracia los dirigentes que se comunicaban por carta prefirieron limitar a la apelación, privando a sus lectores futuros de un beneficio que agradecerían.

En la junta de granos de la región esperaban que estos medios fueran suficientes para terminar con el miedo y el recelo que hasta entonces habían detenido las ventas de los labradores en aquel lugar. Para darles confianza y protección legal, decidieron que el teniente primero de asistente comisionara hasta allí a un escribano, el verificador de los actos civiles, para que entregara la orden dirigida al corregidor. Para recuperar la normalidad de las transacciones además acordó que de nuevo Domingo García, un intermediario de la junta que ya las había iniciado, volviera a la población para continuar con las gestiones más eficaces y rápidas para captar el trigo que quisieran vender sus labradores, y así disponer de él a la mayor brevedad.

Pero para entonces el corregidor ya había decidido librar la batalla que le presentaban sin abandonar sus posiciones. El 4 de mayo, en la población se sabe que han llegado vecinos de la capital para tratar con un miembro de su junta local de granos, creada con el mismo fin que la regional, de la que formaba parte en calidad de labrador, la compra de una partida de trigo para el abasto de la primera ciudad suroccidental. El labrador, que en la junta local había intentado colocarse en una posición independiente y equidistante, una vez dictadas las nuevas normas para el mercado del trigo, era uno de los vendedores con los que trataban los encargados del abasto público de la capital.

Consta que era un importante propietario de ganado, sobre todo lanar, del que tenía declaradas 2.050 ovejas de vientre, 50 carneros y 400 ovejas de entre un año y dos. De ganado bovino había declarado 100 vacas y 156 bueyes y becerros; de cerda, 50 puercas de vientre y 153 puercos; de mular, 3 mulas; de equino, 23 yeguas, 6 caballos y 2 potros; de asnal, 27 jumentas de vientre y 20 jumentos; y de apícola, 21 colmenas. Este patrimonio, según las tarifas catastrales, fue evaluado en 27.224 reales de vellón. Eran todos los bienes de los que constaba ser dueño. No era propietario de tierras ni titular o administrador de patronato, capellanía, vínculo o cualquier otra institución que de manera indirecta le permitiera el acceso a parcelas aptas para el cultivo de cereales. Lo que en modo alguno lo incapacitaba para que pudiera tomar tierras en arrendamiento. No era necesario que tomara decisiones así, aunque no parece probable que pudiera sostener tan importante cabaña sirviéndose exclusivamente del espacio comunal; ni hubiera podido seguir otro camino, no siendo propietario de tierras, para constituirse en labrador. La clase emergente de los labradores sostenía sus empresas recurriendo a la cesión de tierras, mercado inicial del negocio del cereal seco que dominaban en su ámbito los de cada población, gracias a una forzada oferta de las tierras con este destino poseídas por las instituciones que las inmovilizaban.

Que, aparte su dedicación agropecuaria, se ocupaba en la compraventa de granos lo demuestra una relación para el registro del trigo, firmada en la capital el 22 del mismo mes, en la que declaraba que le tenía compradas, por medio de un intermediario, vecino de otra población, localizada a unos diez kilómetros al oeste de la que era su residencia, panadero que le amasaba el pan a ciertos ganaderos, 98 fanegas de trigo. No cabe duda sobre que se trata del mismo personaje porque la relación aclara que la cantidad mencionada no se había podido transportar por los embarazos que han ocurrido, una referencia a los hechos que enseguida se conocerán.

Con sus mismos apellidos, en la documentación consultada aparece un vecino de uno de los antepuertos del monopolio colonial, poseedor de un vínculo y administrador de dos patronatos. Su unión por lazos de parentesco al labrador convertiría a este en uno de los vértices de un interesante triángulo comercial. Además de la población donde vivía, le servirían de apoyo la capital de la región, mediante Manuel de la Calle, el demandante de su trigo, y la población del litoral, un puerto que serviría para operar con la importación de trigo ultramarino, en caso necesario.

Aunque por lo que dice la fuente local es posible conjeturar que en la población, entre los que el día 4 estaban en ella con el propósito de comprar trigo, se encontraba Manuel de la Calle, quien efectivamente terminaría adquiriéndolo al labrador, de lo decidido el día anterior en la capital se puede deducir, con toda seguridad, que en idénticas circunstancias actuaba en su nombre Domingo García.

Al saberlo, el alcalde mayor de la población consultó al corregidor sobre aquellos movimientos en el mercado local, no desprovistos de contenido político. Ambos decidieron afrontar el asunto de común acuerdo. Decidieron hablar con el labrador para obtener la información más exacta sobre la operación de venta de trigo de la que estaba tratando, en especial para saber la cantidad de fanegas que intentaba comerciar y el precio que para cada una había aceptado. Inicialmente, la intención de ambos era informar a la junta local de granos. Si esta dispusiera de fondos suficientes, podría ejercer el derecho de retracto que las mimas órdenes sobre las que se dirimía habían autorizado. El trigo del que se trataba constaba ser fruto de la tierra y a él era inmediatamente aplicable el derecho previsto.

Aunque el corregidor y el alcalde mayor aparecían como los responsables directos de estas iniciativas, no estaban solos. Aquella misma noche al menos, el administrador interino de las rentas provinciales, otro de los funcionarios de la administración local, supo cuáles habían sido las decisiones tomadas por quienes así actuaban porque estaban investidos del poder judicial del municipio. Es muy probable además que estuviera presente en las deliberaciones. La presencia del administrador de rentas provinciales en aquellas conferencias estaría justificada. Conocida con seguridad la cantidad de trigo de la que se trataba, contando con los informes que tendría en su poder, se podría calcular la porción del fondo de rentas provinciales, momentáneamente disponible por decisión de la administración central, que sería necesaria para concurrir al tanteo.

Aunque cuando se habían tomado estas decisiones eran ya las diez, a pesar de lo avanzado de la noche el alcalde mayor y el administrador tomaron a su cargo la gestión de lo que habían acordado. Fueron a ver al labrador. Cuando consiguieron localizarlo, pasadas las diez, los recibió y les habló con claridad. Les dice que un caballero de los que están en la junta regional, amigo suyo, días atrás le había escrito solicitándole algún trigo, si le sobraba, con el fin de aplicarlo a la provisión de la primera ciudad de la región. Pero hasta aquel momento no habían ajustado cantidad de fanegas ni precios a los que podrían ser compradas. Como la iniciativa le ofrecía una interesante oportunidad, había decidido enviarle todo el trigo del que pudiera prescindir, sin límite por su parte. No obstante, insiste en que no había dado precio ni señalado alguno preciso, que de esto no habían tratado y que, aún más, por su parte había decidido dejar este asunto a la discreción de la junta.

Es posible que las cosas fueran exactamente así, y que el corregidor también desconociera el alcance del negocio. Pero cuatro días después este, una vez que explicó algunos de los pormenores de aquel proyecto de compraventa que conocía, precisó que la partida que el labrador tenía ofrecida y vendida para el consumo y abasto de la capital alcanzaba la cantidad de 1.500 fanegas de trigo. Algo después, el día 13, otra fuente se arriesgó a cifrar la cantidad de trigo comprada por orden del asistente en 2.000 fanegas.

Fuera uno u otro el volumen de grano que el labrador ocultara durante la entrevista, el alcalde mayor y el administrador, concluida esta, volvieron a casa del corregidor para informarle y tomar decisiones. Pero era ya muy tarde y creyeron más oportuno dejar el asunto en aquel estado hasta el día siguiente.

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El alcalde mayor, tan activo aquella noche, apenas descansó. Tuvo que salir de la población durante la madrugada inmediata, la del 5 de mayo. Aun así, antes tomó la precaución de ordenar a los alguaciles mayores, tanto a los de la ciudad como a los del campo, así como a otros ministros y guardas, que estuvieran atentos a deshacer cualquier obstáculo que cualquier persona pudiera oponer a la salida y conducción del trigo del que se estaba tratando. Parece que al menos desde el día anterior se estaban organizando movimientos para obstaculizar su salida. Cómo lo sabía el alcalde y quién los pudiera promover son cosas que escapan a la observación de los hechos en el orden en que se fueron sucediendo; aunque, como habrá ocasión de ver, no del todo a su posterior concordancia.

Resulta llamativo que antes de aquel amanecer se diera como hecho cierto que el trigo del labrador iba a ser conducido a la capital. Permite pensar que la compraventa estaría más avanzada de lo que hasta después de las diez de la noche del día anterior el propio labrador había reconocido, incluso acordada. Es probable que de las conversaciones que con él mantuvieron los representantes del municipio, a pesar de sus afirmaciones, dedujeran que la operación estaba a punto de consumarse. Pero no es fácil demostrar si entre las medidas con las que juzgaron oportuno replicar estuvo la de prevenir agentes contra un posible tumulto opuesto al acuerdo comercial o, al contrario, su estímulo, posibilidad en la que es legítimo pensar, dada la actitud de la primera autoridad local ante aquella clase de transacciones.

A primera hora de la mañana del día 5 de mayo por la población corrió la especie de que el labrador en cuestión pensaba despachar aquella misma mañana para la capital una partida de trigo. Se rumoreó además que algunos individuos, a los que las romanistas fuentes identifican como parte de la plebe, iban a intentar detenerla, fundados en el argumento de que no querían que les faltara el socorro del trigo durante la escasez que se estaba viviendo. La cantidad de individuos de la plebe que en la plaza de la ciudad se había juntado para impedir que el trigo saliera era grande. Cuatro días después, el corregidor, que conocería estos hechos por el informe de la ciudad, afirmó que había sido toda o la mayor parte de la plebe de la ciudad la que en aquel momento había actuado.

Sabido esto, el ayuntamiento, que para entonces ya discutía sobre su derecho de tanteo sobre aquel trigo, acordó que para decidir sobre el asunto, en caso de que hubiera fondos, necesitaba más tiempo.

Las personas a las que el alcalde mayor había encomendado permanecer atentas a cualquier intento de impedir la salida del trigo ejecutaron la orden haciéndose presentes. Para garantizar la decisión, cumpliendo lo que las reales órdenes dictaban sobre el tráfico de trigo, finalmente acudió también el alcalde mayor en persona, probablemente aconsejado a última hora por su prudencia. Tal vez pensara que su ausencia, que finalmente resultó muy breve, en una situación como la que se estaba creando podía ser interpretada como abandono de sus responsabilidades.

No fueron suficientes para calmar los ánimos las repetidas amonestaciones e instancias que a los concentrados les fueron hechas. El alcalde mayor, capaz para valorar como delicada la situación, viendo que era probable que todo aquello degenerara en un trágico levantamiento, para evitarlo, decidió que por el momento fuera retenida la partida de trigo que en el primer viaje se iba a conducir, unas 80 fanegas. Por iniciativa de la gente alborotada, el grano, guardado en sus haldas, fue depositado en la casa del corregidor.

A continuación, el alcalde mayor se empleó en separar a la multitud, e hizo cuanto estuvo a su alcance para serenarla, y pretendió que todos se retiraran. Satisfizo sus propósitos después de las oportunas acciones, sobre cuya intensidad se carece de certeza. No hay testimonio directo de que en aquel momento fuera empleada violencia alguna, pero de la circunstancia que su justificación, más adelante, cuando se estaban reuniendo los informes y autos que terminarán siendo imprescindibles, el alcalde mayor se la reservara se puede deducir que algún grado debió alcanzar.

Puso su actuación en conocimiento de la asamblea de gobierno del municipio, para que decidiere según su criterio cuanto creyera conveniente para el beneficio común y la quietud pública. Pero también informó que había decidido comunicar el suceso al asistente, para que en uso de sus poderes, o con el concurso de la junta, tomara la resolución que creyera más conveniente. Es posible que para entonces el alcalde mayor ya hubiera decidido distanciarse de las posiciones mantenidas por el corregidor.

El gobierno del municipio, recibido este informe, agradeció al alcalde mayor la aplicación, la prudencia y el esfuerzo con los que había intervenido en el sosiego de la población durante el disturbio. Acordó informar de lo que había sucedido al gobernador del Consejo, para cumplir con su obligación de poner en conocimiento de la más alta instancia de gobierno todo cuanto sucedía. Y, con una contumacia que transparentaba el objetivo al que aspiraba tras aquellos acontecimientos, aprovechar la oportunidad para enfatizar la escasez de granos a la que había de enfrentarse la población. Pensaba que había que aclarar al gobernador que el movimiento de sus vecinos en aquella circunstancia no había tenido otro motivo que el deseo de asegurarse la subsistencia en el estado de necesidad común en el que se vivía, propósito que juzgaba de los más difíciles en vista de que el trigo que a la fecha en la población había no era bastante para satisfacerla.

Solo entonces, gracias a que fue parte de los argumentos utilizados, quedó constancia de algo de mayor interés para evaluar el estado del mercado local de los cereales. Según estos protagonistas, la única partida de trigo de alguna consideración que había en la ciudad era precisamente la de aquel labrador. Se estimaba que alcanzaría las 15.000 fanegas, de las cuales solo había ofrecido y dado para el abasto de la población 50, como efectivamente hizo en su momento en una reunión de la junta local de granos. Creían que había sido saberse esto lo que pudo perturbar los ánimos. Puede pues aceptarse que la cicatería del labrador, comerciante de trigo en grandes cantidades, pudo ser causa inmediata del conflicto que se había desatado. Esperaban del Consejo que atendiera a la subsistencia de la población y diera las órdenes sobre lo que se debía hacer.

Mientras tanto, el corregidor, obedeciendo la orden expedida por la administración central, había ido a la capital para presentarse ante el asistente, quien debía comunicarle personalmente la información reservada que había recibido.

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Entre los días 5 y 9 de mayo debieron sucederse en la población reiteradas reuniones de sus órganos de gobierno. En una que celebró el ayuntamiento, el corregidor, ya de vuelta de su entrevista en la capital, se apresuró a dejar constancia que había sido mientras se presentaba ante el asistente cuando había sobrevenido el inopinado desasosiego y la inquietud del día 5. Sobre ser una explicación innecesaria, dejar constancia de lo que, bajo determinada manera de observar, puede ser llamado una coartada, más bien parece una confesión implícita de que parte de los cálculos que pudieron hacerse la noche del 4 de mayo, en el círculo próximo al corregidor, pudieron deducirse de la feliz coincidencia de que, por órdenes superiores, hubiera sido citado a comparecer en fecha fija ante la autoridad de la región.

Se demoró en sus explicaciones ante la cámara de gobierno local. Precisó que había conocido por ella tan extraño suceso. Pensaba que había sido promovido por personas inconsideradas, sin más objeto que el presentado por la imaginación, a consecuencia del momento de necesidad que se vivía. Presumirían -conjeturó- que llegaría a estrecharse hasta el grado extremo si salían las considerables partidas de trigo que imaginaban que saldrían, y con las que creían tener asegurado el abasto de pan y por tanto su alimento diario.

Pero, hechas estas afirmaciones, no pasó mucho más tiempo antes de que informara que, gracias a sus oficios y eficacia, con el asistente y con la junta de granos de la capital, había estudiado el medio para que la venta que el labrador había acordado se llevara a efecto, el trigo pudiera transportarse a la capital y al mismo tiempo se suavizaran los ánimos inquietos.

Leyendo estas afirmaciones, se podría concluir que el corregidor se había visto forzado a modificar sus posiciones, tras su comparecencia ante el intendente. Al contrario, llegado el problema a aquella encrucijada, el corregidor demostró excelentes aptitudes para ganar la iniciativa. Sus gestiones habían tenido tanto éxito que había acordado la siguiente solución. La junta regional, accediendo a las súplicas e instancias de su persona, estaba de acuerdo en que, de las 1.500 fanegas de trigo que tenía ofrecidas y vendidas el labrador, 500 se quedaran en los graneros del pósito de la población, para beneficio de sus vecinos, y que las otras 1.000 fuesen enviadas para el gasto y consumo de la capital.

Tal era el fruto que había podido obtener con sus cálculos y acciones de los días anteriores. Puede parecer una salida transaccional, que incluía a un tiempo admitir la extracción de trigo y la manera de ver la política de abastos que tenía el corregidor, opuesta a la exportación. Pero no era exactamente así. Aún se reservaba una iniciativa más.

Para dar crédito al acuerdo, había traído de la capital dos cartas, una del asistente y otra de Manuel de la Calle, el comprador del trigo, ambas dirigidas al labrador que iba a venderlo, que demostraban el amistoso convenio que se había alcanzado. El corregidor ya se las había hecho llegar. Al conocerlas, se había mostrado dispuesto a aceptar lo acordado.

Pero eso no era todo. La previsión del corregidor había llegado aún más lejos. Para que por su parte no se demorare el asunto, había accedido a que, de las 500 fanegas que en la población se tendrían que quedar, 80 pasaran a los graneros del pósito, justo las mismas que se habían refugiado en su casa el día 5. Creía conveniente avisar al labrador para que preparara y mandara las recuas que pudiera para el transporte de las fanegas que a la casa del corregidor violentamente se habían acogido durante el inquieto movimiento.

Así resultaba que por el momento no salía un solo grano de la ciudad y que, de las dos opciones enfrentadas, por el momento solo la suya fuera ejecutada.

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Pero en el transcurso de los días entre el 5 y el 9 de mayo también debió tomarse alguna decisión para que otra parte del trigo saliera para la capital. Es probable que fuera por iniciativa del labrador, quien obtendría la porción principal de su beneficio con la venta del trigo para su abasto, y cuya cesión a la autoridad local requería alguna contrapartida. Por el contrario, cualquier iniciativa en esta dirección comprometería la delicada posición central que el corregidor había conquistado.

Pretenden las fuentes que en previsión de las posibles adversidades, para que esta arriesgada operación no fuera obstaculizada como antes, ya en aquel momento el corregidor había tomado la decisión de mandar que, además de los alguaciles, ministros y oficiales de la audiencia, con el apoyo de las rondas del resguardo que a caballo debían asistirle a él, prestaran también su auxilio militar distinguidos caballeros y autoridades del pueblo, que el corregidor nombró y señaló, pero que por el momento los textos no citan con precisión. Con el mismo fin, había mandado aviso al teniente coronel del regimiento de milicias de la población, para que transmitiese la orden a sus jefes, cabos y soldados. No parece que fuera excesiva la precaución. Está atestiguada en otros lugares, en circunstancias muy parecidas, incluso de amotinamiento frente a la salida de grano de un lugar precisamente, la solicitud de ayuda al ejército.

Había decidido además publicar un bando, advirtiendo con graves penas a quien se atreviera a obstaculizar la salida del trigo.

Todas estas oportunas providencias -insisten los informadores- llegaron a tener cumplido efecto. Pero, por la temeraria y bárbara resolución de la plebe, no se logró el fin al que iban dirigidas.

Es más que probable que esta manera de hablar fuera una justificación, posterior a los nuevos acontecimientos y colocada por los redactores de los informes en este lugar. No obstante, el curso posterior de los hechos la hace muy verosímil. Desde aquel momento, el corregidor debió tener ciertas dudas sobre su capacidad de control de unos comportamientos que, si no había visto con simpatía, sí habían actuado a favor de sus posiciones. Cualquier protesta en la calle, a partir de aquel instante, una vez que se había comprometido de manera tan definida, podía actuar en su contra.

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Es el 9 de mayo y transcurre la hora entre las siete y las ocho de la mañana. En la casa donde vivía el corregidor, además de este, están el alcalde mayor, el alguacil mayor del santo oficio y cuatro regidores. Los acompañan tres caballeros notorios y de los primeros de la población y están asistidos por el escribano del regimiento de milicias y el escribano de los servicios de millones. Todos habían sido citados de antemano para que acudieran precisamente allí, y en aquel transcurso de tiempo habían llegado. Se habían reunido con la intención de acompañar al corregidor, para que la salida del trigo que tenía que enviar a la capital no fuera obstaculizada.

Mientras acudían a la cita, los reunidos en la casa del corregidor habían comprobado que la mayor parte de la plebe estaba dispersa en pequeños grupos entre este lugar, inmediato a las casas capitulares, y el convento al otro extremo de la población, ya en la carrera que iba a la primera ciudad de la región. Ya no podían caber dudas sobre la reorganización del movimiento de protesta, aunque no haya indicios directos sobre quién había tenido la iniciativa de promoverlo y con qué fin. Solo una oposición simultánea al corregidor y a los intereses comerciales del labrador podría estar interesada en complicar la situación, lo que apunta hacia el procurador mayor, cuya manera de argumentar sobre lo que debía hacerse en el mercado del trigo, que se podría llamar plutocrática, se había distanciado de las otras dos al instante que las decisiones sobre la libertad de comercio del grano empezaron a alterar el equilibrio político hasta entonces alcanzado.

Al tiempo que sus colaboradores se iban reuniendo en la vivienda del corregidor, en las inmediaciones de la casa del labrador iban siendo cargadas con trigo varias recuas con la intención de enviarlas a la capital. Las estaban cargando y ya había indicios de que se iba a impedir que salieran. A las ocho de la mañana estaban preparadas para salir.

Para hacer frente a los obstáculos previsibles, así como a cualquier otro intento de esta clase, la autoridad municipal había mandado que la ronda de ministros de rentas provinciales, compuesta por el visitador, el subteniente y otras seis personas, con su responsable a caballo, desde el principio se apostaran donde estaban las cargas y en la casa del labrador. La ronda estaría protegiendo tanto el transporte previsto desde aquel lugar como el que habría de hacerse desde la del corregidor.

También siguiendo el plan previsto, a primera hora de la mañana, para estar listos frente a cualquier contingencia, había pasado revista el piquete del regimiento de milicias. Lo formaban un teniente coronel, que era su comandante, su ayudante, cuatro sargentos y dos cabos, única tropa con sueldo que entonces había en el cuartel del regimiento.

El corregidor había ideado la siguiente acción táctica de todos los medios coercitivos de los que disponía. Él mismo, acompañado por el procurador mayor, dos regidores, los tres caballeros notorios que habían acudido a su casa, los escribanos y varios ministros ordinarios saldrían primero con dirección a la plaza mayor, para que con su presencia cualquier desorden se contuviera. Por su parte, el alcalde mayor, los otros dos regidores, el alguacil mayor y los ministros de rentas provinciales se quedarían donde estaban las recuas cargadas, así las que estaban en casa del corregidor como las que estaban en casa del labrador, con la intención de que la presencia del alcalde y de quienes le acompañaban, cuando emprendieran la marcha impidiera cualquier contratiempo que pudiera suceder. Los del regimiento de milicias estarían apostados en la plaza, donde previsiblemente se concentraría la mayor cantidad de gente.

Además, había promulgado un bando para que fuera difundido aquel mismo día en todos los sitios públicos. Conminaba a que ninguna persona, de cualquier estado o condición, por ningún motivo ni circunstancia, impidiera ni permitiera que se obstaculizara la salida de trigo prevista, bajo la advertencia de graves penas.

Sale a la calle el corregidor con los regidores, los particulares que lo acompañan y los escribanos. Encuentran varios grupos de personas de la población, a los que ordenan que se retiren, y así lo hacen. Siguen por la misma calle hasta el comienzo de la siguiente, donde está el edificio consistorial. Ya en ella, la concurrencia de gente es tanta que impide el paso. El corregidor y quienes lo acompañan intentan que se retiren. Algunos, sin que se sepa quiénes, gritan “El trigo no ha de salir”.

El corregidor replica que es preciso que salga, y lo mismo cada uno de sus acompañantes. Explican que hay trigo bastante para el abasto diario y que no faltará en modo alguno, como hasta aquel momento se había podido comprobar. El corregidor afirma que está dispuesto, si es necesario, a sacrificar su caudal y hasta su persona. Los concurrentes se mantienen voceando que quieren el trigo porque lo consideran suyo.

A pesar de la oposición que encuentran, consiguen llegar hasta la plaza, que está llena de gente. Allí se encuentran apostados los efectivos del regimiento de milicias que ha previsto el corregidor, quien secundado por sus acompañantes de nuevo pide a los concentrados que se retiren. Pero algunos vuelven a gritar “El trigo no sale, que lo necesitamos para nosotros” y “Como este sale, saldrá el demás”.

Separándose, aunque a poca distancia unos de otros, el corregidor y los demás caballeros, unos por un lado y otros por otro, vuelven a explicar que es preciso que el trigo salga para la capital, donde es necesario para garantizar su abasto. Explican que del que tiene el labrador que lo ha vendido igual cantidad ha sido llevada al pósito, para que sirva al abasto de la población, lo que permite presumir que por el momento solo se habían aventurado en el transporte a la capital unas 80 fanegas. Advierten además que como impidan la salida se perderán, un eufemismo cargado con el énfasis que insinúa la sedición, y que el pueblo experimentará grandes castigos, tanto los que los merezcan como los inocentes.

No obstante, a una voz afirman repetidamente “No sale el trigo, que lo necesitamos para nuestro alimento”, “Lo mismo es morir a diez que a once.”

Como no bastan razones y consejos para pacificar a quienes se oponen a que el trigo salga, después de sus respectivos circuitos se encuentran el corregidor y sus acompañantes en las inmediaciones del templo que hay en la plaza mayor, cuyo lado sur ocupa; el lugar de encuentro en el que previamente debieron citarse para una vez que hubieran intentado calmar a la gente.

Cuando se encuentran, el corregidor ha empezado a perder el dominio tanto de la situación como sobre sí mismo. Dice a sus acompañantes que ha decidido que el bando que ha promulgado sea repetido imponiendo penas mayores. Aquellos le hacen ver que, habiendo sido publicado ya, y habiéndose esforzado repetidamente, y agotado cada uno en explicaciones sobre la situación, y que nada de esto ha sido suficiente para contener a los vecinos concentrados, podía ocurrir que de la segunda promulgación resultara el completo amotinamiento, y que así tal vez más próxima la pérdida de la población. Además, quedaría absolutamente desairada la jurisdicción real, representada por el corregidor.

Documentación posterior permite saber que entonces, en aquel lugar, un sargento, llamado Juan Maceda, cuyo destino en la población tal vez no era estable, probablemente perdió su caballo. Aunque hay otras circunstancias en las que hubo de hacer acto de presencia la tropa montada, para calmar los ánimos de los exaltados, como el siguiente día 18, es más probable que esta consecuencia violenta ocurriera con ocasión de los acontecimientos del día 9 y en aquellos lugares y momento. De ser así, habría que aceptar que durante las discusiones habidas en la plaza mayor hubo forcejeos y que entre los contestatarios pudieron manejarse armas, con más facilidad blancas, con las que el caballo pudo ser herido.

Viendo que por el momento no era posible tomar otra decisión que pudiera contener el desorden al que se enfrentaban, decidieron los gobernantes volver a las casas capitulares, para en ellas reflexionar y decidir con más detenimiento sobre lo que debían hacer. Se dirigieron a ellas.

Pero, estando ya en sus inmediaciones, otra vez los concentrados empezaron a vocear “El trigo no sale”, “Vaya al pósito.”

A la vista de la cantidad de gente concentrada en torno a la sede del municipio, el grupo del corregidor cree que de entrar en ella quizás pueda resultar alguna agresión. Prefieren acogerse al templo inmediato, el de la parroquia mayor. Una vez dentro, a ellos se unen los tres presbíteros que ejercen su oficio en él, quienes actúan como mediadores de hecho.

Hacen al corregidor, así como a los demás caballeros que con él van, un relato muy sombrío de la situación que se ha creado. En todas las calles, hasta la salida de la población, hay grupos apostados para impedir que el trigo salga. Todo pueblo está sublevado y dice que el trigo no ha de salir. Apelan a la sensatez de los reunidos y quieren que comprendan que en aquella situación el pueblo se pierde. Su intención es que decidan qué medio es el más eficaz para impedir tan temida salida a la crisis.

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Mientras la tensión se concentraba en el eje comprendido entre la plaza mayor y el palacio municipal, el transporte se había puesto en movimiento desde las casas del labrador. Al parecer, el único trigo que ya estaba siendo trasladado era el que se pretendía llevar a la capital.

Como medida más urgente, el corregidor y los caballeros que lo secundan acuerdan que se suspenda el envío de trigo, hasta que se dé cuenta de la situación a las autoridades, lo que juzgan ha de hacerse inmediatamente. Dan orden para que el trigo se descargue de las recuas y se quede en las casas del labrador hasta que haya alguna novedad. A continuación, los responsables públicos se arman de valor y deciden salir de la iglesia, con el propósito de practicar la información que han convenido. Así lo ha entendido ya la gran concurrencia de vecinos que hay en el lugar, que por medio de los encargados de cumplir la detención de las recuas han debido conocer la orden dada. Sabiéndose dueña de la situación, reclama:

–A las casas de don Francisco –el labrador–no, y sí a las de su señoría –el corregidor– o al pósito.

Viendo que el tumulto se reaviva, uno de los regidores, acompañado por uno de los caballeros notorios, y asistidos ambos por uno de los escribanos, se adelantan y salen a la plazuela de la que uno de sus lados es la iglesia mayor. Allí explican a los vecinos reunidos que el trigo que se había previsto para el transporte a la capital se va a llevar al pósito. Para garantizar que así ocurra, de nuevo los congregados irrumpen con voz común:

–Al pósito, al pósito.

De acuerdo con los demás caballeros, el corregidor ordena al alcalde mayor y a quienes le asisten, así como a la ronda de las rentas provinciales, que retiren la guardia que le prestan a las recuas que habían salido de la casa del labrador. Piensa que de este modo quienes lo vean creerán que se ejecuta lo que se ha decidido. Pero la plebe tampoco confía en la sinceridad del gesto y escolta las recuas. Algunos llevan los jumentos asidos, y de este modo los conducen al pósito del peso de la harina, donde el trigo es descargado en el primer granero de la izquierda y vaciado en dos montones, uno en el rincón último de la derecha y otro en el de la izquierda tras la puerta. Los vecinos que se han comprometido en el tumulto permanecen atentos a la operación, y tres de ellos, Francisco Morente, Pedro Majuelos y Francisco de la Vega, actúan como testigos formales de la operación. En ese papel se mantienen hasta que son sacados los costales vacíos, cerradas las puertas y echadas las tres llaves. Una la recoge el regidor que ha asistido al acto, por ser diputado del pósito, otra el fiel de este instituto y la del corregidor, para luego entregársela, porque ha decidido no estar presente, el escribano que acompañaba al representante de la cámara de gobierno.

Una compra de trigo ultramarino

Redacción

Un 3 de junio dos regidores, que una junta local de granos había diputado para la compra de trigo, informaron que se mantenían muy atentos a cerrar precios del grano en la capital, para que en el momento que fuera conveniente se pudiera llevar a la población en la cantidad que se les había encomendado. Tanto era el volumen pretendido que habían previsto un granero en la casa del regidor bajo cuya custodia estaba el dinero destinado a la operación.

El siguiente día 8 uno de ellos, para cumplir con lo que se le había encargado, viajó hasta la capital. Allí se instaló, contando con que el municipio habría de compensarle, mientras se ocupara en este empleo, a razón de 30 reales diarios en concepto de dieta única. Permaneció allí entre un lunes y un viernes, los cinco días comprendidos entre el 8 y el 12 de junio, fechas durante las que además hizo los viajes de ida y vuelta. En su transcurso, sirviéndose del cruce de correspondencia con el otro diputado, que permanecía en la población, ejecutó la mayor operación de compraventa de trigo, para una población y por tanto con cargo al patrimonio público, que hayamos podido documentar.

Entre los dos diputados circularon al menos ocho cartas, de las cuales siete fueron remitidas por el que se había establecido en la capital. La primera la escribió el mismo día 8, la segunda y la tercera el 10, otras tres sucesivamente a lo largo del 11 y la séptima el 12 de junio. La octava pieza de la que tenemos certeza fue la respuesta que el diputado que permanecía en la población dio a la segunda enviada desde la capital, o primera del día 10, miércoles, jornada en la que además la junta local de granos celebró reunión y a su vez tuvo noticia de la carta enviada el 8 desde la capital por su diputado.

Aunque el objeto preferente de la correspondencia fue todo lo relacionado con la compra que se habían propuesto, quedó algún margen para las confidencias. En la segunda comunicación del 10 de junio el diputado que se había desplazado se dirigió a su par en la población para certificarle que había recibido su comunicación aquel mismo día, después de que enviara la primera partida de trigo. Mencionaba además una de sus preocupaciones. Creía haber actuado según las instrucciones del corregidor. Por lo demás, no tenía otra cosa que contar, salvo enviar memorias a los amigos, por no caer en esa falta, aunque reconocía que no estaba en aquellos momentos para tales cuidados.

La frecuencia con la que en algunas ocasiones fue remitida la correspondencia desde la capital demuestra una alta velocidad en la comunicación, puesto que era necesario cubrir entre cinco y seis leguas para ir de un lugar a otro. Puede sospecharse que para satisfacer el servicio fuera necesario recurrir a propios, el sistema más rápido y más caro de los que se podía disponer en la época para atender al intercambio de información. Pero, como no consta entre los gastos originados por la compra del trigo que la comunicación fuera responsable de carga alguna, es posible que, por una parte, se tratara de los mismos propios que habitualmente fueran utilizados para cruzar correspondencia entre el lugar y la capital.

Consta asimismo que algunas de las cartas fueron remitidas con los mismos arrieros contratados para el transporte del grano, y que también actuó como correo un guarda de campo de la población, que durante cuatro de los cinco días acompañó al diputado. Cada jornada hacía viajes de ida y vuelta a la capital con tanta dedicación que su trabajo fue apreciado a razón de 12 reales por día. Primero volvió para llevar la noticia de la compra, y luego se empleó en acompañar a los arrieros forasteros contratados para el tráfico de la mercancía. También se sabe que quien actuó como pagador de la operación hizo circunstancialmente de correo entre el diputado que estaba en la capital y el que permanecía en la población, llevando informes sobre lo que podía suceder a mediados de la semana, cuando el sistema de transporte al que se había recurrido sufrió momentáneas complicaciones. Fuera de un modo o de otro, la rapidez con que circuló la información demuestra que mantener una posición de ventaja en una operación de compraventa de trigo exigía comunicaciones muy fluidas.

En cuanto llegó a la capital, cumpliendo con el encargo que llevaba, el diputado fue a los almacenes a ver granos. En aquel momento había cuatro vendiendo. Reconocidas las calidades de sus trigos, le pareció que el mejor era el ofrecido por Manuel Paulín, a la sazón el segundo comerciante que en calidad de tal se había convertido en miembro de la junta regional de granos. Para el comprador así lo confirmaba que la mayoría de las panaderías de la ciudad no compraban en otra parte. Se decidió pues a tratar el ajuste con él, partiendo de que su precio era el de todos los demás, que vendían a 38 reales la fanega, precio al que también lo estaban pagando los panaderos. No obstante, habiendo acordado con el comerciante la compra de un total de 1.000 fanegas, consiguió la rebaja de un real por fanega.

La compraventa tomó al diputado como rehén. Por la primera carta que el día 10 remite sabemos que Paulín no quería que quien representaba a la población que había hecho la compra se separara de su almacén hasta que la entrega de todo el trigo hubiera concluido. Cada jornada, en el mismo lugar donde estaba almacenada, antes de cargar la mercancía, era medida. Un medidor, que cobraba a razón de 4 maravedíes por fanega, era quien realizaba la operación. Como la cantidad cobrada por unidad de capacidad es clasificada por la documentación como derecho de medida es posible que se tratara de una tasa impuesta por el almotacenazgo de la capital. No obstante, el trabajo fue gratificado por los compradores con cuatro reales más. El 12 de junio un medidor público recibió del diputado que había efectuado la operación 123 reales y 2 maravedíes por la medida de las 1.046 fanegas de trigo.

Durante aquellos cinco días, la mayor inquietud, tanto del diputado que se había trasladado a la capital como de su colega, que permanecía en la población, fue organizar el transporte del cereal comprado. Desde el día que el primero se instalara, sobre todo le preocupó disponer de suficientes arrieros, nombre que conviene a los poseedores de bestias que las empleaban para la carga. Para garantizar que el trigo llegara inmediatamente hasta la población creía necesario que su correspondiente, el diputado que permanecía en ella, organizara lo más pronto posible el traslado a la capital de cuantas recuas pudiera facilitar, para que el trigo fuera transportado en los cuatro o cinco días siguientes. Había sido condición del ajuste que a la mayor brevedad se desocupara el almacén donde el trigo permanecía. Paulín esperaba más y quería guardarlo en el mismo almacén, y no sabía si el que llegara sería de la calidad del que le habían comprado.

Por la noche de aquel mismo día 8, una vez recibida la carta enviada, desde la población salieron todas las recuas que el diputado que allí permanecía había podido encontrar. Los dos primeros envíos de trigo, que salieron de la capital el día 10, pudieron disponer de un número satisfactorio de transportistas, nueve y ocho arrieros respectivamente. Pero al diputado que permanecía en la capital no debieron parecerle suficientes. La segunda carta del mismo día 10 insistía a su colega en que no se olvidara enviarle más arrieros, para que a la mayor brevedad quedara concluido el transporte del trigo.

No obstante desvelos y esfuerzos, el día 11 el envío del grano entró en crisis. Durante aquella jornada solo se pudo contar con cinco arrieros. El resultado fue que se movieron menos de doscientas fanegas. Se multiplicó el intercambio de correspondencia. En una de las cartas de aquel día el diputado que permanecía en la capital advertía a su colega que hasta la puesta de sol, cuando llegara a la población don Tomás García de la Reguera, que se había trasladado a la capital para efectuar el pago de la compra, no debía decidir nada en cuanto a recuas. Don Tomás llevaría una carta para el diputado que permanecía en la población que contenía informes sobre lo que podía suceder. Así podría actuar con conocimiento antes de lo que se pudiera decidir.

En la segunda carta de aquel 11 de junio, al informarle del envío de otra partida de trigo que en total sumaba 125 fanegas añadía que en aquel momento en la capital tenía disponibles 775 fanegas, lo que era casi del todo cierto. El día 10 había cargado 567,5 y el día 11, 183, lo que sumaba 750,5. Pedía a su correspondiente que para las 224,5 que restaban debía prever, para la mañana del día siguiente, que estuvieran en la capital las recuas necesarias para transportarlas. Probablemente entonces todavía pensaba que la operación se cerraría con la compra de 1.000 fanegas, puesto que 775 y 224,5 sumaban 999,5.

Pero el envío de trigo permanecía estancado. Aún el 11 de junio, por tercera vez, el diputado para la compra de trigo se dirige desde la capital a su compañero. Esta vez se limitó a enviarle una nota muy esquemática y confusa. Advertía que, al tiempo que la nota, un arriero de Paradas entregaría 32,5 fanegas, incluidas en la apuntación que llevara el mencionado don Tomás con otras 31 fanegas. Añadió como posdata una escueta advertencia, probablemente referida al granero al que aquellas partidas debían ser dirigidas, habilitado en las casas del regidor bajo cuya custodia estaba el dinero destinado a la compra del trigo ultramarino.

Del atolladero se salió al día siguiente, aunque, a pesar de que se había resuelto el envío de una cantidad superior a la inicialmente prevista, no fue suficiente. El 12 de junio de nuevo el diputado que permanecía en la capital notificó que el trigo que aquel día había remitido, a cargo de un tal Manuel Fernández, alcanzaba la cifra de 239,5 fanegas. Este Fernández estaba al frente de un convoy compuesto por once arrieros.

Se deduce que el problema pudo estar en Paulín, que al final, con la excusa de que quería vaciar el almacén, y contando a su favor con la rebaja de un real por fanega, estaba a punto de colocar a los compradores más de las 1.000 fanegas inicialmente previstas, exactamente 1.046. Así lo demuestra el balance del transporte. Las partidas comenzaron a enviarse el 10 de junio, y para el 12 ya habían cambiado de lugar 990 fanegas, según la contabilidad del punto de origen. El día 10 fueron enviadas 567,5 en dos partidas, el 11 en tres partidas 183 y el día 12 otras 239,5 en una partida. Las 56 restantes, hasta completar las 1.046 que finalmente tuvieron que ser objeto de la transacción, debieron quedar para un envío final, posterior al 12.

Cada partida o envío se consumó con la participación de cierto número de arrieros. Según este criterio, se puede decir que hubo dos clases de partida. Casi la totalidad de 990 fanegas (más de las 4/5 partes) fueron enviadas en tres partidas, cuyos medios de transporte los compusieron recuas de entre ocho y once arrieros. Las otras tres fueron de solo un arriero en dos casos, mientras que la tercera la integraron cuatro.

Cada unidad económica de las que fueron utilizadas para el transporte se puede identificar por su personificación. Los documentos comúnmente la segregan llamándola arriero. De los 32 casos observados, 30 ofertas de arriería fueron individuales. En el tipo común un individuo, actuando como arriero, aplica un determinado número de bestias al transporte. En una de las otras dos ocasiones una comunidad de estos transportistas se presenta como un hombre y sus compañeros, y en otra explícitamente los arrieros se declaran tres asociados. Si podemos conceder alguna representatividad a estos casos, se podría decir que en la región, aunque actuaran entonces las sociedades de arrieros, su relevancia económica sería muy limitada.

Cada uno de ellos se comprometía al transporte de un número de cargas o haldas. Luego el tamaño de las empresas empleadas en el tráfico terrestre del trigo vendría dado por el número de cargas que cada arriero fuera capaz de transportar. Indica que el tamaño expresado por este número, en el momento de la observación, es el límite superior de cada empresa que ninguna tenga capacidad para completar el transporte de la totalidad de la mercancía adquirida.

Por carga o halda en torno a 2 fanegas podían ser movidas. De los 32 casos en que puede conocerse este valor, solo cinco quedan algo por debajo de 2. Los demás están comprendidos entre 2 y 2,5, aunque son más frecuentes los próximos a 2 que los próximos a 2,5. Excepcionalmente se documenta que un arriero transporta 3 fanegas por carga, pero en este caso no se puede excluir que se trate de un error.

Estos cálculos y el modo de expresarse el documento permiten pensar que cada carga era un saco, también llamado en la época costal cuando se trataba de llenarlo de trigo, que normalmente iría cargado con algo más de una fanega. Para cada envase lo que sobrepasara este valor, como máximo, alcanzaría las 0,25 fanegas.

No es admisible que el número de cargas o haldas fuera idéntico al del número de animales que compusiera la recua de cada arriero, pero sí lo es que entre uno y otro valor hubiera una relación directa. El número de cargas que cada cual tomaba tenía que estar directamente relacionado con el de animales de que dispusiera. El rendimiento de los medios de cada empresa vendría dado por la relación entre el volumen de la mercancía y el número de animales, o capacidad de carga.

La información proporcionada por la fuente permite concebir la unidad de transporte como al menos un par de costales que colgaban a ambos lados del lomo de una de las bestias que se utilizaban para el transporte bajo la modalidad de recua, unas de la especie mular y otras de la asnal.

Las pequeñas oscilaciones que se observan, comprendidas entre el máximo 2,5 y el mínimo 1,86, concentradas en torno al valor medio 2, son la prueba directa de que no todos los animales tenían la misma masa, la misma envergadura o idéntica fuerza. La evidencia de los bienes vivos poseídos aconsejaría a sus dueños cargar unos más y otros menos. Es verdad que también las oscilaciones de este valor pueden ser indicio de deseos de optimización del medio de transporte o de regulación del esfuerzo para la distancia total que han de cubrir en sus rutas los respectivos arrieros. Pero no creemos que se yerre si los valores menores son atribuidos a machos o mulas, mientras que los valores más altos se adjudican a jumentos. Una bestia mayor podría cargar mayor número de costales, aunque con menos grano cada uno, mientras que las menores, con lomos capaces para un menor número de costales, serían cargadas con menos sacos que apuraran más su capacidad.

El tamaño de las empresas individuales estuvo comprendido entre 27 y 3 cargas. Las 15 haldas sería un límite que dividiría en dos a los arrieros, según el tamaño de sus medios de transporte. Mientras que con mucha regularidad, entre 27 y 15 cargas, las hay de los sucesivos tamaños, con preferencia impares, entre 14 y 3, además de que se documentan casi todos los valores posibles, son más frecuentes.

La sociedad de arrieros solo parcialmente eliminaba competencia por concentración. Los tres asociados consiguen el mayor de los tamaños conocidos, pero la otra sociedad en realidad solo permite aspirar a la competencia porque la agregación equipara en tamaño a las empresas personales comunes.

Estimando que una bestia pudiera transportar como mínimo dos sacas y como máximo cuatro, los tamaños de las recuas movilizadas por cada arriero podrían oscilar entre un máximo de 14 bestias y un mínimo de 1. Luego las empresas dedicadas al transporte del cereal en la región solían ser pequeñas.

Dos pudieron ser las modalidades de desplazamiento del arriero que acompañaba a su recua, porque este bien aceptaba un número de cargas impar bien par. Probablemente el valor impar indique que el arriero caminaba junto a sus bestias, y aprovechaba al límite el reparto de la carga entre todos los animales posibles. El último costal, o costal impar, se tendería sobre la dorsal de la bestia más capaz. Por su parte, el par sería indicativo de que el arriero estima su peso equivalente a un par de costales, y a horcajadas o a la jamuga se desplazaba sobre una de las bestias que era capaz de cargar al mismo tiempo con dos haldas. El predominio del número impar del número de cargas permite pensar que eran más los que preferían caminar junto a sus animales para apurar su capacidad de carga.

La residencia declarada de los arrieros permite conocer las rutas que frecuentaba el comercio interior del grano en la región. Para el transporte del trigo era necesario salvar la distancia entre la capital y la población por una ruta que en aquel momento era la habitual para el transporte. Por esta desde la capital a la población, situada al este de aquella, había que cubrir unos 30 km. Se acepta entonces que el desplazamiento a pie rinde a razón 0,666 leguas por hora. Siendo la legua una medida itineraria, no expresaba tanto una medida de longitud cuanto un rendimiento de los medios que se utilizaban para desplazarse. Como el precio del porte acordado fue 2,5 reales la fanega, si se admite que al caminar el rendimiento en longitud es mayor que el que proporciona el transporte en recuas podemos pensar que la distancia entre la capital y la población fue evaluada en 5 leguas y que cada una de ellas fuera tarifada para el transporte a razón de 0,5 reales por fanega.

Los transportistas que operan dentro del mínimo radio de acción son insignificantes. Solo sabemos de un arriero de la población, que nada más absorbe 39 fanegas en 18 cargas, y otro que declara su residencia en una población inmediata al norte, a unos 20 kilómetros, aún menos, 13 fanegas en 7 haldas. Dada su posición relativa al este de la capital, es la residencia de los arrieros en núcleos del eje terrestre que unía el primer puerto del Guadalquivir con el primero del Mediterráneo sur la que nutre el movimiento del cereal que llega a la población. Se localizan en ondas sucesivas.

La primera onda, que incluye las poblaciones distantes del lugar en el que es necesario descargar situadas a una distancia de este comprendida entre 25 y 30 kilómetros (Marchena y Paradas), absorben 42,5 fanegas en 17 cargas y 32,5 fanegas en 17 cargas, lo que suma 75 fanegas en 34 cargas. La segunda onda, que traza un radio respecto del mismo centro de entre 80 y 120 kilómetros de longitud (Montalbán de Córdoba, La Alameda y Campillos), se reparte: para los residentes en Montalbán de Córdoba, tres arrieros: 30 fanegas en 15 haldas, 27 fanegas en 14 haldas y 43 fanegas en 21 haldas (100 fanegas en 50 haldas); en La Alameda, tres asociados, 92,5 fanegas en 47 cargas; y en Campillos, un arriero, 20 fanegas en 9 haldas. El total asciende a 212,5 fanegas en 106 haldas o cargas. La observación más próxima de las sociedades o de la solidaridad implícita entre quienes tienen la misma residencia, cuando se trata de la segunda onda o distancias medias, enseña que la distribución del peso a transportar entre los animales disponibles tiende al valor medio 2 fanegas por cada carga. Y la tercera onda, situada a algo más de 180 kilómetros (Málaga), dos arrieros: 32 fanegas en 13 cargas y 22 fanegas en 10 haldas, en total 54 cargas en 23 cargas o haldas.

La última remesa del trigo comprado, de 56 fanegas (1.046-990), que completaba la adquisición y muy probablemente fue enviada después del día 12 y antes del 16 de junio, necesitó de un transporte específico. Habiendo concluido el día 12 su comisión el diputado que se había trasladado a la capital, sería necesario que la población enviara a alguien para que actuara como supervisor de la última operación. Consta que, para fiscalizar esta última remesa de trigo enviado, a la capital fue un comisario, a quien este trabajo le fue recompensado con 20 reales.

El transporte del dinero para liquidar la operación también exigió medios propios. En la carta del día 8 el diputado que estaba en Sevilla pidió a su colega que se lo remitiera con la persona que creyera conveniente. Como inicialmente estaba prevista la compra de 1.000 fanegas, a 37 reales cada una, en respuesta a la demanda del día 8 la entrega de los 37.000 reales correspondientes la efectuó un comisario enviado con este fin, Tomás García de la Reguera, quien tuvo que emplear una cabalgadura para llevar la moneda hasta la capital. Por el trabajo que se tomó y la cabalgadura que empleó recibió 31 reales, suma algo irregular.

La moneda que se transportaba para el pago era de las dos especies nobles, oro y plata. Mientras llevaba el dinero, dos soldados del regimiento de caballería de la capital escoltaban al responsable del pago. También les fue gratificada su protección a razón de 12 reales por persona. Llegados a su destino, para llevar el dinero hasta las casas de Manuel Paulín fue necesario contratar a un costalero, a quien le fueron pagados 1 real y 20 maravedíes. Debió liquidarse materialmente esta parte de la operación hacia el 10 de junio, porque en esta fecha uno de los dos soldados, en nombre de ambos, declaró haber recibido del diputado que estaba en la capital los 24 reales que gratificaron el acompañamiento del comisario que había llevado el dinero desde la población.

Pero, como finalmente la compra superó en 46 fanegas las 1.000 inicialmente previstas, fue necesario pagar otros 1.702 reales. La entrega de esta cantidad, que cerraba la operación, hubo de hacerse con posterioridad al 12 de junio. Había sido este día cuando formalmente Manuel Paulín, vecino y del comercio de Sevilla, había declarado haber vendido al diputado para la compra de grano que se había trasladado hasta la capital un total de 1.046 fanegas de trigo ultramarino, destinadas al abasto público de la población. Afirmaba que las había vendido a 37 reales de vellón, por lo que operación alcanzaba la suma de 38.702 reales de vellón, cantidad que había recibido en oro o plata a su satisfacción.

Es probable sin embargo que el pago de esta última porción se hiciera antes del 16, cuando ya todo el trigo que materialmente había sido objeto de la compraventa había sido entregado. No es hasta esta fecha cuando los diputados de la junta de granos de la población para comprar en la capital trigo ultramarino certifican que han adquirido a Manuel Paulín 1.046 fanegas a 37 reales y las han pagado en plata y oro. Para efectuar este último pago fue necesario que otra persona llevara a la capital los 1.702 que todavía se le debían a Manuel Paulín, a la que con otros 8 reales le fue pagado su trabajo.

Con el objeto de fiscalizar las mermas que el transporte pudiera provocar, los compradores adquirieron en la capital una media fanega, el recipiente usado para medir la capacidad. No era nueva, y aun así costó 20 reales. Pero había sido debidamente contrastada, una verificación que al menos incluía dos operaciones, su corte y su sellado. Habrá que reconocer en tan alto precio la intervención del monopolio público del servicio de pesas y medidas de la metrópoli. Fue remitida con la primera carta del día 10 por el diputado que estaba en la capital y llegó a su destino con la primera remesa de trigo.

Cuando fue recogida en la población, su contraste tuvo que arreglarla, asegurando sus maderas con clavos, y tuvo que hacerle un rasero nuevo. No debió ser un trabajo excesivo porque fue evaluado en solo 5 reales, que fueron liquidados el 13 de junio por los mismos diputados para la compra del trigo ultramarino. No obstante, cabe dudar tanto de la necesidad como del efecto de la composición, porque pudo tener consecuencias inmediatas sobre el cálculo del volumen de trigo transportado, una vez que fuera recibido en la ciudad.

Con la media fanega comprada en la capital se hizo el recibo de cada partida a la llegada a la población. De nuevo un medidor recibía la mercancía, aunque esta vez solo cobraba su trabajo a razón de 2 maravedíes la fanega. Al medidor local le eran pagadas sus medidas tal como iban llegando las partidas, a razón de la cantidad de trigo recibida, no de la enviada.

Según la medida de la capital, la primera partida sumaba 240 fanegas. Llegada a la población, y de nuevo evaluada con aquella medida, se encontró que faltaban cuatro fanegas y siete almudes. Una nota del 11 de junio, añadida una vez recibido el segundo envío en la población, de 327,5 fanegas en origen, afirmaba que se había medido y que se encontraron 325 fanegas, 6 almudes y 2 cuartillos. Otra nota del mismo 11 de junio, correspondiente a la tercera partida, de 27 fanegas, aclaraba que aquel día fueron entregadas 26 fanegas y 7,5 almudes. Y todavía el 11 de junio otra nota más precisa que los tres arrieros de La Alameda, que habían cargado aquel día 92,5 fanegas, en realidad habían entregado 91 fanegas.

Fue el 12 de junio cuando el arriero de Paradas y sus compañeros, que asimismo se habían encargado el día anterior de transportar desde la capital otras 32,5 fanegas, entregaron su partida. En este caso la medida de la recepción dio como resultado 32 fanegas y 3 almudes. Aquel mismo día otra nota aclaró que fueron entregadas 30 fanegas y 10 almudes o 31 fanegas. Las dos cifras fueron escritas una tras otra sin más advertencia. Como por ellas, según la nota, fueron pagados de portes 77 reales de vellón, aceptando que el precio del porte fue 2,5 reales la fanega, se deducen 30,8 fanegas, un valor efectivamente más próximo a 31 que a 30. En realidad es que 31 fanegas habían sido las cargadas en la capital. Sobre las 239,5 fanegas remitidas el 12 de junio, una nota del día siguiente aclaró que, medida aquella partida, llegaron a la población 237 fanegas y 6,5 almudes.

Así, pues, llevadas las 1.046 fanegas a la población, y medidas con la misma medida que en la capital, su merma había sido de 11 fanegas y 2 almudes. Por tanto, realmente habían sido recibidas 1.034 fanegas y 10 almudes.

Por la primera carta que el día 10 el diputado que estaba en la capital dirige a su colega de la población, para comunicarle la remisión de la primera partida, sabemos también que su porte lo había ajustado en dos reales y medio por fanega, por lo que pedía a su correspondiente que liquidara a los arrieros, cuando llegaran a su destino, lo que a cada uno le correspondiera. El precio del transporte que había acordado para la primera entrega se mantuvo para todos los arrieros que participaron en el traslado del trigo a lo largo de la operación.

Los portes fueron pagados cada vez que una partida era aceptada, también tal como se decidió para la primera vez. Así, sabemos que el día 11 les fueron liquidados a quien había conducido una partida aquel mismo día, así como a los tres arrieros de La Alameda. Por otra nota se averigua que el 12 de junio el arriero de Paradas y sus compañeros, que asimismo se habían encargado el día anterior de transportar otra partida desde la capital, la entregaron y les fue inmediatamente satisfecho el valor de los portes.

Cuando hubo que hacer las cuentas, el costo total del transporte fue calculado según el valor deducido una vez medidas las partidas en la población, y no a partir del volumen cargado en el punto de origen, de modo que no fueron 1.046 las fanegas cuyo transporte hubo que pagar, sino las 1.034 fanegas y 10 almudes que entregaron los arrieros en la población. Así resultó que los portes de las 1.034 fanegas y 10 almudes de trigo entregadas, pagados a razón de 2,5 reales de porte cada una, alcanzaron el valor de 2.587 reales (1.034 x 2,5 = 2.585; 0,8333 x 2,5 = 2,083; 2.585 + 2 = 2.587).

Procediendo de este modo, se descargaban sobre los arrieros las mermas que el transporte había originado. Si esta manera de actuar fue aceptada por ellos, a su mediación se puede atribuir que el volumen del trigo comprado disminuyera, más que a cualquier manipulación del instrumento de medida. Por cada fanega de trigo defraudada, los arrieros, si lo comercializaran en la población, obtendrían el sustancioso beneficio neto de 39,5 reales, resultado de restarle a 42 reales, precio acordado para el “trigo ultramarino” en la población, los 2,5 reales de porte que dejaban de percibir. No hay que excluir que las mermas fueran solo resultado de la manipulación y movimiento de la mercancía.

No obstante, porque también acepta la cifra final, como al medidor de la población le fueron liquidados sus ingresos sobre la base de 1.034 fanegas, habrá que reconocer que la merma pudo ocurrir no solo en el trayecto entre la capital y su destino sino también en el acto de la medida de recepción. Porque al medidor de la población, a 2 maravedíes la fanega, hubo que pagarle 60 reales y 28 maravedíes (60 x 34 = 2.040 / 2 = 1.020; 28 / 2 = 14; 1.020 + 14 = 1.034).

Según se iba midiendo a su llegada, el trigo era apaleado y recogido en los graneros que se habían previsto. Paralelamente a la operación de compra, la autoridad local había desplegado en la población una política de captación de graneros para almacenar el trigo público. Para ella inicialmente el problema lo originaba el trigo del pósito. El 1 de junio el ayuntamiento había visto tres libranzas para el pago de graneros: una, de 88 reales, por reparo de los graneros del pósito y para el pago de los jornaleros que asistieron al apaleo; la segunda, de 400 reales, para satisfacer al regidor bajo cuya custodia estaba el dinero destinado a la compra del trigo ultramarino el arrendamiento de sus graneros, que se estaban utilizando para encamarar parte del trigo del pósito; y la tercera, también de 88 reales, a favor otro individuo por el arrendamiento de otros graneros. Todas estas cantidades fueron libradas contra los caudales del pósito. No se habían satisfecho antes por las alteraciones de precio que había conocido el trigo. Para satisfacerlas, la cámara de gobierno de la población acordó que se vendiera la porción de trigo en aquel momento existente en el pósito, porque al precio que tenía tal vez fuera bastante para satisfacer lo que montaban las libranzas.

En la misma reunión, aquel órgano creyó que debía separar los caudales en trigo del pósito y los de la junta de granos. Esta, por su parte, había decidido que el suyo se pusiera en los graneros de casa del regidor bajo cuya custodia estaba el dinero destinado a la compra del trigo ultramarino, donde ya se almacenaba al menos una parte del trigo del pósito. Por eso la ciudad acordó que se pasara lo que hubiera en ellos del pósito a los del peso de la harina, donde habitualmente se guardaban. Se comprometió a hacérselo saber a los regidores llaveros del pósito y al depositario.

Más adelante, el 5 de junio, el ayuntamiento vio un memorial de otro vecino que pedía que se le pagaran 120 reales por el arrendamiento del granero que tenía cedido para el trigo del pósito, asunto del cual los diputados de esta institución fueron los encargados de informar. Y a continuación justo un informe de los diputados del pósito, a raíz del memorial de un vecino más, que decía que se le estaban debiendo 100 reales por el arrendamiento del granero que había cedido para encamarar parte del trigo del pósito por el año que iba a cumplir en el próximo 24 de junio, que decidía que se librara la cantidad adeudada contra los caudales del pósito.

Una semana después, ya día 12 siguiente, el ayuntamiento vio el informe correspondiente a la liquidación de los 120 reales por el arrendamiento de un granero, y acordó librarlos de los efectos del pósito, para lo que debía venderse el trigo equivalente. En la misma reunión los diputados del pósito informaron que se habían gastado 103 reales 32 maravedíes en jornales para desocupar el trigo de este instituto que había en los graneros del regidor bajo cuya custodia estaba el dinero destinado a la compra del trigo ultramarino, con el fin de encamarar el que se fuera trayendo de la mar. Se acordó que la cantidad se pagara de los efectos del pósito.

Un ofrecimiento, algo extemporáneo, pudo complementar esta política. El 1 de julio, en la junta de granos, fue leída una carta del cabildo catedralicio metropolitano, de 30 de junio, en la que franqueaba los graneros de las rentas diezmales para almacenar el repuesto del trigo ultramarino. Al mismo tiempo, el vicario presentó otra carta, de la misma fecha, en la que se le ordenaba que actuara en este sentido, bien que atendiendo a la reserva del sitio que fuera necesario para la recolección de los granos de los diezmos. El vicario explicó que para este fin era suficiente con una de las cillas, la que el fiel diezmal eligiera. Se decidió dar las gracias al cabildo catedralicio y que por su parte los diputados para la compra del trigo usaran las cillas a beneficio del común como creyeran conveniente.

Fueron peones los que se ocuparon en el trabajo del almacenamiento de todo el trigo que se había comprado. A quien encamaró el trigo durante los días 10 y 11 de junio (235 fs 5 al + 325 fs 6 al 2 c + 26 fs 7 al 2 c = 587 fs 7 al) le fueron pagados 5 reales, y otros tres debieron gastarse en satisfacer el trabajo de quien se encargara la misma operación durante el día 12 (403 fs). Como no se encuentra relación inmediata entre la cantidad de trigo encamarado y su compensación económica, parece más probable que el trabajo fuera evaluado según tiempo.

Del mismo modo se debió proceder algunos días después, aunque en esta ocasión aconsejados sus custodios por el estado en que estuviera el trigo comprado. Fue necesario que durante los días 15 y 16 de junio tres peones, cada uno de los cuales recibió los 2,5 reales que eran regulares en la valoración de las peonadas, se ocuparan en apalear trigo de un lado a otro. Fueron en total 6 peonadas que importaron 15 reales. Tanto trasiego de grano obligó a comprar una pala nueva, por la que hubo que pagar 3 reales.

El día 11 de junio la junta de granos volvió a reunirse y en ella el diputado para la compra de granos que permanecía en la población informó que durante el día anterior había llegado la primera remesa de trigo. Sus especulaciones y las decisiones que a consecuencia de este informe la junta toma son la última lección, si no sobre cómo se formaba, sí al menos sobre cómo se completaba el precio final del trigo.

Según la medida de la capital, la primera partida sumaba 240 fanegas. Llegada a la población, y de nuevo evaluada con la medida de la capital, se había encontrado que faltaban cuatro fanegas y siete almudes. Hecha la cuenta según el precio neto a que costaba, correspondía de falta a cada fanega 25 maravedíes (37 x 34 = 1258; 1258 / 12 = 104,83; 1258 x 4 = 5.032; 104,83 x 7 = 733,81; 5032 + 733,81 = 5765,81; 5765,81 / 234,5 = 24,48). Teniendo en cuenta, según experiencia, que el trigo de la mar regularmente pierde humedad, y por tanto peso y volumen, la junta creía que se le debían aumentar además 26 maravedíes, de modo que una y otra partida componían un real y medio (25 + 26 = 34 -real- + 17 -medio real-). Sumados a los dos y medio de porte, daban en total cuatro reales. Si se tenían en cuenta además los gastos de la medida de la capital, los propios, el diputado, el apaleo, el granero, el fiel y otros no especificados, pero que se consideraban indispensables, creía que por el momento se podía añadir a cada fanega un real, con lo que en total sumaban cinco. Añadidos a los 37 del precio neto y, sin perjuicio de otra providencia que hubiera que tomar a la vista de las cuentas de las 1.000 fanegas mandadas llevar, que fueran consumidas, menguando o alzando, acordó que se vendieran a 42 reales la fanega. Decidió que así se publicara por las plazas para que constara a los panaderos que desearan acudir.

Estos cálculos previos no dejaban de ser interesados. Pocos días después, el 16 de junio, los costos de esta operación, en los que no estaban aún incluidos los de graneros ni fiel, fueron documentados con la mayor precisión. El pago del trigo había consumido 38.702 reales de vellón y los gastos de medida, gestión, pago, transporte y recepción del grano ascendieron en total a 3.108 reales 16 maravedíes. Aceptado que los 38.702 eran la consecuencia de haber pagado a 37 reales cada una de las 1.046 fanegas compradas en origen, según el procedimiento de cálculo del precio final que aplicaba la junta local al de cada unidad solo sería necesario añadirle los costos mencionados (3.108 reales 16 maravedíes) y el de las 12 fanegas pérdidas (1.046 – 1.034) en el traslado desde la capital a la población, que al precio pagado (37 reales) suponían otros 444 reales. Serían en total 3.552 reales 16 maravedíes. Repartidos entre las 1.034 fanegas que se ponían a la venta supondrían 3,44 reales más por unidad. Añadidos a los 37 de costo, resultaría un precio final de 40,44 reales la fanega. Las prematuras decisiones de la junta tendrían efectos inflacionistas, pero añadirían beneficio. Su manera de actuar lo propagaba, solo que en este caso el aspirante a beneficiario era el propio municipio.

Por si no fuera correctamente interpretada esta intención, adelantándose a las opiniones que la decisión pudiera originar, aquel mismo día 11 de junio la junta de granos decidió encargar a sus diputados para la compra del trigo que tuvieran la suficiente precaución como para evitar que se imputara a la junta que hacía comercio con el trigo. Acordó que no se vendieran partidas a labradores que pudieran ir a la capital a abastecerse, sino a los vecinos particulares que quisieran comprar una o dos fanegas para amasarlas en su casa para el abasto de su hogar.

Más que estos indicios de la panadería doméstica, es importante el de las corrientes subterráneas de “trigo ultramarino”. Quienes, teniendo trigo, aparentaran ir a la capital a abastecerse todavía podrían encontrar una ocasión para vender el trigo que tuvieran almacenado al excelente precio diferencial que los cálculos de la junta permitían. La analística de la capital sólo hace referencia a una importación de trigo siciliano y en octubre. Es cierto que esta literatura no tiene por qué estar bien informada sobre las importaciones, entre otras razones porque en modo alguno le preocupa a su método. Pero el dato al menos autoriza a pensar que la temprana disponibilidad de “trigo ultramarino” en los almacenes de los comerciantes pudo alimentarse del peor trigo de la tierra, cuya pésima calidad pudo coincidir con la del importado.

El 1 de julio la junta de granos de la población vio la cuenta del 16 de junio, correspondiente a las 1.046 fanegas de trigo ultramarino que se habían adquirido. La firmaban sus diputados para esta operación y ascendía, hasta esa fecha, a 41.810 reales 16 maravedíes. La junta de granos la aprobó.