No te fíes
Publicado: marzo 26, 2024 Archivado en: Dante Émerson | Tags: economía agraria Deja un comentarioDe la correspondencia de Dante Émerson
El diezmo, si no era tan antiguo como la agricultura, es probable que lo fuera desde que se normalizó la contabilidad decimal. A él recurrió la recaudación al servicio del erario imperial, alimentado por las provincias romanas. El que se impuso en el sudoeste, cuando en el siglo XIII fue transferido a la iglesia de los papas, ya cargaba con una infamante historia de corrupción.
No era su vertiente más deshonrosa la defraudación que ingeniaban los contribuyentes, múltiple, rica en recursos. La atención que le han prestado sus comentaristas y glosadores ha actuado como una cortina de humo. Su alcance era anecdótico, apenas un rasguño en la piel del Leviatán teocrático, si se compara con las prácticas de los interesados en su ingreso.
Sus recaudadores solían organizarse en consorcios que debían hacer frente a un cobro no tan complejo como extenso, y generador de un gasto anterior que era necesario sufragar con créditos. Conseguían cada recaudación previa subasta de su arrendamiento, un contrato que los comprometía a ingresar en las arcas del titular, cuyo gestor en cada comarca era el vicario de la iglesia romana, la cantidad que se les remataba. Así lo conectaban con el contribuyente, campesino de cualquiera de las clases, interesado en pagar lo menos posible.
Persistían en ciertas maneras de corromper la recaudación, las mismas que ya se frecuentaban en la antigüedad. Podían competir por el producto de una dezmería, por su calidad o por las ventajas de su comercialización, o porque fuera extraordinario el volumen de la cosecha o del esquilmo esperado. La pugna por adjudicárselo hacía que la cantidad comprometida cotizara muy por encima de la décima parte del producto debida por los contribuyentes. O, en el otro extremo, podían bloquear la adjudicación de una renta recurriendo al monopolio coactivo y demandándola en solitario, para que la cantidad comprometida quedara muy por debajo del valor del producto recaudado.
Pero la corrupción más común consistía en admitir dinero a cambio del producto debido, previa tasación. La tarifa, que en la práctica era precio al que lo recompraría el contribuyente, se decidía en función del costo del transporte del bien, encarecido por las distancias y las dificultades de cada trayecto. Se podía pactar en una cantidad que descontara, primero, los gastos itinerarios que tuviera que satisfacer quien debía pagar, la fracción menor del concepto, pero sobre todo los que cargaran sobre el recaudador. Mover el bien desde las áreas más apartadas cuando el recaudador era urbano, y sostenía su consorcio sobre su comercialización desde un centro distribuidor, fuera puerto o lugar de gran demanda, podía ser insostenible.
Cualquiera de las posiciones podía permitirse que el precio acordado fuera distinto al correspondiente a la calidad del producto a recaudar. El balance era satisfactorio para las dos partes. El contribuyente no tenía que deshacerse del bien, y el recaudador ingresaba una cantidad de dinero, útil para financiar cualquiera de sus operaciones.
El vicario, colaborador necesario en la corrupción, ingresaba la cantidad comprometida en la subasta, para que sustituyera a lo que había debido ingresar y no había recaudado, previo acuerdo con los obligados al pago, que habían adquirido el producto a recaudar en una operación comercial distinta, con ventaja para las partes. El bien que debiera ingresar el vicario lo suplantaban las sociedades de recaudadores recurriendo a distintos expedientes. Podían servirse del que tuvieran almacenado, proviniera de cosechas o esquilmos anteriores, del excedente ingresado en otro lugar, o de compra en otro mercado, fuera abastecido por una explotación vendedora o por el almacén de otro comerciante, de importaciones a las que hubiera tenido acceso, o porque al mismo tiempo fuera comerciante.
El vicario y los gestores episcopales del arrendamiento, los llamados hacedores de rentas, se protegían con las exigencias derivadas de la adjudicación por subasta, en las que delegaban su moral. Como el arrendamiento era una fórmula al amparo de la ley, ninguna responsabilidad se les podía exigir, salvo el haber impuesto un contrato que decidía sobre la renta ajena. Por el remate de la subasta tenían asegurado el ingreso de la cantidad que debía repartir entre los titulares de la renta, para los cuales, cualquiera que fuese el ingreso, era un beneficio.
Es fácil imaginar que con todos estos elementos se podían urdir combinaciones que disparaban la espiral del lucro. Cualquiera de las manipulaciones permitía que se comprometieran cantidades muy diferentes de las correspondientes al diez por ciento del producto con los titulares del diezmo, para que fueran defraudados o para que se convirtieran en felices cómplices del reparto del botín, una bastardía que era la responsable de incentivar la malversación.
Por eso insisto, querido Bartolomé, en mi llamada a la precaución, que no será la última. Nunca tomes como referencia del volumen de una cosecha la cantidad adjudicada a un recaudador como remate de una subasta, la cifra más visible de los registros diezmales porque era la única que ponía de acuerdo a todos. No tener en cuenta la distorsión múltiple que puede incluir ha sido la causa de sonoros fracasos, cuando no de fraudes académicos que han podido pasar desapercibidos.
Fueron a por nosotros
Publicado: noviembre 4, 2023 Archivado en: Dante Émerson | Tags: historias Deja un comentarioDante Émerson
Conocí a Gaston Herrault, hispanista tunecino, hijo de un funcionario de la administración colonial francesa, en la Sede de la Fundación, entonces concertada con el gobierno de Burguiba para que acogiera en el continente europeo los trabajos del Institut Tunisien de la Recherche. El marqués del Tranco la había mantenido a su costa durante los años difíciles de la postguerra, a la que llegó en estado ruinoso. Las bombas se habían cebado con el edificio, los milicianos lo habían elegido como fuerte en primera línea de combate. Fue él quien negoció con la administración tunecina la cesión del edificio, que era de su propiedad, por noventa y nueve años. A él lo relevó de un gasto, que ya le resultaba insostenible, y a la Fundación, perdidos sus fondos durante la contienda, le permitió sobrevivir vegetando.
El Institut era el descendiente de un ingenio anacrónico promovido con más interés estratégico que científico. Las excavaciones de un yacimiento en el extremo meridional del continente, muy cerca de su puerto extremo, con la anuencia del socio con el que se compartía el protectorado sobre el norte de África, fueron el primer proyecto de un Centre pour les Rapports Appropriés, dirigido por su primer director, el prestigioso arqueólogo M. Armagnac, funcionario él mismo de la administración colonial francesa del norte de África; una iniciativa a la que se prestó la Fundación como mediadora legal. Ambos promotores apenas pudieron disimular que se trataba de disponer de una posición estratégica para controlar el estrecho, al margen de quienes fueran sus soberanos. La guerra generalizada que siguió, y las tensiones descolonizadoras posteriores a la paz, más que el valor de los trabajos a los que contribuyera la Fundación, habían devaluado su papel. Tal concurrencia de desequilibrios permitió que una promoción colonial se pusiera al servicio de quienes hacía poco habían conseguido su independencia.
La señorita Delhorme y yo, con un jersey de lana, con sus propias manos durante el verano tricotado, y una plancha en la maleta, nos habíamos instalado en una de las habitaciones de la Sede para la primera quincena de septiembre. Nos la había cedido el Institut Tunisien sin costo alguno, más para oficializar nuestra relación con sus administradores que para avanzar en el trabajo que con ellos habíamos comprometido. Entonces lo dirigía M. Labiche, otro hijo del mismo empleado de la administración colonial francesa, pródigo en descendencias mixtas, nunca contaminado de racismo. Hombre alto, miraba de través aprovechando las posiciones de flanco de sus interlocutores, inadvertidas por los concernidos. Su envergadura le permitía prescindir de tarima para tomar el punto de vista que desciende por encima del hombro, algo que nunca me ha desconcertado tanto como pretenden sus emisores, tal vez porque desde abajo las imposiciones se reciben con más indiferencia que cuando las caras se enfrentan; puesto que hasta la altura inferior todo llega desde las mismas latitudes.
Labiche vestía siempre de claro, como buen descendiente del orden colonial, corbata y zapatos negros y un panamá, no un salacot, con banda también negra. Al día siguiente de nuestra llegada nos citó en su despacho, él sentado tras su mesa, un par de sillones al otro lado, en los que a un gesto suyo nos sentamos. Nos dio la bienvenida en nombre de la institución, seguro de que nuestro trabajo sería satisfactorio. Le correspondimos declarando nuestro deseo de estar a la altura de la responsabilidad con la que nos habían distinguido.
La disciplina diaria de la Sede estaba confiada a una gobernanta dotada, joven y vigorosa, morena, indiferente a todo lo que no fuera asunto suyo, decidida de gestos, pasos y miradas arrasadores, sin aliados ni contrincantes, autónoma por decisión soberana inapelable. Nos convocaba a la mesa a golpe de cencerro sin badajo; una mesa única, larga, vestida con mantel blanco, en la que todos los alojados, hispanistas y agregados, compartíamos comida y experiencias. Intercambiábamos opiniones sobre lecturas y sus autores, más clásicos que actuales, reservadas por precaución, aclaratorias de interrogaciones directas cuando se expresaban, concesivas a los deslices inadvertidos, condescendientes con las opiniones no compartidas, siempre educadas.
Eran habituales del convivio a mediodía Armand Lumière, alto, de miembros independientes, que introducía cualquiera frase con un gentil bon, entonces concentrado en recopilar cartografía histórica; o Mlle. Lin, la bibliotecaria de la Sede, excelente catadora del valdepeñas a granel, servido en una frasca que se reservaba como sucedáneo de los postres, heraldos de las siestas. Era dedicación compartida por todos los alojados en la Sede organizar su biblioteca durante sus ratos libres. Los esfuerzos se concentraban en la colección de los miles de trabajos, muchos de ellos inéditos, de quienes hubieran tenido alguna relación con el Institut. A Mlle. Lin solo correspondía dirigir la actividad y gestionar la consulta de los fondos tras el descanso de la tarde.
Fue en la mesa donde coincidimos con Herrault y su mujer, campesina que no se tomaba demasiado en serio las formalidades del comedor, que apreciaba lo justo el valor de los cubiertos y la servilleta, así se tratara de costillas o de sardinas. Trabajaba con abnegación para él. El segundo día, cuando por el director supo de nuestra presencia y de los contenidos del trabajo que se nos había encomendado, decidió que comeríamos aparte. Siguiendo sus instrucciones, la gobernanta, el tercer día, nos condujo hasta la mesa para cuatro en la que ya nos esperaban ellos.
Durante la comida nuestra conversación no tuvo más asunto que sus preocupaciones. Hasta sus oídos había llegado que el trabajo que nos habían encomendado debía concluir en una cartografía. Era la oportunidad para hacernos partícipes de una importante novedad científica, la Gráfica, campo del conocimiento desbrozado no mucho antes por el pensamiento francés, del que Jacques Bertin, colega suyo, estaba siendo el padre. Para nuestra cartografía nada sería más oportuno que abrazar aquella innovación, de la que no teníamos noción alguna, como ninguno de nuestros connacionales. Era imprescindible partir de cero con buen pie. El Insititut debía organizar unas jornadas de iniciación a la nueva ciencia. Se podrían celebrar durante las semanas siguientes, una vez pasado el verano. Debían convocarse en el sur, espacio marco de la investigación en curso, donde mayor era el desconocimiento, tanto de esta como de tantas materias que en el África colonial francesa, gracias a los intercambios con la antigua metrópoli, ya eran moneda corriente. Él se encargaría de todo. Buscaría a los especialistas idóneos, negociaría con las instituciones la financiación del gasto que originara su presencia y una sede a la altura. Estaba en buena posición para asegurar el éxito de todas las gestiones. Durante años, había sido Jefe de Estudios del Institut, responsabilidad a un tiempo académica, administrativa y diplomática.
La administración regional del Sur, en aquel momento, apenas empezaba y buena parte de los fondos a los que aspiraba debían provenir de las instituciones europeas, de las que entonces el estado de nuestras leyes aún no era parte. Para ingresarlos, el Institut, gracias a sus pasadas conexiones coloniales, nunca extinguidas, podía actuar como intermediario. Los estudios que promovía, cuando se trataba de materias con alguna relación con la actividad económica, eran sondeos de las posibilidades de ganancia al servicio de los inversores europeos, que ya deseaban arriesgar sus capitales en los territorios periféricos.
Entonces estaban particularmente interesados por las posibilidades de la agricultura. Sobre todo les preocupaban las cepas. El objetivo del proyecto para el que trabajábamos era demostrar que la producción vitivinícola meridional era crónicamente excedentaria y de baja calidad, lo que hundía los precios de los caldos. El propósito no declarado de aquel teorema era arrasar con el cultivo de la vid cuanto fuera posible, para a continuación abrir mercado a los vinos continentales.
Actuaba como pantalla encubridora del plan el secular latifundismo meridional, insostenible por ineficiente, justamente cargado con la mayor condena moral, por todos conocido, cuya secuela más nociva era un crecimiento económico poco saludable. A nosotros nos tocaba cartografiar el fenómeno en los tiempos históricos más recientes.
En el tiempo que medió entre la decisión de Herrault y la celebración de las jornadas, fue adscrito al proyecto, sección histórica, Santos Máyer, cuyo interés por los problemas que debía resolver se limitaba a las cantidades que podía ingresar con su trabajo. Nunca lo ocultó y su sinceridad lo calificó para defender durante las jornadas la reconstrucción parcelaria que hasta entonces habíamos conseguido. Yo era incapaz de enfrentarme a un público autorizado, del que todo lo temía.
Además de Gaston Herrault y Jacques Bertin, había decidido inscribirse en las jornadas una tropa de personajes de formación y disciplina académicas, la mayoría docentes en la primera universidad de la región, la Universidad Magistral, con distinto grado de compromiso.
Jacques Bertin, llamado a ser quien abriera las jornadas, finalmente declinó su asistencia. Su agenda tenía previsiones para aquellas fechas desde hacía tiempo y sus compromisos precedentes eran inexcusables. Envió para que lo representara a Serge Bonin, su colaborador de confianza.
Después, tuvimos que oír de boca de Sagrario Doncel, de la universidad de Oriente, la defensa del método del puzle para la reconstrucción del parcelario que se documentaba con el catastro de Ensenada. Estaba razonablemente sostenido. Pero extraerle resultados obligaba a disponer de varias vidas, si se quería reconstruir un área razonablemente representativa del mayor número de posibilidades.
Aquel método permitía restaurar el parcelario de la propiedad, de cuyo supuesto peso todo el mundo tenía insistentes y agotadoras pruebas. No habían tenido que pasar muchas semanas para que descubriéramos que la persistencia en saber de la propiedad latifundista ocultaba una realidad bastante más compleja. Solo la fragmentación que podíamos observar a partir de nuestras reconstrucciones cartográficas tentativas, basadas en la primera edición del Mapa Topográfico Nacional, lo devaluaban como fenómeno que decidiera.
Acordamos aprovechar las jornadas dedicadas a la iniciación a la Gráfica para defender nuestro punto de vista, basado en un registro parcelario de 1771 que no se refería a la propiedad, sino a las explotaciones que habían estado activas aquel año. Cuando Santos Máyer expuso las conclusiones a las que habíamos llegado a partir de él, que trascendía la imagen del espacio que se obtenía gracias al catastro de Ensenada, todo se vino abajo. Su contingencia fue lo que nos costó el alud.
Primero fue Adán Maqueda, entonces aspirante a un puesto en el departamento de Prospectiva Territorial de la universidad magistrante. Ignorar la propiedad, nos dijo, era edificar sin cimientos. La propiedad era determinante, decidía sobre todo lo demás.
Nadie la ignoraba, le replicamos. Pero reducir la observación a ese factor, o utilizarlo como filtro de los demás, era privarnos del elenco completo de los actores del drama rural, que competían con el protagonista –en el supuesto de que el propietario lo fuera–, cada uno de los cuales se podía identificar gracias a un documento tan directo como el parcelario de 1771.
Después fue Ramón Contreras, quien estaba preparando su tesis doctoral con el objetivo de ganar una plaza en el departamento de Anacronía Hispánica de la misma universidad. Elevó el tono de la crítica a nuestra posición a partir de un juicio sorprendente, tan sin sentido que fuimos incapaces de replicarle. Pensaba que habíamos incurrido en un abuso al servirnos del catastro de Ensenada como elemento de comparación. Él había recurrido a la misma colección de documentos como la principal informadora para su tesis, y trabajábamos sobre territorios, si no idénticos, sí muy próximos. Como había empezado sus trabajos antes que nosotros, nuestra obligación tendría que haber sido saber que él ya trabajaba a partir de aquella fuente. Con nuestra inmadura forma de proceder estábamos incurriendo en la contravención de una norma no escrita, cuya aceptación académica era universal, según la cual dos no podían trabajar sobre lo mismo. Le estábamos pisando la fuente, nos dijo. Más aún. Incluso se nos podría acusar de cometer un acto de filibusterismo intelectual, expuesto a penas administrativas, teniendo en cuenta que él tenía oficialmente registrado el título de su tesis. Eso nos ocurría por trabajar como francotiradores, concluyó, como gente al margen de las instituciones académicas, las que legítimamente tenían delegada la responsabilidad social de la investigación.
Aquello no tenía sentido. El catastro de Ensenada se había convertido en el catecismo de todo el que se aproximaba al siglo XVIII, arqueólogo o no, y acusar a alguien de servirse de él era tan absurdo como recriminarle al del asiento vecino que hubiera tomado el mismo autobús que nosotros para ir al trabajo en el que ambos estuviéramos empleados. Definitivamente iban a por nosotros.
La faena la remató Albino Marchante, ya consolidado profesor del departamento de Anacronía Precedente, colaborador habitual de la publicación científica del Institut y que antes también había trabajado para él. Investido de la mayor autoridad entre los historiadores presentes, se atribuyó la crítica más demoledora. Negó rigor y calidad a nuestro trabajo. Nuestros procedimientos no estaban avalados por precedentes que los autorizaran. Cualquier método debía estar contrastado con reiteradas comprobaciones de su oportunidad. Hasta entonces nadie había demostrado que aquello que llamábamos parcelario fuera una fuente adecuada, mucho menos idónea para el fin que nos proponíamos. ¿Quiénes eran sus autores, cuáles sus procedimientos para recabar la información? ¿Se basaba en declaraciones de parte, disponía de algún medio de control de los datos que recababa? En una palabra, ¿dónde estaban las conclusiones de nuestra crítica? No se podía confiar un trabajo con repercusiones sociales a gente sin experiencia, sin más aval que su buena disposición, que no ponía en duda, pero que no bastaba para enfrentarse a trabajos que tendrían consecuencias para el futuro de la región.
No tuvimos quien nos defendiera. También Herrault había excusado su asistencia porque ocupaciones inaplazables lo retenían en Montpellier. Derrotados, no nos quedó otra salida que pedir perdón y retirar nuestra ponencia, que, reconocíamos, no merecía ser publicada. Para el consejero representante de las instituciones regionales, que fue el último en tomar la palabra, las jornadas habían colmado sobradamente sus objetivos.
El relato y su sentido
Publicado: mayo 17, 2022 Archivado en: Dante Émerson | Tags: historiografía Deja un comentarioDante Émerson
La conciencia historiográfica es bastante asequible. El relato histórico es una experiencia común. Cualquiera tiene conciencia de su pasado y a sí mismo se lo cuenta. Con sus recuerdos cada cual crea para sí un relato de la parte de su existencia que ya ha transcurrido. Cuando esta conciencia se dirige a sucesos distintos a los de la vida propia, las posibilidades del relato crecen hasta dimensiones colosales, pero a la vez pueden convertirse en un objeto para cuya manipulación quien así actúe podrá sentirse más libre. Lo que en modo alguno podrá soslayarse será el punto de vista particular o personal desde el que los acontecimientos que sean son observados, porque la conciencia no puede existir sin quien la personifique. Por tanto se puede concluir que la historia alcanza la condición de relato en el instante en el que la conciencia adquiere noción de pasado, más aún si esa adquisición se extiende fuera del sujeto que la alcanza. Ganada esa condición discursiva, su existencia solo depende de la voluntad que los hombres puedan aplicar a ese fin, de que los hombres cuenten cosas que han ocurrido.
Después de dos mil quinientos años de existencia del género, más tal vez otros tantos anteriores de ensayo y definición, sería ingenuo pensar que esta clase de relatos se emprenden sin propósito alguno. Desde luego cabe dentro de lo posible que así se haga una vez más, porque la tradición nunca es coactiva, y quizás el enunciado más ambicioso de este principio que pudiera hacerse sería el que defendiera que el relato histórico no debe estar inducido o inspirado por prejuicio alguno. Es más. Entre los clásicos hay quien teoriza a partir de esta premisa, y la lleva lo bastante lejos como para dar la impresión de que por esta vía no es necesario avanzar más. Su posición se podría presentar en términos algo paradójicos diciendo que siente aversión a teorizar con los argumentos del relato. Partiendo de la idea de que las cosas humanas son por naturaleza inestables, piensa que los hechos a los que el relato debe enfrentarse son por naturaleza accidentales. El relato histórico no debe enunciar leyes ni proponerse deducir causa general alguna, porque dada aquella condición es imposible prefigurar en modo alguno la regularidad de las cosas de los hombres, mucho menos, como algunos pretenden, predecir el futuro. Si del relato no pueden ser deducidas causas, reglas ni leyes, quien lo emprenda no podrá disponer de cuerpo teórico alguno que lo marque o induzca con determinados prejuicios, sino que podrá actuar con absoluta libertad de cronista. El relato puede por tanto tener como propósito único contar los hechos con exactitud.
Este punto de vista está aconsejado más por el escepticismo que por demostración alguna, y es de todas maneras un modo de afrontar esta parte del problema historiográfico muy parcial. Desde la antigüedad ha sido mucho más frecuente relatar con la convicción de que en la acción humana puede ser observada cierta regularidad, o al menos que con este rigor puede ser presentada al lector muy satisfactoriamente. Es probable que esto sea un espejismo originado porque el medio en el que el género vive, el de la lengua escrita, confiere a todo lo que da forma la propiedad de lo racional. Pero, al margen de que este sea el origen de la propensión a normalizar la actuación de los hombres, no hay por qué dudar de que desde esta convicción se ha alimentado la parte teórica del trabajo historiográfico, y que ésta a su vez haya sido la que ha estimulado o inspirado la mayor parte de los textos del género. Así pues, para la mayoría de quienes escriben relatos históricos no es suficiente con el puro encadenamiento de los datos obtenidos sobre lo ocurrido antes. El relato permite deducir normas del comportamiento humano. Con ellas puede ser enunciada una teoría sobre este, y tal teoría a su vez orientaría o inspiraría nuevos relatos, que así serían guiados por ese fin al que se dirigen. El principio del que ahora tratamos podría enunciarse en este punto, bajo esta otra consideración previa, a partir de la sumisión al hecho real de la elaboración teórica a base de la observación del pasado. Puesto que semejante teoría existe o puede ser deducida del propio relato y esta impondrá unos límites racionales al desarrollo de la narración, más vale de antemano enunciar el fin o el objetivo que cada relato particular quiere alcanzar, y así trabajar en todo momento a favor de él. Porque por otra parte conviene despertar de un sueño que durante algún tiempo se ha pretendido realizado. La literatura no puede ocurrir con absoluta libertad. Se engañan quienes así piensan. Las palabras son ideas, y estas o gobiernan el texto o no llevan a lugar alguno.
Los marcos de referencia que pueden ser elegidos para situar los propósitos teóricos personales son varios, y aún podrían inventarse muchos más. Tal vez el más clásico sea el que cree inevitable la dirección política del relato histórico, de donde deduce una fecunda definición del objetivo general que esta debe proponerse, la que en su grado más elaborado fue enunciada en los siguientes términos: la historia es un medio de adquirir el arte del buen gobierno. Es cierto que esta forma incluye en germen la idea de soberano único o príncipe. Como aquella fórmula de gobierno es finita, podría ser enunciada de manera más general afirmando que el relato enseña a tomar decisiones y proporciona reglas para actuar a quienes tienen responsabilidades de gobierno, o de forma aún más general diciendo que la historia puede ser una ciencia al servicio de la política. Saber cómo ocurrieron las cosas en el pasado es la mejor escuela para la acción pública.
No pueden creerse homogéneas sin embargo todas las interpretaciones de estos sencillos axiomas, y hay a partir de ellos deducciones realmente ingeniosas. Entre estas hay que recordar especialmente a los que de entre los antiguos con particular sensibilidad entendían lo político como algo matizadamente distinto a la acción pública, y por tanto creían que el relato histórico cumplía sus fines si era encomio para los amigos y denuesto para los enemigos.
También hay quien cree que el relato está justificado si sirve para enseñar cuáles son los comportamientos adecuados y cuáles los incorrectos, cuáles las actitudes nobles y cuáles las degeneradas. El relato tendría que ser un teatro en el que presentar la moral correcta.
Pero la teoría más ambiciosa es la que sostiene que de lo que se trata es de alcanzar una explicación causal de los hechos o esclarecer sus factores. El relato debe estar dirigido a indagar las causas de los hechos que son observados. El lugar más distante al que esta idea se ha conducido es el de las leyes. Algunos han pretendido demostrar que entre los hechos siempre hay relación regular, y que tales reglas en todos los casos deben ser deducidas para explicar la sucesión de los hechos mediante demostraciones. En opinión de ciertos autores, enunciar leyes del comportamiento público de los hombres queda al alcance de la historiografía porque creen que la naturaleza humana es siempre la misma.
No es desacertada esta manera de observar, si bien a este propósito habría que tener en cuenta otra corriente de opinión. Para algunos el principio dogmático del que debe partir el relato es que la existencia de la humanidad está caracterizada por un progreso acumulado constante, aunque ocurran accidentalmente retrocesos. El progreso sería una derivación de las actividades destinadas a garantizar la subsistencia.
Esta manera de concebir el relato parece incompatible con la de quienes en algún momento han elaborado teorías sobre los ciclos que regularmente conoce cualquier sociedad. Habiendo sido observado por algunos que en los grupos humanos se van sucediendo los hechos hasta completar ciclos, y que retornados a determinada situación suceden los hechos otra vez de forma similar, es posible generalizar y por tanto enunciar leyes, bien solo para la sucesión de las instituciones públicas o bien sobre la constitución de la sociedad.
Para hacer compatible la idea sobre el progreso con la idea de la constante regularidad y sus consecuentes ciclos tal vez se podría distinguir entre actividades encaminadas a la obtención de las subsistencias e instituciones o incluso constitución de la sociedad toda. Mientras que a la actividad más inmediata o elemental habría ido afectando el progreso, las más elaboradas formas de la vida civil estarían sometidas al inexorable retorno. Habría entonces que dilucidar si es que a este otro estadio de la actividad humana aún no habría alcanzado el bien del progreso que al orden de la vida material ya ha llegado. Pero este ejercicio sería muy artificioso. No parece muy admisible separar las condiciones en las que los hombres obtienen sus medios de supervivencia de su organización y de las instituciones políticas que de ellas derivan o a su servicio son puestas.
La propiedad más útil que de la posible regularidad de la actuación de los hombres puede derivarse es que a partir de la atenta observación del pasado sería posible prever lo que pueda ocurrir en circunstancias cuyos factores hayan sido estudiados con este fin. Es necesario reconocer sin embargo que aún queda muy lejos siquiera un cuadro de circunstancias tipificadas. Pero hay quien con excelente juicio insiste en que el trabajo historiográfico debe permitir al menos elaborar un cuerpo doctrinal. La posibilidad de enunciar normas del comportamiento ha sido sometida a un sencillo principio de método. Para extraer lecciones de la historia será necesario antes recopilar analogías. Es necesario terminar en la historia comparada si se pretende llegar a la deducción de normas sobre la actuación de los hombres.
Pero todavía debemos añadir algo sobre este problema, relacionado con afirmaciones precedentes. Son dos cosas distintas el comportamiento humano y las propiedades de la lengua. Del comportamiento humano no cabe esperar que siempre sea racional, y tal vez sea más acertado partir del principio de que lo único regular de que antemano de él se puede esperar, considerados los comportamientos de los grupos, es el comportamiento irracional. De la lengua, que es la materia con la que el relato es compuesto, su propiedad natural es la lógica. Por la correcta construcción del texto podrá ser presentada una cadena racional de hechos o comportamientos, cuando de la materia de la que se trata es la histórica. El relato histórico está condenado, porque es texto, a desembocar en una presentación racional o explicativa de los asuntos de que trata. Cosa distinta es que habiéndose propuesto el relato observar todos los comportamientos se obligue en todos los casos a presentarlos de manera racional. Entre los comportamientos dominan los que no son razonables, y con estos a lo máximo que se puede aspirar es a la descripción.
Así pues, para resolver el problema teórico inicial, o premisa a partir de la cual organizar la materia para el relato, es conveniente plantear antes el objeto que se desea tratar. De ciertos hombres, en particular los admirables, cabe esperar un comportamiento racional, digno de ser conocido. Cuando se siguen las reglas de la explicación causal puede proporcionar un excelente producto escrito exponer su vida ateniéndose a las reglas del género biográfico. De todos los sucesos y comportamientos de la revolución francesa no cabe esperar una cadena razonable, y es tanto más probable la sinrazón cuanto mayor es la cantidad de personas que fueron protagonistas de los asuntos de que se trate. El relato de los hechos como una crónica puede ser el mejor producto escrito que de cuanto entonces sucediera puede ser elaborado.
La historia solo existe como texto
Publicado: mayo 9, 2022 Archivado en: Dante Émerson | Tags: historiografía Deja un comentarioDante Émerson
Sobre qué sea la historia los clásicos no están de acuerdo, hasta el punto que algunas maneras de concebir esta materia parecen incompatibles con otras. Reduciendo todas las posiciones a sus rasgos generales, se podría decir que todas parecen inspirarse en al menos una de dos premisas. Para unos la historia es una materia artificial que quienes la escriben van creando justo por el hecho de poner por escrito determinados sucesos. Por razones que ahora no es necesario considerar, ciertas personas deciden dedicarse a crear estos objetos. Para ellas la historia por su origen no sería distinta a una escultura o una máquina. Otros creen que la historia existe más allá de la voluntad de quienes la escriben, como si fuese un arcano que poco a poco se va revelando a los hombres que dedican su esfuerzo a su descubrimiento, quienes con la investigación le van arrancando sus secretos. También hay quienes creen que esa materia es un cuerpo de conocimientos que trasciende el esfuerzo y la capacidad de cada hombre que con él se las ve, y quienes parten de que es un orden de los hechos humanos ya previsto hacia el que los comportamientos invariablemente deben dirigirse
Cualquiera de ellos olvida que al exponer sus principios solo enuncia como pensamiento sus propósitos, lo que es tan legítimo como humano. El pensamiento es aquella faceta del comportamiento que pretende justificar cuanto los hombres son y hacen recurriendo a los medios que proporcionan las lenguas; propiedad que porque deriva de la existencia de estas, que son en cualquier caso invención humana, puede tenerse por expansión previsible de la vida de esta clase de seres. Puede discutirse sobre la dirección regular de la corriente que desemboca en pensamiento, aunque resulta casi una evidencia que son las palabras la fuente que alimenta las ideas. Pero de lo que no cabe dudar es de que el pensamiento se vierte en la conciencia, el medio natural que le permite existir, en forma de palabras.
Como la forma de expresar el pensamiento por escrito es el texto, y como la historia alcanza el idóneo estado de materia cuando se pone por escrito, se puede afirmar que cualquiera que sea la idea que se tenga sobre lo que es historia necesita ser vertida a la forma de texto. Se podría expresar esta idea con mayor rotundidad y de forma lapidaria: la historia solo puede existir como texto, en modo alguno podría ser algo distinto a un texto.
De aquí se debe deducir que la creación de historia es algo al alcance de cualquiera. La única condición previa que exige es que se conozca un sistema de escritura que permita expresar el pensamiento.
Aprender de los clásicos
Publicado: abril 30, 2022 Archivado en: Dante Émerson | Tags: historiografía Deja un comentarioDante Émerson
He elegido los autores cuya actividad he estudiado por una razón. Según iba sabiendo de ellos, en mi opinión en todos había algo que aprender. Esa es la condición que define y separa a los clásicos, conservar pasado el tiempo la capacidad para proporcionar enseñanzas; ese es su destino cuando alcanzan semejante categoría, aunque tal vez eso mismo estaría mejor enunciado en sentido inverso: porque pueden proporcionar enseñanzas deben ser apartados al selecto lugar de los clásicos. Con este criterio podría elegir un buen número, quizás no muchos con verdadero interés historiográfico, hablando siempre dentro de los límites de la capacidad personal de conocer y valorar los autores. Pero como cualquiera que tenga alguna experiencia sabe, una severa selección de la materia siempre se impone, porque el tiempo actúa con inexorable rigor sobre la existencia de tan marginal realidad.
Puede quedar justificada una antología solo por el placer de conocer y recuperar la palabra de quienes siendo poseedores de las virtudes historiográficas ya no viven. A ese fin puede contribuir. Pero suele ocurrir con incontenible frecuencia que la lectura provoca el sano deseo de la emulación. En previsión de que esto ocurra, a sabiendas también de que quien lo defienda puede encontrarse ante la feliz coincidencia de que quienes hasta aquí lo hayan seguido muestren ellos mismos deseos de convertirse en autores de relatos de la clase que ha sido objeto de su discurso, llega el momento en que parece conveniente enunciar principios de procedimiento que pueden contribuir a la elaboración de un relato histórico propio.
En modo alguno el juicio debe precipitarse a deducir del enunciado de los principios consecuencias para la calidad del relato que pueda crearse. La calidad de los textos es responsabilidad exclusiva de quien se compromete en generarlos y es por fortuna una propiedad intransferible. Pero habiendo tratado con los clásicos, después de haberlos conocido por separado, este momento puede ser aprovechado para deducir de sus ideas enseñanzas que inspiren tales principios. Las enseñanzas extraídas pueden ser enunciadas como una colección de reglas en las que confiar si se desea conseguir el beneficio de un buen relato.
Puede ser enunciado uno previo, muy general y hasta algo impreciso, solo en apariencia reiterativo. Quien aspire a crear sus propios relatos históricos deberá volver permanentemente a los clásicos. Con una vez que se hayan estudiado no es suficiente para extraer de ellos las enseñanzas que pueden proporcionar. Las limitadas lecciones de una antología, y otras similares que puedan hacerse, siempre presentarán solo una parte del pensamiento de cada autor. Aunque la intención de quien ha tenido que seleccionar haya sido la mejor (y no hay que dudar que no haya deseo de acertar en cualquier elección del material presentado, incluido el caso en que la idea que se obtenga parezca excesiva o deformada), con seguridad a lo máximo que podrá aspirar quien utilice este medio para conocer a los clásicos es a tener un conocimiento parcial de ellos. El conocimiento directo de los autores a través de sus textos, sin más mediaciones que las ineludibles, sobre todo las relacionadas con su transmisión hasta el presente, no puede ser sustituido por nada. Por la observación directa, cuantas veces se recurra a ella, incluso cuando una y otra vez se vuelve sobre los mismos pasajes, es posible deducir multitud de características. Cualquier autor puede ser todo lo diverso que cualquier otro pueda ser porque todos los textos, solo por tener esta forma, admiten múltiples interpretaciones. Cuanta mayor elaboración tengan las obras escritas, incluida la que añaden y acumulan sobre los anteriores los sucesivos transmisores que generación tras generación se agregan a la cadena; cuanto más alto sea el cuidado puesto en ellas, cuanto mayor sea su calidad, tanto mayor juego de interpretación admiten. Los clásicos siempre son el más alto grado de calidad de los textos de su modalidad. Son por tanto una escuela permanente, a la que se puede retornar cuantas veces se desee con la seguridad de encontrar enseñanzas. Tal escuela tiene además la enorme ventaja de que está siempre abierta. Basta con tener al alcance una biblioteca de clásicos.
Población gentilicia
Publicado: octubre 4, 2021 Archivado en: Dante Émerson | Tags: población Deja un comentarioDante Émerson
En los grupos primitivos, vertebrados por la consanguinidad, el principio jerárquico está muy marcado. Debe regir para la distribución del alimento o para tomar las responsabilidades espirituales, las que luego dan origen a las religiosas. Del principio jerárquico nace el liderazgo, que en la comunidad primitiva más elemental corresponde a un senior. Es el mayor del grupo, no por edad, sino por posición dentro de él. Bajo su autoridad quedan los iuniores, estado común del resto de los miembros del grupo.
El monte es un medio apropiado para el aislamiento. Lo particular tiene allí más posibilidades. Es más fácil que en él surjan y sobrevivan los grupos pequeños instituidos a partir de las obligaciones derivadas de la consanguinidad. El aislamiento y los vínculos reconocidos estimulan la independencia.
En un medio de monte y poco humanizado el ganado suele ser el medio de vida. Puede ser propiedad del grupo, de familias o de personas. Cuando es un dueño o amo quien posee el dominio sobre él, tiene las mejores posibilidades para convertirse en el senior del grupo. Tanto más alcanza la condición de aristócrata dentro del grupo cuanto más exclusiva sea su propiedad. La actividad pastoril que debe sostener a la comunidad genera un orden jerárquico cuya cima la ocupa el senior o patriarca.
La carencia del ganado conduce a los iuniores a especializarse en el oficio pastoril. Al recibir el ganado de quien lo posee, lo reconocen como el señor más primitivo. Cuando, una vez resignado a su preeminencia, acuerda con él una dependencia personal, que le obliga a la fidelidad y a cumplir con el servicio pastoril, y reduce su capacidad de vincularse al grupo a la mediación de tal senior, el iunior se instituye como cliente. Si su relación con el senior lo equipara al ganado que cuida, porque consiente que como este sea un bien de su propiedad, acepta que se regule por el principio de servidumbre.
La comunidad pastoril es población cuando radica su actividad en un área, y se perpetúa mientras el orden que la ha instituido se mantiene. Si además la autoridad del senior se hace hereditaria, el orden instituido igualmente puede aspirar a ser hereditario. Para garantizar la igualdad en el acceso a la condición de senior por esta vía, la línea de sucesión debe ser agnaticia mientras sobrevivan las mismas condiciones de población del área. Los aspirantes ganarán la legitimidad que les faculta para acceder a la condición más alta por ser varones consanguíneos del senior primitivo, según se sucedan las generaciones. El orden superviviente, gracias al estadio superior de agregación consanguínea así alcanzado, garantiza la concordia y asegura la mutua protección.
Dado que esta armonía orgánica solo afectaría a los agnados del senior primitivo, que se mantenga debe ser consecuencia también de que sea aceptada por quienes en el sistema ideado cargan con el papel de iuniores. Por ser inevitables, mientras deben vivir como clientes o siervos responsables del cuidado de los rebaños, tienen el poder de alterar cualquier comunidad pastoril primitiva.
La forma más elemental de insubordinación es el aprovechamiento discrecional del ganado puesto a su cuidado. Pueden ejecutarlo como detracción de una parte de cualquiera de los esquilmos o como apropiación indebida de algunos ejemplares. La emancipación o rebeldía absoluta contra el orden al que están sujetos la consuman como emigración. Los iuniores huyen a lugares poco habitados o vacíos, donde dan origen a poblaciones nuevas que reproducen el orden contra el que se insubordinaron.
Estas obligaciones e intercambios primitivos, en los relatos que se refieren a ellos, se suelen presentar como formas de relación pasadas y excepcionales. Sería un error creer que se han extinguido. Cualquiera, a poco que sustituya el ganado por cualquier otro bien, podría citar, hasta con nombres y apellidos, grupos consanguíneos en los que las obligaciones e intercambio de servicios entre sus miembros sobrepasan cualquier norma escrita.
Se podría decir precede, en lugar de sobrepasa, porque se puede pensar como algo anterior a lo que dicte cualquier norma. Pero no sería correcto. El dictado de la consanguinidad también es una norma. Lo que ocurre es que su fuerza se impone a partir de un argumento moral con el que no es capaz de competir el fundamento de la ley. En la práctica ignora, o puede prescindir, de lo que la ley dicte como requisito que obliga a las relaciones, sin que ello signifique su contravención; aun sin contar con que en algún lugar de la ley también puede haber una justificación de la norma idéntica a la que inspira la concordia primitiva que neutraliza los conflictos entre consanguíneos. La condición primitiva de las obligaciones hace más probable su vigencia preponderante, a veces casi o por completo exclusiva, cuando la constitución de otras formas de poder es débil o frágil, porque apenas ha empezado o porque está en trance de extinción.
Si la vigencia de la comunidad primitiva la verificamos ahora en familias y poblaciones, no hay razones para pensar que deje de serlo, ni para pretender que en algún lugar no lo fuera antes. La comunidad que toma sus razones morales y su fuerza vigorizante de la consanguinidad es probable que estuviera en el origen de poblaciones que aspiraban a radicarse en las zonas más deshabitadas. En épocas históricas, la población gentilicia sería más probable en momentos y tierras de más difícil poblamiento. La radicación, la fuerza pobladora, provendría de los pioneros que se organizaban a partir de obligaciones cuya fuerza moral se les imponía desde un fondo que ni creían a su alcance ni eran capaces de poner en duda.
En el confín occidental de la región, cuya población superviviente es difícil y tardía, si se la compara con el resto del sudoeste, los rastros de este pasado han llegado hasta nosotros en relativo buen estado. Allí un buen número de testimonios toponímicos ha sobrevivido como antropónimo. Juzgando a partir de ellos, no es aventurado comprometer el origen de estas poblaciones a partir de un senior.
Lo testimonian de forma muy expresa Los Agostines, Encinar de Antón Pérez, Arroyo, charcos, fuente, majada y venta de Bordallo, Alcaría y casas de Domingo Binas, Majada de Galindo, Corte Gonzalo, Bodegón de Juan Fraile, Alcaría de Juan Pérez, Molino de Juan Rodríguez, Molino y monte de Martín Juan, Moheda de Pero Gómez, Alcaría Pinto, Cañada de Sancha González, Mohedas de Velasco, Casa Verlanca. En buena parte de estos casos, el antropónimo completa su identidad con el patronímico, lo que permite pensar en un senior cabeza de un linaje. Para constituir la comunidad, en ellos habría sido suficiente con un grupo familiar que inyectara legitimidad al orden agnaticio destinado a consolidar la población pretendida.
La emancipación o rebeldía de los iuniores contra el orden ganadero constituido por seniores también se puede rastrear en la misma zona. La que alcanzara el grado de la migración la han retenido ciertos apellidos, frecuentes entre sus habitantes, que indican procedencia de tierras con predominio ganadero. En otras ocasiones se ha refugiado en topónimos que no son testimonio directo del fenómeno sino verosímiles como nombres de persona.
Gracias a que la condición nominativa de cualquier topónimo admite la personificación, en algunos lugares se ha naturalizado una elaboración legendaria que se sirve de los recursos narrativos del procedimiento mitológico; en unos casos, heroica, en otros, divina. Esta manera de manipular los nombres de lugar partiría de la conciencia del estado anterior, la dependencia de un senior ganadero, e indicaría que en el origen de las poblaciones que se han explicado con el recurso al epónimo hubo un iunior rebelde que rompió con el orden ganadero. El instrumento de la emancipación tendría que ser la experiencia agrícola, y la condición heroica o divina el mérito reconocido a quienes consiguieron coronar con el éxito la radicación estable de la comunidad.
Al consagrar la leyenda al iunior pionero como único responsable del origen de estas poblaciones, explicaría además que la nueva autoridad correspondería a otro senior, en este caso agrícola, principio de un orden en la medida que a la experiencia se sumara un grupo al menos familiar. De ser el protagonista un grupo de iuniores, con sus correspondientes consanguíneos, la constitución tendría que ser colectiva o corporativa. De cualquiera de las dos maneras, la nueva comunidad comenzaría de nuevo el ciclo de las relaciones, ahora para dar origen a la explotación del suelo, clientelares o serviles, y por tanto reactivaría el riesgo de la rebeldía y la emancipación de una fracción de sus miembros.
La rebeldía contra el orden gentilicio, origen de las crisis en las poblaciones constituidas a partir de un senior ganadero, no en todos los casos se resolvería con la emigración. La tensión crítica podría evolucionar a crónica si derivara a otras maneras de satisfacerse, como la detracción de producto, el abigeato o, en el sentido opuesto, la descarga de las obligaciones de los iuniores. También puede ocurrir que el orden de los seniores, para perpetuarse, acepte la emancipación agrícola de una parte de los iuniores, que por tanto no dejarían de serlo ni abandonarían su condición servil o clientelar. En muchos de los lugares que han retenido en su nombre el de una persona es posible seguir el rastro a comunidades de raíz ganadera que evolucionan a mixtas. Sin abandonar la posición ganada, los seniores, que no renuncian a ser los dueños del ganado, también ejercerían como seniores agrícolas.
La precisión temporal de cualquiera de estos fenómenos complica la detección de sus manifestaciones con la interferencia de hechos más visibles, más cercanos a la epidermis cronológica, que enrarecen y dificultan reconocerlos.
En la época en la que están surgiendo aquellas poblaciones suroccidentales los interfieren sobre todo los intereses estratégicos de la monarquía, que puede emprender acciones bélicas. La inmediatez de la frontera con otro reino y otra monarquía inevitablemente origina conflictos que distorsionan no solo porque acaban con la paz y la seguridad, sino sobre todo porque reclutan hombres y desplazan poblaciones.
Cuando no llega a ese extremo, la monarquía interfiere la constitución gentilicia con el ejercicio de su soberanía administrativa, de la que hace un uso discrecional. Si la ejerce directamente, es la responsable de la agregación del sistema románico de orden político y gestión, instituido por el municipio castellano, a la constitución de las poblaciones. Crea poderes que hibridan el de raíz gentilicia y que este, sin embargo, asimila hasta el punto que los subordina al genuino de la población que ha tenido este origen.
Si la cede a un potentado, es este el encargado de la introducción del régimen municipal en las poblaciones, con los mismos efectos para ellas. Para imponer su autoridad, pretende además el poder unificador de todos los locales para sí, razón por la cual se titula señor de todo el territorio para el que se le han reconocido poderes. El recurso a esta palabra para referirse al orden institucional interpuesto se rinde al atributo del que no puede desprenderse, si aspira a conservar la preeminencia que da la posesión de un bien, en su caso los poderes otorgados por el rey. Para ejecutarlos se arroga el señorío legislativo, del que se sirve para completar y ampliar los que haya detraído a la monarquía.
Cualquiera de estas interferencias, desde la distancia que impone el tiempo, son más perceptibles que el fenómeno gentilicio, cuyos rastros sin embargo se han conservado incluso en las fuentes documentales, las más directas.
Población de Valverde. IX
Publicado: abril 22, 2021 Archivado en: Dante Émerson | Tags: población Deja un comentarioDante Émerson
El documento de 1492 registra por primera vez el topónimo Valverde del Camino, según Diego Romero (1956: 13 y 271). Sobre por qué el topónimo Facanías fuera sustituido por el de Valverde, Diego Romero, en quien converge toda la tradición de este tópico anterior a mediados del siglo XX, pone por delante una confesión: “[…] de cuyo fenómeno ignoramos hasta el momento las causas concretas” (Romero, 1956: 13). Sin precisión cronológica lo sigue Ramírez Moreno: “[…] en las postrimerías del siglo [XV] […] el lugar, por causas desconocidas, adopta el nombre actual y se despoja del primitivo de Facanías” (1986: 10 y 25).
Ante la falta de información positiva que demuestre el supuesto con el que trabaja, Romero se emplea en especular con posibles factores que lo expliquen. Los apriorismos poblacionales, en su caso, equiparables a los que inspiran el recurso al epónimo, trasladan el campo de trabajo a un terreno algo más comprometido y aún más cargado de prejuicios. La premisa que funda sus especulaciones, nunca del todo escrita, parece que es la siguiente. Facanías habría cambiado de nombre debido a que desde el principio estuviera poblado por determinada etnia. El supuesto que incluye esta manera de pensar es que cualquiera de las posibles, a partir de 1492, hubiera sido considerada como mínimo inconveniente para su población, y de ahí que fuera necesario proceder a borrar su rastro.
Plantea primero Romero la posibilidad de que Facanías fuese en origen un lugar poblado por gitanos, no sabemos con qué fundamento. Inmediatamente la niega: “No creemos que los primitivos fundadores de Facanías fueran gitanos. Éstos no llegaron a España hasta un periodo de tiempo comprendido entre 1427 y 1462. En Andalucía su llegada a Jaén está registrada el 22 de Noviembre de 1462” (Romero, 1956: 13).
Como si interviniera en una controversia, Arroyo Valero, desplegando sus inagotables recursos, también amplifica estos argumentos en su Breve historia de Valverde. “El Condado de Niebla está dotado de un extensísimo territorio: enclavado en éste, aparecen catalogados trece villas y lugares, entre ellos el Lugar de Facanías. [/] Es completamente ridículo suponer que el nombre de `Lugar de Facanías´, se deba a que la venta –huevo de Valverde– la viviera un gitano que se llamaba Facanías. Tal deducción a la luz tanto de la historia, como del examen razonable de las cosas, es una grandísima estupidez. La entrada en España de los gitanos (originarios del Indostán, del Egipto o de la Persia) trashumando siglos tras siglos, sembrando su progenie a todo el largo de Europa, se produce en España en los primeros años del 1.400. Y si en tal fecha los gitanos aparecen por los Pirineos, no será exagerado calcular que, a nuestra Andalucía Occidental, no llegarían hasta medio siglo después.” (1963: 11-12).
Y continúa: “Si la Venta-Mesón: y las tres casas a su lado, son existentes con anterioridad al 1.300; y si en el año 1.369 en que se crea el Condado de Niebla, y de él forma parte el Lugar de Facanías, con doce más pueblos y lugares; y todo ello está histórica y documentalmente comprobado, este ventero con el nombre de Facanías, (cuyo origen no he podido encontrar en ningún Diccionario gentilicio, ni etimológico) no cabe que fuera gitano. Los gitanos [/] están a siglos de retraso [sic]. Y por si no fuera bastante lo concluyente de las fechas anotadas, nos serviría de argumento, tan fuerte como las fechas, esta consideración: Comprobado que la venta, fué la primera casa que se levantó, hay que admitir primero que, si Facanías era gitano, se adelantó un siglo lo menos a los de su ralea, y que andando andando, llegó aquí; y que llegado, tuvo la ocurrencia de levantar él solito, una venta en paraje solitario; equipándola luego, con el menaje que una venta requiere. ¿Quién que esté en su cabal juicio, puede suponer que un gitano, compañero insobornable de la vida errabunda, podía acomodarse al vivir sedentario y apacible de ventero, en un descampado, y para ello además, tenerse que `parar´ a construir una venta?” (Arroyo Valero, 1963: 12-13).
Es cierto que, si al menos en 1369 ya existía Facanías, entre sus “primitivos fundadores” no pudo haber gitanos, aceptada la cronología de su llegada a la península que sigue Romero. No obstante, según esa misma cronología, nada impide que para fines del siglo XV se hubieran instalado en Facanías. Pero no vale la pena detenerse más a discutir esta posibilidad sin fundamento alguno. Es evidente su carga de prejuicios.
Sobre la otra posibilidad, que fuera judía la población primitiva de Facanías, Romero es más explícito y analítico porque es la que considera más probable. “Quizás no sea muy aventurado relacionar el nombre de Facanías, e incluso su posterior cambio, con gente de raza judía, cuya presencia en España está acusada desde principios del siglo IV. Así como probada su existencia en estas comarcas” (1956: 13). Siguió la idea Ramírez Moreno (1986: 10 y 25), quien tras decir que “[…] el lugar, por causas desconocidas, adopta el nombre actual y se despoja del primitivo de Facanías, al parecer de origen hebreo, en una coyuntura ciertamente hostil para los miembros de dicha raza”, remite al texto de Diego Romero. Pueden encontrarse más alusiones, quizás no tan directas como esta, en los otros textos de la tradición local.
El razonamiento en el que en este caso se funda Romero es el siguiente: “En el repartimiento de 450.000 maravedís hecho por Enrique IV, en 1474, a las aljamas judías, contribuyeron las comunidades judías de Aroche, Lepe y Moguer. Y aunque el edicto riguroso de expulsión fue en 31 de marzo de 1492, con anterioridad, desde 1478, los Reyes Católicos habían tomado medidas restrictivas de las actividades de los judíos, que culminaron en ordenar su destierro de Andalucía en 1483. ¿Qué extraño tiene que, aceptada la procedencia judía de la primitiva comunidad de Facanías, hubiera que cambiar su nombre hebraico [sic] por otro más corriente que permitiera sobrevivir en la nueva y hostil situación?” (Romero, 1956: 13).
La secuencia lógica de Romero es sólida y aceptable. Su conclusión, que tampoco escribe, podría enunciarse de este modo: el cambio de nombre debió ocurrir en torno a 1483, como consecuencia de la persecución y destierro de este año, y supone la transformación de los judíos en conversos, de la cual sería expresión el mismo cambio de nombre: del nombre hebreo al nombre castellano.
No todas sus premisas están cimentadas con la misma solidez. La primera, y más importante para el desarrollo de su teoría –sería la única prueba directa posible, en caso de que se demostrara–, es que Facanías sea palabra hebrea. Es una posibilidad que se insinúa en el primero y, sobre todo, en el último párrafo, pero en ningún caso se demuestra de forma concluyente, y no obstante se usa en la argumentación como algo verdad evidente. Si bien es particularmente valioso el dato de 1474, tampoco son concluyentes las presentaciones de las otras dos pruebas, el repartimiento de ese año y la orden de destierro de 1483, aunque la exposición de ambas resulte verosímil.
Afortunadamente, también Ladero, una vez más, ha estudiado con detalle la presencia de población judía en el condado durante estos años finales del siglo XV. Su análisis es tan detallado y explícito que releva de cualquier especulación. Si nos atenemos a lo que dice, y seguimos los pasos más explícitos de su texto, podremos contrastar la idea de Romero.
Parte Ladero de que a fines del siglo XV los señores tendieron a recibir “población de origen judeo converso, mientras que, en el realengo, las revueltas anticonversas, primero, y la actuación del Santo Oficio, desde 1481, fueron más frecuentes y tempranas. Había ya conversos avecindados en los señoríos andaluces antes de aquella fecha, como también hubo judíos, pero el establecimiento de la Inquisición provocó un éxodo cuyas dimensiones desconocemos hacia los señoríos tanto del área gaditana como onubense, donde las acciones de la Inquisición tardaron algunos años en llegar” (Ladero, 1992: 122). Cabe pues en lo posible que se produjera una inmigración masiva, sobre todo de conversos, hacia Facanías, en torno a 1481, aunque con más probabilidad después de esta fecha, el año final del crecimiento extraordinario del tamaño de su población, solo explicable por una intensa inmigración concentrada en el tiempo.
Añade Ladero que las acciones de la Inquisición “que ocurrieron en el último decenio del siglo XV se conocen con cierto detalle y afectaron a buena parte de la población conversa residente en señoríos, o bien bajo la forma de penitencias, que conllevaban una multa proporcional a los bienes, entre 1491 y 1494, o bien la de conmutaciones de hábitos, para dejar de llevarlos en público, y habilitaciones para ejercer los oficios de los que antes se apartó a los conversos y a sus descendientes si había mediado acusación de servir e onrrar la ley de Moyse. Conmutaciones y habilitaciones que ocurrieron por primera vez, en gran cantidad durante los años 1495 y 1496, aunque su importe pecuniario era mucho menor que el de las penitencias pues no formaban parte de un castigo sino de un proceso que hoy llamaríamos de reinserción social” (Ladero, 1992: 122-123).
Valiéndose de las cuentas de penitencias, conmutaciones y habilitaciones, Ladero evalúa esta subpoblación. “[…] las penitencias de 1491 y 1494 […] en los señoríos onubenses […] afectaron a 496 vecinos. De ellos, 218 eran mujeres solas, o bien las únicas penitenciadas en su casa, cifra muy alta que coincide con las otras partes de Andalucía y conduce a pensar en la mayor permanencia de la fe judía o al menos de las costumbres y ritos cotidianos vinculados a ella en el medio hogareño donde aquellas mujeres desarrollaban su vida e influían sobre su entorno inmediato. En total, los datos relativos a penitencias mencionan a 577 personas. Los datos de conmutaciones y habilitaciones se refieren unas veces a las mismas, pero otras a individuos distintos: en febrero de 1496 se había habilitado a 200 personas en el condado de Niebla y señoríos próximos pero se espera hacerlo todavía con otras 700 pues era zona en que agora se haze ynquisición. No obstante, en documentos posteriores, también de 1496, se habilita sólo a otros 58 vecinos” (Ladero, 1992: 123). En nota añade que “el reparto del `servicio y medio servicio´ de los judíos indica que había grupos de población judía de cierta importancia, en el tercer cuarto del siglo XV, en Niebla, Moguer, Gibraleón y Lepe” (Ladero, 1992: 122n), es decir, todos lugares de antigua población.
En un cuadro adjunto (Ladero, 1992: 124) resume, población a población del condado y próximas, las cuentas de las penintencias de 1491 y 1494, por un lado, y las conmutaciones y habilitaciones hasta febrero y septiembre de 1496. Entre los pueblos registrados en el cuadro no aparecen ni Facanías ni Valverde del Camino. La población conversa se concentra en la costa y la “tierra llana”. El pueblo más al norte de todos los citados es Beas. Así explica Ladero esta distribución geográfica: “El reparto de los conversos por localidades obedece a cierta lógica relativa a la mayor lejanía o lenidad del poder señorial, en ocasiones, o a la necesidad y conveniencia que tuviera de atraer a nuevos pobladores, en otras, y también al principio de preferir núcleos de población mayores o medianos donde fuera posible agruparse o, al menos, soportar mejor la segregación social, y en los que fuera más sencilla la posibilidad de emigrar nuevamente, si llegaba el caso. Vemos, así, que hay bastantes conversos en Niebla, tal vez la décima parte de su vecindario, y algunos en las aldeas próximas a la villa pero no en el Campo de Andévalo ni en la sierra donde, además su situación laboral habría sido más difícil pues casi ninguno era agricultor ni ganadero y no tenían arraigo ni bienes territoriales. Trigueros, población con fuerte crecimiento muy vinculado al comercio, a través de San Juan del Puerto, es el punto de concentración mayor, con más de un 11 por 100 de vecinos conversos penitenciados, muchísimos más que en Huelva, donde la actividad pesquera predominaría sobe la mercantil” (Ladero, 1992: 125).
Hay que reconocer que, con las explicaciones de Ladero la teoría de Romero gana, dispone de más argumentos en favor de la población de Facanías por judíos o conversos antes de 1492. En particular, por la relación que pudo haber entre comercio dependiente del Puerto de San Juan y la actividad laboral de aquella subpoblación. Además, hay que advertir que los datos disponibles para 1491 (todos los datos proceden de Simancas, Contaduría Mayor, primera época, legajo 100) son muy parciales; solo registran población penitenciada en cuatro pueblos nada más: Niebla, Villarrasa, Rociana y Lucena. Las explicaciones de Ladero se oponen a la posibilidad. Pero esta queda abierta dada la fragmentaria información disponible. Lamentablemente, por tanto, los datos positivos no demuestran la idea de Romero, si bien hay en su favor un dato concurrente de interés. La inmigración en cantidad importante es posible en torno a 1481. El extraordinario crecimiento de 1479-1480 pudo tener este origen: un grupo importante de judíos o conversos que, huyendo del realengo, viene a establecerse en Facanías atraído por el valor comercial que gana el lugar.
Sin embargo, hay algo en la idea de Romero que encaja mal con lo que ocurre después (aparte el supuesto origen hebreo del topónimo, mucho más viejo que la posible inmigración). La información para 1496 es ya muy completa. Según Romero, la difícil situación en que se encontraría el grupo después de 1492 se habría resuelto con un simple cambio de nombre, es decir, que la población ya por necesidad conversa no habría emigrado. Los datos de 1496 indican lo contrario.
Pudieron ocurrir las cosas de otro modo. Primero, que los judíos inmigraran en torno a 1480 a la jurisdicción recién creada de Facanías, aunque no a este lugar sino a Valverde del Camino, un lugar con mejores condiciones para sacar partido al comercio de cereales del condado. Después, y antes de 1496, los judíos, forzados por la situación creada en torno a 1492 con más probabilidad, decidieran emigrar. Para entonces, ya estaba demostrado que la radicación en Valverde tenía más ventajas que la de Facanías, de modo que toda la población bajo la jurisdicción de este concejo ya habría basculado hacia Valverde. Eso haría necesaria la confirmación de primeros de 1492, a partir de la cual la población no judía, ni conversa, sería la dueña de la nueva localización.
Esta explicación ignora el tópico que invita a Romero a pensar en el problema judío como causa, el del cambio de nombre; necesita demostrar que en 1492, o inmediatamente antes, se produjo una disminución del número de vecinos que vivían en ambos lugares (Facanías y Valverde), y sobre todo presupone que Facanías y Valverde son lugares distintos en el espacio.
Demasiadas condiciones para que la explicación sea en este momento aceptable, demasiada complicación para que todo se pueda tomar como cierto. Pero también debe prevalecer la idea de que el supuesto de Romero es solo circunstancial, no se basa en dato alguno que lo avale. Si él considera que la población judía o conversa puede estar relacionada con estos cambios es porque la primera alusión clara al topónimo Valverde del Camino, según sus datos, consta para 1492. Eso es todo. La idea que defiende en el fondo es bastante sencilla, y creemos que se funda en la simple coincidencia cronológica, como deja ver el propio Romero y confirma Ramírez Moreno. 1492 es un año del que es difícil olvidar sus acontecimientos memorables. Es el año en el que se constataría el cambio de nombre y a uno de esos acontecimientos puede por tanto asociarse. El elegido, por coherencia, fue la expulsión de los judíos.
La presencia de población conversa en el condado –aunque observada bajo condiciones muy restrictivas, las de su control fiscal– es posterior a Romero, corresponde a Ladero, y este niega con fundamento su presencia en el Andévalo. La tesis judía de Romero, según el análisis deductivo de Ladero, es por el momento poco sostenible.
La confirmación de 20 de enero de 1493 que cita Romero (1956: 13 y 271), a la que hicimos referencia más arriba, y de la que tampoco menciona procedencia, o “quinta confirmación” de la dehesa boyal tantas veces objeto de traspaso, es el dato que cierra el ciclo abierto por la presunción de identidad, y con él la historia hasta ahora escrita de las iniciativas para poblar Facanías/Valverde.
Población de Valverde. VIII
Publicado: marzo 19, 2021 Archivado en: Dante Émerson | Tags: población Deja un comentarioDante Émerson
El mismo duque que tanto habría especulado con las tierras de la dehesa boyal, las confirma al concejo de Valverde del Camino en 24 de enero de 1492 (Romero, 1956: 13). Así lo reitera nuestro autor en su relación de documentos: “Cuarta confirmación de la donación de la Dehesa Boyal por el Duque de Medina Sidonia, al Concejo de Valverde del Camino” (1956: 271). De nuevo nos falta una presentación más explícita del documento, del que tampoco se declara la procedencia.
A partir de estas afirmaciones, se puede admitir que las tierras de las que tratamos, usadas desde antes de 1480 como dehesa boyal, entre 1481 y 1492, con más probabilidad cerca de este último año, por un procedimiento que no conocemos, habrían sido traspasadas del concejo de Facanías al de Valverde del Camino.
Como en lo que se refiere al señorío de Niebla no hay cambio de titular en 1492, la confirmación no puede atribuirse a una sucesión en el condado, a diferencia de lo que ocurre con la confirmación del año siguiente (Romero 1956: 13 y 271), de 20 de enero de 1493, relacionable con el traspaso de poderes al nuevo duque, Juan Alonso.
Si en uno de los polos del contrato no hay cambio, debe haberlo en el otro, y en este, efectivamente, el único cambio identificable en los términos que emplean las descripciones del contenido del documento es que donde antes figuraba como titular del derecho Facanías ahora figura Valverde del Camino. El traspaso de dominio a la parte donada, del concejo de Facanías a Valverde del Camino, sería la razón que justificaría en este caso, como en los anteriores, la necesidad de una “confirmación”.
Ladero completa una vez más estos datos. Tras exponer lo que ha averiguado sobre la ampliación de la dehesa boyal, dice que su “uso exclusivo por los vecinos de Valverde fue confirmado en enero de 1492”. El documento al que se atiene es el mismo que cita Romero, el del día 24 de enero, consultado en el legajo 728 del archivo ducal (Ladero, 1992: 78 y 78 n).
De su referencia se colige que el beneficiario de la confirmación de 24 de enero de 1492 es un probable concejo de Valverde del Camino, aludido con el colectivo “vecinos”, del que también habla Romero y de cuya existencia anterior solo teníamos indicios. Por este documento recibió como poder propio la capacidad de regular el uso exclusivo por sus vecinos de una dehesa boyal, un bien que toda la tradición ha identificado sin fisuras como la misma que hasta aquí ha sido dehesa boyal ampliada de Facanías. Al adquirir este poder, el concejo de Valverde gana un contenido. Como no sabemos de otro, tendríamos que reconocer que con tan exiguo atributo quedaría instituido. Nada se añade sobre el derecho de uso de los baldíos, ni del terrazgo, ni de las rozas, que por tanto seguirían siendo atributos privativos del concejo de Facanías.
El 24 de enero de 1492 hay pues una transferencia de dominio, bajo ciertas condiciones particulares –uso exclusivo de los vecinos–, de la dehesa boyal ampliada del concejo de Facanías al de Valverde del Camino. La razón de la transferencia queda en la sombra, pero la continuidad institucional ente ambos concejos la asegura la única condición del traspaso conocida, la reserva de uso del espacio de la dehesa.
Como hacía Arroyo Navarro, sin riesgo de errar podemos decir que, aparte la institución, lo cierto es que Valverde, el 24 de enero de 1492, es un lugar habitado por gente reglada (vecinos) y que esto ocurriría desde antes de esa fecha. Es la primera vez que esto se puede decir con seguridad, incluso que es el primer testimonio sólido a favor de Valverde como lugar poblado. Gracias a él recuperamos el hilo de la historia de un lugar cuya primera referencia se remonta a mediados del siglo XV y que reaparece de forma oscura hacia 1480, bajo indicios que solo indicaban cierta entidad institucional del lugar, nunca que bajo ese topónimo se pudiera descubrir población. Ahora tenemos la certeza de que allí hay población radicada, y de que la única razón que avala la estabilidad de sus hogares es la que pueda haber entre la población raíz y el uso exclusivo de la dehesa boyal. Siendo esta lugar de descanso y pasto del ganado de labor, la proximidad entre ambas parece evidente, y determinante de la existencia del hogar.
Nada dice la tradición del documento sobre el lugar en el espacio al que se refiere uno u otro topónimo, si son el mismo lugar llamado de dos maneras equivalentes, intercambiables, o si se trata de dos lugares distintos. Desde luego dos topónimos distintos son, aunque no se sabe si son sinónimos, como quiere la tradición apócrifa paralela, o si son por completo heterónimos. Hasta aquí se ha impuesto la sinonimia, aunque en distinto grado.
A la vista de los datos disponibles para 1492, sin que sea necesario negar lo que podríamos llamar la sinonimia de instituciones, también es posible que sean cuando menos algo heterónimos. El contenido institucional de Facanías en 1492 no es el mismo que el de Valverde del Camino. Bajo esta premisa, no son voces exactamente sinónimas, lo cual, por otra parte, nada demuestra sobre su localización en el espacio.
Ahora bien. Los vecinos de Facanías, por el documento de 24 de enero de 1492, pierden todo derecho sobe la dehesa boyal ampliada que hasta entonces fue suya. Se extinguen de manera absoluta esta parte de sus derechos, en beneficio, igualmente absoluto, de los vecinos de Valverde. Un derecho excluye al otro. ¿Significa esto despoblación de Facanías y población de Valverde? Sobre el papel es literalmente así, y la facilidad con la que se hace la transferencia, sin el menor indicio de tensión como consecuencia del traspaso, puede indicar que unos y otros son los mismos.
La confirmación, el hecho diplomático, podría explicarse de la manera más sencilla, sin tener que especular con unas y otras posibilidades, como consecuencia de un simple cambio de nombres. Pero en ese caso, ¿por qué el documento solo se refiere a la dehesa boyal? ¿Por qué no confirma piezas más importantes de la población de Facanías como son el terrazgo, la limitación, las tierras baldías, las rozas?
Dada la dependencia inmediata entre hogar de los vecinos y localización de los pastos, puesto que la dehesa es la madriguera a la debe acogerse el ganado bovino, pudo ser el traslado de los hogares humanos lo que obligara a regular, por vía de confirmación, el uso reservado de los pastos, quizás más alejados en el espacio, expuestos al riesgo de usurpación como consecuencia del traslado inducido por otros factores. La amplitud de la dehesa concedida a Facanías habría hecho posible que en cualquiera de los márgenes de la misma, distinto al ocupado por Facanías, se radicara una población que pudiera servirse de ese espacio.
El resto de derechos de los que eran titulares los vecinos de Facanías constituidos como concejo, no correrían peligro de alteración porque, aunque constituidos ahora en Valverde del Camino, son los mismos vecinos y por tanto tienen idénticos derechos. La institución no cambia, pero el lugar donde esta reside sí. La confirmación, en el fondo, solo tendría que resolver una cuestión nominal porque los vecinos habían cambiado de lugar sus hogares.
Población de Valverde. VII
Publicado: febrero 27, 2021 Archivado en: Dante Émerson | Tags: población Deja un comentarioDante Émerson
Los hechos entre 1479 y 1481 parecen ocurrir en sucesión. La ordenación administrativa que ocurre entre 1479 y 1480. Tiene como consecuencia el crecimiento del tamaño de la población. Y este obliga a la ampliación de la dehesa boyal.
Sería jugar con ventaja presentar las cadenas lógicas como si fueran una sucesión de hechos. No tenemos versión directa de los documentos de 10 de febrero de 1479, 28 de noviembre de 1480 y 27 de febrero de 1481. Nadie demuestra la relación necesaria entre esos eslabones para que pueda sostenerse como una cadena. Ni podemos atribuirle al legislador un encadenamiento de palabras demostrativo de la causalidad que no sabemos si escribe. Y sí tendríamos que reconocer que el extraordinario crecimiento de la población es en alguna parte cuando menos obra de los documentos.
En realidad, lo que podemos sentar es que primero hay institución económica del concejo de Facanías, cuando solo tiene 8 o 10 vecinos. Que al año siguiente la población ha crecido hasta los 60 vecinos. Y que poco después se procede a la ampliación de la dehesa boyal. Esto es lo que dicen los datos conocidos y admisibles. Aunque parezca lo mismo, no lo es.
Es cierto que los datos disponibles de 1479-1481, tomados todos de una vez y tal como los exponen los editores parciales de los documentos, indican que Facanías es una población en crecimiento, que tal vez esté experimentando el crecimiento positivo de valor más alto del condado, un suceso que solo puede explicarse contando con la inmigración. Hemos deducido satisfactoriamente que los 8 o 10 vecinos y los 60 de los tres documentos son principio y fin de su expresiva valoración del crecimiento del tamaño de la población. Nada permite hablar de que el lugar, recién estrenado su concejo, esté pasando por malos momentos. Al contrario, parece que se ha encontrado una buena combinación de medios que hagan posible la radicación y la expansión biológica.
Si el autor del crecimiento de la población es el que redactó el documento, y este es el mismo que ordenó el nuevo concejo de Facanías y luego amplió la dehesa boyal (nos referimos a la cancillería de la administración ducal, que ejecuta una cadena de ideas), en esa secuencia concentrada de hechos poisbles (1479-1481) debe haber un hilo común que los una: sus ideas sobre cómo se puebla un lugar de nuevo. Si fuera cierto que pensaba en la inmigración al legislar, tal como parece más verosímil, la inspiración de su política podría enunciarse de este modo: la institución económica del concejo debe provocar la inmigración, bajo ciertos principios que tienen en común la exclusividad, la especialización sin competencia. Las piezas que podrían abrir hueco a la vida en aquellas tierras de baja calidad serían, en lo más inmediato, la limitación de su uso, el terrazgo, las rozas de cereales y la dehesa boyal, y como centro integrador el concejo con poderes exclusivos en materia de política económica.
Sin embargo, una de esas piezas resulta algo contradictoria. La roza es una técnica por necesidad itinerante, y por tanto se opone a la consecuencia más necesaria para el crecimiento de la población, concebida como un lugar único en el espacio, área exclusiva de radicación producto de la concentración de hogares.
De los costos que para los pobladores tendría aquella manera de radicarse es poco lo que conocemos. Positivamente, de momento, solo algo de los costos en servidumbre, el pago del terrazgo. Aunque es posible deducir otros dos más sin caer en la suposición temeraria: el diezmo, del que tenemos pruebas, y los gravámenes particulares en el marco condal del comercio de cereales. Nada sabemos de momento sobre los costos de la inversión, y ninguno de estos datos tendría sentido si no pudiéramos, a la vez, valorar los ingresos brutos, al menos a partir de los precios.
Por otra parte, la demarcación de un término de tierras baldías de uso exclusivo, indica la posibilidad de acceso diario a la parcela rozada sin necesidad de recurrir al hogar derivado. En términos generales, podemos aceptar que solo si la distancia a la parcela rozada, medida en unidades de tiempo, es un costo compatible con el régimen de trabajo que impone el sistema de cultivos –un costo que tiene como límite físico máximo, infranqueable, la duración de la jornada solar–, el hogar de los rozadores podrá ser único, y por tanto la población concentrada y radicada de forma estable en un lugar único y común, Facanías en nuestro caso. El sistema de rozas es, en compensación, de bajos costos, incluido el principal, el de tiempo total, en cada año. Cuando se está originando el concejo de Facanías, no parece que aquella contradicción pueda crear dificultades a la población.
Pero nada impide que ciertos comportamientos de los vecinos, aislados y anómalos, tengan como consecuencia la elección de un lugar rozable en el límite del término, en lugares tan alejados del hogar central, el de Facanías, que obliguen a la apertura de un hogar derivado, inestable y provisional, que pueda ser germen de otra población raíz; o que con más exactitud, desde el instante en que sucede, ya es otra población raíz, aunque sea transitoria. Existe la posibilidad desde el principio.
Aunque la reserva de derechos de roza, exclusiva de los vecinos de Facanías, dentro de unos límites definidos, parece una decisión que pretende evitar este problema, es una razón de más para admitir que la posibilidad existe, y que si en el momento inicial, este de 1479-1481, no se activa, nada impide que se active en el futuro. Será tanto más probable cuanto más aumente el tamaño de la población, y esa es la dirección del crecimiento, según los documentos, desde el principio. La roza sería pues un medio eficaz de crecimiento inmediato, pero de efectos tan expansivos –en el espacio– que superan la idea común de la población raíz.
Detrás de todo este orden inmediato del crecimiento organizado en el concejo de Facanías está un orden de mayor alcance, que afecta a todo el condado, la relación entre rozas y comercio de cereales, más que posible. La producción de cereales bajo las condiciones de las rozas ocurre en el marco común de un semimonopolio del comercio interior de esos productos. Las condiciones favorables a este comercio pueden ser las responsables del valor de la renta neta, tras los costos, de cada hogar, de su radicación prolongada, de su estabilidad, de la apertura de perspectivas de crecimiento.
El precio del cereal enjuga los costos y verifica la renta que alimenta el hogar. La comercialización, los gastos de transporte hasta convertir el producto en dinero, son parte de los costos totales de la empresa rozadora. El acceso a los circuitos comerciales, a las vías de comunicación en el orden material, está en razón inversa a los costos. Cuanto más próximo se esté a las vías, más altos pueden ser los beneficios.
Y así como la roza es por naturaleza itinerante e inestable, que es tanto como decir que, en el área de baldíos, su localización, si no del todo indiferente –porque la calidad de la vegetación y los suelos no es única–, sí es aleatoria y flexible; las vías de comunicación deben ser por necesidad estables, o al menos lo son más, en términos relativos, que las parcelas rozadas. De modo que, tomando en consideración el conjunto de los costos (desde la producción hasta el comercio), puede ser más económica la radicación del hogar principal junto a la vía de comunicación. Lo cual, para el caso, puede también expresarse así. Como el elemento que atrae población a Facanías (rozas de cereales) permite una radicación abierta, múltiple, la tendencia de los hogares estables puede ser la concentración próxima a una vía de comunicación. O si se prefiere: que la población tenderá a ir basculando hacia un lugar con esas características. Entra dentro de lo posible que los bajos costos de la producción y el comercio interior de cereales fueran de hecho otros factores favorables a la inmigración.
Este balance pone en juego otros criterios preconcebidos. Aunque ninguno de ellos es etimología popular o enunciados tautológicos a partir de materiales legendarios frágiles, ni contribuye a convertir las consecuencias conocidas en causas explicativas. Podrían considerarse obedientes a una secuencia de leyes de población, una limitada galería de leyes si no fuera porque solo toma en consideración la política para poblar el condado. Porque todo procede de los iniciativas pobladoras expuestas en los tres documentos. Evoca las ideas que se derivan de sus principios, y algunos de sus límites, obstáculos que pudieron ser motivo de su consideración y de sus decisiones. Aunque lo integremos con unas pocas ideas de nuestro propio orden lógico, siempre expuesto a revisión, en lo esencial es el optimista proyecto poblador del legislador el que aparece en él reflejado.
Sin embargo, este balance no resuelve el problema central; al contrario, lo complica. Sobre el expansivo estado de Facanías en 1479-1481, según pretende su plan poblador, debe pesar una no menos razonable pregunta. Si, para el crecimiento, todo ocurre a su favor, ¿por qué a la vuelta de diez años cambia de nombre? No es que tenga mucha importancia que el lugar se llame de una manera o de otra. Pero mala política de difusión del proyecto poblador parece, recién iniciado, denominarlo de otro modo.
¿Indicará el cambio de nombre, más allá de la decisión administrativa, cierto fracaso del proyecto? En ese caso, sus lagunas pueden ser, entre otras, las que hemos deducido en este balance. Por tanto, la emigración de los habitantes de Facanías a otro lugar próximo llamado Valverde del Camino es una posibilidad que hay que considerar. Los factores del proyecto de población la admiten, más allá de la voluntad del legislador escrita en los documentos.
Población de Valverde. VI
Publicado: enero 31, 2021 Archivado en: Dante Émerson | Tags: población Deja un comentarioDante Émerson
El fuerte crecimiento de la población que culmina en 1480 tuvo consecuencias. La más inmediata sería la ratificación el 27 de febrero de 1481 de lo confirmado en 1480, de nuevo a favor del concejo de Facanías. Para Romero sería una “tercera confirmación” de la dehesa boyal, de la que tampoco da reseña ni dice dónde la ha consultado. Del texto que conociera solo revela que en él “aún se habla del Concejo de Facanías” (1956: 12-13), lo que reitera en la relación de documentos consultados (1956: 271).
Lo que en Diego Romero es la tercera confirmación de la dehesa boyal, en Ladero es su ampliación. Dice que la consecuencia inmediata del incremento de la población de 1479-1480 fue que “la dehesa boyal hubo de ser aumentada y el duque envió a comienzos de 1481 a su secretario, Alfonso de Andújar, para que alargue y señale y amojone la dicha dehesa”. La fuente de Ladero, el mismo legajo 728 del archivo ducal al que reiteradamente recurre, y que etiqueta como “confirmación de la nueva dehesa”, es un documento que lleva fecha de 27 de febrero de 1481. Debe tratarse pues del mismo que cita Diego Romero.
La ampliación de la dehesa boyal no es una novedad para la historiografía local. Ya en la demanda de Prada Rengel (1959: 2r) se dice que “en 1480 hubo de serle “alargada” y “ensanchada” [la dehesa boyal] por tener ya setenta [sic] vecinos”. Es el primer texto en afirmar que el crecimiento de la población causa la ampliación de la dehesa boyal, aunque incurre de nuevo en una inexactitud fruto de una lectura precipitada. Así como la lección setenta era incorrecta, la fecha de la ampliación no es 1480. Ya en Romero, su fuente historiográfica habitual, queda establecido que la fecha de las novedades referidas a la dehesa boyal es 1481. De ser aceptada su fecha, antepondría la consecuencia a lo que ella misma reconoce como causa.
Algo parecido le ocurre a Collantes cuando hace mención de la concesión de tierras para dehesa (1977: 303 y 303 n), si bien en su caso más parece imprecisión por síntesis que un error de interpretación. Puede estar haciendo referencia a los datos sobre la dehesa en el texto de 1479, en cuyo caso mencionaría hechos que hasta aquí desconoceríamos. Pero si se refiere a la ampliación de 1481 –cuyo texto, si lo conoce, simplemente aludiría– también estaría invirtiendo en el tiempo el orden de los hechos.
Los que pueden evocarse con la síntesis que ofrece Ladero son más extensos que los obtenidos de la lectura de Romero. El 27 de febrero de 1481 la administración señorial, al comisionar al secretario Alfonso de Andújar para que amplíe y marque los nuevos límites de la dehesa boyal, que ya estaría bajo jurisdicción de Facanías, decide dar continuidad jurídica a lo que ya había iniciado. Así lo demuestra que el documento se presente como confirmación. Sería necesaria respecto de los poderes ya atribuidos –derechos sobre el objeto– pero no respecto de la entidad del bien, porque, aunque su localización no se modifique en esencia, variaría en cantidad con la ampliación decidida.
Aparte mistificaciones y conjeturas previas, esta es la primera documentación sólida de la existencia de la dehesa boyal. La confirmación expresa a favor de Facanías de los derechos sobre ella probaría además su existencia anterior. Debió ser una parte de la “gran extensión de tierras baldías”, aunque con los atributos que la singularizan. Y, como no se menciona en particular en 1479-1480, también debió ser una parte de los poderes entonces transferidos a Facanías.
Una vez que Alfonso de Andújar hubiera hecho su trabajo, la superficie acotada para dehesa boyal fue desde el 27 de febrero de 1481 mayor. Para estimar el crecimiento de aquella superficie, ya que no su extensión absoluta, puede servir el indicio que maneja Collantes (1977: 303), del que ya habíamos deducido que solo podía referirse a la ampliación de la dehesa boyal. La superficie anterior a esta expansión –decía– solo era bastante para la quinta parte de los vecinos del momento. Si 60 vecinos es el tamaño de la población de llegada, en la misma proporción tendría que ampliarse la dehesa, es decir, cinco veces más.
Es demasiado rígido para que sea aceptable. El crecimiento parece enorme, y entre las necesidades de pasto para el ganado bovino y el número de vecinos no tiene por qué existir correlato. En realidad, tendría que ser relación directa del número de bueyes, que son los que se nutren de los pastos. Pero con el cálculo que acabamos de hacer seguimos el patrón que indica el texto fuente. Es el que toma como módulo para estimar la superficie necesaria, no el número de bueyes vivos, sino el número de vecinos, independientemente del número de bueyes que cada uno tuviera.
¿Fue este el criterio usado para ampliar la dehesa, la dehesa posible, y no el uso inmediato? Parece sensato. La roturación de las tierras baldías depende de los vecinos, no de los bueyes, un medio tan necesario como subsidiario. Hay testimonios contemporáneos que prueban que para el acceso a los pastos comunales adehesados se tarifaba el número de cabezas que cada vecino podía llevar a la dehesa.
Pero, de aceptarse una demanda de pastos acotados proporcionada al número de vecinos, habría que pensar en una distribución equilibrada del ganado de labor entre ellos. ¿Fue el número de yuntas un requisito definido por las condiciones de radicación? Algo así se puede sospechar en algunos de los casos simultáneos de población del condado.
Todo esto se puede discutir. Pero sobre el fin de la ampliación no caben dudas. El destino de la dehesa está definido con precisión. Haya aumentado más o menos la cabaña de bueyes, incluso si aún no ha crecido, el autor del plan prevé o reconoce una demanda de pastos por parte del ganado destinado a la labor de los baldíos, la que espera de los cereales y confía en sus rozas. El problema está justo en decidir si su resolución se adelanta o sigue a la demanda.
Hemos aceptado que el crecimiento del tamaño de la población es más literario que cuantificable. Es una apuesta por la inmigración, más que una inmigración de hecho. De ahí que debamos considerar más probable una planificación de las posibles necesidades que una respuesta a la presión de los nuevos campesinos. Esto haría más verosímil el cálculo de la ampliación según un módulo, basado en su tamaño de población estimada, traducible a una cantidad de superficie. De este modo, la cadena de actos administrativos destinados a la población de Facanías culminaría. A las decisiones de 1479 y 1480, se sumaría, como cierre de un mismo proyecto, esta de 1481.
La explicación de Ladero es, sin embargo, lineal. En este caso su convicción sobre las relaciones causa-efecto la expresa con claridad. La ampliación de la dehesa boyal es consecuencia del crecimiento del tamaño de la población durante veintidós meses. Acepta así la dependencia inmediata entre superficie de la dehesa y tamaño de la población, sin mediación del tamaño de la cabaña boyal, en lo que coincidiría con Collantes y, por ahí, corroboraría la procedencia documental de la proporción vecino/superficie de pastos necesaria que este maneja. Pero, con todo, es posible que Ladero confunda su posible explicación de los factores del crecimiento con la explicación que patrocina el legislador, por la cual la suya quedaría absorbida, por cuya corriente se dejaría llevar.
Un pleito iniciado en 1553 al que ya hemos hecho referencia, provocado por los derechos sobre los baldíos, que se prolonga hasta 1586, contiene una alegación a iniciativa de Niebla que puede fecharse en 1555. “Porque la dicha villa de Niebla al tiempo que se había poblado el dicho lugar de Valverde e los demás de su jurisdicción su parte había dado al dicho lugar dehesa boyal demas della le había dado otra dehesa que decían Cotosa e demas de las dichas dos dehesas le había dado otra legua de término redondo por pastos baldíos”. Precisa Romero, que es quien edita este párrafo, que lo toma del folio 8 del documento que consulta (Romero, 1956: 27).
La serie de datos que este testimonio proporciona, que no consta que fuera contradicha, puede modificar el punto de vista sobre los hechos que culminan en 1481. En el mismo momento en que Valverde se puebla –dice– se le adjudica una dehesa boyal. Creemos que el verbo poblar, en aquel párrafo, de nuevo es empleado en su sentido más inmediato. Evoca la iniciativa pobladora, y por tanto hace referencia a la decisión administrativa, a un momento documental. Puede tratarse de una referencia al documento de 10 de febrero de 1479, constitutivo del concejo por transferencia de los poderes de los criados del señor, por más que en aquel documento no está claro que se haga referencia a la dehesa boyal, aunque Romero así lo quiera (para 1469, en su caso).
El adverbio que sigue –“demás”– indica cantidad y no tiempo. Literalmente, la otra dehesa sería concesión simultánea a la de la primera. Probablemente aquí el texto simplifica por economía, ignora la fecha de la ampliación, con la que concordaría si se adscribe este otro hecho a 1481. Como esta es la posibilidad que otros datos disponibles autorizan, podríamos deducir dos cosas. Una, que el trabajo de Alfonso de Andújar, el partidor encargado por la administración condal para la renovación del espacio dedicado a pastos del ganado de labor en 1481, consistió en acotar otra dehesa, una unidad separada en el espacio de la anterior, sea o no contigua; una lectura que le cabe a la frase del documento de 1481 copiada de Ladero: “alargue y señale y amojone la dicha dehesa”, es decir, la nueva, y que confirma el texto de 1555 al aludir, poco más adelante, a “dos dehesas”.
La otra es que, como unidad independiente que es en el espacio, la nueva dehesa tiene su propia denominación, y ese nombre es Cotosa. Tal vez sea simple alusión, bajo la forma de adjetivo concordado en género con el sustantivo –dehesa–, a los límites de su uso. De estos conocemos las restricciones de especie. Está destinada solo al ganado boyal. Esto último, sobre todo, explicaría la carga enfática que puede tener una denominación al fin y al cabo redundante.
El topónimo, si es que alguna vez aquella denominación se aplicó con la simple función de aludir a un lugar, y no con la administrativa que acabamos de plantear, parece que se ha perdido. Nótese que el texto, de 1555, ya habla en pasado: “dehesa que decían Cotosa”, aunque la sintaxis en este punto puede resultar ambigua. No hay rastro de ese nombre en el Inventario de toponimia del que disponemos. Pero no hay duda de que denominó un lugar aparte.
El mismo adverbio introduce el tercer dato, y es tan ambiguo como el adjetivo que precede al sustantivo que proporciona la información nueva – “otra”. Si para lo primero aplicamos el mismo criterio que antes, su indiferencia con respecto al tiempo, podemos estimar que esta información se refiere a la transferencia de 1479-1480, es decir, al momento original del concejo, cuando recibe los poderes que antes habían detentado los criados del señor. Esta información sería pues contemporánea de la primera, y anterior a la segunda, y así lo avalan los datos conocidos con los que puede concordarse. Porque, en nuestra opinión, con este último dato se está aludiendo a la “gran extensión de tierras baldías”, que es la primera limitación sobre la que ejerce sus funciones económicas el concejo.
En cuanto al adjetivo “otra” aplicado a legua lo interpretamos como alusión a la superficie de las dehesas, sin que pueda tomarse por una confesión implícita de su medida; del tipo: si la medida tomada para el término fue una legua, la de la dehesa Cotosa fue la misma, dado que el texto dice “otra legua”. Pero sí es un dato valioso: al menos se puede aceptar que cualquiera de las dos dehesas, o las dos, debieron delimitarse tomando como patrón de la medida de la superficie la legua.
Tiene más interés rescatar la imagen del término puesto bajo jurisdicción del concejo, en 1479-1480 según dedujimos, aunque existente con esa forma ya definida desde tiempo atrás, desde la época de Juan Díaz. Según el texto de 1555, se trataba de un término circular, limitado por una circunferencia de una legua de radio. Debe ser una imagen simplificada de la superficie y su topografía, pero muy útil como síntesis de lo concreto, porque de inmediato permite una buena colección de cálculos, todos los cuales al momento podemos aceptar como datos correspondientes –aunque sean deducidos de fuente secundaria o de elaboración propia– a los años 1479-1480.
Otra de las consecuencias del rápido crecimiento de la población es la descarga sobre quienes viven en el lugar de la obligación de prestar otro servicio, además del terrazgo, esta vez compartido con el resto de la región, que también se deduce en forma de renta. Arroyo Navarro lo registra de manera indirecta. Dice que la “entidad” de la población [Valverde, una vez más abusando de la identidad] era en el último cuarto del siglo XV “suficiente para poseer ya un `Beneficio eclesiástico´ (dotado con una participación proporcional en los diezmos y en otras rentas de la Iglesia) y media `prestamera´ (dotada de igual forma)” (Arroyo Navarro, 1989: 21).
El beneficio con cura de almas era la modalidad común de beneficio eclesiástico o beneficio curado, mientras que la prestamera era el beneficio simple o sin obligación de cura de almas, consecuencia de que las poblaciones, donde tiempo atrás se había creado el beneficio común, se hubieran perdido sin que por eso desapareciera la obligación de pagar el diezmo exigido a las actividades productivas, ni menos aún el derecho a ingresarlo. Cualquiera de los dos era una modalidad de prestimonio porque ambos eran vitalicios y retornaban al prelado o señor concedente.
Completa la información sobre esto remitiendo al texto de Ladero-González sobre el diezmo de la diócesis en el siglo XV (1979), y añade: “A partir de 1478 empieza la serie de datos sobre los diezmos de Valverde” (A. Navarro, 1989: 28).
El texto de Ladero-González hace referencia al par Facanías/Valverde, o a uno de los topónimos, en seis ocasiones. La primera cuando traza el mapa de los centros dezmatorios del arzobispado. Aunque para ello se basen en la información del Libro Blanco (1411) del archivo catedral, la funden con todas las contabilidades que manejaron para su trabajo, para así obtener un único y abstracto mapa del siglo XV, en el que no obstante precisan las variantes toponímicas que conocen. Cuando describen lugares de la vicaría de Niebla, simplemente en la lista incluyen a “Valverde, antes Facanías” (Ladero-González, 1979: 13).
En la lista de beneficios, prestameras y capellanías de las parroquias del arzobispado en el siglo XV, que se basa en las mismas fuentes que el mapa, dicen de nuevo, como es lógico, “Facanías o Valverde” (Ladero-González, 1979: 30), y añaden los datos sobre el beneficio y la media prestamera cuyo recibo acusa Arroyo Navarro.
Aparece “Valverde” solo, junto con Moguer y Calañas, en un asiento de un cuadro de precios del trigo y la cebada entre 1491 y 1501 (Ladero-González, 1979: 88). Se cita ahora solo “Facanías” en otro cuadro (Ladero-González, 1979: 106) que resume las cosechas estimadas a partir del diezmo en todo el arzobispado durante 1469 y 1470. De nuevo aparece “Facanías (Valverde)” en un cuadro desplegable, ahora correspondiente a las cosechas de 1478-1503, inserto entre las páginas 112-113. Y por último, en el índice toponímico se cita Facanías “(ver Valverde)” en p. 123 (Ladero-González, 1979) y “Valverde (antes Facanías)” en p. 126.
Aunque no dé la referencia exacta, es posible que Arroyo Navarro solo tome en consideración el inserto de las páginas 112-113, que efectivamente edita la serie que empieza en 1478, e ignora el anterior, el que recoge los datos de 1469 y 1470 precisamente solo para “Facanías”. Es de agradecer la pulcritud en este caso de Ladero-González, que proporcionan un dato más para rastrear la vigencia del topónimo durante esos dos años, y de lamentar la omisión forzada por el prejuicio en este caso. De un modo o de otro, parece razonable suponer un incremento de la población a partir de la creación de beneficios y prestameras. El diezmo es un servicio en forma de renta que es personal cuando se detrae del producto de la tierra.
A todo esto, como consecuencia del incremento de población, añade Ladero una de alcance político. “[…] sin duda, la renovada población de Valverde del Camino [sic] sirvió, hacia 1480, para fortalecer la posición de los Guzmán” (Ladero, 1992: 87).
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