Control de los mercados

Felipe Orellana

A primeros de marzo de 1750 se tomaron las primeras decisiones aconsejadas por el estado de las sementeras. Según la instrucción para el gobierno de los pósitos, en aquel momento debía comenzar la segunda fase de su actividad anual. Había que repartir la mitad del trigo que hubiera en los graneros para contribuir a las faenas de escarda y barbecho, siempre que el tiempo estuviera siendo regular y las sementeras se encontraran en sazón y de buena calidad, así como que el trigo almacenado no se necesitara para el abasto diario de los pueblos.

     El año anterior, en uno de los municipios desde los que observamos estos hechos, a principios de marzo habían emprendido las gestiones para repartir la mitad del trigo que había en el pósito, el que había sobrado del reparto para la sementera del otoño, y así se había ejecutado. Sin embargo, el 7 de marzo de 1750, después de invocar la instrucción para los pósitos, su cámara de gobierno argumentó que por el momento lo que se constataba era que las sementeras, a causa de la falta de agua que se estaba sufriendo, estaban en peligro, hasta el punto que creían que si no llovía era posible que se perdiera todo lo sembrado. Por esto, y previendo las consecuencias que esto podría tener más adelante, y mientras no lloviera lo suficiente para que las sementeras se pusieran en sazón, de modo que hubiera esperanza de cosecha, se suspendía el obligado reparto del trigo del pósito.

     En otro lugar se prefirió ignorar la dirección en la que iba apuntando la fenología, o quizás no fue posible contener la presión para que se procediera al reparto de escarda y barbechera. Para el 12 de marzo, algunos de los interesados en él ya habían instado a que no se retrasara más, contando con que el juzgado de los pósitos, anexo a la primera autoridad de la región, que también habría preferido atenerse a la rutina, ya había promulgado el decreto que lo ordenaba. Los más urgidos incluso habían presentado memoriales demandándolo, y en respuesta a tan apresurados solicitantes ya se les había adelantado una cantidad, estimada con prudencia por conjetura, a cuenta tanto del repartimiento que se iba a hacer como del que habría de hacerse en mayo siguiente.

     El corregidor, sin oponerse a estas decisiones, aunque previendo sus consecuencias, quiso que las circunstancias se tuvieran presentes cuando más adelante se hiciera la cuenta del trigo del pósito que habría que completar, para que la distribución fuera correcta, tras lo cual aquel mismo día 12 dio su aprobación al reparto. De su ejecución tendrían que ocuparse los dos regidores que había diputado el gobierno de la ciudad que ya habían hecho el de la sementera.

     Pero poco después, el 17 de marzo, los directores de rentas provinciales, los más atentos desde la administración central a lo que estaba ocurriendo en el sudoeste durante aquellos meses, dictaron un amplio programa de inspiración mercantilista con injertos de librecambio, destinado a sacar partido a la situación que se viviría a partir del momento en el que los hechos cambiaran radicalmente de dirección. Empezó a ser conocido oficialmente en las poblaciones meridionales una semana después, y vino a completar las órdenes del gobernador del consejo de Castilla de 31 de marzo, que luego, los días 7 y 14 de abril fijaron definitivamente la nueva posición del poder central sobre la circulación de los granos.

     En síntesis, valiéndose de la necesidad de hacer frente a la pérdida de las cosechas en perspectiva, mandaban que a los granos no se les diese precio fijo, sino que se vendieran a lo que el tiempo diere; que no se impidiera el tránsito de los granos de un pueblo a otro, para que mutuamente se socorrieran; que no era conveniente que se hicieran registros de granos; que, siendo justo el derecho de tanteo que cada pueblo tenía a los frutos cogidos en su territorio, pagándolos en contado, no lo era ni se debía permitir que los de fuera parte que se condujeran de unos pueblos a otros se detuvieran ni entorpecieran en los tránsitos, porque los que estuvieran distantes perecerían.

     La recepción de este programa en los municipios del sur no fue inmediata. El 24 de marzo, en una reunión de gobierno de uno de ellos, se tomaron por cuenta propia las primeras decisiones que afectaban al control de sus mercados del grano. Pretendían contener en todo lo posible los efectos negativos de lo que ya estaba ocurriendo, la contracción de la venta de la materia prima para la fabricación del alimento básico. Para impedir los daños y perjuicios que de la situación que se vivía se podían derivar para la población común, o por lo menos conseguir que sus pobres habitantes jornaleros encontraran socorro, se propusieron dos cosas: moderar los precios del pan y demás semillas que servían como alimento humano y garantizar que ambos abastecimientos no faltaran diariamente.

     El fuerte control público del mercado del pan, que alcanzaba hasta sus menores detalles, pretendía alentar cuanta concurrencia fuera posible. En el centro de esta estrategia estaba el control de su precio, cuya formación desde antiguo se podía controlar porque la ley tarifaba el rendimiento del cereal panificable en harina, masa y pan, por este orden y en unidades de peso. Calculados sus costos, se les añadían gastos diversos, los más importantes los salarios o los beneficios del molinero, y los de cocción, este último derivado del precio de la madera. Además, se consentía un beneficio modesto a los panaderos.

     Cualquiera de estos cálculos partía de que en los mercados se ofertaban distintos tipos de pan, cada uno de los cuales tenía una composición, y por tanto un precio ya consolidado. De ahí que en el fondo las oscilaciones dependieran del precio del grano, y que la iniciativa política se concentrara en lograr que el grano fuera barato para que también lo fuera el pan.

     Pero no era fácil conseguir que las cosas ocurrieran según esta secuencia causal. El cambio de precio de la materia prima escapaba a cualquier control administrativo, y no siempre que el grano era barato también lo era el pan. Y nada impedía que invariablemente la escasez de granos impulsara al alza los precios de los productos de la panadería.

     Para evitar los efectos de todas estas fatídicas razones, una de las iniciativas habituales de las administraciones era que el cambio en el precio de la materia prima fuese compensado con un cambio de peso en el tipo de pan correspondiente, por lo que el precio podía permanecer nominalmente invariable. No dejaba de ser una componenda grosera, pero podía evitar tensiones y protestas.

     Otra era tarifarlo, lo que era factible allí donde, como en Castilla, estaba dentro de lo posible imponer la tasa del precio de la fanega de cereal, el viejo instrumento de intervención en el mercado del grano cuya vigencia no se revisaba desde principios de siglo XVIII y que a mediados ya nadie respetaba. La tarifa para la libra de pan que fijaban los municipios la tomaba como referencia para hacer las deducciones de rendimiento en harina, masa y pan, y regulaba el margen para el beneficio del panadero aplicando la regla del maravedí por real: por cada real que el precio del trigo aumentara, el panadero podía incrementar un maravedí para asegurarse su tasa de beneficio, 1/34 o 2,94 %. Como el pan se cotizaba en cuartos por libra, según calidades, con la tarifa del maravedí por real, que al parecer fue estable y duradera, las diferencias de precio entre las calidades del pan no podían ser grandes.

     Pero la fuerza del precio del cereal era tanta que se imponía por encima de la tasa. Entonces las autoridades locales debían recurrir al control de la compraventa del pan, su arma exclusiva, justo para contener la libre concurrencia de abastecedores que pretendía. Su preocupación no se dirigía solo a contener el precio. Sobre todo pensaba en su capacidad para financiar sus oscilaciones.

     En 1734, año de escasez de grano, una población había contratado con un comerciante de la capital un suministro de trigo de la mar, eufemismo destinado a referirse al trigo almacenado por los grandes comerciantes. Había alcanzado el precio de 42 a 43 reales cada fanega, muy por encima de la tasa, y su rendimiento fue estimado de 21 a 24 hogazas de pan de a tres libras. Las autoridades, que habían comprometido el dinero público en la compra, directamente obligaron a modificar el precio del pan. Hasta entonces se había vendido a 40 maravedíes la hogaza. De mantenerse este precio, calculó el gobierno local, solo se ingresarían por cada fanega unos 22 reales (en realidad, entre 24,7 y 28,24 reales). Temía que por esta casusa se originara en las arcas públicas una quiebra tan grande que los arbitrios que pudieran imponerse para enjugarla no podrían resanarla. Para salir al paso de la amenaza, decidió que a partir del 14 de julio siguiente se vendiera a 60 maravedíes la hogaza de pan blanco y a 30 la de bazo, el pan que se elaboraba con salvado. Con los rendimientos que así se podían conseguir, los panaderos obtendrían un ingreso de entre 42 y 43 reales por fanega, correspondientes al precio de la fanega de trigo de la mar que se había contratado con el comerciante de la capital que lo había suministrado. Para esta ocasión, el margen de beneficio del pandero quedaría por tanto relegado.

     Una vez que se decidía ejercer el poder municipal sobre el mercado de una manera tan directa, tampoco era infrecuente que el precio del pan fuera la consecuencia inmediata de la posición de monopolio que la autoridad local llegaba a ocupar en el mercado local del trigo en las situaciones críticas. El instrumento permanente del que disponía para conquistarla eran los pósitos municipales. El procedimiento que se seguía para su formación, que les daba preferencia en la adquisición del grano, les garantizaba esa posición cada vez que la oferta de grano se contrajera. Estaba entre las funciones previstas para la institución que cuando había problemas para el abasto de pan a las poblaciones se recurriera a su trigo para destinarlo al consumo público antes que repartirlo entre las explotaciones para que lo invirtieran en sus trabajos; un monopolio podía complementar con otro que no era del todo ajeno al del pósito, el del peso de la harina, que en las poblaciones meridionales podía ser un bien de propios.

     Tan drástica intervención, sin embargo, podía ser paradójica. En condiciones de alza de precios, el pósito debía concurrir a las compras ateniéndose a los del mercado, aun habiendo tasa. En contra de lo que proclamaban las autoridades públicas, el ejercicio de su monopolio podía contribuir al incremento del precio del pan y la consiguiente contracción de la demanda, y si optaba por sostener la demanda de pan a bajo precio podía llevar la institución a la ruina.

     Cualquiera que fuese la táctica de las administraciones, o la situación que se viviera, el ingenio ya las acosaba con sumarias composiciones teóricas, alguna de ellas germen del primer pensamiento liberal hispánico y otras precursoras de Malthus. Había quienes pensaban que si se conseguía que el grano fuera barato para que también lo fuera el pan sería perjudicial al fin que se perseguía. La reducción del precio del pan causaría desempleo agrícola y emigración de trabajadores de la agricultura, que en las grandes ciudades se convertirían en mendigos y vagabundos. Y si la solución por la que se optaba era subvencionar el pan mediante cualquiera de las formas de intervención en su mercado, se provocaría un incremento excesivo de la población, en especial de la inmigrante.

     Tal como estaba transcurriendo la estación, era obligado actuar en algún sentido. Aquel mismo 24 de marzo el órgano de gobierno del municipio, por iniciativa de su corregidor, para orientar las primeras decisiones complicadas, comisionó a uno de los regidores que iban a formar parte de su junta de granos local (el órgano, de acuerdo con los propósitos declarados en su formación, cuyas acciones debían abarcar todo el campo del comercio sin dispersarse) para que se ocupara de que el abasto de pan no faltara a su población. Se le encargó que hiciera una lista con los panaderos que diariamente la abastecían de grano y cuidara de que se proveyeran de trigo, para que no hubiera falta alguna al menos hasta el siguiente sábado. También acordó la búsqueda de suministros de trigo, y para el caso de que no se encontrara, que se sacara del pósito el que fuera necesario, teniendo en cuenta que se debía evitar que sus fondos se agotaran.

     Al imponer unas condiciones legales a la compraventa del trigo, y a la vez irrumpir en el mercado con la reserva del pósito, quedaría en manos del municipio el mercado local de los granos. Así conseguiría garantizar el abasto de pan, el problema político inaplazable al que debía hacer frente cada autoridad local. Antes o sobre cualquier creencia, idea o iniciativa, le preocupaba que la opinión sobre la esterilidad, prejuicio común que las rogativas elevaban a verdad categórica, al tiempo que contribuían al alza de los precios del trigo, provocara también el encarecimiento del alimento primario, lo que sería un justificado motivo de inquietud. La cámara de gobierno dio las gracias a su corregidor por lo mucho que se había esmerado y esmeraba en el alivio de la población.

     Aquellas decisiones fueron completadas con las que tomó el 28 siguiente su junta de granos durante el primer consejo que celebró. Acordó hacer la lista de los panaderos, la que el ayuntamiento ya había encargado a su diputado. Los comisionados para que la ejecutaran debían emplearse en ajustar y controlar el trigo que recibiera cada día cada uno y en llevar un registro del pan que cada cual pusiera en venta. Tendrían además que vigilar que ofertaran pan en correspondencia a la cantidad de fanegas de trigo que cada uno adquiriese, para que, en caso de que observaran algún defecto, dieran cuenta a la junta, que entonces debía actuar. Para facilitarles el trabajo, además decidió restringir los lugares de venta del pan a dos, la plaza central de la ciudad y la que había en la zona hacia la que se había expandido la población.