Una economía rural
Publicado: diciembre 21, 2020 Archivado en: Tirso Argensola | Tags: economía agraria Deja un comentarioTirso Argensola
He seguido con interés las entregas de Junípero Téllez sobre la recaudación de las rentas provinciales en un municipio del sudoeste, tal como han tenido a bien difundirlas a través de la publicación virtual que se esfuerza, año tras año, en mantener viva la memoria de Dante Émerson.
Yo también me cuento entre quienes hace tiempo tuvieron alguna relación con él, quizás no en las condiciones más favorables, pero desde luego lejos de cualquier animadversión mutua. No me propongo actuar como uno de sus seguidores fieles. No lo fui antes, y tampoco ahora voy a pretenderlo. Es suficiente para que tampoco me considere legitimado para responder a la invitación a colaborar en su tarea, que hasta ahora han tenido la gentileza de mantener abierta. Si para esta ocasión, excepcionalmente, contara con su beneplácito, desearía hacer uso de ella. Solo la atención que presten a mis intenciones es suficiente para que desde este momento les quede agradecido.
Tengo que reconocer que parte de lo aprendido de Dante Émerson ha arraigado en mí hasta naturalizarse, y periódicamente vuelvo sobre temas que tienen sus raíces en aquel aprendizaje. Uno de ellos no es la vieja política fiscal, quizás no tan vieja. Mucho de lo que urdieron con el deseo de captar ingresos los autores de los poderes instituidos entre la baja edad media y fines de la moderna, en la medida en que los conozco, tengo la impresión de que ha conseguido sobrevivir, aun digitalizados por las claves crípticas que solo conoce el iniciado, al menos tal como yo los percibo cuando tengo que pagar los impuestos. Tal vez tampoco fuera tan fiscal. Ninguna detracción a las rentas del trabajo, provenga de un poder señorial o del estado más benefactor del mundo, ha dejado de ser la imposición de un servicio. Pero sí es un punto de vista en el que persisto conocer las piezas de las modernas economías rurales, tan presentes aún por tantas razones. Las más alarmantes, en mi opinión, son las que ahora, otra vez, quedan al descubierto cuando se levanta la epidermis de las modernizaciones. Han vuelto a reencarnarse como desconfiadas reacciones atávicas de los electores de los pueblos del sudoeste.
Sería forzar el documento en que ha basado su análisis Junípero Téllez, a quien debo reconocer su esfuerzo menos que nos haya permitido a sus lectores hacer uso libre de sus conclusiones, afirmar que el cuadro recaudatorio de las rentas provinciales de 1764 ofrece un panorama integral de la actividad económica de un lugar, tomada desde el comercio y el consumo; una instantánea que sería equivalente a la que proporciona la aplicación del criterio del gasto, uno de los que habitualmente se utilizan para estimar toda la riqueza de un país. Tanto como incorrecto sería no reconocer que, gracias a las cuentas de las rentas provinciales encabezadas por un municipio, se obtiene una imagen de la actividad económica local razonablemente completa, bastante más precisa y mucho más apta para hacer cálculos con fundamento que las que se componen a partir de las encuestas para la única contribución, a las que se suele recurrir con el mismo fin.
Nunca me ha parecido bueno resistirse a las tentaciones, sobre todo por razones morales. No encuentro virtud en oponerse a las debilidades, y sí intransigencia y desconfianza en saber. Si complacidos en la renuncia a la disciplina moral nos rendimos a la que nos llama a recrearnos en las cuentas de Junípero Téllez, tendremos que reconocer que la actividad económica de una población rural, en plena segunda mitad del siglo XVIII, se concentraba en lo que el documento llama sementeras, la producción de trigo y cebada y las legumbres asociadas al cultivo de los cereales. Su valor relativo estimable, algo más de un 13 % de todo el producto que pone bajo su foco la contabilidad de las rentas provinciales, con seguridad queda por debajo del que tuvo. Aunque es lo suficientemente expresivo. Le otorga el segundo lugar en la jerarquía de las actividades económicas.
Ignorar esta abrumadora constante ha llevado en muchas ocasiones a dispersar los esfuerzos por conocer la economía rural moderna en la investigación de ramas de actividad de mucha menor trascendencia, cuyo resultado puede arrastrar a una creencia deformada sobre hacia dónde concurría el trabajo y en dónde se acumulaba la riqueza.
Las economías de los cereales del sudoeste eran altamente dependientes de la comercialización a gran escala de su producto porque lo producían en cantidades ingentes. El primer eslabón de la cadena de beneficios a la que daba lugar el obligado comercio del trigo, un producto sin transformar, quedaba en poder de los labradores, productores del grano tan por encima de los demás que tenían a su alcance urdir la trama de un oligopolio a escala comarcal.
El corto alcance de la actividad de los mercaderes locales (2,83 %), distintos a los que se dedicaban a importar el vino que llegaba a la población, pudo ser la consecuencia de que se les hurtara esta parte mollar del comercio. A la vez, sería un buen índice del valor relativo del trasiego comercial del trigo local que los mesones, sin llegar a significarse como una actividad destacada (1,47 %), no dejaran de sobresalir por encima de la mediocridad de las actividades no agropecuarias o no conectadas con el comercio de los principales cultivos.
En aquellas poblaciones también pudo ser la alta especialización en el producto de cereales responsable de un llamativo desequilibrio. La cabeza de la actividad económica, en aquel municipio, tendría que compartirla con una actividad puramente comercial, la importación de vino, cuyo valor, también algo más de un 13 % para los ingresos por millones, alcabalas y cientos, expresivo de la alta demanda y de las carencias de la producción local, prueba mejor que cualquier otro indicio, de manera incontestable, que las economías rurales de fines de la época moderna no solo no eran cerradas o autosuficientes, sino que estaban tan fuertemente capitalizadas por el negocio mercantil que esta rama de la actividad económica podía superar a todas las demás. El escaso alcance del viento (0,62) probablemente signifique además que recibían un estímulo indirecto: que la balanza comercial del municipio estuviera poco gravada.
Otra especialización de la actividad primaria, apta para ser complementaria de la agricultura de los cereales, sería responsable de esta composición básica por efecto. En esta población, se había optado por la promoción del aceite para que cumpliera con ese papel remunerador, resultado de una secuencia de actividades que iban desde la siembra y cuidado de los olivares hasta los molinos de viga, la producción industrial derivada. Su valor relativo, algo más de un 10 %, lo convierte en la tercera pieza de un conjunto tan bien articulado que puede imponerse como sistema. El aceite, en este caso –en otros sería el vino– sería el segundo componente de la potente comercialización, tal vez más intervenida por el gran comercio, y por tanto más capitalizada por él, porque se trata de un producto final inmediatamente comercializable.
La presión sobre el acceso a la tierra que esta composición de la actividad económica generaba permitía un cuarto negocio relevante, las transacciones con el patrimonio inmobiliario, complemento que cerraba el círculo garante del oligopolio de los labradores. Ventas y remates de posesiones, si las aceptamos tal como las expresa la contabilidad de las rentas provinciales, bien pudieron ser un 6,02 % del producto bruto anual de aquellas economías.
Es muy probable que tal negocio, resultado de una buena gama de fórmulas de transmisión, que iría desde la compraventa primaria hasta el litigio pertinaz, no fueran tanto la consecuencia del tráfico de tierras como de casas. La masa de las tierras útiles para la actividad agropecuaria estaba muy concentrada en instituciones inmovilizadoras blindadas por la ley. Gracias a ella, podían confiar sus rentas anuales a las que obtenían de la cesión de su patrimonio territorial. Las casas, en parte también inmovilizadas, eran comparativamente un patrimonio abierto y asequible, que podía atraer la inversión del beneficio agropecuario, quizás no tanto para deducir rentabilidad por cesión cuanto para utilizarlo como bien hipotecable, gracias al cual obtener los créditos que permitieran mantener cada año la actividad agropecuaria. La fórmula censal requería esta clase de garantías, permitía la rehipoteca si fuera necesario y por exceso de concurrencia de los capitales inmovilizados habilitaba créditos a un interés bajo.
Nos engañaríamos si pensáramos, compartiendo lugares comunes que se siguen repitiendo, que el alcance económico directo de la actividad ganadera era parte de aquel entramado. Claro que era una pieza del complejo agropecuario cuya pauta estaba bajo control de los labradores, y claro que la relevancia del producto cárnico era notable, hasta situar su comercialización entre las actividades económicas de cabeza. Su proporción, estimable en más de un 13 %, es comparable a la del vino o a la producción de cereales. Tal vez con tener en cuenta que con la compraventa de la carne y sus derivados (13,24 %) se alcanzaría ese puesto, y si le sumáramos el ganado al perneo, el destinado al matadero por cabezas (2,11 %), lo superaríamos, obtuviéramos una idea más ponderada de su importancia real.
Pero se trataba de un consumo interior, al por menor. Sin dejar de ser relevante, poco trascendería a los mercados de las escalas mayores, de alcances transcontinentales, a los que sí llegaban el trigo y el aceite. Lo que sería suficiente para desechar la condena de la alimentación moderna por el deficiente consumo de proteínas animales. El consumo de carnes no solo estaba extendido, sino que incluso era parte de la dieta laboral suministrada por los labradores durante la parte del año en la que se concentraba el esfuerzo necesario para sostener las economías productivas del trigo y del aceite.
El papel secundario reservado al producto ganadero por una economía como la implícita en las contribuciones provinciales que Junípero Téllez ha conseguido rescatar lo expresa con bastante precisión el valor reconocido a la comercialización de la lana, menos del 2 % (1,55). El interés que pudiera tener el producto ovino para las grandes explotaciones agropecuarias, las mismas que promovían las economías del trigo y del aceite, las únicas que estaban en disposición de permitirse esta actividad complementaria, no pasaría por la esquila anual, aunque no fuera despreciable. Habrá que creer a los agrónomos contemporáneos cuando insisten en explicar que para las grandes explotaciones el ovino, mantenido a pasto cada año mientras fuera posible en la parte no cultivada de sus unidades productivas, era el principal agente del abonado regular de sus tierras. Es posible que para una porción de ellas fuera su primera responsabilidad.
La propensión al autoconsumo era aún más acusada cuando se trataba de la obtención de las enormes masas de energía que constantemente había que invertir para crear suelo y transportar bienes y pertrechos. Que las transacciones de ganado vivo (1,30), que en buena parte podía ser el ovino que se comercializaba para deshacerse de la parte envejecida de la manada, y así renovarla solo por vía biológica, y sobre todo que la comercialización de las bestias (0,66) apenas signifique algo son indicios suficientemente sólidos de que algo así ocurría regularmente.
No podría decirse lo mismo de la última actividad agropecuaria significada, la agricultura de regadío. Su estimable importancia, que para las rentas provinciales se expresa como un 4,50 % del total, es buena prueba de su alta rentabilidad. La persistencia en la producción de hortalizas y frutas, parece que muy consolidada, a fines de la época moderna revela la existencia de una fracción del campesinado que ha conseguido estabilizarse apartándose de la obsesión por los cereales y gracias a las ventajas que proporciona la especialización. Los hortelanos se perpetúan en su actividad anclándose a la cesión de las huertas, en buena parte también inmovilizadas, en las que emplean, además de una tecnología singular, las cantidades de trabajo más altas de toda la actividad agropecuaria.
Para todo lo demás no es fácil conjeturar las razones del estado de cada una de las actividades a partir de su contribución a las rentas provinciales. Descargado el peso de la recaudación sobre los bienes dominantes, el esfuerzo por abarcar todo lo que se produce y comercializa pudo costar más que la renta captada. Se puede tener la fundada sospecha de que el enfoque que de las actividades restantes hace la contabilidad fiscal es parcial o desviado. La corrobora que no se mencionen algunas como por ejemplo la carpintería, cuya vitalidad parece obligada en cualquier economía agropecuaria. Pero en ningún caso sería arriesgado afirmar que cualquiera de ellas no formaba parte del núcleo de la economía de las poblaciones del sudoeste a fines de la época moderna.
Pugnarían por sobresalir la pañería (1,83) y la pescadería (1,82 %), cualquiera de ellas actividades mercantiles dependientes del tamaño de la población. En realidad, la relevancia de cualquiera podría tomarse como el reflejo necesario de un hecho biológico, no como un esfuerzo inversor que pretendiera abrir un lugar a una producción alternativa.
De otras se puede pensar que no han conseguido desarrollarse por falta de posibilidades, a pesar de existir la iniciativa. La producción de vino local (3,19 %), resto de otros tiempos, sería incapaz de competir porque le cerraba el paso el vino que se importaba, que se impondría por su demanda, quizás a causa de su calidad. El obstáculo al crecimiento de la curtiduría (2,55) tal vez fuera consecuencia de su excesiva dependencia del ganado de labor sacrificado, que llegaba al matadero espaciadamente y al azar. Con mucha más razón estarían limitadas las iniciativas que se concentraban en el aprovechamiento de las pieles sin curtir (1,28) o, sobre todo, las dedicadas a la fabricación de los odres (menos del 0,01 %). Aunque poco significativa, la liquidación de un viento del cordobán (0,11) podría explicar que el desarrollo de los sectores relacionados con el aprovechamiento de las pieles también pudo estar limitado por la importación de productos de esta clase con la que fuera inevitable competir. El efecto pudo alcanzar hasta el bloqueo de la actividad de los cabreros (0,71).
Pero las que claramente tienen limitado su crecimiento son las subordinadas a la actividad agropecuaria y su agroindustria derivada. De una parte, estaría la fabricación de jabón (1,04). Aunque tenga cierto relieve, es indudable que el tamaño de su producto estaría dictado por el suministro de la materia prima, dependiente de la industria del aceite, que por tanto sería su responsable diferido. Para la herrería (0,35), la espartería (0,26) o la albardonería (0,04) los límites al crecimiento los impondrían los encargos de las explotaciones agropecuarias y las instalaciones extractivas, no porque faltara esta demanda, sino porque solo parcialmente atenderían sus necesidades. Explotaciones y molinos en parte también se impondrían cubrir sus necesidades secundarias con sus propios medios. Tal vez esta pauta sea la prueba más directa del bloqueo al crecimiento industrial que podía imponer a una economía la concentración de la actividad económica en la producción de cereales y de aceite.
No se compadecería con la inversión en bienes inmobiliarios urbanos el poco peso que a través del filtro de las rentas provinciales se percibe para actividades como la producción de cal y yeso (0,24) o la barrería (0,26). Algo parecido podría decirse de tejedores (0,28), cordoneros (0,09 %), sombrereros (0,09) y zapateros (0,41), actividades tan dependientes del tamaño de la población como la pañería o la pescadería, de las que sin embargo se distancian tanto. Quizás para los confiteros (0,35), una industria alimenticia muy especializada, y los roperos (0,05) se trate más bien del escaso alcance de una oferta muy parcial.
El pequeño consumo de cualquier clase de bienes alimenticios al por menor, representado en la contabilidad de las rentas provinciales por las tiendas de montañeses (0,02), parte de cuya oferta importarían (queso de montañeses, 0,30) y los tabancos (0,07), quizás, más que estar limitado, pudo estar poco gravado. Pero la actividad de los especieros (0,51) estaría restringida porque las explotaciones agropecuarias son autosuficientes en materia de simientes, y tanto la producción de miel y cera (0,07) como la casi insignificante de cera labrada (0,15) hablan de una insuperable dependencia de una apicultura frágil, incapaz de suministrar materia prima a las elaboraciones derivadas, a consecuencia de la restricción del espacio sin cultivar. Por la misma causa, son el testigo de formas de actividad en extinción que aún conservan cierta vitalidad los restos de las economías predatoria e itinerante (carbón, madera y talas, 0,73 %; portazgo, paja y barbechos, 0,29).
No podemos estar seguros de tener un cuadro completo de la actividad económica a través de la carga de millones, alcabalas y cientos. Pero sería suponer un recaudador poco perspicaz, poco atento a lo más favorable a los ingresos que pretende, al que dejara escapar las producciones que pudieran proporcionarle el balance que necesitaba. Hay que reconocerle al menos que había urdido una red bastante completa y bien extendida sobre el conjunto de la actividad. No sería fácil añadir a su relación una iniciativa económica rural de relieve si el punto de vista tomado es el del uso y consumo de los bienes. Los balances de la gestión municipal de las rentas provinciales probablemente proporcionen las síntesis más satisfactorias de la economía de la época. La imagen además tiene la ventaja que incluye la distorsión consecuencia de los intereses del patriciado, concentrados en la producción y comercialización del producto agrícola, algo que no es fácil percibir de manera tan nítida por otros medios.
Reconociendo a Faulkner
Publicado: diciembre 13, 2020 Archivado en: Desiderio Iparraguirre | Tags: historias Deja un comentarioDesiderio Iparraguirre
Cuenta Pausanias (V, 27, 1-4) que Formis de Ménalo prosperó tanto al servicio de Gelón, el tirano de Siracusa, y de su hermano y sucesor Hierón, que en agradecimiento a su hado hizo ofrendas en Delfos y Olimpia a sus respectivas divinidades protectoras.
Para Olimpia mandó fundir dos caballos de bronce, y para cada uno de ellos, su auriga, que debía figurar de pie tomando al suyo de la rienda. A cada uno de los dos grupos se le dio el lugar que merecía en el Altis, el bosque sagrado de Zeus donde se alzaba el santuario, junto a tantas ofrendas de mérito que en él se iban concentrando.
Sin ser una obra notable, uno de los caballos terminó sobresaliendo entre las más apreciadas por los visitantes. Los caballos machos que pasaban cerca de él entraban en celo cualquier día del año, y no solo en primavera. Escapaban a quienes los llevaban o rompían sus ataduras y saltaban sobre él, con mucha más furia que cuando montaban a las yeguas. Se esforzaban en acometerlo una y otra vez, y una y otra vez sus patas se deslizaban sobre el bronce de la grupa. Presas de un furor, persistían en el fracaso cuantas veces se les consentía, y esto los encelaba aún más. A quienes los manejaban, si querían hacerse con ellos de nuevo, solo les quedaba azotarlos y tirar de las riendas hasta conseguir apartarlos de tan prodigioso ejemplar.
Nadie encontraba más explicación para aquel comportamiento que la mediación de un mago, quien con sus artes habría infundido en el bronce el hipómanes, un maleficio que volvía locos a los caballos.
Cuando se indagó en busca del nigromante responsable de tan perversos poderes, se encontró que Zanes, que cuidaba una yeguada vecina, prestaba una atención especial a aquel ejemplar. Periódicamente, volvía al Altis y untaba el bronce con un preparado para que no perdiera su prestancia.
Nunca quiso confesar la fórmula de la solución de tan brillantes efectos, si bien todos sabían que era el más diestro de los manipuladores de yeguas. Raramente defraudaban el gasto que a su amo le suponía el alquiler de un semental cada año.
Desaparecido Zanes, el cuidado de aquel caballo, tal como su oficio, quedó a cargo de sus herederos, quienes durante generaciones lo mantuvieron sin que se extinguieran ni el hipómanes ni sus efectos.
Población de Valverde. IV
Publicado: diciembre 3, 2020 Archivado en: Dante Émerson | Tags: población Deja un comentarioDante Émerson
En Ladero (1992: 69) puede leerse que en 1469 los vecinos de La Palma practicaban el belloteo “en término de la aldea de Facanías”.
Es posible que Facanías fuera una aldea antes de 1469, y parece seguro que lo era en el siglo XIII. Pero no está tan claro que lo fuera a principios del XIV. Si lo era en el XIII, y no hubo ruptura institucional –y nada lo demuestra–, pudo seguir siéndolo después, incluso hasta el siglo XV, aunque se despoblara, una cuestión que no tendría por qué interferir la condición administrativa del lugar.
Si en 1469 además tiene término, está dentro de lo posible que proviniera de su modalidad más primitiva, la que lo asimila a la dehesa, o de alguna concesión anterior. Ya hemos admitido que para poblar lugares, desde mucho antes, en la zona se recurría a conceder a sus gérmenes de habitantes un espacio acotado como dehesa sobre cuyo uso los pioneros ganarían la primera jurisdicción. Se puede admitir la existencia en 1469 de al menos un prototérmino de Facanías, y que este, según un patrón que era habitual, al mismo tiempo que fuera dehesa-término se usara para la montanera por gente que no viviera en el lugar.
Pero nadie, excepto Ladero, que no autoriza el dato con la identificación de su fuente, se había expresado antes de esta manera. La forma de su mención permite sospechar que pudo hablar de término y aldea sin imponerse precisión. Tampoco nada de lo que dice contraviene lo anterior, además de que no hay cómo oponerse a su noticia. Su única limitación es la del testimonio que no puede concordarse en términos literales.
Si la información de Ladero sobre el belloteo de los vecinos de La Palma en término de Facanías procede del mismo documento que para el mismo año referencia Romero, según veremos de inmediato, no concuerda que este no mencionara lo que afirma aquel. Es posible que Romero prefiriera no tomar en cuenta la presencia de vecinos de La Palma en término de Facanías por lo que pudiera significar para los derechos de uso compartidos, que complicaría sus tesis.
Para Romero, 1469 es cuando Enrique Pérez de Guzmán, el sucesor del primer duque en los títulos amayorazgados, “confirma por Privilegio la donación por su padre de la nombrada Dehesa Boyal” (Romero, 1956: 12), a propósito de lo cual luego especifica que “confirma la donación de la Dehesa Boyal de Valverde hecha por su padre a Juan Díaz” (Romero, 1956: 270-271).
Enrarece innecesariamente la interpretación de lo que escribe que esta vez se refiera al lugar de manera tan desviada. Basta que identifique las tierras que fueran concedidas a Juan Díaz como “Dehesa Boyal de Valverde” para que ignoremos su forzada confusión. Las tierras de las que se trata en 1469, incluso si fueran dehesa, no pueden tener relación alguna con Valverde ni siquiera bajo las premisas de Romero; si partimos de que para él en 1469 el topónimo Valverde aún no existe. De acuerdo con sus presupuestos, a lo sumo seguiría tratándose solo de una coincidencia espacial que se consumaría después.
La confirmación a la que se refiere contaría con un apoyo documental verificable, un “Privilegio” que lleva fecha de 10 de febrero de 1469, de cuyo contenido no tenemos más versión que la que hemos copiado. Hasta 1469 aquellas tierras habrían permanecido bajo dominio de Juan Díaz, y la confirmación garantizaría el reconocimiento del dominio registrado en el primer documento.
Una lectura tolerante de las afirmaciones de Romero podría suponer que el documento de 1469 al que se refiere estuviera justificado porque Juan Díaz traspasara a Facanías –nunca a Valverde– la dehesa que a su vez fuera la totalidad de las tierras baldías primitivamente concedidas. Incluso haría más verosímil esta explicación que Juan Díaz, a su vez, tuviera alguna relación con el poder que en Facanías se hubiera instituido. Él y sus sucesores pudieron ser, además de los dueños de los derechos sobre las tierras, dueños de Facanías, tal como a principios del XIV lo hubiera sido por algún tiempo Robreda.
Nada prueba que algo así pudiera ocurrir. Pudo ser bastante para justificar la confirmación de 1469 una petición de los sucesores de Juan Díaz, quienes pudieron recibir las tierras quizás como consecuencia de un testamento. Pero Ladero revela que los “sucesores” indefinidos de Juan Díaz no son más que otro criado del señor, un tal Alfonso Galván. La gran extensión de tierras baldías dadas en merced a Juan Díaz a mediados del siglo XV, según Ladero (1992: 78 y 78 n) luego fue concedida a “otro criado del duque, Alfonso Galván”, por la que también debía pagar al señor el terrazgo. Lo más probable es que la confirmación de 1469 fuera el efecto administrativo de una nueva concesión, la que favoreció a Alfonso Galván, quien así habría sucedido a Juan Díaz en la posesión del patrimonio que a este se le adjudicara.
No hay prueba de alguna relación de parentesco entre Juan Díaz y Alfonso Galván, ni de sus nombres puede deducirse nada a favor de esa posibilidad. Al contrario, sí existe testimonio de su común dependencia del señor como criados. Solo se puede admitir que Alfonso Galván pudo recibir el dominio que antes detentara Juan Díaz a través del señor, una vez rescatado por este, y no, por ejemplo, por transmisión testamentaria. Y, sea o no anterior a la muerte de Juan Díaz el traspaso, tampoco hay indicio de que su voluntad positiva se manifestara para que las cosas ocurrieran así. Luego es legítimo pensar en una renuncia de Juan Díaz a los derechos que hubiera recibido una vez transcurrida al menos una década de su disfrute.
El tópico de los ocho o diez vecinos en 1469 es uno de los que ha tenido más seguidores. El texto más antiguo en el que puede leerse es el de la demanda de 1959: “Cuando en 1469 se le concedió su [a “Valverde”; sic] Dehesa Boyal tenía ocho o diez vecinos” (Prada Rengel, 1959: 2r). No cita la fuente de donde lo toma, aunque no cabe duda de que su instrumento de información histórica es Romero 1956, quien visiblemente contamina y precipita la interpretación de quien lo leyó tres años después.
Pero Romero no toma en consideración esas cifras. Es posible que no las hayamos advertido, aunque en ninguna de las sucesivas notas que hemos tomado tras las relecturas de su obra encontramos el tópico. Puede que Prada Rengel –en realidad, Olivós– consultara la transcripción del documento de 10 de febrero de 1469 que, como todos los que refiere con mayúsculas en su texto, encargó Romero, aunque luego no los editara. De no ser así, el origen de su entronque con la tradición estaría por aclarar.
La continúa Collantes, quien, aunque en lo esencial está al margen de esta rama de los tópicos, en este punto cita el texto de Romero, que presenta como una obra “sobre el litigio entre Valverde y Niebla por la dehesa de aquel lugar” (Collantes, 1977: 303 n). Su información procede del archivo ducal, sin duda de un documento consultado en el legajo 723 de la colección señorial. La presenta así: “Posiblemente se hubiese producido un despoblamiento, o las condiciones no eran favorables al desarrollo de la población, pues en la segunda mitad de dicha centuria [siglo XV] contaba [Facanías o Valverde] con sólo ocho o diez vecinos” (Collantes, 1977: 303). Pero precisa su idea más adelante con la siguiente afirmación: “Valverde del Camino sólo contó con ocho o diez vecinos hasta el último cuarto del siglo XV” (Collantes, 1977: 321).
De Collantes lo toma directamente Ramírez Moreno (1986: 10 y 25), sin tener en cuenta cualquier otra información: “El paso de venta a núcleo urbano debió ser un proceso lento, pues a mitad del siglo XV sólo contaba Facanías 8 ó 10 vecinos”.
Arroyo Navarro prolonga la tradición, aunque apelando a otra fuente. Empieza afirmando que “en el último cuarto del siglo XV tiene Valverde una modesta entidad”, frase prudente que deduce de la siguiente información, presentada en nota aparte: “En una proclama impresa por el Ayuntamiento en 1864 se dice: `En 10 de Febrero de 1469, según los documentos que obran en el archivo, existían en esta localidad de ocho a diez vecinos (40 ó 50 habitantes) y en 28 de noviembre de 1480 alcanzaba ya el número de aquellos el de sesenta (300 habitantes).´ […]” (Arroyo Navarro, 1989: 21 y 28). Tal vez sea esto lo que le hace afirmar que “existe documentación sobre Valverde al menos desde 1469 (Archivo Municipal, Archivo Ducal de Medina Sidonia, Archivo de la Catedral de Sevilla) […]” (Arroyo Navarro, 1989: 20).
Alcanza el tópico hasta Ladero (1992:78), quien lo resuelve en los siguientes términos: “[…] entre febrero de 1479 y noviembre de 1480, […] el número de vecinos [de Facanías] pasó de 8 ó 10 a 60”. A pie de página especifica que el documento de 1479 que le sirve de referencia está fechado el 10 de febrero. Su información está tomada del legajo 728 del archivo de Sanlúcar de Barrameda.
El siguiente estema resume la transmisión del tópico de los 8 o 10 vecinos hasta donde la conocemos.
Van en minúsculas las fuentes documentales directas (archivo ducal de Medina Sidonia) o indirectas (proclama). La línea discontinua expresa la relación con textos precedentes conocidos con seguridad (Romero), pero de hecho ignorados en este asunto. El vínculo con hipotéticas fuentes desconocidas (x) lo expresamos con una línea de puntos y rayas. La línea quebrada que interrumpe una línea continua –relación confesada– indica la ruptura expresa de la tradición.
Aunque el circuito parezca cerrado, solo lo estaría si se tuvieran en cuenta las líneas discontinuas. En realidad, se trata de cuatro tradiciones independientes: Prada Rengel-Olivós 1959, que como ha permanecido inédito se agota en sí misma; legajo 723-Collantes 1977, con un apéndice, el de Ramírez Moreno de 1986, que incurre en lecturas tan aconsejadas por su punto de vista que no es necesario tomarlo en consideración; proclama 1864-Arroyo Navarro 1989; y legajo 728-Ladero 1992.
De la confrontación entre testimonios se deducen dos contradicciones importantes. La primera compromete el lugar al que se refiere el tamaño de la población. ¿Era Valverde o Facanías?
Una frase incompleta que copia Arroyo Navarro de la proclama de 1864 dice: “:..en el año 1521, o sea, a los 52 años de existencia del pueblo…” (Arroyo Navarro, 1989: 28). Del texto suyo que ya conocemos se deduce que el autor de la proclama se está refiriendo al año cero de Valverde, y que el fundamento de su afirmación parece provenir de una fuente hasta aquí no descrita. Pudo ser el documento que cita Romero para esa fecha: “En 4 de Septiembre de 1521, dicta la Chancillería de Granada, a petición de Valverde, la primera Real Provisión, de que tenemos noticia documental.” (Romero, 1956: 22); o “Primera Real Provisión de la Chancillería de Granada, sobre pastos de Buenavista y Alcoleas de Martintío, Baldíos de Niebla.” (Romero, 1956: 271). Este documento aún debe conservarse en el archivo municipal, aunque hoy no sea reconocible a través de la Guía-inventario-índice.
El autor de la proclama de 1864 demuestra sobradamente que conoce el archivo municipal. Su afirmación no pasaría de ser una deducción autónoma a partir de un testimonio documental. La fecha de 1521 es 52 años posterior a 1469. Hace la resta, invierte los términos y redacta su afirmación, atribuible por tanto a Valverde.
En la demanda de Prada Rengel-Olivós (1959) es Valverde la que tiene 8 o 10 vecinos en 1469. La identificación del lugar, en su caso, está inducida por la tesis defendida en el pleito. Su valor como testimonio resolutivo sobre este asunto es por tanto nulo.
Aunque en principio Collantes opta por no entrar a precisar si es Facanías o Valverde el que cuenta con 8 o 10 vecinos en la segunda mitad del siglo XV, finalmente opta por atribuirlos a Valverde, el punto de llegada de sus argumentos, siguiendo a Romero, si hemos de atenernos a sus referencias. Ramírez, en este punto, se separa de Collantes, y precisa que se trata de Facanías.
Arroyo Navarro, aunque por respeto a la tradición también acepta la identidad Facanías/Valverde (“[…] Valverde, llamado primitivamente Facanías […]”, 1989: 20), de inmediato anota que “hacia 1491comienza a aparecer con su nombre actual […]” (id.) Luego en 1469 –la fecha a la que él se refiere–, según sus propios argumentos, tendría que tratarse de Facanías.
Ladero afirma positivamente que es Facanías la población que tiene los 8 ó 10 vecinos. Concuerda con una referencia al topónimo Facanías que contiene su texto, de hacia 1475. Cuando cuenta el enfrentamiento por el señorío del Andévalo entre los veinticuatro de Sevilla y el condado, refiere “[…] las precauciones tomadas por el duque Enrique de Guzmán en 1475, cuando obtuvo una declaración de la Contaduría Mayor de Cuentas en la que se daba el nombre de los lugares del condado que figuraban en los repartos de pedidos en la época de Enrique IV aunque, a decir verdad, era muy inexpresiva e incompleta, como correspondía a un territorio que los propios señores habían procurado eximir de aquellas obligaciones fiscales” (Ladero, 1992: 88). En la relación, entre otros lugares, aparece Facanías (Ladero, 1992: 88 n). La información procede del archivo ducal, legajos 689 y 747. No obstante, aun tomando en consideración la advertencia de Ladero, verificable en la lista completa de los lugares que el documento menciona, copiada a pie de página, también es cierto que nada se opone a que el topónimo Valverde existiera en ese momento. Aunque pueda parecer que otra vez estaríamos tomando el silencio del texto en el sentido que no tiene, el positivo.
Parece fuera de duda que el tópico de los 8 o 10 vecinos debe referirse a Facanías.
Comparadas unas referencias con otras, se deduce una segunda contradicción. Ladero afirma que la población de Facanías, según el legajo 728 del archivo ducal, tiene 8 o 10 vecinos el 10 de febrero de 1479. Los demás afirman, directa o indirectamente, que esa población corresponde al 10 de febrero de 1469. ¿10 de febrero de 1469 o de 1479? Examinamos los testimonios e intentamos resolver hasta donde podamos.
10 de febrero de 1469 es la fecha de la confirmación de las tierras originalmente concedidas a Juan Díaz en Romero (1956: 12 y 270). En esa línea se mantienen Prada Rengel-Olivós 1959, aunque respetando solo el año. Coincide por completo en la fecha Arroyo Navarro, que se remonta a una fuente documental, del archivo municipal, en este caso aceptable por plena concordancia de mes y día.
Existiría una tradición exclusivamente local, que arranca de un documento del archivo municipal, cuya fecha es 10 de febrero de 1469. El documento existía en 1864, aunque ahora no es identificable a través de la Guía-inventario-índice. De conservarse allí –se deduce que aún se conservaba en 1956, porque Romero registra la fecha con precisión–, debe ser como inserto de alguna de las piezas de fecha posterior. No es admisible el error de lectura de esta tradición local. En 1864 (proclama) y en 1956 (Romero) personas distintas leyeron “10 febrero 1469”, y, aunque no habría que excluirlo, no consta que en 1956 Romero conociera la proclama de 1864.
Esta autoridad es distinta a la de Ladero, que le permite sostener el enunciado 10 de febrero de 1479. Procede del legajo 728 del archivo ducal. Es posible que sea la misma que sigue Collantes, si es que uno de los dos no identifica con exactitud el legajo (723/728).
Al guardar Collantes silencio sobre la fecha exacta de sus afirmaciones sobre los 8 o 10 vecinos, no es posible decidir, aunque pueda conjeturarse que la fecha de su documento sea 1479 por su información complementaria (“Valverde del Camino solo contó con ocho o diez vecinos hasta el último cuarto del siglo XV”). En ese caso sería más probable el error en la declaración del número de legajo. De no ser así, la información del legajo 723 cuenta con la posibilidad –menos probable– de que haya una tradición en la que la fecha sea 10 febrero 1469, y que esta tradición arranque del propio archivo ducal.
Es indudable, en cualquiera de los casos, que en alguna copia, en alguno de los momentos de la transmisión, al escribir el año, alguien cometió un error. Las posibilidades son: el autor del ejemplar que origina la tradición en el archivo municipal de Valverde (no sus lectores y transcriptores posteriores), el autor del ejemplar que se conserva en el legajo 728 del archivo ducal o Ladero al leer, no al copiar, porque repite 1479 en el cuerpo del texto y a pie de página. Esta última posibilidad parece poco probable, y cualquiera de las otras dos también es posible.
Collantes, según hemos copiado más arriba, maneja una doble teoría explicativa del tamaño de la población que contiene el tópico, aunque sin que medien argumentos que la avalen: el lugar se ha despoblado o sus condiciones no son favorables para el crecimiento. Claro que si, como dice, las condiciones no son favorables para el crecimiento no hay de qué sorprenderse; en cuyo caso tampoco sería demasiado acertado hablar de despoblación. De cualquier modo, de sus premisas se deduce que, de antemano, piensa que 8 o 10 vecinos son un tamaño de población pequeño para la época y el lugar.
Para aproximarnos a una explicación de aquel tamaño, tal vez sea mejor pensar que los 8 o 10 vecinos que vivieran en el dominio primero cedido a Juan Díaz se ocuparan en el trabajo de las tierras baldías que obtuviera. También se puede presumir que el destino de la “gran extensión” de tierras sobre las que adquirió derecho sería el cultivo de cereales, si es cierto que simultáneamente existía una dehesa boyal. Si se reserva un espacio al suministro de energía a los bueyes, es que la cabaña existe, y que su destino es labrar. El transporte, hasta donde se puede deducir, sería obra de las acémilas o ganado mular.
Si las tierras se identifican como baldías, es que no cuentan con cultivos permanentes, aparte el problema de su condición jurídica. Esos 8 o 10 vecinos trabajarían las parcelas más probables de cereal cada año, y a cambio de ello pagarían algún canon a Juan Díaz, o después a Alfonso Galván, que podría sobrepasar el precio del terrazgo que ellos estaban obligados a liquidar.
¿Cuánta tierra podrían labrar cada año 8 o 10 vecinos? No disponemos de ningún testimonio directo de la extensión de una parcela media de cereales en la zona a fines del siglo XV, pero sí de una estimación, la que trae Collantes (1977: 316) referida al Puerto de San Juan, para la parcela común, individual, plantada de viñas. Calcula que la extensión de esta parte del lote adjudicado a los que fueran a vivir al lugar sería aranzada y media. “La extensión que podría cultivar un campesino con escasos medios debió ser de una aranzada y media aproximadamente”, dice.
Aunque le concedamos a esa extensión relativa una superficie mayor en las tierras más al norte, menos productivas; sumemos una hipotética parcela más, mantenida en tenencia directa por Juan Díaz o Alfonso Galván; y multipliquemos incluso por diez la tierra roturada en el baldío como consecuencia de la diferencia de cultivo (cereal extensivo frente a vid intensiva), solo obtendríamos 165 aranzadas superficiales. Un valor que está muy lejos de evocar cualquier “gran extensión de tierras baldías”.
Este pudo ser el obstáculo de la población de Facanías de la teoría de Collantes, tanto si tiene como consecuencia la despoblación como si se presenta como condición no favorable al crecimiento. La cadena de factores que lo originó pudo ser: la posesión exclusiva por Juan Díaz de gran cantidad de tierras baldías, el pago del terrazgo y la ausencia de derecho alguno para los que vivieran en Facanías.
La misma pudo ser la causa del abandono de Juan Díaz, quizás porque el terrazgo fuera alto, aunque proporcional a la cantidad de tierra roturada; o quizás mejor porque su renta personal no prosperase, a pesar de disponer de una gran extensión de tierras baldías. Y algo parecido pudo provocar el traspaso de Juan Díaz a Alfonso Galván, del que nada se dice sobre que cambiara las condiciones de disfrute del patrimonio que detentara su antecesor; así como el abandono de sus derechos por Alfonso Galván. Porque es indudable que la cesión a los criados termina de forma radical el 10 de febrero de 1479. Sus dificultades pudieron ser las mismas, y sus consecuencias idénticas.
perpendiculares y divergentes 
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