La financiación de la agroindustria

Heliodoro Hernández

Don Cristóbal, como patrimonio personal, solo poseía una cochera, una parcela y algún ganado. De la cochera no es mucho lo que se puede decir, salvo lo evidente, que nuestro don Cristóbal pudo disponer de un medio de transporte rodado. La parcela abarcaba solo 7 unidades de superficie. Estaba destinada a la producción de cereales en secano, y tenía la particularidad de que en ella había plantado 42 olivos que aún no producían. Su patrimonio ganadero era insignificante. Era dueño de un mulo, probablemente para tirar de su coche, y cuatro asnos, que utilizaría para los portes que entre el campo y la ciudad necesitaran sus actividades. Pero ninguno de ellos, ni el mulo ni los asnos, se consideraron fiscalmente útiles. Las dieciocho colmenas que además tenía, localizadas en algún lugar de sus posesiones, serían las únicas que le proporcionaran algún producto exclusivo.

     Pero, además, hacia 1750 era el poseedor de un vínculo, el que en su momento habían fundado su antepasado don Bartolomé y su esposa doña Leonor. Gracias a esta fundación, disponía, en primer lugar, del oficio de regidor, el que le permitía ejercer como miembro de pleno derecho del patriciado local. Estaba dotado además con una casa solariega con dos plantas, donde residiría, en la que había una bodega con una capacidad de 700 arrobas y cuya utilidad estimada era 750 reales. Además, poseía otras dos casas que arrendaría, cuya calidad, muy inferior a la de la casa principal, la expresaban sus respectivas utilidades: 190 y 132 reales.

     El vínculo, sobre todo, era el titular de un importante complejo productor de aceite, que se sostenía sobre unos olivares cuyo núcleo, en plena producción, se localizaba en el lugar llamado Pozo del Ángel, donde ocupaban 96 aranzadas (30 de primera, 40 de segunda y 26 de tercera). En el sitio que se conocía como Usagre tenía otras 11 1/6 aranzadas, de las cuales 3 eran de tercera y estaban en plena producción, 3 2/3, también de tercera, de olivar nuevo que aún no producía y 4 ½, aún sin cultivar, destinadas a plantar olivos.

     En el Cerro Label poseía otras 8 7/12 aranzadas de tercera, en tres parcelas desiguales. La mayor (6) la declaró como olivar nuevo que no producía, y las otras dos (1 ¾ y 5/6) estaban en plena producción. En la Huerta Sancha tenía 6 11/12 aranzadas de segunda en plena producción repartidas en dos parcelas (5 1/6 y 1 ¾). Y en cuatro lugares distintos poseía otras 11 1/6 aranzadas, todas de olivar productivo: 3 2/3  de tercera en La Carvajala, 2 ½ de primera en la Huerta de Abajo, 2 1/3 de segunda en El Saladillo y 2 2/3 de segunda en La Ladrillera.

     Tanto las calificaciones de calidad como las precisiones métricas estaban destinadas a aminorar el efecto impositivo que pudiera tener el cálculo de utilidad de cada parcela. Por tanto, lo relevante de su descripción pormenorizada no es el detalle, sino que tenía en su poder casi 134 aranzadas, de las cuales poco menos de 120 estaban en plena producción, lo que no era obstáculo para que tuviera en marcha un plan de expansión del cultivo sobre otras 14 1/6 unidades de superficie (9 2/3 ya plantadas de olivar pero que aún no producía y 4 ½ destinadas a plantar olivos). Tal tamaño corresponde a una explotación de olivares propia de casa agropecuaria de primer nivel, lo que refrenda que los cimientos del patriciado de las agrociudades meridionales del interior se levantaron sobre la economía del aceite.

     Para extremar la potencia que la posesión de los olivares le otorgaba al vínculo, en el pago del Pozo del Ángel tenía una casa de campo, llamada Nuestra Señora del Rosario, que contaba con habitaciones y un molino de aceite dotado con un almacén de 1.300 arrobas. De estar colmado, a los 12 reales la arroba que a renglón seguido reconocen los registros del mismo vínculo, la venta del producto almacenado le reportaría unos ingresos por cosecha de 15.600 reales. Sin embargo, su utilidad se estimaba en 800 reales.

     Para el tratamiento del producto del extenso patrimonio de olivares contaba además con otro molino de aceite, esta vez localizado en la población, cuyo almacén, con capacidad para 600 arrobas, le podría proporcionar, bajo las mismas condiciones, 7.200 reales, a pesar de lo cual su utilidad fue estimada en 800 reales. Es posible que el molino localizado en el campo estuviera reservado a la producción propia, mientras que el lugar donde se encontraba el segundo, a la entrada de la población desde donde estaban concentradas las explotaciones de olivar, estuviera orientado a satisfacer la demanda de prensas de los pequeños productores de aceituna que carecían de medios para la molturación.

     En el Pozo del Ángel, centro de la parte consolidada o estable de la casa agropecuaria, el vínculo poseía además 11 aranzadas para viña de segunda. Pudieron ser una reliquia de las dedicaciones preferentes de un espacio evolucionado hacia el cultivo del olivo, que habría preferido ir dejando a un lado la competencia en el sector vitivinícola.

     Tal vez la producción de las viñas del Pozo del Ángel fuera razonable. En ellas se mantenía un lagar equipado con recipientes para almacenar 400 arrobas de producto elaborado. Sin embargo, su baja utilidad estimada, 60 reales, no habla de lo mismo. El lagar sería un superviviente de la pasada gloria vitivinícola de la casa. Para mediados del siglo XVIII es más probable que su actividad se sostuviera con la compra de uva procedente de otros pagos o de mosto para su crianza. La bodega con capacidad para 700 arrobas que había en la casa principal contribuiría a absorber la producción del lagar, y estaría en mejor posición para comercializar el producto.

    También había en el Pozo del Ángel una huerta, sobre tres unidades de superficie. En dos, de primera calidad, dotada con el regadío que abastecía una noria de sangre, se producía hortaliza permanentemente, y en sus márgenes y regaderas había 70 frutales, de los cuales 20 eran naranjos. La tercera, también de primera, estaba dedicada exclusivamente a frutales.

     Por último, el vínculo estaba dotado con un cortinal de 1,5 unidades de superficie en las inmediaciones de la población. Era de primera calidad y estaba destinado a producir cebada en régimen de secano sin descanso. No tenía más tierras para sembrar cereales. Si alguna vez su titular decidiera emprender una labor, tendría que recurrir a las cesiones que se contrataban en el mercado de los arrendamientos. Pero el casi nulo patrimonio ganadero de don Cristóbal no deja lugar a muchas dudas. Las generaciones de este linaje, acogidas por tan sólido vínculo, habrían renunciado a emplearse como labradores. Habrían preferido concentrarse en la producción de aceite y eludir las tensiones que sufría la de cereales.

     Llevar hasta la frontera de la agroindustria sus negocios debió exigirles un importante esfuerzo de financiación. Todos los bienes del vínculo, siempre tomados como una masa única, a mediados del siglo XVIII estaban hipotecados con 22 gravámenes. Solo del primero se declaró expresamente que se trataba de una memoria.

     El silencio de la fuente se presta a la interpretación especulativa. De los 72 reales en los que se valoraron las 6 arrobas de aceite, calculando cada una a 12 reales, para que fueran ingresados a una fábrica parroquial con el fin de que mantuviera encendida su lámpara votiva a San Cristóbal, hay que reconocer que tienen el aspecto de una memoria propia. Claro que también pudo ser el resultado nominal de un crédito recibido en dinero que se pagaba en especie de aceite. Como se acepta un precio corriente para la arroba de aceite, de la que se deduciría la cantidad a pagar cada año, el crédito pudo ser reciente. Pero, entre los perceptores de otra de las cantidades que gravan el mismo patrimonio, aparece otro vínculo, y no parece que sea una institución capacitada para atender una memoria.

     También es cierto que se dejan ver, aunque sea a través de las escuetas cifras, algunas iniciativas que podían estar cerca de lo caritativo. Si exceptuamos el gravamen a pagar una capellanía de la capital, adscrita a una institución de los jesuitas, que sin duda es el pago anual de los intereses de un crédito, y además el crédito más importante de todos, las demás perciben cantidades muy modestas.

     El probable sentido de estos modestos gravámenes lo pone al descubierto el caso de la capellanía de la que era titular en aquel momento don Bartolomé Navarro. Era el capellán de la que había fundado Cristóbal Martín Bravo en una de las parroquias de la población. Del vínculo del que era poseedor nuestro don Cristóbal percibía anualmente 90 reales 6 maravedíes, una cantidad estimable.

     Don Bartolomé, simultáneamente, también mantenía el estatuto de patricio gracias a que era el titular del oficio de alcalde mayor honorífico con voz y voto de regidor. Pero solo poseía un tercio de una casa, proindivisa con Francisco Alfonso y Teresa Rodríguez, que debía ser modesta, porque su utilidad estimada es 88 reales, más 2 vacas, 1 burra y 4 colmenas. Además, sobre la casa estaba hipotecada por un crédito cuyos intereses se pagaban anualmente al convento del carmen calzado de la población. Por su tercera parte, don Bartolomé debía liquidar 38 reales 17 maravedíes, de donde se deduce que los intereses ascendían a 115 reales 17 maravedíes y que muy probablemente correspondían a un préstamo de 3.850 reales al 3 %.

     Don Bartolomé sobrevivía en el margen del patriciado. No redimir un crédito del que era el prestamista, originalmente denominado en maravedíes, tal como expresa la cantidad que don Cristóbal debía pagarle anualmente, era una manera de contribuir a su supervivencia.

     Podemos interpretar el silencio de la fuente como que toda la carga financiera sobre los bienes del vínculo estuviera causada por memorias, que es la posibilidad más extrema, consecuencia de una piedad promiscua. Como no es incompatible la institución de una memoria con la contratación de un crédito, y además todos los gravámenes responden al tratamiento cuantitativo como intereses, podemos contar con la apariencia de los 22, aun siendo errónea la otra interpretación extrema, la que los considere todos como formas de crédito, para reconstruir el marco dentro del cual pudo operar la demanda de crédito de las agroindustrias, en especial la del aceite, para mantener su actividad a fines de la época moderna. Se da la afortunada circunstancia de que tenemos la certeza de que el poseedor de nuestro vínculo, que le faculta para ser patricio, no se compromete como labrador y concentra su patrimonio en la explotación del cultivo del olivar, para la que posee los medios de transformación que lleven al límite el beneficio que de él se pueda obtener. Gracias a ella, estaríamos en condiciones de llegar hasta los medios de financiación de la agroindustria a fines de la época moderna.

     Los capitales ingresados por el vínculo, si partimos de esa premisa, habrían sumado una cantidad comprendida entre 62.727 y 66.756 reales. Con seguridad, estas cifras solo resumirían una parte de la historia financiera del vínculo. Una parte de los créditos que se compraran entre el momento probable de la fundación (siglo XVI) y el momento desde el que observamos su trayectoria (mediados del siglo XVIII) debió liquidarse; aunque si tenemos en cuenta que pagar los intereses de un crédito indefinidamente podía ser muy barato, las posibilidades de su extinción siempre serían menores que las de la supervivencia.

     Más reveladoras que las cantidades, son las vías de financiación que prefirió la casa y la proporción que representa cada una. Según instituciones prestamistas, la demanda del crédito estaría todo lo diversificada que permitía aquel mercado. Habrían sido corporaciones de beneficiados parroquiales, conventos, capellanías, una fábrica parroquial, un vínculo, un patronato, una cofradía del Santísimo de una parroquia y un hospital también adscrito a una parroquia.

     Cada préstamo habría sido conseguido de una institución financiera distinta. O los sucesivos poseedores del vínculo no quisieron poner en manos de solo una parte de las instituciones accesibles el riesgo con el que debía cargar su patrimonio, o los fondos de estas no eran tan abundantes como para atender insistentemente la demanda de crédito de una gran empresa agropecuaria. Es más probable la atomización del mercado del crédito rural, en el que las relaciones familiares, que llevaban desde un linaje demandante de crédito hasta una de las instituciones creadas por el patriciado para que le sirvieran a estos fines, se imponían sobre la vigorosa oferta que pudieran hacer grandes fundaciones, que desde luego existían.

     Pero también es cierto que el linaje de don Cristóbal preferiría determinadas líneas de crédito. Los siete conventos –de clero masculino y femenino, de la población y de la capital; de clarisas, dominicos y dominicas, mercedarios, carmelitas descalzos– percibían un 40 % de las rentas circuladas en concepto de gravámenes, casi lo mismo que las siete capellanías, una de ellas de ellas de la capital y las otras seis radicadas en las parroquias de la población. Los beneficiados de tres parroquias locales, una vigésima parte, lo mismo que el hospital. Algo por debajo, la fábrica parroquial, y todavía menos la cofradía del Santísimo. Y una centésima parte o menos el vínculo y el patronato.

     Sin embargo, es en la posible tipología financiera de los créditos que se pagaban a mediados del siglo XVIII donde estaría inscrita la historia de la financiación de la agroindustria de entonces. Una parte de los posibles préstamos sería negociada en maravedíes a un tipo por encima del 3 %. Supondrían poco más de una décima parte de las cantidades obtenidas por vía de préstamo y corresponderían a los préstamos más antiguos. Los negociados en maravedíes a un tipo entre un 3 y un 5 %, poco menos de una vigésima parte de los dineros ingresados, también serían préstamos supervivientes de tiempos precedentes, pero que ya habrían podido negociarse en tiempos más recientes.

     Aún más al margen quedarían los préstamos negociados en reales a un tipo por encima del 3 %, poco más de una quincuagésima parte de las cantidades ingresadas. En origen pudieron ser resto de un tiempo de transición de los tipos de interés comprendido entre los siglos XVI y XVII. Los suscritos en reales al 3 %, casi la mitad de los capitales, serían los préstamos relacionados con el mercado corriente, y los acordados en ducados también al 3 %, que eran algo menos que los negociados en reales, serían los préstamos fuertes contemporáneos. Entre uno y otro sumarían casi las tres cuartas partes de todas las cantidades prestadas.

     La preponderancia de estos cinco modelos de financiación, más que de una trayectoria lineal, como la que se deduce a groso modo de la evolución secular de los tipos de interés, dependería de la situación real de los mercados locales, que oscilarían y se modificarían en función de los factores que se pueden prever (dinero disponible en los depósitos, devaluación, crédito de los demandantes, urgencias a las que se vieran expuestos), lo que queda fuera del alcance de las cifras que nos proporcionan los testimonios.

     Lo que parece más seguro es que, sobre la carga crediticia heredada de tiempos anteriores, las posibilidades de financiarse en el mercado corriente eran las mayores. Por tanto, a mediados del siglo XVIII las instituciones promovidas para servir a la usura agropecuaria, con la pertinente cobertura moral, todavía cumplían sobradamente con sus fines. Otra cosa es su debilidad, visible en la dispersión de la oferta, precursora de su crisis, que provendría de la excesiva oferta. Tanta concurrencia cada vez abarataría más el dinero en el medio rural. A quienes habían patrocinado con aquel fin las instituciones que la sostenían les vendría muy bien, pero eso inevitablemente las llevaría a la quiebra.