La crisis del ganado

Redacción

En 1750 la parálisis agraria no solo tuvo efectos negativos para los granos y las semillas. Las fuentes señalan como otra de sus víctimas al ganado. Su pérdida fue un temor presente al menos desde diciembre, y en él se seguía insistiendo, en términos similares, tres meses después.

     Los que prefirieron hablar sobrecogidos, y no con templanza analítica, tendieron a exagerar los efectos de la sequía para las cabañas. Cuando se hacía balance de la crisis, los más proclives al drama afirmaron que todos los ejemplares de cualquier cabaña, por falta de pasto, habían enflaquecido mucho, y que cabezas de todas las especies habían muerto en una proporción considerable. Un corregidor sostuvo que quienes habían sembrado cereales habían perdido totalmente sus ganados, lo que no le impidió añadir que en el momento en el que hablaba, todavía marzo, seguían pereciendo a causa del hambre y la sed.

     La hipérbole, y tan enfáticas y ambiguas alusiones a los efectos que para el ganado tuvo la sequía, son demasiado desmedidas como para concederles algún crédito. Los hechos que dejaron por escrito los testigos directos son bastante más moderados. A juzgar por los documentos que redactaron a partir del segundo trimestre del año, cuando se vivió la fase más aguda de la crisis, nunca amenazaron con tan extraordinarias consecuencias.

     Cuando llegó la primavera, los dueños de animales de toda clase competían por el aprovechamiento de los pastos disponibles, aunque no parece que su escasez fuera demasiada. Quienes tenían cercadas las tierras que explotaban disponían de pastos en exclusiva, y todos los que emprendían el cultivo de los cereales podían disponer de espacios públicos para mantener su ganado de labor, bien bajo la misma modalidad de dehesa reservada, en este caso separada según el tipo y la dedicación del ganado, bien como tierras abiertas no cultivadas o baldías, que se disfrutaban como espacios comunales.

     Aun así, ya entonces pugnaban por cualquier pasto hábil.

     A fines de marzo, una vez reconocida una dehesa de yeguas, se llegó a la conclusión de que el pasto que había en ella no servía para alimentarlas.

     Mantener una reserva de pastos para las yeguas era doblemente provechoso para los interesados en las actividades del campo. En ellas tenían reservado un par de responsabilidades. Eran el medio de fuerza regular para la trilla, una operación dilatada y laboriosa, no demasiado esforzada pero que demandaba energía durante un buen número de jornadas. Las yeguas también garantizaban una de las inversiones más rentables de las casas agropecuarias, la cría del equino de calidad, porque contaban con el arma de caballería como cliente seguro. Una vez al año, los responsables de la remonta visitaban las cabañas de la región y adquirían los caballos que juzgaban aptos para el servicio.

     Dado que el pasto que había en aquella dehesa de yeguas era inútil para criarlas, un cabildo abierto decidió tolerar su aprovechamiento al ganado vacuno local.

     El cabildo abierto era una forma extraordinaria de la asamblea de gobierno de las poblaciones, a la que solo se recurría en ocasiones singulares. En tiempos, tal vez fuera la expresión soberana de todos los avecindados de manera regular en una población. Para fines de la época moderna, había evolucionado a una reunión de próceres que buscaba más consenso que objeciones.

     Un regidor, miembro de la asamblea ordinaria con plenitud de derechos, después seguido por otros capitulares, decidió oponerse a aquella decisión, que suponía contraria a lo que le parecía justo.

     Para resolver el enfrentamiento, recurrieron a la máxima autoridad ejecutiva de la región, quien el 3 de abril tomó una decisión que pretendía ser equitativa. Mientras no lloviera, no se impediría que las vacas de los vecinos comieran la palma de la dehesa de yeguas. Si alguien se opusiera a esta decisión, desde aquel momento quedaba condenado a las costas del recurso interpuesto.

     El colegio de los regidores acordó no poner impedimento a que las vacas pastaran en el palmar de la dehesa de yeguas mientras que no lloviera, pero reiteró que en cuanto lloviera las vacas debían ser desalojadas de ella. A los comisarios de la cría y raza de yeguas quedó encomendada la ejecución de aquel acuerdo, que muy pronto requirió las decisiones más comprometidas. Durante la madrugada del 15 de abril llovió.

     Los comisarios de las yeguas recordaron al gobierno del municipio que la licencia concedida por el asistente había sido concedida con la condición de que en el momento que lloviera el vacuno saliera. Requirieron de la autoridad que las vacas fueran desalojadas, y la asamblea ordinaria de gobierno de seguida tomó la decisión que le demandaban, e hizo responsables de la ejecución de su acuerdo al alguacil mayor y a cualquiera de los comisarios de las yeguas.

     La paja, en la otra vertiente de la alimentación del ganado, para la que desempeñaba un papel secundario, también empezó a escasear en primavera, hasta el punto que ya en mayo se competía por la que hubiera almacenada, aunque en unos términos igualmente desprovistos de dramatismo. El incremento de su importancia relativa lo había decidido la drástica restricción de los pastizales provocada por la sequía y, desde algún tiempo antes, el creciente recurso al ganado mular, consumidor de mayores cantidades de este suplemento.

     La paja de la que dispusieran las poblaciones también estaba comprometida en sus obligaciones fiscales. Con la contribución llamada de paja y utensilio, relevaban las cargas y molestias que antes soportaban a causa del deber de alojamiento de las tropas que transitaran por ellas; una obligación que incluía el mantenimiento, durante los días que durara del tránsito, de toda la caballería que desplazara el ejército.

     Del suministro de la paja al ejército se hacía cargo un asentista, quien lo contrataba en régimen de monopolio con la superintendencia de los ejércitos regionales. El medio que el intermediario tenía para adquirir sus ingresos podía variar de una población a otra, según permitieran los procedimientos fiscales del momento, si administración directa, si encabezamiento, si rentas provinciales, modalidades de gestión del ingreso  público cuya descripción en este lugar carece de interés. Para ejecutar al menos la recogida de los suministros, el asentista contrataba a factores. En su nombre actuaban y de él recibían los poderes.

     El 4 de mayo un factor de víveres y provisiones para el ejército estaba ocupado en comprar paja en una población. Por lo que se deduce de las palabras de nuestros informantes, allí la contrata del asiento debía gestionarse de la siguiente manera. Al suministro de la paja su responsable accedía en el mercado local, según fuera transitando la tropa. Cuando esta recibiera la que demandara, sus jefes emitirían el correspondiente recibo en favor de quienes hubieran entregado la provisión. El asentista recogía de manos de los suministradores los recibos que tuvieran y los pagaría al precio que con ellos hubieran acordado.

     El factor tenía calculado que para el 12 siguiente la paja que había podido acopiar para subsistencia de la tropa se le habría acabado, y que solo encontraba quien le vendiera más a unos precios que, esforzándose en ser moderado, calificaba de irregulares. El aumento del precio de la paja en los ciclos críticos era previsible, y se tomaba como precedente al inevitable encarecimiento de los cereales destinados a la alimentación humana. Solo un labrador, que decía poseer alguna que podía vender, le pedía diez pesos por la chalupada de treinta a cuarenta arrobas; ciento cincuenta reales de cuenta, lo que elevaba el valor medio de la arroba a más de cuatro reales. Le parecía tanto más irregular cuanto que le constaba que allí había paja más que suficiente.

     Sostenía el factor que el suministro de la necesaria debía garantizarlo cada población, como consecuencia de su obligación de paja y utensilio. El asentista, en su opinión, solo tenía que recoger y pagar los recibos al precio que fuera regular o al que mandara el intendente, responsable administrativo del suministro de las tropas, autoridad que recaía también en el asistente.

     En la población, apenas pasada una semana, la situación a la que se había llegado se observaba con más calma. Las dos o tres últimas cosechas habían sido escasas de paja y durante el año en curso su gasto había sido excesivo. Por la falta de hierbas y pastos, había sido necesario recurrir a ella para el consumo suplementario del ganado de labor, y su demanda se había incrementado aún más porque, para mitigar su mayor exposición a la mortalidad, había sido inexcusable que la consumieran vacas, yeguas y potros jóvenes. A todo esto había que sumar el mayor consumo que durante los meses precedentes habían hecho los ganados que daban servicio dentro del pueblo, para los cuales la paja había suplido asimismo la falta de las hierbas y forrajes con los que habitualmente se mantenían en primavera. Enumerar aquellos hechos era suficiente para reconocer que en modo alguno había paja de sobra, ni había previsión de que pudiera almacenarse mucha más.

     Al contrario, eran bastantes los labradores que no tenían la que necesitaban para mantener sus labores, y muchos, ninguna, y cualquiera de ellos encaraba el porvenir con desazón porque aceptaba que no se cogería ninguna durante la próxima cosecha; un nuevo motivo de inquietud, a sumar a la carestía de granos que ya se vivía. Si la poca paja que pudiera sobrarle a algunos, en el más favorable de los supuestos, se aplicara a usos ajenos a su consumo en el campo aumentaría la preocupación de los labradores. Se les impediría el auxilio al que podrían recurrir, por poco o por mucho precio, según el tiempo fuera decidiendo, cuando se vieran necesitados.

     Ciertamente era una situación poco favorable a la provisión, como el mismo factor reconocía. Si, como aseguraba, en aquel momento había labrador dispuesto a venderle alguna, estaba claro que lo hacía urgido por su necesidad y porque no disponía de otro recurso con que hacer frente a ella. Nadie podría cuestionar que se atuviera al precio más favorable que encontrara en la comarca, porque de otro modo no podría conseguir la venta deseada ni por tanto el socorro que necesitaba. Lo mejor que podría hacer el factor era surtirse a través del labrador que mencionaba sin demorarse demasiado, porque de no hacerlo era muy posible que se le hiciera más difícil la compra que le urgía; antes de que muchos de los que necesitaban paja, en cuanto supieran que tenía alguna para vender, acudieran a aquel labrador. El factor habría podido surtirse de sobra de la cosecha anterior a veinte reales, y aun después de pasado el tiempo de la cosecha, e incluso llegado el tiempo de la sementera siguiente pudo hacer lo mismo a veinticinco reales la carretada corsaria, lo que sin embargo en cualquiera de aquellas ocasiones despreció.

     Le recomendaban que cuando fuera tanta su indigencia que no pudiera comprar la paja que necesitara al precio que corriera en la población, podría proveerse de la que en abundancia tenía un personaje que seguro conocía, el propio asentista que lo había contratado, quien la guardaba en el cortijo de Gallegos, que este labraba, distante de la población solo legua y media.

     Por lo demás, al cabildo civil no le constaba su obligación de suministrar paja a la tropa acuartelada, una precisión nada insignificante. Cuando la tropa no estaba de tránsito, tal como ocurría durante el invierno, satisfacer sus necesidades no entraba dentro de las obligaciones a las que atendía la contribución de paja y utensilio, por cuyo concepto, recordaba, la población pagaba anualmente por los tercios que se le repartían. Por eso estaría bien que el proveedor hiciera constar los términos de la contrata de paja que el asentista había firmado y aprobado el rey.

     Su réplica el factor la concibió en términos evasivos. La contrata de paja aprobada por el rey en aquel momento no estaba en su poder, aunque sí la tenía la superintendencia del sur, por lo que avisaría al asentista para que el intendente se comunicara con el corregidor.

     Cuando llegó el verano, y ya se había consumado la caída de la producción, los problemas para el abastecimiento del ejército no hicieron más que incrementarse. El superintendente, entre los días 4 y 6 de julio, solicitó a otra población nada menos que 24.500 arrobas de paja para la tropa, las que desde la administración central se le habían repartido para atenderla.

     Es posible que en este lugar la gestión de la renta de paja y utensilio fuera directa, porque su gobierno el 10 de julio, acordó remitir a la administración central, además de la petición del superintendente, un certificado de cuánto se pagaba por los repartimientos de paja al asentista. El valor de la contribución de paja y utensilio la repartiría entre los vecinos obligados el municipio y el asentista se encargaría de su recaudación, la que lo remuneraría directamente. En la diferencia que hubiera entre lo que recaudara y el costo que tuviera la adquisición del suministro cifraría sus esperanzas del beneficio que le consentía la administración de los ejércitos al suscribir el asiento con él. Por tanto, sería de cuenta del asentista proveer la caballería.

     Sin embargo, la paja que había en la población, que se había ahorrado gracias a que se habían sacado los ganados para Extremadura y otros lugares, se había reservado para hacer la media sementera del comienzo del otoño, para la que ni siquiera era suficiente. Si la paja que había en reserva saliera de la población, sería imposible emprender aquel trabajo.

     El 21 de julio el gobernador del Consejo adelantó a la población que había escrito al asistente comunicándole que, teniendo en cuenta la escasez de paja que padecían sus labradores, había decidido que la autoridad regional buscara una solución que al tiempo que evitara la ruina de estos atendiera las necesidades inmediatas de la caballería. Como respuesta, el 27 de julio el gobierno de la población designó a un regidor para que en la capital negociara con el asistente un repartimiento de paja equitativo, y un par de días después una clemente resolución de la administración central la dispensaba del repartimiento de las 24.500 arrobas. A cambio autorizó un cargo corto de esta especie, cuyo valor, sin embargo, nuestra fuente no especifica, y ordenó que a los vecinos se les pagara pronto la que suministraran.

     No obstante, hasta el 11 de agosto los responsables de la política local no dieron su autorización para que quienes hubieran suministrado paja conocieran las decisiones de fines de julio y supieran el modo en el que percibirían su importe. En lo que se refería a la reserva que se debía tener a disposición de la tropa durante el tiempo que permaneciera en la población, y de la que transitara por ella, los diputados de guerra cuidarían de que fuera suficiente. Ellos serían los encargados de recoger los recibos y vistos buenos que fueran necesarios para su abono y hacer la justificación de los precios a que corriera cuando se tomara.

     Probablemente aquella decisión se demoró porque no fue hasta el 4 de agosto cuando el intendente comunicó a los gobiernos locales que se había decidido suspender el repartimiento de paja que previamente se había ordenado. Optar por esta solución había sido posible porque se había encontrado un remedio paliativo. Los responsables del ejército habían resuelto que salieran de las provincias de la región para las de Murcia y Extremadura dos regimientos de Caballería, así como dar la vuelta a las tensiones que  las compraventas de la paja para el suministro de la tropa habían provocado. La que ya hubiera ingresado la caballería a consecuencia del reparto, la pagaría el asentista al precio al que valiera. A los recibos emitidos por los responsables de la tropa cuando la tuvieran en su poder debía acompañar la justificación de su valor intervenida por la respectiva máxima autoridad municipal.

     A partir del día 1 de aquel mes de agosto, también se acreditaría a los municipios todo el suministro hecho durante un año, cuyo balance estos completarían descontando el importe de lo que debían satisfacer las poblaciones por concepto de paja y utensilios. Además, debían tomar las medidas que fueran convenientes para que no hubiera falta alguna en la asistencia a la caballería.

     El 6 de agosto un municipio confirió sobre el alcance que pare él tenía esta decisión. El factor del asentista se había retirado cautelosamente de la población a principios del mes de junio, después de haber sacado de ella con el mismo sigilo la paja, la cebada que ya tenía comprada y las camas y lo demás que correspondía al suministro al que estaba obligado. Por eso, desde hacía dos meses el gobierno de la población había atendido al suministro de lo necesario para la subsistencia de la tropa, tanto estante como transeúnte.

     Para que a partir de aquel momento tampoco sufriera el real servicio las faltas a las que le dejara expuesto el factor, el municipio, por el momento, seguiría haciéndose cargo del suministro, del mismo modo que lo había hecho durante los dos meses precedentes. Pero, al mismo tiempo, hizo observar que los perjuicios sufridos podrían provenir de haberle quitado a la población la factoría que siempre había tenido, hubiera sido la provisión de víveres por asiento o por administración. Así se había creído conveniente hasta entonces porque la población era grande y de mucho tránsito. Allí la provisión no podía gestionarse con acierto si no se mantenían un factor y un dependiente que le ayudara. Solicitaron a la administración central que ordenara al asentista que cumpliera las obligaciones de su asiento sin perjuicio de las poblaciones ni de sus gobiernos.

     La escasez de pastos en los espacios abiertos, ya en pleno verano, derivó en problemas para otros cultivos. Varios cosecheros, dueños de viñas, olivares, pinares, garrotales y estacadas se quejaron de los daños que padecían sus explotaciones a consecuencia de la continua entrada en ellas de ganados de todas las especies, y en especial el vacuno, el cabrío y el de cerda. En pleno mes de agosto aquellos abusos, tanto por parte de los ganados como de los ganaderos, parecían más excesivos. Querían que en el plazo de dos días salieran de las heredades todas las especies de ganados, con el apercibimiento que de no hacerlo se daría por decomiso el que en ellas fuera encontrado.

     El 17 de agosto fue discutida aquella queja en la correspondiente asamblea de gobierno, a la que le constaban los hechos que denunciaba. Por las ordenanzas estaba previsto que las viñas, olivares y demás explotaciones permanecieran cerradas a toda clase de ganado en los tiempos de fruto pendiente, que empezaban a contarse el 15 de agosto de cada año, hasta que las cosechas se hubieran alzado por completo. El correspondiente auto de buen gobierno, aprobado y confirmado por la real audiencia, así lo había dispuesto ya para aquel año.

     Probablemente mantener abiertas las explotaciones hasta tan tarde por sí mismo causaba grave daño porque los ganados ya se comían el esquilmo. Pero el año en curso, a causa de la falta de pastos, a pesar de que no había en ninguna de las explotaciones, había sido y seguía siendo muy reiterada la entrada de todo tipo de ganados, que recurrían tanto al esquilmo como a los ramones y los pimpollos de los árboles. A los olivares les restaba fruto, a la cría de pinares, plantones, y a las cercas y vallados, pitas, a consecuencia de la desmedida corta que de ellas se hacía para que sirvieran de pasto a los cerdos.

     El último recurso, para hacer frente a la necesidad de hierbas para el ganado, fue invocar las mancomunidades de pastos, un viejo recurso cuya vigencia, no sin dificultades, había conseguido sobrevivir hasta fines de la época moderna. Ya hemos mencionado que para primeros de julio, una población, queriendo asegurarse su manutención, había organizado por su cuenta la emigración en masa de sus ganados para Extremadura y otros lugares.

     Por una reunión celebrada el 3 de julio sabemos que muchos vecinos de otro lugar habían llevado los suyos a pastar a Constantina, El Pedroso y Puebla de los Infantes, tierras hasta las que extendía su jurisdicción la capital, sirviéndose de la mancomunidad de pastos que el municipio mantenía con ella. Pero había ocurrido que las autoridades de aquellas poblaciones a unos les habían entorpecido el uso de los pastos y a otros se lo querían impedir.

      Buena parte de aquellos acuerdos tenían su origen en la plena edad media, cuando contribuyeron a tejer una red de intereses comunes entre poblaciones frágiles que ayudó a consolidar el control y la gestión del territorio conquistado. Como la memoria de aquel origen no se había extinguido, y la oposición al cumplimiento de los acuerdos se había mostrado especialmente intolerante, cuando terminaba el verano en la población se desató un furor anticuario inusual.

     A partir del acuerdo que el municipio había tomado el 3 de julio, un regidor, procurador mayor y alcalde de los hijosdalgo, y un presbítero, abogado del municipio, reconocieron papeles e instrumentos antiguos sobre la mancomunidad de pastos entre el municipio y la capital y la tierra de su jurisdicción. El 14 de septiembre el ayuntamiento vio su informe sobre los documentos y ejecutorias que habían encontrado. Eran favorables a los intereses de la población y acreditaban la mancomunidad, en virtud de la concordia celebrada en uno de sus templos parroquiales, a la que habían concurrido diputados de ella y del cabildo de la capital. Luego, la mancomunidad había sido aprobada por el regente y los oidores de la capital y ejecutoriada por el rey y presidente y oidores de la chancillería del sur. El gobierno de la población acordó que el original se encuadernara en el libro capitular y que se sacaran copias de la concordia y las ejecutorias, las cuales también se encuadernarían a continuación del cabildo, y que los originales fueran diligenciados. Además, fueron cometidos el regidor antes mencionado y otro más para el seguimiento de los pleitos y autos correspondientes.

     Otro problema creado por la crisis, de los derivados de la particular que padeciera aquel año toda clase de ganado, fue el desabastecimiento de carne a los mercados y los problemas que podrían seguirse de su consumo. El analista de la capital dejó escrito que en ella la consecuencia de la escasez de ganado que provocar la crisis había sido que ya durante el mes de noviembre empezó a venderse en las carnicerías carne de macho, cuando antes esto jamás había ocurrido. La ambigüedad del sustantivo no permite resolver si la especie a la que se refiere era mular o cabrío. Hubiera sido mucho más anómalo el consumo del primero. Probablemente en esta manera de expresarse, más que propósito de informar, había deseo de escandalizar a sus lectores.

     Al contrario, el término más grave al que llegara aquella vertiente de la crisis tal vez fuera la duda sobre la calidad de las carnes y las prudentes reservas sobre las consecuencias que pudiera tener para la salud. La exhibición de estas inquietudes al menos inspiró una parte de los argumentos que se utilizaron durante aquellos meses. Pero el único indicio directo de las complicaciones que pudieran derivarse del mal estado de las carnes, asociado a la posible mortalidad catastrófica que el ganado padeciera en aquel momento, es muy tenue. El 13 de abril, en una población, sus diputados para el abasto permanecían vigilantes para que no se pesara en el rastrillo carne alguna de res de la que no se hubiera verificado que había muerto con salud. Querían evitar los perjuicios que, actuando de otro modo, podían derivarse para quienes la consumieran. Nada más.

     Que esta sea toda la información sobre este asunto permite pensar que la mortalidad del ganado no parece que llegara a ser catastrófica, y mucho menos resultado de epizootias, y que la calidad de las carnes que se consumían en ningún momento alcanzaría el rango de amenaza para la salud pública. El testimonio más bien es índice de que nada evitaría que las prevenciones, cuando se trataba del consumo de carnes, fueran las mayores.

     Tal vez el problema práctico fuera que aquellas reticencias se lo crearan al abasto. Aunque el consumo de carnes tenía un alcance muy limitado en la dieta común. Su demanda era tan elástica que con facilidad soportaría las carencias que sufrieran los suministros. En primavera, se trató solo de no bajar la guardia para que no dejara de llegar carne a los mercados.

     El 25 de mayo un ayuntamiento acordó que los diputados del matadero estuvieran muy atentos para que no faltara provisión de carnes, y le bastó con salir al paso dando al corregidor con antelación suficiente los avisos que correspondieran. Pero al llegar el verano mantener el control sobre el ganado disponible empezó ser complicado, como consecuencia de su movilidad. El 20 de julio, en el ayuntamiento de la población en la que muchos de sus vecinos habían llevado sus ganados a pastar a Constantina, El Pedroso y Puebla de los Infantes, un regidor explicó que no había carneros para el abasto de las carnicerías, y que solo se encontraba a propósito una partida de 150 cabezas, por las que, dada su calidad, querían 64 maravedíes por libra. La asamblea acordó que el regidor solicitara el abasto de manera más equitativa, sin por eso dejar de plegarse al precio que corriera en el momento.

     Una semana después, 27 de julio, al ayuntamiento el corregidor informó que se estaban pesando en las carnicerías públicas borregos lechales, una carne que, en su opinión, más que salud a los enfermos, que eran quienes la consumían, causaba un daño notable. Para redimir a la población de un tan próximo mal, él había procurado con los mayores desvelos, en caso de proseguirse con este consumo, solicitar entre varias personas alguna cantidad de carneros ya hechos. Entre ellas, había una que había ofrecido para este abasto una cantidad bastante para por el momento relevar a la población de un abasto tan perjudicial. Como estos carneros eran de buena y salutífera calidad, se habrían de pagar a 68 maravedíes la libra, y no a los 60 a los que en aquel momento se vendía la de borrego lechal. En cumplimiento de la obligación aneja a su cargo, y por persistir en los buenos deseos que a él le asistían, lo hacía presente a la asamblea de gobierno, para que deliberase lo que creyera  conveniente. La asamblea, advertida de las justas y celosas expresiones del corregidor, acordó darle las gracias por lo mucho que se había esmerado y aún se esmeraba en beneficio del común, y que en observancia de su cristiano, puro y fiel deseo se pesaran los carneros en la forma que había contratado, con preferencia a cualquier carne que no excediera en calidad a la que tenían tales carneros.

     Aquella amenazante causa, que tan fatales consecuencias podía tener, en realidad podía ser crónica. En otro lugar, todos los años se padecía escasez y falta en las carnicerías públicas del abasto de carne de carnero para el consumo de su vecindario. La razón era justificable. Sus dueños sacaban los que se criaban en su término para venderlos en la feria de Villamartín y otras similares. En el año en curso, tanto por la poca cría que había habido de esta especie como por el buen deseo y necesidad que tendrían sus dueños de vender sus ejemplares, se podía prever que este abasto allí faltaría durante buena parte del año, si no se tomara una decisión que bastara para reparar y precaver los inconvenientes que por su falta se podían ocasionar.

     Así fue como al problema se le terminó aplicando la política más conservadora. El 25 de agosto el gobierno de la población acordó prohibir absolutamente la salida de los carneros que se criaban en su término para venderlos fuera, y suplicar al corregidor que contribuyera con la autoridad de sus providencias para que la prohibición se hiciera efectiva y la observaran todos los criadores y dueños de aquel ganado.

     El 31 de agosto cinco criadores de ganados, entre los que se encontraba uno que además acumulaba la condición de presbítero, presentaron al cabildo de su ayuntamiento un memorial por el que se daban por enterados, por sí y en nombre de los demás, de que no se podían sacar los carneros que pastaban en aquel término para venderlos en una feria ni en otra parte, sino que debían reservarlos para el abasto de las carnicerías. Exponían, sin embargo, que de actuar de aquel modo resultarían perjuicios. La hacienda de la corona no percibiría los derechos que por estas ventas le correspondieran, porque los criadores no podrían valerse de los carneros en los mercados exteriores. Además, como no había dehesa ni dónde poderlos mantener, perecerían muchos. Según su criterio, en vez de la decisión tomada debía guardarse el siguiente estilo: que los criadores dejaran la cuarta parte de los ganados que llevaran a una feria con la obligación de entregarlos para el abasto de las carnicerías locales.

     Se acordó que el fiel del matadero y de las carnicerías públicas redactara un certificado de las cabezas de carnero que se habían sacrificado para el abasto público desde el 1 de septiembre de 1749 hasta el día de la fecha, 31 de agosto de 1750. Y que los criadores de ganado de esta especie presentaran relación jurada, en el plazo de cuatro días, de todos los carneros que tuvieran existentes de la cría del año en curso. Pasado este plazo, se procedería a hacer registro a costa de quien incurriera en la omisión.

     El 7 de septiembre, en la reunión del ayuntamiento, un escribano informó de que solo cuatro criadores de carneros habían presentado en su oficina las relaciones juradas de los que tenían, a pesar de que se había cumplido el plazo fijado. La morosidad de los criadores más bien se reconocía en los mismos que encabezaron el memorial que había dado origen a estas providencias. En ello se conocía el dolo con que procedían, en perjuicio del beneficio común. Se acordó comisionar a los diputados del matadero para que pidieran al alcalde mayor lo que conviniera a este asunto, para que se hiciera registro íntegro de todas las crías de carnero, y asegurar el abasto de la especie.

     Ya en el último trimestre, las discusiones quedaron circunscritas a la calidad de la carne a la venta. El 9 de octubre el informe de un regidor, diputado del matadero, descubría la mala calidad de las reses vacunas que en aquel momento se estaban sacrificando en un matadero local para destinarlas al abasto. A falta de un registro de esta especie, porque se trataba de que no faltara un abasto tan preciso, se había visto en la necesidad de hacer un repartimiento que no excluyera a ninguno de los criadores de este ganado. Eran pocas las reses asignadas, para que sus dueños las entregaran obligadamente al sacrificio, y de muy mala calidad. Por eso se acordó que se publicara que toda persona que quisiera hacer aquel tipo de registro, u obligarse a abastecer de cualquier especie de ganado a la población, lo hiciera, para lo que se le admitirían las posturas que hicieran a los precios que propusieran.

     Aquel mismo 9 de octubre el ayuntamiento recibió un informe del regidor diputado de las carnicerías. Ateniéndose a un acuerdo del gobierno de la población, había optado finalmente por abastecer con cerdo las carnicerías. Pero también había faltado la especie y no había encontrado quien pudiera abastecerla. Tras repetidas diligencias, había encontrado una persona que le facilitara hoja de tocino, mitad de la canal del cerdo partida en el sentido de su longitud. Su condición era que se vendiese en las carnicerías al precio que había tenido el cerdo que se había rematado, que había sido 40 cuartos la libra, y que estos fueran los que hubiera de obtener en cada libra el dueño de la hoja. Se acordó comprar la partida de cerdo para el abasto de las carnicerías y que se vendiera al precio correspondiente, cargándose a los 40 cuartos la libra, que ingresaba el dueño de la hoja, los reales derechos. Los fieles ejecutores celarían que los carniceros no vendieran fuera de la forma que había estado en estilo, arreglándose al gasto diario de cada individuo.

Contratiempos

Redacción

Las rogativas estaban autorizadas por siglos de cultura. En la época moderna se habían concentrado en la agraria, a la que se habían incorporado como uno de sus recursos, a la misma altura de todos los que se agregaban en el sistema, como cualquiera de ellos resultado de una prolongada tradición. Invariablemente, cuando la adversidad meteorológica se juzgaba extrema, se respondía con rogativas, con el fin expreso de orientar el tiempo atmosférico en favor de las sementeras.

     Mediaba diciembre de 1749 cuando en un templo de la capital, ante un crucifijo que era objeto de especial devoción, se concentraron los primeros inquietos por cómo el tiempo estaba actuando aquel otoño. La misericordia divina quiso que poco después lloviera algo. El ayuntamiento de la ciudad creyó conveniente solicitar del cabildo catedralicio que organizara una procesión de acción de gracias, en vista de que la divinidad parecía atender las oraciones que desde la tierra se le dirigían. Pretendía que la comitiva hiciera estación en lugares donde más devotos de toda clase solían concentrarse, como una ermita localizada en uno de los barrios más habitados, y terminara ante el crucifijo que tan eficaz mediador había sido. Pero el gobierno de la catedral no creyó oportuno proceder de este modo. Pensaba que aún no estaba satisfecha la necesidad, y a su favor señalaba como prueba que en distintos lugares otras rogativas seguían promoviéndose. En modo alguno le parecía aconsejable ignorar una corriente que apenas empezaba a crecer.

     Mientras tanto, en algunas poblaciones de la región también organizaban rogativas bajo idéntica inspiración, aunque en ellas, donde todo ocurría con más severidad y más orden, y las iniciativas no tenían fisuras, al menos aparentes, se concentraban en imágenes de reconocido prestigio en esta materia.

     Hecho el inventario de las calamidades que a fines de 1749 se padecían, porque las lluvias se habían retrasado, una autoridad local dejó constancia de que no tenía en esta ni en otras esterilidades o conflictos otro asilo para su remedio y consuelo que el amparo de la milagrosísima imagen de la Virgen santísima su patrona, de cuya benignidad había merecido siempre la grave intercesión con la divina majestad de su santísimo Hijo para el logro de sus beneficios y el de aplacar su justicia. Para impetrar la soberana intercesión de tan milagrosísima imagen decidió hacer una procesión en rogativa, pasando en la forma acostumbrada al lugar donde recibía culto, extramuros de la población, donde se hallaba depositado tan divino simulacro. Un regidor acordó con el vicario eclesiástico el día de la procesión, y los dos cabildos, el civil y el del clero, encauzaron la participación en ella de las corporaciones ciudadanas. A los pocos días la procesión tuvo lugar. Por el momento, con esto fue suficiente para que quedaran satisfechos los primeros accesos de piedad que el retraso de las lluvias allí provocaba.

     Pero para comienzos de 1750 los responsables del mismo gobierno local se habían convencido de que la rigurosa situación que se vivía convocaba la devoción, que dirigía sus clamores a la milagrosísima imagen de Nuestra Señora, por lo que decidieron convocar una reunión para que se votara su traslado a la población desde el lugar donde tenía su sede. Cuando ya se estaba confiriendo sobre este asunto, quien presidía la reunión creyó conveniente dejar constancia de que, aun sin haber llegado a tratar que la imagen fuera trasladada, sino solamente con haberlo imaginado, los campos de la población habían conseguido un copioso rocío. El portento había sucedido justo cuando se pensó trasladar la imagen si no se experimentara el alivio que tanto deseaban. Teniendo en cuenta este beneficio, porque no cabía dudar que fuera obra de su poderoso patrocinio, suplicó a la asamblea que demostrara su agradecimiento en acción de gracias por tan singular socorro. La institución, a su vez, le agradeció su celo, y por supuesto, en justa recompensa por el sumo beneficio recibido, gracias a la intercesión de Nuestra Señora, acordó promover la procesión general con la imagen que se había previsto, cuyos gastos correrían a cargo de los capitulares. A ella sería convocado el clero de la población, en la forma que creyera conveniente la primera autoridad local.

     En la capital no ocurrió algo muy diferente. Aunque ni las rogativas de diciembre ni las oraciones de las muchas almas justas que en las públicas calamidades se interesaron por el socorro del cielo pudieron ahora ablandarlo, y había entrado el año con las muestras de esterilidad consiguiente a la falta de lluvias, el efecto no previsto de este impulso de la devoción fue que a fines del mes de enero de 1750 también hubo lluvias, si bien de una intensidad que se equiparó a las precedentes. Por eso, el 23 de enero, en una reunión extraordinaria que celebraba el cabildo de la catedral, también fue necesario reconocer que la majestad divina se había dignado remediar la necesidad que había por la falta de agua, por lo que creyeron debido tributar gracias por tan gran beneficio. Fue del parecer de los reunidos que en el día de la fecha, durante el que, según lo previsto, iba a celebrarse una procesión, se entonase en la última nave un tedeum, y que al tiempo repicara la torre, para luego terminar en el altar mayor, con el fin de que se dijeran allí las oraciones acostumbradas pro gratiarum actione, y de este modo concluyera la rogativa que se hacía todos los días.

Discurrieran con más o menos fortuna las precedentes, en 1750 las rogativas alcanzaron en la capital su grado más alto a fines de febrero, un estado de excitación de la piedad que se mantuvo durante todo el mes de marzo.

     El cabildo catedralicio, terminando febrero, decidió hacer las rogativas que venía celebrando en el altar mayor del primer templo de la región después de la misa de tercia al santísimo. Bastaría con que en la celebración eucarística se dijera la coleta ad petendam pluviam, excepto los días de primera clase. De la misma forma se actuaría en las capillas de la catedral. Esta fue la causa de que a partir de la tarde de la jornada en la que se tomó esta decisión se hiciera rogativa en todas las misas y, en la forma acostumbrada en ocasiones similares, estación a la capilla donde recibía culto una imagen de Santa María que era objeto de particular devoción en estos casos.

     La misma corporación, a renglón seguido, encargó a sus diputados de ceremonias que propusieran, de acuerdo con lo que se había hecho otras veces, qué demostración pública les parecía adecuada para corresponder a la necesidad de lluvias. De todas las precedentes, la diputación de ceremonias prefirió tomar como referencia la más próxima, de la cual con facilidad pudo encontrar la documentación que avalara sus propuestas. Pocos días después, el cabildo catedralicio recibió su informe, en el que proponía que el siguiente lunes por la tarde, con asistencia de la universidad de beneficiados, clero y cruces, se hiciera una procesión general de rogativas con la imagen principal del templo. El desfile debía tener el mismo aparato y acompañamiento que se usaba el 15 de agosto, día de la fiesta anual de la imagen que iba a salir en procesión. Para que todo se mantuviera dentro de lo previsto actuaría como su preste un señor dignidad, asistido por los diáconos de semana, para su gobierno fueron nombrados diputados del cabildo catedralicio y, con el fin de sufragar los gastos, la fábrica decidió librar a la capilla real lo mismo que se empleaba en los actos del 15 de agosto. Acordado que así se procedería, se informó al titular de la sede y a la autoridad civil, por si creyeran oportuno asistir. Al provisor se le notificó el acuerdo, para que convocara a beneficiados, clero y cruces, y el maestro de ceremonias avisó del día y la hora decididos al capellán mayor de la capilla real y a los alcaldes de la hermandad del santísimo, para que también asistieran, como lo hacían en ocasiones semejantes; y a los maestro de capilla, sochantre, comendador, veedor y demás ministros de la catedral.

     Por los mismos días de fines de febrero, la corporación municipal de una de las poblaciones con rango de centro de comarca fue al lugar donde recibía culto la imagen de Santa María en la que había decidido concentrar su iniciativa piadosa. Lo hacía para cumplir con un voto anual precedente, asistir a una misa cantada ante aquella imagen en honor del santo en cuyo día precisamente la población, en una situación similar a la que entonces se estaba viviendo, mereció el beneficio de las aguas. Como la adversidad del tiempo persistía, aprovechando aquel aniversario, por iniciativa del procurador mayor se convocó una reunión del órgano de gobierno del municipio para deliberar sobre la conveniencia de llevar la milagrosísima imagen de Nuestra Señora hasta la población, y así conseguir el socorro del que tanto necesitaban los campos propios y los de la comarca.

     Al día siguiente, durante la reunión prevista, se aceptó que en todas las ocasiones de necesidad que la población había padecido, gracias a la mediación de la imagen de la que se trataba se había experimentado el beneficio de la salud pública y de las aguas necesarias para las mieses de los campos. De ahí que para remediar la necesidad de lluvias que en aquel momento se sufría acordaran que se llevara en procesión general, desde su iglesia a la mayor de la población. Con este fin convocaron al clero, a las órdenes religiosas en ella establecidas y a las hermandades que en ella existían. Era su propósito, una vez colocada la imagen en el altar mayor de la parroquia, que ante ella se celebraran nueve fiestas y rogativas, más cuantas a iniciativa de los piadosos corazones fueran necesarias, para que por su patrocinio e intercesión se alcanzara de la infinita piedad alivio en la extrema necesidad de aguas que se padecía; de la divina misericordia, las lluvias que se deseaban para la fecundidad de los campos. Una vez que hubieran terminado, la imagen se restituiría a su iglesia con la misma solemnidad y con la acostumbrada asistencia de la asamblea de gobierno de la ciudad. Para ver satisfechos sus deseos, de entre sus miembros nombró dos diputados.

     A primeros de marzo el cabildo catedralicio recibió a la diputación de la autoridad civil de la capital que correspondía a la invitación que le había remitido. Se mostró dispuesta a asistir con rueda entera a la procesión en la que se iba a sacar a la imagen elegida por los canónigos, para que por su intercesión se apiadase la divina justicia, usando de sus misericordias, y enviara el rocío general que tanto se necesitaba. El cabildo catedralicio reconoció la cortesía y, como preparación a la solemnidad prevista, durante tres noches, después de maitines, cerradas las puertas de la catedral, organizó procesiones que partían de las últimas naves. A ellas asistieron, además de los fieles que respondían a la convocatoria, el propio cabildo y ministros, que cantaban las letanías de los santos, mientras la torre tocaba a rogativa, pero no mujeres, cuya entrada en el templo para aquellos actos a deshoras fue prohibida. Finalizaron todos aquellos desfiles de clausura ante el altar mayor, descubierto el santísimo, con las preces ad petendam pluviam.

Estaba terminando la primera década de marzo cuando se celebró la procesión prevista por el clero de la catedral. No fue necesario que durante la mañana del día señalado hubiera novedad alguna, si bien, como había de hacerse luego procesión de rogativa, aquel día se omitió la que se estaba haciendo a la imagen a la que se le prestaba una atención especial en aquellas ocasiones.

     La ceremonia, una vez preparado el altar mayor de primera clase y de morado, empezó dadas las doce del día. Primero desde la torre se tocó para convocar a las cruces. A continuación, campana y esquila de la tarde tocaron de dos y media a tres, de modo que, empezada la esquila, se dio un toque de segunda clase para llamar al clero. La procesión obligaba a los capitulares y ministros catedralicios con pena de medio día. Disciplinadamente, los canónigos concurrieron al coro de la catedral vestido con las sobrepellices y dijeron las completas, tras las cuales cantaron los maitines. Concluidos, las campanas tocaron un pino de primera clase para convocar a la ciudad. Antes de salir la procesión, después de las preces, a la imagen se le cantó al menos un motete y una oración, al tiempo que se la turificaba.

     Formaron el desfile, bajo la presidencia de la máxima autoridad episcopal, además del cabildo catedralicio, los capellanes reales, la hermandad del santísimo y representaciones de órdenes religiosas y del clero secular, y es de suponer que a la comitiva se añadirían al menos los delegados por la ciudad. El cabildo, que acompañaba la procesión con las sobrepellices que vestía desde que concurriera a completas, iba cantando las letanías de los santos ateniéndose al estilo con que se cantan en las rogaciones, empezando en el coro y terminando en la capilla real. Para engrosar la salmodia, el sochantre había nombrado ministros que así mismo cantaran las letanías entre el clero en el coro.

     La procesión discurrió por las gradas de la catedral, siguiendo la línea que marcaba su nivel más bajo. Salió y entró por la misma puerta sin hacer estaciones, y mientras duró se tocó en la torre a rogativa. En determinados lugares del trayecto algunos jesuitas se habían apostado con el fin de llamar a los concurrentes a que hicieran penitencia. La severidad de aquel acto resultó más llamativa porque coadministrador y autoridades civiles, de común acuerdo, habían prohibido que en el trayecto de la procesión hubiera puestos de comidas y bebidas. Finalizó el acto en la capilla real con las preces y oraciones del ritual romano ad petendam pluviam, cantadas igualmente por el cabildo catedralicio. Aquella misma noche los jesuitas que habían arengado a los espectadores de la procesión, en uno de los barrios de la ciudad predicaron a los hombres que se habían reunido en sus templos.

En la tarde de un jueves de primeros de marzo, el gobierno de la población aludida, para cumplir con su acuerdo de fines de febrero anterior, salió de su iglesia mayor en procesión general de rogativa. También concurrieron a ella el clero y las hermandades, y se dirigió a la iglesia del monasterio donde estaba la imagen que concentraba la iniciativa piadosa. Ya en ella, su vicario, por ausencia del padre prior, por sí, y en nombre de la comunidad, requirió al gobierno de la población.

     En aquellas circunstancias, tomar posesión de la imagen, tal como este se había propuesto, obligaba a unas formalidades cuya descripción permite reconstruir al menos una parte de los ritos que pudieron sacralizar este tipo de transacciones, así como el celo que despertaba el dominio sobre una imagen en momentos como aquellos. A sus dos comisionados, la corporación había otorgado el poder necesario para que firmaran la escritura que para semejantes transferencias se acostumbraba, llamada de pleito homenaje, un arcaísmo que pretendía asemejar el acto al de fidelidad que se debía a un señor. El vicario del monasterio, al requerir al gobierno de la población tomaba la iniciativa formal para que quienes había diputado el gobierno local la otorgaran.

     La corporación se manifestó dispuesta a cumplir con este requisito. Pasaron a la capilla mayor del monasterio el corregidor y los regidores diputados para el acto y, de rodillas ante la imagen objeto de la transferencia, las manos de los diputados puestas entre las del corregidor, firmaron el documento por el que se obligaban a restituir a la iglesia del monasterio la milagrosa imagen, concluido el novenario. Prometieron, como caballeros hijosdalgo notorios, de casa y solar conocidos, una, dos y tres veces, y las demás en derecho necesarias, según fuero y leyes de España, llevar en procesión general la milagrosísima imagen de Nuestra Señora, colocarla en el altar mayor de la parroquia primera de la población y en ella celebrar el novenario de fiestas y rogativas que el municipio había decidido, y todas a las que concurriera la devoción. También se obligaron, concluidas estas, a que fuera restituida la imagen a su iglesia con la misma suntuosidad, y entregada al padre vicario y su comunidad. Para el cumplimiento de todo dieron y empeñaron palabra como caballeros hijosdalgo, bajo la pena, en caso de infringirla, de caer e incurrir en la que caen e incurren los caballeros hijosdalgo notorios que no cumplen en todo lo que prometen en las escrituras de pleito homenaje. Satisfecha esta formalidad, el fraile se declaró dispuesto por sí y su comunidad a entregar la milagrosa reliquia.

     La historiografía de las poblaciones de tamaño medio tiene su origen en la época moderna. Muy probablemente sea un producto de la cultura que hizo posible el deseo de rescatar, de manera consciente, la antigüedad. Los textos genuinos agregaron las primeras formas de la arqueología, que en aquella época fueron conocidas con el nombre colectivo de antigüedades, una limitada recepción de narraciones, una recopilación de biografías de varones ilustres de la población y una historia sacra, preocupada sobre todo por el origen de las instituciones religiosas activas en el lugar. Todo el relato estaba inspirado por el principio narrativo sublime, tanto para la detección de los antecedentes más remotos como para explicar las fundaciones piadosas o los singulares actos que probaban la grandeza personal. El comportamiento noble, único capaz de generar cuanto fuera digno de memoria, era el mismo que justificaba la hidalguía. En ese lugar encontraron su medio para propagar su manera de concebir sus obligaciones cívicas quienes actuaron ateniéndose a este tipo de culto a las principales imágenes de una población, objeto de las promociones religiosas con más posibilidades y representación por sí mismas de virtudes singulares.

Un domingo de marzo por la tarde, a punto de terminar la primera década del mes, se celebró otra procesión de rogativa con la milagrosa imagen de un cristo que recibía culto bajo una advocación concentrada en lo que a todos estaba preocupando, desde la ermita donde la tenían colocada hasta la iglesia mayor de su población. Como las demás que aquellos días se organizaban, la razón del traslado era la esterilidad que los campos padecían como consecuencia de la falta de lluvias. En respuesta al convite hecho por una hermandad establecida en la misma ermita, cuya titular era una imagen de Santa María, constituida bajo un título igualmente adecuado a las circunstancias que se estaban viviendo, a ella asistió el gobierno del municipio.

     Una vez el cristo en la población, como varios devotos suyos habían tenido la iniciativa de costear un novenario con misa cantada y sermón diario, fue necesario que permaneciera en la iglesia mayor durante los días siguientes. Actuando así, sus promotores deseaban implorar el auxilio divino, para que concediera la lluvia que tanto se deseaba para el beneficio común. El gobierno municipal, convencido de que la institución debía tratar con preferencia los deseos y afectos de los devotos, más aún en la estación que se vivía, en atención a tan justo y debido culto, acordó, en sesión celebrada después de la procesión, que el último día del novenario se hiciera por su cuenta la fiesta con misa y sermón y lo demás correspondiente. La imagen permaneció en la iglesia mayor durante aquellos días, y el último, asimismo con asistencia de representantes del municipio, otra procesión de rogativa durante la tarde la devolvió a su ermita, donde fue colocada en el lugar donde solía recibir culto.

     Mediado ya marzo, donde para disponer de una imagen de Santa María había sido necesario otorgar escritura de su cesión, una vez trasladada a la iglesia mayor se habían celebrado doce rogativas ante ella, todas las que la devoción municipal y de varios gremios le había ofrecido. Sin embargo, una vez finalizada la función celebrada del que resultó ser último día de rogativas, el gobierno de la población se reunió en la sacristía de la iglesia mayor para constatar que, después de tan repetidos cultos y devotas rogativas, persistía la esterilidad que se padecía en los contornos, y no se había experimentado el beneficio de las aguas, razones por las que aumentaban las fatigas de la población. Admitieron la justa indignación de la majestad suprema, de la que pensaron que se hallaba ofendida con la suma de culpas que incesantemente se cometían por los pecadores. No obstante, tenían entera confianza en la mediación de su divina patrona. Esperaban que teniéndola algún tiempo más en la iglesia mayor, continuando las rogativas y las súplicas de la población, se lograría de la majestad suprema el beneficio tan deseado. Con la aprobación del prior del monasterio depositario de la imagen, que estaba presente, decidieron que continuara el divino simulacro de Nuestra Señora en la iglesia mayor hasta el último día de la pascua de resurrección, que coincidiría con el último día de marzo, tiempo durante el que seguirían sus cultos. El padre prior estuvo de acuerdo con que así se procediera bajo la condición de que se reiterara la escritura de pleito homenaje suscrita a primeros de mes, lo que hubo de ejecutarse de inmediato.

     A punto de concluir la primera parte del ciclo de las rogativas en la capital, en su primer templo se seguían celebrando. Tal como se había propuesto de nuevo, su cabildo organizó actos de penitencia a puerta cerrada, solo para hombres, durante tres noches de mediados de marzo, las de los días 16, 17 y 18. Después de maitines, por las últimas naves del edificio, otra vez se organizaba la procesión. Una dignidad del cabildo llevaba la reliquia del lignum crucis, y junto a ella un coro de canónigos cantaba la letanía de los santos, que los asistentes repetían. Cuando la procesión llegaba al altar mayor, se manifestaba la majestad en el sagrario y se recitaban las preces de rigor, para acabar con el canto del tantum ergo. A juicio del analista de la capital, gracias a aquellos devotísimos actos, desde el primer día, se hizo notar que el tiempo había empezado a moverse.

     A partir del domingo siguiente, la autoridad civil también se prodigó en este tipo de actividades. Además de visitar una imagen de Nuestra Señora, decidió asistir regularmente a las rogativas que en la catedral seguían celebrándose, actitud en la que se mantuvo hasta finales del mes siguiente. De acuerdo con los escribanos públicos, los judiciales y la universidad de corredores de lonja, concurrió a otra de las parroquias de la capital para solicitar la mediación de la patrona del municipio. Allí celebraron misa votiva y fue pronunciado un sermón, en el que el orador llamó a la penitencia y a la devoción a Santa María.

     Pero no toda la actividad piadosa de la capital se daba cita en el primer templo de la región. Por los mismos días de marzo, de uno que era sede parroquial salió en procesión una imagen de Nuestra Señora, venerada bajo una advocación igualmente concordante con la situación que se estaba viviendo. La acompañaban dos hermandades, también fundadas acogiéndose a la advocación mariana, y costeó la cera otra más, y fueron en la procesión los corporativos del santísimo y el clero y cabildo de la parroquia.

     Ya de noche, una cofradía sacó en procesión su imagen del nazareno en un paso de semana santa desde el templo donde tenía su sede. Cuando el desfile alcanzó la plaza ante el edificio del cabildo civil fue pronunciado el sermón correspondiente. Y también por la noche otra hermandad, establecida en otra de las parroquias, llevó su simpecado primero a un convento de monjas y después a otro donde se celebraba rogativa. En el templo de una tercera parroquia, situada en uno de los barrios con mayor población, comenzó una novena de rogativas, y con este motivo los frailes de un convento dominico y una cofradía cuyo titular era un cristo, de nuevo bajo la recurrente advocación concordante con las circunstancias, llevaron en procesión la imagen.

Las rogativas estaban siendo tan estimuladas que llegó el momento en que cobraron un impulso tal que nada pudo detenerlas antes de alcanzar el paroxismo. Aunque alguno de nuestros informantes cree que por la multitud de estas penitencias se viene en conocimiento de lo grave de la calamidad, su frecuencia, según las mismas fuentes, dio motivo a varios desórdenes, no siendo el menor lo extraño y singular de algunas mortificaciones. Durante los días que restaban de marzo las demostraciones de laceración que exhibieron en público quienes por penitencia se humillaban llegaron al exceso. Se puede imaginar parte de aquellas formas radicales de la penitencia gracias a la persistencia de la indumentaria reservada al ejercicio de la mortificación extrema que fue utilizada durante siglos en las procesiones públicas. Permite identificar con certeza al menos dos de sus especies, los disciplinantes y los empalados. Cada uno depurado por su propia tradición, ambos  respondían al tipo genérico llamado penitentes de sangre.

     Los disciplinantes son los más conocidos. En las procesiones públicas cubrían su cabeza con un capirote blanco, que al mismo tiempo les ocultaba la cara, y vestían una túnica, también de color blanco, que dejaba al descubierto la espalda. Formando círculos o filas, unos a otros se azotaban y herían con un látigo normalmente de hilo. Blanco White, atento observador de la especie, quien los sitúa unos veinticinco años después de la fecha de nuestro interés, los refiere como gente bañada en su propia sangre que procedía de lo más abyecto de las clases bajas. Descubre que antes de incorporarse a la procesión se herían la espalda, y ya en ella se azotaban unos a otros con disciplinas hasta hacer que la sangre corriera por sus hábitos. Estaba muy extendida la idea de que este acto de penitencia tenía al mismo tiempo un excelente efecto sobre la constitución física; y mientras por un lado la vanidad se sentía halagada por el aplauso con que el público premiaba la flagelación más sangrienta, una pasión todavía más fuerte buscaba impresionar irresistiblemente a las robustas beldades de las clases humildes.

     El empalado, en contra de lo que ocurriera con los disciplinantes, ha sobrevivido, aunque en condiciones endémicas. Fuentes etnográficas permiten identificarlo como un varón que desde la cintura se cubre con una vestidura talar sobre la que sobrepone un faldellín de encajes de las mismas dimensiones. Va descalzo, y sobre el cuello sostiene un palo recto y largo, al que se han fijado sus brazos con una cuerda gruesa y basta que rodea palo y brazos con cuidado, para no dejar ver ni una ni otra cosa, ni siquiera las manos. Con idéntico procedimiento y una cuerda del mismo tipo, el tórax se recubre en toda su superficie hasta la altura de las axilas, directamente sobre la piel. La imagen que así se obtiene es la de un crucificado. Sobre los dos brazos mantenidos en horizontal cae un largo encaje a modo de sudario, que pasa de un lado a otro por la espalda del empalado. De ambos brazos, atados con cuerdas más finas, cuelgan unos instrumentos de hierro, que pueden ser tenazas o similares, evocadores de los atributos de la pasión. Cabeza y rostro del individuo van cubiertas con un velo, también de encaje. Si bien oculta los detalles del rostro, deja apreciar con nitidez sus rasgos esenciales. Sobre el velo, encajada en la cabeza, lleva una guirnalda trenzada con ramos y flores, cerrada sobre sí misma, que recuerda la corona de espinas.

     A fines del primer tercio del siglo décimo séptimo, Arguijo describió un personaje muy similar transitando por las calles de la capital un viernes santo poco antes del sol puesto. Aunque en su indumentaria haya alguna diferencia con respecto al que ha sobrevivido, no puede haber dudas sobre su identidad y sobre su ascendencia. Según aquel, iba desnudo de cintura arriba, con unos calzoncillos de lienzo, una soga de esparto al cuello y amarrados los brazos con ella y una barra de hierro. siglo décimo séptimo, y otras que certifican sus persistencia en pleno siglo vigésimo, se puede presumir que a mediados del siglo décimo octavo estaba vigente, y que, junto con los disciplinantes que impresionaban con sus hemorragias, pudo ser uno de los personajes dramáticos que incrementaron la fuerza de las rogativas de aquel año.

     Probablemente la emulación y las pasiones tendrían una parte de responsabilidad en el giro que estaban dando. Pero lo que consta por las crónicas es que fueron las órdenes religiosas, que compitieron entre sí por rentabilizar la situación que se había creado, las que más contribuyeron a que la pasión piadosa se desbordara. A la vanguardia de esta nueva corriente actuaron los jesuitas. Organizados en misión, y apoyados por el clero de las parroquias, llamaron a la penitencia en los barrios más poblados de la capital, en cuyos templos, pronunciando sermones, prolongaron su actividad durante las tardes de un par de días. Sin embargo, el exceso en las penitencias no parece que fuera responsabilidad directa de esta iniciativa. En la noche del mismo día que los jesuitas habían tomado la decisión de promover sus misiones, los capuchinos salieron con coronas de espinas y sogas al cuello, echando saetas y jaculatorias, y en tono lúgubre cantando los salmos penitenciales. Dos farolitos pequeños abrían su procesión, y otros dos iguales alumbraban al santo cristo con que concluía. Los acompañó mucha gente hasta que se recogieron, ya las dos de la madrugada.

     Los franciscanos del convento casa grande, durante tres noches de aquellos mismos días, organizaron una procesión también presidida por un cristo. En ciertos lugares del trayecto los frailes llamaban a la reforma de las costumbres y amenazaban con un castigo más terrible que el que se padecía, que no estaría lejos. Uno que formaba parte del desfile iba coronado de espinas y llevaba una pesada cruz a cuestas, lo que movía a compasión.

     Desde una de las parroquias de la capital, una cofradía sacó en procesión su imagen de Nuestra Señora, que recorrió el barrio. También en ella iban frailes capuchinos, quienes, tras presentarse con instrumentos de varias penitencias, a lo largo del trayecto pronunciaron sermones. En otra parroquia, otra hermandad de Nuestra Señora sacó en procesión su imagen, esta vez acompañada por los mercedarios descalzos de San José, cuyos individuos se presentaron con distintas mortificaciones. En la parroquia anexa a la catedral, cuando terminaba la segunda década de marzo, y durante seis noches, aprovechando el rosario que allí todos los días se celebraba al atardecer, hubo pláticas y disciplinas. Y todavía tuvieron lugar otras muchas procesiones con penitencias públicas y secretas, algunas de las cuales iban en estación a la Cruz del Campo.

     Aquellas manifestaciones radicales de penitencia fueron razón suficiente para que la máxima autoridad eclesiástica, ya comenzada la primavera de 1750, finalmente decidiera prohibir las procesiones de rogativas, a pesar de lo cual los rosarios de la capital mantuvieron las suyas. Los miembros de uno de ellos, vinculado a la primera casa de los dominicos, durante nueve noches todavía hicieron estación a distintas iglesias, aunque en ellas, una vez que el episcopado romano había tomado aquella decisión, solo fueron pronunciadas pláticas. También la autoridad municipal de la primera ciudad de la región, precedida por los alguaciles de los veinte, y contando de nuevo con los escribanos y los corredores de lonja, como penitencia todavía acordó ir  andando hasta el lugar donde recibía culto cierto cristo. Sin embargo, esta decisión fue modificada por una circunstancia que tal vez facilitó que fuera, antes que otro estímulo a los comportamientos extremos, el catalizador que precipitara la inversión del curso que antes habían tomado. A los pocos días de que el cuerpo civil de la capital acordara ir hasta el mencionado cristo empezó a llover. Fue razón suficiente para que a continuación una hermandad de Nuestra Señora, a la que ahora se adhirieron los frailes agustinos, otra vez promoviera, en vez de más penitencias, funciones de acción de gracias por el beneficio recibido.

En las poblaciones de la región, mientras tanto, todo discurría de manera más sosegada, aunque sin que tampoco en ellas faltara la interferencia de las órdenes del clero regular, que desde mediados del invierno insistentemente refractaban las rogativas.

     Estaba terminando marzo y era domingo de ramos. Para la tarde de aquel día una comunidad de clero masculino había organizado una rogativa a una milagrosa y santa imagen de Nuestra Señora, asimismo objeto de gran devoción, que recibía culto en su convento, situado, tal como era común en estos casos, extramuros de aquella población. Habían previsto un acto en dos partes, primero un sermón y luego el habitual desfile con la imagen. Con el propósito de que asistiera a ambos, habían invitado al cabildo municipal, y este efectivamente acudió. En el transcurso del sermón, aprovechando su presencia, el predicador recordó al municipio que desde antiguo estaba obligado a la mayor veneración, devoción y culto de la santa imagen a la que en aquel momento se le rogaba.

     A la vuelta de la procesión, llegada la hora del toque de la campana para la oración del ave María, el gobierno del municipio se reunió en las casas capitulares. Por experiencia sabía el patrocinio y la protección que concedía la Virgen en aquella milagrosa imagen, como testimoniaban tanto sus fieles de la población como los de todos los reinos de Castilla, e incluso los sujetos a su corona en el Nuevo Mundo. Aceptó por tanto la obligación con la que le había conminado el predicador, y por unanimidad votó corresponder a ella satisfaciendo un deseo concebido días antes, nombrar su compatrona a Nuestra Señora la Virgen María venerada en aquella imagen. En aquel asunto los capitulares actuaban inspirados por la firme esperanza de que por este medio conseguirían, tanto ellos como la población, dulce y eficaz patrocinio para el acierto y el beneficio común y particular, y logro de las consolaciones que tanto necesitaban; especialmente en la aflicción que vivían, ocasionada por la falta de agua que desde hacía tanto tiempo padecían, de tal magnitud que hacía temer que, si no se conseguía pronta y piadosa providencia divina, habría general pérdida de todas las sementeras, ganados y frutos. De este modo, en aquellos excepcionales momentos, se consumó un patronazgo, una forma muy común de alimentar la identidad colectiva en las poblaciones de la época.

     Pocos años después, uno de los regidores de una de ellas teorizó que la condición de verdadero patriota se adquiría aceptando el patronazgo de una imagen mariana. Patria, entonces, ateniéndose al sentido clásico, exclusivamente se refería a la población en la que se había nacido. Luego patriotas serían todos los que compartieran esta condición natural. Ahora bien, según aquel regidor, los habría de al menos dos clases, los verdaderos y los que no lo eran. Serían los primeros los que al mismo tiempo aceptaran el patronazgo de su correspondiente imagen mariana. Quienes no lo aceptaran, sin dejar de ser patriotas, porque esta condición se adquiría por naturaleza, incurrirían en algo aún peor, la de no ser verdaderos.

     Dado que, para entonces, mediados del siglo décimo octavo, aquellas imágenes, especialmente las elegidas para que adquirieran esta condición, contaban con al menos uno o dos siglos de culto, el número de sus devotos, entre los patriotas o nacidos en un mismo lugar, tendrían que ser significativo, en cualquier caso superior al número de los que disponían de derechos políticos. Los regidores, o miembros de pleno derecho de las asambleas de gobierno locales, y los jurados, que solo tenían voz en ellas, eran los únicos elementos de la sociedad civil que al mismo tiempo poseían derechos políticos, en los que se mantenían por vía de apropiación.

     Si nos atenemos a la teoría de aquel regidor, contemporánea de los hechos que estamos analizando, cuando una cámara de gobierno local decidía designar compatrona a una imagen habría decidido compartir su dominio con ella, puesto que este era el contenido del derecho de patronato. Más allá de la apariencia simbólica de aquella decisión, con una decisión como aquella el municipio que así actuara pretendería crear consenso para su exclusiva sociedad política nutriéndose de los devotos de la imagen, quienes, gracias al poder que a esta le reconocieran, automáticamente se lo concederían. La extensión del vínculo de identidad, o condición de verdadero patriota a todos los devotos, que tendría ser automática por el hecho de ser devoto, en la medida en que lo aceptaran los convertiría en sujetos a la exclusiva sociedad política limitada a regidores y jurados, sin que al mismo tiempo dispusieran de los derechos que eran inherentes a quienes formaban parte de ella.

     En aquel estado de calculado fervor, tras insistir en su deseo de servir más a Dios Nuestro Señor y reverenciar a Nuestra Señora la Virgen María, aquel municipio también acordó que, si en toda la santa semana que aquel día empezaba no se conseguía el beneficio de la deseada y congruente lluvia, se continuaría la rogativa comenzada con una procesión que llevara la imagen a la iglesia mayor, en donde se le haría una fiesta con la decencia correspondiente. La procesión tendría lugar el segundo día de la inmediata pascua de resurrección por la tarde, y en el siguiente la fiesta, a costa de todos los miembros del cabildo, según la devoción y facultades de cada uno, considerando no obstante el atraso tan grande y notorio de los propios. Para dar cuenta del voto que se había comprometido, al provincial de la orden en cuyo convento estaba la imagen, que residía en él, a su padre corrector y a toda la comunidad, así como para cuidar de la procesión y fiesta decididas, fueron nombrados como diputados dos regidores.

     Ya a primeros de abril, más de dos semanas después de otorgada la última escritura de pleito homenaje, un domingo por la tarde, el gobierno de la población donde se atenían con disciplina a estas formalidades organizó una procesión general con el clero, las órdenes religiosas y las hermandades. Llevaban en ella la milagrosísima imagen de María santísima madre de Dios y señora nuestra. Salieron de la iglesia parroquial mayor y fueron a la del monasterio extramuros donde se mantenía su culto. En la capilla mayor del monasterio el corregidor y los dos regidores para esto diputados entregaron la imagen a la comunidad que lo regentaba, y, en su nombre, al prior, quien otorgó que la recibía. El corregidor hizo, en forma de cancelación, alza y quita de la obligación contraída por los diputados en las escrituras de pleito homenaje, otorgadas a primeros de mediados de marzo. Declaró las escrituras por ningunas y rotas y que los diputados habían cumplido con la obligación que por ellas habían adquirido.

     Para entonces, las rogativas de 1750 podían darse por concluidas. Todo cuanto de ellas se podía esperar había sucedido.

No se debe precipitar el lector contemporáneo en su juicio sobre la pertinencia de las rogativas, aunque ahora estemos dispuestos a sonreír con benevolencia ante semejantes actuaciones. En años como aquel sobraban razones para comportarse del modo más comprometido, en modo alguno inconsciente, a la hora de la adversidad. Por desgracia, no hay muchos datos sobre los efectos inmediatos que en el transcurso de los meses siguientes, los de la primavera y el verano, la penitencia pública tuviera en el campo sobre el que pretendía incidir, lo que debe considerarse más un descuido de los autores de nuestras fuentes que falta de eficacia de aquellas transacciones. Pero, a pesar de la falta de información positiva, disponemos de indicios suficientes sobre cuáles pudieron ser. Conocidos los reiterados esfuerzos por modificar el discurrir adverso del tiempo, no es posible creer que de tan generosa entrega y tantas movilizaciones los explícitos beneficios temporales que de ellas se esperaban no dejaran rastro.

     En su momento, las rogativas eran percibidas como un hecho que, aparte sus beneficios espirituales, también podía provocarlos de orden económico. Evidentemente no tenían ningún efecto en el campo de la producción. Pero, así como el tiempo atmosférico era causante directo, porque a él está subordinada la supervivencia de las sementeras, las rogativas tenían demostrado que eran factor que modificaba inmediatamente el comportamiento de los precios del grano. Bastaba su convocatoria para que los precios de los cereales panificables subieran.

     Probablemente sería un exceso concederles toda la responsabilidad directa sobre algo que por sí mismo disponía de medios más que suficientes para alentar toda clase de oscilaciones en cualquiera de las direcciones deseadas por quienes participaran en aquellos mercados. En la época todos los interesados en su mercado eran conscientes de que la evolución del precio del trigo cada año se podía estimar con antelación. No hacía falta más que tener en cuenta el curso de las cotizaciones en los tiempos anteriores y corrientes. Perceptores de renta en especie, vendedores de grano, trabajadores agrícolas y consumidores urbanos, todos muy sensibles a todas las oscilaciones de los precios de los cereales, harían sus apuestas sobre el signo y el valor de los siguientes de acuerdo con el comportamiento de los anteriores del ciclo, en el que por experiencia sabían que estaban atrapados. Cada año, porque todos tenían una expectativa sobre el comportamiento futuro de aquellos precios, cada cual utilizaría todos los medios a su alcance para conseguir que su comportamiento le fuera el más favorable.

     Han sido ensayados distintos procedimientos estadísticos para reconstruir estas esforzadas voluntades, y ninguno ha podido ignorar, completada la observación de los precios efectivos, que no hay modo de representar con una sola imagen un único orden armónico que las evoque al menos transitoriamente compatibles. A decir de los observadores más críticos, bastaba, por ejemplo, que trascendieran al público instrucciones gubernamentales sobre el suministro de trigo y cebada al ejército y la armada para que el precio de los cereales subiera, porque al instante se difundía la sospecha de un previsible comportamiento acaparador de los asentistas, que a unos favorecía y a otros defraudaba. Pero sobre todo eran los tempranos anuncios de escasez los que  despertaban la esperanza en los precios mayores, que tampoco a todos satisfacían. La previsible caída de la producción, efecto inmediato de la sequía, era bastante para añadir, aun varios meses antes de que llegara el momento de la cosecha, el factor de incertidumbre que desde la primavera, cuando regularmente los precios del grano conocían sus máximos, los lanzaría de manera extraordinaria.

     Sin que nada de esto dejara de ser efectivo en cualquier ocasión, y todo tuviera sus consecuencias, aun así, nadie le puede negar a las rogativas, que tenían reservado su momento estelar entre el final del invierno y el comienzo de la primavera, el poder para liberar ciertas fuerzas que habían ganado. La autoridad regional, en pleno siglo décimo octavo, las identificó con claridad. Se me acaba de asegurar –dijo– que el ilustrísimo cabildo eclesiástico ha acordado hacer rogativas públicas, para obtener de la divina misericordia la lluvia que considera necesaria. Me ha sorprendido esta noticia, porque siendo tan notoria la influencia que tienen estas determinaciones públicas para alterar el precio del trigo, y demás abastos, creía yo que antes de determinarlas debía ser previa la solicitud del gobierno, y su conformidad. Nada hay más temible, cuando se trata del abasto del pan, que el hambre aprensiva, y esta se suscitará infaliblemente por el mero hecho de ver el pueblo se hacen rogativas públicas, porque suponen estas hallarnos amenazados de una calamidad. Por otra parte, no veo que el estado de las sementeras exija el recurso al medio extraordinario de las rogativas.

     Las previsiones que podían hacerse sobre cómo las rogativas podían repercutir en los mercados del grano, en caso de que fueran convocadas, eran tanto más certeras cuanto que sus programas habían llegado a ser igualmente reiterativos e insistentes. Poco más de diez años antes, durante el trimestre del invierno, en una de tantas poblaciones de rango medio fueron movilizadas las fuerzas necesarias para que todo ocurriera según era habitual. Llegado marzo, se acordó un novenario a un cristo y su procesión, y la corporación pública, experta y previsora, aunque participó de la iniciativa de los devotos de la imagen, decidió prever también, aparte la común rogativa para que lloviera, para el caso de que ocurrieran las deseadas lluvias, una fiesta solemne de gracias, en la que se cantara un tedeum y que se complementara con el sermón a propósito. Como, pasados los días, persistió la sequía, aparte lo que ya había previsto, optó por solicitar al arzobispo que enviara a un capuchino para que predicara una misión por las tardes durante un novenario de rogativas, y creyó conveniente, para preservar la dedicación a la penitencia, que se evitaran licencias para romerías, sobre todo a mujeres que no fueran acompañadas de sus maridos. La misma secuencia de actividades, si bien resumida, con que la que se actuó en 1750.

     Aunque las rogativas puedan reducirse a uno de los recursos agronómicos relacionados con las creencias, servido por una tradición milenaria, en pleno siglo décimo octavo habían conseguido ser algo más. Eran un medio eficaz para extender la conciencia de que los granos se encarecerían, condición que inmediatamente ayudaba a que así ocurriera. No es necesario discutir que, si algo así efectivamente pasaba, solo convenía a los que poseían grano. Pero la convocatoria de las rogativas, más allá de lo que a cada cual interesara, preparaba a todos para enfrentarse a precios altos. Entonces, como luego la publicidad, aquellas movilizaciones de devotos, que aspiraban a comprometer a patrióticas mayorías, preparaban la demanda del grano para un consumo resignado a los precios altos.

     Convocando las rogativas no es seguro que se obtuviera el benéfico efecto, pero cuando menos no era descabellado intentarlo. Allí donde se esperaba recibir los mayores beneficios de la crisis, como en la capital de la región, mercado de primer orden, porque las posibilidades para la venta del trigo eran las más extensas, las rogativas serían más tempranas y más frecuentes. Mientras tanto, en las poblaciones medias de la región, muchas de las cuales actuaban como centros comerciales de alcance comarcal de un tamaño estimable, seguirían aquel rastro, aunque con una actitud más contenida y bajo un mayor control de los medios que ponían en acción. También es probable que fuera el final del invierno el tiempo preferido para desencadenar las rogativas asociadas al comportamiento adverso del tiempo que prometía tiempos expansivos. Era un lugar común de la época que los precios del grano se iban incrementando según se iba agotando el producto precedente, más aún cuando la cosecha próxima se pronosticara deficiente justo como consecuencia de un imprevisto efecto del clima.

     Como las rogativas se habían consolidado como un recurso reservado para momentos excepcionales, el comportamiento adverso del tiempo en 1750 creó la oportunidad para comprometerse con una declaración pública de que un tiempo singular debía comenzar. Poco antes de 1750 todos reconocían la atonía de los precios de los productos de la agricultura de los cereales de la región. Se aceptaba que estaba estancada. Aquel año, ante la oportunidad que ofrecía la naturaleza, a algunos también pudo tentar el estímulo de sus precios al alza, utilizando para ello todos los medios racionales al alcance de las empresas que invertían en aquella agricultura, entre los que sin duda cumplían mejor con esa propiedad, porque tenían demostrados sus servicios, los proporcionados por las devociones. Entre los promotores de las rogativas de 1750 pudo haberlos interesados en extender entre sus semejantes el crecimiento que solo la multiplicación del precio de los abastos básicos podía originar. Su cálculo previo sobre cómo se podían a comportar los precios del trigo, si las rogativas fueran alentadas correctamente, crearía la opinión en favor de la necesidad de recurrir a tales medios estimulantes del precio. Su comportamiento previsible dentro del ciclo anual colmaría tanto fervor.

Todavía a comienzos de septiembre de 1750, cuando ya todo se hubiera consumado, el municipio que en marzo había designado como su compatrona a una imagen de Santa María decidió hacer cada año una fiesta a la imagen, con su misa mayor y su sermón, en la iglesia del convento donde recibía culto. Como el día ocho de aquel mismo mes se celebraba la natividad de la Virgen, y parecía la ocasión más oportuna para satisfacer este propósito, una vez meditadas sus decisiones, vio el gobierno de la población que ese día no era el más adecuado. Aquel día concurrían demasiadas cofradías o hermandades de los devotos al convento, que año tras año asistían primero a la función y luego a la procesión, haciéndola tan larga que terminaba a las cuatro o incluso a las seis de la tarde. Concluyeron que era preferible que el voto se cumpliera una semana más tarde, el siguiente día quince, octavo de la natividad. A la fiesta de ese día asistiría el cabildo, al menos representado por la diputación que para ello tendría que designar. Sería suficiente para que se tuviera por cumplida la fiesta acordada, sobre todo teniendo en cuenta lo difícil que era la asistencia de toda la corporación, tanto por lo largo de la estación como por la grave incomodidad que en los días de la octava ocasionaban los calores. Pasado el día quince, quedó suficiente constancia de lo penoso de la estación cuando los diputados para el acto presentaron las cuentas de los gastos que la fiesta había ocasionado. Hubieron de asistir, acompañados por el escribano del municipio, durante la mañana de aquel día en un coche que les costó ocho reales. En lo sucesivo, pues, tendría que ser el día octavo de la natividad de Nuestra Señora el que cada año se reservara para que con la asistencia de la corporación se celebrara la fiesta acordada. Por el municipio fueron elegidos como diputados para cuidar y asistir a ella un regidor y el alférez mayor, que al tiempo también era regidor. Al padre principal de la provincia de la orden en la que estaba el convento, a su padre corrector y a la comunidad les entregarían copia del acuerdo, para que les constara lo que la asamblea había decidido, y por ellos fuera aceptado.

Las tácticas del almacenamiento

Redacción

El trigo atesorado tendía a retraerse de la circulación y refugiarse en lugares oscuros y apartados, como los delincuentes a los que la justicia acosa.

Un lugar para guardarlo que contaba a su favor con una fácil coartada era el horno donde el pan se fabricaba. A ella recurrían con naturalidad los panaderos, y lo mismo hacían las personas no vinculadas al oficio pero necesitadas de su trabajo. Los que se encubrían con esta apariencia descargaban mancomunadamente la responsabilidad de su almacenamiento sobre aquel personaje si con él habían quedado comprometidos. El lazo que los unía era denominado obligación, como tantos otros compromisos que hoy podríamos llamar contratos. De la descripción que de él hacen se deduce que consistía en que una persona, habitualmente con cargo de familia, había depositado en manos de un panadero cierta cantidad de trigo, a cambio de la cual este quedaba sujeto a entregarle diariamente una cantidad regular de sus elaboraciones.

Así actuaron cuatro hombres, que hicieron su registro en el mismo documento, o en reciprocidad un panadero que mantenía una gran cantidad de trigo apartada de la circulación. Convencido de que aquellas menciones hablaban a su favor, apeló a familias de la ciudad entre las que figuraban la de un administrador de rentas provinciales, nada menos que responsable directo del sistema fiscal del momento, las de tres hombres del comercio, la de un tesorero del registro, la del regente de la audiencia, que debía celar por la justicia, la del juez de marina, la de una señora fatalmente viuda, así como la casa en la que convivían ciertas damas, sobre cuyos vínculos el documento guardó un decoroso silencio. En total, identificó veintisiete cabezas de familia que lo habían elegido para dar cobertura a su almacén de trigo. Las menciones más sorprendentes coincidían con cantidades elevadas, por encima del acopio común. Así ocurría con los cargos de la administración o, sobre todo, con los hombres del comercio, quienes difícilmente, dados aquellos tamaños del acopio, podían ocultar que en su caso había algo más que necesidad de asegurar el consumo del hogar.

La ramificación de esta forma de almacenamiento que tal vez sea de mayor interés la alentaba el comercio del grano. Valiéndose de las obligaciones que tenían contraídas, algunos panaderos que tenían a su cargo un horno justificaban su declaración de contratos porque estaban a la espera de recibir grandes cantidades de trigo, por ejemplo 2.000 unidades de capacidad, compradas fuera de la región.

Algunos vecinos de la capital recurrían a declarar que sus almacenes los mantenían en determinadas poblaciones, tan alejadas de ella que a su registro le sería imposible verificarlo. Probablemente por eso se les permitía afirmar además que allí ya había sido registrado. En otros casos, desviar el trigo a lugares alejados se justificaba por razones comerciales, porque se tuviera previsto venderlo en el lugar identificado. También podía ser consecuencia de la posición favorable que permitía la actividad de quien almacenaba. Un vecino de la capital guardaba su trigo en el palacio del señor de un lugar próximo, a medio camino entre las casas de la ciudad y las edificaciones rurales, porque era el administrador de aquel estado.

Para hacer más eficaz el almacenamiento, repartir el trigo entre distintos depósitos podía ser una buena táctica. De esta manera se complicaba el control que cualquier autoridad pudiera intentar sobre él. No debía ser nada condenable, porque había declarantes que lo afirmaban sin el menor ánimo de disimulo. En más de una ocasión quienes afirmaron actuar de este modo eran regidores de la capital, titulados caballeros veinticuatros. Supuesto que el patriciado, por razón de prudencia, se vería en la obligación de actuar en el momento crítico con la mayor integridad, es legítimo suponer que a través de los casos que revelan diversificación de almacenes estamos observando un comportamiento más generalizado.

Uno de los veinticuatros dividió su patrimonio en tres fracciones. Las dos más importantes, que juntas componían casi la totalidad del grano de que disponía, las repartió entre el cortijo que labraba en un término próximo y la hacienda que tenía en otro aún más cercano, a razón de dos tercios para el primer depósito y un tercio para el segundo. El resto, casi dos centésimas partes del total, lo guardaba en su casa. El otro veinticuatro guardaba en el cortijo que labraba, también localizado en un término próximo, algo menos de una cuarta parte de su inversión en trigo, mientras que las otras tres cuartas partes las mantenía custodiadas en la alhóndiga de la capital, en los graneros del monte de piedad.

El tamaño y la relación proporcional de las cantidades descritas permiten deducir que el trigo almacenado en casa estaba destinado al consumo familiar, tal como se hacía en otros casos, mientras que los almacenes rurales cumplirían con la función de poner a buen recaudo el grueso del capital en grano. Algo distinto parece el recurso a la institución de la alhóndiga. Si hemos de juzgar por la expresión que utiliza el autor de la declaración, parece que la abierta en la capital, en 1750, simultaneaba la función que le era propia, de mercado franco del trigo, con el de institución de crédito de grano mediante hipoteca de bienes, característica que era propia de los pósitos. Es probable que en la capital, para hacer más eficaz la política de granos en el estado de crisis, la autoridad hubiera preferido unificar las dos instituciones. Aunque pueda parecer censurable que el veinticuatro aprovechara en beneficio propio almacenes públicos, la desviación de una parte del ahorro hacia la alhóndiga indica voluntad de comercialización ateniéndose a los cauces regulares del comercio, quizás aspirando a ser estímulo para que otros tomaran iniciativas similares.

Sobre el almacenamiento en la alhóndiga es posible precisar más. Otro declarante afirmó que en su casa guardaba algo más de las tres cuartas partes del trigo que poseía, mientras que la otra cuarta parte estaba en el pósito de la alhóndiga. Con excelente criterio, comenta además que esta porción, a su vez, era el resto de una cantidad que el teniente mayor del municipio le había pedido. Aquel resto, con toda probabilidad porque así lo habría decidido él mismo, había quedado allí con la condición de que fuera reembolsada en trigo semental cuando llegara el momento de la siembra siguiente.

Parece que la alhóndiga, bien para atender las necesidades de venta en los momentos de mayor caída de la oferta bien para cubrir los servicios que se esperaban de los pósitos, de menor demanda en una población con escasa dedicación a la agricultura, se servía del ahorro privado en trigo. La devolución de patrimonio que así tomaba la iría efectuando la institución según acuerdo entre las partes, en el que seguro incluirían en concepto de intereses algunas ventajas materiales para el dador, como recibir trigo apto para la siembra. No habría en esta diversificación del almacenamiento más que una estimable dosis de buena voluntad, o a lo sumo una posición política que obligaba a actuar de este modo.

En otros casos la diversificación se extiende, no solo en el sentido horizontal, sino también en el vertical. Un hombre que labraba un cortijo en una población cercana guardaba en grano y en harina. Tres cuartas partes del patrimonio en grano lo custodiaba en sus propios almacenes, que estaban en la capital, en el sitio de la Pajería, mientras que en el cortijo mantenía la otra cuarta parte. Al tiempo, también en el cortijo, conservaba una cantidad de harina aproximadamente similar al grano allí depositado, medida en unidades de capacidad. Este comportamiento apunta en dirección a la apertura de un frente para la captación de demanda, el trigo que fluía a la primera población regional. Que la parte transformada en harina se mantuviera en el cortijo indica que lo que allí permanecía almacenado tal vez estuviera destinado al consumo interno de la explotación.

Algunos labradores dijeron servirse de los graneros de un monasterio, más allá de una de las puertas de la ciudad, o del granero del que disponía una hermandad de caridad, que estaba junto a su casa. Acogerse a una institución piadosa para almacenar trigo podía ser algo más rutinario de lo que estos casos aparentan. También eran fundaciones de este tipo las que habitualmente cargaban con el crédito común. El almacén de trigo de una institución piadosa podía proporcionar una cobertura similar, aunque en este caso no se hubiera consolidado un medio legal, equiparable al censo consignativo, que permitiera encubrir la forma de proceder. Pero el efecto sería idéntico. La institución piadosa almacenaba para hacer frente a sus fines, y el almacén de la institución relevaba de la responsabilidad de la ocultación al grano que a ella se acogiera, como apartaba del censo consignativo la pesada carga de la acusación de usura.

Podemos asegurar también que el trigo, en las situaciones de crisis, completaba el servicio que de él se esperaba cambiando de almacén. Aparte los efectos que pudiera tener para la exactitud de los registros, el movimiento era una fase de la acumulación que aproximaba a la satisfacción de los deseos que llevaran a tomar la decisión de guardar. Con el movimiento se buscaba el mejor mercado posible. Las noventa y ocho unidades de trigo que tenía un hombre que explotaba un pegujal habían sido compradas, por mano de un intermediario, vecino de una población próxima y panadero que amasaba el pan a ciertos ganaderos, a un vecino de otra inmediata.

Una variante del almacenamiento doméstico, que no carece de interés, era la desviación del almacén propio a la casa de otro. La razón que aconsejaba actuar así no se deduce con certeza del análisis comparativo de los casos en los que esto ocurría, pero en ocasiones se descubre que mediaban vínculos que facilitaban su formación. Siempre eran lazos de parentesco los que podrían explicar la decisión, como la de aquel boticario que almacenaba en las casas de su suegro, que vivía en su mismo barrio, o la de aquel hombre que guardaba en el mismo lugar que su hermano. Además, había quien elegía la casa de otro para almacenar mencionando sitios con nombre propio, lo que tal vez esté indicando que la derivación buscaba localizar el almacén en la periferia de la ciudad; mientras que un hombre del comercio dijo que el trigo que poseía lo pasó del almacén que tenía en las inmediaciones del río a un convento de monjas próximo, donde profesaba una hija, a la que por su pobreza aún mantenía. No parece que correspondan a las coartadas las tiendas y los puestos, donde también se almacenaba. Un hombre con tienda de semillería y puesto de cebada que guardaba en este, así como el que lo hacía en su casa estanco del tabaco, no disponían de cantidades más allá de las que necesitaban para surtir sus ventas al por menor.

Pero todavía es posible avanzar más en el conocimiento de los recursos de los que se nutría la ocultación observando cómo se actuaba cuando el almacén se había localizado en el campo. Cuando sus guardianes menos avisados eran sorprendidos con trigo, y a la vez se resistían a declararlo, recurrían a un argumento tan previsible como el de la llave. Lo exponían de una manera tan indefinida como ingenua, comparable a la justificación que de las travesuras hacen los niños. En tres ocasiones los interrogados afirmaron que la llave del cuarto, granero o soberado que estaba cerrado la tenía el amo de la explotación, que no estaba presente. En dos de ellas, en el transcurso de la declaración, los interrogados terminaron admitiendo que en las dependencias a su cuidado había trigo, pero que no les era posible averiguar la cantidad por la misma razón. Tal acceso de sinceridad, emergencia de una punta de reflexión sobre la ridiculez del argumento, haría manifiesto el deseo de eludir responsabilidades personales.

En otros casos, a la vez que no se resignaban a reconocer su ingenuidad, los declarantes pretendían dar solidez al argumento tomando distancia, cuanta más mejor, incluso concediéndose la confesión abierta de que en las dependencias cerradas había trigo. Mientras que un responsable de su custodia decía que las llaves de los graneros donde estaba guardado las tenía un padre de uno de los colegios jesuitas de la capital, a cuyo cargo estaba la explotación, y que en aquel momento se encontraba en ella, otro explicó que el granero estaba cerrado y la llave la tenía el mayordomo del dueño, quien estaba en Extremadura cumpliendo con sus obligaciones.

Lo sorprendente es que bastara esto para no seguir adelante y el registro quedara suspenso. Como en ningún caso se utiliza un argumento distinto al de la llave, habrá que pensar que las tácticas aplicadas al retraimiento de la circulación del grano eran igualmente elementales, tanto como elegir dependencias con puertas provistas de cerradura, echar la llave y hacerla desaparecer. Evaluada la escasa entidad del argumento, más bien habrá que deducir que la tolerancia encubría la elemental táctica de la ocultación, alimentada por hábito con subterfugios y mentiras groseras.

Los titulares de derechos sobre el diezmo tenían su propia red de dispersión del trigo. Utilizaban las cillas como almacén un hombre de actividad indeterminada, que guardaba en la que el cabildo catedralicio tenía en una población en plena campiña, donde recogía el pan terciado de los diezmos; el mayordomo de la fábrica de una parroquia de la capital, que mantenía en poder del arrendador del diezmo de pan de la collación lo que le tocó a la fábrica en el reparto de 1749, y al declarante como percepción por ser mayordomo; y un contador de la real caja de subsidio, quien, de las sesenta fanegas, siete almudes y dos cuartillos de trigo que tenía, veinticinco fanegas las guardaba en las casas donde vivía, otras veinticinco, siete almudes y dos cuartillos las tenía en poder de un presbítero, arrendador de la renta de pan de otra de las collaciones para el año de 1749 y otras diez fanegas en poder del arrendador de la renta de pan de cierta población en el año 1748.

El cabildo además poseía el granero de la santa iglesia o cilla central, donde una viuda, a cuyo cargo estaba la mayordomía de la mesa capitular, guardaba lo que le había tocado a su hijuela de pan en el año en curso, mientras que lo que le correspondió en la concordia de otra población de la campiña lo mantenía en poder de quien la administraba.

El pan podrido

Redacción

1. Una población a mediados de 1750 había comprado por su cuenta, aunque a expensas del caudal cedido por el rey del importe de sus rentas, mil fanegas de trigo ultramarino para hacer frente a las necesidades que provocara el hundimiento de la producción de los cereales aquel año.

El 11 de septiembre de 1750, en la reunión de su ayuntamiento, uno de sus regidores informó que el cereal, tal como se había decidido en su momento, estaba encamarado en los graneros del pósito. No obstante haberlo movido y apaleado muchas veces, para preservarlo de corrupción, y haber ido a repetir esta operación un par de días antes, el 9, había advertido que comenzaba a calentarse y a criar algún gorgojo, por lo que inmediatamente había ordenado que la mitad del trigo se moviera y se mudara a otro granero. Aligerado de este modo, con los frecuentes apaleos que se le daban, creía posible que se mantuviera.

El ayuntamiento decidió que se siguiera apaleando, así como convocar a cabildo para el lunes siguiente, día 14, con esta justificación. La necesidad de los naturales de la población era tan urgente y notoria, y, como el caudal del pósito era y debía ser para el beneficio común, debía conferirse sobre si sería conveniente distribuir entre los necesitados parte de este trigo en pan amasado.

Cuando el ayuntamiento se reunió el día 14 el orden del día había sido ampliado. Eran dos los asuntos a tratar, el socorro a los pobres mendigos naturales de la población y las mil fanegas de trigo ultramarino que habían comprado y habían empezado a calentarse. El acuerdo al que se llegó sobre lo segundo tenía consecuencias para lo primero, la política de pobres que se estaba aplicando. Se dijo que en aquel momento era superior la necesidad que había en el común de los pobres de la población, cuyo número había aumentado en pocos días a consecuencia de las órdenes que en esta materia había dado la junta de granos del reino, para que cada pueblo mantuviera los que hubieran nacido en él. Para su socorro no alcanzaba, aun en poca cantidad, la limosna que diariamente recogían, pidiéndola todos los días de puerta en puerta, por más que las personas caritativas quisieran ampliarla en aquella situación con esfuerzos superiores a los que hacían en otros tiempos.

El gobierno de la población, para hacer frente a tan importante materia, había propuesto a la junta del reino, como medios para hacer efectiva la limosna que se necesitaba, la imposición de arbitrios sobre frutos y otros géneros, así como el arrendamiento de algunas tierras baldías. Pero no había sido admitida por la junta la imposición de los arbitrios, aunque había permitido el arrendamiento de tierras, que se había intentado bajo las formalidades previstas por la junta, pero que hasta el momento había sido imposible porque no había postor para ellas.

De esto resultaba, no solo el irreparable perjuicio que padecía la multitud de pobres por falta de socorro, sino el gravísimo daño de que muchos, forzados por su necesidad, en los campos término del municipio, atropellaban ganados y ganaderos y habían cometido diferentes excesos criminales, que habían puesto en el mayor cuidado al gobierno municipal y sus justicias. Todas estas circunstancias, por ser dignas de la mayor atención y pedir rápidamente soluciones, habían recomendado al gobierno de la población buscar otras salidas.

Parecía la más oportuna servirse del caudal del pósito, puesto que era propio del común, lo que podía hacerse sin perjuicio de la sementera inmediata, teniendo en cuenta que estaban almacenadas y compradas aproximadamente mil fanegas de trigo ultramarino. Inmediatamente podían servir para hacer frente a la necesidad de que se trataba. Se podrían repartir a los pobres en pan cocido, según un plan de reparto diario.

Para su satisfactoria ejecución sería necesario prever la reposición de las mil fanegas. Para ello, bastaría servirse de las creces del pósito, tarifa de sus créditos en grano que igualmente era obligado liquidar en la misma especie. Serían suficientes las de un año, y esa cantidad sería reservada para venderla en la siguiente sementera. Los ingresos que así se obtuvieran se podrían después aplicar a satisfacer la deuda que se había contraído en su momento con la hacienda real, la que había proporcionado la masa monetaria que en junio se había invertido en la compra del trigo ultramarino.

A la asamblea de gobierno de la población le pareció conveniente consultar a la autoridad regional sobre este plan, adjuntándole testimonio del acuerdo que se había tomado, otro de que el municipio no usaba arbitrio alguno, más un tercero que acreditara la existencia de aquel trigo. Con estos informes, al que aún se añadiría otro del caudal del que disponía el pósito, que también habría de certificarse, haciendo uso de las facultades que le habían sido concedidas por la corona para hacer frente a las necesidades que en aquel momento tenía la región, teniendo por oportuno este providencial acuerdo, podría hacer uso de su autoridad en lo que creyera viable. Acordaron que por el correo inmediato, por medio del propio corregidor, cuya conducta era fiel a la de quien en aquel momento personifica la autoridad regional, fuera ejecutada la decisión antecedente.

2. El 28 siguiente, el ayuntamiento, a través de uno de sus regidores, que había sido nombrado como diputado para el beneficio del trigo ultramarino, tuvo de nuevo noticias sobre el estado del grano. No obstante su continua atención, gracias a la cual cada tres días estaba siendo objeto de grandes apaleos, con grandes costas y gastos, se reconocía en él quebranto y deterioro, que llegarían a lo sumo si el gobierno local en breve no tomaba alguna decisión para que se dispusiera de él.

Pocos días después, el 2 de octubre, fue el medidor público de granos quien informó al ayuntamiento que aquel grano necesitaba ser vendido inmediatamente, porque había empezado a picarse y su daño continuaba, aunque estaba apaleándose diariamente. Como se estaba vendiendo otro en la población con alguna merma, porque estaba húmedo, a 36 reales la fanega, compensando la merma que podía tener el de propiedad pública, que se encontraba completamente seco, por lo picado que estaba, también podría venderse en aquel momento a 36 reales. Si no se vendiera inmediatamente, tanto el daño como la pérdida podrían ser mucho mayores.

A consecuencia de tan alarmante informe, aquel mismo día el ayuntamiento acordó la venta de sus mil fanegas de trigo ultramarino a 36 reales, a pesar de que su adquisición había obligado a un desembolso de cerca de 42.000 reales. Aunque se habían adquirido a 37, acumularon un costo unitario de 40.44, y para resarcirse de todo el gasto incluso hubo un momento en que se pretendió venderlas a 42. Ahora reconocían que, en caso de venderse al precio que le correspondía, se seguiría un grave perjuicio al común, porque como consecuencia el pan elaborado con aquel trigo tendría que venderse a un precio más alto que el que tenía en aquel momento en el mercado local. Para que la venta no se demorara, fueron facultados por el gobierno de la ciudad dos regidores, a quienes se les autorizó a ejecutar lo que creyeran conveniente para que el trigo ultramarino fuera pronto despachado. El déficit que de esta operación iba a resultar para los haberes reales se absorbería con la venta de las mil fanegas de trigo que se ingresaran gracias a las creces del pósito. Según informaba el corregidor, que estaba en la capital tratando el asunto con la máxima autoridad territorial, ocupados ambos en el alivio de la región por orden del rey, se facilitaría esta venta para con su importe restituir los ingresos de la corona.

3. De cómo fueron ejecutadas estas decisiones no tenemos datos, pero el 3 de junio siguiente, ya año 1751, el alcalde mayor, en ejercicio de corregidor, porque aún estaba ausente el titular, formalizó por escrito una denuncia al instante de haberle sido comunicada. Se estaba vendiendo pan amasado con trigo de la mar de muy inferior calidad, el adquirido por el municipio meses antes, comercializado al por menor a través del pósito, y aun perjudicial para quien lo llegara a comer.

Para que no sufriera ningún daño el común, y fuera corregido cualquier desorden en el que pudieran haber incurrido los panaderos, mandó que el alguacil mayor, en compañía de un escribano de cabildo, asistido por los ministros de justicia que tuviera por conveniente, se presentara en los lugares donde habitualmente se vendía el pan. Para proceder tal como correspondía, se haría acompañar asimismo por panaderos inteligentes, que actuarían como peritos y reconocerían las piezas que en aquellos lugares se estuvieran vendiendo. Si efectivamente comprobaren que no eran de buena calidad, que las aprehendieran y las pusieran en depósito seguro.

Tras notificar al alguacil mayor el nombramiento del que le había hecho objeto el alcalde, el escribano requirió a Andrés Tapia y a Francisco Paredes, de 53 y 42 años respectivamente, vecinos del municipio y panaderos de toda inteligencia. Eran, por su continuada práctica, los que más bien conocían la bondad o mala calidad del pan y del trigo que se amasaba. Se mostraron dispuestos a obedecer lo que la autoridad judicial había decidido y se comprometieron a hacer fiel y legalmente el reconocimiento que se les mandaba hacer.

Alguacil mayor, escribano, diferentes ministros de justicia y los dos panaderos peritos para el reconocimiento del pan, se personaron en una de las calles centrales de la población, donde decidieron aprehender tres partidas de pan, amasado con trigo de la mar y comercializado en hogazas de a dos libras: 14 hogazas procedentes de la panadería de Antonio Carballido, 4,5 de la que tenía Francisco Santana, quien las comercializaría por medias hogazas, y 16 de la regentada por Cristóbal Navarro. El alguacil mayor puso las tres partidas en poder y depósito de Juan Gutiérrez, vecino del municipio en la calle aludida, quien se entregó en ellas y se obligó a tenerlas en su poder a disposición de la autoridad que lo había constituido en depositario, así como a no entregarlas a persona alguna sin que el alguacil lo mandara. Ante tres testigos a esta seguridad se sometió con su persona y con sus bienes habidos y por haber.

En la misma calle aprehendieron otras tres partidas de hogazas de pan de a dos libras, de inferior calidad, asimismo hechas con trigo de la mar. En casa de José Roldán, procedentes de Lorenzo González, panadero, 10 hogazas y 3 cuarterones, lo que significa que la hogaza este la comercializaba incluso en octavas partes, porque el cuarterón era la cuarta parte de la libra, si bien es posible que cuarterón se emplee aquí en el sentido más general de cuarto, lo que del mismo modo sería una peculiaridad para la comercialización del pan. En casa de Alonso Rodríguez, de Juan Palomo, panadero, 26 hogazas, y en casa de José Carrera, de María de la O, panadera, 27. Las tres partidas fueron puestas por el alguacil mayor en depósito de Manuel Ibáñez, vecino de la población, en aquella calle, que estaba presente. Se dio por entregado de todo este pan y se obligó con las mismas formalidades que fueron satisfechas en el caso anterior. Se comprometió a no entregarlo a persona alguna sin expreso mandato para ello del alcalde mayor, o en su defecto a pagar su valor

Fue a continuación el grupo judicial a otro lugar céntrico, esta vez en la otra mitad de la población, y allí aprehendieron otras cuatro partidas de pan. También se trataba de hogazas de a dos libras amasadas con trigo de la mar: 4 que se estaban vendiendo como de Javier Rodríguez; 68 en casa de Pedro de Ojeda, quien dijo que eran de Juan Martínez, panadero; y en casa de Cristóbal Gallardo dos partidas, una de 25 hogazas, quien declaró que eran de Sebastián Romero, panadero, y otra de 26 que, según manifestó, eran de don Juan de Valenzuela, quien allí las había enviado a vender. Estas cuatro partidas quedaron en depósito de Fernando de Rueda, que vivía en aquel lugar.

Todavía en casa de Cristóbal Gallardo hicieron una segunda aprehensión, de 91 hogazas de pan. Dijo que eran también de Sebastián Romero. Y aún en el mismo lugar, en casa de Ignacio Fernández fueron incautadas 68 hogazas de un Antonio Carrero, panadero, que más adelante aparece identificado con el nombre de Antonio Rodríguez. Todas eran de a dos libras y habían sido amasadas con trigo de la mar de inferior calidad. Quedaron las dos partidas en depósito de Antonio Gutiérrez, vecino de la población allí mismo.

Por último, la comisión fue desde ese lugar hasta la calle de salida de la población en dirección a la capital. Allí, en casa de Antonio Toranzo, aprehendieron 25 hogazas de pan, también de a dos libras, del que dijeron los peritos que había sido amasado con trigo de la tierra, picado y de muy inferior calidad, motivo por el que olía muy mal. Toranzo explicó que se lo había llevado Alonso Pérez, llamado Zape, panadero, para que lo vendiera, y en efecto ya había vendido algunas hogazas de él a 6 cuartos, es decir, a 24 maravedíes cada una. El alguacil mayor también denunció este pan y lo puso en depósito y poder del propio Toranzo.

Al escribano todavía le quedó tiempo para ir a casa del alcalde mayor y relatarle los autos y diligencias que el alguacil mayor había ejecutado. El alcalde los aprobó e interpuso en ellos su decreto judicial. Le mandó que continuara en el ejercicio de la comisión que le había conferido, ya que él se encontraba indispuesto para hacer aquellas diligencias, y justificara si era o no perjudicial para la salud pública el pan amasado de trigo de la mar que se había aprehendido. Para que lo reconocieran nombró a Andrés Tapia y Francisco Paredes, los mismos panaderos y peritos inteligentes que ya habían actuado en la inspección. Cuando aceptaran y juraran el reconocimiento, una vez que lo hicieran, comparecerían a declarar lo que resultara. Explicarían las razones por la cuales el pan aprehendido era de mala calidad [sic] y de dónde le provenía esta condición.

Hechos el reconocimiento y la declaración de los dos peritos, se presentarían a los médicos don Bernardo Luis Oviedo, de 33 años, y don Bernardo Francisco Oviedo el menor, de 73 años [sic], titular de los reales hospitales y ejércitos, de la familia de la reina, que residían en la población, a quienes el alcalde mayor había decidido nombrar para que, haciendo experimento con el pan aprehendido, depusieran sobre su malignidad, en caso de que la tuvieran, y sobre los perjuicios que pudieran seguirse a la salud pública, si se comiera, con la mayor expresión y claridad. Cuando así fuera ejecutado, los autos deberían llevarse ante él para en su vista proveer.

El escribano, sin que aún hubiera terminado aquel largo 3 de junio, notificó las decisiones del alcalde al alguacil mayor y a los panaderos peritos, quienes aceptaron y juraron, y a don Bernardo Francisco Oviedo y a don Bernardo Luis Oviedo, los médicos, sus nombramientos para el reconocimiento del pan aprehendido, que igualmente admitieron, juraron y firmaron.

El alguacil, acompañado por el escribano y los dos peritos nombrados, asistidos por diferentes ministros de justicia, pasaron a los lugares donde estaba depositado el pan aprehendido. Los peritos lo fueron reconociendo, probando y partiendo en presencia del escribano. Así actuaron con el que habían aprehendido en la segunda inspección, y lo mismo con el que estaba en depósito después de la primera, con expresión de todos los amasijos de cada uno de los panaderos que constaban en los autos. Hicieron el reconocimiento a su buen leal saber y entender. El escribano lo puso por diligencia y los dos peritos no firmaron porque no sabían. El alguacil mayor, ante el escribano, les tomó juramento, y dijeron haber reconocido el pan aprehendido y ofrecieron decir la verdad. Y este fue su dictamen.

Once de las partidas eran de mala calidad. El pan, según su olor y sabor, demostraba que el trigo de la mar con el que se habían amasado las respectivas hogazas era muy inferior, podrido y dañino para quien lo comiere, por lo que no se debía usar de él para la alimentación. La partida de 25 hogazas aprehendida en casa de Antonio Toranzo, durante el último reconocimiento, amasada por Alonso Pérez, alias Zape, con trigo de la tierra de inferior calidad, de aspecto muy añejo, era aun de más mala calidad que el de la mar, como de él se demostraba. Estaba podrido y había sido sacado de silos donde en gran parte se había cargado de humedad.

Solo la partida de 4 hogazas, depositada en casa de Fernando de Rueda, durante la segunda inspección, que se estaban vendiendo como de Javier Rodríguez, no era de mala calidad. En cuanto a la partida de 27 hogazas aprehendida en casa de José Carrera, durante la primera, y depositada en Manuel Ibáñez, que procedía de la panadera María de la O, aunque amasada con el trigo de la mar, no era de tan inferior calidad como las otras. Era cierto que estaba prieto pero no tenía tan mal olor y tan baja calidad como las demás, por lo que se podía comer sin el riesgo que las otras tenían.

Al día siguiente, 4 de junio, ante el alguacil mayor, comparecieron los dos médicos. El alguacil, ante el escribano, les tomó juramento. Lo hicieron y ofrecieron decir la verdad en lo que se les preguntara, y fueron interrogados sobre el reconocimiento del pan aprehendido que habían hecho.

Dijeron que el día anterior habían reconocido una porción de pan cocido de hogazas de a dos libras, y que habían visto el dictamen de los panaderos nombrados para este caso, quienes habían afirmado que el pan estaba amasado con trigo corrompido, tanto el de la tierra como el de la mar, como lo demostraban sus malos olor y sabor, que patentemente se manifestaban. Bajo este supuesto, los médicos afirmaban que el uso de este pan para comer era muy pernicioso. De él podía resultar gravísimo daño, como una epidemia o peste, puesto que el aire y los malos alimentos eran las dos causas principales de semejantes tragedias. Entre los alimentos, la causa más principal, como más común, era el pan. Era cuanto de su parte podían manifestar, en cumplimiento de sus obligaciones, y así lo decían.

Suplicaban, en consecuencia, que se hiciera celar e impedir semejante introducción y uso, en lo que se interesaba la causa de Dios y la común, y la buena administración de justicia por su responsable por dos títulos, como padre de la república y como individuo. Como tal le podía alcanzar como al más pobre, teniendo como tenía a sus puertas los ejemplos de Antequera y Málaga, que podrían haber provenido de la misma causa. Así lo sentían y declaraban, bajo el juramento que tenían hecho, y lo firmaron. A continuación, el escribano fue a las casas del alcalde mayor y le dio cuenta del estado de los autos y diligencias en curso. Los aprobó e interpuso su autoridad y decreto judicial, mandando que se hicieran presentes los autos, para en su vista dar las providencias que correspondieran.

El 7 de junio el alcalde mayor, porque actuaba como juez en estos autos, mandó que por el término de una audiencia, que se les señaló por último y perentorio, se diera traslado de ellos a todos los panaderos a los que constaba habérseles aprehendido pan amasado con trigo de inferior calidad; para proveer con lo que dijeran o no, pasado que fuera el plazo, en vista de los autos.

El escribano lo notificó a cinco de los encausados: Antonio Carballido, Cristóbal Navarro, María de la O, Sebastián Romero -por dos partidas- y don Juan de Valenzuela en sus personas, a quienes apercibió de su efecto. Al día siguiente, 8 de junio, el escribano cumplió con la notificación a otros dos panaderos, Lorenzo González y Juan Palomo, en sus personas. Y al otro día, 9 de junio, el escribano notificó el auto en cuestión a Juan Martínez y Antonio Rodríguez, antes identificado como Antonio Carrero, panaderos, en sus personas, a quienes apercibió de su efecto. Después, el escribano sacó memoria de los panaderos que faltaban por notificar y la entregó a Tomás de la Reguera, portero del cabildo, para que los citara. Entre el 9 y el 10 de junio este cumpliría con el encargo que se le había hecho, y el 10 compareció ante el escribano diciendo que había citado a Francisco Santana, Javier Rodríguez y Alonso Zape en casa de cada uno de ellos. Pero dos días después, el 12 de junio, de nuevo depuso ante el escribano, ahora diciendo que había citado por segunda vez a los panaderos que no habían comparecido y constaban por los autos no haberse notificado. En casa de Javier Rodríguez se le había respondido que este ya no era panadero y que se había ido a trabajar a la Sierra. En la de Francisco Santana, que estaba ausente de la población y no sabían cuándo vendría, y la misma respuesta le habían dado en casa de Alonso Zape.

Decidido a acabar con estas dilaciones, para citar de nuevo a los panaderos incursos en los autos, esta vez el escribano entregó memoria, con expresión de sus nombres y apellidos, a Eusebio Martín, alguacil del municipio. El 14 de junio compareció ante el escribano. Cumpliendo con la diligencia que se le había mandado, había buscado, en primer lugar, a Francisco Santana. Habiéndose informado en la casa donde vivía, se le había dicho que no era natural de la población, de la cual se había ausentado a Guadajoz con su mujer y familia, después que se le hubiera aprehendido el pan que constaba en los autos. Había pruebas, por otra parte, de que Javier Rodríguez estaba ausente en la Sierra cardando, y decían que tardaría en volver de allí entre tres y cuatro meses. La mujer de Alonso Zape, por último, le había dicho que su marido estaba ausente de la población. Pero ofreció, luego que viniera, decirle que compareciera en las casas audiencia o en la escribanía donde se estaban tramitando los autos. Volvió tan pronto que al día siguiente, 15 de junio, el escribano le pudo hacer saber el auto de traslado proveído el día 7 al propio Alonso Pérez, llamado Zape, según y como en él se contiene, en su persona, a quien apercibió de su efecto.

El día 16 el alcalde mayor, en ejercicio de corregidor por ausencia del titular, declaró, vistas las declaraciones hechas por los peritos y los médicos nombrados para el reconocimiento del pan aprehendido a distintos panaderos. Se verificaba, en primer lugar, por las diligencias que los interesados estaban notificados, a excepción de Javier Rodríguez y Francisco Santana, de los que constaba que se habían ausentado y que, aunque había pasado el término, y mucho más del que se les señaló por último y perentorio, no habían dicho o alegado cosa alguna, por lo que estaba visto que no tenían qué responder y conocían su delito. Por lo tanto, declaró todo el pan amasado aprehendido de inferior calidad y hecho con trigo podrido, de mucho gravamen para la salud pública para quien lo comiere, y decretó que para que esto no se experimentara que todo el pan fuera deshecho y se enterrara.

En cuanto a lo que resultaba contra los panaderos, el alcalde mayor los condenó a las costas de los autos, a justa tasación, mancomunándolos en ellas, y apercibiéndoles de que se abstuvieran en adelante de amasar pan de trigo que no fuera de buena calidad, porque, si así ocurriera, serían castigados con el mayor rigor. Las costas fueron 12 reales para el juez, 93 para el escribano, 34 para el alguacil mayor, 24 para los ministros, 8 para los peritos y 1 real y 12 maravedíes de papel. En total, 172 reales y 12 maravedíes, que fueron divididos en solo ocho partes. Si tuviéramos en cuenta que los encausados habían sido doce, que dos estaban ausentes y que el pan de otros dos no se consideró completamente nocivo, estaríamos en condiciones de identificar por sus nombres a cada uno de los ocho penados, cada uno de los cuales tocó a unas costas de 21 reales y 18 maravedíes. Eso fue todo. Un proceso más serio podría haber encausado a quienes fueron los responsables de que aquellos trigos se hubieran comercializado.

Un fracaso, sus culpables y los convictos. Segunda parte

Redacción

Los tumultos causados por el traslado de una partida de cereal, justificado porque había sido vendida a un comprador que residía en otra población, eran habituales en la época. Según algunos observadores, de ellos solían ser protagonistas mujeres, porque por su condición no se las podía contener, una observación que silencia la parte de la condición femenina que les valía el papel protagonista.

Además, eran causas de tumulto reconocidas por los contemporáneos la escasez de granos en los mercados, la subida excesiva tanto de sus precios como del pan, o elaboración regular del trigo, y el hambre física. Ninguna de ellas es defendida por ninguno de los polemistas que deben leerse, desapasionados cuando argumentan sobre estos hechos, como un mecanismo iniciador de una relación causal inmediata, sino como razón que podía avalar la gestación y el desarrollo de la protesta.

Probablemente los alentados a partir del exceso de los precios fueron los más frecuentes.

Una forma moderada de expresar el descontento por el alza que afectaba al del pan, así como de emerger del modo más prudente la actividad de sus promotores, era fijar pasquines impugnándola. A propósito de una de estas situaciones, una de las más conocidas, podían ser difundidas letras anónimas como esta: “Señor, si Usía celara / que del pan corriese el trato / Usía, y más barato / ¿quién su celo no ensalzara? / Mas, si nos sale a la cara / lo que nos cuesta congojas, / venirse con esas flojas / de querernos descapar, / diga Usía: ¿no es tomar / el rábano por las hojas?”

No es difícil reconocer en tan inspirados versos la coincidencia del factor aceptado por la opinión del momento como causa justificada de la protesta, la manipulación de los hechos a la que propenden los autores, partícipes de la trama clandestina de la conspiración, y el comportamiento irracional al que se pretende arrastrar a las poblaciones con esta manera de argumentar.

El comportamiento gregario de hombres y mujeres, durante los tumultos a los que con facilidad, a consecuencia de tal manera de actuar de los inversores a los desórdenes, evolucionaba el malestar causado por el incremento de los precios de las subsistencias era más probable y menos previsible. Para pleno siglo décimo octavo se ha descrito un buen número de excesos asociados al alza del precio de los bienes que utilizaban las poblaciones para alimentarse. Eran posibles el asalto y pillaje de los almacenes donde sus dueños guardaban el cereal, que las poblaciones sabían reconocer, a pesar de los esfuerzos por ocultarlos que se habían impuesto los actores de la cultura rural. Cuando la autoridad judicial quería actuar para salir al paso de los excesos, sirviéndose de alguaciles y otros ministros de la justicia, se la cercaba y se la insultaba, ante lo cual reaccionaba retirándose.

Una masa en acción también podía optar por el secuestro de personas significadas, lo fueran por su dedicación al comercio o porque estuvieran investidas de alguna autoridad; forma de extorsión que se proponía tener un efecto inmediato sobre el comportamiento de las cotizaciones en el mercado de los bienes con los que se sobrevivía. Para inmovilizarlas se utilizaban las cárceles de las poblaciones, previamente asaltadas. Podían ser apedreadas las ventanas de las casas de los comerciantes, saqueadas sus tiendas, asaltadas y destruidas sus propiedades. Se llegaba hasta el incendio de las residencias objeto de la ira, incluso de otras cualesquiera, y el homicidio de las personas secuestradas. Acciones cargadas con idéntica ira, también descritas por los documentos, eran el asalto, pillaje y quema de panaderías, porque quienes las regentaban podían personificar, para la parte de los exaltados que juzgaba por las apariencias, la responsabilidad de la carestía.

Los promotores de los tumultos coaccionaban a los colaboracionistas con amenazas de lesiones. En una, cursada a través de un libelo anónimo, fueron mencionados como instrumentos de agresión, esperando de la nómina que fuera bastante para disuadir a quienes se sintieran concernidos por ella, escopetas, trabucos, sables y espadas, lanzas y rejones, hachas, porras y palos y piedras, así como, con celebrada ironía, la buena voluntad. De ahí que la administración de justicia, como medio represivo universal, a salvo de actuaciones más rigurosas, cuando cada caso las hiciera necesarias, castigara la participación en los tumultos con la cárcel y el embargo de los bienes de quienes resultaran encausados.

Después de los acontecimientos de la tensa mañana del 9 de mayo, la asamblea de gobierno de la población se reunió, mientras los peores presagios alentaban el pesimismo entre los concurrentes. La situación había escapado de las manos de quienes parecían llevar la iniciativa, y lo que finalmente había ocurrido con el proyectado transporte de trigo a la capital era una derrota completa para ellos. El corregidor, quien mejor la personificaba, a decir del relato contemporáneo puso a consideración del senado local lo ocurrido, aunque a cada uno de sus miembros ya le constaba. Su objetivo era que el colegio de los próceres decidiera, cumpliendo con su obligación y de acuerdo con su parecer, qué podía remediar la situación.

Las poblaciones habían sido constituidas en municipios por la corona, a cuya expansión sirvieron. Pero, a diferencia de lo ocurrido en las periféricas del imperio germánico, que vieron crecer su poder, en la medida en que el imperio se debilitaba, tanto que alcanzaron el estado de repúblicas independientes, las repúblicas urbanas hispánicas a lo sumo consiguieron una autonomía limitada, más fruto de la necesidad de servicios, de los que la corona jamás pudo prescindir, que de la pujanza de las instituciones locales. Cuando el imperio coincidió con el dominio de Castilla, al contrario la tentación autonómica a la que cedieron aquellas repúblicas, por atracción de las más brillantes del continente, que durante un tiempo habían sido capaces de recuperar parte del equilibrio político que garantiza la constitución igualitaria, fue radicalmente defraudada. La sumisión al poder central marcó la historia de las repúblicas urbanas de Castilla durante la época moderna, y los cambios que el modelo francés introdujera, que alentó su existencia, no fueron bastantes para modificar el sentido de aquella relación. Pero ni dejaron de ser repúblicas ni un poder, que durante todo este tiempo compitió con los otros, y que en ocasiones ponía al descubierto las diferencias que de los demás lo distanciaban.

La asamblea de gobierno urbano, a mediados del siglo décimo octavo, era llamada ciudad, no porque abusando del lenguaje se tomara la parte por el todo sino porque era la única institución en la que se alcanzaba la plenitud de los derechos políticos. Formada por un par de docenas de regidores y jurados, solo los primeros tenían voz y voto, mientras que los segundos a lo sumo habían alcanzado, tiempo atrás, la condición de tribunos. Cuando al referirse a la asamblea el corregidor la llamaba ciudad empleaba con rigor el lenguaje, porque solo allí estaban presentes quienes podían disponer de la plenitud de los derechos de ciudadanía, realmente existentes antes de la revolución que pretendiera extenderlos pero restringidos porque a ellos se había accedido por compra.

Un escribano público ya había redactado diligencias y autos sobre lo sucedido, ordenados por la autoridad judicial de municipio. Entró el relator en la sesión para leer todo lo que había escrito, que se concentraba en los acontecimientos del día, sobrecogido e impresionado por ellos. Por el momento, la asamblea acordó que se copiara todo el texto a continuación del acta del capítulo que se estaba celebrando, tras lo cual el escribano salió de la sala donde se celebraba la reunión.

Una vez oído lo expuesto por el corregidor y lo que había leído el escribano, los ciudadanos primero se hicieron cargo del desasosiego ocurrido en la población por segunda vez, aunque ahora con otro énfasis. No había bastado a contenerlo, dijeron, la autoridad del corregidor, ni la de los caballeros que le habían ayudado, ni tampoco la acertada persuasión con la que todos habían acudido a desvanecer las fantásticas ideas de la plebe, por completo inquieta.

Tal como estaban las cosas en aquel momento, no le era posible al gobierno de la población, ni al corregidor, hacer efectiva la conducción del trigo a la capital; como, de acuerdo con su legítimo deseo, con los mayores esfuerzos, esta había solicitado. En aquellas circunstancias, lo único que podían hacer era acordar que se diera cuenta por el posta, mediante copia legalizada, de los autos de cuanto había ocurrido, que ya estaban registrados, al gobernador del Consejo, máxima autoridad de gobierno para esta parte de los territorios de la corona. Sabiendo que todos estos hechos provenían de la necesidad que padecían las poblaciones, comunicaría las órdenes que creyera convenientes.

A partir de aquel momento, tristemente marcado por la derrota, una actitud algo más magnánima inspiró las decisiones. La ciudad diputó a un regidor que desde el principio había actuado como hombre bueno, proponiendo iniciativas a un tiempo valientes y abnegadas, un trabajo comprometido, ir a la capital e informar al asistente y a los miembros de la junta de granos de lo que había ocurrido. Habiéndolo puesto en sus manos, el poder de la ciudad dependía de sus palabras.

El acuerdo se extendió en consideraciones tan explícitas que delimitó con exactitud los términos en los que debía presentarle al intendente el informe. Primero había de enfatizar el insuperable obstáculo que a la ciudad y a su corregidor se les oponía en esta ocasión para atender a la capital con sus medios, como había hecho gustosamente en las demás oportunidades que se le habían ofrecido. Que lamentablemente lo dificultaba la invasión y el mal fundado juicio de las gentes que temían la salida del grano, pero que contaban con que, una vez que fueran informados, estimulados por su comprensión, prudencia y benignidad, sabrían elegir el medio más oportuno para serenar los bulliciosos ánimos de la plebe. Así conseguiría la inocencia del resto del vecindario la tranquilidad que convenía. Por último, para completar las decisiones que en aquel momento parecían oportunas, también se acordó escribir al arzobispo coadministrador, responsable efectivo de la administración religiosa católica organizada para la región.

La situación que se había creado era lo bastante delicada como para que todo ocurriera deprisa, y también para que la mutua desconfianza a la que degenera el fracaso empezara a desviar las relaciones por tránsitos imprevistos.

No obstante el acuerdo del día 9, por el que se comisionaba al hombre bueno con cargo de regidor, por una razón que no dejan a la vista los medios para reconstruir aquellos hechos, entre aquel día y el 11 siguiente a la institución de gobierno de la ciudad finalmente le pareció necesario, aunque pueda parecer reiterativo o incluso contradictorio, escribir al asistente, informándole de los sucesos que el 9 habían impedido que el trigo del labrador llegara a la capital.

Los términos de la carta no eran exactamente los del informe del que era portador el regidor comisionado, al menos hasta donde es posible conocerlos. Al asistente, en la misiva que a su nombre se cursó, se le informaba que llevar el trigo hasta la capital había sido imposible por la oposición encontrada; que el corregidor y varios caballeros seculares y eclesiásticos habían hecho eficaces diligencias para contener el ímpetu de la plebe, y que de todo habían dado cuenta al gobernador del Consejo. Probablemente resultó un texto más ceñido a la formalidad administrativa que los informes que pudo presentar la diputación enviada.

Poco debió tardar la autoridad regional en contestar aquella carta, porque ya el 11 de mayo acusó su respuesta el ayuntamiento, nombre que ya entonces habían dado a la reunión de la ciudad para evitar hablar de cabildo, una institución que incluía la posibilidad de la concurrencia abierta a todos los vecinos en las ocasiones más comprometidas. Se desconocen las palabras con las que iba redactada la contestación del asistente, pero sí se sabe que ante ellas la autoridad municipal reaccionó a un tiempo con escrúpulo administrativo y tomando distancias. Se declaró dispuesta a cumplir cuanto se le ordenara, pero también, hasta que el Consejo resolviera sobre cómo conducir el trigo, a no tomar otra decisión sobre el asunto. Negó además lo que inmediatamente antes había afirmado, ignorando la autoridad del intendente. Tal vez de los informes que al tiempo enviaba el regidor diputado, que aquel mismo día informaba por carta de las gestiones que ya había hecho en la capital, se dedujeran algunos indicios que recomendaran fijar de aquel modo la posición de la autoridad municipal.

Paralelamente, aquel mismo 11 de mayo, en la junta de granos de la capital, se reunieron el teniente primero de asistente, en representación del titular, que estaba fuera de la ciudad, el jurado y el individuo del comercio. Recibieron informe de las posibilidades que en la población a Domingo García le habían ofrecido, tras la oposición de su vecindario a la salida de trigo, impedimento del que ya sabía la junta por haberlo informado el propio asistente. Como asimismo eran conscientes de que el asunto ya era conocido por el gobernador del Consejo, también creyeron conveniente aguardar a su decisión. Así la junta de la capital reconocía la preeminencia de la autoridad estatal. La distancia que del asistente el corregidor había decidido tomar poco antes había sido un cálculo correcto, en la medida en que la situación la permitiera favorable a lo que de independencia le pudiera quedar.

El 13 de mayo, desde Madrid, el gobernador del Consejo respondió a la información que se le había enviado sobre los levantamientos de los días 5 y 9. El Consejo y el gobernador se dieron por enterados de todo lo que les contaba la carta enviada el 9, en la que se les relataba lo ocurrido durante aquellas dos jornadas, mientras se intentaba sacar de la población una parte de las 2.000 fanegas de trigo que a un labrador le habían sido compradas de orden del asistente para el abasto de la capital. Los términos en los que hablaba el gobernador no eran del todo exactos. Por su parte hubiera sido más correcto afirmar que las 2.000 fanegas eran compradas para Manuel de la Calle, para que fueran vendidas al por menor, con la aprobación del asistente, a panaderos comprometidos con la elaboración de pan para el suministro de la capital.

Pero, si sus palabras no satisfacen por su calidad descriptiva, son lo bastante sintéticas como para no dejar dudas sobre el tono expeditivo de quien habla. Sobre este asunto ya se había tomado otra decisión conveniente, de cuyo contenido se limitaba a adelantar que el corregidor ya sabría cómo proceder por el juez que había de ir a la población.

A los jueces de residencia o comisión desde la baja edad media se recurría al menos en situaciones de excepcionalidad. Actuaban sobre las instituciones locales para investigar y resolver asuntos determinados. Solo por lo que se le adelantaba, el corregidor ya podía deducir que su actuación administrativa estaba siendo objeto de expediente, del que tendría que derivar la correspondiente resolución. Ya podía estar seguro de que su posición había llegado a su momento más delicado. El gobernador prescribía además que al juez que iba a llegar se le debía prestar el auxilio correspondiente, y se le había de asistir en cuanto pudiera contribuir a los fines de su comisión, cuyo propósito era recuperar la quietud pública y el respeto a la justicia, por lo demás obligaciones del corregidor y de los miembros del concejo, justicia y regimiento de la población.

Aquel mismo 13 de mayo, desde Madrid, por efecto de una provisión del Consejo, Juan Palanco, el teniente segundo del asistente, era enviado a la población. El máximo órgano de gobierno del territorio le comunicaba que convenía que se trasladara a ella para que se hiciera cargo de la jurisdicción ordinaria, al tiempo que ordenaba al corregidor y al alcalde mayor que le entregaran sus varas sin más dilación, y al concejo y ayuntamiento que lo admitieran en aquel ejercicio. El alguacil mayor también había sido destituido de su cargo transitoriamente. Es muy probable que asimismo lo hubiera decidido el Consejo. Palanco tendría que ejecutar lo que se le ordenaba en una instrucción específica, a él dirigida por su gobernador. Debía investigar quiénes habían sido los culpables de los alborotos ocurridos durante los días 5 y 9 de mayo. Tendría que emprender cuantos autos y diligencias creyera convenientes a este fin, sin excusa ni dilación alguna.

Mientras tanto, también el 13 de mayo, en la junta de granos de la capital, se hacían las recomendaciones que parecían más prudentes en aquellas circunstancias. La autoridad de una población a la margen izquierda del primer río de la región, así como cercana a la capital, había consultado a la junta sobre la posibilidad de abastecerse de trigo en el mismo mercado objeto de las tensiones, donde cómodamente podría hacerlo porque le constaba que allí era abundante. La junta creía conveniente evitar el riesgo de sucesos similares a los que habían ocurrido, al menos hasta que se decidiera lo más conveniente en esta materia. Sería mejor que la población necesitada de trigo acudiera a la capital, o a otra parte donde se vendiera, y por sí o por medio de un corredor hiciera por el momento el ajuste de unas 100 fanegas con las que hacer frente a sus urgencias. La inestabilidad que provocaban las tensiones en el mercado de los granos modificaba las direcciones de su comercio. Sin que se interpusieran en sus políticas más pragmáticas las convicciones librecambistas, la junta todavía recomendó a las autoridades de la población que la consultaba que, si le pedían un precio exorbitante, se lo comunicara para ver qué medidas tomar; expeditivo proceder al que solo se le ocurrió añadir que acudiera, si la urgencia fuera tanta que no diera tiempo a gestiones dilatorias, al teniente primero de asistente para que socorriera a la población de la forma que estuviera a su alcance.

La fase más sombría de la crisis abierta con los acontecimientos del 5 de mayo comenzó el 16 siguiente. Aquel día fue conocida en la población teatro de las tensiones la respuesta del gobernador del Consejo, fechada el 13. Vista la comunicación, el ayuntamiento acordó cumplir lo que aquel había decidido, y que en nombre de la ciudad se diera escolta al juez enviado. Con ese encargo fueron designados dos de sus regidores, quienes además habrían de asistir al juez en todo lo que necesitara.

En cuanto tuvo noticia de que había llegado a la población Juan Palanco, teniente segundo del asistente, el corregidor había ido a visitarlo a casa de Francisco Javier de la Portilla, un ministro de rentas provinciales, donde durante el tiempo que permanecería en la población vivió. En su encuentro con el corregidor el juez comisionado le explicó que venía con despacho del Consejo, y que para cumplirlo era preciso que el corregidor convocara a la ciudad a cabildo, para que con su asistencia y la del alcalde mayor pudiera presentar el despacho del que era portador. En vista de aquellas credenciales, el corregidor mandó citar a los capitulares para celebrar ayuntamiento inmediatamente.

El traspaso de poderes tuvo lugar el día siguiente, 17 de mayo, domingo. Cuando ya la asamblea que institucionalizaba la ciudad estaba junta, el todavía corregidor informó de su entrevista con Palanco. Luego se avisó a los diputados que habían sido encargados de cumplimentar a este, que aguardaban la decisión que les ordenara cumplir con su encargo, para que fuesen con él hasta las casas capitulares. Así lo hicieron. El enviado, por el momento, no entró en la sala donde se estaba celebrando la reunión. Un escribano de la audiencia regional solicitó licencia para entrar en ella, anunciando que traía despacho del Consejo. Su intención era leerlo. Entró, se sentó entre los escribanos y leyó el fechado en Madrid el 13 de mayo. La asamblea, oído su contenido, declaró obedecerlo. El corregidor y el alcalde mayor lo tomaron en sus manos, lo besaron y lo pusieron sobre sus cabezas, y lo mismo hicieron quienes estaban junto a ellos, en señal de obediencia, tal como era de rigor.

Después se mandó entrar a Juan Palanco, que fue acompañado hasta la sala capitular por los dos regidores que habían sido designados diputados con aquel fin. Dentro ya de la sala, se procedió a la transferencia de la jurisdicción, necesaria para que el enviado pudiera proceder con plenos poderes. Juan Palanco juró por Dios y la señal de la cruz usar el empleo de corregidor de la ciudad bien y fielmente, defender sus privilegios, guardar sus buenos usos y costumbres, administrar justicia a las partes y defender el misterio de la concepción purísima de Nuestra Señora la Virgen María, así como valerse de la protección del arcángel San Miguel. El corregidor y el alcalde mayor le entregaron la vara alta de justicia que tenían en sus manos, en señal de posesión del corregimiento, en la que Palanco quedó, sentándose en el asiento correspondiente. A continuación, se despidieron el corregidor y el alcalde mayor y ambos salieron de la sala, igualmente acompañados de los dos caballeros diputados que anteriormente habían asistido a Palanco.

Así el 17 de mayo, domingo, Juan Palanco se hizo cargo a un tiempo de las jurisdicciones de corregidor y alcalde mayor, y a partir de aquel momento actuó como máxima autoridad interina de la ciudad.

No demoró el juez su comisión y empezó a actuar al instante. Aquel mismo domingo, día 17 de mayo, declaró que la primera razón por la que se hacía cargo de la jurisdicción comarcal, alcance del corregimiento, era atender al abasto de pan. Sabiendo que para este fin había formada junta en la población, ordenó que sus miembros fueran citados para las nueve de la mañana del día siguiente.

El día siguiente, ya bajo la presidencia de Palanco, la junta local de granos tomó unas decisiones que cambiaron su rumbo. Primero modificó su composición. Uno de los regidores que formaba parte de ella, según se esfuerzan por justificar las fuentes, estaba indispuesto. En la práctica, había sido sustituido por otro mucho más activo, que había presentado los documentos que lo acreditaban solo unos días antes, el 9 de mayo, en plena crisis. A la reunión del día 18 acudieron tanto el titular como el suplente, quien a partir de entonces fue admitido como un miembro más. Por tanto, aquella decisión supuso la ampliación de la junta, quizás el refuerzo de alguna de las posiciones enfrentadas en ella. Además de la toma de posesión formal del nuevo miembro del gabinete de crisis, se acordó que a partir de aquella fecha celebraría al menos reunión ordinaria los miércoles de cada semana a las nueve de la mañana. Pero sobre todo revisó una decisión anterior que resultaba primordial, al menos por su contenido político, dado el curso de los acontecimientos. A iniciativa del juez, decidió respetar la plena libertad del comercio del trigo, a la que anteriormente había sido reacia. La opción política del corregidor, contraria a aquel principio, quedaba definitivamente desautorizada.

Pero de la población la calma aún estaba lejos. Para pregonar los acuerdos que la junta había tomado, aquel mismo 18 de mayo fue necesario que en la plaza pública, en presencia de muchas personas, estuviera formada la tropa de caballería con la espada desenvainada. La tensión que acompañaba al conocimiento de las decisiones de la junta fue prólogo de acontecimientos que de nuevo escaparon al control del gobierno local, ahora en manos de un gestor de excepción.

Se desarrollaron durante la tarde del día siguiente, 19 de mayo. En las inmediaciones, y en la propia calle que se prolongaba en el camino hacia la capital, de nuevo hubo tumultos, en este caso en presencia del mismísimo Palanco. No puede dilucidarse si se trató de un acto hostil hacia su persona o de una reproducción de las protestas vividas durante los días precedentes. Pero, aunque no conozcamos el por menor de la nueva agitación, se puede creer que no degeneró a un estado de tensión comparable al del día 9, a juzgar por los indicios conservados. No obstante, permiten saber que el juez debió verse en una situación complicada, y que aun así en su auxilio solo acudió un caballero capitular.

Pero ocurrieron en un estado especialmente sensible a este tipo de hechos. Quizás no fuera casual que tuvieran lugar cuando ya el corregidor había sido destituido y vinieran a demostrar que tampoco la autoridad de Palanco era tan sólida como pretendía.
No perdió la calma el juez a consecuencia de lo ocurrido aquel día. Pero el 25 siguiente, en la reunión que celebró el ayuntamiento, recordó que el día que se hizo cargo de la jurisdicción señaló a la ciudad que estaba obligada a contribuir a la preservación de la paz y a mantener la autoridad real, no obstante lo cual se había visto solo en el transcurso de la agitación ocurrida durante la tarde del 19.

La ciudad le respondió con énfasis que obedecía ciegamente al rey y juraba mil veces su obediencia, si fuera necesario. Nunca había sido su intención incumplir sus obligaciones y consideraba grave el cargo que el juez le hacía. Replicó que el lugar donde habían ocurrido los hechos estaba muy retirado de las viviendas de los capitulares y de sus negocios, y que muchos de ellos, en el momento en el que sucedieron, estaban en el campo, ocupados en cumplir encargos del corregidor y de los propios o en sus casas. Por estas razones no pudieron conocer lo sucedido ni supieron nada del asunto hasta muy a deshoras de aquella noche o al día siguiente, y aun ni siquiera entonces todos lo supieron por sí mismos. De haberlo sabido, habrían estado dispuestos a asistirlo, acudir en defensa de la real y suprema majestad y, en caso necesario, perder sus vidas. Creían firmemente que los demás caballeros y gente principal de la población harían lo mismo. Todos siempre habían demostrado celo, amor y obediencia a cuanto fuera del real servicio.

Por todo eso creyeron necesario que el procurador mayor escribiera con expresiones de sumisión al gobernador del consejo de Castilla, para que su piedad se sirviera poner a los pies del rey el deseo del municipio, que era verse libre de los trabajos que lo amenazaban, especialmente en aquel año de calamidad. Afirmaban además algo que resulta de enorme valor para rescatar con la mayor integridad posible la evolución de los acontecimientos: que todos los promotores de los tumultos se habían ausentado, y que entre ellos no había persona principal alguna, ni aun de mediana calidad. De esta manera de hablar tenemos que colegir que estaban identificados y que contarían con al menos algún auxilio que les habría permitido evadirse. La ciudad acordó que esta misma decisión se hiciera saber al asistente y suplicó al corregidor interino que avalara estas representaciones.

El juez y la corporación, en aquel momento, ocupaban posiciones distintas. Palanco pretendía aprovechar el incidente del 19 para imponer su autoridad y los promotores de los tumultos cuando menos se habían escondido. La inquietud sin embargo no se había extinguido del todo. Aquel mismo 25 de mayo, para que ayudaran a los diputados de guerra en la distribución de la tropa y lo demás necesario para su inspección, fueron nombrados dos regidores y tres jurados.

La acción de Palanco contra los promotores de los tumultos, el objetivo judicial de su comisión, pronto dio con algunos a los que inculpar. Fue hecho prisionero un número indeterminado de personas, contra una parte de las cuales el juez comisionado se encargó de incoar las instrucciones correspondientes. Uno de los encausados se llamaba Bartolomé Gamero y otro Juan Manta. También fueron detenidos Cristóbal Jiménez y José Lara, y sin mencionar sus nombres las fuentes se refieren a otros diez hombres que se vieron reducidos a idéntica condición.

Se sabe algo de las condiciones a las que estuvieron sujetos los detenidos. Al menos entre el 21 y el 28 de mayo estuvo activo en la población el que las fuentes primero llaman ejecutor de la justicia y después abiertamente verdugo. Durante aquella semana paró en la posada de cierto mesonero. La crónica local permite pensar que al menos fue empleado para templar las actitudes más rebeldes con azotes. De sus víctimas solo menciona a un indeterminado hombre de baja esfera, promotor de otros de su clase, alguien que no habría conseguido ocultarse a tiempo.

Para hacer frente a las responsabilidades judiciales, al menos una parte de los bienes de los reos fue embargada. Hecho el balance de su valor en el transcurso del procedimiento, Palanco creyó que de los catorce encausados solo cuatro podrían hacer frente a las obligaciones pecuniarias a las que diera lugar la información abierta. A Bartolomé Gamero se le despojó de su capital personal líquido: 26 fanegas de garbanzos raídas, 52 fanegas y media de trigo y 600 reales en dinero. Pero a Juan Manta le fue embargada al menos una parte de sus bienes domésticos: una cama de barandilla, un colchón, dos sábanas, dos almohadas, una cubierta, dos sillones, un arca de pino, otra más pequeña, tres cuadros de a dos varas, tres de a media vara, cuatro de una vara y media, una tarima de copa con su cazoleja de cobre, una mesita, una tinaja de agua, un cubo, un carrillo, 18 fanegas de trigo en grano, una artesa, una fanega de harina, dos jumentos y un caballo; modesto patrimonio que sin embargo tenía salida en los mercados.

Cristóbal Jiménez otorgó fianza de cárcel segura. Palanco ordenó, en razón de lo que tenía entregado, y porque según sus investigaciones no estaba mancomunado con los demás, así como porque le constaban sus cortos posibles, que no se le cargara cantidad alguna. También quedó constancia de que José de Lara igualmente tenía posibles cortos, así como de que los otros diez reos tenían cortos embargos.

La historiografía especuló con la posibilidad de que los movimientos que llamaba motín hubieran alcanzado el grado de la organización, adelantándose a posteriores formas de acción pública. El rigor analítico que conviene a su procedimiento reduce a elementos poco compatibles motín y organización. Si según sus premisas el motín es una forma elemental del comportamiento gregario, asegura este efecto que carece de organización alguna. No es fácil por tanto sostener que este tipo de actuaciones dispusieron de algo parecido a una conspiración. Aparte evidencias precedentes, la última prueba que la fuente proporciona aboga sin embargo a favor de una abolición de tales fronteras. La mayor parte de los encausados fueron declarados cómplices. Como además se estableció que Cristóbal Jiménez y José Lara no estaban mancomunados con los demás, se debe deducir que pudo haber cierto grado de organización de los tumultos. Pero no es posible pasar del indicio. No hay nada más sobre tan fundamental asunto, ni tampoco prueba alguna que permita excluir que la acusación de complicidad sea un argumento que proporciona al juez un agravante.

Las actuaciones contra los reos de los tumultos pudieron prolongarse, como muy tarde, hasta el 18 de junio. Para esta fecha los catorce encausados ya habían sido sentenciados por la justicia local y conducidos como presos desde la cárcel de la población al centro de reclusión de la capital. Sobre las condenas que sobre ellos cayeron no hay información precisa, pero sí se sabe que las penas pecuniarias accesorias en ningún caso fueron graves.

Las sanciones materiales fueron reducidas a las costas originadas por el procedimiento, el gasto ocasionado a Palanco a consecuencia de su traslado y residencia transitoria en la población, que fue estimado en 6.000 reales de vellón, y el valor del caballo muerto durante las protestas, valorado en 14 doblones. El gobernador del consejo de Castilla, en carta de 23 de junio, comunicó que el gobierno había decidido mostrarse magnánimo con los condenados. Dio instrucciones para que de los bienes de los cuatro reos que podían hacer frente a algún costo se tomara con este fin una moderada parte, la que Palanco estimara que no los arruinaría ni incomodaría mucho. El resto de los gastos procesales tendría que cubrirse con el sobrante del derecho que el municipio cobraba sobre el aguardiente, un expediente habitual para hacer frente a los gastos públicos.

En aplicación de estas instrucciones, de los bienes de Bartolomé Gamero fueron deducidos 700 reales y de los de Juan Manta 300. A Cristóbal Jiménez y a José de Lara, por las razones ya conocidas, no les fue cargada cantidad alguna, ni al resto de los encausados. Sirviéndose de este fondo, se pagaron los salarios del escribano de la comisión, el alguacil, el portero y el escribiente. Liquidados estos, quedaron aún por pagar los 14 doblones del caballo del sargento y el gasto ocasionado a Palanco. Tal como se había ordenado, fueron cargados sobre el derecho del aguardiente. Después fueron desembargados los bienes de todos los reos y se cancelaron las fianzas.

Palanco además inhabilitó a José González de Lara, uno de los dos escribanos de cabildo. Días después fue condenado a una suspensión de su oficio durante seis meses y al pago de 20 ducados para la cámara del rey. El motivo invocado para las sanciones fue lo ocurrido durante los alborotos. No está claro qué clase de responsabilidad contrajo en su transcurso. La coincidencia entre su nombre y el de uno de los encausados permite admitir la completa identidad, dada la flexibilidad con que habitualmente usaban los nombres las fuentes del momento, o en el parentesco. De ser cierta la primera posibilidad, la inhabilitación habría que interpretarla como una pena accesoria.

El escribano de cabildo pudo ser la vía de conexión entre el corregidor y los alborotadores. El procedimiento judicial pudo sustanciar la inocencia de Cristóbal Jiménez y José de Lara. Es legítimo pensar que durante la investigación pudo descubrirse que se trató de agitadores, a su vez inducidos por la opción política que en el momento en que se desató el primero tumulto estaba interesada en que ocurriera. Por eso el castigo añadido tampoco llegaría demasiado lejos. Solo un mes después de que Palanco hubiera sentenciado, el gobierno de la población solicitaría al presidente del consejo de Castilla que levantara la suspensión del ejercicio de su oficio de escribano a José González de Lara. El presidente del consejo accedió a la petición siempre que el encausado liquidara la multa que se le había impuesto. Poco después se verificaría su solvencia y el pago, e inmediatamente se le readmitiría en su puesto.

El 9 de junio el gobernador del consejo de Castilla ordenó a Palanco, previas instrucciones sobre la conclusión del proceso judicial que había sido motivo para su nombramiento como juez especial, que se retirara de la población en la que había actuado transitoriamente como corregidor. Asimismo le mandó que llamara al corregidor titular, al alcalde mayor y al alguacil mayor para reintegrarlos en sus poderes, una vez que había cumplido la comisión sobre los alborotos ocurridos los días 5, 9 y 19 de mayo.

La retirada de Palanco empezó por la junta de granos local. Al día siguiente, 10 de junio, la reunión se limitó a admitir la sustitución de uno de sus miembros más activos, regidor, que estaba ocupado en la compra de granos en la capital, por otro de su misma clase sin la menor objeción. A partir de entonces la actividad de aquella junta decayó, y fue habitual que faltara a sus convocatorias un número significativo de sus miembros, cuando hasta entonces había sido extraordinario que alguno no concurriese. Así, vista la experiencia, comenzaría la decadencia de las juntas de granos locales, constituidas para hacer frente a las urgencias derivadas de la caída del producto, en beneficio de la junta regional.

Días después, el 16 de junio, Palanco envió respuesta al gobernador del consejo de Castilla, al tiempo que tomaba las decisiones dirigidas a que la normalidad jurisdiccional fuera restablecida. Comunicaba a la administración central que había escrito a los tres interesados para que volvieran a la población. Solo había recibido respuesta del corregidor, quien le había adelantado que en la tarde de aquel día llegaría. Como podría ocurrir que él tuviera fletada su vuelta a la capital antes de que llegara el corregidor titular, decidió poner la jurisdicción restituida en el regidor decano de los que estaban presentes en el cabildo. Entregó y puso en sus manos el bastón que la simbolizaba y el regidor lo recibió y lo retuvo en su poder. A continuación Palanco se fue.

El día siguiente, 17 de junio, la crisis más grave conocida por aquella población durante la época moderna estaba a punto de cerrarse. Aquel día, miércoles, a las nueve de la mañana, tenía intención de reunirse, como lo tenía por costumbre, la junta local de granos. Acudieron a la convocatoria una parte de sus miembros. No comparecieron el vicario, el abad de la universidad de los beneficiados, dos de los regidores ni el caballero labrador que estuvo en el origen de la operación comercial que en su momento había causado los tumultos. Tampoco estaba presente el corregidor. Quienes habían concurrido con este fin a las casas capitulares decidieron enviar recado a su casa para que acudiera. Respondió el corregidor que por sus ocupaciones y las visitas que había de recibir no le era posible dejar su casa. Si los señores de la junta deseaban reunirse, podían hacerlo bajo la presidencia del regidor decano, corregidor interino. Ante tal respuesta, los miembros de la junta decidieron retirarse sin celebrar la reunión.

Aquel mismo día, en la reunión del ayuntamiento, el corregidor interino notificó que el día anterior había recibido como testimonio de restitución la vara que Palanco, por orden del consejo de Castilla, había tomado al titular del corregimiento para que se la entregara a este, al alcalde mayor y al alguacil mayor. Dos de los reunidos fueron comisionados para que acudieran a la casa del corregidor y lo acompañaran hasta el lugar donde la reunión de la cámara ciudadana se estaba celebrando. Así lo hicieron y el regidor decano repuso al corregidor titular en la jurisdicción que antes tenía. También hizo entrega de su jurisdicción al alcalde mayor y los reunidos acordaron que asimismo el alguacil mayor usara su empleo tal como estaba previsto en la orden del consejo de Castilla.

El enfrentamiento concluyó con una representación de la armonía restaurada. A fines del mes de junio, el ayuntamiento corrió con los gastos de una cena en honor de Juan Palanco, juez pesquisidor que había actuado en la ciudad para depurar las responsabilidades adquiridas por quienes habían protagonizado los acontecimientos de mayo.

Un fracaso, sus culpables y los convictos. Primera parte

Redacción

Un corregidor, que se había declarado opuesto a la libertad de comercio, entonces patrocinada por la administración central, de su actitud ya tenía dada alguna prueba. En una reunión de la junta de granos que extendía su jurisdicción a todo el suroeste, organizada para que actuara como bolsa regional del comercio del trigo, celebrada el 30 de abril, se informó que aquel mismo día había llegado, en viaje de vuelta desde la Corte, un correo extraordinario. El responsable de la administración del estado en la zona, entonces llamado asistente, algunas jornadas atrás lo había despachado para informar al gobernador del Consejo, departamento que ejercía como gobierno del interior para todo el estado, de las decisiones que aquel señor municipal estaba tomando.

Aunque en sus actuaciones de mediados del mes de abril su obstinada manera de oponerse aún no se hubiera perfilado con tanta nitidez, en la documentación enviada desde la capital ya había sido condenada por contraria a la libertad de granos. Debió manifestarse poco después de que fuera tomada aquella medida de comercio interior, y habría emergido reiteradamente en iniciativas decididas entre tanto.

Una de las ocasiones en las que pudo resultar más ostensible debió ser un incidente ocurrido apenas unos días antes. Había ordenado la detención de un tal Francisco Vallejo porque, en donde ejercía su jurisdicción, había hecho las primeras gestiones para comprar trigo por encargo de Manuel de la Calle, un comerciante de la capital que formaba parte de la junta regional de granos. Aquel correo traía una orden expresa del gobernador del Consejo para que el pobre intermediario fuera puesto en libertad. Asimismo, conminaba al corregidor a que se presentara ante el asistente, y le recordaba cuál era su verdadera obligación; una referencia a la rectitud administrativa que por desgracia los dirigentes que se comunicaban por carta prefirieron limitar a la apelación, privando a sus lectores futuros de un beneficio que agradecerían.

En la junta de granos de la región esperaban que estos medios fueran suficientes para terminar con el miedo y el recelo que hasta entonces habían detenido las ventas de los labradores en aquel lugar. Para darles confianza y protección legal, decidieron que el teniente primero de asistente comisionara hasta allí a un escribano, el verificador de los actos civiles, para que entregara la orden dirigida al corregidor. Para recuperar la normalidad de las transacciones además acordó que de nuevo Domingo García, un intermediario de la junta que ya las había iniciado, volviera a la población para continuar con las gestiones más eficaces y rápidas para captar el trigo que quisieran vender sus labradores, y así disponer de él a la mayor brevedad.

Pero para entonces el corregidor ya había decidido librar la batalla que le presentaban sin abandonar sus posiciones. El 4 de mayo, en la población se sabe que han llegado vecinos de la capital para tratar con un miembro de su junta local de granos, creada con el mismo fin que la regional, de la que formaba parte en calidad de labrador, la compra de una partida de trigo para el abasto de la primera ciudad suroccidental. El labrador, que en la junta local había intentado colocarse en una posición independiente y equidistante, una vez dictadas las nuevas normas para el mercado del trigo, era uno de los vendedores con los que trataban los encargados del abasto público de la capital.

Consta que era un importante propietario de ganado, sobre todo lanar, del que tenía declaradas 2.050 ovejas de vientre, 50 carneros y 400 ovejas de entre un año y dos. De ganado bovino había declarado 100 vacas y 156 bueyes y becerros; de cerda, 50 puercas de vientre y 153 puercos; de mular, 3 mulas; de equino, 23 yeguas, 6 caballos y 2 potros; de asnal, 27 jumentas de vientre y 20 jumentos; y de apícola, 21 colmenas. Este patrimonio, según las tarifas catastrales, fue evaluado en 27.224 reales de vellón. Eran todos los bienes de los que constaba ser dueño. No era propietario de tierras ni titular o administrador de patronato, capellanía, vínculo o cualquier otra institución que de manera indirecta le permitiera el acceso a parcelas aptas para el cultivo de cereales. Lo que en modo alguno lo incapacitaba para que pudiera tomar tierras en arrendamiento. No era necesario que tomara decisiones así, aunque no parece probable que pudiera sostener tan importante cabaña sirviéndose exclusivamente del espacio comunal; ni hubiera podido seguir otro camino, no siendo propietario de tierras, para constituirse en labrador. La clase emergente de los labradores sostenía sus empresas recurriendo a la cesión de tierras, mercado inicial del negocio del cereal seco que dominaban en su ámbito los de cada población, gracias a una forzada oferta de las tierras con este destino poseídas por las instituciones que las inmovilizaban.

Que, aparte su dedicación agropecuaria, se ocupaba en la compraventa de granos lo demuestra una relación para el registro del trigo, firmada en la capital el 22 del mismo mes, en la que declaraba que le tenía compradas, por medio de un intermediario, vecino de otra población, localizada a unos diez kilómetros al oeste de la que era su residencia, panadero que le amasaba el pan a ciertos ganaderos, 98 fanegas de trigo. No cabe duda sobre que se trata del mismo personaje porque la relación aclara que la cantidad mencionada no se había podido transportar por los embarazos que han ocurrido, una referencia a los hechos que enseguida se conocerán.

Con sus mismos apellidos, en la documentación consultada aparece un vecino de uno de los antepuertos del monopolio colonial, poseedor de un vínculo y administrador de dos patronatos. Su unión por lazos de parentesco al labrador convertiría a este en uno de los vértices de un interesante triángulo comercial. Además de la población donde vivía, le servirían de apoyo la capital de la región, mediante Manuel de la Calle, el demandante de su trigo, y la población del litoral, un puerto que serviría para operar con la importación de trigo ultramarino, en caso necesario.

Aunque por lo que dice la fuente local es posible conjeturar que en la población, entre los que el día 4 estaban en ella con el propósito de comprar trigo, se encontraba Manuel de la Calle, quien efectivamente terminaría adquiriéndolo al labrador, de lo decidido el día anterior en la capital se puede deducir, con toda seguridad, que en idénticas circunstancias actuaba en su nombre Domingo García.

Al saberlo, el alcalde mayor de la población consultó al corregidor sobre aquellos movimientos en el mercado local, no desprovistos de contenido político. Ambos decidieron afrontar el asunto de común acuerdo. Decidieron hablar con el labrador para obtener la información más exacta sobre la operación de venta de trigo de la que estaba tratando, en especial para saber la cantidad de fanegas que intentaba comerciar y el precio que para cada una había aceptado. Inicialmente, la intención de ambos era informar a la junta local de granos. Si esta dispusiera de fondos suficientes, podría ejercer el derecho de retracto que las mimas órdenes sobre las que se dirimía habían autorizado. El trigo del que se trataba constaba ser fruto de la tierra y a él era inmediatamente aplicable el derecho previsto.

Aunque el corregidor y el alcalde mayor aparecían como los responsables directos de estas iniciativas, no estaban solos. Aquella misma noche al menos, el administrador interino de las rentas provinciales, otro de los funcionarios de la administración local, supo cuáles habían sido las decisiones tomadas por quienes así actuaban porque estaban investidos del poder judicial del municipio. Es muy probable además que estuviera presente en las deliberaciones. La presencia del administrador de rentas provinciales en aquellas conferencias estaría justificada. Conocida con seguridad la cantidad de trigo de la que se trataba, contando con los informes que tendría en su poder, se podría calcular la porción del fondo de rentas provinciales, momentáneamente disponible por decisión de la administración central, que sería necesaria para concurrir al tanteo.

Aunque cuando se habían tomado estas decisiones eran ya las diez, a pesar de lo avanzado de la noche el alcalde mayor y el administrador tomaron a su cargo la gestión de lo que habían acordado. Fueron a ver al labrador. Cuando consiguieron localizarlo, pasadas las diez, los recibió y les habló con claridad. Les dice que un caballero de los que están en la junta regional, amigo suyo, días atrás le había escrito solicitándole algún trigo, si le sobraba, con el fin de aplicarlo a la provisión de la primera ciudad de la región. Pero hasta aquel momento no habían ajustado cantidad de fanegas ni precios a los que podrían ser compradas. Como la iniciativa le ofrecía una interesante oportunidad, había decidido enviarle todo el trigo del que pudiera prescindir, sin límite por su parte. No obstante, insiste en que no había dado precio ni señalado alguno preciso, que de esto no habían tratado y que, aún más, por su parte había decidido dejar este asunto a la discreción de la junta.

Es posible que las cosas fueran exactamente así, y que el corregidor también desconociera el alcance del negocio. Pero cuatro días después este, una vez que explicó algunos de los pormenores de aquel proyecto de compraventa que conocía, precisó que la partida que el labrador tenía ofrecida y vendida para el consumo y abasto de la capital alcanzaba la cantidad de 1.500 fanegas de trigo. Algo después, el día 13, otra fuente se arriesgó a cifrar la cantidad de trigo comprada por orden del asistente en 2.000 fanegas.

Fuera uno u otro el volumen de grano que el labrador ocultara durante la entrevista, el alcalde mayor y el administrador, concluida esta, volvieron a casa del corregidor para informarle y tomar decisiones. Pero era ya muy tarde y creyeron más oportuno dejar el asunto en aquel estado hasta el día siguiente.

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El alcalde mayor, tan activo aquella noche, apenas descansó. Tuvo que salir de la población durante la madrugada inmediata, la del 5 de mayo. Aun así, antes tomó la precaución de ordenar a los alguaciles mayores, tanto a los de la ciudad como a los del campo, así como a otros ministros y guardas, que estuvieran atentos a deshacer cualquier obstáculo que cualquier persona pudiera oponer a la salida y conducción del trigo del que se estaba tratando. Parece que al menos desde el día anterior se estaban organizando movimientos para obstaculizar su salida. Cómo lo sabía el alcalde y quién los pudiera promover son cosas que escapan a la observación de los hechos en el orden en que se fueron sucediendo; aunque, como habrá ocasión de ver, no del todo a su posterior concordancia.

Resulta llamativo que antes de aquel amanecer se diera como hecho cierto que el trigo del labrador iba a ser conducido a la capital. Permite pensar que la compraventa estaría más avanzada de lo que hasta después de las diez de la noche del día anterior el propio labrador había reconocido, incluso acordada. Es probable que de las conversaciones que con él mantuvieron los representantes del municipio, a pesar de sus afirmaciones, dedujeran que la operación estaba a punto de consumarse. Pero no es fácil demostrar si entre las medidas con las que juzgaron oportuno replicar estuvo la de prevenir agentes contra un posible tumulto opuesto al acuerdo comercial o, al contrario, su estímulo, posibilidad en la que es legítimo pensar, dada la actitud de la primera autoridad local ante aquella clase de transacciones.

A primera hora de la mañana del día 5 de mayo por la población corrió la especie de que el labrador en cuestión pensaba despachar aquella misma mañana para la capital una partida de trigo. Se rumoreó además que algunos individuos, a los que las romanistas fuentes identifican como parte de la plebe, iban a intentar detenerla, fundados en el argumento de que no querían que les faltara el socorro del trigo durante la escasez que se estaba viviendo. La cantidad de individuos de la plebe que en la plaza de la ciudad se había juntado para impedir que el trigo saliera era grande. Cuatro días después, el corregidor, que conocería estos hechos por el informe de la ciudad, afirmó que había sido toda o la mayor parte de la plebe de la ciudad la que en aquel momento había actuado.

Sabido esto, el ayuntamiento, que para entonces ya discutía sobre su derecho de tanteo sobre aquel trigo, acordó que para decidir sobre el asunto, en caso de que hubiera fondos, necesitaba más tiempo.

Las personas a las que el alcalde mayor había encomendado permanecer atentas a cualquier intento de impedir la salida del trigo ejecutaron la orden haciéndose presentes. Para garantizar la decisión, cumpliendo lo que las reales órdenes dictaban sobre el tráfico de trigo, finalmente acudió también el alcalde mayor en persona, probablemente aconsejado a última hora por su prudencia. Tal vez pensara que su ausencia, que finalmente resultó muy breve, en una situación como la que se estaba creando podía ser interpretada como abandono de sus responsabilidades.

No fueron suficientes para calmar los ánimos las repetidas amonestaciones e instancias que a los concentrados les fueron hechas. El alcalde mayor, capaz para valorar como delicada la situación, viendo que era probable que todo aquello degenerara en un trágico levantamiento, para evitarlo, decidió que por el momento fuera retenida la partida de trigo que en el primer viaje se iba a conducir, unas 80 fanegas. Por iniciativa de la gente alborotada, el grano, guardado en sus haldas, fue depositado en la casa del corregidor.

A continuación, el alcalde mayor se empleó en separar a la multitud, e hizo cuanto estuvo a su alcance para serenarla, y pretendió que todos se retiraran. Satisfizo sus propósitos después de las oportunas acciones, sobre cuya intensidad se carece de certeza. No hay testimonio directo de que en aquel momento fuera empleada violencia alguna, pero de la circunstancia que su justificación, más adelante, cuando se estaban reuniendo los informes y autos que terminarán siendo imprescindibles, el alcalde mayor se la reservara se puede deducir que algún grado debió alcanzar.

Puso su actuación en conocimiento de la asamblea de gobierno del municipio, para que decidiere según su criterio cuanto creyera conveniente para el beneficio común y la quietud pública. Pero también informó que había decidido comunicar el suceso al asistente, para que en uso de sus poderes, o con el concurso de la junta, tomara la resolución que creyera más conveniente. Es posible que para entonces el alcalde mayor ya hubiera decidido distanciarse de las posiciones mantenidas por el corregidor.

El gobierno del municipio, recibido este informe, agradeció al alcalde mayor la aplicación, la prudencia y el esfuerzo con los que había intervenido en el sosiego de la población durante el disturbio. Acordó informar de lo que había sucedido al gobernador del Consejo, para cumplir con su obligación de poner en conocimiento de la más alta instancia de gobierno todo cuanto sucedía. Y, con una contumacia que transparentaba el objetivo al que aspiraba tras aquellos acontecimientos, aprovechar la oportunidad para enfatizar la escasez de granos a la que había de enfrentarse la población. Pensaba que había que aclarar al gobernador que el movimiento de sus vecinos en aquella circunstancia no había tenido otro motivo que el deseo de asegurarse la subsistencia en el estado de necesidad común en el que se vivía, propósito que juzgaba de los más difíciles en vista de que el trigo que a la fecha en la población había no era bastante para satisfacerla.

Solo entonces, gracias a que fue parte de los argumentos utilizados, quedó constancia de algo de mayor interés para evaluar el estado del mercado local de los cereales. Según estos protagonistas, la única partida de trigo de alguna consideración que había en la ciudad era precisamente la de aquel labrador. Se estimaba que alcanzaría las 15.000 fanegas, de las cuales solo había ofrecido y dado para el abasto de la población 50, como efectivamente hizo en su momento en una reunión de la junta local de granos. Creían que había sido saberse esto lo que pudo perturbar los ánimos. Puede pues aceptarse que la cicatería del labrador, comerciante de trigo en grandes cantidades, pudo ser causa inmediata del conflicto que se había desatado. Esperaban del Consejo que atendiera a la subsistencia de la población y diera las órdenes sobre lo que se debía hacer.

Mientras tanto, el corregidor, obedeciendo la orden expedida por la administración central, había ido a la capital para presentarse ante el asistente, quien debía comunicarle personalmente la información reservada que había recibido.

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Entre los días 5 y 9 de mayo debieron sucederse en la población reiteradas reuniones de sus órganos de gobierno. En una que celebró el ayuntamiento, el corregidor, ya de vuelta de su entrevista en la capital, se apresuró a dejar constancia que había sido mientras se presentaba ante el asistente cuando había sobrevenido el inopinado desasosiego y la inquietud del día 5. Sobre ser una explicación innecesaria, dejar constancia de lo que, bajo determinada manera de observar, puede ser llamado una coartada, más bien parece una confesión implícita de que parte de los cálculos que pudieron hacerse la noche del 4 de mayo, en el círculo próximo al corregidor, pudieron deducirse de la feliz coincidencia de que, por órdenes superiores, hubiera sido citado a comparecer en fecha fija ante la autoridad de la región.

Se demoró en sus explicaciones ante la cámara de gobierno local. Precisó que había conocido por ella tan extraño suceso. Pensaba que había sido promovido por personas inconsideradas, sin más objeto que el presentado por la imaginación, a consecuencia del momento de necesidad que se vivía. Presumirían -conjeturó- que llegaría a estrecharse hasta el grado extremo si salían las considerables partidas de trigo que imaginaban que saldrían, y con las que creían tener asegurado el abasto de pan y por tanto su alimento diario.

Pero, hechas estas afirmaciones, no pasó mucho más tiempo antes de que informara que, gracias a sus oficios y eficacia, con el asistente y con la junta de granos de la capital, había estudiado el medio para que la venta que el labrador había acordado se llevara a efecto, el trigo pudiera transportarse a la capital y al mismo tiempo se suavizaran los ánimos inquietos.

Leyendo estas afirmaciones, se podría concluir que el corregidor se había visto forzado a modificar sus posiciones, tras su comparecencia ante el intendente. Al contrario, llegado el problema a aquella encrucijada, el corregidor demostró excelentes aptitudes para ganar la iniciativa. Sus gestiones habían tenido tanto éxito que había acordado la siguiente solución. La junta regional, accediendo a las súplicas e instancias de su persona, estaba de acuerdo en que, de las 1.500 fanegas de trigo que tenía ofrecidas y vendidas el labrador, 500 se quedaran en los graneros del pósito de la población, para beneficio de sus vecinos, y que las otras 1.000 fuesen enviadas para el gasto y consumo de la capital.

Tal era el fruto que había podido obtener con sus cálculos y acciones de los días anteriores. Puede parecer una salida transaccional, que incluía a un tiempo admitir la extracción de trigo y la manera de ver la política de abastos que tenía el corregidor, opuesta a la exportación. Pero no era exactamente así. Aún se reservaba una iniciativa más.

Para dar crédito al acuerdo, había traído de la capital dos cartas, una del asistente y otra de Manuel de la Calle, el comprador del trigo, ambas dirigidas al labrador que iba a venderlo, que demostraban el amistoso convenio que se había alcanzado. El corregidor ya se las había hecho llegar. Al conocerlas, se había mostrado dispuesto a aceptar lo acordado.

Pero eso no era todo. La previsión del corregidor había llegado aún más lejos. Para que por su parte no se demorare el asunto, había accedido a que, de las 500 fanegas que en la población se tendrían que quedar, 80 pasaran a los graneros del pósito, justo las mismas que se habían refugiado en su casa el día 5. Creía conveniente avisar al labrador para que preparara y mandara las recuas que pudiera para el transporte de las fanegas que a la casa del corregidor violentamente se habían acogido durante el inquieto movimiento.

Así resultaba que por el momento no salía un solo grano de la ciudad y que, de las dos opciones enfrentadas, por el momento solo la suya fuera ejecutada.

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Pero en el transcurso de los días entre el 5 y el 9 de mayo también debió tomarse alguna decisión para que otra parte del trigo saliera para la capital. Es probable que fuera por iniciativa del labrador, quien obtendría la porción principal de su beneficio con la venta del trigo para su abasto, y cuya cesión a la autoridad local requería alguna contrapartida. Por el contrario, cualquier iniciativa en esta dirección comprometería la delicada posición central que el corregidor había conquistado.

Pretenden las fuentes que en previsión de las posibles adversidades, para que esta arriesgada operación no fuera obstaculizada como antes, ya en aquel momento el corregidor había tomado la decisión de mandar que, además de los alguaciles, ministros y oficiales de la audiencia, con el apoyo de las rondas del resguardo que a caballo debían asistirle a él, prestaran también su auxilio militar distinguidos caballeros y autoridades del pueblo, que el corregidor nombró y señaló, pero que por el momento los textos no citan con precisión. Con el mismo fin, había mandado aviso al teniente coronel del regimiento de milicias de la población, para que transmitiese la orden a sus jefes, cabos y soldados. No parece que fuera excesiva la precaución. Está atestiguada en otros lugares, en circunstancias muy parecidas, incluso de amotinamiento frente a la salida de grano de un lugar precisamente, la solicitud de ayuda al ejército.

Había decidido además publicar un bando, advirtiendo con graves penas a quien se atreviera a obstaculizar la salida del trigo.

Todas estas oportunas providencias -insisten los informadores- llegaron a tener cumplido efecto. Pero, por la temeraria y bárbara resolución de la plebe, no se logró el fin al que iban dirigidas.

Es más que probable que esta manera de hablar fuera una justificación, posterior a los nuevos acontecimientos y colocada por los redactores de los informes en este lugar. No obstante, el curso posterior de los hechos la hace muy verosímil. Desde aquel momento, el corregidor debió tener ciertas dudas sobre su capacidad de control de unos comportamientos que, si no había visto con simpatía, sí habían actuado a favor de sus posiciones. Cualquier protesta en la calle, a partir de aquel instante, una vez que se había comprometido de manera tan definida, podía actuar en su contra.

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Es el 9 de mayo y transcurre la hora entre las siete y las ocho de la mañana. En la casa donde vivía el corregidor, además de este, están el alcalde mayor, el alguacil mayor del santo oficio y cuatro regidores. Los acompañan tres caballeros notorios y de los primeros de la población y están asistidos por el escribano del regimiento de milicias y el escribano de los servicios de millones. Todos habían sido citados de antemano para que acudieran precisamente allí, y en aquel transcurso de tiempo habían llegado. Se habían reunido con la intención de acompañar al corregidor, para que la salida del trigo que tenía que enviar a la capital no fuera obstaculizada.

Mientras acudían a la cita, los reunidos en la casa del corregidor habían comprobado que la mayor parte de la plebe estaba dispersa en pequeños grupos entre este lugar, inmediato a las casas capitulares, y el convento al otro extremo de la población, ya en la carrera que iba a la primera ciudad de la región. Ya no podían caber dudas sobre la reorganización del movimiento de protesta, aunque no haya indicios directos sobre quién había tenido la iniciativa de promoverlo y con qué fin. Solo una oposición simultánea al corregidor y a los intereses comerciales del labrador podría estar interesada en complicar la situación, lo que apunta hacia el procurador mayor, cuya manera de argumentar sobre lo que debía hacerse en el mercado del trigo, que se podría llamar plutocrática, se había distanciado de las otras dos al instante que las decisiones sobre la libertad de comercio del grano empezaron a alterar el equilibrio político hasta entonces alcanzado.

Al tiempo que sus colaboradores se iban reuniendo en la vivienda del corregidor, en las inmediaciones de la casa del labrador iban siendo cargadas con trigo varias recuas con la intención de enviarlas a la capital. Las estaban cargando y ya había indicios de que se iba a impedir que salieran. A las ocho de la mañana estaban preparadas para salir.

Para hacer frente a los obstáculos previsibles, así como a cualquier otro intento de esta clase, la autoridad municipal había mandado que la ronda de ministros de rentas provinciales, compuesta por el visitador, el subteniente y otras seis personas, con su responsable a caballo, desde el principio se apostaran donde estaban las cargas y en la casa del labrador. La ronda estaría protegiendo tanto el transporte previsto desde aquel lugar como el que habría de hacerse desde la del corregidor.

También siguiendo el plan previsto, a primera hora de la mañana, para estar listos frente a cualquier contingencia, había pasado revista el piquete del regimiento de milicias. Lo formaban un teniente coronel, que era su comandante, su ayudante, cuatro sargentos y dos cabos, única tropa con sueldo que entonces había en el cuartel del regimiento.

El corregidor había ideado la siguiente acción táctica de todos los medios coercitivos de los que disponía. Él mismo, acompañado por el procurador mayor, dos regidores, los tres caballeros notorios que habían acudido a su casa, los escribanos y varios ministros ordinarios saldrían primero con dirección a la plaza mayor, para que con su presencia cualquier desorden se contuviera. Por su parte, el alcalde mayor, los otros dos regidores, el alguacil mayor y los ministros de rentas provinciales se quedarían donde estaban las recuas cargadas, así las que estaban en casa del corregidor como las que estaban en casa del labrador, con la intención de que la presencia del alcalde y de quienes le acompañaban, cuando emprendieran la marcha impidiera cualquier contratiempo que pudiera suceder. Los del regimiento de milicias estarían apostados en la plaza, donde previsiblemente se concentraría la mayor cantidad de gente.

Además, había promulgado un bando para que fuera difundido aquel mismo día en todos los sitios públicos. Conminaba a que ninguna persona, de cualquier estado o condición, por ningún motivo ni circunstancia, impidiera ni permitiera que se obstaculizara la salida de trigo prevista, bajo la advertencia de graves penas.

Sale a la calle el corregidor con los regidores, los particulares que lo acompañan y los escribanos. Encuentran varios grupos de personas de la población, a los que ordenan que se retiren, y así lo hacen. Siguen por la misma calle hasta el comienzo de la siguiente, donde está el edificio consistorial. Ya en ella, la concurrencia de gente es tanta que impide el paso. El corregidor y quienes lo acompañan intentan que se retiren. Algunos, sin que se sepa quiénes, gritan “El trigo no ha de salir”.

El corregidor replica que es preciso que salga, y lo mismo cada uno de sus acompañantes. Explican que hay trigo bastante para el abasto diario y que no faltará en modo alguno, como hasta aquel momento se había podido comprobar. El corregidor afirma que está dispuesto, si es necesario, a sacrificar su caudal y hasta su persona. Los concurrentes se mantienen voceando que quieren el trigo porque lo consideran suyo.

A pesar de la oposición que encuentran, consiguen llegar hasta la plaza, que está llena de gente. Allí se encuentran apostados los efectivos del regimiento de milicias que ha previsto el corregidor, quien secundado por sus acompañantes de nuevo pide a los concentrados que se retiren. Pero algunos vuelven a gritar “El trigo no sale, que lo necesitamos para nosotros” y “Como este sale, saldrá el demás”.

Separándose, aunque a poca distancia unos de otros, el corregidor y los demás caballeros, unos por un lado y otros por otro, vuelven a explicar que es preciso que el trigo salga para la capital, donde es necesario para garantizar su abasto. Explican que del que tiene el labrador que lo ha vendido igual cantidad ha sido llevada al pósito, para que sirva al abasto de la población, lo que permite presumir que por el momento solo se habían aventurado en el transporte a la capital unas 80 fanegas. Advierten además que como impidan la salida se perderán, un eufemismo cargado con el énfasis que insinúa la sedición, y que el pueblo experimentará grandes castigos, tanto los que los merezcan como los inocentes.

No obstante, a una voz afirman repetidamente “No sale el trigo, que lo necesitamos para nuestro alimento”, “Lo mismo es morir a diez que a once.”

Como no bastan razones y consejos para pacificar a quienes se oponen a que el trigo salga, después de sus respectivos circuitos se encuentran el corregidor y sus acompañantes en las inmediaciones del templo que hay en la plaza mayor, cuyo lado sur ocupa; el lugar de encuentro en el que previamente debieron citarse para una vez que hubieran intentado calmar a la gente.

Cuando se encuentran, el corregidor ha empezado a perder el dominio tanto de la situación como sobre sí mismo. Dice a sus acompañantes que ha decidido que el bando que ha promulgado sea repetido imponiendo penas mayores. Aquellos le hacen ver que, habiendo sido publicado ya, y habiéndose esforzado repetidamente, y agotado cada uno en explicaciones sobre la situación, y que nada de esto ha sido suficiente para contener a los vecinos concentrados, podía ocurrir que de la segunda promulgación resultara el completo amotinamiento, y que así tal vez más próxima la pérdida de la población. Además, quedaría absolutamente desairada la jurisdicción real, representada por el corregidor.

Documentación posterior permite saber que entonces, en aquel lugar, un sargento, llamado Juan Maceda, cuyo destino en la población tal vez no era estable, probablemente perdió su caballo. Aunque hay otras circunstancias en las que hubo de hacer acto de presencia la tropa montada, para calmar los ánimos de los exaltados, como el siguiente día 18, es más probable que esta consecuencia violenta ocurriera con ocasión de los acontecimientos del día 9 y en aquellos lugares y momento. De ser así, habría que aceptar que durante las discusiones habidas en la plaza mayor hubo forcejeos y que entre los contestatarios pudieron manejarse armas, con más facilidad blancas, con las que el caballo pudo ser herido.

Viendo que por el momento no era posible tomar otra decisión que pudiera contener el desorden al que se enfrentaban, decidieron los gobernantes volver a las casas capitulares, para en ellas reflexionar y decidir con más detenimiento sobre lo que debían hacer. Se dirigieron a ellas.

Pero, estando ya en sus inmediaciones, otra vez los concentrados empezaron a vocear “El trigo no sale”, “Vaya al pósito.”

A la vista de la cantidad de gente concentrada en torno a la sede del municipio, el grupo del corregidor cree que de entrar en ella quizás pueda resultar alguna agresión. Prefieren acogerse al templo inmediato, el de la parroquia mayor. Una vez dentro, a ellos se unen los tres presbíteros que ejercen su oficio en él, quienes actúan como mediadores de hecho.

Hacen al corregidor, así como a los demás caballeros que con él van, un relato muy sombrío de la situación que se ha creado. En todas las calles, hasta la salida de la población, hay grupos apostados para impedir que el trigo salga. Todo pueblo está sublevado y dice que el trigo no ha de salir. Apelan a la sensatez de los reunidos y quieren que comprendan que en aquella situación el pueblo se pierde. Su intención es que decidan qué medio es el más eficaz para impedir tan temida salida a la crisis.

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Mientras la tensión se concentraba en el eje comprendido entre la plaza mayor y el palacio municipal, el transporte se había puesto en movimiento desde las casas del labrador. Al parecer, el único trigo que ya estaba siendo trasladado era el que se pretendía llevar a la capital.

Como medida más urgente, el corregidor y los caballeros que lo secundan acuerdan que se suspenda el envío de trigo, hasta que se dé cuenta de la situación a las autoridades, lo que juzgan ha de hacerse inmediatamente. Dan orden para que el trigo se descargue de las recuas y se quede en las casas del labrador hasta que haya alguna novedad. A continuación, los responsables públicos se arman de valor y deciden salir de la iglesia, con el propósito de practicar la información que han convenido. Así lo ha entendido ya la gran concurrencia de vecinos que hay en el lugar, que por medio de los encargados de cumplir la detención de las recuas han debido conocer la orden dada. Sabiéndose dueña de la situación, reclama:

–A las casas de don Francisco –el labrador–no, y sí a las de su señoría –el corregidor– o al pósito.

Viendo que el tumulto se reaviva, uno de los regidores, acompañado por uno de los caballeros notorios, y asistidos ambos por uno de los escribanos, se adelantan y salen a la plazuela de la que uno de sus lados es la iglesia mayor. Allí explican a los vecinos reunidos que el trigo que se había previsto para el transporte a la capital se va a llevar al pósito. Para garantizar que así ocurra, de nuevo los congregados irrumpen con voz común:

–Al pósito, al pósito.

De acuerdo con los demás caballeros, el corregidor ordena al alcalde mayor y a quienes le asisten, así como a la ronda de las rentas provinciales, que retiren la guardia que le prestan a las recuas que habían salido de la casa del labrador. Piensa que de este modo quienes lo vean creerán que se ejecuta lo que se ha decidido. Pero la plebe tampoco confía en la sinceridad del gesto y escolta las recuas. Algunos llevan los jumentos asidos, y de este modo los conducen al pósito del peso de la harina, donde el trigo es descargado en el primer granero de la izquierda y vaciado en dos montones, uno en el rincón último de la derecha y otro en el de la izquierda tras la puerta. Los vecinos que se han comprometido en el tumulto permanecen atentos a la operación, y tres de ellos, Francisco Morente, Pedro Majuelos y Francisco de la Vega, actúan como testigos formales de la operación. En ese papel se mantienen hasta que son sacados los costales vacíos, cerradas las puertas y echadas las tres llaves. Una la recoge el regidor que ha asistido al acto, por ser diputado del pósito, otra el fiel de este instituto y la del corregidor, para luego entregársela, porque ha decidido no estar presente, el escribano que acompañaba al representante de la cámara de gobierno.