Labradores del centro
Publicado: marzo 23, 2021 Archivado en: Remedios Alpuente | Tags: economía agraria Deja un comentarioRemedios Alpuente
Cuando labran más de 500 unidades de superficie, los labradores que residen en el centro son miembros del patriciado de la población (Armijo, Barba, Berrugo, Quintanilla). No es ninguna novedad, nada que pueda sorprender. Como otros patriciados rurales del sudoeste, el de este lugar se sostenía sobre la alianza de la labor con las regidurías del municipio, y su estabilidad y persistencia las garantizaba la red de las inmovilizaciones del patrimonio adquirido, tupida en grado creciente por la endogamia. La fuerza de estos labradores principales se sostenía sobre el acaparamiento de entre dos y cuatro unidades de producción.
Todos los titulares de las labores de entre 500 y 400 unidades de superficie seguían siendo del patriciado (Araoz, Briones, Laso, Rueda, Saavedra). Dos de ellos, aunque de linajes poco marcados (González y Martínez), porque ostentan el tratamiento (don), prueba expresa de la conquista de posiciones aventajadas, dejan claro que no hemos salido del patriciado. González es mujer, y no es la única. Las labradoras de este segundo escalón son dos de siete. Se podría pensar que delegan la gestión de sus labores. Es posible. Pero quizás sea más acertado pensar que su posición es consecuencia de la responsabilidad legal femenina, que cuando contrata es limitada, por comparación con la del varón. La familia que decidiera cargar sobre una mujer el compromiso de su labor podría arriesgar más. Además, la condición femenina pudo añadir un ingrediente de comportamiento moderado en tan exigente campo. Sus explotaciones, sostenidas sobre dos o tres unidades de producción oscilan en torno a las 450 de superficie.
Entre los que labran de 400 a 300 unidades de superficie ya no es exclusivo el dominio de la gente del patriciado, aunque hay que reconocer que todavía son cuatro sobre cinco, entre ellos un titulado marqués (Caro, Milla, Nieto). Por primera vez, alcanza hasta las alturas del orden de los labradores alguien que carece de tratamiento. Sin el silencio solo indica que no forma parte del patriciado consolidado, su identificación no deja dudas. Está inscrito como Juan Rodríguez Colmillo, un hombre que consigue sumar una labor de 359 unidades de producción distribuida entre cuatro unidades de producción (240 + 42 + 35 + 42), una manera tan esforzada de conquistar posiciones que le obligaría a uno de los más extensos compromisos de cesión simultáneos.
Es el primer injerto en el orden de las labores de alguien del común. Quienes pertenecen a él tienen limitados sus atributos públicos a los que proporciona la condición de vecino, regulada por el marco legal de la corona y reglamentada por las ordenanzas locales. Por uno o por otro medio están previstos su sujeción a un tribunal, los usos del término a su alcance, sus prestaciones al municipio. Su capacidad de decisión, en suspenso una vez que el concejo fue suplantado por el regimiento y anulada por la venta de las juradurías, solo pocos años antes ha conseguido injertar en el núcleo de decisiones del municipio un tribuno, el que sería conocido como síndico personero.
En el cuarto nivel, definido por las labores de entre 300 y 200 unidades de superficie, la presencia del patriciado sigue siendo abrumadora: cinco de seis (Barrios, Cansino, Del Águila, Romera), al tiempo que por segunda vez escala a las posiciones más encumbradas de las labores alguien del común. En este caso se trata de una mujer, de la que solo sabemos que era conocida como La Miñana, quien en un cortijo había puesto a producir 270 unidades de superficie.
Es solo el comienzo de un giro en las proporciones. Parece que, cuando descendemos al escalón de las 200 a 100 unidades de superficie por labor, vamos abandonando el ámbito en el que se mueve con naturalidad el patriciado. Es cierto que sigue dominando (Barba, Berrugo, Briones, Caro, Costiel, Curado, Fiscal, Maraver, Morales, Priego, Rospillosi, Villar), y que sus mujeres, que ahora son tres, van ganando presencia. Pero la del común avanza más. Francisco Caro, Manuel Dana, Francisco Díaz, Juan Galantero y Antonio González –cinco de quince– se han instalado respectivamente en una unidad de producción y mantienen activa una labor de entre 100 y 140 unidades de superficie. (Es verdad que el apellido Caro podría tomarse como propio del patriciado. Pero como Francisco carece de tratamiento, se puede creer que se trata del miembro de una rama familiar sin conexión con la patricia.) Si Juan Rodríguez Colmillo y La Miñana son excepciones, estos cinco definitivamente parecen campesinos en fase de expansión capaces para emprender labores.
Otra clase de gente se va abriendo paso en este mundo gracias al tamaño. Su avance es incontenible cuando llegamos al último nivel, el de las labores de menos de 100 unidades de superficie, en el que las posiciones se invierten. Solo 10 de 34 labradores son del patriciado, en parte de linajes menos marcados, y ahora solo hay una mujer en primera línea (Arjona, Barba, Berrugo, Cansino, Lara, Parrilla, Trigueros, Villar, Villegas). La proporción podía ser aún menor si tenemos en cuenta que la posición de don Fernando Barba es ambigua. Del cortijo del Mármol el registro proporciona la certeza de que lo explota. Sin embargo, por alguna razón prefirió organizar la explotación del Mármol y la mata de Uceda –su otra unidad de producción– como dos empresas independientes. Tal vez, de nuevo, por no llegar de una vez a la frontera 100 unidades de superficie.
Los labradores del común son los otros dos tercios largos de este último nivel, el más discreto (Alcuña, Álvarez, Álvarez Miserias, Antepasos, Blanco, Buiza, Caballos, Carvajales, Conde, de Alcalá, de Caldas, de Castro, El Miñano, García Matahambres, González Palmares, Hidalgo, Morales, Peña, Pérez, Pulido, Rodríguez, Rojas, Uterelo). Es verdad que la mayor abundancia de casos se beneficia de la separación convencional a partir de la frontera 100 fanegas. Pero, aun así, el avance, por comparación de frecuencias entre este último nivel y los dos anteriores, es manifiesto. Cinco de ellos acaparan dos unidades de producción, pero ninguno de los 24 supera las 80 unidades de superficie de labor, y dos son mujeres, Francisca de Caldas y Juana Pérez. La expansión, presión, fuerza ascendente o empuje de algunos campesinos, aunque también con desigual compromiso, parece que se impone según vamos descendiendo en la escala del acceso a las tierras.
Si hacemos balance, podemos enunciar como principio que las labores son sobre todo dominio del patriciado rural. Entre los labradores del estamento, siete apellidos se reiteran en primera posición: Berrugo, Briones, Cansino, Caro, Nieto, Quintanilla y Villar. Son tan marcados y excluyentes que cada uno se puede aceptar como medio directo para identificar posibles consorcios de labradores de raíz familiar, capaces para intercambiar recursos de las labores de sus miembros entre ellos. La alianza entre consanguíneos permitiría expandir las posibilidades de las empresas familiares hasta llevarlas al límite biológico posible.
Valiéndonos de esta premisa, podríamos reconocer la siguiente jerarquía en la cima del orden de las labores. La familia Quintanilla, por iniciativa de dos de sus miembros (Luis y Bartolomé), habría ganado la primera posición gracias al acumulado de un total de 1.370 unidades de superficie, labradas en 8 unidades de producción. Si la consanguinidad da fuerza, parece que la familia Quintanilla la destila como ambición.
Los Briones (Briones, Briones Rospillosi y Briones Saavedra), ocuparían la segunda posición (1.203 unidades de superficie, 5 unidades de producción). Su ambición no quedaría muy lejos de la de los Quintanilla, con quienes competiría, aunque con una estrategia propia, basada en la división de sus frentes. A la vez que concentran su iniciativa en el segundo escalón (500-400), donde tienen en activo 918 unidades de superficie de tres unidades de producción, destacan en otro nivel (intervalo 200-100), donde dominan con más desahogo al poner en cultivo 285 unidades de superficie de dos unidades de producción.
Los Berrugo (Berrugo, Berrugo Barba y Berrugo Villar), con 791 fanegas, 8 unidades, aunque ocuparían el tercer lugar, quedan excluidos de la pugna por la primera posición. La magnitud de su consorcio queda a más de 400 unidades de superficie de distancia de los que pueden urdir las dos primeras familias del gran patriciado labrador.
Así como las primeras posiciones sí valen preponderancia absoluta, que una familia acumule de unas 500 unidades de superficie para abajo solo vale para medirse con patricios del segundo rango. El apellido Nieto, que domina en el intervalo 400-300, con unas explotaciones de tamaño muy parecido de dos de sus miembros, consigue ponerse en cuarta posición (660 fanegas, 2 unidades).
Por acumulación alcanzan también esa posición intermedia la familia Caro (Caro y Caro Curado), que consigue sumar 550 fanegas a base de 4 unidades, y los Cansino (521 fanegas, 3 unidades), que son sobre todo del cuarto nivel (de 300 a 200), donde dominan con 500 unidades de superficie y 2 unidades de producción. Son los que mejor representan, entre los grandes, una posición a la vez segura y equilibrada.
Sin embargo, la familia Villar, con sus 270 fanegas, 3 unidades, apenas si conquista una posición discreta, si es que no tenemos en cuenta sus posibles lazos secundarios con los Berrugo (Berugo Villar), un grado de conexión que no podemos tomar en cuenta porque no consta para la mayor parte de los registrados por el padrón que nos sirve de fuente. Los Villar son sobre todo del intervalo 200-100, donde destacan con 220 unidades de superficie y dos unidades de producción.
Entre las gentes del común, los posibles refuerzos familiares tienen mucho menos alcance, aun sin contar con que en la mayor parte de los casos se trata de apellidos con una carga de consanguinidad discutible. Incremento de la potencia de las familias por agregación equivaldría a acumular posibilidades de ganar posiciones, pero solo dos consiguen destacar realmente: los Rodríguez, que acumulan 389 fanegas de 5 unidades, y los Miñanos (La Miñana y Sebastián el Miñano), con 320 fanegas de 2 unidades, si tomamos por indicio cierto del vínculo el sobrenombre; lo que tratándose del común, tal vez sea más seguro que un apellido poco marcado.
Los demás (González, 166 fanegas, 2 unidades; Álvarez, 124,5 fanegas, 2 unidades; Hidalgo, 68 fanegas, 2 unidades) apenas consiguen destacar. La fuerza acumulada por vía de consanguinidad entre gentes del común sería limitada. Los posibles intercambios de recursos se restringirían siempre a los de solo dos elementos de la misma familia.
Población de Valverde. VIII
Publicado: marzo 19, 2021 Archivado en: Dante Émerson | Tags: población Deja un comentarioDante Émerson
El mismo duque que tanto habría especulado con las tierras de la dehesa boyal, las confirma al concejo de Valverde del Camino en 24 de enero de 1492 (Romero, 1956: 13). Así lo reitera nuestro autor en su relación de documentos: “Cuarta confirmación de la donación de la Dehesa Boyal por el Duque de Medina Sidonia, al Concejo de Valverde del Camino” (1956: 271). De nuevo nos falta una presentación más explícita del documento, del que tampoco se declara la procedencia.
A partir de estas afirmaciones, se puede admitir que las tierras de las que tratamos, usadas desde antes de 1480 como dehesa boyal, entre 1481 y 1492, con más probabilidad cerca de este último año, por un procedimiento que no conocemos, habrían sido traspasadas del concejo de Facanías al de Valverde del Camino.
Como en lo que se refiere al señorío de Niebla no hay cambio de titular en 1492, la confirmación no puede atribuirse a una sucesión en el condado, a diferencia de lo que ocurre con la confirmación del año siguiente (Romero 1956: 13 y 271), de 20 de enero de 1493, relacionable con el traspaso de poderes al nuevo duque, Juan Alonso.
Si en uno de los polos del contrato no hay cambio, debe haberlo en el otro, y en este, efectivamente, el único cambio identificable en los términos que emplean las descripciones del contenido del documento es que donde antes figuraba como titular del derecho Facanías ahora figura Valverde del Camino. El traspaso de dominio a la parte donada, del concejo de Facanías a Valverde del Camino, sería la razón que justificaría en este caso, como en los anteriores, la necesidad de una “confirmación”.
Ladero completa una vez más estos datos. Tras exponer lo que ha averiguado sobre la ampliación de la dehesa boyal, dice que su “uso exclusivo por los vecinos de Valverde fue confirmado en enero de 1492”. El documento al que se atiene es el mismo que cita Romero, el del día 24 de enero, consultado en el legajo 728 del archivo ducal (Ladero, 1992: 78 y 78 n).
De su referencia se colige que el beneficiario de la confirmación de 24 de enero de 1492 es un probable concejo de Valverde del Camino, aludido con el colectivo “vecinos”, del que también habla Romero y de cuya existencia anterior solo teníamos indicios. Por este documento recibió como poder propio la capacidad de regular el uso exclusivo por sus vecinos de una dehesa boyal, un bien que toda la tradición ha identificado sin fisuras como la misma que hasta aquí ha sido dehesa boyal ampliada de Facanías. Al adquirir este poder, el concejo de Valverde gana un contenido. Como no sabemos de otro, tendríamos que reconocer que con tan exiguo atributo quedaría instituido. Nada se añade sobre el derecho de uso de los baldíos, ni del terrazgo, ni de las rozas, que por tanto seguirían siendo atributos privativos del concejo de Facanías.
El 24 de enero de 1492 hay pues una transferencia de dominio, bajo ciertas condiciones particulares –uso exclusivo de los vecinos–, de la dehesa boyal ampliada del concejo de Facanías al de Valverde del Camino. La razón de la transferencia queda en la sombra, pero la continuidad institucional ente ambos concejos la asegura la única condición del traspaso conocida, la reserva de uso del espacio de la dehesa.
Como hacía Arroyo Navarro, sin riesgo de errar podemos decir que, aparte la institución, lo cierto es que Valverde, el 24 de enero de 1492, es un lugar habitado por gente reglada (vecinos) y que esto ocurriría desde antes de esa fecha. Es la primera vez que esto se puede decir con seguridad, incluso que es el primer testimonio sólido a favor de Valverde como lugar poblado. Gracias a él recuperamos el hilo de la historia de un lugar cuya primera referencia se remonta a mediados del siglo XV y que reaparece de forma oscura hacia 1480, bajo indicios que solo indicaban cierta entidad institucional del lugar, nunca que bajo ese topónimo se pudiera descubrir población. Ahora tenemos la certeza de que allí hay población radicada, y de que la única razón que avala la estabilidad de sus hogares es la que pueda haber entre la población raíz y el uso exclusivo de la dehesa boyal. Siendo esta lugar de descanso y pasto del ganado de labor, la proximidad entre ambas parece evidente, y determinante de la existencia del hogar.
Nada dice la tradición del documento sobre el lugar en el espacio al que se refiere uno u otro topónimo, si son el mismo lugar llamado de dos maneras equivalentes, intercambiables, o si se trata de dos lugares distintos. Desde luego dos topónimos distintos son, aunque no se sabe si son sinónimos, como quiere la tradición apócrifa paralela, o si son por completo heterónimos. Hasta aquí se ha impuesto la sinonimia, aunque en distinto grado.
A la vista de los datos disponibles para 1492, sin que sea necesario negar lo que podríamos llamar la sinonimia de instituciones, también es posible que sean cuando menos algo heterónimos. El contenido institucional de Facanías en 1492 no es el mismo que el de Valverde del Camino. Bajo esta premisa, no son voces exactamente sinónimas, lo cual, por otra parte, nada demuestra sobre su localización en el espacio.
Ahora bien. Los vecinos de Facanías, por el documento de 24 de enero de 1492, pierden todo derecho sobe la dehesa boyal ampliada que hasta entonces fue suya. Se extinguen de manera absoluta esta parte de sus derechos, en beneficio, igualmente absoluto, de los vecinos de Valverde. Un derecho excluye al otro. ¿Significa esto despoblación de Facanías y población de Valverde? Sobre el papel es literalmente así, y la facilidad con la que se hace la transferencia, sin el menor indicio de tensión como consecuencia del traspaso, puede indicar que unos y otros son los mismos.
La confirmación, el hecho diplomático, podría explicarse de la manera más sencilla, sin tener que especular con unas y otras posibilidades, como consecuencia de un simple cambio de nombres. Pero en ese caso, ¿por qué el documento solo se refiere a la dehesa boyal? ¿Por qué no confirma piezas más importantes de la población de Facanías como son el terrazgo, la limitación, las tierras baldías, las rozas?
Dada la dependencia inmediata entre hogar de los vecinos y localización de los pastos, puesto que la dehesa es la madriguera a la debe acogerse el ganado bovino, pudo ser el traslado de los hogares humanos lo que obligara a regular, por vía de confirmación, el uso reservado de los pastos, quizás más alejados en el espacio, expuestos al riesgo de usurpación como consecuencia del traslado inducido por otros factores. La amplitud de la dehesa concedida a Facanías habría hecho posible que en cualquiera de los márgenes de la misma, distinto al ocupado por Facanías, se radicara una población que pudiera servirse de ese espacio.
El resto de derechos de los que eran titulares los vecinos de Facanías constituidos como concejo, no correrían peligro de alteración porque, aunque constituidos ahora en Valverde del Camino, son los mismos vecinos y por tanto tienen idénticos derechos. La institución no cambia, pero el lugar donde esta reside sí. La confirmación, en el fondo, solo tendría que resolver una cuestión nominal porque los vecinos habían cambiado de lugar sus hogares.
Todas las labores
Publicado: marzo 14, 2021 Archivado en: Remedios Alpuente | Tags: economía agraria Deja un comentarioRemedios Alpuente
Un expediente que a sí mismo se llama apeo de sementeras, de 1771, fue redactado como un padrón para cobrar las contribuciones a la corona. Cada responsable de una explotación de cereales debía hacer frente a ellas según la cantidad de tierra que cultivara. Por cada unidad de superficie debía pagar una tarifa que oscilaba entre los dos y los tres reales. Bajo estas condiciones, se puede pensar que es más probable que el registro sea algo grosero cuando declara las explotaciones más extensas, y que precise en el grado más satisfactorio las menores.
Un territorio es un término cuando es el dominio de un municipio, la institución para el gobierno de las poblaciones. En su centro o lugar rector se concentran sus habitantes y el poder decisorio, que es patrimonio de su regimiento, el que gobierna la ordenación productiva de su espacio. Por obra de su capacidad normativa, la perpetúa y reitera cada año.
Cualquier término es una totalidad cerrada porque a él se oponen poderes semejantes sobre cualquiera de los espacios que lo circundan, también al frente de poblaciones, la mayor parte también dotadas de su municipio. Con cada uno de ellos el central acuerda una línea de contención de ambos. Las reconocidas se pueden abstraer como lados de un polígono. El término al que se refiere el apeo de sementeras de 1771, tomando en cuenta las poblaciones alrededor, se puede reducir a un polígono con dieciséis lados. Quienes residen en el lugar central, porque el término es muy extenso, solo aprovechan una parte del espacio apto para el cultivo de cereales. La otra es aprovechada por residentes en once de las dieciséis poblaciones al otro lado de las líneas alrededor del territorio.
En 1771 en aquel término fueron dedicadas 31.760,75 unidades de superficie al cultivo de cereales. El núcleo del orden decidido para aquel espacio fueron 153 labores, que utilizaron 181 unidades de producción y acapararon 24.789,75 unidades de superficie. Labor era la explotación que recurría a un procedimiento para organizarla que suele llamarse sistema de cultivos, un combinado de recursos impuesto por los cedentes de tierras ya consolidadas como unidades aptas para producir cereales.
Sus cedentes regulares eran instituciones inmovilizadoras, que las traspasaban temporalmente bajo las condiciones de los contratos de arrendamiento. Las que se habían decantado como más aptas para emprender labores eran los cortijos y las hazas. En el cortijo había sobrevivido con distinta fortuna la totalidad de los señoríos, y las hazas eran fracciones de cortijos, bien transitorias, bien consolidadas por una segregación vía propiedad.
Cantidad de labores, unidades de producción que utilizaron y superficie que acumularon se repartieron por mitad entre los labradores que vivían en el centro y los que tenían su residencia en las poblaciones de la periferia. Desde el centro se organizaron 77 labores (50,3 %) en 109 unidades de producción (60,2) que acapararon 13.682,75 unidades de superficie (55,2 % de la superficie destinada a labores). En las tierras periféricas desde 11 de las 16 poblaciones circundantes se emprendieron 76 labores (49,7) sobre 72 unidades de producción del término (39,8). Acumularon 11.107 unidades de superficie (44,8). Parece la consecuencia de un reparto acordado del espacio disponible.
Los tipos de labor se podrían discriminar por tamaño. Podríamos llamar grandes labores a las que pusieron a producir aquel año 200 o más unidades de superficie. La estadística indica que esta cifra pudo ser una frontera operativa. El tamaño mayor de las que tendríamos que llamar labores medias apenas superaba las 150 cuando se trataba de las emprendidas desde el centro. En esta parte del espacio el intervalo regular de más de 50 fanegas entre ambos tipos, que equivalía a la tercera parte del tamaño mayor de la segunda clase, es lo bastante grande como para marcar la diferencia.
De este grupo podrían formar parte unas Tierras de la Universidad, de 111 unidades de superficie, que no hemos tenido en cuenta en el análisis. Debieron ser tierras con un tratamiento fiscal que no permitieron entrar en más detalles a los autores del documento. Tal vez por eso su extensión registrada tenga algo de sarcástico. Por el contrario, hay que sumar al grupo lo que probablemente sea una labor autónoma de 99,75 unidades de superficie, localizada en el cortijo de don Juan de Briones Rospillosi. La declaración de su tamaño parece un esfuerzo por no llegar a la barrera 100, quizás se temieran consecuencias fiscales no deseadas de cruzar esa frontera.
Tomar a las restantes por labores menores también está avalado por hechos cuantitativos. Es cierto que todas están comprendidas entre 98 y 20 unidades de superficie, y que la mayor abundancia de casos se beneficia de la separación convencional entre el grupo medio y el inferior a partir de la frontera 100. Pero, aun así, la diferencia de frecuencias entre este último nivel y los dos anteriores es manifiesta. Cuando se organizan desde el centro, el tamaño es igual o inferior a 76 fanegas en nueve de cada diez casos, casi 25 fanegas de separación entre las medias y las menores.
Cuando se trata de las labores de la periferia, las fronteras entre los tres tipos no están tan definidas. Es posible que las superficies de las que se emprenden desde las poblaciones de la periferia estén registradas más por aproximación que las de quienes viven en la población central. También pudo ser la consecuencia de la diversidad. Cuando hablamos de tierras explotadas desde el centro nos estamos refiriendo a los comportamientos de una población, mientras que los de la periferia, tomados en conjunto, si los códigos de uso del espacio se comparten entre quienes viven en un mismo lugar, tal como suponemos para el centro, tienen que ser heterogéneos. Al observar la periferia como un todo estaríamos percibiendo sin discriminar seis códigos, que no tienen por qué ser muy distantes, pero que cuentan de antemano con la posibilidad de ser diferentes.
Las labores se ordenan en un orden piramidal casi inalterado. Por encima de 500 unidades de superficie, en la cima, solo hay siete en todo el término. En el intervalo entre 200 y 300, hay el doble, y así como entre 300 y 400 solo hay diez, entre 400 y 500 se concentran quince. En aquel territorio, las grandes labores de cada año preferirían arriesgar entre 400 y 500 unidades de superficie.
La pirámide se va ensanchando según se desciende. Cuando entramos en el orden de las labores medias, las comprendidas entre 100 y 200 unidades, son veintiocho en total, y definitivamente se expande cuando llegamos al nivel inferior, el de las labores por debajo de las 100 unidades, que suman setenta y ocho.
La labor de mayor tamaño, que alcanza las 880 unidades de superficie, está promovida desde la periferia. Que no conste en el registro su topónimo, tal como es regular, puede significar que bajo este epígrafe en realidad se incluyan varias explotaciones. El tamaño, de tratarse de solo una, sería extremo en todos los sentidos. La mayor de las decididas desde el centro aquel año sumó 770 unidades de superficie suficientemente verificadas. La menor de todas las labores solo abarcó 20, y en el rango más bajo todas las decenas entre 20 y 100 toman al menos tres valores, aunque la reiteración de ciertos tamaños (36, 30 = 6·6, 6·5) puede ser indicio del recurso a módulos.
Las 24 grandes labores del centro recurrieron a 42 unidades de producción, a partir de las cuales sumaron 9.575 unidades de superficie. Todas explotaron al menos un cortijo, y a la mayor parte les bastó con uno. Pero las de dimensiones extraordinarias necesitaron entre tres y cuatro, y una buena porción de las intermedias recurrió a dos.
Las 16 labores medias del centro abarcaron 2.212,75 unidades de superficie de 21 unidades de producción, que en casi todos los casos fue un cortijo y solo un cortijo. Una se sirvió de dos y las dos labores que se sirvieron de tres unidades distintas repartieron su labor entre las tres de manera bastante equilibrada.
Las 37 labores menores del centro ocuparon en 46 unidades de producción un total de 1.895 unidades de superficie. Fueron las primeras de la serie por tamaño, y algunas de las intermedias, las que se compusieron con dos o tres unidades distintas. Las demás, una labor, una unidad productiva. Pero casi todas declararon estar en cortijos, aunque por la extensión puesta en cultivo, una parte de las unidades no parece que alcanzara el tamaño convencional de las tierras con aquel nombre.
Pudo ocurrir que se recurriera al énfasis que naturalmente se obtiene de la palabra cortijo en busca de prestigio, aunque es más probable que se tratara solo de fracciones de cortijos, tanto más cuanto menor fuera el tamaño de la labor. Es seguro que, de las que no fueron declaradas al amparo del nombre de un cortijo, tres estaban en un haza. Así, la que era conocida como haza de La Sancha, que sin embargo se localizaba, según el registrador, en su cortijo de La Mata de Uceda, o la que labraba José Rodríguez, en el cortijo de Los Sacristanes. Un labrador que a sí mismo se identificó como Matahambres fue aún más descriptivo, y registró que una de sus unidades se localizaba en un cuartillo, y las de otra labor tenían una configuración territorial muy peculiar. Se trataba de islas, tierras fragmentadas por cauces fluviales. Que se integraran en una misma labor demuestra que la fragmentación no era tan profunda que evitara el tránsito de una a otra.
De las labores de la periferia podemos decir que 22 eran grandes, 12 medias y 41 menores, aunque desconocemos en casi todos los detalles la organización interna de ellas. Tan solo se percibe que en algunos casos ciertas unidades de producción pudieron servir para sostener más de una labor, tal como se deduce de los datos globales, y que tal vez las cifras mayores contuvieran la totalidad territorial más compleja, agregado de labor y de espacios fragmentados en parcelas a su vez cedidas bajo cualquiera de las modalidades posibles.
El tamaño de las unidades de producción a las que se accede impone un límite inmediato al de las labores. La capacidad de tomarlas depende del precio de la unidad de superficie, cuyo costo total está por tanto en relación directa con el tamaño. Sería su factor la capacidad de financiación, acumulada como ahorro, accesible a través del crédito o delegada al éxito de la cosecha. Cuando se trata de las relaciones entre las instituciones inmovilizadoras y los labradores, la pendiente de la curva de los precios del suelo cedido un mismo año descubre además que cuanto mayor es la cantidad de superficie cedida, más reducido es. Puede parecer una consecuencia de la acción espontánea de una ley del tamaño de la compraventa. Lo sería si a cada lado no hubiera sujetos agente y paciente. Es algo más.
También decide la red de relaciones consolidada. La afinidad entre instituciones inmovilizadoras y familias del patriciado que se comprometen cada caño como labradores es tanta que sería un error pensar que una prevalece sobre la otra. Las instituciones inmovilizadoras son obra de las familias patricias, locales, de las poblaciones periféricas o de la capital, y su sangre las nutre. No todo el mundo está en idénticas condiciones de partida para acceder a las unidades de producción.
Todo este orden de frecuencias y pautas se podía esperar. Pero reducir el universo de las labores a una jerarquía de tamaños probablemente oculte más que enseñe. La gama de los valores que tenían las labores de un año se puede explicar mejor apelando al sistema del cultivo, que opera como un recurso cíclico al trabajo, el que se identifica en los contratos de cesión como estilo de cortijos. La extensión de su labor nunca podría ser toda la que acumularan las unidades de producción tomadas por cada labrador, tanto por razón de sistema como a causa de cada plan productivo, aconsejado por cada horizonte mercantil. Sin salirse de los dictados del sistema, cada labrador, cada año, de las unidades productivas que utilizara dedicaría a labor la parte que le conviniera.
La masa del producto cereal de las labores estaban inevitablemente destinada a los mercados, y los labradores eran sus comercializadores primitivos. Las posibilidades comercializadoras eran muchas, en el espacio y en el tiempo. En el espacio estaban limitadas por la capacidad de conectar con medios de transporte eficaces para cada plan; en el tiempo, por la caducidad del grano, cuya vida se podía prolongar a lo sumo tres años.
La instantánea de las dimensiones de las labores que se obtiene del registro de un año expresará la combinación de todos los planes posibles, cada uno obediente a un momento propio de desarrollo de una estrategia que podía aspirar a ser trianual. Un año a unos puede convenir poner a producir más tierra y a otros, menos. Por eso es posible que convivan labores de más de 700 unidades de superficie con otras que se restringen a 20, sin que por eso ninguna de las iniciativas deje de ser una labor. Sobre todo cuando las labores del año son las menores, cabe la posibilidad de que estemos observando iniciativas sujetas a principios alternantes que deben operar a partir de hojas de unidades que no tuvieran extensión semejante.
Podemos admitir que este principio pudo ser tan rector de los comportamientos en el centro como en la periferia, más allá de los matices de tamaño. La semejanza entre ambas frecuencias y distribuciones ya nos consta, y nada indica que la explotación del territorio apto para producir cereales suceda desde las circundantes de un modo distinto a como sucede desde la central.
Administrador bajo sospecha
Publicado: marzo 6, 2021 Archivado en: Carmelo Terrera | Tags: economía agraria Deja un comentarioCarmelo Terrera
El conde, aún menor de edad, vivía en la mayor de las poblaciones en el límite este de la región. El título su familia lo había conseguido de Felipe V poco antes, en 1713, año para la liquidación de las deudas contraídas durante la guerra de sucesión. Su preeminencia había comenzado tiempo atrás, gracias a una regiduría patrimonializada. En aquel transcurso, el beneficio acumulado por el linaje se había ido consolidando gracias a la adquisición de cortijos, los herederos modernos de las totalidades de los señoríos medievales.
Las rentas que ingresaba combinaban la actualidad con las costumbres. Unas las obtenía de la economía de los cereales, bien como deducción al producto a cambio de la cesión de la fecundidad de la tierra, bien gracias a obligaciones serviles cargadas sobre los colonos de sus posesiones. Las otras procedían de la economía del aceite, organizada como actividad integral, que explotaba directamente. Gracias a esta combinación de recursos, el conde podía ser a un tiempo rentista, señor y cosechero. Desde unas producciones detraía trabajo por vía de deducción de los ingresos que otros obtenían, desde otras, lo compraba por actividad o por unidades de tiempo.
Don Juan Jiménez de Arjona, vecino y también regidor perpetuo de la ciudad instituida en la misma población, cuando ya había cumplido los cincuenta años, fue nombrado para la administración de las rentas del conde en enero de 1725. La condición legal de don Juan solo estaría separada de su semejante por el título y la edad.
Es posible que hubiera llegado a la administración de aquellos caudales como consecuencia de las obligaciones derivadas de la paternidad de menores instituida en el municipio, y descargadas sobre él por la autoridad judicial de la instancia local, la que personificaba el corregidor. La aceptó, según su tribunal había decidido, con la condición de llevar un libro con las cuentas de su administración. Las que fuera presentando, así como su gestión, debían ser supervisadas y aprobadas por la autoridad que lo había designado. De acuerdo con estas condiciones, ejerció la responsabilidad desde el 8 de febrero de 1725 hasta el 20 de julio del año siguiente.
Las cuentas presentadas por quien lo había precedido en aquel cargo habían sido aprobadas el 20 de agosto de 1725. El 19 de agosto del año siguiente el administrador presentó las suyas junto con los demás documentos que las avalaban. Aclaró entonces que para su correcta interpretación sería necesario partir de las aprobadas a su antecesor, y además dejó constancia de que, como de las suyas resultaba un déficit de 160 reales 4 maravedíes, estaba dispuesto a satisfacerlo cuando fuera necesario. Aquel mismo día el corregidor ordenó que las cuentas nuevas le fueran remitidas al conde.
Terminó el verano, y casi había transcurrido todo el otoño cuando un tal Juan Antonio Rodríguez Vello, en representación de la madre del conde, que ejercía como su tutora, compareció ante la instancia judicial de la población. Había obsesionado las cuentas y había observado algunos agravios. Creía oportuno que el administrador y el contador de las rentas provinciales del municipio, don José Francisco de Azofra, declarasen ante el tribunal. Para que el juez, en ejercicio de la tutela pública debida al conde, procediera judicialmente.
Aquel mismo 12 de diciembre el corregidor requirió la declaración de ambos y así se le notificó de inmediato al administrador, quien compareció ante el tribunal el 26 de enero de 1727. Terminada su declaración, a continuación fue citado el contador de rentas provinciales, quien no se presentó hasta el 8 de febrero.
A partir de aquel momento no hubo modo de contener el enfrentamiento entre la casa del conde y el administrador. Cada paso del procedimiento judicial abierto fue utilizado como arma con la que agredirse mutuamente. El siguiente 20 de febrero, el representante del conde alegó ante el tribunal que Francisco Martín Colorado, el procurador que actuaba en nombre del administrador, se había llevado la documentación del proceso, después de lo cual había pasado el plazo para que la devolviera y aún no la había devuelto.
El 1 de marzo seguía sin devolverla. El corregidor no tuvo más que apremiarlo con la prisión en la cárcel de la ciudad. Ante la amenaza, reaccionó diciendo que había necesitado una copia de los autos para responder a las objeciones que la casa del conde le había opuesto al administrador, lo que había sido una prolija dependencia. Además, a causa de algunos viajes que había tenido que hacer, no le había sido posible estudiar la documentación como debía, para lo que aún necesitaba otros quince días de plazo cuando menos.
No fue necesario que los agotara, si es que le fueron concedidos. El 6 de marzo, en nombre del administrador, respondió a las objeciones que el 12 de diciembre le había opuesto la otra parte. Para él todos los agravios que presumía eran insustanciales, y le parecían inspirados por extraños particulares fines y no por motivos justos. Creía que debían rechazarse, aprobadas las cuentas y condenada en costas la casa oponente.
El 21 de marzo, pasadas dos semanas, el representante del conde, para consolidar su posición, optó por una réplica dilatoria. Solicitó que el administrador presentara su libro de cuentas, un documento del que no estaba dispuesto a desprenderse. Pretendía que en el plazo de dos días lo pusiera en poder del escribano que seguía el proceso, con las hojas foliadas y rubricadas por este, tal como era preceptivo.
En aquel estado quedó el proceso hasta que casi mes y medio después. El 2 de mayo el administrador, seguro en su posición, se limitó a devolver el golpe que meses atrás había recibido su procurador. Alegó que ahora había sido Juan Antonio Rodríguez Vello quien había retirado los autos para hacer una copia, el plazo para que los devolviera se había cumplido, y muchos días más, y aún no los había devuelto.
Aquel mismo día, se le notificó que debía reintegrarlos a la escribanía a cargo del caso. Sin embargo, era 16 de mayo y todavía el administrador tuvo que recordar que al procurador de la otra parte se le había emplazado para que devolviera los documentos, bajo la amenaza de cárcel en caso contrario, y que, aunque había pasado mucho tiempo desde que se le conminó a que lo hiciera, no solo no los había devuelto, sino que no guardaba carcelería para remedio. Con semejantes antecedentes, incluso se debía multar al alcaide de la cárcel, quien debiera tenerlo tras la red y a buen recaudo hasta que devolviera los papeles. El corregidor le hizo saber al alcaide de la cárcel su obligación de tener preso a Juan Antonio Rodríguez Vello hasta que devolviera los autos, bajo la pena de dos ducados.
Avanzaba ya el verano cuando por fin, el 3 de julio, Juan Antonio Rodríguez Vello se dejó ver. Respondió por extenso a cuanto había argumentado el administrador a través de quien lo representaba, reiteró que las cuentas del administrador contenían los agravios que había expuesto en su momento e insistió en que se le debían denegar la aprobación y condenarlo al pago de las cantidades que desde el principio había demandado. Al administrador se le hicieron llegar estas alegaciones, para que, con lo que dijera el licenciado don Francisco Félix Cortes, abogado, a quien el corregidor había nombrado su asesor, se decidiera lo que correspondía.
No fue hasta el 1 de septiembre cuando el tribunal recibió la respuesta del administrador, redactada en ausencia de su procurador aunque sin que le hubiera revocado el poder que le había concedido. Reiteraba el administrador que sus cuentas eran legales y ciertas, y que no contenían los agravios que se le habían opuesto, para él insustanciales por las razones que ya había expuesto el 6 de marzo. El juez decidió que la solicitud del administrador se agregara a los autos del caso y que se le hiciera saber a las partes que todo se trasladara al licenciado don Francisco Félix Cortes, el abogado que había designado.
Al día siguiente, sin que nada lo hiciera prever, el caso dio un giro radical. El procurador del conde, después de revisar las cuentas, así como lo que el administrador había respondido a las adiciones que se le habían opuesto, creía que las adiciones no eran sustanciales, máxime cuando en las partidas de las que no se hacía cargo en las cuentas unas las adeudaban los inquilinos y las otras las había cobrado el conde. No deseaba seguir pleitos en los que no le asistiera justicia muy clara. Para evitar los gastos que le pudiera ocasionar al conde, que sumarían más de lo que ingresaría, en su nombre desistía de continuar el proceso, y en su nombre se avenía a dar su aprobación a las cuentas que el administrador había presentado. A mayor abundamiento, el conde firmaría la petición.
Solicitó que se suspendiera la remisión del caso a don Francisco Cortes, y que las decisiones tomadas por su parte se hicieran saber al administrador, para que entregara al conde los 160 reales 4 maravedíes del balance de la cuenta.
El corregidor admitió que se desistiera la continuación del proceso, que se suspendiera su remisión al abogado, dio por hecho el allanamiento y ordenó que se le hiciera saber al administrador, para que entregara a la madre del conde el alcance que resultaba de las cuentas y las aprobara.
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