La financiación de la agroindustria
Publicado: febrero 26, 2022 Archivado en: Heliodoro Hernández | Tags: economía agraria Deja un comentarioHeliodoro Hernández
Don Cristóbal, como patrimonio personal, solo poseía una cochera, una parcela y algún ganado. De la cochera no es mucho lo que se puede decir, salvo lo evidente, que nuestro don Cristóbal pudo disponer de un medio de transporte rodado. La parcela abarcaba solo 7 unidades de superficie. Estaba destinada a la producción de cereales en secano, y tenía la particularidad de que en ella había plantado 42 olivos que aún no producían. Su patrimonio ganadero era insignificante. Era dueño de un mulo, probablemente para tirar de su coche, y cuatro asnos, que utilizaría para los portes que entre el campo y la ciudad necesitaran sus actividades. Pero ninguno de ellos, ni el mulo ni los asnos, se consideraron fiscalmente útiles. Las dieciocho colmenas que además tenía, localizadas en algún lugar de sus posesiones, serían las únicas que le proporcionaran algún producto exclusivo.
Pero, además, hacia 1750 era el poseedor de un vínculo, el que en su momento habían fundado su antepasado don Bartolomé y su esposa doña Leonor. Gracias a esta fundación, disponía, en primer lugar, del oficio de regidor, el que le permitía ejercer como miembro de pleno derecho del patriciado local. Estaba dotado además con una casa solariega con dos plantas, donde residiría, en la que había una bodega con una capacidad de 700 arrobas y cuya utilidad estimada era 750 reales. Además, poseía otras dos casas que arrendaría, cuya calidad, muy inferior a la de la casa principal, la expresaban sus respectivas utilidades: 190 y 132 reales.
El vínculo, sobre todo, era el titular de un importante complejo productor de aceite, que se sostenía sobre unos olivares cuyo núcleo, en plena producción, se localizaba en el lugar llamado Pozo del Ángel, donde ocupaban 96 aranzadas (30 de primera, 40 de segunda y 26 de tercera). En el sitio que se conocía como Usagre tenía otras 11 1/6 aranzadas, de las cuales 3 eran de tercera y estaban en plena producción, 3 2/3, también de tercera, de olivar nuevo que aún no producía y 4 ½, aún sin cultivar, destinadas a plantar olivos.
En el Cerro Label poseía otras 8 7/12 aranzadas de tercera, en tres parcelas desiguales. La mayor (6) la declaró como olivar nuevo que no producía, y las otras dos (1 ¾ y 5/6) estaban en plena producción. En la Huerta Sancha tenía 6 11/12 aranzadas de segunda en plena producción repartidas en dos parcelas (5 1/6 y 1 ¾). Y en cuatro lugares distintos poseía otras 11 1/6 aranzadas, todas de olivar productivo: 3 2/3 de tercera en La Carvajala, 2 ½ de primera en la Huerta de Abajo, 2 1/3 de segunda en El Saladillo y 2 2/3 de segunda en La Ladrillera.
Tanto las calificaciones de calidad como las precisiones métricas estaban destinadas a aminorar el efecto impositivo que pudiera tener el cálculo de utilidad de cada parcela. Por tanto, lo relevante de su descripción pormenorizada no es el detalle, sino que tenía en su poder casi 134 aranzadas, de las cuales poco menos de 120 estaban en plena producción, lo que no era obstáculo para que tuviera en marcha un plan de expansión del cultivo sobre otras 14 1/6 unidades de superficie (9 2/3 ya plantadas de olivar pero que aún no producía y 4 ½ destinadas a plantar olivos). Tal tamaño corresponde a una explotación de olivares propia de casa agropecuaria de primer nivel, lo que refrenda que los cimientos del patriciado de las agrociudades meridionales del interior se levantaron sobre la economía del aceite.
Para extremar la potencia que la posesión de los olivares le otorgaba al vínculo, en el pago del Pozo del Ángel tenía una casa de campo, llamada Nuestra Señora del Rosario, que contaba con habitaciones y un molino de aceite dotado con un almacén de 1.300 arrobas. De estar colmado, a los 12 reales la arroba que a renglón seguido reconocen los registros del mismo vínculo, la venta del producto almacenado le reportaría unos ingresos por cosecha de 15.600 reales. Sin embargo, su utilidad se estimaba en 800 reales.
Para el tratamiento del producto del extenso patrimonio de olivares contaba además con otro molino de aceite, esta vez localizado en la población, cuyo almacén, con capacidad para 600 arrobas, le podría proporcionar, bajo las mismas condiciones, 7.200 reales, a pesar de lo cual su utilidad fue estimada en 800 reales. Es posible que el molino localizado en el campo estuviera reservado a la producción propia, mientras que el lugar donde se encontraba el segundo, a la entrada de la población desde donde estaban concentradas las explotaciones de olivar, estuviera orientado a satisfacer la demanda de prensas de los pequeños productores de aceituna que carecían de medios para la molturación.
En el Pozo del Ángel, centro de la parte consolidada o estable de la casa agropecuaria, el vínculo poseía además 11 aranzadas para viña de segunda. Pudieron ser una reliquia de las dedicaciones preferentes de un espacio evolucionado hacia el cultivo del olivo, que habría preferido ir dejando a un lado la competencia en el sector vitivinícola.
Tal vez la producción de las viñas del Pozo del Ángel fuera razonable. En ellas se mantenía un lagar equipado con recipientes para almacenar 400 arrobas de producto elaborado. Sin embargo, su baja utilidad estimada, 60 reales, no habla de lo mismo. El lagar sería un superviviente de la pasada gloria vitivinícola de la casa. Para mediados del siglo XVIII es más probable que su actividad se sostuviera con la compra de uva procedente de otros pagos o de mosto para su crianza. La bodega con capacidad para 700 arrobas que había en la casa principal contribuiría a absorber la producción del lagar, y estaría en mejor posición para comercializar el producto.
También había en el Pozo del Ángel una huerta, sobre tres unidades de superficie. En dos, de primera calidad, dotada con el regadío que abastecía una noria de sangre, se producía hortaliza permanentemente, y en sus márgenes y regaderas había 70 frutales, de los cuales 20 eran naranjos. La tercera, también de primera, estaba dedicada exclusivamente a frutales.
Por último, el vínculo estaba dotado con un cortinal de 1,5 unidades de superficie en las inmediaciones de la población. Era de primera calidad y estaba destinado a producir cebada en régimen de secano sin descanso. No tenía más tierras para sembrar cereales. Si alguna vez su titular decidiera emprender una labor, tendría que recurrir a las cesiones que se contrataban en el mercado de los arrendamientos. Pero el casi nulo patrimonio ganadero de don Cristóbal no deja lugar a muchas dudas. Las generaciones de este linaje, acogidas por tan sólido vínculo, habrían renunciado a emplearse como labradores. Habrían preferido concentrarse en la producción de aceite y eludir las tensiones que sufría la de cereales.
Llevar hasta la frontera de la agroindustria sus negocios debió exigirles un importante esfuerzo de financiación. Todos los bienes del vínculo, siempre tomados como una masa única, a mediados del siglo XVIII estaban hipotecados con 22 gravámenes. Solo del primero se declaró expresamente que se trataba de una memoria.
El silencio de la fuente se presta a la interpretación especulativa. De los 72 reales en los que se valoraron las 6 arrobas de aceite, calculando cada una a 12 reales, para que fueran ingresados a una fábrica parroquial con el fin de que mantuviera encendida su lámpara votiva a San Cristóbal, hay que reconocer que tienen el aspecto de una memoria propia. Claro que también pudo ser el resultado nominal de un crédito recibido en dinero que se pagaba en especie de aceite. Como se acepta un precio corriente para la arroba de aceite, de la que se deduciría la cantidad a pagar cada año, el crédito pudo ser reciente. Pero, entre los perceptores de otra de las cantidades que gravan el mismo patrimonio, aparece otro vínculo, y no parece que sea una institución capacitada para atender una memoria.
También es cierto que se dejan ver, aunque sea a través de las escuetas cifras, algunas iniciativas que podían estar cerca de lo caritativo. Si exceptuamos el gravamen a pagar una capellanía de la capital, adscrita a una institución de los jesuitas, que sin duda es el pago anual de los intereses de un crédito, y además el crédito más importante de todos, las demás perciben cantidades muy modestas.
El probable sentido de estos modestos gravámenes lo pone al descubierto el caso de la capellanía de la que era titular en aquel momento don Bartolomé Navarro. Era el capellán de la que había fundado Cristóbal Martín Bravo en una de las parroquias de la población. Del vínculo del que era poseedor nuestro don Cristóbal percibía anualmente 90 reales 6 maravedíes, una cantidad estimable.
Don Bartolomé, simultáneamente, también mantenía el estatuto de patricio gracias a que era el titular del oficio de alcalde mayor honorífico con voz y voto de regidor. Pero solo poseía un tercio de una casa, proindivisa con Francisco Alfonso y Teresa Rodríguez, que debía ser modesta, porque su utilidad estimada es 88 reales, más 2 vacas, 1 burra y 4 colmenas. Además, sobre la casa estaba hipotecada por un crédito cuyos intereses se pagaban anualmente al convento del carmen calzado de la población. Por su tercera parte, don Bartolomé debía liquidar 38 reales 17 maravedíes, de donde se deduce que los intereses ascendían a 115 reales 17 maravedíes y que muy probablemente correspondían a un préstamo de 3.850 reales al 3 %.
Don Bartolomé sobrevivía en el margen del patriciado. No redimir un crédito del que era el prestamista, originalmente denominado en maravedíes, tal como expresa la cantidad que don Cristóbal debía pagarle anualmente, era una manera de contribuir a su supervivencia.
Podemos interpretar el silencio de la fuente como que toda la carga financiera sobre los bienes del vínculo estuviera causada por memorias, que es la posibilidad más extrema, consecuencia de una piedad promiscua. Como no es incompatible la institución de una memoria con la contratación de un crédito, y además todos los gravámenes responden al tratamiento cuantitativo como intereses, podemos contar con la apariencia de los 22, aun siendo errónea la otra interpretación extrema, la que los considere todos como formas de crédito, para reconstruir el marco dentro del cual pudo operar la demanda de crédito de las agroindustrias, en especial la del aceite, para mantener su actividad a fines de la época moderna. Se da la afortunada circunstancia de que tenemos la certeza de que el poseedor de nuestro vínculo, que le faculta para ser patricio, no se compromete como labrador y concentra su patrimonio en la explotación del cultivo del olivar, para la que posee los medios de transformación que lleven al límite el beneficio que de él se pueda obtener. Gracias a ella, estaríamos en condiciones de llegar hasta los medios de financiación de la agroindustria a fines de la época moderna.
Los capitales ingresados por el vínculo, si partimos de esa premisa, habrían sumado una cantidad comprendida entre 62.727 y 66.756 reales. Con seguridad, estas cifras solo resumirían una parte de la historia financiera del vínculo. Una parte de los créditos que se compraran entre el momento probable de la fundación (siglo XVI) y el momento desde el que observamos su trayectoria (mediados del siglo XVIII) debió liquidarse; aunque si tenemos en cuenta que pagar los intereses de un crédito indefinidamente podía ser muy barato, las posibilidades de su extinción siempre serían menores que las de la supervivencia.
Más reveladoras que las cantidades, son las vías de financiación que prefirió la casa y la proporción que representa cada una. Según instituciones prestamistas, la demanda del crédito estaría todo lo diversificada que permitía aquel mercado. Habrían sido corporaciones de beneficiados parroquiales, conventos, capellanías, una fábrica parroquial, un vínculo, un patronato, una cofradía del Santísimo de una parroquia y un hospital también adscrito a una parroquia.
Cada préstamo habría sido conseguido de una institución financiera distinta. O los sucesivos poseedores del vínculo no quisieron poner en manos de solo una parte de las instituciones accesibles el riesgo con el que debía cargar su patrimonio, o los fondos de estas no eran tan abundantes como para atender insistentemente la demanda de crédito de una gran empresa agropecuaria. Es más probable la atomización del mercado del crédito rural, en el que las relaciones familiares, que llevaban desde un linaje demandante de crédito hasta una de las instituciones creadas por el patriciado para que le sirvieran a estos fines, se imponían sobre la vigorosa oferta que pudieran hacer grandes fundaciones, que desde luego existían.
Pero también es cierto que el linaje de don Cristóbal preferiría determinadas líneas de crédito. Los siete conventos –de clero masculino y femenino, de la población y de la capital; de clarisas, dominicos y dominicas, mercedarios, carmelitas descalzos– percibían un 40 % de las rentas circuladas en concepto de gravámenes, casi lo mismo que las siete capellanías, una de ellas de ellas de la capital y las otras seis radicadas en las parroquias de la población. Los beneficiados de tres parroquias locales, una vigésima parte, lo mismo que el hospital. Algo por debajo, la fábrica parroquial, y todavía menos la cofradía del Santísimo. Y una centésima parte o menos el vínculo y el patronato.
Sin embargo, es en la posible tipología financiera de los créditos que se pagaban a mediados del siglo XVIII donde estaría inscrita la historia de la financiación de la agroindustria de entonces. Una parte de los posibles préstamos sería negociada en maravedíes a un tipo por encima del 3 %. Supondrían poco más de una décima parte de las cantidades obtenidas por vía de préstamo y corresponderían a los préstamos más antiguos. Los negociados en maravedíes a un tipo entre un 3 y un 5 %, poco menos de una vigésima parte de los dineros ingresados, también serían préstamos supervivientes de tiempos precedentes, pero que ya habrían podido negociarse en tiempos más recientes.
Aún más al margen quedarían los préstamos negociados en reales a un tipo por encima del 3 %, poco más de una quincuagésima parte de las cantidades ingresadas. En origen pudieron ser resto de un tiempo de transición de los tipos de interés comprendido entre los siglos XVI y XVII. Los suscritos en reales al 3 %, casi la mitad de los capitales, serían los préstamos relacionados con el mercado corriente, y los acordados en ducados también al 3 %, que eran algo menos que los negociados en reales, serían los préstamos fuertes contemporáneos. Entre uno y otro sumarían casi las tres cuartas partes de todas las cantidades prestadas.
La preponderancia de estos cinco modelos de financiación, más que de una trayectoria lineal, como la que se deduce a groso modo de la evolución secular de los tipos de interés, dependería de la situación real de los mercados locales, que oscilarían y se modificarían en función de los factores que se pueden prever (dinero disponible en los depósitos, devaluación, crédito de los demandantes, urgencias a las que se vieran expuestos), lo que queda fuera del alcance de las cifras que nos proporcionan los testimonios.
Lo que parece más seguro es que, sobre la carga crediticia heredada de tiempos anteriores, las posibilidades de financiarse en el mercado corriente eran las mayores. Por tanto, a mediados del siglo XVIII las instituciones promovidas para servir a la usura agropecuaria, con la pertinente cobertura moral, todavía cumplían sobradamente con sus fines. Otra cosa es su debilidad, visible en la dispersión de la oferta, precursora de su crisis, que provendría de la excesiva oferta. Tanta concurrencia cada vez abarataría más el dinero en el medio rural. A quienes habían patrocinado con aquel fin las instituciones que la sostenían les vendría muy bien, pero eso inevitablemente las llevaría a la quiebra.
Molinos harineros
Publicado: febrero 16, 2022 Archivado en: Felipe Orellana | Tags: economía agraria Deja un comentarioFelipe Orellana
El primer ingenio para la transformación de los cereales era el molino de harina, con diferencia la máquina más compleja de cuantas entonces se relacionaban con la agricultura del cereal. Dado que no carecían de importancia las condiciones adecuadas para disponer de las energías que utilizaba, las instalaciones de esta clase tendían a separarse de las poblaciones.
A los molinos harineros se les podía aplicar la energía de los animales de fuerza, pero la producción estable e interferida por los monopolios prefería la que proporcionaban los cauces fluviales o el viento. Tanto dependían del agua y del aire que la producción de harina se interrumpía si faltaba cualquiera de los dos. Cuando la fuerza era fluvial, debían adaptarse al régimen de cada río, el estiaje podía detener la molienda tres o cuatro meses al año. De ahí que la fabricación de harina, en estas instalaciones, se concentrara en los meses comprendidos entre noviembre y febrero. Y los regímenes de vientos, aunque dominantes para cada lugar, nunca eran constantes. Pero la situación crítica que se estaba viviendo en 1750 también trastornó estas industrias, y puso al descubierto que arriesgarse en el frente de las energías eólica y fluvial, a pesar de todo, podía ser oportuno para quien deseara hacer buenos negocios.
A mediados de julio, como por la falta de agua faltaba el suministro de harina en una población próxima al confín occidental de la región, y la escasez la incrementaba que en ella molieran muchos forasteros, anteponiéndolos a los vecinos, su autoridad municipal mandó que ningún molinero de agua o de viento moliera a forastero alguno siempre que tuviera trigo de vecinos.
Pero a principios de agosto empezaron a cambiar aquellas condiciones. A un vecino, que quería fabricar una molinilla en las corrientes del cauce que pasaba cerca, en la que se proponía servirse de sus aguas y de las que le llegaban de un arroyo, el síndico procurador del común le advirtió que su entusiasmo no podría impedir que se opusieran al proyecto los interesados en otro molino que estaba en el mismo río, ni ir en detrimento de la regalía de la casa del señor de la población, a quien correspondía dar o negar la licencia para la construcción pretendida.
Para que con más conocimiento de causa el señor resolviera lo que fuera de su agrado, el municipio diputó a un regidor, al que asistirían dos maestros alarifes entendidos en la fábrica de molinos y dos molineros, vecinos de la población, para que inspeccionaran el sitio donde se pretendía construir la instalación proyectada. Debían medir las distancias a los otros dos molinos que ya había en el mismo cauce y pesar la corriente de las aguas nivelándolas, así como reconocer por todos los medios a su alcance si se deduciría perjuicio a las instalaciones previas y por tanto al común de la población.
No conocemos el dictamen ni sabemos en qué paró el proyecto, pero sí que el encadenamiento de las circunstancias dio un impulso a las iniciativas de aquella clase. A finales del mismo mes de agosto, las instalaciones para la molienda de la población que estaban actuando al margen del orden condal quedaron reguladas. La autoridad municipal solicitó al señor que aprobara y confirmara los permisos que desde 1742 el municipio había ido dando a algunos vecinos para fabricar en el término siete molinos de viento y uno de agua. Era consciente de que había actuado sin la autoridad necesaria, como las advertencias del síndico demuestran, pero sorprendentemente alegó ignorancia, y se excusó ante el conde diciendo que solo ahora estaba informada de que los permisos para que actuaran correspondían en exclusiva a quien poseía su casa, estados y mayorazgos, como señor único del dominio solariego de la villa, término y jurisdicción.
Como primera respuesta, el conde solicitó, a través de su cámara, que le enviaran un informe de los acuerdos tomados por el ayuntamiento que había consentido las obras, en el que tendrían que constar los sitios donde estaban los molinos, los nombres de las personas a quienes se les había permitido su construcción y los de sus dueños en aquel momento. Los de viento, según la información recogida, estaban situados en una cabezada y tres cabezos contiguos a la población, en uno de los cuales se concentraban cuatro de ellos. Cada uno pertenecía a un propietario distinto, entre los que había un presbítero, todos vecinos del lugar. El de agua estaba en el vado de la pasada del río y también lo había construido un vecino.
A fines de septiembre, el municipio remitió la documentación que se le solicitaba y un testimonio por el que dejaba constancia de que no causaban perjuicio a terceros la construcción de la molinilla ni la supervivencia de los molinos que ya estaban activos. Un mes después, el señor, desde la corte, que en aquel momento estaba en el real sitio de San Lorenzo, consintió en lo que el municipio le había pedido, y en admitir que para las licencias de las obras de los molinos quienes regían la población habían procedido sin maldad, ignorando que su concesión fuera una regalía privativa de su casa.
Reconoció además que de actuar de manera tan benigna el común obtendría beneficios y el vecindario podría moler más fácilmente sus granos, y quienes habían invertido en la construcción de los molinos sin las licencias legítimas obtendrían la seguridad que hasta aquel momento no tenían. A partir de aquel momento, ellos y sus herederos los podrían disfrutar y poseer gracias a la facultad que para su erección y uso les concedía. En lo sucesivo, podrían servirse de ellos, bien administrándolos por sí, bien arrendándolos a las personas que quisieran, y podrían enajenarlos cuando les conviniera, con la condición de que ni unos ni otros hicieran fraude en las harinas que molieran, que tendrían que ser de buena calidad.
Si alguno de los molinos no se usara durante un tiempo, porque estuviera descompuesto o porque no hubiera quien lo administrara o lo arrendase, su dueño tendría la obligación de tenerlo cerrado con puertas y llaves, para evitar que algún reo se ocultara en él o que sirviera de refugio para malos fines. Pero debía quedar claro que las justicias de la población, en lo sucesivo, no podrían dar permiso para nuevas construcciones de este tipo sin el consentimiento expreso del señor, bajo la pena de 20.000 maravedíes para su cámara y la demolición de las obras sin permiso. A principios de noviembre, el municipio, en una de sus sesiones capitulares, dejó constancia de esta decisión, y a fines de diciembre los propios se hicieron cargo de todos los gastos ocasionados a la secretaría de la casa señorial por estos trámites.
Pero, no sabemos con qué intenciones, una anotación aclaró a propósito de todo este asunto que los molinos que servían para el abasto de la población no era ninguno de los concedidos, sino los de otro arroyo, e inadvertidamente además se afirmó que las licencias para construir los molinos las había dado el municipio el año anterior, 1749, en cuyo último trimestre se había iniciado el ciclo agrícola que había degenerado en la pérdida de las cosechas de 1750 en el sudoeste; cuando hasta aquí se había mantenido que habían comenzado en 1742.
Para el último trimestre del año, la autoridad regional ya había consumado la magna operación comercial de entrada de grano concordante con la caída de la producción. Por su iniciativa se habían importado 15.000 fanegas de trigo, 10.000 procedentes de Inglaterra y las otras 5.000 de Cerdeña y Sicilia, a las que se sumaron, para cubrir la demanda ya comprometida, otras 5.000 del fondo de tercias reales, la primera participación de la corona en el diezmo.
La molienda de 20.000 fanegas de trigo daría como producto 1.700.000 libras de harina aproximadamente, equivalentes a 782.153 kilos, algo menos de 800 toneladas. Si calculamos el beneficio que pudiera proporcionar la molturación a partir de la maquila común, porción que el molinero detraía de la harina obtenida como pago a su trabajo, que era 1/24 de fanega, tendríamos que aceptar que alcanzaría algo menos de 30.000 reales, siempre que aceptemos como referencia para el cálculo los 35 reales la fanega de trigo que se impondrían en los mercados tras aquella importación de choque; todo esto sin tener en cuenta el posible producto local y el almacenado en cualquier lugar a la espera del negocio en perspectiva, sin duda la masa más importante.
No parece sin embargo un beneficio que aliente a invertir en la construcción de molinos en la periferia. La molturación de la masa de grano importada se concentraría alrededor del epicentro de la crisis, localizado en la capital de la región. Pero el lugar en el que se había desatado la fiebre de los molinos era el discreto centro de una zona que actuaba, seguro desde el siglo XIV, como intermediara comercial entre las poblaciones deficitarias de la sierra al norte y el grano que entraba por los puertos del litoral al sur; aunque nada le impedía conectarlos en la dirección inversa cuando las circunstancias y las mercancías lo aconsejaran. 1750 pudo ser un momento adecuado para que las dos direcciones del mismo tráfico convivieran, más aún cuando en todo aquel confín oeste, de norte a sur, la producción relativa ni siquiera había llegado a ser deficitaria.
El transporte del producto que se hubiera obtenido en la zona, ya convertido en harina, sí reportaría beneficios nada despreciables, si se tiene en cuenta que el producto se había hundido en todo el territorio al este. Es cierto que no era frecuente cubrir grandes radios con el transporte de la harina. El incremento del precio justificado por la molienda apenas podría competir con el del transporte de la materia prima. Pero, ante la escasez de grano, la oferta del producto molturado podía ser una imposición del vendedor que no admitiera réplica.
Por cada 100 fanegas de harina que se transportaran a solo 5 leguas, aproximadamente unos 30 kilómetros, un radio abarcable en una jornada sirviéndose de una recua de animales de carga, se podría obtener un beneficio añadido de poco más de 220 reales, dado que 15 maravedíes por legua y fanega era el precio vigente para los portes de estos bienes; a sumar a los 146 que se hubieran ingresado por la molienda, lo que incrementaba en dos tercios el ingreso bruto. Si el vendedor de la harina actuara asociado al dueño del grano, la tasa de beneficio que solo el transporte del producto molturado agregara al consorcio alcanzaría el 6 %.
Sería absurdo dejar pasar la oportunidad de negocio que la contracción del producto ofrecía en aquellos meses posteriores a la pérdida de la cosecha en el valle, y desde luego hay que suponer que la inversión en molinos confiaría en que la crisis levantara la losa que pesaba sobre la inversión agrícola desde hacía décadas, expandiera el producto y consolidara el papel intermediario de la población. El negocio que gracias a la crisis se perfilaba en el horizonte habría alentado la iniciativa industrial, cuyos beneficios podrían expandirse por la comarca.
Con estas ganancias en perspectiva poco importa que nadie fuera sincero, ni que no se mencionara lo que tendría que pagar por la molienda el común, que en el condado vivía bajo el estatuto de morador y que no se reconoce como dueño de granos, ni los vecinos de pleno derecho que molieran los suyos. Sí era de agradecer que la benefactora y magnánima mano del conde se esforzara por dejar constancia de su preocupación por la calidad de la harina y porque se convirtiera en una fuente de beneficio.
Toda la tierra para campesinos
Publicado: febrero 10, 2022 Archivado en: Alain Marinetti | Tags: economía agraria Deja un comentarioAlain Marinetti
Dado que solo una parte de los trabajadores del campo conseguía acceder a una cesión de tierras asociándose a una labor, siempre se generaba un excedente de los dispuestos a tomar una parcela, por lo que el fenómeno campesino se desbordaba en el espacio, y daba origen a un estado de transición, tanto desde el punto de vista de la tenencia como desde el punto de vista del uso del suelo agrícola. Los más atentos a captar este exceso accedían a la unidad de producción a la que pudieran optar, fuera cortijo o haza, renunciaban a organizar una labor en ella y fragmentaban su superficie en parcelas hábiles para cederlas a cambio de las prestaciones que en cada caso se acordaran. Aunque los campesinos cedentes sostuvieran su explotación con sus propios medios, eso no excluiría la prestación de los huéspedes en beneficio del espacio que se hubiera reservado quien por aquel procedimiento se había constituido en señor o amo.
Parece un fenómeno bastante marginal. Solo afecta expresamente a 5 cortijos, 1 cortijuelo –único en su género– y 8 hazas. Aunque carecemos de datos sobre su orden interno, al grupo podemos adscribir por conjetura otras 4 hazas, de las cuales solo conocemos su extensión total, que las acerca al tipo. Serían en total 18 unidades de producción que acumulaban 766,5 fanegas.
A pesar de que una parte de ellas se presente como cortijo, las 18 debieron ser fragmentos, de hecho o de derecho, de otras mayores. Es muy posible que en la mayor parte de los casos se trate de unidades en estado de transición, por descanso de una parte de su espacio o en trance de agotar sus posibilidades para un tiempo. En el registro expresaría la dominante condición transitoria de cada una de las situaciones que se suelan identificar antes por el nombre de sus poseedores que por algún topónimo.
Se dispersan en un rango de amplio recorrido. Las de mayores dimensiones, por encima de las cien unidades de superficie útiles, solo son dos, un cortijo y el cortijuelo. Otro par de cortijos y un haza recuren a extensiones comprendidas entre 40 y 70 unidades de superficie, diez, la mayoría, usan entre 20 y 40, y solo dos entre 14 y 20, y la que resta se reduce a 9 unidades de superficie.
Las parcelas descritas son 108, que acumulan 660,5 fanegas, lo que daría una explotación tipo relativamente grande, 6,12 fanegas. Es la consecuencia de que haya parcelas anormalmente extensas para no tratarse de labores. El cortijo de mayor extensión utilizada reservó una de nada menos que 48 unidades de superficie, que la fuente clasifica expresamente como pegujal. Su tamaño es anómalo para este hecho, pero nada impide aceptar su clasificación. El pegujal es una relación, cualquiera que sea su tamaño.
También hay parcelas cuyo tamaño está comprendido entre 13 y 20 unidades de superficie. La alta frecuencia de los tamaños pares entre 6 y 12, relativamente altos para estas situaciones, más los casos singulares de los impares intercalados, da como resultado la concentración en este grupo de 33 casos, un tercio del total. Sin embargo, como es regular en el tipo, la mayoría de las parcelas, 57, la mitad, como es habitual se agota con los tamaños 2, 3 y 4, con una frecuencia de casos casi idéntica. Tanta diversidad y tan alta frecuencia relativa de tamaños altos son señal de adaptación a la demanda y prueban la proximidad material entre cedente y cedido
La relación entre número de parcelas en las que se fragmenta el espacio de cada unidad de producción y su extensión es directa. Por eso son más frecuentes las unidades divididas entre 4 y 6 parcelas, y solo hay un par de casos de relativa importancia, las dos unidades mayores, que dan origen a 18 y 17.
Como poseedores de estas unidades de producción aparecen tres apellidos relacionables con el patriciado, que por tanto en aquel momento no serían labradores. Es posible que lo fueran en año de espera, que nunca lo hubieran sido o que hubieran retrocedido a la posición campesina.
El caso de don Diego Martínez parece el más expresivo del labrador en transición. Posee un cortijo, identificado por su topónimo, a partir del cual compone once parcelas de entre 15 y 2 unidades de superficie, hasta sumar un total de 58. La mayor, a cierta distancia de las demás, pudo ser la que se reservara para sí, y el resto las que cediera. Que no se jerarquice el enunciado de las parcelas y que el número de las que tendrían otros sea alto excluye la posibilidad de que se trate de parcelas remuneradoras de trabajadores en su posible explotación.
Los otros dos pudieron ser patricios en un estado distinto al de labrador. De las dos hazas que poseen, ninguna de las cuales llega a las 40 unidades de superficie, solo constan parcelas de tamaños por debajo de 10. No parece que alguno se hubiera reservado una extensión por encima de las otras, si es que se reservara alguna. Los dos habrían preferido la cesión de toda la tierra disponible a cambio de prestaciones. Si hubieran explotado alguna de aquellas parcelas, serían campesinos, a pesar de las relaciones familiares que le hubieran valido el acceso a lo que parecen dos desprendimientos de cortijo; y si no, se habrían instalado en la condición de rentistas.
Directamente relacionado con la plenitud del patriciado está el cortiujelo, un bien patrimonio del municipio, del tipo que se solía llamar de propios. Parcelado, daba origen a otra forma de acceder a las mismas relaciones. Su espacio era repartido entre los aspirantes al suelo agrícola municipal valiéndose del sorteo. Así se representaba la ecuanimidad de quienes se reservaban el poder público más inmediato. Pero en 1771 este ejercicio de justicia distributiva tuvo un alcance muy limitado. Nada más que en 17 parcelas se dividió su espacio, y en módulos en desiguales: de 18, 10, 9 (en dos pedazos), 8 (3 parcelas), 6, 5 (2), 4 (6), 3 y 2.5 unidades de superficie. El municipio, antes que ser rigurosamente igualitario, ofertando las 106,5 unidades de superficie del cortijuelo en parcelas de extensión única, habría preferido adaptarse a una demanda dependiente de la capacidad de sus medios para cultivar la tierra.
Quienes permanecían en la condición de campesinos del común y se decidieron por aprovechar el suelo útil parcelándolo ingeniaron otras relaciones. En el cortijo que se aprovechan 161 unidades de superficie, el extraordinario tamaño de la parcela que alcanza las 48 unidades convivía con otras 17, buena parte de ellas (5) de 12 unidades de superficie, pero otras de 10, 8, 7, 4 o 2. El cortijo además tenía su propia huerta, y en ella un fenómeno que no es singular: otra de las parcelas dedicadas a cereal, de solo una unidad de superficie de extensión.
Diversas situaciones podrían haber convergido en aquel estado complejo. La existencia de la huerta nos pone sobre la pista de al menos una cesión prolongada en el tiempo, algo ya infrecuente en la segunda mitad del siglo XVIII. Tendríamos que admitir por tanto como más probable que la posesión de todo el espacio útil aquel año pudiera estar sostenida por la tenencia directa, a partir de la cual el cedente de las parcelas contaría con la garantía de reservarse una explotación propia, que en este caso sería la parcela de 48 unidades de superficie. Su convivencia con una oferta de fragmentos de espacio adaptada a una demanda diversa es una invitación a tomar las combinaciones que en otro lugar hemos llamado labor secundaria más pegujales autónomos como un hecho muy próximo a este, si no idéntico.
En el cortijo que poseen los que suponemos hermanos Juan y José Ortiz, el espacio útil es de 66 fanegas y está fragmentado en diez parcelas. La mayor, de 20 unidades de superficie, de casi el doble que la siguiente de mayor tamaño, puede interpretarse como la que explotan los Ortiz, en el límite entre pegujal y labor modesta. La oscilación del tamaño de los otros y que no se atengan a jerarquía es indicio de mercado abierto que apela al espectro completo de los campesinos, desde los que en la documentación se llaman pelantrines y haceros (parcelas de 11 y 12 unidades) hasta los pegujaleros en sentido estricto (parcelas de 2, 3, 4 y 6).
El haza de San Bartolomé en La Palmilla parece el desprendimiento de un cortijo que también tiene su origen en la propiedad, no en la cesión transitoria. Pero la situación aparenta ser más compleja. Cinco de las seis parcelas están en el haza, en tierras que tenía Alonso Alcalá, quien se habría quedado para sí con una de 10 unidades de superficie y habría cedido las otras cuatro, de entre 2 y 4. La otra, de 12, está en el cuartillo de La Palmilla, que sería una fracción del haza. Alcalá pudo tener dividida su pequeña labor en dos parcelas, o una de las de mayor tamaño dio origen a un pelantrín.
El haza de Francisco Esteban, de la que se utilizan 33 unidades de superficie, divide su espacio en 7 parcelas de una manera muy equilibrada: cuatro de 6 unidades de superficie, una de 5 y dos de 2. Tal vez no sea desacertado pensar que pudo tratarse de una iniciativa solidaria o cooperativa. Francisco Esteban sería la cabeza legalmente comprometida de un grupo de campesinos que hacen frente en común a los costos y las posibilidades de una cesión de tierras.
Las parcelas que son denominadas en conjunto como hazas descarriadas son cuatro que suman poco más de 30 unidades de superficie, dos del tamaño que tentativamente hemos tomado como propio de pelantrín (15, 10) y otras dos del característico de los pegujales (de 4 unidades). Por la manera de identificar el conjunto se puede pensar que fueran parcelas dispersas. Pero, en ese caso, no tendría sentido reunirlos en esta parte del registro. Es más probable que se trate de un topónimo que alude a un grupo de hazas alejadas.
En el haza de los Abades se ocuparon 31 unidades de superficie útil para dar origen a 5 parcelas, dos de 8 y tres de 5. Es posible que se trate de un haza identificada por el nombre de su propietario institucional, y no por su topónimo. Se puede pensar que el dueño hubiera decidido ceder en parcelas regulares al mejor postor una tierra que no había encontrado acomodo entre los que la pudieran necesitar para completar una labor. Las parcelas son de un tamaño algo superior al común. Sus ocupantes pudieron ser campesinos de los más capaces, dotados de los medios que les permitieran pagar más renta.
En el cortijo de Rojas, con 27 unidades de superficie útil dividida en 4 parcelas, la primera (de 19 unidades) mucho mayor que las otras, podría tomarse también por una labor modesta, sobre todo por su relación cuantitativa con las otras tres, que son pequeñas (3 y 2). También en un haza de Juan Mozo, con 4 parcelas que aprovechan 24 unidades de superficie, la primera de 14, cuyo tamaño más que duplica al siguiente, puede interpretarse como la discreta labor de quien le da nombre, y las demás como cesiones de entre 6 y 2 unidades condicionadas por renta o por trabajo. Y es similar el cortijo de Conejo (4 parcelas, la mayor de 13, y las demás pequeñas, de 4, 3 y 2). La suma da un tamaño de superficie utilizada (22 fanegas) que no contradice el aprovechamiento parcial del cortijo.
El caso de Antonio Salgado, que posee el haza de Los Borriqueros, parece algo distinto. Se puede pensar que Salgado, que la tiene por cesión (el haza está en Antonio Salgado, dice la inscripción), ha decidido explotarla fragmentando las 19 unidades de superficie útil de las que dispone, que tal vez no han podido sumarse a una labor o que se ha decidido no barbechar, en 5 parcelas de 1, 3 (2) y 6 (2) unidades, estas de un tamaño algo superior al común cuando se trata de pegujales. Si el haza está identificada primero por el nombre de su poseedor presente, y no por su topónimo, Los Borriqueros identificaría a un grupo dedicado a otra actividad que recurre a la tierra para disponer de un suministro de energía.
El haza de José Villarín solo recurre a 9 unidades de superficie útil, que se fragmentan en cuatro parcelas de entre 1 y 3 unidades. El poseedor identificado puede ser uno de los que tiene una de las cuatro parcelas y el responsable de la adquisición del haza. De la de Quebrantavigas y Las Lagunillas solo podemos decir que en 1771 se pusieron en cultivo 40 unidades de su espacio, y de la que se conoce como haza de la Gallega, de 24 fanegas, la personificación permite identificar a un personaje cuyas tácticas son lo bastante conocidas como para que la administración de la décima no se vea en la necesidad de especificar nada más. Ofrecía alojamiento a inmigrantes de temporada, incluyendo la cesión de parcelas bajo las condiciones de los pegujales.
En el paraje conocido como Cortes, donde se concentraban unidades de producción de distinto tipo, todas probablemente provenientes de un primitivo donadío, cuya propiedad se habría ido dividiendo, se aprovechan en dos hazas 14 unidades de superficie, que dieron origen a dos parcelas, una de 9 unidades de superficie, y la otra en el cercado de la Fuente del Álamo, de solo 5. El cercado obliga a pensar en un área donde la presencia del ganado era regular. Pudo tratarse de tierras con esta dedicación preferente, si bien asociadas a una explotación agropecuaria compleja.
perpendiculares y divergentes 
Comentarios recientes