Supervivencia de la servidumbre
Publicado: noviembre 9, 2015 Archivado en: Heresias Canteriades | Tags: agrario, trabajo Deja un comentarioHeresias Canteriades
1. El pegujal era una institución primitiva y antigua, insistentemente mencionada por las fuentes pero escasamente conocida. Lo más explícito de cuanto sabíamos sobre sus fundamentos era su parentesco con las sernas, similares a las corveas, cualquiera de ellas impuestas por vía de vasallaje, a consecuencia de las cuales quien estuviera sometido a una autoridad dominical debía prestar servicios en las tierras del señor. La última versión castellana que de esta institución habíamos podido conocer, ya de la época moderna, era la empresa procomunal llamada senara, una parcela cultivada por un grupo, una parte del cual aportaba yuntas y arados y otra su trabajo en sucesivos momentos del ciclo vegetativo, para que con el fruto obtenido pudiera hacerse frente a un gasto público, del que todos podían beneficiarse. Pero también teníamos la certeza de que en la región, para mediados del siglo décimo octavo, el pegujal se había consolidado como sinónimo de pequeña empresa agrícola, justificada por el autoconsumo, y que además aquel nombre se había utilizado para denominar la participación en el producto que recompensaba el trabajo de algunos de los que habían contribuido a crearlo. Sin que tuviéramos certeza sobre si se había desprendido o no de alguna de las funciones con las que antes cargara, porque cualquiera de ellas, una vez ideada, podía reproducirse indefinidamente, inquietante amenaza del anacronismo, alargada sombra que se resiste a entrar en el círculo que traza el tiempo, se había naturalizado como componente de la renta del trabajo según el estilo de cortijos, una remuneración en la que se podían combinar a discreción el pago del tiempo empleado, que se liquidaba en moneda corriente, la alimentación de cada día trabajado y el pegujal.
Una de las maneras de satisfacer esta tercera pieza, a la que efectivamente se solía recurrir para completar el pago del trabajo de la clase laboral llamada sirvientes, entonces y en el lugar que la tazmía nos había revelado, podía ser tan directo y sencillo como entregar a cada trabajador 18 unidades cúbicas de trigo cada año. Un buen número de testimonios de la época podían autorizar este valor para la parte del costo del trabajo conocida con aquel nombre, así como la forma de hacerlo efectivo del modo más directo, que era entregar de una vez la cantidad acordada a quien hubiera aceptado aquella forma de pago. Pero como en los casos que pretendía dilucidar tenía la certeza de que el pegujal se había satisfecho con una cesión de suelo útil para el cultivo, en el texto dela documentación que manejaba era pequeña empresa agrícola, aunque en estos casos justificada por la necesidad de satisfacer aquella parte de la renta debida al trabajo de los sirvientes de sendas labores. Por tanto, cada uno de ellos pudo recibir en concepto de pegujal, en vez de las 18 unidades de capacidad supuestas, la cesión de por ejemplo 3 unidades de superficie, para que cultivadas por sus medios obtuviera esta parte de la remuneración que le correspondía. También sobraban los testimonios que podían avalar la sustitución y el valor que le estaba atribuyendo. Ninguna casa agropecuaria tendría la menor dificultad para disponer de tan pequeñas cantidades de superficie en sus respectivos cortijos, los hubieran adquirido plenamente o dispusieran de ellos por cesión, dadas las dimensiones regulares de aquellas grandes unidades.
Si se hubiera optado por ese tamaño de la parcela remuneradora, y el total de la superficie cedida por este concepto fuera por ejemplo 48 unidades de superficie, el número de sirvientes a los que se habría cedido tierra pudo ser 16. Como el producto que obtuviera cada una de aquellas pequeñas explotaciones sería de cada trabajador, porque era una parte de lo que se le debía por haber vendido su trabajo, suponiendo un rendimiento de 10 unidades de capacidad por unidad de superficie, aquellos 16 hombres obtendrían 30 de cada parcela. De donde cada uno deduciría a su favor, sobre las 18 en las que pudiera estar regulado en aquella población el valor del pegujal parte del salario, un superávit de 12. Y como el autor de nuestro documento tomaba como precio tipo del trigo 15 reales la unidad de capacidad, todo aquel producto podía significar un ingreso de 450 reales a favor de cada sirviente; una cantidad que cualquiera, si lo deseaba, convertiría en efectivo, si llevaba su producto al concurrido mercado de los cereales, la posibilidad más estimable en un mundo más necesitado de liquidez que de especies. La fórmula, pues, podía ser ventajosa para todos. El amo de la labor sufragaría una parte del costo del trabajo con porciones mínimas de tierra, una cantidad irrelevante para los tamaños de las grandes unidades de producción, y los sirvientes obtendrían un ingreso que incluso les permitiría sobrepasar sus necesidades de autoconsumo.
Faltó tiempo para que me fuera objetado que aquella manera de explicar la remuneración del trabajo de los sirvientes era insostenible. Cualquier amo que consintiera el beneficio estimado, el superávit que había deducido, contribuiría a encarecer irresponsablemente el trabajo. “De ninguna manera encarecía el trabajo”, repliqué, “e incluso contribuía a todo lo contrario”, insistí.
Si aceptábamos como valor del trigo los mismos 15 reales precio de la unidad de capacidad, que nuestro informador tomaba siempre como referencia, teníamos que admitir que cada cedido conceptuado como sirviente, por la tierra obtenida, estaría pagando 270 reales, los que resultaban de multiplicar las 18 unidades de capacidad del pegujal que se satisfacía en especie por el precio del trigo. Desde luego que ningún sirviente, si los términos del acuerdo entre las partes eran los expuestos, tendría que liquidar cantidad alguna al señor de la labor. Pero este no tendría que desprenderse de las 18 unidades de trigo por cada uno, las mismas que le permitirían incrementar sus ingresos del producto en aquella cantidad.
Es verdad que actuando de aquel modo el señor de la labor, que para ceder pequeñas parcelas habría renunciado a una parte de la superficie del cortijo, estaría invirtiendo porciones de la renta de la tierra que pagara, en el caso de que no fuera de su propiedad y la hubiera obtenido por cesión. Suponiendo, en el más desfavorable de los supuestos, que 8 reales fuera el precio que en el mercado de los arrendamientos de los cortijos alcanzaba, entonces y en aquel lugar, la unidad de superficie destinada a la producción de trigo, aquella parte del valor de la cesión alcanzaría los 24 reales en el caso del pegujal tipo considerado. En el supuesto de que la tierra fuera propia, ni que decir tendría que sus pagos por cesión serían muy inferiores, próximos a cero, los de mantenimiento de sus derechos consolidados sobre toda la renta de la tierra. Por tanto, como mínimo, por cesión de la tierra el amo de la labor estaría ingresando 246 reales, diferencia entre el costo de este factor para el sirviente y el que tenía para él.
Pero lo más importante era que, en contrapartida, su contribución directa a la liquidación del trabajo ajeno quedaba reducida a las 12 unidades de capacidad que alcanzaba el superávit deducido. Calculada a los mismos 15 reales de todas las operaciones, el señor de la labor pagaría por el trabajo de cada sirviente, con tan generosa concesión, solo 180 reales. De donde se deducía que el precio final del trabajo quedaría reducido en nada menos que 90 reales, diferencia entre los 270 reales de la tarifa del pegujal, cuando se pagaba en especie, y los 180 del beneficio neto del campesino. La cantidad asimismo era expresiva del balance negativo que para el sirviente resultara de renunciar al pago del pegujal en especie, que había conceptuado como costo del suelo cedido, y aceptar a cambio la fórmula de la pequeña parcela.
2. Pero admitir este balance me obligaba a reconocer que era el resultado del trabajo que cada sirviente hubiera invertido en la tierra cedida, puesto que el deudor del ajeno había recurrido al ardid de pagarlo requiriéndolo, lo que no dejaba de resultarme paradójico. Necesitaba modificar, al menos parcialmente, mi punto de vista. Debía encontrar uno que me permitiera explorar explicaciones que evitaran aquella clase de salidas, cuando menos aparentemente irresolutas.
Concentré mis indagaciones en algo que al principio me resultara inconsistente, pero que después había dejado al margen, la poco satisfactoria invocación de los pegujales de los sirvientes en el testimonio del que me estaba sirviendo. Cuando en una labor se trataba de quienes eran llamados sirvientes, como el pegujal, sin dejar de ser una empresa del orden inferior, era una parte de la remuneración de su trabajo, en cualquier explotación bastaba una pequeña parcela de tierra, apta para el cultivo de los cereales, para proporcionar a todos el ingreso que suplementara el pago de la energía que sus dueños ofrecían a quien la hubiera contratado, fin al que tal modalidad de explotación mínima, localizada en las grandes unidades, estaba dirigida. Para sufragar el pegujal, si se limitaba su tarifa a las 18 unidades de capacidad que había supuesto para desarrollar mis cálculos, con una parcela de 3.6 unidades de superficie que experimentara un rendimiento como el generalmente previsto, de 10 unidades de capacidad por cada unidad de superficie sembrada, sería posible satisfacer el doble de sirvientes que en el supuesto precedente. Es decir, que con solo la quinta parte más de superficie por parcela sería posible comprar el doble de trabajo, si el objetivo era solo pagarlo a la tarifa en vigor. Si, por tanto, con algo menos de 10 pegujales, de haber procedido de esta manera, se hubiera satisfecho el trabajo de los mismos 16 sirvientes, con que aumentara el tamaño de la superficie cedida se hubiera podido liquidar el pago de la misma cantidad de trabajo. Aceptando el mismo rendimiento, hubiera bastado una sola parcela de algo menos de 30 unidades de superficie. Pero, si se redujera este exagerado tamaño a una tercera parte, una sola parcela de 10 unidades de superficie sería suficiente para satisfacer, con los mismos rendimientos, el trabajo de casi 6 sirvientes, cifra que estaba más cerca del número real de los trabajadores de esta clase que habitualmente era remunerado con pegujal en las labores. Que el documento mencionara los pegujales de los sirvientes rozaba, en consecuencia, el contrasentido, y hasta podía interpretarse como la emergencia de una justificación encubridora.
Me bastó recapacitar en estos términos, que anulaban la veracidad del plural, para ensayar una explicación concordante con los fundamentos conocidos de la institución conocida con el nombre de pegujal. En las labores, la cesión de la superficie destinada al cultivo de los cereales bajo esta condición, porque el documento empleaba el plural, pudo también consistir en la cesión de una serie de pequeñas unidades de producción cuyo número podía exceder las necesidades de remuneración de los sirvientes que mantuviera cada labor, o de cualquier transacción que con ellos se hubiera acordado. Estaba documentado que se podía actuar de este modo al menos cuando se había obtenido por arrendamiento la unidad de explotación. Porciones de ella se subarrendaban a quienes estuvieran interesados en aquella forma de empresa marginal. El aval jurídico a esta clase de transferencias procedía de los contratos que ponían al alcance de las empresas con más ambición, cuando se relacionaban directamente con los titulares del dominio efectivo, las grandes unidades productivas, que explícitamente permitían actuar así.
Por tanto, era posible que en los pegujales de las labores hubiera más de constitución de pequeñas empresas subsidiarias que de remuneración del trabajo. No se podía excluir que bajo aquella forma compleja de hablar se ocultaran modalidades de cesión basadas en determinados acuerdos bilaterales, como todas las inducidas por la sociedad obligada entre quienes acaparaban la tierra y quienes deseaban emprender una pequeña explotación de cereales, incluso careciendo estos de una parte sustantiva del capital necesario para acometerla con perspectivas de éxito, se estuviera o no ocultando, al actuar de este modo, alguna forma de aparcería o cualquiera de las otras oscuras sociedades derivadas de la dependencia o subordinación entre cedente y cedido. Tales serían aquellos pegujales, explotaciones subsidiarias avaladas por los siglos, de las que podía sospechar, sin que me faltara base, que también tendrían que erigirse como empresas recurriendo a formas de cesión distintas a la más extendida, el arrendamiento que los escribanos comerciaban, o al menos la única que mencionaba positivamente el documento cuando se refería a la forma reglada de ejecutar las transferencias transitorias de uso. Aunque pudiera parecer anacrónico, era muy posible que el concepto sirviente, en el que insistía el documento cuando se refería a quienes trabajaban estas unidades huéspedes de las dos labores analizadas, hubiera preservado o no la obligación de prestar servicios a cambio de la cesión, mantuviera toda su vigencia jurídica cuando se trataba de formalizar ciertos pactos, dado que enunciaba que la relación acordada vinculaba el estatuto de sirviente a la obtención de la parcela de pequeñas dimensiones que el lenguaje regional llamaba pegujal.
Acreedores rurales
Publicado: noviembre 4, 2015 Archivado en: Narrador | Tags: crédito, rural Deja un comentarioNarrador
Calculando sobre una masa de 840.227 reales 15 maravedíes prestados, algo menos de la quinta parte, en total 136.014 reales 24 maravedíes, provenía de prestadores que solo se identificaron por su nombre. Las otras cuatro quintas partes, nada menos que 704.212 reales 25 maravedíes, las suministraron corporaciones. El análisis de los prestadores nominales permite además creer que eran subsidiarios de las dominantes.
1. En el mercado del crédito rural captaban la porción mayor de clientes los conventos. Es posible que casi la mitad de todos los capitales puestos en circulación, por cualquier institución, bajo cualquier modalidad contractual, procedieran de rentas acumuladas por casas de órdenes religiosas.
Una oferta tan amplia estaría sostenida por una posición dominante en el mercado del censo, la forma de cesión de capitales más común, y daría como resultado un crédito tipo de esta clase en torno al medio. En una proporción muy alta, las fundaciones conventuales que concertaran censos serían de clero femenino. También eran particularmente capaces para colocar sus rentas como crédito bajo la protección legal de la memoria, el procedimiento usurario que se servía de estas elementales instituciones piadosas. El valor estimado de su participación en este otro mercado asimismo estaría en torno a la mitad de todo el capital vendido bajo esta modalidad. Como por este medio el crédito tipo que contrataran sería alto, tanto que según nuestras estimaciones rondaría los 2.340 reales, es de suponer además que atenderían una clientela cualificada. Los conventos masculinos, que satisfarían poco más de la cuarta parte de la demanda de créditos que recurrieran a esta fórmula, que necesitaba encubrirse bajo el cumplimiento regular de ciertos ritos, podrían ofrecerla porque en sus plantillas disponían de presbíteros, clérigos aptos para celebrar misa. Si además algunos femeninos cubrían este servicio sería porque actuaran coaligados con el masculino de la misma orden. También todos los conventos, de cualquier orden, masculinos y femeninos, ocuparían la primera posición en el mercado de los tributos, mecanismo reservado al cruce de capitales o circulación entre las instituciones interesadas en la compraventa de créditos. Es posible que en torno a la cuarta parte de las obligaciones de pago de esta clase fueran puestas en circulación por ellos.
El negocio financiero del convento de referencia, que era una comunidad femenina, que estaba muy vivo en la primera mitad del siglo décimo octavo y que parecía bastante sólido, descubre una parte de las razones de aquella preeminencia. Su documentación de 1726 proporciona cifras que permiten analizar 289 contratos de crédito, que sumaban 456.275 reales 14 maravedíes de principal. Juzgando por ellas, se puede creer que durante la primera mitad del siglo décimo octavo los conventos trasladarían al mercado del crédito, para satisfacción de su demanda de renta, cantidades que abarcarían un espectro muy amplio, comprendido entre los 500 y los 16.500 reales. Pero más que la amplitud, de la flexibilidad de su oferta resulta expresiva la escala de las clases de crédito adjudicadas, que en la institución analizada comprendía 24 valores distintos.
Los beneficios que les proporcionaran estas operaciones pudieron equivaler a la mitad de todos los ingresos que por todos los medios obtuvieran, 150.804 reales 17 maravedíes reales sobre un total de 291.521 reales 6 maravedíes en el caso de referencia. Aunque lo normal fuera que cada fundación, como tantas casas de entonces, mantuviera diversificado su negocio, naturalizado en el medio rural, con arrendamientos de tierras y casas inmovilizadas, explotación directa de olivares, producción y venta de aceite, tráfico con el tercio de los diezmos de cereales de las explotaciones activas en las tierras propias cedidas, tal vez las fundaciones conventuales más potentes optaron entonces por concentrar sus riesgos en el negocio financiero. La renta civil comprometida como dote, por sí sola, podía nutrir los fondos que a los conventos femeninos les permitiera ser prestamistas. Aparte los servicios que en el orden biológico a las familias con patrimonio atesorado las fundaciones conventuales prestaran, en el económico, gracias a estos ingresos regulares y a la renta de los bienes inmovilizados, podían contar de manera estable con los medios aptos para convertirse en créditos. Las fundaciones conventuales estaban en idóneas condiciones para actuar como sólidos bancos al servicio de las familias que las hubieran promocionado.
2. El beneficio eclesiástico corporativo, originalmente constituido en cada parroquia, dispuso de otra fracción importante del mercado del crédito rural abastecido por instituciones. Aunque en conjunto solo acaparase una vigésima parte del dinero comerciado, el número de créditos que satisfaría se aproximaría a un quinto del total. Duplicando en número de ventas al inmediato oferente, el volumen del crédito adjudicado por el que lo seguía superaba al colocado por los beneficios de las parroquias. De la coincidencia de ambas circunstancias resultaba el préstamo tipo más bajo, unos 1.200 reales, indicativo de que atenderían la demanda más modesta.
Su presencia en el mercado de los tributos probablemente fue importante, algo más de la décima parte de este sector pudo estar en sus manos. Pero los beneficiados de las parroquias mantendrían su posición, y su equilibrio, sobre todo gracias al mercado de las memorias, del que serían sus dueños naturales. A mediados del siglo décimo octavo, es muy posible que se lucraran de una proporción en torno a la mitad de los gravámenes correspondientes a tal categoría.
Durante siglos, los beneficiados parroquiales habían pugnado por la administración de las memorias, en competencia con la cura de almas. Aunque no hubieran conseguido su dominio exclusivo, sí las habían consolidado como uno de sus ingresos característicos. Los designados como titulares de estas sencillas instituciones según sus reglas, así como de las rentas de los bienes inmovilizados en su favor, dispondrían del excedente que cada año pudiera deducirse, una vez satisfechos los gastos de las celebraciones que estaban en su origen; aunque el procedimiento reglado para circular la renta originada por el olivar de una memoria, que obligaba a su explotación directa, la deducción de los gastos que esta originara y la transferencia del superávit como renta a la titular del derecho, no descubre muchas posibilidades a la generación de ingresos que pudieran invertirse en el crédito.
Dado que las tarifas de los oficios religiosos que regían para todas las conmemoraciones, fueran de la clase que fueran, eran únicas, se puede aceptar que la renta neta que pudieran generar las memorias cruzadas con vínculos, que inmovilizaban bienes cuyo valor global estaba algo por encima del que acumulaban las memorias básicas, apta para convertirse en el principal de los créditos, tendría alguna posibilidad más para concurrir al mercado financiero. Si además las fundaciones conmemorativas garantizadas por vínculos incrementaban las posibilidades de que sus rentas terminaran en manos de instituciones canónicas próximas, ocurriría que las de similar valor fueran acumuladas por instituciones eclesiásticas, como las corporaciones beneficiales, y por este medio es posible que contribuyeran a incrementar las rentas que luego podían ser parcialmente usadas como medios de financiación.
Pero la liquidación de los gastos de cualquier de las memorias no pasaba de ser el pago de un servicio eclesiástico, y el arancel de las celebraciones religiosas exigidas fijaba tarifas modestas para las misas, aunque fueran cantadas y con vísperas. Las rentas que las memorias generaban eran tan modestas que difícilmente podrían justificar la acumulación de ahorro suficiente para ser negociado como transferencia de capital por vía de préstamo, una vez satisfecho el costo de las obligaciones litúrgicas impuestas por la conmemoración.
Los ingresos del beneficio parroquial, considerado solo como función del sistema administrativo episcopal, su otra fuente de rentas, estaban asegurados de antemano por su participación de un tercio en todos los diezmos que recaudaba cada parroquia. La conquista de esta posición, así como la victoria en el contencioso con sus competidores, los curas comunes, le permitirían disponer de los mejores medios para activar el sistema crediticio propio. Este recurso, del que no disponía el otro clero parroquial, bastaría para atraer la demanda más modesta. Sin embargo, los ingresos proporcionados por la participación en el diezmo eran personales. Podrían comprometer individualmente en los mercados del crédito, pero no a la corporación de los beneficiados.
Como ninguna de las exigencias litúrgicas de las memorias, por bajas que fueran, alcanzaba a ocultar la correspondencia inmediata entre rentas y gastos de cualquiera de estas fundaciones, aun sin detenerse en cálculos, habría que concluir que se mantuvieron en el mercado del crédito gracias a que la memoria podía ser utilizada en sentido impropio. Al menos una parte de los pequeños acreditados se habrían limitado a comprometer algunas misas, a favor de sus antepasados, a cambio de cantidades como las que ocuparían las posiciones más modestas de las tablas de los principales. La liquidación anual de los réditos correspondientes sería justificada como pago de unos servicios religiosos, y así los beneficiados encubrirían su captación de rentas con garantía hipotecaria en aquel mercado del crédito.
3. Además de los cuerpos beneficiales de cada parroquia, en el marco de la población rural que nos servía de observatorio otras tres sociedades de este tipo actuaron como prestamistas: el instituto local que reunía a todos los beneficiados, el cabildo catedralicio de la provincia eclesiástica o episcopado y otro colegial.
La posición ocupada por la corporación local de todos los beneficiados, la primera entre las de esta clase, era también la más independiente. Como cuando se limitaban solo a su parroquia, cuando intervenían en el mercado coaligados como un solo poder los beneficiados actuaron con preferencia en el ámbito de las memorias, aunque también sabemos que intervinieron en el de los censos. A partir de los datos proporcionados por sus cuentas, los valores de principales aceptados permitían deducir que la parte más antigua de su venta de créditos, denominada en maravedíes, moneda en la que su contabilidad prefería operar para ganar exactitud, eran cantidades que equivalían a casi 18 reales y poco menos de 600, indicios inequívocos de que en origen también captaría una clientela modesta. Pero todo indica que entre 1647 y 1778 habitualmente ofertó sus préstamos en tres módulos, de 100, 200 y 300 ducados (1.100, 2.200 y 3.300 reales) respectivamente. Un espectro tan extenso en parte era la consecuencia de la evolución del mercado bajo el control de los beneficiados rurales colegiados, que estuvo marcada por su inflación.
El cabildo catedralicio, la corporación que regía el primer templo de cada obispado, dotado con la mayor participación en el diezmo cobrado en todas las parroquias, normalmente ingresado en dinero, no tendría problema para disponer de fondos con los que participar en el mercado rural del crédito. Sin embargo, el cabildo catedralicio se orientaba hacia necesidades menores que la media, de casi 3.000 y poco más de 2.000 reales. La limitada participación en el negocio financiero del campo de una corporación tan poderosa, una de las primeras empresas de la región entonces, es un buen indicio del reparto de influencias que pudo vertebrarlo. Estaría dominado por las instituciones adecuadas a la fragmentación de aquel mundo, de implantación comarcal como máximo.
El cabildo colegial detectado era una corporación constituida también a partir de la forma beneficial superior o canonjía, aunque en un templo distinto al primero de la diócesis. No tenía su rango pero sí unas rentas extraordinarias, consecuencia de que su corporación gestora se reservaba para sí la masa del diezmo que a su responsabilidad parroquial correspondía. Su presencia en el mercado del crédito del lugar desde donde observamos era aún más circunstancial que la atribuible al cabildo catedralicio.
4. Las capellanías autónomas proporcionarían al mercado bajo control de las instituciones la quinta parte del capital comercializado. Satisfarían una demanda exigente porque su crédito tipo casi duplicaría el medio. Era 4.235 reales contables, expresivo de las cantidades que efectivamente cedían como principal, que oscilaban entre los 50 y los 1.000 ducados (50, 100, 150, 200, 300, 500, 650 y 1.000).
Sus aptitudes para el crédito parecían limitadas si el criterio que se utilizaba era la cantidad de sus bienes. Solo las dotadas excepcionalmente, que eran muy pocas, estarían en condiciones de entrar en el negocio. Tal vez por eso prefirieran concentrarse en las fórmulas legales de más garantía, las que convergían en el contrato censal. Así lo confirmaban hechos que resultaban muy explícitos. Cerca de la cuarta parte del mercado de los tributos, el medio más visible de los empleados para la creación de valores fiduciarios, estaba atendido por ellas, pero apenas intervenían en el mercado del crédito con memoria, a pesar de que esta fuera la forma elemental de la capellanía y por tanto se pudiera anticipar que su participación en este sector del mercado tendría que ser poco menos que espontánea. Los de esta clase que llegaron a su poder probablemente fueron consecuencia de azares extraordinarios. Es muy probable que cada institución optara por atenerse a su régimen económico particular y eludir el contrato viciado de memorias.
Las capellanías, como las fundaciones conventuales de patronato, permitían un control directo de las rentas generadas por el ahorro familiar, de la manera más segura y más satisfactoria sin salir de una población. Bastaba con que cada generación destinara uno de sus descendientes masculinos a este oficio. El crédito que pudieran proporcionar las más saneadas, a la vez que uno de los más robustos, pudo ser uno de los más accesibles para quienes vivieran en el medio rural.
5. Las llamadas fábricas, departamentos encargados de la gestión material de las parroquias, proporcionaron otra oportunidad al clero de cada una para que interviniera en el mercado del crédito. Suministrarían una décima parte de los préstamos vendidos por las instituciones. Se puede creer que atenderían una demanda común, porque el valor de su crédito síntesis está muy próximo al general. Con un tamaño de las ventas, para el conjunto, algo superior al de las que realizaban los prestamistas individuales, apenas colocaban la trigésima parte de todo el capital que se traficaba.
Las fábricas participarían en el mercado de los tributos también con una cuota en torno a la décima parte, y en una posición más modesta en el de las memorias, en el que compartían su responsabilidad, por todos los conceptos, con una institución anexa, la colecturía de cada parroquia, encargada de la gestión de los fondos que ingresaban los servicios a cargo de la cura de almas.
La iglesia romana, en su vertiente secular, estaba en condiciones de dirigir una parte de sus excepcionales rentas, sostenidas por el diezmo, por la vía del crédito. Lo ingresado por las fábricas por coacción impositiva pudo, al menos en una parte de las parroquias, alimentar en lo fundamental la corriente que devolviera como capital parte del beneficio detraído como renta a la producción agropecuaria. Pero nuestros documentos enseñan que con preferencia estas ramas del frondoso árbol de la pertinaz iglesia, antes que las rentas propias, prefirieron desviar al crédito las procedentes de bienes sucesivamente amortizados en beneficio de ellas. Aunque su principal fuente de ingreso fuera el diezmo, las fábricas hicieron asequible el crédito a través de las donaciones y de las memorias de las que finalmente podían ser titulares.
6. En el crédito rural también actuaron algunos títulos de Castilla. Los títulos servían como apelativos que publicaban la reserva para el servicio de las armas, condición jurídica preferente de quienes eran sus poseedores. Así había llegado a suceder porque habitualmente cada uno se cimentaba sobre un señorío, obra de una fuerza y un poder originales, recompensa al servicio militar que algunos hombres fuertes ofrecían. Los señores de más rango tenían reconocidos poderes militares, aunque a fines de la época moderna ya no los ejercían, al menos en la parte referida al reclutamiento autónomo de tropas. En su momento, su uso les permitió la participación en importantes empresas bélicas, con el tiempo llamadas industria militar, que en la región fue remunerada con dominios sobre tierras y la adquisición, primero por la fuerza, de una porción extra de poderes, como la imposición de monopolios o banalidades en aquellos dominios, más o menos extensos. Había ocurrido después que al señorío se había llegado previa posición dominante en la apropiación del terrazgo, sin que esta procediera de la participación en campañas o de la preeminencia ganada por la fuerza. Aunque fuera por la poco honorable vía de la compra, gris servicio extraordinario, dueños de una parte de las tierras de un municipio fueron investidos señores de la población y su término. Aún más bastardo resultó, en tiempos más recientes, que la corona concediera señoríos para recompensar servicios administrativos y la financiación del déficit público.
Del primitivo fundamento sobre el servicio militar, ya fines de la edad moderna, los señores titulados deducían su exención para otros cualesquiera, en especial el de contribuir a los gastos de la corona. Por tanto, por encima de cuantos beneficios a cada titulado reportara esta condición, tomados en cuenta incluso los políticos, que le valían la proporción mayor en la asamblea de los representantes del reino, para que dispusiera entonces de una posición preeminente lo relevante era su reconocimiento en un territorio, convencionalmente expresado mediante un topónimo, nombre que lo denotaba o título. Las rentas que los investidos señores obtuvieran de su dominio sobre el suelo, en su parte más significativa, con más probabilidad procederían de su cesión, un ingreso que solo era voluminoso cuando el poder sobre la tierra se ejercía en cantidades de relieve. Si emprendían explotaciones agropecuarias, aprovechando su ventaja civil, atesorarían mejor la parte sustantiva de los rendimientos del suelo. Al señorío ganado se le podría señalar además como responsable de un flujo extra, cuando el título adquirido añadiera al dominio sobre las tierras poseídas alguna condición como el cerramiento, cuyo derecho se traducía en una ganancia que se podía evaluar por el precio que cada año alcanzaran los pastos.
Cualquier señorío, una vez constituido legalmente, era cesión de poderes de la corona, por lo que no es justo afirmar, como tantas veces se ha hecho, que en los fundamentos del antiguo régimen a la división de los poderes le estaba negado un lugar. Como en el origen del poder siempre estuvo la representación de la ecuanimidad, reservándose el rey el legislativo, a los señores, para que adquirieran consenso, al menos cedía la capacidad de administrar justicia en los límites de su dominio. Pero el atributo jurisdiccional del señorío solía ser, sobre todo, su principal fuente de rentas. El servicio en los oficios de la justicia o el sistema punitivo, entre otros medios, podían valerlas, así como los discretos monopolios señoriales asimismo eran fuente de buenos beneficios netos.
Del mismo modo que los títulos completaban los señoríos, las instituciones inmuebles estrictamente civiles, que eran el vínculo y el mayorazgo, consolidaron su papel protegiéndolos aún más, y así el círculo de los intercambios institucionales, que reforzaban el orden creado, como los cerrojos a las puertas ya bloqueadas con llaves, el documento a la promesa o el matrimonio al parentesco, quedaba blindado. Probablemente ninguna institución estuvo nunca tan capacitada como los vínculos para atender, en cada población, la demanda local de crédito. Cualquiera de ellas estaba más presente en las poblaciones de la región a fines de la época moderna que las otras civiles. No demasiado numerosos en los grandes núcleos, en ellos serían los patrimonios más sólidos, perceptores regulares de las rentas y los beneficios proporcionados por sus bienes inmovilizados y aptos para ser parcialmente reinvertidos. Pero dado que estas instituciones, combinadas o no, aunque no eran infrecuentes, eran por definición muy singulares, su participación en el negocio del dinero que circulaba en el campo tendría que ser restringida.
Es posible que esta afirmación sea temeraria, porque cuando se modifica el punto de vista se puede comprobar que los títulos no se inhiben en otros ámbitos. Pero en este lugar estamos obligados a sostenerla, puesto que apenas hemos podido documentar unos pocos casos demostrativos de la inversión en el campo de una parte de sus ahorros con la forma de los créditos. Aun así, cuando hacían incursiones en aquel mundo atendían los planes de financiación más ambiciosos. Su crédito tipo era el más alto, de casi 17.000 reales, una cifra que a pesar de la restringida presencia de sus responsables les permitiría acaparar una fracción nada despreciable del mercado, alrededor de la vigésima.
También es posible que la participación de los grandes patrimonios señoriales en el negocio del crédito rural, andando el tiempo, aparentara poca relevancia porque en su momento pudo quedar oculta tras el recurso a fórmulas originales, que les habrían permitido, a la vez que competir con ventaja en este mercado, una mayor carga de garantías y más discreción, un bien estimado por gente que prefería ostentar una vida ajena a los negocios mercantiles. Detectamos la desviación de la renta señorial al mercado del crédito a través de un monte, institución que ya había sido alentada desde la corona en el siglo décimo séptimo para que actuara en el ámbito civil hispánico. Manejando a su favor los tipos de interés, debía simultanear la toma y la dación de créditos. El mantenido por el estado de Olivares, que consiguió ocupar, por volumen de actividad, la cuarta posición en el orden de las instituciones analizadas, abastecería el crédito rural con algo menos de la décima parte del capital negociado. Parece que también estuvo especializado en una demanda cualificada, muy próxima a la dirigida a las capellanías, porque su crédito tipo estaba muy próximo a los 7.000 reales contables y apenas participaba en el mercado de las memorias. En su caso, aún más que en otros, parece evidente que pudo disponer de algún título de esta clase como consecuencia de los azares de las transmisiones. Los indicios sin embargo son suficientes para imaginar que efectivamente pudo servirse de deudas contraídas para captar otras a su favor.
7. El resto de las instituciones satisfarían porciones de la compraventa de créditos inferiores a la vigésima parte del mercado. Mientras que los colegios estarían orientados hacia posiciones algo por debajo de la clientela de las capellanías o el monte, los hospitales atenderían necesidades de crédito por debajo de la media, casi 3.000 y poco más de 2.000 reales respectivamente. Patronatos y, sobre todo, cofradías y hermandades serían los responsables de la atención a los créditos que ocuparan las posiciones inferiores. Mientras que los primeros prestarían unos 1.850 reales, los segundos los concederían por un valor en torno a 1.600.
Cofradías y hermandades, colegios y hospitales fueron instituciones con una presencia irrelevante en el mercado del crédito con memoria, quizás por razones similares a las que redujeron a esta posición a otras en este mismo mercado, la más probable ser titular último de un linaje de legatarios. Solo descubren una faceta complementaria cuatro operaciones facilitadas por memorias en sentido propio, cuyos bienes generarían rentas suficientes para atender el fin inmediato de la fundación y el negocio financiero. En el mercado de los tributos entre la décima y la vigésima parte la venderían los hospitales y las cofradías, mientras que el resto de las corporaciones que ofertaran estos créditos tampoco añadirían nada a lo que ya hemos deducido.
El uso de los bienes de los colegios, directamente gestionados por las órdenes interesadas en la captación por la docencia, proporcionaría los beneficios que en parte podían ser expandidos usándolos como medio para la financiación de otras iniciativas económicas. Los colegios activos en el mercado del crédito en el lugar de referencia no solo fueron los de jesuitas o dominicos, sino también uno del carmen calzado, convivio horaciano concentrado en el metro de los pies, así como uno de formación superior. Además actuó una obra pía, de fundamentos similares a los patronatos de esta clase, adscrita a un colegio, con seguridad destinada a sufragar la residencia de los colegiales, que dispuso de rentas para prestar.
Nada obstaculizaba a los hospitales, obligadamente detentadores de importantes patrimonios, que periódicamente dispusieran de suficiente liquidez como para entrar en el mercado de los créditos rurales. No hay indicios, en la documentación manejada, que recomienden pensar que su incursión en la cesión de créditos fuera circunstancial. Antes parece que pudieron ser inversores financieros regulares.
Los patronatos limitados al sostén de una obra piadosa, que parecen una salida algo tardía para la protección de los bienes de las familias, por su frecuencia relativa aparentan pocas opciones de intervención en el mercado del crédito para el campo. En el patronato para dotes analizado, cada una sumaría el beneficio obtenido durante dos años por la explotación de las fincas inmovilizadas. Si el régimen administrativo de los institutos de esta clase fue en todos los casos este, parece que el margen que tendrían para generar renta apta para convertirse en crédito sería limitado.
La suerte de las cofradías y hermandades, naturalmente diversa, en buena medida estaría decidida por su origen. El ahorro que sus rentas permitieran, probablemente muy limitado, siendo solidario el origen de la asociación, tendría como destino preferente atender las necesidades de financiación de sus miembros.
Curato, lámpara para el santísimo, mesa de los pobres, orden tercera y la obra pía de los santos lugares representarían en nuestro caso con mucha nitidez los márgenes de las instituciones acreedoras del crédito rural. Estas fundaciones, que pueden ser irrelevantes bajo el criterio financiero y por haber entrado en el campo de observación a consecuencia del azar, comerciarían créditos tipo significativamente pertinaces, entre 1.000 y 1.200 reales, con mayor frecuencia de 1.100 o 100 ducados contables.
8. El análisis de los créditos adquiridos a personas, gracias a que una de nuestras fuentes se consintió en un tercio de los casos ser especificativa, nos permitió descubrir características que abrían una vía de explicación para esta parte menor del negocio. Mientras que para los otros asientos solo proporcionaban un nombre, al que no añadían denotativo alguno, a los que nos referimos acumulaban invariablemente un sustantivo que precisaba una condición clerical, secular para todos los masculinos, regular para todos los femeninos. Estamos legitimados para generalizar, sin dejar de admitir el riesgo en el que incurrimos actuando de este modo porque partimos de una cantidad de casos limitada.
El clero regular femenino, aparte el grado de consanguinidad que tuvieran las profesas en plenitud de derechos con los fundadores de cada casa, con libertad podía disponer de capital propio, dependiente de las condiciones con las que estuvieran comprometidos con la institución los alimentos y la dote. Por eso, en un convento una monja que viviera en la clausura, cuando disponía de su patrimonio propio, podía actuar como prestadora.
La posición que ofrecía mejores posibilidades, tal como indica un crédito medio de 4.619 reales 27 maravedíes, era la de los prestadores individuales cualificados como presbíteros, condición que les permitía atender la liturgia de la memoria. Satisfacían menos de la vigésima parte del mercado, al tiempo que colocaban en él una décima parte de la mercancía. La renta detentada individualmente, en el caso del clero masculino secular, con más probabilidad podía ser resultado de la obtención de un título que diera derecho a la participación en las rentas que detraía la iglesia romana, el beneficio, masa a la que agregaban la deducida de su pertenencia a corporaciones que exigieran aquella condición. Los canónigos eran quienes hacían de sus ingresos el mejor uso discrecional. Las rentas individuales percibidas a título de beneficio, que también se nutrían sobre todo del diezmo, podían crear fondos particulares a partir de los cuales transferir capital. Aunque se disfrutaran individualmente, eran susceptibles de inversión usuraria. Las rentas de un prebendado siempre eran altas. Estaba en una buena posición para acumular ahorro y nutrir a un inversor fácil, pero su residencia, urbana, no lo hacía accesible. En el medio rural era mucho más probable que esto mismo lo hiciera un beneficiado parroquial, perceptor de rentas excelentes. Que un cura dispusiera de ahorros para invertirlos en el mercado del crédito sería una excepción, si habían de proceder de la remuneración de sus servicios espirituales. También podían proceder de la satisfacción de los fines de una capellanía, para lo que contaban a su favor con un régimen privado, o derecho de patronato, que regulaba el acceso al producto que los bienes a ella vinculados daban. De la renta podían disponer, a título personal, como ingreso neto, al margen de las obligaciones o límites que pudieran imponer cualquiera de las instituciones generadoras de la riqueza porque, alcanzado aquel estado límite, no comprometían sus bienes.
Ninguna de estas vías abiertas para la circulación de las rentas personales podría existir de no existir las respectivas instituciones. El ciclo de las obtenidas a través de las canónicas o paraeclesiásticas empezaba y terminaba en personas, como es natural para cualquier clase de renta. Solo este hecho daba el sentido apropiado a esta noción. No creemos necesario añadir más para avalar que los créditos vendidos por personas, al menos en el medio rural, parecen una rama de los que habilitaban las instituciones que dominaban en este mercado. La cuantía, el riesgo o el nexo entre acreedor y prestatario pudieron ser criterios, entre otros, para desviar hacia las rentas personales determinadas operaciones.
9. Pocas dudas podían mantenerse sobre la posición y el papel que a las instituciones que veníamos analizando tocaba en el negocio financiero rural. Estaba íntegramente en sus manos. La documentación persuadía además sobre el importante papel que a las eclesiásticas correspondió en el reparto de la función económica del acreedor, así protagonistas directas como colaboradoras de las civiles. La concentración de rentas en este medio lo convirtió en el inevitable, en el dominio rural de la región, cuando se deseaba comprar dinero. Fueron ellas, afortunadas o no, dirimidas o ganadas de manera pacífica, pero comprometidas con el mantenimiento y la transmisión de los patrimonios familiares, las que generaron, en el medio rural, la parte sustancial de las rentas que alimentaron el crédito. El ahorro de las familias que las habían creado, en alguna proporción transferido a instituciones como las descritas, fue destinado con su mediación a explotar para el beneficio pasivo las posibilidades que tuviera este frente.
Más allá de las obligaciones recaídas por el capital a causa de la fundación, las rentas de los bienes inmovilizados estaban en condiciones para constituirse en flujo que alimentara el mercado del crédito. Nada en el orden civil, ni aun infiltrado por el canon romano, lo impedía. Tal como podían destinarse al consumo podían aumentar el beneficio vertiéndose a inversión por vía de préstamo. Arriesgar en este, fuera más o menos permisiva la ley, tendría que ser en cualquier circunstancia una tentación a la que no siempre podrían resistir los rentistas. Las posibilidades de la desviación al crédito de al menos una parte de la renta dependerían del remanente que dejara en libertad cada disfrute, aunque no todas las fundaciones contaran de antemano con las mismas.
Un análisis específico, similar al que se ha expuesto, informado por las circunstancias que afectan al origen de las instituciones, su evolución, las oscilaciones de sus rentas, el capital líquido del que dispusieran, el acierto en su gestión, entre las más relevantes que deben ser mencionadas, suministraría un cuadro proporcionalmente distinto. En aquella población las capellanías pudieron tener menos relevancia, en la otra las hermandades tal vez fueran más potentadas y por tanto más agresivas, hablando en términos de competencia en el mercado del crédito rural. En una tercera el beneficio pudo no dar con la fórmula que hiciera convincente su venta de sufragios a cambio de la cesión de dinero. Pero estamos persuadidos de que el cuadro trazado, en lo fundamental, fue inalterable en la región durante el tiempo comprendido entre la baja edad media y fines de la época moderna, porque en él están contenidas todas las instituciones que garantizaron los ahorros del medio rural. Podrán cambiar de un lugar a otro las proporciones, la importancia relativa del papel que haya que conceder a cada corporación. Al contrario, su papel como autores genuinos y exclusivos del crédito rural, porque para este en parte fueron ideadas y garantizadas por el derecho, no habría que alterarlo.
El pan podrido
Publicado: octubre 16, 2015 Archivado en: Redacción | Tags: crisis, económica Deja un comentarioRedacción
1. Una población a mediados de 1750 había comprado por su cuenta, aunque a expensas del caudal cedido por el rey del importe de sus rentas, mil fanegas de trigo ultramarino para hacer frente a las necesidades que provocara el hundimiento de la producción de los cereales aquel año.
El 11 de septiembre de 1750, en la reunión de su ayuntamiento, uno de sus regidores informó que el cereal, tal como se había decidido en su momento, estaba encamarado en los graneros del pósito. No obstante haberlo movido y apaleado muchas veces, para preservarlo de corrupción, y haber ido a repetir esta operación un par de días antes, el 9, había advertido que comenzaba a calentarse y a criar algún gorgojo, por lo que inmediatamente había ordenado que la mitad del trigo se moviera y se mudara a otro granero. Aligerado de este modo, con los frecuentes apaleos que se le daban, creía posible que se mantuviera.
El ayuntamiento decidió que se siguiera apaleando, así como convocar a cabildo para el lunes siguiente, día 14, con esta justificación. La necesidad de los naturales de la población era tan urgente y notoria, y, como el caudal del pósito era y debía ser para el beneficio común, debía conferirse sobre si sería conveniente distribuir entre los necesitados parte de este trigo en pan amasado.
Cuando el ayuntamiento se reunió el día 14 el orden del día había sido ampliado. Eran dos los asuntos a tratar, el socorro a los pobres mendigos naturales de la población y las mil fanegas de trigo ultramarino que habían comprado y habían empezado a calentarse. El acuerdo al que se llegó sobre lo segundo tenía consecuencias para lo primero, la política de pobres que se estaba aplicando. Se dijo que en aquel momento era superior la necesidad que había en el común de los pobres de la población, cuyo número había aumentado en pocos días a consecuencia de las órdenes que en esta materia había dado la junta de granos del reino, para que cada pueblo mantuviera los que hubieran nacido en él. Para su socorro no alcanzaba, aun en poca cantidad, la limosna que diariamente recogían, pidiéndola todos los días de puerta en puerta, por más que las personas caritativas quisieran ampliarla en aquella situación con esfuerzos superiores a los que hacían en otros tiempos.
El gobierno de la población, para hacer frente a tan importante materia, había propuesto a la junta del reino, como medios para hacer efectiva la limosna que se necesitaba, la imposición de arbitrios sobre frutos y otros géneros, así como el arrendamiento de algunas tierras baldías. Pero no había sido admitida por la junta la imposición de los arbitrios, aunque había permitido el arrendamiento de tierras, que se había intentado bajo las formalidades previstas por la junta, pero que hasta el momento había sido imposible porque no había postor para ellas.
De esto resultaba, no solo el irreparable perjuicio que padecía la multitud de pobres por falta de socorro, sino el gravísimo daño de que muchos, forzados por su necesidad, en los campos término del municipio, atropellaban ganados y ganaderos y habían cometido diferentes excesos criminales, que habían puesto en el mayor cuidado al gobierno municipal y sus justicias. Todas estas circunstancias, por ser dignas de la mayor atención y pedir rápidamente soluciones, habían recomendado al gobierno de la población buscar otras salidas.
Parecía la más oportuna servirse del caudal del pósito, puesto que era propio del común, lo que podía hacerse sin perjuicio de la sementera inmediata, teniendo en cuenta que estaban almacenadas y compradas aproximadamente mil fanegas de trigo ultramarino. Inmediatamente podían servir para hacer frente a la necesidad de que se trataba. Se podrían repartir a los pobres en pan cocido, según un plan de reparto diario.
Para su satisfactoria ejecución sería necesario prever la reposición de las mil fanegas. Para ello, bastaría servirse de las creces del pósito, tarifa de sus créditos en grano que igualmente era obligado liquidar en la misma especie. Serían suficientes las de un año, y esa cantidad sería reservada para venderla en la siguiente sementera. Los ingresos que así se obtuvieran se podrían después aplicar a satisfacer la deuda que se había contraído en su momento con la hacienda real, la que había proporcionado la masa monetaria que en junio se había invertido en la compra del trigo ultramarino.
A la asamblea de gobierno de la población le pareció conveniente consultar a la autoridad regional sobre este plan, adjuntándole testimonio del acuerdo que se había tomado, otro de que el municipio no usaba arbitrio alguno, más un tercero que acreditara la existencia de aquel trigo. Con estos informes, al que aún se añadiría otro del caudal del que disponía el pósito, que también habría de certificarse, haciendo uso de las facultades que le habían sido concedidas por la corona para hacer frente a las necesidades que en aquel momento tenía la región, teniendo por oportuno este providencial acuerdo, podría hacer uso de su autoridad en lo que creyera viable. Acordaron que por el correo inmediato, por medio del propio corregidor, cuya conducta era fiel a la de quien en aquel momento personifica la autoridad regional, fuera ejecutada la decisión antecedente.
2. El 28 siguiente, el ayuntamiento, a través de uno de sus regidores, que había sido nombrado como diputado para el beneficio del trigo ultramarino, tuvo de nuevo noticias sobre el estado del grano. No obstante su continua atención, gracias a la cual cada tres días estaba siendo objeto de grandes apaleos, con grandes costas y gastos, se reconocía en él quebranto y deterioro, que llegarían a lo sumo si el gobierno local en breve no tomaba alguna decisión para que se dispusiera de él.
Pocos días después, el 2 de octubre, fue el medidor público de granos quien informó al ayuntamiento que aquel grano necesitaba ser vendido inmediatamente, porque había empezado a picarse y su daño continuaba, aunque estaba apaleándose diariamente. Como se estaba vendiendo otro en la población con alguna merma, porque estaba húmedo, a 36 reales la fanega, compensando la merma que podía tener el de propiedad pública, que se encontraba completamente seco, por lo picado que estaba, también podría venderse en aquel momento a 36 reales. Si no se vendiera inmediatamente, tanto el daño como la pérdida podrían ser mucho mayores.
A consecuencia de tan alarmante informe, aquel mismo día el ayuntamiento acordó la venta de sus mil fanegas de trigo ultramarino a 36 reales, a pesar de que su adquisición había obligado a un desembolso de cerca de 42.000 reales. Aunque se habían adquirido a 37, acumularon un costo unitario de 40.44, y para resarcirse de todo el gasto incluso hubo un momento en que se pretendió venderlas a 42. Ahora reconocían que, en caso de venderse al precio que le correspondía, se seguiría un grave perjuicio al común, porque como consecuencia el pan elaborado con aquel trigo tendría que venderse a un precio más alto que el que tenía en aquel momento en el mercado local. Para que la venta no se demorara, fueron facultados por el gobierno de la ciudad dos regidores, a quienes se les autorizó a ejecutar lo que creyeran conveniente para que el trigo ultramarino fuera pronto despachado. El déficit que de esta operación iba a resultar para los haberes reales se absorbería con la venta de las mil fanegas de trigo que se ingresaran gracias a las creces del pósito. Según informaba el corregidor, que estaba en la capital tratando el asunto con la máxima autoridad territorial, ocupados ambos en el alivio de la región por orden del rey, se facilitaría esta venta para con su importe restituir los ingresos de la corona.
3. De cómo fueron ejecutadas estas decisiones no tenemos datos, pero el 3 de junio siguiente, ya año 1751, el alcalde mayor, en ejercicio de corregidor, porque aún estaba ausente el titular, formalizó por escrito una denuncia al instante de haberle sido comunicada. Se estaba vendiendo pan amasado con trigo de la mar de muy inferior calidad, el adquirido por el municipio meses antes, comercializado al por menor a través del pósito, y aun perjudicial para quien lo llegara a comer.
Para que no sufriera ningún daño el común, y fuera corregido cualquier desorden en el que pudieran haber incurrido los panaderos, mandó que el alguacil mayor, en compañía de un escribano de cabildo, asistido por los ministros de justicia que tuviera por conveniente, se presentara en los lugares donde habitualmente se vendía el pan. Para proceder tal como correspondía, se haría acompañar asimismo por panaderos inteligentes, que actuarían como peritos y reconocerían las piezas que en aquellos lugares se estuvieran vendiendo. Si efectivamente comprobaren que no eran de buena calidad, que las aprehendieran y las pusieran en depósito seguro.
Tras notificar al alguacil mayor el nombramiento del que le había hecho objeto el alcalde, el escribano requirió a Andrés Tapia y a Francisco Paredes, de 53 y 42 años respectivamente, vecinos del municipio y panaderos de toda inteligencia. Eran, por su continuada práctica, los que más bien conocían la bondad o mala calidad del pan y del trigo que se amasaba. Se mostraron dispuestos a obedecer lo que la autoridad judicial había decidido y se comprometieron a hacer fiel y legalmente el reconocimiento que se les mandaba hacer.
Alguacil mayor, escribano, diferentes ministros de justicia y los dos panaderos peritos para el reconocimiento del pan, se personaron en una de las calles centrales de la población, donde decidieron aprehender tres partidas de pan, amasado con trigo de la mar y comercializado en hogazas de a dos libras: 14 hogazas procedentes de la panadería de Antonio Carballido, 4,5 de la que tenía Francisco Santana, quien las comercializaría por medias hogazas, y 16 de la regentada por Cristóbal Navarro. El alguacil mayor puso las tres partidas en poder y depósito de Juan Gutiérrez, vecino del municipio en la calle aludida, quien se entregó en ellas y se obligó a tenerlas en su poder a disposición de la autoridad que lo había constituido en depositario, así como a no entregarlas a persona alguna sin que el alguacil lo mandara. Ante tres testigos a esta seguridad se sometió con su persona y con sus bienes habidos y por haber.
En la misma calle aprehendieron otras tres partidas de hogazas de pan de a dos libras, de inferior calidad, asimismo hechas con trigo de la mar. En casa de José Roldán, procedentes de Lorenzo González, panadero, 10 hogazas y 3 cuarterones, lo que significa que la hogaza este la comercializaba incluso en octavas partes, porque el cuarterón era la cuarta parte de la libra, si bien es posible que cuarterón se emplee aquí en el sentido más general de cuarto, lo que del mismo modo sería una peculiaridad para la comercialización del pan. En casa de Alonso Rodríguez, de Juan Palomo, panadero, 26 hogazas, y en casa de José Carrera, de María de la O, panadera, 27. Las tres partidas fueron puestas por el alguacil mayor en depósito de Manuel Ibáñez, vecino de la población, en aquella calle, que estaba presente. Se dio por entregado de todo este pan y se obligó con las mismas formalidades que fueron satisfechas en el caso anterior. Se comprometió a no entregarlo a persona alguna sin expreso mandato para ello del alcalde mayor, o en su defecto a pagar su valor
Fue a continuación el grupo judicial a otro lugar céntrico, esta vez en la otra mitad de la población, y allí aprehendieron otras cuatro partidas de pan. También se trataba de hogazas de a dos libras amasadas con trigo de la mar: 4 que se estaban vendiendo como de Javier Rodríguez; 68 en casa de Pedro de Ojeda, quien dijo que eran de Juan Martínez, panadero; y en casa de Cristóbal Gallardo dos partidas, una de 25 hogazas, quien declaró que eran de Sebastián Romero, panadero, y otra de 26 que, según manifestó, eran de don Juan de Valenzuela, quien allí las había enviado a vender. Estas cuatro partidas quedaron en depósito de Fernando de Rueda, que vivía en aquel lugar.
Todavía en casa de Cristóbal Gallardo hicieron una segunda aprehensión, de 91 hogazas de pan. Dijo que eran también de Sebastián Romero. Y aún en el mismo lugar, en casa de Ignacio Fernández fueron incautadas 68 hogazas de un Antonio Carrero, panadero, que más adelante aparece identificado con el nombre de Antonio Rodríguez. Todas eran de a dos libras y habían sido amasadas con trigo de la mar de inferior calidad. Quedaron las dos partidas en depósito de Antonio Gutiérrez, vecino de la población allí mismo.
Por último, la comisión fue desde ese lugar hasta la calle de salida de la población en dirección a la capital. Allí, en casa de Antonio Toranzo, aprehendieron 25 hogazas de pan, también de a dos libras, del que dijeron los peritos que había sido amasado con trigo de la tierra, picado y de muy inferior calidad, motivo por el que olía muy mal. Toranzo explicó que se lo había llevado Alonso Pérez, llamado Zape, panadero, para que lo vendiera, y en efecto ya había vendido algunas hogazas de él a 6 cuartos, es decir, a 24 maravedíes cada una. El alguacil mayor también denunció este pan y lo puso en depósito y poder del propio Toranzo.
Al escribano todavía le quedó tiempo para ir a casa del alcalde mayor y relatarle los autos y diligencias que el alguacil mayor había ejecutado. El alcalde los aprobó e interpuso en ellos su decreto judicial. Le mandó que continuara en el ejercicio de la comisión que le había conferido, ya que él se encontraba indispuesto para hacer aquellas diligencias, y justificara si era o no perjudicial para la salud pública el pan amasado de trigo de la mar que se había aprehendido. Para que lo reconocieran nombró a Andrés Tapia y Francisco Paredes, los mismos panaderos y peritos inteligentes que ya habían actuado en la inspección. Cuando aceptaran y juraran el reconocimiento, una vez que lo hicieran, comparecerían a declarar lo que resultara. Explicarían las razones por la cuales el pan aprehendido era de mala calidad [sic] y de dónde le provenía esta condición.
Hechos el reconocimiento y la declaración de los dos peritos, se presentarían a los médicos don Bernardo Luis Oviedo, de 33 años, y don Bernardo Francisco Oviedo el menor, de 73 años [sic], titular de los reales hospitales y ejércitos, de la familia de la reina, que residían en la población, a quienes el alcalde mayor había decidido nombrar para que, haciendo experimento con el pan aprehendido, depusieran sobre su malignidad, en caso de que la tuvieran, y sobre los perjuicios que pudieran seguirse a la salud pública, si se comiera, con la mayor expresión y claridad. Cuando así fuera ejecutado, los autos deberían llevarse ante él para en su vista proveer.
El escribano, sin que aún hubiera terminado aquel largo 3 de junio, notificó las decisiones del alcalde al alguacil mayor y a los panaderos peritos, quienes aceptaron y juraron, y a don Bernardo Francisco Oviedo y a don Bernardo Luis Oviedo, los médicos, sus nombramientos para el reconocimiento del pan aprehendido, que igualmente admitieron, juraron y firmaron.
El alguacil, acompañado por el escribano y los dos peritos nombrados, asistidos por diferentes ministros de justicia, pasaron a los lugares donde estaba depositado el pan aprehendido. Los peritos lo fueron reconociendo, probando y partiendo en presencia del escribano. Así actuaron con el que habían aprehendido en la segunda inspección, y lo mismo con el que estaba en depósito después de la primera, con expresión de todos los amasijos de cada uno de los panaderos que constaban en los autos. Hicieron el reconocimiento a su buen leal saber y entender. El escribano lo puso por diligencia y los dos peritos no firmaron porque no sabían. El alguacil mayor, ante el escribano, les tomó juramento, y dijeron haber reconocido el pan aprehendido y ofrecieron decir la verdad. Y este fue su dictamen.
Once de las partidas eran de mala calidad. El pan, según su olor y sabor, demostraba que el trigo de la mar con el que se habían amasado las respectivas hogazas era muy inferior, podrido y dañino para quien lo comiere, por lo que no se debía usar de él para la alimentación. La partida de 25 hogazas aprehendida en casa de Antonio Toranzo, durante el último reconocimiento, amasada por Alonso Pérez, alias Zape, con trigo de la tierra de inferior calidad, de aspecto muy añejo, era aun de más mala calidad que el de la mar, como de él se demostraba. Estaba podrido y había sido sacado de silos donde en gran parte se había cargado de humedad.
Solo la partida de 4 hogazas, depositada en casa de Fernando de Rueda, durante la segunda inspección, que se estaban vendiendo como de Javier Rodríguez, no era de mala calidad. En cuanto a la partida de 27 hogazas aprehendida en casa de José Carrera, durante la primera, y depositada en Manuel Ibáñez, que procedía de la panadera María de la O, aunque amasada con el trigo de la mar, no era de tan inferior calidad como las otras. Era cierto que estaba prieto pero no tenía tan mal olor y tan baja calidad como las demás, por lo que se podía comer sin el riesgo que las otras tenían.
Al día siguiente, 4 de junio, ante el alguacil mayor, comparecieron los dos médicos. El alguacil, ante el escribano, les tomó juramento. Lo hicieron y ofrecieron decir la verdad en lo que se les preguntara, y fueron interrogados sobre el reconocimiento del pan aprehendido que habían hecho.
Dijeron que el día anterior habían reconocido una porción de pan cocido de hogazas de a dos libras, y que habían visto el dictamen de los panaderos nombrados para este caso, quienes habían afirmado que el pan estaba amasado con trigo corrompido, tanto el de la tierra como el de la mar, como lo demostraban sus malos olor y sabor, que patentemente se manifestaban. Bajo este supuesto, los médicos afirmaban que el uso de este pan para comer era muy pernicioso. De él podía resultar gravísimo daño, como una epidemia o peste, puesto que el aire y los malos alimentos eran las dos causas principales de semejantes tragedias. Entre los alimentos, la causa más principal, como más común, era el pan. Era cuanto de su parte podían manifestar, en cumplimiento de sus obligaciones, y así lo decían.
Suplicaban, en consecuencia, que se hiciera celar e impedir semejante introducción y uso, en lo que se interesaba la causa de Dios y la común, y la buena administración de justicia por su responsable por dos títulos, como padre de la república y como individuo. Como tal le podía alcanzar como al más pobre, teniendo como tenía a sus puertas los ejemplos de Antequera y Málaga, que podrían haber provenido de la misma causa. Así lo sentían y declaraban, bajo el juramento que tenían hecho, y lo firmaron. A continuación, el escribano fue a las casas del alcalde mayor y le dio cuenta del estado de los autos y diligencias en curso. Los aprobó e interpuso su autoridad y decreto judicial, mandando que se hicieran presentes los autos, para en su vista dar las providencias que correspondieran.
El 7 de junio el alcalde mayor, porque actuaba como juez en estos autos, mandó que por el término de una audiencia, que se les señaló por último y perentorio, se diera traslado de ellos a todos los panaderos a los que constaba habérseles aprehendido pan amasado con trigo de inferior calidad; para proveer con lo que dijeran o no, pasado que fuera el plazo, en vista de los autos.
El escribano lo notificó a cinco de los encausados: Antonio Carballido, Cristóbal Navarro, María de la O, Sebastián Romero -por dos partidas- y don Juan de Valenzuela en sus personas, a quienes apercibió de su efecto. Al día siguiente, 8 de junio, el escribano cumplió con la notificación a otros dos panaderos, Lorenzo González y Juan Palomo, en sus personas. Y al otro día, 9 de junio, el escribano notificó el auto en cuestión a Juan Martínez y Antonio Rodríguez, antes identificado como Antonio Carrero, panaderos, en sus personas, a quienes apercibió de su efecto. Después, el escribano sacó memoria de los panaderos que faltaban por notificar y la entregó a Tomás de la Reguera, portero del cabildo, para que los citara. Entre el 9 y el 10 de junio este cumpliría con el encargo que se le había hecho, y el 10 compareció ante el escribano diciendo que había citado a Francisco Santana, Javier Rodríguez y Alonso Zape en casa de cada uno de ellos. Pero dos días después, el 12 de junio, de nuevo depuso ante el escribano, ahora diciendo que había citado por segunda vez a los panaderos que no habían comparecido y constaban por los autos no haberse notificado. En casa de Javier Rodríguez se le había respondido que este ya no era panadero y que se había ido a trabajar a la Sierra. En la de Francisco Santana, que estaba ausente de la población y no sabían cuándo vendría, y la misma respuesta le habían dado en casa de Alonso Zape.
Decidido a acabar con estas dilaciones, para citar de nuevo a los panaderos incursos en los autos, esta vez el escribano entregó memoria, con expresión de sus nombres y apellidos, a Eusebio Martín, alguacil del municipio. El 14 de junio compareció ante el escribano. Cumpliendo con la diligencia que se le había mandado, había buscado, en primer lugar, a Francisco Santana. Habiéndose informado en la casa donde vivía, se le había dicho que no era natural de la población, de la cual se había ausentado a Guadajoz con su mujer y familia, después que se le hubiera aprehendido el pan que constaba en los autos. Había pruebas, por otra parte, de que Javier Rodríguez estaba ausente en la Sierra cardando, y decían que tardaría en volver de allí entre tres y cuatro meses. La mujer de Alonso Zape, por último, le había dicho que su marido estaba ausente de la población. Pero ofreció, luego que viniera, decirle que compareciera en las casas audiencia o en la escribanía donde se estaban tramitando los autos. Volvió tan pronto que al día siguiente, 15 de junio, el escribano le pudo hacer saber el auto de traslado proveído el día 7 al propio Alonso Pérez, llamado Zape, según y como en él se contiene, en su persona, a quien apercibió de su efecto.
El día 16 el alcalde mayor, en ejercicio de corregidor por ausencia del titular, declaró, vistas las declaraciones hechas por los peritos y los médicos nombrados para el reconocimiento del pan aprehendido a distintos panaderos. Se verificaba, en primer lugar, por las diligencias que los interesados estaban notificados, a excepción de Javier Rodríguez y Francisco Santana, de los que constaba que se habían ausentado y que, aunque había pasado el término, y mucho más del que se les señaló por último y perentorio, no habían dicho o alegado cosa alguna, por lo que estaba visto que no tenían qué responder y conocían su delito. Por lo tanto, declaró todo el pan amasado aprehendido de inferior calidad y hecho con trigo podrido, de mucho gravamen para la salud pública para quien lo comiere, y decretó que para que esto no se experimentara que todo el pan fuera deshecho y se enterrara.
En cuanto a lo que resultaba contra los panaderos, el alcalde mayor los condenó a las costas de los autos, a justa tasación, mancomunándolos en ellas, y apercibiéndoles de que se abstuvieran en adelante de amasar pan de trigo que no fuera de buena calidad, porque, si así ocurriera, serían castigados con el mayor rigor. Las costas fueron 12 reales para el juez, 93 para el escribano, 34 para el alguacil mayor, 24 para los ministros, 8 para los peritos y 1 real y 12 maravedíes de papel. En total, 172 reales y 12 maravedíes, que fueron divididos en solo ocho partes. Si tuviéramos en cuenta que los encausados habían sido doce, que dos estaban ausentes y que el pan de otros dos no se consideró completamente nocivo, estaríamos en condiciones de identificar por sus nombres a cada uno de los ocho penados, cada uno de los cuales tocó a unas costas de 21 reales y 18 maravedíes. Eso fue todo. Un proceso más serio podría haber encausado a quienes fueron los responsables de que aquellos trigos se hubieran comercializado.
El cenicero
Publicado: octubre 9, 2015 Archivado en: Daniel Ansón | Tags: historias Deja un comentarioD. Ansón
Mantengo sobre la mesa donde trabajo un singular cenicero, recuerdo de un viaje a Grecia que años atrás hizo un amigo. Es de tan buena condición que hasta allí llegó, cargado de maletas, tras horas de espera y trasbordo, llevado por el deseo de traerse en la memoria lo que su pasión por el extinto mundo antiguo le proporcionaba aquí sin causarle molestias.
Venero la pieza en su sentido recíproco. A mí no puede recordarme el país de Homero porque no lo conozco, y hechos cálculos con mis deseos de saber y la vida que me queda pronostico que raro será que alguna vez lo pise. Tampoco es mi atracción por aquella tierra tanta que mi conciencia sucumba a la vívida reiteración de un deseo insatisfecho. Reconozco en este objeto la afortunada circunstancia de que estando mi amigo afanándose en complacerse, lejos de aquí, mi vida fuese traída a su presente en el instante de generosidad de su viaje, seguro que no por enmascarar la venganza.
Es un cuenco de moderado tamaño, regular para cenicero, de la forma que bien pudiera cualquier acompañante de Isadora Duncan haber aprendido como correcta en un manual universitario antes de partir. Ingenioso hombre y emprendedor, uno de ellos abrió al pie de la Acrópolis una próspera tienda que hoy sus herederos de sangre mixta regentan, inapreciable fruto de la tierra que con su vida Lord Byron quiso rescatar para occidente.
Un pequeño pie, con la forma de un trípode, lo mantiene en alto. Bien podría utilizarlo como recogedor del tabaco calcinado o, recurriendo a mi parte más refinada, como quemaperfumes. Nunca faltan hierbas aromáticas que endulzar puedan el ambiente en el que la vida debe continuar.
Pero no es de una o de la otra forma que lo uso. Lo sostengo siempre ardiendo para verdugo. Una imperceptible llama, azul en ocasiones, incandescente roja cuando aguarda, consume con voraz oxígeno las pastillas de carbón con que lo alimento impasible. No tiene prisa. Allí espera que dicte sentencia. ¿Caerá también este papel bajo su jurisdicción?
La renta del aceite en expansión
Publicado: junio 30, 2015 Archivado en: Dimitrios Stefanopoulos | Tags: agraria, economía Deja un comentarioDimitrios Stefanopoulos
Los hechos narrados a renglón seguido me permiten perseverar en mis convicciones, sean o no tenidas en cuenta, las cargue la pasión o el resentimiento. Porque demuestran que la producción del aceite, a mediados del siglo décimo octavo, estaba ascendiendo a costa de su mejor edad, antes desconocida, una dirección complementaria a la de quien en poco tiempo resultó irreconocible a causa de las arrugas que en su rostro, marcado por tubérculos inertes, que en nada alteraron su salud, por los que emergía arrogante su aristocrática estirpe, montada sobre su nariz con gafas redondas de carey, como las de cualquiera de los supervivientes de la tragedia inextinguible, trazó el deseo salaz insatisfecho, tener que compartir su tiempo con un copartícipe que prefería entregarse a la erudición antes que a la dilecta lascivia del conyugado, que a los hombres reivindica, a las mujeres engrandece y a las generaciones que crean, por efecto de los cursos impulsados por los embates de las caderas, que con tanto poder concentra el pubis, ariete que en vanguardia acomete durante las excelsas contiendas, satisface con el beneficio alcanzado sin esfuerzo.
Era septiembre y el administrador de la vicaría, en una carta fechada el segundo día del mes, había avisado al cabildo catedralicio, a cuya obediencia quedara obligado desde que fuera investido, que el poseedor de los derechos sobre la casa colindante con la bodega del aceite que aquella institución tenía en el pueblo, por necesidad en la que había incurrido, las quería vender, y que de esta manera se podía ampliar la bodega.
Recordaba en la carta que quien le había precedido en el cargo, no una, sino varias veces había recibido órdenes para que hiciera ofertas por ella, en el supuesto de que su dueño quisiera venderla. Hacía años que el cabildo la solicitaba y ninguno de los poseedores precedentes había querido deshacerse de ella. Después, él mismo había sido distinguido con idéntico encargo, una vez más, una vez que supiera y comunicara que el responsable de la propiedad, don Andrés Bernáldez, deslumbrado por la crítica de plúmbeos libros, falto de rentas a causa del abandono de sus responsabilidades, así conyugales como de la empresa de la familia, quería liquidarla.
Sería de mucha utilidad para la institución. El diezmo del aceite de la población siempre corría riesgo, por carecer el cabildo de una bodega adecuada al volumen del ingreso, que algunos años alcanzaba hasta las 42.000 o 44.000 arrobas. Si algo así ocurría, quienes habían arrendado el cobro de la renta, que eran los que debían usar la bodega, se veían obligados a ir sacando los aceites, porque no encontraban almacenes en la población capaces para tanto volumen. Tenían que llevarlos a otros lugares, incluso a la capital, a más de 80 kilómetros de distancia, aventura itinerante que les exigía un gasto brutal. Aparte el costo de los portes, enormes a causa de las distancias, los derechos que se pagaban en la población por el aceite que se sacaba, a los que incluso estaba obligado el aceite regalado que salía, alcanzaban algo más del medio real: 12 maravedíes de arbitrios y el resto, hasta 20 reales, derechos de cada carga por despachos del escribano y el juez. Tanto podía suponer este gasto que en aquellas ocasiones, cuando el volumen del aceite a recaudar era muy grande, llegaba a disuadir a los arrendadores del empeño en las pujas para hacerse con el cobro. El resultado era que la renta era poco segura y que los afianzadores siempre corrían el riesgo de una quiebra.
En cuanto aquella casa estuviera en poder del cabildo, acabarían los problemas para la recaudación del diezmo del aceite. Derribada la cerca contigua de su bodega, quedaría unida al solar de las casas, y se satisfaría esta oportunidad, que hacía muchos años que no se podía conseguir. La casa en cuestión tenía 19 varas de largo, desde la puerta de la calle a la pared de enfrente, y 15 de ancho, incluidos los gruesos de los muros. Creía el administrador que, aun dejando sitio para un descargadero, en aquel solar se podrían instalar hasta 80 tinajas de 150 arrobas cada una, lo que supondría un total de 12.000. Sumadas a las 19.000 que ya tenía la bodega del cabildo, se dispondría de un almacén de 31.000 arrobas, capacidad que en un año de cosecha media, tal como marchaba la inversión en aquel producto, se podía necesitar.
El cabildo, como primer expediente, le ordenó que obtuviera una copia de los títulos que acreditaban la propiedad sobre la casa; y que sin demora la enviase a su procurador mayor, el hombre que en la administración de aquel episcopado, que dispersaba su empresa en todas las direcciones de la rosa de los vientos, trabajaba sujeto a la obligación de demostrar que las decisiones que había tomado el cuerpo de los sacerdotes, no tan célibes como neutros, eran al menos legales.
Tal como se le ordenara, el administrador de la vicaría remitió al procurador mayor toda documentación que sobre el asunto había coleccionado, para que informara, en caso de que se decidiera comprarlas. Con el envío, le adelantó que no parecía que los derechos sobre la casa plantearan muchos problemas, porque el dueño actual, aunque no tenía títulos de propiedad, disponía de testamentos favorables que se remontaban a más de ciento cincuenta años atrás.
Pero ocurrió algo inesperado. Murió el bueno de don Andrés Bernáldez, hasta aquel momento gestor de unos derechos familiares cuya responsabilidad detestaba, a los que había accedido por la onerosa vía ganancial. Quiso entonces el administrador, que se había apresurado a reiterar su predisposición a la compraventa, precipitar la operación, estimulando las decisiones del cabildo con un cuadro en exceso favorable. Había incrementado su ventaja haciendo que la excelente manzana fuera justipreciada por dos maestros albañiles, quienes como conclusión la habían evaluado en unos tristes 5.152 reales.
Pero lo más interesante, para el aspirante a comprador, era, según había averiguado el administrador, que la casa cargaba con dos créditos, adquiridos con la forma de los censos, uno abierto y otro cerrado, cuyos principales eran cantidades asequibles, respectivamente 1.650 y 333 reales. Como cualquiera de los intereses los cobraba un convento de la población, titulado de San Pablo y Santo Domingo, con el que el cabildo tenía todos los años cuenta y partidas que podían compensarse unas con otras, en las manos del colegio de los sacerdotes de la catedral convergían los hilos que le concedían la posibilidad de manejar la situación como le conviniera. Los cálculos por los que apostaba el administrador mantenían que a la dueña actual solo habría que pagarle 3.169 reales, la cantidad que resultaba de restarle a los tristes 5.152 de la tasación la suma de los 1.650 y los 333 de los principales pendientes, de los que le quedarían menos una vez pagada la alcabala y descontados otros gastos. Incluso contaba con que podría rebajar aún más el costo.
En su opinión, la casa estaba abocada, de todas maneras, a ser vendida porque solo el cuarto de la calle quedaba en pie, aunque amenazaba ruina; mientras que el resto, salas, alcobas, estrados, soberados, corral, cochiqueras, todo estaba asolado.
Nada más lejos de la realidad. Griselda, la viuda, heredera única, estaba más urgida por deshacerse de su pasado, cuyo relato se demoraba en una larga cadena de fracasos, que por el estado del edificio. A la solitaria dueña la atormentaban unos recuerdos que deseaba conjurar consumiendo el tiempo con un guiño por fusión irreversible. Las razones de aquella actitud quedaron al descubierto en pocos días. Según había averiguado el administrador, el poseedor de los derechos de la viuda Griselda, apenas desaparecido Andrés Bernáldez, había pasado a ser Juan Becerra, quien los había desviado en su favor con una maniobra de dudosa legalidad.
Los herederos de Griselda, una nutrida tropa de sobrinos, huérfanos demasiado pronto, tendrían que haber sido consultados para verificar la transferencia de dominio. Pero resultaron defraudados a consecuencia de las gestiones de un hábil mediador legal, de nombre Gerardo Vélez, que, anticipándose, redujo a un vendí, a favor de Juan Becerra, con el visto bueno de la irresponsable tutora berrugada, los derechos sobre el edificio, orillando los correspondientes a los herederos legítimos. Esta razón sin duda haría que el actual titular de los frágiles derechos sobre la casa se viera definitivamente urgido a liquidarla.
El administrador de la vicaría, adelantándose de nuevo a las decisiones previsibles, ya había pactado con Juan Becerra los términos de una salida por los dos deseada, puesto que su esposa, uno de aquellos sobrinos, podría representar la heredera final de aquel patrimonio, para el caso que desapareciera la tía Griselda. Si no, para asegurar el asalto en el estado actual de la transmisión de los derechos, ya había encargado una copia del frágil vendí a partir del libro de registros de la correspondiente escribanía, y había pedido al abogado, el hábil Gerardo Vélez, un informe sobre los censos cargados sobre la casa, efectivamente avalados por los frágiles beneficiarios de los sucesivos testamentos. Todos los papeles que acreditaban cualquier de estos extremos quedaron en poder del administrador, que los remitiría con el propio de rentas, el correo particular que el cabildo mantenía para gestionar sus ingresos, para que en cuanto al cabildo le pareciera conveniente le diera orden para la compra. Porque la venta, tomasen los acontecimientos cualquiera de los derroteros posibles, era cuestión de tiempo.
Era ya el 2 de octubre y para entonces todavía la oportunidad no se había consumado. El experto cabildo, en estas ocasiones, prefería esperar hasta el límite de lo posible para presionar sobre los vendedores, a los que sabía cada vez más necesitados. Para sus intereses aún quedaba tiempo. A principios del otoño la producción del aceite de la campaña en curso aún estaba a unos meses de distancia. No obstante, aquel día el administrador quiso insistir en lo que había comunicado en la carta de 2 de septiembre, y revelaba que efectivamente al dueño ya le urgía conocer la resolución del cabildo, para disponer o no de la casa. Sabía además el administrador, porque con él se entendía, que Gerardo Vélez aún terciaba en la operación, ahora con intención de obtener parte de la necesidad de Juan Becerra, cuya urgencia era más consecuencia de su deseo de trasladarse al norte con su mujer, donde su única descendencia y consuelo había arraigado, razón por la que deseaba liquidarlo todo, cortar sus raíces, abolir el rastro de su memoria. Insistió en el precio y la capacidad en que la bodega se podría incrementar ya comunicados, y ahora añadía que el costo que podía tener el plan, hasta que la casa quedara lista como bodega y en uso, unida a la principal, lo estimaba entre 25.000 y 26.000 reales, incluido el valor del edificio, que tal como había calculado sería como máximo de 5.152 reales.
El cabildo respondió al administrador el día 12 de octubre. Persistía en sus maniobras dilatorias, una vez más le solicitaba confirmación del costo de la casa. No esperó el administrador a que terminara octubre para contestar la carta del 12. De nuevo explicó que la casa había sido justipreciada por dos maestros albañiles en 5.152 reales, y que ahora estimaba que en ella se podrían instalar hasta 70 tinajas, y no las 80 que inicialmente había previsto, aunque persistía en que la capacidad total instalada podría ser de 12.000 arrobas, y arriesgaba que el costo que tendrían tinajas, materiales y mano de obra, hasta dejar la casa unida al antiguo almacén podría ser de solo 20.000 reales, porque si se adquirieran los materiales con conveniencia y comprándolos a su tiempo se podría conseguir alguna equidad. Por último, una vez más, recordaba que tanto en la carta del 2 de septiembre como en la del 2 de octubre había suplicado al cabildo, a repetidas instancias del vendedor, por la mucha necesidad que este tenía, que decidiera si iba a comprar o no.
Por fin, después de aquella carta de fines de octubre, el administrador recibió del cabildo otra del 9 de noviembre, en la que se le ordenaba la compra de la casa para la ampliación del almacén de aceite de la cilla de la población.
Decidida la operación, las preocupaciones del cabildo se concentraron en asegurar la cantidad que tenían que percibir los dueños, los escuetos 3.169 reales, la cantidad que resultaba de restarle a los tristes 5.152 de la tasación la suma de los 1.650 y los 333 de los principales pendientes, de los que por cierto asimismo sería necesario redimir el censo abierto. Con el fin de garantizar el pago de la cantidad comprometida, el cabildo ofreció como hipoteca tres partes de una casa que tenía en la misma calle donde estaba su bodega.
En cuanto a la ejecución de la obra, al cabildo todavía le había parecido mucho los 20.000 reales en los que al administrador la había valorado, aunque reconocía que solo en las tinajas de 12.000 arrobas de capacidad sería necesario gastar 12.000 reales, a real cada arroba, forma entonces regular de tarifar los envases de cerámica. Por eso había decidido que para materiales, mano de obra y madera, que era lo de menos, quedaran los 8.000 reales restantes.
El administrador inmediatamente respondió que efectuaría la compra, y se comprometió a informar sobre cómo se fuera ejecutando el nuevo plan para la ampliación de la bodega.
Segunda batalla de Hímera
Publicado: junio 30, 2015 Archivado en: Cosme Pettigrew | Tags: Batallas Deja un comentarioCosme Pettigrew
Tras desembarcar en Sicilia, avanzaba el ejército cartaginés hacia el este organizado en cuatro divisiones. Una tras otra marchaban y entre ellas guardaban el intervalo que exigía la prudencia. Amílcar, el comandante de las tropas, protegido por su guardia personal, iba al frente de la primera división. Nada se le oponía a su paso. Se desplazaba por la línea próxima a la costa y, a través de las vías naturales que los lechos de las corrientes abrían, al mes del comienzo de la expedición ya estaba con sus hombres en el valle del Hímera, donde juzgó que las condiciones eran las más favorables a su proyecto, y se detuvo. Desde la posición que su ejército ocupara podía verse, al otro lado del cauce, la ciudad conocida con el mismo nombre que el río.
Al campamento que había instalado en aquel lugar dos exhaustos soldados llegaron, ambos como los griegos equipados, quienes declararon ser desertores del ejército de Gelón, del que revelaron dónde aguardaba a sus adversarios, las armas en pabellón, las caballerías almohazadas, él mismo espectador de todos los movimientos. Los enemigos a los que Amílcar quería derrotar, aseguraron, estaban todavía a unos ciento sesenta kilómetros al este, en las proximidades de Mesina.
Confiando en aquella información, aceptado el desafío de la oportunidad, llevado por el deseo de aprovechar la ventaja que inesperadamente había adquirido, optó el cartaginés por atacar la estratégica ciudad que tenía frente a sí, primera entre las de aquella costa. Ordenó que todo el ejército cruzara el río desde una orilla a la otra, sin pérdida de tiempo, sin esperar a que las cuatro divisiones del cuerpo expedicionario que dirigía estuvieran reagrupadas, a pesar de que durante aquella operación cada una de ellas, cuando recorriera el valle, quedaría durante algún tiempo al descubierto. La premura por aprovechar la ventaja adquirida por la delación permitía sacrificar la mutua protección que los cuerpos de su ejército debían darse.
Eligió Amílcar Trabia como lugar adecuado para abordar el río, una posición al noroeste de la urbe fortificada que pretendía rendir, también idónea para instalar al otro lado su campamento. Mientras que la primera división ya atravesaba la llanura más allá de la orilla opuesta, una vez cruzado el vado, la segunda a punto estaba de pasarlo. Las otras dos avanzaban mucho más al oeste, tanto que en aquel momento, desde la posición elegida por el comandante de la tropa, ni se divisaban todavía. La prudencia que la contienda por momentos próxima recomendaba fue sin embargo preterida.
La primera división se detuvo en el lugar previamente elegido para acampar. Estaba el general aguardando a que llegaran las divisiones restantes, para ordenarlas para el combate y emprender a continuación el asalto, cuando de nuevo fueron capturados dos espías, esta vez siracusanos, en las proximidades del sitio donde ya se levantaba el campamento cartaginés. Era la primera hora de la tarde, cuando el sol quema los cuerpos y las alimañas buscan refugio bajo las piedras. Torturados a palos, revelaron informes inesperados y alarmantes. Tras haber reunido un poderoso ejército, reclutándolo por toda la isla, Gelón lo había concentrado al otro lado de Hímera, al sureste y por debajo de su cota, y allí oculto aguardaba los movimientos que Amílcar ordenara.
Reprendió severamente el general cartaginés a los oficiales encargados de la exploración del campo, que tan mal le habían servido, pero no tuvo más que afrontar con decisión y premura el inesperado y desfavorable cambio de los acontecimientos. Ante la amenazante posición del enemigo, que auguraba un inminente enfrentamiento, urgió a su comandante y a otro mensajero, en veloces corceles subidos, para que fueran en busca del resto de las tropas cartaginesas. Debían apremiarlas a que avivaran su avance.
Con un sorprendente dominio de sus movimientos, sabedoras con toda probabilidad de que habían sido descubiertas, las tropas siracusanas modificaron su posición al sur de la ciudad, y sin pérdida de tiempo tomaron la iniciativa. Cruzaron el río por otro vado, por debajo del que estaban utilizando los cartagineses, y de esta manera envolvieron y cortaron la llegada de la segunda división, a la que atacaron. No estaba preparada para hacer frente a enemigo alguno, marchando aún sobre las aguas como estaba, aun avisada de la proximidad del siracusano que estuviera.
Observaba Amílcar, desde el alto que había elegido para dirigir los movimientos de las tropas, las acosadas y las enemigas, ya subido en su caballo y con sus armas prestas. Ante sus ojos, la segunda división estaba siendo fatalmente castigada por el flanco descubierto y en desorden huía hacia el campamento que el general guardaba. Sombrío, en silencio, meditaba el fatal desenlace que sobrevendría de no cambiar el signo de la contienda. No tuvo más que precipitarse en la desigual batalla de la que hasta entonces solo espectador era. Sin perder un instante, su guardia personal siguió sus pasos y secundó sus heroicas acciones. Frente a ellos se batían dos mil quinientos jinetes siracusanos, entre los que consiguieron abrir brecha.
Desprotegido el campamento cartaginés a causa de esta precipitada acción, detenida la división que llegaba antes de alcanzarlo, quedó aquel a merced de las tropas enemigas. Mas no supieron aprovechar la ventaja que así se les ofrecía. Demoraron en exceso el comienzo del saqueo. Cuando por fin lo decidieron, un inesperado contingente de reclutas cartagineses, procedente de la costa de Panormo, al noroeste, las sorprendió.
En el transcurso de la refriega imprevista se hizo visible a los combatientes un hombre con apariencia y equipo de campesino, al que una parte de ellos, a la que debió parecerle familiar, empezó a llamar Hannón. Carecía de las armas que a los infantes distingue, y en su lugar manejaba con una destreza inusual un arado, tomado por la esteva, ahora trazando círculos a su alrededor, que impedían a los enemigos acercársele, ahora blandiéndolo como una poderosa maza. Tras deshacerse, gracias a tan infrecuente manejo del artefacto, de muchos enemigos, a los que ultimaba hundiéndoles la afilada reja en el pecho, de la misma imprevista manera que había comparecido desapareció.
Tras tan oportuna intervención, aun cuando los siracusanos habían terminado por penetrar en el campamento cartaginés, de ningún modo consiguieron destruirlo, menos aún convertir en victoria lo que de antemano podía haberse asegurado que un éxito sería. Al contrario, la lucha abierta en la llanura se prolongó durante varias horas, y la batalla se estuvo decidiendo entre los dos cuerpos de caballería enfrentados, mientras Gelón contemplaba la escena desde lejos, incapacitado para socorrer a los suyos, con rostro sereno, solo por el orgullo del que el soldado se nutre mantenido.
Finalmente, los cartagineses vencieron. Los siracusanos que no habían sido muertos fueron desplazados hacia el cauce del Hímera, y con él a sus espaldas cercados. Del resto de hombres que sobrevivía, parte conservada de los dos mil quinientos jinetes que la batalla habían iniciado, un buen número pereció ahogado en las aguas del río. Muchos fueron los valientes guerreros de Siracusa que dejaron la vida en el transcurso de aquella batalla. Tan abnegados llegaron a ser que tales héroes recibieron, como reconocimiento de sus encarnizados enemigos, que su memoria fuera conservada por el único relato posible de la jornada, para que la posteridad supiera de su arrojo y los tuviera por legítimos dueños de la gloria.
Las pérdidas cartaginesas no fueron menos graves. Pero los textos han silenciado cualquier nombre distinto al de Hannón, héroe de aquel imprevisto encuentro. Como su comparecencia, su empleo y hasta su desaparición militaban a favor de un prodigio, los cartagineses acordaron consultar a los dioses por tan singular contribución a su victoria. Nada quisieron responderles sobre la portentosa personalidad de quien algunos habían llamado por aquel nombre, el más rudo de los combatientes hasta entonces visto por los cartagineses. Pero les ordenaron que en lo sucesivo, mientras Cartago sobreviviera, lo honraran como héroe.
Canaán
Publicado: junio 25, 2015 Archivado en: Recopilador | Tags: constitución Deja un comentarioRecopilador
Hay que reconocer que quienes con generosidad inmolan su esforzada vida activa para acrecentar cuanto pueda saberse sobre la antigüedad anterior a la invención de la escritura trabajan con escasísimos medios de enjuiciamiento. El principio de autoridad, en muchas ocasiones, cuando deben conjeturar, se les impone, antes incluso de que estén en condiciones de accionar criterios propios que les permitan llevar a otro lugar sus propias observaciones. La fortuna previsible para las teorías del admirable Gordon Childe puede ser a este propósito una excelente lección. Es el autor de las ideas sobre el neolítico que ya deben ser consideradas patrimonio de la cultura humana en absoluto. Mas están fundadas en principios del comportamiento humano que casi excluyen la inteligencia del ser racional, y en generosas cronologías que ni aun fundadas en los más flexible criterios geológicos pueden ser tan titánicas. Llegará el día, si es que no ha llegado ya, en que tales frágiles principios quiebren, no obstante ser encomiable su resultado teórico, y seductora su lectura.
Pero, sin discutir el fondo de esta teoría, para comienzos del tercer milenio desprendimientos del supuesto tronco común semita ya consumados, así como los movimientos autónomos de los grupos independizados, son dados por seguros dos. Se sostiene aún de modo que en lo fundamental no es discutido que fue el de los acadios el primero, precisamente. Luego también habrían emprendido su inevitable marcha del grupo original, como el hijo que ha crecido y del padre debe separarse, los amorritas, que durante el tercer milenio están ya asentados en Siria, para luego al menos en una parte aventurarse en una incursión por la región de los dos ríos, la misma que les habría llevado nada menos que a innovar su geografía con la fundación de Babilonia, hecho de cuya trascendencia sin embargo no debe juzgarse por lo que tiempo después ocurra. De lo contrario podría incurrirse en abusos como el que justamente perseguimos.
Para proporcionarse estado de certeza, quienes han tratado del origen de estos pueblos y de sus movimientos solo la información escrita han tenido por ahora como autoridad, porque siendo la más precisa ha sido el criterio de la lengua el que hasta aquí se ha usado para aprobar la segregación con identidad propia de unos y otros pueblos. Y ocurre que la información escrita, para aquel momento, y aun para casi todo el tercer milenio, está concentrada en el área cultural sumeria, la zona en general correspondiente a la baja Mesopotamia, porque de allí es originaria la escritura. A lo largo del cuarto milenio había sido creado en Mesopotamia un sistema de contabilidad que terminó dando origen a la escritura. Pictográfica en un primer momento, cuya fecha se puede estimar hacia 3200, a finales de aquel milenio alcanzaría el estadio de la escritura fonética, el que permite que los signos copien la lengua. A partir de entonces fue posible dejar constancia del objeto de una transacción no solo mediante su imagen, sino también mediante su desdoblamiento como nombre; y otros nombres, y verbos, y hasta expresar ideas completas consintió. Cupo también a Uruk la fortuna de ser el lugar donde tuvo su origen la escritura que con el tiempo sería llamada cuneiforme.
Como es indiscutible que la lengua acadia es la primera versión escrita de la lengua sumeria, a su vez la primera que fue puesta en cuneiforme en Mesopotamia, ha sido establecido como algo cierto que los acadios, que sin duda son grupo independiente porque toman su nombre de una ciudad que no puede ser más que un hecho de población separado, como dejan rastro de una lengua con seguridad semita, tuvieron que ser los primeros desprendidos del supuesto tronco común que hasta entonces sería aquel pueblo; imagen del árbol injertada con avisada previsión para la posterior lección demostrativa del parentesco entre las lenguas que genéricamente así son llamadas. Es un orden supuesto para los hechos que está basado en una abusiva aplicación retrospectiva de un acontecimiento, porque la consecuencia extraída no mantiene ninguna relación de necesidad con la premisa. Otro medio para precisar el origen de los semitas en la región de Mesopotamia debiera ser usado, porque el de la escritura, que es cierta cuando es leída, no es por sí concreta precisión del tiempo. Al contrario, es natural propiedad de lo que escrito queda pasar el tiempo.
Una derivación de la existencia del acadio, de cuyo interés habrá ocasión de juzgar según vaya siendo necesario desplegar cada explanación que el dilatado problema de las prácticas del tofet exige, es otro hecho que sí está legítimamente fundamentado. Palestina empezó a ser en parte una porción del mundo semita a fines del tercer milenio porque también fue comunicada con la cultura escrita a través de aquella lengua. Ya sabemos que es probable que estuviera en el mundo de la escritura jeroglífica desde antes, aunque testimonios decisivos, como en el caso de Biblos, no haya. La proximidad lo permitiría y habría que tomarlo por una consecuencia esperable en un mundo en el que mientras las relaciones fueron con preferencia terrestres tenían que ser lentas. Pero probablemente la recepción de la escritura jeroglífica fuera en Palestina más casual y exógena que en este otro caso. En aquella región han sido encontradas tablillas escritas en lengua acadia en estratos con seguridad fechables en los tiempos de los que ahora hablamos, de modo que como juzgamos correcto es el yacimiento el que proporciona la seguridad cronológica y no la escritura.
De ahí han sido extraídas consecuencias sobre el poblamiento semita de Palestina que, si bien tampoco son definitivas, sí están sostenidas sobre la base cierta del testimonio escrito bien datado. La deducción que a continuación presentamos, siempre que se mantenga en los límites de lo posible y no sea argumento al servicio de la exclusión de otras gentes que pudieran haber poblado aquella tierra, es admisible. Puede en consecuencia aceptarse como algo adecuado la denominación Canaán, desde 2100 como muy tarde, para la mayor parte del territorio de Palestina. Aceptar así determinada tradición literaria, si bien puede que no sea del rigor que guste, no estorba al fin propuesto, y tiene la ventaja de que separa con una palabra distinta para el texto, no tanto lo que pudo ser un cambio en los acontecimientos, sino un tiempo nuevo. Por la misma razón también debe ser admitido que para entonces ya allí podían existir habiru o apiru, apelativo étnico que bien podría serle adjudicado a aquella parte semita de la población palestina, y que muy probablemente pudo dar origen a la palabra hebreo de los textos que tienen su origen en la literatura sagrada. El nombre Israel, que por ahora relación cierta ninguna mantiene con cualquiera de los asuntos de los que estoy hablando, solo es conocido como nombre individual durante el tercer milenio en Ebla.
De nuevo sobre Mlk
Publicado: junio 12, 2015 Archivado en: Calixto Alencar | Tags: constitución Deja un comentarioCalixto Alencar
Aunque los textos de los monumentos funerarios cartagineses sean lacónicos, el análisis filológico se las ha ingeniado para apurar la información que contienen. Entre los estudiosos que han llevado al límite tan hermética colección textual, destaca Paul G. Mosca, especialista en epigrafía púnica. Docente a principios de los noventa en la universidad de la Columbia británica, escribió una tesis, que presentó en Harvard en 1975, a la que puso por título El sacrificio infantil en la religión cananea e israelita: un estudio sobe Molk y MLK. En ella estudió las inscripciones de las estelas de los tofets, aprovechando la feliz circunstancia de que a partir del siglo cuarto el material epigráfico que suministra la arqueología es muy abundante. Una insistente fórmula votiva, asociada al criterio de cantidad, se vuelve así un precioso aliado que permite nuevas conclusiones. Su radical importancia deriva, además, de que por primera vez intentó reunir en un solo análisis todas las tradiciones textuales supervivientes, las clásicas pero también la púnica rescatada, y con él dar respuesta concordada a los principales problemas que plantea la arqueología de Cartago.
En su opinión, lo que tiene mayor interés para avanzar en el conocimiento de los ritos del tófet es la lectura acertada de los tipos de ofrenda, según los nombres que para ellos usan las inscripciones. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, antes de pasar examen a la galería de interpretaciones, que cualquiera de las lecciones que se han ensayado parte de que era un sacrificio el principal acto del rito. Semejante punto de partida no debe considerarse una realidad demostrada, ni por tanto las lecturas de esta parte de los textos definitiva. En conjunto, las fórmulas solo evidencian que existieron ritos privados, cuyo sentido exacto se nos escapa, fijados en monumentos que se presentan como ofrendas individuales y se justifican como don, regalo, promesa o prestación a cambio de una gracia recibida. Pero nada más.
La lectura más llamativa, y de más gravedad en relación con los ritos de los tofets, ha sido la de la palabra molk, leída con un significado muy comprometido. Parece que la palabra solo es usada en el tófet de Cartago, donde aparece con la epigrafía de los monumentos funerarios, aunque la palabra molk es mencionada con frecuencia en el Antiguo Testamento. Por eso fueron los filólogos de la Biblia los que tomaron la iniciativa. Vocalizaron mlk, según la tradición admitida, moloch, y aplicaron a su interpretación, antes de que decidieran sobre el sentido definitivo de la palabra, lo que dice el texto sagrado. Que los judíos antiguos, en ciertas épocas, discontinuas y de distinta duración, adoraban a una divinidad extraña a la religión de Yavé, el dios que en el texto recibido es llamado Moloch. Así impusieron un significado, el que fue durante siglos aceptado por razones únicamente basadas en una autoridad ahora sagrada.
La posibilidad de que mlk no fuera el nombre de un dios fue por primera vez avanzada en los años treinta. Eissfeldt demostró entonces, de modo inapelable, que la lectura moloch era consecuencia de un error de interpretación. Paul G. Mosca recuperó esta idea de Eissfeldt y añadió que, al menos desde el punto de vista púnico, y a juzgar por las inscripciones del tófet, es seguro que la palabra mlk no designa a un dios sino un rito de sacrificio. En su opinión mlk, que ahora vocalizaba molk, había que interpretarla como la expresión reservada al acto del sacrificio. Hay quien ha llegado más allá y ha afirmado que en la lengua de las inscripciones votivas molk es desde luego una modalidad de sacrificio, pero no una modalidad cualquiera, sino el sacrificio por antonomasia, es decir, el sacrificio de la víctima humana. Pero esta conclusión, si nos atenemos a los límites del testimonio filológico, es excesiva. Como réplica hay quien ha interpretado que mlk es sinónimo de mtnt, una palabra que también aparece en las fórmulas de las inscripciones votivas, y que ambas solo significan don u ofrenda.
Lo más aceptable de todo parece que la sola palabra mlk sea raíz indicativa de solo sacrificio, sin nada que denote modalidad, tal como puede conjeturarse por ejemplo a partir de la expresión mlk´mr, que en seguida analizamos. También podría aceptarse como interpretación que en el rito de base mlk la víctima sería sacrificada a la divinidad destruyéndola con fuego. Ese sería el significado estricto de la palabra mlk. La conclusión, tan aceptable como vigencia tenga esta lectura, es obligada: el ritual de los tofets incluía al menos un sacrificio del tipo holocausto.
Parece que la fórmula que se expresa mlk´mr hace referencia a un sacrificio de sustitución en el que la víctima es una oveja, aunque con más exactitud tal vez sea la ofrenda de un cordero. Claro que otros simplemente afirman que en la lengua de las inscripciones mlk´mr es el sacrificio de la víctima de sustitución, sean los que fueren sustituido y sustituto. O ni aun eso, que mlk´mr puede expresar el sacrificio de un cordero con el fin de cumplir un voto.
En todo este laberinto de opiniones parece reflejarse la duda de los arqueólogos, porque también los arqueólogos meditan si había sustitución o no, cómo y cuándo. Puede que por prudencia los filólogos hayan respetado el rastro de sus hermanos más atrevidos, que en estos problemas va marcándoles el camino que deben seguir. Pero también se aprecia la huella de la retrolectura, de estirpe filológica pura. Puede demostrarse que mlk´mr fue vocalizado molchomor en latín.
En las estelas de Ngaous, en Argelia, puede leerse por ejemplo “sacrum magnum nocturnum molchomor”, en una expresión cuya referencia al ritual de sustitución no es puesta en duda por nadie. Del texto se deduce que el sacrificio de sustitución se celebraba de noche y, además, que el molchomor incluía víctimas tales como corderos y cabras. También es seguro que una ofrenda morchomor era lo mismo que una molchomor y que ambas se resumen en la expresión latina agnum pro vicario. Porque también en las inscripciones votivas de Ngaous se alude a la víctima morchomor con expresiones del tipo vita pro vita, sanguine pro sanguine o anima pro anima.
El acierto es en este caso indiscutible. La lengua latina actúa como medio de verificación de la lectura del texto semítico. Pero hay que advertir que el tiempo al que pertenecen las expresiones en latín es posterior al 146 anterior a la era, y que por tanto se refieren a un ambiente que no es propiamente púnico. La retrolectura que alcanza hasta la Cartago de la plenitud incluiría el supuesto de que los ritos sobreviven al arrasamiento romano.
Como también son conocidas las tarifas púnicas de los sacrificios de animales, se pueden leer con la intención de verificar si la interpretación de la palabra compuesta mlk´mr es correcta. Los textos de las tarifas fueron escritos para clavarlos a la entrada de los templos o de los recintos sagrados. Los sacerdotes y los oficiantes del culto informaban con detalle de los precios de cada ofrenda animal, que podía ser de buey, carnero, cordero, pájaro y otras aves, así como de piezas fruto de una cacería. Explicaban los distintos ritos del sacrificio y advertían sobre las normas a tener en cuenta para el reparto del sacrificado animal entre la divinidad, el sacerdote y quien lo ofrecía. El oferente podía consumar el sacrificio por su propia mano. Si ejecutaba el donante, el sacerdote percibía una parte proporcional de la víctima, pero si además intervenía la parte de la ofrenda que recibía era mayor. De este modo se aseguraba la existencia de la clase sacerdotal y de los oficiantes de los santuarios, además de sus rentas y subsistencias. Al mismo tiempo, se conseguía que la comunidad de los creyentes fuera parte activa del culto, si lo deseaba.
Las tarifas conocidas se remontan a los siglos cuarto y tercero anteriores a la era. Lamentablemente nada dice la literatura especializada sobre si en sus textos se recurría, para referirse a ciertos sacrificios de animales, al giro mlk´mr. La llamada tarifa de Marsella seguramente procede de Cartago. Cita por orden de estimación descendente los animales aptos para el sacrificio: bueyes, terneras, ciervos, carneros, machos cabríos, corderos, cabritos, cervatillos y pájaros. También admite las ofrendas de granos y las libaciones de aceite o leche. Se puede fechar hacia el siglo tercero anterior a la era. En ella está prescrita la parte de la víctima que corresponde al sacerdote y la que está a disposición del oferente, y precisa el estipendio que quien hace la ofrenda debe dar por el sacrificio.
Menos seguras son las lecciones de otras palabras que el propio Mosca patrocina, aunque no menos interesantes. Mlk b`l expresaría ofrenda en lugar de un lactante. De ser exacta, habría que aceptar dos cosas: que un lactante podía ser el objeto principal de ciertas ofrendas y que efectivamente se practicaba la sustitución. Mlb´ba´al designaría la ofrenda hecha por un noble, cuyo objeto sería un niño procedente de familia aristocrática, mientras que la expresión mlk adam, que no aparece en Cartago, aunque sí en el tófet de Constantina, en Argelia, designaría el sacrificio de un niño salido del pueblo.
Más allá de las consideraciones sociales, a las que se prestan los dos últimos giros, lo más importante es que concuerdan con los análisis óseos, aunque sea en la parte más obvia. Sobre todo la lectura de la expresión mlk adam sería consecuente y demostrativa de que los niños podían ser sacrificados. Aceptado que la raíz mlk indica holocausto y que lo que aparece enterrado con mayor frecuencia son huesos de niño, lo que por el texto se declara es concluyente. Alguno de los estudiosos de las inscripciones del siglo cuarto anterior a la era descubiertas por Icard y Gielly en el tófet de Cartago reconoce en ellas la declaración de los sacrificios de niños.
El valor del ganado
Publicado: junio 5, 2015 Archivado en: Dámaso Pérez | Tags: historias Deja un comentarioDámaso Pérez
1. Un apólogo cuenta que los vecinos de Nauplia, resistiéndose a caer víctimas de innobles prejuicios, ya en la alta antigüedad habían elevado al asno a la condición de héroe civilizador.
Poco después de establecerse donde pudieron crear la colonia, la misma que con el tiempo daría origen a una ciudad, la suya, un animal de esta clase se había comido uno de los sarmientos, por ellos plantados, ateniéndose a las obligaciones que habían aceptado al radicarse.
La consecuencia del meditado acto fue que el fruto que de la vid mordida se obtuvo fue el más abundante, por lo que decidieron tallar un burro en una roca, a una altura que lo hiciera ostensible a cualquiera que se acercara a sus tierras. Así conmemoraron que había sido un sufrido animal de la condición más modesta, y no un hombre, el que les había enseñado el secreto de la poda.
2. En un altar dedicado a Zeus Polieo, levantado en Atenas, haciendo ostentación de una radical renuncia, cada año sacrificaban bueyes; nada extraordinario, porque muchos más, en muchos más lugares, antes y después, prescindían de esta parte del patrimonio del campo solemnizando su gravosa pérdida con el énfasis de los ritos. Lo peculiar de aquel sacrificio era que apacentaban y guardaban los bueyes, desde su nacimiento patrimonio público, solo para destinarlos a tan sagrado y trágico fin. Las ventajas civiles que las antiguas liturgias obtenían de la acertada elección de las piezas que por las representaciones las dramatizaban habían recomendado que al presupuesto de las polis fuera cargado tan extraordinario costo.
Para demostrar que nadie tomaba más responsabilidades que las imprescindibles, habiéndose consolidado tan especial manera de liquidar el capital común, consumaba el sacrificio un sacerdote, por el destino elegido para aquella clase de muertes, sirviéndose de una segur. Tanto era el pesar que sobre su conciencia cargaba el terrible acto que, en cuanto había degollado con un tajo al animal, arrojaba el hacha y huía. Sin pérdida de tiempo, los otros sacerdotes del templo, que por afinidad se creían cómplices de la culpa, secuestraban el arma con la que se había consumado el criminal rito.
Para encubrirlo, puesto que había sido objeto de un fatídico designio, como el que ensombrece la conciencia cuando se extingue la voluntad, la existencia de los derrotados, el valor de la memoria transmitida a los herederos, el de los elegidos para que formen el pelotón que ha de fusilar a Daniel Hidalgo, a continuación, no hallando a quien declarar responsable de la versión de la sangre que sobre las losas fluía incontenible del cuello abierto de la res, delegaban sus responsabilidades al juicio del Pritaneo, el tribunal que los atenienses tenían reservado para sustanciar los procedimientos contra las cosas inanimadas, para que juzgara al hacha con la que se había consumado la dolorosa renuncia a la vida útil.
Con el deseo de autorizar tan sorprendente manera de proceder, explicaban los atenienses que, reinando entre ellos Erecteo, príncipe de la Acrópolis, se había creado el precedente, una vez completado el primer sacrificio de este tipo en el mismo altar. Un sacerdote ejecutor, elegido por sorteo, satisfecho el dispendio, acosado por sus remordimientos, había arrojado tras de sí el hacha, y no solo había desaparecido, sino que había decidido humillarse con el exilio más distante. Abandonada el arma fatal, responsable directa del crimen cometido, había sido juzgada y, a la vista de los hechos, relevada de toda culpa y absuelta.
3. En la Hermíone griega todos los veranos celebraban una fiesta en honor de Deméter Ctonia, dispuesta a representar, con su sorprendente despliegue de medios, la falta de vigor del ganado bovino. Formaban una procesión que llegaba hasta su santuario, a cuya cabeza iban los sacerdotes y los magistrados anuales, y tras ellos mujeres y hombres en abundancia tal que podían representar a toda la ciudadanía. También formaban parte de la procesión inocentes impúberes, vestidos de blanco y coronados con ramas de cosmosándalo entretejidas. Cerraban el cortejo varias vacas jóvenes, elegidas aún bravas y silvestres, a las que unos servidores del templo arrastraban sirviéndose de cuerdas a las astas sujetas. Cuando llegaban al templo, cuyas puertas los aguardaban abiertas, desuncían de sus cuernos las coyundas que dominaban a la primera, y la vaca, al sentirse libre, se precipitaba a la naos. Las puertas del templo se cerraban en cuanto los conductores estaban seguros de que el animal ya no saldría.
Allí, posadas en sus sedes, engalanadas y provistas de los medios para el holocausto, la aguardaban cuatro frágiles ancianas, entre las que durante la víspera ellas mismas habían sorteado la que debía sacrificar la vaca que abría el desfile. La elegida por el destino la recibía con una hoz de bruñido bronce en la mano, versión solemne de la misma afilada hoja que todos los años proporcionaba los frutos cuando ponía fin irreversible a las vidas. Con ella debía cortar la garganta del animal que era decisivo para cobrar una cosecha generosa.
Nadie supo jamás a qué artes recurría la anciana para someter a la vaca. Pero lo cierto es que, a continuación, los servidores del templo de nuevo abrían las puertas, y encontraban sangrante y muerto al animal, las venas del cuello expandidas y aún latiendo, y a la anciana impasible, sentada entre sus semejantes, apenas su vestido marcado por un rastro de la sangre vertida.
Después, del mismo modo procedían con una segunda, una tercera y hasta una cuarta vacas, y del lado que hubiera caído la primera debían caer las demás, cada una irrecuperable, cada una a manos de una de las ancianas, que por turno iban consumando su hado.
En tanto estimaban a las abnegadas sacrificantes, sacerdotisas de las debilidades de los bóvidos, que en su favor erigían estatuas conmemorativas que las retrataban, para que ante el templo conservaran la memoria de sus arrestos. Quienes las consagraban, en los epígrafes que celebraban sus virtudes, reconocían que el objeto más venerado, de los cientos que el recinto sagrado conservaba, raíz de sus poderes, solo las ancianas sabían cuál era.
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