Un fracaso, sus culpables y los convictos. Primera parte

Redacción

Un corregidor, que se había declarado opuesto a la libertad de comercio, entonces patrocinada por la administración central, de su actitud ya tenía dada alguna prueba. En una reunión de la junta de granos que extendía su jurisdicción a todo el suroeste, organizada para que actuara como bolsa regional del comercio del trigo, celebrada el 30 de abril, se informó que aquel mismo día había llegado, en viaje de vuelta desde la Corte, un correo extraordinario. El responsable de la administración del estado en la zona, entonces llamado asistente, algunas jornadas atrás lo había despachado para informar al gobernador del Consejo, departamento que ejercía como gobierno del interior para todo el estado, de las decisiones que aquel señor municipal estaba tomando.

Aunque en sus actuaciones de mediados del mes de abril su obstinada manera de oponerse aún no se hubiera perfilado con tanta nitidez, en la documentación enviada desde la capital ya había sido condenada por contraria a la libertad de granos. Debió manifestarse poco después de que fuera tomada aquella medida de comercio interior, y habría emergido reiteradamente en iniciativas decididas entre tanto.

Una de las ocasiones en las que pudo resultar más ostensible debió ser un incidente ocurrido apenas unos días antes. Había ordenado la detención de un tal Francisco Vallejo porque, en donde ejercía su jurisdicción, había hecho las primeras gestiones para comprar trigo por encargo de Manuel de la Calle, un comerciante de la capital que formaba parte de la junta regional de granos. Aquel correo traía una orden expresa del gobernador del Consejo para que el pobre intermediario fuera puesto en libertad. Asimismo, conminaba al corregidor a que se presentara ante el asistente, y le recordaba cuál era su verdadera obligación; una referencia a la rectitud administrativa que por desgracia los dirigentes que se comunicaban por carta prefirieron limitar a la apelación, privando a sus lectores futuros de un beneficio que agradecerían.

En la junta de granos de la región esperaban que estos medios fueran suficientes para terminar con el miedo y el recelo que hasta entonces habían detenido las ventas de los labradores en aquel lugar. Para darles confianza y protección legal, decidieron que el teniente primero de asistente comisionara hasta allí a un escribano, el verificador de los actos civiles, para que entregara la orden dirigida al corregidor. Para recuperar la normalidad de las transacciones además acordó que de nuevo Domingo García, un intermediario de la junta que ya las había iniciado, volviera a la población para continuar con las gestiones más eficaces y rápidas para captar el trigo que quisieran vender sus labradores, y así disponer de él a la mayor brevedad.

Pero para entonces el corregidor ya había decidido librar la batalla que le presentaban sin abandonar sus posiciones. El 4 de mayo, en la población se sabe que han llegado vecinos de la capital para tratar con un miembro de su junta local de granos, creada con el mismo fin que la regional, de la que formaba parte en calidad de labrador, la compra de una partida de trigo para el abasto de la primera ciudad suroccidental. El labrador, que en la junta local había intentado colocarse en una posición independiente y equidistante, una vez dictadas las nuevas normas para el mercado del trigo, era uno de los vendedores con los que trataban los encargados del abasto público de la capital.

Consta que era un importante propietario de ganado, sobre todo lanar, del que tenía declaradas 2.050 ovejas de vientre, 50 carneros y 400 ovejas de entre un año y dos. De ganado bovino había declarado 100 vacas y 156 bueyes y becerros; de cerda, 50 puercas de vientre y 153 puercos; de mular, 3 mulas; de equino, 23 yeguas, 6 caballos y 2 potros; de asnal, 27 jumentas de vientre y 20 jumentos; y de apícola, 21 colmenas. Este patrimonio, según las tarifas catastrales, fue evaluado en 27.224 reales de vellón. Eran todos los bienes de los que constaba ser dueño. No era propietario de tierras ni titular o administrador de patronato, capellanía, vínculo o cualquier otra institución que de manera indirecta le permitiera el acceso a parcelas aptas para el cultivo de cereales. Lo que en modo alguno lo incapacitaba para que pudiera tomar tierras en arrendamiento. No era necesario que tomara decisiones así, aunque no parece probable que pudiera sostener tan importante cabaña sirviéndose exclusivamente del espacio comunal; ni hubiera podido seguir otro camino, no siendo propietario de tierras, para constituirse en labrador. La clase emergente de los labradores sostenía sus empresas recurriendo a la cesión de tierras, mercado inicial del negocio del cereal seco que dominaban en su ámbito los de cada población, gracias a una forzada oferta de las tierras con este destino poseídas por las instituciones que las inmovilizaban.

Que, aparte su dedicación agropecuaria, se ocupaba en la compraventa de granos lo demuestra una relación para el registro del trigo, firmada en la capital el 22 del mismo mes, en la que declaraba que le tenía compradas, por medio de un intermediario, vecino de otra población, localizada a unos diez kilómetros al oeste de la que era su residencia, panadero que le amasaba el pan a ciertos ganaderos, 98 fanegas de trigo. No cabe duda sobre que se trata del mismo personaje porque la relación aclara que la cantidad mencionada no se había podido transportar por los embarazos que han ocurrido, una referencia a los hechos que enseguida se conocerán.

Con sus mismos apellidos, en la documentación consultada aparece un vecino de uno de los antepuertos del monopolio colonial, poseedor de un vínculo y administrador de dos patronatos. Su unión por lazos de parentesco al labrador convertiría a este en uno de los vértices de un interesante triángulo comercial. Además de la población donde vivía, le servirían de apoyo la capital de la región, mediante Manuel de la Calle, el demandante de su trigo, y la población del litoral, un puerto que serviría para operar con la importación de trigo ultramarino, en caso necesario.

Aunque por lo que dice la fuente local es posible conjeturar que en la población, entre los que el día 4 estaban en ella con el propósito de comprar trigo, se encontraba Manuel de la Calle, quien efectivamente terminaría adquiriéndolo al labrador, de lo decidido el día anterior en la capital se puede deducir, con toda seguridad, que en idénticas circunstancias actuaba en su nombre Domingo García.

Al saberlo, el alcalde mayor de la población consultó al corregidor sobre aquellos movimientos en el mercado local, no desprovistos de contenido político. Ambos decidieron afrontar el asunto de común acuerdo. Decidieron hablar con el labrador para obtener la información más exacta sobre la operación de venta de trigo de la que estaba tratando, en especial para saber la cantidad de fanegas que intentaba comerciar y el precio que para cada una había aceptado. Inicialmente, la intención de ambos era informar a la junta local de granos. Si esta dispusiera de fondos suficientes, podría ejercer el derecho de retracto que las mimas órdenes sobre las que se dirimía habían autorizado. El trigo del que se trataba constaba ser fruto de la tierra y a él era inmediatamente aplicable el derecho previsto.

Aunque el corregidor y el alcalde mayor aparecían como los responsables directos de estas iniciativas, no estaban solos. Aquella misma noche al menos, el administrador interino de las rentas provinciales, otro de los funcionarios de la administración local, supo cuáles habían sido las decisiones tomadas por quienes así actuaban porque estaban investidos del poder judicial del municipio. Es muy probable además que estuviera presente en las deliberaciones. La presencia del administrador de rentas provinciales en aquellas conferencias estaría justificada. Conocida con seguridad la cantidad de trigo de la que se trataba, contando con los informes que tendría en su poder, se podría calcular la porción del fondo de rentas provinciales, momentáneamente disponible por decisión de la administración central, que sería necesaria para concurrir al tanteo.

Aunque cuando se habían tomado estas decisiones eran ya las diez, a pesar de lo avanzado de la noche el alcalde mayor y el administrador tomaron a su cargo la gestión de lo que habían acordado. Fueron a ver al labrador. Cuando consiguieron localizarlo, pasadas las diez, los recibió y les habló con claridad. Les dice que un caballero de los que están en la junta regional, amigo suyo, días atrás le había escrito solicitándole algún trigo, si le sobraba, con el fin de aplicarlo a la provisión de la primera ciudad de la región. Pero hasta aquel momento no habían ajustado cantidad de fanegas ni precios a los que podrían ser compradas. Como la iniciativa le ofrecía una interesante oportunidad, había decidido enviarle todo el trigo del que pudiera prescindir, sin límite por su parte. No obstante, insiste en que no había dado precio ni señalado alguno preciso, que de esto no habían tratado y que, aún más, por su parte había decidido dejar este asunto a la discreción de la junta.

Es posible que las cosas fueran exactamente así, y que el corregidor también desconociera el alcance del negocio. Pero cuatro días después este, una vez que explicó algunos de los pormenores de aquel proyecto de compraventa que conocía, precisó que la partida que el labrador tenía ofrecida y vendida para el consumo y abasto de la capital alcanzaba la cantidad de 1.500 fanegas de trigo. Algo después, el día 13, otra fuente se arriesgó a cifrar la cantidad de trigo comprada por orden del asistente en 2.000 fanegas.

Fuera uno u otro el volumen de grano que el labrador ocultara durante la entrevista, el alcalde mayor y el administrador, concluida esta, volvieron a casa del corregidor para informarle y tomar decisiones. Pero era ya muy tarde y creyeron más oportuno dejar el asunto en aquel estado hasta el día siguiente.

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El alcalde mayor, tan activo aquella noche, apenas descansó. Tuvo que salir de la población durante la madrugada inmediata, la del 5 de mayo. Aun así, antes tomó la precaución de ordenar a los alguaciles mayores, tanto a los de la ciudad como a los del campo, así como a otros ministros y guardas, que estuvieran atentos a deshacer cualquier obstáculo que cualquier persona pudiera oponer a la salida y conducción del trigo del que se estaba tratando. Parece que al menos desde el día anterior se estaban organizando movimientos para obstaculizar su salida. Cómo lo sabía el alcalde y quién los pudiera promover son cosas que escapan a la observación de los hechos en el orden en que se fueron sucediendo; aunque, como habrá ocasión de ver, no del todo a su posterior concordancia.

Resulta llamativo que antes de aquel amanecer se diera como hecho cierto que el trigo del labrador iba a ser conducido a la capital. Permite pensar que la compraventa estaría más avanzada de lo que hasta después de las diez de la noche del día anterior el propio labrador había reconocido, incluso acordada. Es probable que de las conversaciones que con él mantuvieron los representantes del municipio, a pesar de sus afirmaciones, dedujeran que la operación estaba a punto de consumarse. Pero no es fácil demostrar si entre las medidas con las que juzgaron oportuno replicar estuvo la de prevenir agentes contra un posible tumulto opuesto al acuerdo comercial o, al contrario, su estímulo, posibilidad en la que es legítimo pensar, dada la actitud de la primera autoridad local ante aquella clase de transacciones.

A primera hora de la mañana del día 5 de mayo por la población corrió la especie de que el labrador en cuestión pensaba despachar aquella misma mañana para la capital una partida de trigo. Se rumoreó además que algunos individuos, a los que las romanistas fuentes identifican como parte de la plebe, iban a intentar detenerla, fundados en el argumento de que no querían que les faltara el socorro del trigo durante la escasez que se estaba viviendo. La cantidad de individuos de la plebe que en la plaza de la ciudad se había juntado para impedir que el trigo saliera era grande. Cuatro días después, el corregidor, que conocería estos hechos por el informe de la ciudad, afirmó que había sido toda o la mayor parte de la plebe de la ciudad la que en aquel momento había actuado.

Sabido esto, el ayuntamiento, que para entonces ya discutía sobre su derecho de tanteo sobre aquel trigo, acordó que para decidir sobre el asunto, en caso de que hubiera fondos, necesitaba más tiempo.

Las personas a las que el alcalde mayor había encomendado permanecer atentas a cualquier intento de impedir la salida del trigo ejecutaron la orden haciéndose presentes. Para garantizar la decisión, cumpliendo lo que las reales órdenes dictaban sobre el tráfico de trigo, finalmente acudió también el alcalde mayor en persona, probablemente aconsejado a última hora por su prudencia. Tal vez pensara que su ausencia, que finalmente resultó muy breve, en una situación como la que se estaba creando podía ser interpretada como abandono de sus responsabilidades.

No fueron suficientes para calmar los ánimos las repetidas amonestaciones e instancias que a los concentrados les fueron hechas. El alcalde mayor, capaz para valorar como delicada la situación, viendo que era probable que todo aquello degenerara en un trágico levantamiento, para evitarlo, decidió que por el momento fuera retenida la partida de trigo que en el primer viaje se iba a conducir, unas 80 fanegas. Por iniciativa de la gente alborotada, el grano, guardado en sus haldas, fue depositado en la casa del corregidor.

A continuación, el alcalde mayor se empleó en separar a la multitud, e hizo cuanto estuvo a su alcance para serenarla, y pretendió que todos se retiraran. Satisfizo sus propósitos después de las oportunas acciones, sobre cuya intensidad se carece de certeza. No hay testimonio directo de que en aquel momento fuera empleada violencia alguna, pero de la circunstancia que su justificación, más adelante, cuando se estaban reuniendo los informes y autos que terminarán siendo imprescindibles, el alcalde mayor se la reservara se puede deducir que algún grado debió alcanzar.

Puso su actuación en conocimiento de la asamblea de gobierno del municipio, para que decidiere según su criterio cuanto creyera conveniente para el beneficio común y la quietud pública. Pero también informó que había decidido comunicar el suceso al asistente, para que en uso de sus poderes, o con el concurso de la junta, tomara la resolución que creyera más conveniente. Es posible que para entonces el alcalde mayor ya hubiera decidido distanciarse de las posiciones mantenidas por el corregidor.

El gobierno del municipio, recibido este informe, agradeció al alcalde mayor la aplicación, la prudencia y el esfuerzo con los que había intervenido en el sosiego de la población durante el disturbio. Acordó informar de lo que había sucedido al gobernador del Consejo, para cumplir con su obligación de poner en conocimiento de la más alta instancia de gobierno todo cuanto sucedía. Y, con una contumacia que transparentaba el objetivo al que aspiraba tras aquellos acontecimientos, aprovechar la oportunidad para enfatizar la escasez de granos a la que había de enfrentarse la población. Pensaba que había que aclarar al gobernador que el movimiento de sus vecinos en aquella circunstancia no había tenido otro motivo que el deseo de asegurarse la subsistencia en el estado de necesidad común en el que se vivía, propósito que juzgaba de los más difíciles en vista de que el trigo que a la fecha en la población había no era bastante para satisfacerla.

Solo entonces, gracias a que fue parte de los argumentos utilizados, quedó constancia de algo de mayor interés para evaluar el estado del mercado local de los cereales. Según estos protagonistas, la única partida de trigo de alguna consideración que había en la ciudad era precisamente la de aquel labrador. Se estimaba que alcanzaría las 15.000 fanegas, de las cuales solo había ofrecido y dado para el abasto de la población 50, como efectivamente hizo en su momento en una reunión de la junta local de granos. Creían que había sido saberse esto lo que pudo perturbar los ánimos. Puede pues aceptarse que la cicatería del labrador, comerciante de trigo en grandes cantidades, pudo ser causa inmediata del conflicto que se había desatado. Esperaban del Consejo que atendiera a la subsistencia de la población y diera las órdenes sobre lo que se debía hacer.

Mientras tanto, el corregidor, obedeciendo la orden expedida por la administración central, había ido a la capital para presentarse ante el asistente, quien debía comunicarle personalmente la información reservada que había recibido.

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Entre los días 5 y 9 de mayo debieron sucederse en la población reiteradas reuniones de sus órganos de gobierno. En una que celebró el ayuntamiento, el corregidor, ya de vuelta de su entrevista en la capital, se apresuró a dejar constancia que había sido mientras se presentaba ante el asistente cuando había sobrevenido el inopinado desasosiego y la inquietud del día 5. Sobre ser una explicación innecesaria, dejar constancia de lo que, bajo determinada manera de observar, puede ser llamado una coartada, más bien parece una confesión implícita de que parte de los cálculos que pudieron hacerse la noche del 4 de mayo, en el círculo próximo al corregidor, pudieron deducirse de la feliz coincidencia de que, por órdenes superiores, hubiera sido citado a comparecer en fecha fija ante la autoridad de la región.

Se demoró en sus explicaciones ante la cámara de gobierno local. Precisó que había conocido por ella tan extraño suceso. Pensaba que había sido promovido por personas inconsideradas, sin más objeto que el presentado por la imaginación, a consecuencia del momento de necesidad que se vivía. Presumirían -conjeturó- que llegaría a estrecharse hasta el grado extremo si salían las considerables partidas de trigo que imaginaban que saldrían, y con las que creían tener asegurado el abasto de pan y por tanto su alimento diario.

Pero, hechas estas afirmaciones, no pasó mucho más tiempo antes de que informara que, gracias a sus oficios y eficacia, con el asistente y con la junta de granos de la capital, había estudiado el medio para que la venta que el labrador había acordado se llevara a efecto, el trigo pudiera transportarse a la capital y al mismo tiempo se suavizaran los ánimos inquietos.

Leyendo estas afirmaciones, se podría concluir que el corregidor se había visto forzado a modificar sus posiciones, tras su comparecencia ante el intendente. Al contrario, llegado el problema a aquella encrucijada, el corregidor demostró excelentes aptitudes para ganar la iniciativa. Sus gestiones habían tenido tanto éxito que había acordado la siguiente solución. La junta regional, accediendo a las súplicas e instancias de su persona, estaba de acuerdo en que, de las 1.500 fanegas de trigo que tenía ofrecidas y vendidas el labrador, 500 se quedaran en los graneros del pósito de la población, para beneficio de sus vecinos, y que las otras 1.000 fuesen enviadas para el gasto y consumo de la capital.

Tal era el fruto que había podido obtener con sus cálculos y acciones de los días anteriores. Puede parecer una salida transaccional, que incluía a un tiempo admitir la extracción de trigo y la manera de ver la política de abastos que tenía el corregidor, opuesta a la exportación. Pero no era exactamente así. Aún se reservaba una iniciativa más.

Para dar crédito al acuerdo, había traído de la capital dos cartas, una del asistente y otra de Manuel de la Calle, el comprador del trigo, ambas dirigidas al labrador que iba a venderlo, que demostraban el amistoso convenio que se había alcanzado. El corregidor ya se las había hecho llegar. Al conocerlas, se había mostrado dispuesto a aceptar lo acordado.

Pero eso no era todo. La previsión del corregidor había llegado aún más lejos. Para que por su parte no se demorare el asunto, había accedido a que, de las 500 fanegas que en la población se tendrían que quedar, 80 pasaran a los graneros del pósito, justo las mismas que se habían refugiado en su casa el día 5. Creía conveniente avisar al labrador para que preparara y mandara las recuas que pudiera para el transporte de las fanegas que a la casa del corregidor violentamente se habían acogido durante el inquieto movimiento.

Así resultaba que por el momento no salía un solo grano de la ciudad y que, de las dos opciones enfrentadas, por el momento solo la suya fuera ejecutada.

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Pero en el transcurso de los días entre el 5 y el 9 de mayo también debió tomarse alguna decisión para que otra parte del trigo saliera para la capital. Es probable que fuera por iniciativa del labrador, quien obtendría la porción principal de su beneficio con la venta del trigo para su abasto, y cuya cesión a la autoridad local requería alguna contrapartida. Por el contrario, cualquier iniciativa en esta dirección comprometería la delicada posición central que el corregidor había conquistado.

Pretenden las fuentes que en previsión de las posibles adversidades, para que esta arriesgada operación no fuera obstaculizada como antes, ya en aquel momento el corregidor había tomado la decisión de mandar que, además de los alguaciles, ministros y oficiales de la audiencia, con el apoyo de las rondas del resguardo que a caballo debían asistirle a él, prestaran también su auxilio militar distinguidos caballeros y autoridades del pueblo, que el corregidor nombró y señaló, pero que por el momento los textos no citan con precisión. Con el mismo fin, había mandado aviso al teniente coronel del regimiento de milicias de la población, para que transmitiese la orden a sus jefes, cabos y soldados. No parece que fuera excesiva la precaución. Está atestiguada en otros lugares, en circunstancias muy parecidas, incluso de amotinamiento frente a la salida de grano de un lugar precisamente, la solicitud de ayuda al ejército.

Había decidido además publicar un bando, advirtiendo con graves penas a quien se atreviera a obstaculizar la salida del trigo.

Todas estas oportunas providencias -insisten los informadores- llegaron a tener cumplido efecto. Pero, por la temeraria y bárbara resolución de la plebe, no se logró el fin al que iban dirigidas.

Es más que probable que esta manera de hablar fuera una justificación, posterior a los nuevos acontecimientos y colocada por los redactores de los informes en este lugar. No obstante, el curso posterior de los hechos la hace muy verosímil. Desde aquel momento, el corregidor debió tener ciertas dudas sobre su capacidad de control de unos comportamientos que, si no había visto con simpatía, sí habían actuado a favor de sus posiciones. Cualquier protesta en la calle, a partir de aquel instante, una vez que se había comprometido de manera tan definida, podía actuar en su contra.

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Es el 9 de mayo y transcurre la hora entre las siete y las ocho de la mañana. En la casa donde vivía el corregidor, además de este, están el alcalde mayor, el alguacil mayor del santo oficio y cuatro regidores. Los acompañan tres caballeros notorios y de los primeros de la población y están asistidos por el escribano del regimiento de milicias y el escribano de los servicios de millones. Todos habían sido citados de antemano para que acudieran precisamente allí, y en aquel transcurso de tiempo habían llegado. Se habían reunido con la intención de acompañar al corregidor, para que la salida del trigo que tenía que enviar a la capital no fuera obstaculizada.

Mientras acudían a la cita, los reunidos en la casa del corregidor habían comprobado que la mayor parte de la plebe estaba dispersa en pequeños grupos entre este lugar, inmediato a las casas capitulares, y el convento al otro extremo de la población, ya en la carrera que iba a la primera ciudad de la región. Ya no podían caber dudas sobre la reorganización del movimiento de protesta, aunque no haya indicios directos sobre quién había tenido la iniciativa de promoverlo y con qué fin. Solo una oposición simultánea al corregidor y a los intereses comerciales del labrador podría estar interesada en complicar la situación, lo que apunta hacia el procurador mayor, cuya manera de argumentar sobre lo que debía hacerse en el mercado del trigo, que se podría llamar plutocrática, se había distanciado de las otras dos al instante que las decisiones sobre la libertad de comercio del grano empezaron a alterar el equilibrio político hasta entonces alcanzado.

Al tiempo que sus colaboradores se iban reuniendo en la vivienda del corregidor, en las inmediaciones de la casa del labrador iban siendo cargadas con trigo varias recuas con la intención de enviarlas a la capital. Las estaban cargando y ya había indicios de que se iba a impedir que salieran. A las ocho de la mañana estaban preparadas para salir.

Para hacer frente a los obstáculos previsibles, así como a cualquier otro intento de esta clase, la autoridad municipal había mandado que la ronda de ministros de rentas provinciales, compuesta por el visitador, el subteniente y otras seis personas, con su responsable a caballo, desde el principio se apostaran donde estaban las cargas y en la casa del labrador. La ronda estaría protegiendo tanto el transporte previsto desde aquel lugar como el que habría de hacerse desde la del corregidor.

También siguiendo el plan previsto, a primera hora de la mañana, para estar listos frente a cualquier contingencia, había pasado revista el piquete del regimiento de milicias. Lo formaban un teniente coronel, que era su comandante, su ayudante, cuatro sargentos y dos cabos, única tropa con sueldo que entonces había en el cuartel del regimiento.

El corregidor había ideado la siguiente acción táctica de todos los medios coercitivos de los que disponía. Él mismo, acompañado por el procurador mayor, dos regidores, los tres caballeros notorios que habían acudido a su casa, los escribanos y varios ministros ordinarios saldrían primero con dirección a la plaza mayor, para que con su presencia cualquier desorden se contuviera. Por su parte, el alcalde mayor, los otros dos regidores, el alguacil mayor y los ministros de rentas provinciales se quedarían donde estaban las recuas cargadas, así las que estaban en casa del corregidor como las que estaban en casa del labrador, con la intención de que la presencia del alcalde y de quienes le acompañaban, cuando emprendieran la marcha impidiera cualquier contratiempo que pudiera suceder. Los del regimiento de milicias estarían apostados en la plaza, donde previsiblemente se concentraría la mayor cantidad de gente.

Además, había promulgado un bando para que fuera difundido aquel mismo día en todos los sitios públicos. Conminaba a que ninguna persona, de cualquier estado o condición, por ningún motivo ni circunstancia, impidiera ni permitiera que se obstaculizara la salida de trigo prevista, bajo la advertencia de graves penas.

Sale a la calle el corregidor con los regidores, los particulares que lo acompañan y los escribanos. Encuentran varios grupos de personas de la población, a los que ordenan que se retiren, y así lo hacen. Siguen por la misma calle hasta el comienzo de la siguiente, donde está el edificio consistorial. Ya en ella, la concurrencia de gente es tanta que impide el paso. El corregidor y quienes lo acompañan intentan que se retiren. Algunos, sin que se sepa quiénes, gritan “El trigo no ha de salir”.

El corregidor replica que es preciso que salga, y lo mismo cada uno de sus acompañantes. Explican que hay trigo bastante para el abasto diario y que no faltará en modo alguno, como hasta aquel momento se había podido comprobar. El corregidor afirma que está dispuesto, si es necesario, a sacrificar su caudal y hasta su persona. Los concurrentes se mantienen voceando que quieren el trigo porque lo consideran suyo.

A pesar de la oposición que encuentran, consiguen llegar hasta la plaza, que está llena de gente. Allí se encuentran apostados los efectivos del regimiento de milicias que ha previsto el corregidor, quien secundado por sus acompañantes de nuevo pide a los concentrados que se retiren. Pero algunos vuelven a gritar “El trigo no sale, que lo necesitamos para nosotros” y “Como este sale, saldrá el demás”.

Separándose, aunque a poca distancia unos de otros, el corregidor y los demás caballeros, unos por un lado y otros por otro, vuelven a explicar que es preciso que el trigo salga para la capital, donde es necesario para garantizar su abasto. Explican que del que tiene el labrador que lo ha vendido igual cantidad ha sido llevada al pósito, para que sirva al abasto de la población, lo que permite presumir que por el momento solo se habían aventurado en el transporte a la capital unas 80 fanegas. Advierten además que como impidan la salida se perderán, un eufemismo cargado con el énfasis que insinúa la sedición, y que el pueblo experimentará grandes castigos, tanto los que los merezcan como los inocentes.

No obstante, a una voz afirman repetidamente “No sale el trigo, que lo necesitamos para nuestro alimento”, “Lo mismo es morir a diez que a once.”

Como no bastan razones y consejos para pacificar a quienes se oponen a que el trigo salga, después de sus respectivos circuitos se encuentran el corregidor y sus acompañantes en las inmediaciones del templo que hay en la plaza mayor, cuyo lado sur ocupa; el lugar de encuentro en el que previamente debieron citarse para una vez que hubieran intentado calmar a la gente.

Cuando se encuentran, el corregidor ha empezado a perder el dominio tanto de la situación como sobre sí mismo. Dice a sus acompañantes que ha decidido que el bando que ha promulgado sea repetido imponiendo penas mayores. Aquellos le hacen ver que, habiendo sido publicado ya, y habiéndose esforzado repetidamente, y agotado cada uno en explicaciones sobre la situación, y que nada de esto ha sido suficiente para contener a los vecinos concentrados, podía ocurrir que de la segunda promulgación resultara el completo amotinamiento, y que así tal vez más próxima la pérdida de la población. Además, quedaría absolutamente desairada la jurisdicción real, representada por el corregidor.

Documentación posterior permite saber que entonces, en aquel lugar, un sargento, llamado Juan Maceda, cuyo destino en la población tal vez no era estable, probablemente perdió su caballo. Aunque hay otras circunstancias en las que hubo de hacer acto de presencia la tropa montada, para calmar los ánimos de los exaltados, como el siguiente día 18, es más probable que esta consecuencia violenta ocurriera con ocasión de los acontecimientos del día 9 y en aquellos lugares y momento. De ser así, habría que aceptar que durante las discusiones habidas en la plaza mayor hubo forcejeos y que entre los contestatarios pudieron manejarse armas, con más facilidad blancas, con las que el caballo pudo ser herido.

Viendo que por el momento no era posible tomar otra decisión que pudiera contener el desorden al que se enfrentaban, decidieron los gobernantes volver a las casas capitulares, para en ellas reflexionar y decidir con más detenimiento sobre lo que debían hacer. Se dirigieron a ellas.

Pero, estando ya en sus inmediaciones, otra vez los concentrados empezaron a vocear “El trigo no sale”, “Vaya al pósito.”

A la vista de la cantidad de gente concentrada en torno a la sede del municipio, el grupo del corregidor cree que de entrar en ella quizás pueda resultar alguna agresión. Prefieren acogerse al templo inmediato, el de la parroquia mayor. Una vez dentro, a ellos se unen los tres presbíteros que ejercen su oficio en él, quienes actúan como mediadores de hecho.

Hacen al corregidor, así como a los demás caballeros que con él van, un relato muy sombrío de la situación que se ha creado. En todas las calles, hasta la salida de la población, hay grupos apostados para impedir que el trigo salga. Todo pueblo está sublevado y dice que el trigo no ha de salir. Apelan a la sensatez de los reunidos y quieren que comprendan que en aquella situación el pueblo se pierde. Su intención es que decidan qué medio es el más eficaz para impedir tan temida salida a la crisis.

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Mientras la tensión se concentraba en el eje comprendido entre la plaza mayor y el palacio municipal, el transporte se había puesto en movimiento desde las casas del labrador. Al parecer, el único trigo que ya estaba siendo trasladado era el que se pretendía llevar a la capital.

Como medida más urgente, el corregidor y los caballeros que lo secundan acuerdan que se suspenda el envío de trigo, hasta que se dé cuenta de la situación a las autoridades, lo que juzgan ha de hacerse inmediatamente. Dan orden para que el trigo se descargue de las recuas y se quede en las casas del labrador hasta que haya alguna novedad. A continuación, los responsables públicos se arman de valor y deciden salir de la iglesia, con el propósito de practicar la información que han convenido. Así lo ha entendido ya la gran concurrencia de vecinos que hay en el lugar, que por medio de los encargados de cumplir la detención de las recuas han debido conocer la orden dada. Sabiéndose dueña de la situación, reclama:

–A las casas de don Francisco –el labrador–no, y sí a las de su señoría –el corregidor– o al pósito.

Viendo que el tumulto se reaviva, uno de los regidores, acompañado por uno de los caballeros notorios, y asistidos ambos por uno de los escribanos, se adelantan y salen a la plazuela de la que uno de sus lados es la iglesia mayor. Allí explican a los vecinos reunidos que el trigo que se había previsto para el transporte a la capital se va a llevar al pósito. Para garantizar que así ocurra, de nuevo los congregados irrumpen con voz común:

–Al pósito, al pósito.

De acuerdo con los demás caballeros, el corregidor ordena al alcalde mayor y a quienes le asisten, así como a la ronda de las rentas provinciales, que retiren la guardia que le prestan a las recuas que habían salido de la casa del labrador. Piensa que de este modo quienes lo vean creerán que se ejecuta lo que se ha decidido. Pero la plebe tampoco confía en la sinceridad del gesto y escolta las recuas. Algunos llevan los jumentos asidos, y de este modo los conducen al pósito del peso de la harina, donde el trigo es descargado en el primer granero de la izquierda y vaciado en dos montones, uno en el rincón último de la derecha y otro en el de la izquierda tras la puerta. Los vecinos que se han comprometido en el tumulto permanecen atentos a la operación, y tres de ellos, Francisco Morente, Pedro Majuelos y Francisco de la Vega, actúan como testigos formales de la operación. En ese papel se mantienen hasta que son sacados los costales vacíos, cerradas las puertas y echadas las tres llaves. Una la recoge el regidor que ha asistido al acto, por ser diputado del pósito, otra el fiel de este instituto y la del corregidor, para luego entregársela, porque ha decidido no estar presente, el escribano que acompañaba al representante de la cámara de gobierno.


Una compra de trigo ultramarino

Redacción

Un 3 de junio dos regidores, que una junta local de granos había diputado para la compra de trigo, informaron que se mantenían muy atentos a cerrar precios del grano en la capital, para que en el momento que fuera conveniente se pudiera llevar a la población en la cantidad que se les había encomendado. Tanto era el volumen pretendido que habían previsto un granero en la casa del regidor bajo cuya custodia estaba el dinero destinado a la operación.

El siguiente día 8 uno de ellos, para cumplir con lo que se le había encargado, viajó hasta la capital. Allí se instaló, contando con que el municipio habría de compensarle, mientras se ocupara en este empleo, a razón de 30 reales diarios en concepto de dieta única. Permaneció allí entre un lunes y un viernes, los cinco días comprendidos entre el 8 y el 12 de junio, fechas durante las que además hizo los viajes de ida y vuelta. En su transcurso, sirviéndose del cruce de correspondencia con el otro diputado, que permanecía en la población, ejecutó la mayor operación de compraventa de trigo, para una población y por tanto con cargo al patrimonio público, que hayamos podido documentar.

Entre los dos diputados circularon al menos ocho cartas, de las cuales siete fueron remitidas por el que se había establecido en la capital. La primera la escribió el mismo día 8, la segunda y la tercera el 10, otras tres sucesivamente a lo largo del 11 y la séptima el 12 de junio. La octava pieza de la que tenemos certeza fue la respuesta que el diputado que permanecía en la población dio a la segunda enviada desde la capital, o primera del día 10, miércoles, jornada en la que además la junta local de granos celebró reunión y a su vez tuvo noticia de la carta enviada el 8 desde la capital por su diputado.

Aunque el objeto preferente de la correspondencia fue todo lo relacionado con la compra que se habían propuesto, quedó algún margen para las confidencias. En la segunda comunicación del 10 de junio el diputado que se había desplazado se dirigió a su par en la población para certificarle que había recibido su comunicación aquel mismo día, después de que enviara la primera partida de trigo. Mencionaba además una de sus preocupaciones. Creía haber actuado según las instrucciones del corregidor. Por lo demás, no tenía otra cosa que contar, salvo enviar memorias a los amigos, por no caer en esa falta, aunque reconocía que no estaba en aquellos momentos para tales cuidados.

La frecuencia con la que en algunas ocasiones fue remitida la correspondencia desde la capital demuestra una alta velocidad en la comunicación, puesto que era necesario cubrir entre cinco y seis leguas para ir de un lugar a otro. Puede sospecharse que para satisfacer el servicio fuera necesario recurrir a propios, el sistema más rápido y más caro de los que se podía disponer en la época para atender al intercambio de información. Pero, como no consta entre los gastos originados por la compra del trigo que la comunicación fuera responsable de carga alguna, es posible que, por una parte, se tratara de los mismos propios que habitualmente fueran utilizados para cruzar correspondencia entre el lugar y la capital.

Consta asimismo que algunas de las cartas fueron remitidas con los mismos arrieros contratados para el transporte del grano, y que también actuó como correo un guarda de campo de la población, que durante cuatro de los cinco días acompañó al diputado. Cada jornada hacía viajes de ida y vuelta a la capital con tanta dedicación que su trabajo fue apreciado a razón de 12 reales por día. Primero volvió para llevar la noticia de la compra, y luego se empleó en acompañar a los arrieros forasteros contratados para el tráfico de la mercancía. También se sabe que quien actuó como pagador de la operación hizo circunstancialmente de correo entre el diputado que estaba en la capital y el que permanecía en la población, llevando informes sobre lo que podía suceder a mediados de la semana, cuando el sistema de transporte al que se había recurrido sufrió momentáneas complicaciones. Fuera de un modo o de otro, la rapidez con que circuló la información demuestra que mantener una posición de ventaja en una operación de compraventa de trigo exigía comunicaciones muy fluidas.

En cuanto llegó a la capital, cumpliendo con el encargo que llevaba, el diputado fue a los almacenes a ver granos. En aquel momento había cuatro vendiendo. Reconocidas las calidades de sus trigos, le pareció que el mejor era el ofrecido por Manuel Paulín, a la sazón el segundo comerciante que en calidad de tal se había convertido en miembro de la junta regional de granos. Para el comprador así lo confirmaba que la mayoría de las panaderías de la ciudad no compraban en otra parte. Se decidió pues a tratar el ajuste con él, partiendo de que su precio era el de todos los demás, que vendían a 38 reales la fanega, precio al que también lo estaban pagando los panaderos. No obstante, habiendo acordado con el comerciante la compra de un total de 1.000 fanegas, consiguió la rebaja de un real por fanega.

La compraventa tomó al diputado como rehén. Por la primera carta que el día 10 remite sabemos que Paulín no quería que quien representaba a la población que había hecho la compra se separara de su almacén hasta que la entrega de todo el trigo hubiera concluido. Cada jornada, en el mismo lugar donde estaba almacenada, antes de cargar la mercancía, era medida. Un medidor, que cobraba a razón de 4 maravedíes por fanega, era quien realizaba la operación. Como la cantidad cobrada por unidad de capacidad es clasificada por la documentación como derecho de medida es posible que se tratara de una tasa impuesta por el almotacenazgo de la capital. No obstante, el trabajo fue gratificado por los compradores con cuatro reales más. El 12 de junio un medidor público recibió del diputado que había efectuado la operación 123 reales y 2 maravedíes por la medida de las 1.046 fanegas de trigo.

Durante aquellos cinco días, la mayor inquietud, tanto del diputado que se había trasladado a la capital como de su colega, que permanecía en la población, fue organizar el transporte del cereal comprado. Desde el día que el primero se instalara, sobre todo le preocupó disponer de suficientes arrieros, nombre que conviene a los poseedores de bestias que las empleaban para la carga. Para garantizar que el trigo llegara inmediatamente hasta la población creía necesario que su correspondiente, el diputado que permanecía en ella, organizara lo más pronto posible el traslado a la capital de cuantas recuas pudiera facilitar, para que el trigo fuera transportado en los cuatro o cinco días siguientes. Había sido condición del ajuste que a la mayor brevedad se desocupara el almacén donde el trigo permanecía. Paulín esperaba más y quería guardarlo en el mismo almacén, y no sabía si el que llegara sería de la calidad del que le habían comprado.

Por la noche de aquel mismo día 8, una vez recibida la carta enviada, desde la población salieron todas las recuas que el diputado que allí permanecía había podido encontrar. Los dos primeros envíos de trigo, que salieron de la capital el día 10, pudieron disponer de un número satisfactorio de transportistas, nueve y ocho arrieros respectivamente. Pero al diputado que permanecía en la capital no debieron parecerle suficientes. La segunda carta del mismo día 10 insistía a su colega en que no se olvidara enviarle más arrieros, para que a la mayor brevedad quedara concluido el transporte del trigo.

No obstante desvelos y esfuerzos, el día 11 el envío del grano entró en crisis. Durante aquella jornada solo se pudo contar con cinco arrieros. El resultado fue que se movieron menos de doscientas fanegas. Se multiplicó el intercambio de correspondencia. En una de las cartas de aquel día el diputado que permanecía en la capital advertía a su colega que hasta la puesta de sol, cuando llegara a la población don Tomás García de la Reguera, que se había trasladado a la capital para efectuar el pago de la compra, no debía decidir nada en cuanto a recuas. Don Tomás llevaría una carta para el diputado que permanecía en la población que contenía informes sobre lo que podía suceder. Así podría actuar con conocimiento antes de lo que se pudiera decidir.

En la segunda carta de aquel 11 de junio, al informarle del envío de otra partida de trigo que en total sumaba 125 fanegas añadía que en aquel momento en la capital tenía disponibles 775 fanegas, lo que era casi del todo cierto. El día 10 había cargado 567,5 y el día 11, 183, lo que sumaba 750,5. Pedía a su correspondiente que para las 224,5 que restaban debía prever, para la mañana del día siguiente, que estuvieran en la capital las recuas necesarias para transportarlas. Probablemente entonces todavía pensaba que la operación se cerraría con la compra de 1.000 fanegas, puesto que 775 y 224,5 sumaban 999,5.

Pero el envío de trigo permanecía estancado. Aún el 11 de junio, por tercera vez, el diputado para la compra de trigo se dirige desde la capital a su compañero. Esta vez se limitó a enviarle una nota muy esquemática y confusa. Advertía que, al tiempo que la nota, un arriero de Paradas entregaría 32,5 fanegas, incluidas en la apuntación que llevara el mencionado don Tomás con otras 31 fanegas. Añadió como posdata una escueta advertencia, probablemente referida al granero al que aquellas partidas debían ser dirigidas, habilitado en las casas del regidor bajo cuya custodia estaba el dinero destinado a la compra del trigo ultramarino.

Del atolladero se salió al día siguiente, aunque, a pesar de que se había resuelto el envío de una cantidad superior a la inicialmente prevista, no fue suficiente. El 12 de junio de nuevo el diputado que permanecía en la capital notificó que el trigo que aquel día había remitido, a cargo de un tal Manuel Fernández, alcanzaba la cifra de 239,5 fanegas. Este Fernández estaba al frente de un convoy compuesto por once arrieros.

Se deduce que el problema pudo estar en Paulín, que al final, con la excusa de que quería vaciar el almacén, y contando a su favor con la rebaja de un real por fanega, estaba a punto de colocar a los compradores más de las 1.000 fanegas inicialmente previstas, exactamente 1.046. Así lo demuestra el balance del transporte. Las partidas comenzaron a enviarse el 10 de junio, y para el 12 ya habían cambiado de lugar 990 fanegas, según la contabilidad del punto de origen. El día 10 fueron enviadas 567,5 en dos partidas, el 11 en tres partidas 183 y el día 12 otras 239,5 en una partida. Las 56 restantes, hasta completar las 1.046 que finalmente tuvieron que ser objeto de la transacción, debieron quedar para un envío final, posterior al 12.

Cada partida o envío se consumó con la participación de cierto número de arrieros. Según este criterio, se puede decir que hubo dos clases de partida. Casi la totalidad de 990 fanegas (más de las 4/5 partes) fueron enviadas en tres partidas, cuyos medios de transporte los compusieron recuas de entre ocho y once arrieros. Las otras tres fueron de solo un arriero en dos casos, mientras que la tercera la integraron cuatro.

Cada unidad económica de las que fueron utilizadas para el transporte se puede identificar por su personificación. Los documentos comúnmente la segregan llamándola arriero. De los 32 casos observados, 30 ofertas de arriería fueron individuales. En el tipo común un individuo, actuando como arriero, aplica un determinado número de bestias al transporte. En una de las otras dos ocasiones una comunidad de estos transportistas se presenta como un hombre y sus compañeros, y en otra explícitamente los arrieros se declaran tres asociados. Si podemos conceder alguna representatividad a estos casos, se podría decir que en la región, aunque actuaran entonces las sociedades de arrieros, su relevancia económica sería muy limitada.

Cada uno de ellos se comprometía al transporte de un número de cargas o haldas. Luego el tamaño de las empresas empleadas en el tráfico terrestre del trigo vendría dado por el número de cargas que cada arriero fuera capaz de transportar. Indica que el tamaño expresado por este número, en el momento de la observación, es el límite superior de cada empresa que ninguna tenga capacidad para completar el transporte de la totalidad de la mercancía adquirida.

Por carga o halda en torno a 2 fanegas podían ser movidas. De los 32 casos en que puede conocerse este valor, solo cinco quedan algo por debajo de 2. Los demás están comprendidos entre 2 y 2,5, aunque son más frecuentes los próximos a 2 que los próximos a 2,5. Excepcionalmente se documenta que un arriero transporta 3 fanegas por carga, pero en este caso no se puede excluir que se trate de un error.

Estos cálculos y el modo de expresarse el documento permiten pensar que cada carga era un saco, también llamado en la época costal cuando se trataba de llenarlo de trigo, que normalmente iría cargado con algo más de una fanega. Para cada envase lo que sobrepasara este valor, como máximo, alcanzaría las 0,25 fanegas.

No es admisible que el número de cargas o haldas fuera idéntico al del número de animales que compusiera la recua de cada arriero, pero sí lo es que entre uno y otro valor hubiera una relación directa. El número de cargas que cada cual tomaba tenía que estar directamente relacionado con el de animales de que dispusiera. El rendimiento de los medios de cada empresa vendría dado por la relación entre el volumen de la mercancía y el número de animales, o capacidad de carga.

La información proporcionada por la fuente permite concebir la unidad de transporte como al menos un par de costales que colgaban a ambos lados del lomo de una de las bestias que se utilizaban para el transporte bajo la modalidad de recua, unas de la especie mular y otras de la asnal.

Las pequeñas oscilaciones que se observan, comprendidas entre el máximo 2,5 y el mínimo 1,86, concentradas en torno al valor medio 2, son la prueba directa de que no todos los animales tenían la misma masa, la misma envergadura o idéntica fuerza. La evidencia de los bienes vivos poseídos aconsejaría a sus dueños cargar unos más y otros menos. Es verdad que también las oscilaciones de este valor pueden ser indicio de deseos de optimización del medio de transporte o de regulación del esfuerzo para la distancia total que han de cubrir en sus rutas los respectivos arrieros. Pero no creemos que se yerre si los valores menores son atribuidos a machos o mulas, mientras que los valores más altos se adjudican a jumentos. Una bestia mayor podría cargar mayor número de costales, aunque con menos grano cada uno, mientras que las menores, con lomos capaces para un menor número de costales, serían cargadas con menos sacos que apuraran más su capacidad.

El tamaño de las empresas individuales estuvo comprendido entre 27 y 3 cargas. Las 15 haldas sería un límite que dividiría en dos a los arrieros, según el tamaño de sus medios de transporte. Mientras que con mucha regularidad, entre 27 y 15 cargas, las hay de los sucesivos tamaños, con preferencia impares, entre 14 y 3, además de que se documentan casi todos los valores posibles, son más frecuentes.

La sociedad de arrieros solo parcialmente eliminaba competencia por concentración. Los tres asociados consiguen el mayor de los tamaños conocidos, pero la otra sociedad en realidad solo permite aspirar a la competencia porque la agregación equipara en tamaño a las empresas personales comunes.

Estimando que una bestia pudiera transportar como mínimo dos sacas y como máximo cuatro, los tamaños de las recuas movilizadas por cada arriero podrían oscilar entre un máximo de 14 bestias y un mínimo de 1. Luego las empresas dedicadas al transporte del cereal en la región solían ser pequeñas.

Dos pudieron ser las modalidades de desplazamiento del arriero que acompañaba a su recua, porque este bien aceptaba un número de cargas impar bien par. Probablemente el valor impar indique que el arriero caminaba junto a sus bestias, y aprovechaba al límite el reparto de la carga entre todos los animales posibles. El último costal, o costal impar, se tendería sobre la dorsal de la bestia más capaz. Por su parte, el par sería indicativo de que el arriero estima su peso equivalente a un par de costales, y a horcajadas o a la jamuga se desplazaba sobre una de las bestias que era capaz de cargar al mismo tiempo con dos haldas. El predominio del número impar del número de cargas permite pensar que eran más los que preferían caminar junto a sus animales para apurar su capacidad de carga.

La residencia declarada de los arrieros permite conocer las rutas que frecuentaba el comercio interior del grano en la región. Para el transporte del trigo era necesario salvar la distancia entre la capital y la población por una ruta que en aquel momento era la habitual para el transporte. Por esta desde la capital a la población, situada al este de aquella, había que cubrir unos 30 km. Se acepta entonces que el desplazamiento a pie rinde a razón 0,666 leguas por hora. Siendo la legua una medida itineraria, no expresaba tanto una medida de longitud cuanto un rendimiento de los medios que se utilizaban para desplazarse. Como el precio del porte acordado fue 2,5 reales la fanega, si se admite que al caminar el rendimiento en longitud es mayor que el que proporciona el transporte en recuas podemos pensar que la distancia entre la capital y la población fue evaluada en 5 leguas y que cada una de ellas fuera tarifada para el transporte a razón de 0,5 reales por fanega.

Los transportistas que operan dentro del mínimo radio de acción son insignificantes. Solo sabemos de un arriero de la población, que nada más absorbe 39 fanegas en 18 cargas, y otro que declara su residencia en una población inmediata al norte, a unos 20 kilómetros, aún menos, 13 fanegas en 7 haldas. Dada su posición relativa al este de la capital, es la residencia de los arrieros en núcleos del eje terrestre que unía el primer puerto del Guadalquivir con el primero del Mediterráneo sur la que nutre el movimiento del cereal que llega a la población. Se localizan en ondas sucesivas.

La primera onda, que incluye las poblaciones distantes del lugar en el que es necesario descargar situadas a una distancia de este comprendida entre 25 y 30 kilómetros (Marchena y Paradas), absorben 42,5 fanegas en 17 cargas y 32,5 fanegas en 17 cargas, lo que suma 75 fanegas en 34 cargas. La segunda onda, que traza un radio respecto del mismo centro de entre 80 y 120 kilómetros de longitud (Montalbán de Córdoba, La Alameda y Campillos), se reparte: para los residentes en Montalbán de Córdoba, tres arrieros: 30 fanegas en 15 haldas, 27 fanegas en 14 haldas y 43 fanegas en 21 haldas (100 fanegas en 50 haldas); en La Alameda, tres asociados, 92,5 fanegas en 47 cargas; y en Campillos, un arriero, 20 fanegas en 9 haldas. El total asciende a 212,5 fanegas en 106 haldas o cargas. La observación más próxima de las sociedades o de la solidaridad implícita entre quienes tienen la misma residencia, cuando se trata de la segunda onda o distancias medias, enseña que la distribución del peso a transportar entre los animales disponibles tiende al valor medio 2 fanegas por cada carga. Y la tercera onda, situada a algo más de 180 kilómetros (Málaga), dos arrieros: 32 fanegas en 13 cargas y 22 fanegas en 10 haldas, en total 54 cargas en 23 cargas o haldas.

La última remesa del trigo comprado, de 56 fanegas (1.046-990), que completaba la adquisición y muy probablemente fue enviada después del día 12 y antes del 16 de junio, necesitó de un transporte específico. Habiendo concluido el día 12 su comisión el diputado que se había trasladado a la capital, sería necesario que la población enviara a alguien para que actuara como supervisor de la última operación. Consta que, para fiscalizar esta última remesa de trigo enviado, a la capital fue un comisario, a quien este trabajo le fue recompensado con 20 reales.

El transporte del dinero para liquidar la operación también exigió medios propios. En la carta del día 8 el diputado que estaba en Sevilla pidió a su colega que se lo remitiera con la persona que creyera conveniente. Como inicialmente estaba prevista la compra de 1.000 fanegas, a 37 reales cada una, en respuesta a la demanda del día 8 la entrega de los 37.000 reales correspondientes la efectuó un comisario enviado con este fin, Tomás García de la Reguera, quien tuvo que emplear una cabalgadura para llevar la moneda hasta la capital. Por el trabajo que se tomó y la cabalgadura que empleó recibió 31 reales, suma algo irregular.

La moneda que se transportaba para el pago era de las dos especies nobles, oro y plata. Mientras llevaba el dinero, dos soldados del regimiento de caballería de la capital escoltaban al responsable del pago. También les fue gratificada su protección a razón de 12 reales por persona. Llegados a su destino, para llevar el dinero hasta las casas de Manuel Paulín fue necesario contratar a un costalero, a quien le fueron pagados 1 real y 20 maravedíes. Debió liquidarse materialmente esta parte de la operación hacia el 10 de junio, porque en esta fecha uno de los dos soldados, en nombre de ambos, declaró haber recibido del diputado que estaba en la capital los 24 reales que gratificaron el acompañamiento del comisario que había llevado el dinero desde la población.

Pero, como finalmente la compra superó en 46 fanegas las 1.000 inicialmente previstas, fue necesario pagar otros 1.702 reales. La entrega de esta cantidad, que cerraba la operación, hubo de hacerse con posterioridad al 12 de junio. Había sido este día cuando formalmente Manuel Paulín, vecino y del comercio de Sevilla, había declarado haber vendido al diputado para la compra de grano que se había trasladado hasta la capital un total de 1.046 fanegas de trigo ultramarino, destinadas al abasto público de la población. Afirmaba que las había vendido a 37 reales de vellón, por lo que operación alcanzaba la suma de 38.702 reales de vellón, cantidad que había recibido en oro o plata a su satisfacción.

Es probable sin embargo que el pago de esta última porción se hiciera antes del 16, cuando ya todo el trigo que materialmente había sido objeto de la compraventa había sido entregado. No es hasta esta fecha cuando los diputados de la junta de granos de la población para comprar en la capital trigo ultramarino certifican que han adquirido a Manuel Paulín 1.046 fanegas a 37 reales y las han pagado en plata y oro. Para efectuar este último pago fue necesario que otra persona llevara a la capital los 1.702 que todavía se le debían a Manuel Paulín, a la que con otros 8 reales le fue pagado su trabajo.

Con el objeto de fiscalizar las mermas que el transporte pudiera provocar, los compradores adquirieron en la capital una media fanega, el recipiente usado para medir la capacidad. No era nueva, y aun así costó 20 reales. Pero había sido debidamente contrastada, una verificación que al menos incluía dos operaciones, su corte y su sellado. Habrá que reconocer en tan alto precio la intervención del monopolio público del servicio de pesas y medidas de la metrópoli. Fue remitida con la primera carta del día 10 por el diputado que estaba en la capital y llegó a su destino con la primera remesa de trigo.

Cuando fue recogida en la población, su contraste tuvo que arreglarla, asegurando sus maderas con clavos, y tuvo que hacerle un rasero nuevo. No debió ser un trabajo excesivo porque fue evaluado en solo 5 reales, que fueron liquidados el 13 de junio por los mismos diputados para la compra del trigo ultramarino. No obstante, cabe dudar tanto de la necesidad como del efecto de la composición, porque pudo tener consecuencias inmediatas sobre el cálculo del volumen de trigo transportado, una vez que fuera recibido en la ciudad.

Con la media fanega comprada en la capital se hizo el recibo de cada partida a la llegada a la población. De nuevo un medidor recibía la mercancía, aunque esta vez solo cobraba su trabajo a razón de 2 maravedíes la fanega. Al medidor local le eran pagadas sus medidas tal como iban llegando las partidas, a razón de la cantidad de trigo recibida, no de la enviada.

Según la medida de la capital, la primera partida sumaba 240 fanegas. Llegada a la población, y de nuevo evaluada con aquella medida, se encontró que faltaban cuatro fanegas y siete almudes. Una nota del 11 de junio, añadida una vez recibido el segundo envío en la población, de 327,5 fanegas en origen, afirmaba que se había medido y que se encontraron 325 fanegas, 6 almudes y 2 cuartillos. Otra nota del mismo 11 de junio, correspondiente a la tercera partida, de 27 fanegas, aclaraba que aquel día fueron entregadas 26 fanegas y 7,5 almudes. Y todavía el 11 de junio otra nota más precisa que los tres arrieros de La Alameda, que habían cargado aquel día 92,5 fanegas, en realidad habían entregado 91 fanegas.

Fue el 12 de junio cuando el arriero de Paradas y sus compañeros, que asimismo se habían encargado el día anterior de transportar desde la capital otras 32,5 fanegas, entregaron su partida. En este caso la medida de la recepción dio como resultado 32 fanegas y 3 almudes. Aquel mismo día otra nota aclaró que fueron entregadas 30 fanegas y 10 almudes o 31 fanegas. Las dos cifras fueron escritas una tras otra sin más advertencia. Como por ellas, según la nota, fueron pagados de portes 77 reales de vellón, aceptando que el precio del porte fue 2,5 reales la fanega, se deducen 30,8 fanegas, un valor efectivamente más próximo a 31 que a 30. En realidad es que 31 fanegas habían sido las cargadas en la capital. Sobre las 239,5 fanegas remitidas el 12 de junio, una nota del día siguiente aclaró que, medida aquella partida, llegaron a la población 237 fanegas y 6,5 almudes.

Así, pues, llevadas las 1.046 fanegas a la población, y medidas con la misma medida que en la capital, su merma había sido de 11 fanegas y 2 almudes. Por tanto, realmente habían sido recibidas 1.034 fanegas y 10 almudes.

Por la primera carta que el día 10 el diputado que estaba en la capital dirige a su colega de la población, para comunicarle la remisión de la primera partida, sabemos también que su porte lo había ajustado en dos reales y medio por fanega, por lo que pedía a su correspondiente que liquidara a los arrieros, cuando llegaran a su destino, lo que a cada uno le correspondiera. El precio del transporte que había acordado para la primera entrega se mantuvo para todos los arrieros que participaron en el traslado del trigo a lo largo de la operación.

Los portes fueron pagados cada vez que una partida era aceptada, también tal como se decidió para la primera vez. Así, sabemos que el día 11 les fueron liquidados a quien había conducido una partida aquel mismo día, así como a los tres arrieros de La Alameda. Por otra nota se averigua que el 12 de junio el arriero de Paradas y sus compañeros, que asimismo se habían encargado el día anterior de transportar otra partida desde la capital, la entregaron y les fue inmediatamente satisfecho el valor de los portes.

Cuando hubo que hacer las cuentas, el costo total del transporte fue calculado según el valor deducido una vez medidas las partidas en la población, y no a partir del volumen cargado en el punto de origen, de modo que no fueron 1.046 las fanegas cuyo transporte hubo que pagar, sino las 1.034 fanegas y 10 almudes que entregaron los arrieros en la población. Así resultó que los portes de las 1.034 fanegas y 10 almudes de trigo entregadas, pagados a razón de 2,5 reales de porte cada una, alcanzaron el valor de 2.587 reales (1.034 x 2,5 = 2.585; 0,8333 x 2,5 = 2,083; 2.585 + 2 = 2.587).

Procediendo de este modo, se descargaban sobre los arrieros las mermas que el transporte había originado. Si esta manera de actuar fue aceptada por ellos, a su mediación se puede atribuir que el volumen del trigo comprado disminuyera, más que a cualquier manipulación del instrumento de medida. Por cada fanega de trigo defraudada, los arrieros, si lo comercializaran en la población, obtendrían el sustancioso beneficio neto de 39,5 reales, resultado de restarle a 42 reales, precio acordado para el “trigo ultramarino” en la población, los 2,5 reales de porte que dejaban de percibir. No hay que excluir que las mermas fueran solo resultado de la manipulación y movimiento de la mercancía.

No obstante, porque también acepta la cifra final, como al medidor de la población le fueron liquidados sus ingresos sobre la base de 1.034 fanegas, habrá que reconocer que la merma pudo ocurrir no solo en el trayecto entre la capital y su destino sino también en el acto de la medida de recepción. Porque al medidor de la población, a 2 maravedíes la fanega, hubo que pagarle 60 reales y 28 maravedíes (60 x 34 = 2.040 / 2 = 1.020; 28 / 2 = 14; 1.020 + 14 = 1.034).

Según se iba midiendo a su llegada, el trigo era apaleado y recogido en los graneros que se habían previsto. Paralelamente a la operación de compra, la autoridad local había desplegado en la población una política de captación de graneros para almacenar el trigo público. Para ella inicialmente el problema lo originaba el trigo del pósito. El 1 de junio el ayuntamiento había visto tres libranzas para el pago de graneros: una, de 88 reales, por reparo de los graneros del pósito y para el pago de los jornaleros que asistieron al apaleo; la segunda, de 400 reales, para satisfacer al regidor bajo cuya custodia estaba el dinero destinado a la compra del trigo ultramarino el arrendamiento de sus graneros, que se estaban utilizando para encamarar parte del trigo del pósito; y la tercera, también de 88 reales, a favor otro individuo por el arrendamiento de otros graneros. Todas estas cantidades fueron libradas contra los caudales del pósito. No se habían satisfecho antes por las alteraciones de precio que había conocido el trigo. Para satisfacerlas, la cámara de gobierno de la población acordó que se vendiera la porción de trigo en aquel momento existente en el pósito, porque al precio que tenía tal vez fuera bastante para satisfacer lo que montaban las libranzas.

En la misma reunión, aquel órgano creyó que debía separar los caudales en trigo del pósito y los de la junta de granos. Esta, por su parte, había decidido que el suyo se pusiera en los graneros de casa del regidor bajo cuya custodia estaba el dinero destinado a la compra del trigo ultramarino, donde ya se almacenaba al menos una parte del trigo del pósito. Por eso la ciudad acordó que se pasara lo que hubiera en ellos del pósito a los del peso de la harina, donde habitualmente se guardaban. Se comprometió a hacérselo saber a los regidores llaveros del pósito y al depositario.

Más adelante, el 5 de junio, el ayuntamiento vio un memorial de otro vecino que pedía que se le pagaran 120 reales por el arrendamiento del granero que tenía cedido para el trigo del pósito, asunto del cual los diputados de esta institución fueron los encargados de informar. Y a continuación justo un informe de los diputados del pósito, a raíz del memorial de un vecino más, que decía que se le estaban debiendo 100 reales por el arrendamiento del granero que había cedido para encamarar parte del trigo del pósito por el año que iba a cumplir en el próximo 24 de junio, que decidía que se librara la cantidad adeudada contra los caudales del pósito.

Una semana después, ya día 12 siguiente, el ayuntamiento vio el informe correspondiente a la liquidación de los 120 reales por el arrendamiento de un granero, y acordó librarlos de los efectos del pósito, para lo que debía venderse el trigo equivalente. En la misma reunión los diputados del pósito informaron que se habían gastado 103 reales 32 maravedíes en jornales para desocupar el trigo de este instituto que había en los graneros del regidor bajo cuya custodia estaba el dinero destinado a la compra del trigo ultramarino, con el fin de encamarar el que se fuera trayendo de la mar. Se acordó que la cantidad se pagara de los efectos del pósito.

Un ofrecimiento, algo extemporáneo, pudo complementar esta política. El 1 de julio, en la junta de granos, fue leída una carta del cabildo catedralicio metropolitano, de 30 de junio, en la que franqueaba los graneros de las rentas diezmales para almacenar el repuesto del trigo ultramarino. Al mismo tiempo, el vicario presentó otra carta, de la misma fecha, en la que se le ordenaba que actuara en este sentido, bien que atendiendo a la reserva del sitio que fuera necesario para la recolección de los granos de los diezmos. El vicario explicó que para este fin era suficiente con una de las cillas, la que el fiel diezmal eligiera. Se decidió dar las gracias al cabildo catedralicio y que por su parte los diputados para la compra del trigo usaran las cillas a beneficio del común como creyeran conveniente.

Fueron peones los que se ocuparon en el trabajo del almacenamiento de todo el trigo que se había comprado. A quien encamaró el trigo durante los días 10 y 11 de junio (235 fs 5 al + 325 fs 6 al 2 c + 26 fs 7 al 2 c = 587 fs 7 al) le fueron pagados 5 reales, y otros tres debieron gastarse en satisfacer el trabajo de quien se encargara la misma operación durante el día 12 (403 fs). Como no se encuentra relación inmediata entre la cantidad de trigo encamarado y su compensación económica, parece más probable que el trabajo fuera evaluado según tiempo.

Del mismo modo se debió proceder algunos días después, aunque en esta ocasión aconsejados sus custodios por el estado en que estuviera el trigo comprado. Fue necesario que durante los días 15 y 16 de junio tres peones, cada uno de los cuales recibió los 2,5 reales que eran regulares en la valoración de las peonadas, se ocuparan en apalear trigo de un lado a otro. Fueron en total 6 peonadas que importaron 15 reales. Tanto trasiego de grano obligó a comprar una pala nueva, por la que hubo que pagar 3 reales.

El día 11 de junio la junta de granos volvió a reunirse y en ella el diputado para la compra de granos que permanecía en la población informó que durante el día anterior había llegado la primera remesa de trigo. Sus especulaciones y las decisiones que a consecuencia de este informe la junta toma son la última lección, si no sobre cómo se formaba, sí al menos sobre cómo se completaba el precio final del trigo.

Según la medida de la capital, la primera partida sumaba 240 fanegas. Llegada a la población, y de nuevo evaluada con la medida de la capital, se había encontrado que faltaban cuatro fanegas y siete almudes. Hecha la cuenta según el precio neto a que costaba, correspondía de falta a cada fanega 25 maravedíes (37 x 34 = 1258; 1258 / 12 = 104,83; 1258 x 4 = 5.032; 104,83 x 7 = 733,81; 5032 + 733,81 = 5765,81; 5765,81 / 234,5 = 24,48). Teniendo en cuenta, según experiencia, que el trigo de la mar regularmente pierde humedad, y por tanto peso y volumen, la junta creía que se le debían aumentar además 26 maravedíes, de modo que una y otra partida componían un real y medio (25 + 26 = 34 -real- + 17 -medio real-). Sumados a los dos y medio de porte, daban en total cuatro reales. Si se tenían en cuenta además los gastos de la medida de la capital, los propios, el diputado, el apaleo, el granero, el fiel y otros no especificados, pero que se consideraban indispensables, creía que por el momento se podía añadir a cada fanega un real, con lo que en total sumaban cinco. Añadidos a los 37 del precio neto y, sin perjuicio de otra providencia que hubiera que tomar a la vista de las cuentas de las 1.000 fanegas mandadas llevar, que fueran consumidas, menguando o alzando, acordó que se vendieran a 42 reales la fanega. Decidió que así se publicara por las plazas para que constara a los panaderos que desearan acudir.

Estos cálculos previos no dejaban de ser interesados. Pocos días después, el 16 de junio, los costos de esta operación, en los que no estaban aún incluidos los de graneros ni fiel, fueron documentados con la mayor precisión. El pago del trigo había consumido 38.702 reales de vellón y los gastos de medida, gestión, pago, transporte y recepción del grano ascendieron en total a 3.108 reales 16 maravedíes. Aceptado que los 38.702 eran la consecuencia de haber pagado a 37 reales cada una de las 1.046 fanegas compradas en origen, según el procedimiento de cálculo del precio final que aplicaba la junta local al de cada unidad solo sería necesario añadirle los costos mencionados (3.108 reales 16 maravedíes) y el de las 12 fanegas pérdidas (1.046 – 1.034) en el traslado desde la capital a la población, que al precio pagado (37 reales) suponían otros 444 reales. Serían en total 3.552 reales 16 maravedíes. Repartidos entre las 1.034 fanegas que se ponían a la venta supondrían 3,44 reales más por unidad. Añadidos a los 37 de costo, resultaría un precio final de 40,44 reales la fanega. Las prematuras decisiones de la junta tendrían efectos inflacionistas, pero añadirían beneficio. Su manera de actuar lo propagaba, solo que en este caso el aspirante a beneficiario era el propio municipio.

Por si no fuera correctamente interpretada esta intención, adelantándose a las opiniones que la decisión pudiera originar, aquel mismo día 11 de junio la junta de granos decidió encargar a sus diputados para la compra del trigo que tuvieran la suficiente precaución como para evitar que se imputara a la junta que hacía comercio con el trigo. Acordó que no se vendieran partidas a labradores que pudieran ir a la capital a abastecerse, sino a los vecinos particulares que quisieran comprar una o dos fanegas para amasarlas en su casa para el abasto de su hogar.

Más que estos indicios de la panadería doméstica, es importante el de las corrientes subterráneas de “trigo ultramarino”. Quienes, teniendo trigo, aparentaran ir a la capital a abastecerse todavía podrían encontrar una ocasión para vender el trigo que tuvieran almacenado al excelente precio diferencial que los cálculos de la junta permitían. La analística de la capital sólo hace referencia a una importación de trigo siciliano y en octubre. Es cierto que esta literatura no tiene por qué estar bien informada sobre las importaciones, entre otras razones porque en modo alguno le preocupa a su método. Pero el dato al menos autoriza a pensar que la temprana disponibilidad de “trigo ultramarino” en los almacenes de los comerciantes pudo alimentarse del peor trigo de la tierra, cuya pésima calidad pudo coincidir con la del importado.

El 1 de julio la junta de granos de la población vio la cuenta del 16 de junio, correspondiente a las 1.046 fanegas de trigo ultramarino que se habían adquirido. La firmaban sus diputados para esta operación y ascendía, hasta esa fecha, a 41.810 reales 16 maravedíes. La junta de granos la aprobó.


Prejuicios sobre el negocio financiero

Narrador

En el medio rural se había impuesto una opinión muy simple sobre su actividad financiera, que sus poblaciones no podían recurrir al crédito. En las que han conservado escritos de la primera mitad del siglo décimo octavo es fácil encontrar relaciones que afirman, refiriéndose incluso a los núcleos de mayor tamaño, que en ellos no hay gremios ni vecinos particulares de comercio ni hombres de caudales en dinero a quienes se les pueda solicitar; que, aun siendo los que tienen más posibilidades para atraer este tráfico, a consecuencia de la penuria y miseria de aquellos años, en tales pueblos se carece de vecino lego y llano de competente abono para hacer un depósito.

Los datos de los que disponemos, aun siendo muy limitados, más la información equivalente a la que hemos consultado para este análisis, aconsejan aceptar con reservas la veracidad de tales afirmaciones.

Primero. Podría admitirse que en el medio rural no se hubieran consolidado depósitos con destino al negocio financiero, tal como desde la edad media operaban en el comercio internacional, a causa de la escasa circulación del dinero. En alguna medida, podría ser resultado de la persistente opinión de inseguridad de los caminos que servían a las distancias medias o comarcales, la dimensión del espacio que mejor se ajustaba a las posibilidades de los mercados rurales antiguos.

Los testimonios de la delincuencia en despoblado que hemos podido reunir para pleno siglos décimo octavo son pocos, apenas algún robo de la provisión que llevaban los pastores.

Pero no faltan pruebas de las decisiones reflejas que causaba el temor a sufrir un asalto mientras se hacía un viaje. Se había generalizado la costumbre de organizar en grupos numerosos toda clase de expediciones, fueran para comercio o compuestas por viajeros, con el fin de protegerse contra los asaltos. Y los trajineros expertos, para repeler los posibles tropiezos del itinerario, solían ir armados.

Más expansivas eran las consecuencias que la fama del delito tenía para el costo de los transportes. Sus analistas reconocen expresamente que el bandolerismo, real o imaginado, era ya un factor del precio de toda clase de tránsito; aunque, cuando se trataba de justificar el incremento, fuera un costo añadido difícil de evaluar; sin menoscabo de que el riesgo de asalto durante un trayecto siempre pudiera ser presentado como un aumento del precio de la mercancía movilizada, tanto más cuanto más endémico pareciera el fenómeno.

Para el transporte de viajeros, cuando pasados los años la opinión adversa se había naturalizado, una empresa dedicada a esta actividad elevó el precio del billete valiéndose del riesgo que al viaje añadían los asaltantes temidos.

Afortunadamente, por su causa se originó una sensata institución de la delincuencia itineraria. Las asambleas de ladrones, que nada tenían que envidiar a las de representantes, respondían antes al pragmatismo legislativo. Ciertas partidas de facinerosos optaron por pedir un canon a todos los que transitaban por las rutas en las que actuaban, moderando su exigencia –así lo confesaban, ateniéndose al principio racional que debe regir las decisiones económicas– para evitar que el tráfico se desviara por otras vías, una decisión con la que nadie saldría ganando. A cambio, quienes aceptaban esta imposición, como si hubieran satisfecho un peaje, compraban su tranquilidad para el resto del trayecto. Algunas empresas de transporte de viajeros, aconsejadas por estas razones, llegaron a tal extremo que se concertaron con bandoleros en una cantidad, no solo para garantizar que sus vehículos no fueran asaltados, sino también para requerir de ellos escolta contra las posibles agresiones de partidas más allá de toda norma.

Se describen circunstancias que invitan a condescender con la trascendencia económica de esta fantasmagoría, cuyo poder en el campo crecía cuanto más difusa era.

Ocurrió, en plena primera mitad del siglo décimo octavo, que la falta de alguien a quien confiar en depósito nada menos que 270.000 reales, obtenidos gracias a la venta de 1.000 fanegas de tierra pública, obligó a guardarlos en un arca de tres llaves, que en aquel caso se custodiaba en una sala del correspondiente edificio municipal, a cuya puerta, por obra de la pericia de un cerrajero urgido por la angustia de los responsables del ingreso, se pusieron cuatro cerraduras más. Las siete llaves fueron repartidas entre el corregidor, cinco capitulares y el escribano de cabildo. Recelando todavía que aherrojar la puerta fuera seguridad suficiente, el cuerpo de guardia del regimiento de milicias de la población fue trasladado al edificio, donde de noche, mientras el dinero estuvo allí, permaneció en la habitación que antecedía a la que tenía el arca, que comunicaba con el exterior.

La desconfianza puso a prueba el ingenio de los cerrajeros, quienes supieron encontrar, pera esta invariante de la cultura rural, la salida que más les convenía.

Uno inapreciable, cuyos registros permiten pensar que había contraído un matrimonio ventajoso, llegó a fabricar una cerradura a cuyo mecanismo de apertura estaba conectado un pistolete, arma que entonces denominaban con indisimulado cariño cachorrillo. Montada sobre un arca, cuando el ojo de la cerradura era manipulado de un modo irregular un resorte que conectaba con su percutor iniciaba un cartucho que disparaba un proyectil. Por el tamaño del ingenio no podía ser grande, pero al menos hería en la mano a quien había actuado de manera tan imprudente.

Otro hecho puedo ser aún más decisivo. Era obligado hacer todos los pagos que excedieran los 300 reales en moneda de oro o plata. Es posible que esta norma, décadas antes de mediados del siglo décimo octavo, hubiera evolucionado a costumbre al mismo ritmo que descendido el crédito que el receptor concedía a la moneda. En tales ocasiones habría que recurrir a medidas de seguridad extraordinarias que encarecían mucho el movimiento, porque el transporte de moneda añadía el costo de las escoltas. Si faltara una red estable de depósitos convencionales en el medio rural, para cada operación de cierta importancia, el transporte físico del metal noble amonedado sería a un tiempo imprescindible, fuente de pésimos presagios y un incremento oneroso de la liquidación.

Segundo. También es posible que la falta de los depósitos en el medio rural, necesarios para mantener cualquier negocio con el dinero, fuera consecuencia de su limitada circulación, atribuible a las características de su parte monetaria. No sería correcto generalizar, dado que las clases de moneda eran varias con distinto valor al tiempo que entre sí estaban constituidas legalmente en paridad, lo que por tanto podía tener efectos divergentes para la circulación. Pero sí es posible que su parte más valiosa, dados los antecedentes mencionados, resultara afectada.

Los tipos metálicos nobles de 1750 no eran tan complejos para el cambio cotidiano como codiciables, algo que al lector contemporáneo escapa porque toda la moneda que circula es fiduciaria. Convivían entonces dos sistemas de monedas de oro y plata, llamados respectivamente nacional y provincial. La moneda de ley nacional se fabricaba para que circulara en la península y en las colonias, mientras que el sistema provincial, de menos peso y menos ley, para evitar que se exportara, pretendía ser el subsidiario destinado a circular exclusivamente en la parte metropolitana de los dominios de la corona.

El oro nacional corría en escudos, también llamados doblones porque las unidades que de él se acuñaban eran con preferencia múltiplos. Las piezas efectivas eran de medio, uno, dos, cuatro y, sobre todo, ocho escudos. En peso, un escudo era 1/68 de marco y su ley era 22 quilates o 91,7 %. A principios del siglo décimo octavo el marco castellano, que regía toda la acuñación monetaria, equivalía a 230,046 gramos y la ley del oro se medía en quilates, de modo que el 100 % de ley eran 24 quilates. El oro provincial, además de que tenía un peso de solo 1/130,56 de la misma unidad, limitaba su ley a 21 quilates y 3 granos o 90,6 %, y se acuñaba exclusivamente en forma de veintén o veinte, así llamado porque su equivalencia con el sistema de vellón era de 20 reales.

La plata nacional circulaba en reales, unidad también con un peso de 1/68 marcos y una ley de 11 dineros o 91,7 %, valores equivalentes a los del oro. A principios del siglo décimo octavo la ley de la plata se expresaba en dineros y granos. La ley absoluta o 100 % de ley eran 12 dineros y cada dinero, convencionalmente, se componía de 24 granos. El real nacional se acuñaba en piezas de medio, uno, dos, cuatro y ocho reales. El tipo más común era el último de la serie, llamado real de a ocho. El real de plata provincial pesaba 1/77 marcos y su ley era 9 dineros y 22 granos o 82,64 %. Circulaba en unidades de medio, uno y dos reales, de las cuales la última hacia 1750 ya era denominada habitualmente peseta.

La relación entre plata y oro se había consolidado en torno a 15 a 1, lo que, a la vez que daba solidez a los dos sistemas, era una causa inmediata de los límites a la circulación. En el cambio inducía la retracción del oro. Pero, al contrario, la moneda de plata era más corriente además porque se comportaba de manera relativamente estable, se manejaba con facilidad y su transporte y almacenamiento eran comparativamente cómodos. Pero el contenido metálico de cualquiera de las monedas nobles las hacía codiciables y por tanto contribuía a deprimir toda su circulación.

Más aún ayudaba a la tesaurización en oro y plata que al mismo tiempo se mantuviera la paridad legal con el vellón. Aunque al principio, destinado a servir como moneda fraccionaria, el vellón había sido aleación de plata y cobre, para este momento era ya solo cobre. Se acuñaba a razón de 1/102 marcos en tipos de uno, dos y cuatro maravedíes. Estaba destinado a satisfacer la circulación efectiva, pero su escaso valor inducía la baja circulación de los tipos menores, el de un maravedí en particular, lo que encarecía los pagos en el dominio de los intercambios ínfimos, justo los que afectaban más a quienes disponían de menos moneda. La baja calidad de la acuñación del cobre también dificultaba la identificación de los tipos y con su uso para las transacciones comerciales importantes se perdía mucho tiempo, dada la enorme distancia entre el valor de la moneda noble, denominadora de los bienes en el mercado al por mayor, y la de cobre. Había de transportarse en grandes volúmenes y exigía mucho espacio para su almacenamiento. A tanto había llegado su devaluación efectiva que se había consolidado como una costumbre, cuando se operaba con grandes cantidades de vellón, liquidar al peso o granel y en sacos, y evitar una cuenta que resultaría tan enojosa como interminable.

En paridad con el vellón se mantenía un sistema nominal o métrico, puesto que también servía como moneda de cuenta; lo que legalizaba una arriesgada y estable circulación fiduciaria, con evidentes ventajas para los autores de los balances, en detrimento de la circulación. En este sistema convencional, en el que un real de vellón equivalía invariablemente a 34 maravedíes y un cuarto a 4, un ducado se contabilizaba como 375 maravedíes, inflación tolerada y admitida sin réplica, puesto que en denominación un ducado contable eran 11 reales. A partir de mediados de siglo, tanto para el negocio como para la contabilidad, se impusieron el peso de vellón, también unidad de cuenta equivalente a 15 reales y 2 maravedíes, los reales de 34 maravedíes y los maravedíes. No obstante, cualquier cambio de valor intrínseco de la moneda circulante era compensado en la moneda de cuenta. Si la moneda corriente subía su valor, la de cuenta bajaba su equivalente valor intrínseco teórico, y viceversa.

Aun así, la inflación monetaria durante aquellos años fue muy limitada si se la compara con la frecuentada en otros momentos, lo que asimismo tuvo que contribuir a limitar la cantidad de dinero que circulara. La política monetaria consistió, en lo fundamental, en el incremento de la tarifa del oro de ley en un 25 % en relación con el vellón y en un 37 % para la plata de ley. La consecuencia fue que para 1750 el vellón se había estabilizado en términos de oro y plata. Entonces el escudo de oro nacional fijó su tarifa en 37 reales 22 maravedíes de vellón y el veintén en los que su nombre expresa, 20 reales de vellón. Para el real de plata nacional la tarifa del vellón quedó fijada en 85 maravedíes y en 68 para el provincial, con una clara tendencia a hacer desaparecer el premio de la plata, o ganancia reconocida a favor de la moneda noble en las operaciones de cambio dentro del sistema. Se ha estimado que entonces la equivalencia entre el maravedí de vellón en gramos de plata pura fue de 0,03631, probablemente la más estable de toda la época moderna, puesto que la vigencia de este cambio real al parecer prolongó sus efectos a todo el periodo comprendido entre 1738 y 1771.

Es muy probable que estas decisiones monetarias, asimismo, fueran causas eficientes para que los precios no se lanzaran al incremento positivo, al tiempo que evitaran la prolongada caída que conocían otras economías, y que por tanto el balance fuera su predominante estancamiento. A juicio de los analistas sobre documentos numismáticos, aun así, eso no acabó con el exceso de circulación de cobre, que seguía siendo crónico, y la causa que refractaba la paridad efectiva con el sistema de ley en contra de la circulación noble. Por eso se mantenía latente el premio en torno a 1,5 %, aunque este valor fuera muy inferior al de otras épocas. El efecto que esto tenía para una parte de la circulación era que se traficaba con plata a larga distancia para obtener beneficio de las diferencias entre mercados con el premio que compensaba su intercambio con el vellón, lo que pudo deprimir la circulación noble en las zonas drenadas.

La vigencia de la expresión de los valores monetarios en moneda de cuenta, de cuyo éxito universal no es posible dudar cuando se observan los hechos a través de los documentos de la época, también debe ser admitida como indicio de la limitada circulación monetaria, puesto que esta versión de la forma fiduciaria pudo satisfacer ampliamente, a través de la consignación en papel, las transacciones de menor entidad. En consecuencia, podría aceptarse que la cantidad de moneda noble que circulaba en la región entonces tal vez resultara poca absolutamente, y en particular para atender a la demanda de bienes en todos los mercados, incluido el financiero, donde se operaba con denominaciones a partir de los 300 reales.

Tercero. Pero no todos los hechos relacionados con la moneda noble señalan en la misma dirección. En la década de los cuarenta la contracción de las importaciones de metal desde las colonias, que fueron obstaculizadas por la beligerancia de la armada británica, tuvo que ser un factor decisivo para la disminución de la cantidad de dinero que circulara.

Habiendo sido apresado por un buque español, el contrabandista inglés Robert Jenkins, para su escarmiento, fue castigado con la mutilación de una de sus orejas, trato al que entonces se hacían acreedores los piratas. La conservó separada de su cuerpo gracias a algún procedimiento que el tiempo ha arrasado, con el propósito de presentarla ante su Parlamento como prueba de escarnio. Consiguió a cambio nada menos que una declaración de guerra a la monarquía hispánica, cuando ya la armada británica, porque el reino insular había acumulado potencia para aspirar al dominio de los mares, buscaba imponerse a la de sus oponentes.

A causa de la que a partir de entonces sería conocida como Guerra de la Oreja de Jenkins, también llamada Guerra del Asiento, entre 1739 y 1748 se enfrentaron las armadas británica y española. Algunos la justifican como una consecuencia oportunista de las circunstancias por las que atravesaba el gobierno de Walpole, el primer ministro británico, cuya estabilidad, que estaba comprometida, quedó momentáneamente salvada por la apuesta bélica. Pero también es cierto que se quiso aprovechar para saldar viejas cuentas, pendientes desde que la guerra de sucesión al trono hispánico, a comienzos del siglo décimo octavo, modificó el orden continental. En su transcurso se había dirimido por los derechos al asiento y al navío de permiso, que se oponían al derecho de visita. Por los primeros, los británicos habían ganado, tras aquel enfrentamiento entre potencias, el comercio de esclavos en el espacio colonial español y la importación al mismo de 500 toneladas de mercancías al año. A cambio, los buques españoles podían ejercer la potestad de inspeccionar los británicos que encontraran navegando por sus dominios.

La guerra causada por la oreja tuvo su escenario principal en el Caribe, memoria engolfada del canibalismo. La consecuencia de la concentración de las hostilidades en el mar interior del comercio hispánico en América fue que entre 1740 y 1748 la producción colonial de metales monetarios quedó retenida. Solo al final de la contienda la carencia se vería aliviada. Una memorable travesía, la del Glorioso, que en 1747 consiguió arribar desde La Habana a Corcubión con cuatro millones de pesos, tras eludir sucesivos ataques de los navíos británicos, marcó el final de las penurias. La llegada a partir de entonces de los metales retenidos en las colonias entre 1740 y 1748, así como pudo contribuir a que la masa de moneda circulante fuera poca, hubo de ser causante directo del incremento, cuando ya terminaban los años cuarenta, de las mayores posibilidades para la circulación monetaria.

Cuarto. Parece también que el intercambio de documentos financieros, que podían suplantar la circulación de la moneda con la ventaja de acelerarla, era aún muy escaso en el campo. Sirviéndonos de una muestra, solo hemos podido detectar en una población, de primer orden, una persona que cursara letras. Como el límite que divide en dos clases primordiales la población del territorio, según la misma manipulación de las fuentes, se puede fijar en torno al valor 3.000 habitantes; excluidas las dos grandes ciudades de la región relacionadas con el comercio internacional, se puede dar por cierto que sería una excepción, reservada a los núcleos rurales de mayor tamaño, que en ellos se hubieran naturalizado financieros conectados con los circuitos del dinero, que admitieran depósitos y estuvieran en condiciones de comprometerse con la emisión de cartas de crédito. Es probable que las finanzas alimentadas por el comercio que cubría mayores distancias tuvieran muy poco sitio en el medio rural. El dinero bancario apenas participaría en el crédito de las poblaciones del sur, que tenían casi toda su economía descargada sobre las actividades agropecuarias.

Peo no se podría decir lo mismo de los documentos emitidos por sus financieros naturales, los administradores y mayordomos que operaban de manera estable en las poblaciones de más de 3.000 habitantes, las mismas que sumaban algo más de la décima parte de los lugares habitados y concentraban a los dos tercios de la población, aunque solo a la mitad de la rural. Había en ellas una notable gama de activos laborales, de ninguna manera excepcional, cuya ocupación estaba relacionada con el manejo del dinero. A pesar de que apenas se detecte su presencia en las poblaciones por debajo de aquel límite, también en algunas de las menores hay indicios suficientes de su trabajo; incluso parece que la condición señorial incrementaba la posibilidad de que en los núcleos rurales de orden inferior ejerciera alguna persona con esta dedicación, si bien es muy probable que no lo hiciera en aquellas cuyo tamaño quedaba por debajo de los 1.000 habitantes. Si aceptamos todas estas condiciones, se puede afirmar que la de financiero rural era una actividad consolidada, que ocupaba a tiempo completo a quien la ejercía, en una quinta parte de las poblaciones de la porción suroccidental de los territorios europeos bajo soberanía borbónica.

Las cifras absolutas que expresan el alcance de esta ocupación en cada lugar son siempre pequeñas; dos, tres personas, a lo sumo cinco o seis. Pero, dado que en ocasiones las fuentes prefieren expresarse de manera vaga, para evitar una declaración precisa del tamaño de ese grupo; y que es posible servirse de las rentas tipo que deducen como utilidad personal sus componentes, se puede aventurar que, donde más, actuarían como máximo una docena de estos hombres. Los textos prefieren llamarlos administradores, una denominación que tiene valor genérico y que puede ser consecuencia, más que de la descripción de los hechos, de una decisión tomada por los autores de los documentos. Aun así, permite deducir que quienes cotidianamente manejaban el dinero del campo eran personas cuyo trabajo consistía en la gestión de los gastos y los ingresos de otros.

Cualquiera de las instituciones arraigadas en aquel medio podía, si sus rentas eran lo bastante grandes, contratar a su propio administrador. Eran más frecuentes los de conventos y más aún los de patronatos. También tuvieron importancia los que manejaban las rentas de personas e instituciones eclesiásticas, a veces mencionadas de esta manera tan imprecisa. De los que trabajaban para los órganos estrictamente canónicos, son citados los administradores de las fábricas parroquiales. Pero en otras ocasiones son señalados los gestores del subsidio, la contribución que cada clérigo hacía a los gastos de la corona, previo el acuerdo con Roma sobre el montante que debían alcanzar los servicios no espirituales que le debía su iglesia. Parece que en este caso no se trataría tanto del manejo de las rentas ingresadas por cada institución como de la contratación de la destreza contable para calcular con rigor la porción del ingreso que fuera necesario transferir.

De las civiles con injerto canónico son mencionados los administradores de hospitales, cuya actividad, de volumen tan grande como grande fuera la población servida, podría justificar el recurso a este grado de especialización; y los de cofradías, raramente notables; y también administradores de capellanías vacantes, encargo que debe entenderse al servicio de la provincia eclesiástica. La frecuencia de las oposiciones entre aspirantes al mismo beneficio habría convertido en estable esta actividad, necesaria hasta tanto fueran resueltas las colaciones, en los lugares con mayor número de iniciativas de la clase más frecuente entre las inmovilizadoras.

Se mencionan como administradores relacionados con la gestión de rentas civiles los de propios y arbitrios, el sistema para la financiación de los municipios. En relación con ellos también se consignan unos administradores de cobranzas y caudales de forasteros, probablemente rama derivada de aquel tronco cuando fuera notable el volumen de las obligaciones contributivas de los no residentes, que solían derivar del aprovechamiento agrícola del suelo bajo la jurisdicción municipal o término. También son citados administradores que genéricamente se llaman de bienes seculares, manera de expresarse cuya interpretación correcta parece que debe ser la gestión de patrimonios privados, estuvieran inmovilizados o no.

Pero también se emplean alguna vez, para referirse a estos personajes, otras voces que remiten a unos ámbitos aún más precisos. Sobre todo se identifican mayordomos profesionales empleados al servicio de una casa –la unidad productiva más compleja, entre las antiguas, sostenida sobre la cadena biológica que proveía la familia–, a los que designaba para que se ocuparan en la gestión de sus recursos. Así, alguien podía identificarse expresamente como mayordomo de la hacienda de un señor, aunque la mayordomía no siempre tenía esta carga de fidelidad. En la organización de al menos una parte de las instituciones precedentes era un cargo reglamentario, si bien previsto para cumplir con el mismo fin. Tales los mayordomos de fábrica, o los que en algunos municipios eran ocupados en la administración de los propios.

Además de los gestores que trabajaran para personas o cuerpos, todavía las fuentes, como financieros relacionados con el medio rural de primer rango, señalan a los arrendatarios de rentas. Eran personas que habían tomado a su cargo, previo contrato de cesión, el cobro de los ingresos de cierta entidad, que por su parte había preferido evitar el gasto que originaba esta parte de su negocio. El procedimiento para arrendarlos era en todo similar al seguido para la cesión del cobro de cualquiera de ellos: subasta a la baja, remate al mejor postor, subasta al alza y adjudicación final con reconocimiento de prometidos, nombre que en las pujas daban a la remuneración de las mejoras. Los había de los propios y arbitrios allí donde se hubiera optado por esta modalidad de captación y traslado del ingreso. También de los que en los textos son llamados ramos de rentas provinciales, contingentes a pagar por las actividades que se habían comprometido a liquidar anualmente los principales ingresos de la corona, que en lo fundamental eran alcabalas, cientos y millones.

Para una parte de la historiografía, basta con mencionar los arrendatarios de las rentas de la corona, porque los admiten como los financieros más potentes de la época moderna, gracias a unos recursos que estaban muy por encima de los que acumulaban cualquiera de los comerciantes que actuaban en aquel dominio, para reconocer la vigencia en las poblaciones del negocio con el dinero. Participaban en él extranjeros y casas nobiliarias formando compañías, y está demostrado que sus líderes organizaban consorcios que les permitían ampliar el riesgo, a la vez que extendían la participación en el negocio hasta su medio natural. Sujetos abonados, activos en la agricultura de los cereales, les facilitaban préstamos a condición de que les dieran parte del beneficio en perspectiva o pudieran llevar intereses.

Pero sobre todo se mencionan los arrendadores de los diezmos, tanto del grano como de maravedíes, carga de la décima parte de todo el producto bruto agropecuario bien del cereal bien del resto de producciones, liquidables estas en sus correspondientes valores monetarios –de ahí la denominación simplificada– y no en cada especie. Aunque no sea fácil disponer de pruebas fehacientes tan explícitas, sí es posible comprobar que los comerciantes de grano, cuyo medio de actividad obligado también era el campo, formaban sociedades para el arrendamiento del diezmo en especie con la suficiente potencia financiera como para invertir, si la oportunidad se les brindaba, en el negocio del crédito.

Generalmente estos gestores eran civiles, aunque para patronatos, capellanías vacantes y hospitales a veces fueron preferidos administradores eclesiásticos, expresión ambigua que no obstante podemos admitir como especificativa. Una parte de quienes se ocuparan en esta actividad sería aparato de la única iglesia organizada en los dominios de la monarquía hispánica. Donde se detecta trabajo financiero del clero, y al mismo tiempo se explican las proporciones entre esta fracción y la otra, la combinación más compleja que descubre el análisis de esta población activa, se puede deducir, a juzgar por el producto que se les estima, que una sexta parte serían eclesiásticos y las otras cinco seculares.

Todos eran profesionales del manejo contable bajo contrato que se encargaban de la gestión económica desde una posición independiente, aunque normalmente, por las corporaciones que recurrían a ellos, se les exigía solvencia, e incluso garantizar las operaciones con avales suficientes que se fundían con el dinero que administraban para, una vez cumplido el encargo, responder de los alcances o déficits que pudieran resultar. Los fiadores que los avalaban constituían con ellos, en el mismo momento que firmaban sus obligaciones, una sociedad, de modo que todos se convertían inevitablemente en corporaciones financieras. Incluso se podría decir que alcanzaban el grado de instituciones de esta clase cuando servían en cargos prescritos por los reglamentos de los organismos económicos que los contrataban. Porque actuaban a su propio riesgo durante el periodo por el que eran empleados y disponían con libertad, entre cada dos balances, de todo el movimiento de capital de las instituciones para las que trabajaban, con el que podían negociar, aun expuestos a que los movimientos del mercado en poco tiempo les resultaran adversos, estaban en la mejor posición para actuar como inversores en el negocio del dinero por iniciativa estrictamente privada.

Hemos detectado indicios suficientes, que se pueden sostener sobre datos muy explícitos, para suponer que tales consorcios, cuando las circunstancias les favorecían, pudieron actuar con ventaja acogiéndose a las posibilidades legales que les ofrecían las instituciones más características del medio rural. Cualquiera de los interesados en la actividad financiera, fueran eclesiásticos o civiles, porque se sintieran necesitados del aval de las escrituras, o porque las tuvieran más a su alcance, estaba en condiciones de servirse de una corporación protegida por el canon para intervenir la actividad crediticia abierta.

Es posible también que fuera habitual que tal clase de corporaciones hiciera el papel de mediadora en la inversión de las rentas de sus miembros, colectiva o personalmente; quienes pudieron arriesgar una cantidad propia, cuyos intereses, en los que ellos posteriormente participaban como parte del colegio, cedían a la institución a cambio de su cobertura legal. De la gestión se encargarían los administradores, los que de acuerdo con ella pudieron colocar, además de aquel dinero, el suyo propio, sirviéndose de la cobertura que podía proporcionarle su posición.

Esta sociedad tendría el inconveniente del reparto de los intereses, ya bastante limitados cuando se operaba en el mercado rural, y cualquiera de estas decisiones tendría que ser marginal porque arriesgaba el rescate del principal sin otra compensación, al menos aparente.

Quinto. Entre quienes vivían en las poblaciones, para los que el dinero era una especie tanto más rara cuanto menor fuera el tamaño de aquellas, la causa inmediata de la poca circulación era atribuida a la detracción fiscal, invariablemente requerida en moneda, y a la recaudación de toda clase de rentas, que en una proporción importante la preferían. Así actuaba el rey, que atendía con sus ingresos sobre todo el gasto militar, así actuaban los grandes perceptores del diezmo y así se comportaban los grandes rentistas de la tierra. Todos demandaban moneda de calidad, exigencias que podían inducir a la tesaurización del metal circulante para hacer frente a ellas cuando llegara el momento de las liquidaciones, a la vez que contraían la capacidad de intercambio en cualquiera de los mercados rurales. El efecto sería más acusado, aunque se vivieran tiempos monetariamente serenos, en las áreas con economías cuya masa de moneda en movimiento había sido espontáneamente limitada, como eran las entregadas a la producción agropecuaria, donde siempre una parte no insignificante de la actividad quedaría resignada al autoconsumo. Recaudación de las rentas y obligaciones fiscales tampoco alimentaban la circulación de moneda en este medio porque el gasto de sus perceptores se concentraba en los grandes mercados, donde la moneda de calidad a su vez sería acaparada, para no salir de este circuito, por los grupos vinculados al comercio al por mayor, interesados en monopolizarla –una práctica posible– para estimular su encarecimiento.

A la falta de excedentes agrícolas en manos de quienes sostenían las empresas de menor tamaño atribuye otra parte del análisis la limitada circulación del dinero en el medio rural. El estancamiento de los precios habría disuadido de la inversión a quienes arriesgaban a aquella escala de la actividad. Los responsables de las pequeñas explotaciones agropecuarias, a consecuencia de tal comportamiento de los mercados, dispondrían de menos margen para afrontar los riesgos que mantenerlas tenía. Otros creen que la escasa circulación de dinero en el medio rural pudo ser consecuencia del costo del transporte del grano, cuyo incremento relativo estimuló a su vez una excrecencia que conduciría al mismo estancamiento de la producción. Y así sucesivamente.

Sexto. Para observadores cualificados la escasez de dinero hábil en cualquier circuito del intercambio era un tópico inevitable en la época. Negar que fuera cierta la limitada circulación de dinero en el campo, al menos para mediados del siglo décimo octavo, puede ser igualmente razonable porque no faltan analistas que estiman importante la masa monetaria entonces en circulación. Algunos advirtieron que contribuía a la creciente circulación de moneda en todas partes la obra pública, concentrada ya en la mejora de las vías de comunicación, porque en dinero se pagaba a quienes en ella trabajaban; aunque los datos que es posible reunir sobre esta clase de hechos, quizás solo relativamente escasos, dada la fiebre de ingeniería civil de la segunda mitad del siglo, no contribuyen a una opinión a favor de esta tesis. Pero sí habría que tomar en consideración otra posibilidad, el incremento contemporáneo de la actividad industrial en el sur occidente, cuyo origen contaría como estímulo indirecto con el simultáneo estancamiento de los precios agrícolas.

En la literatura moderna industria era ingenio. La voz hacía referencia directa, entre otras, a cualquier iniciativa que permitiera incrementar sus rentas a quien en el campo se ganaba la vida. Podríamos multiplicar los testimonios de quienes en el medio rural a todo tráfico encontraban los medios que lo facilitaban. Al tiempo que cultivadores, podían ser, durante otra parte del año, porque cada ciclo agrícola por naturaleza liberaba tiempo, la dimensión en la que se realiza el trabajo, promotores de obras en edificios o con más probabilidad, haciendo uso de su capital ganadero, transportistas.

En la región a estas industrias habituales, para mediados del siglo décimo octavo, se sumó el mayor peso de otra, cuya trascendencia no es del todo compartida aunque está relacionada con el origen de una parte sustantiva de la economía más reciente. Ya en el siglo décimo octavo áreas muy significativas conocieron un alto grado de industrialización, si no óptimo, sin duda acorde con los medios disponibles en el momento. La gran iniciativa de entonces tuvo su origen en el olivar, cuya producción dio principio a la mayor industria agroalimentaria que jamás haya existido en la zona. Nuestros antepasados consiguieron entonces llevar a un límite digno de reconocimiento las posibilidades que la vida ofrecía a las poblaciones cuyas raíces estaban en la agricultura.

La expansión de este cultivo aprovechó las normas de la colonización permanente, en ningún momento derogadas en las tierras castellanas, y por tanto plenamente activas en el último siglo de la época moderna. En lo fundamental esta fórmula de asentamiento de los pobladores garantizaba el acceso al dominio del suelo a cambio de su puesta en cultivo. Parece que en las tierras bajas de la región, donde se había impuesto el arrasamiento de la vegetación arbórea como premisa para dedicar el mejor suelo al cultivo del cereal, fue excluido del premio del dominio el roturado con este otro fin. La premisa que pudo recomendar aquella manera de actuar, emergente en los principios que inspiraron las políticas de población medievales, tal vez fuera que mientras los cultivos herbáceos, de ciclo inferior al año, carecían de capacidad de radicación de las poblaciones, los cultivos arbustivos y arbóreos inducían la permanencia de los pobladores en el lugar donde habían sido iniciados, porque no empezaban a rendir fruto hasta pasados los años. Se podría decir que tratándose de cereales regían, y sobre todo se imponían, las tiránicas leyes de la economía, mientras que para el resto de los cultivos prevalecía el criterio de población, justificado por el instinto de supervivencia. Por lo que sabemos de las tierras periféricas de media montaña, la misma fórmula pudo dar origen allí a políticas similares, con la diferencia de que por la menor presencia humana en aquellos lugares todos los cultivos fueron útiles para crear al menos algún derecho sobre la tierra.

La expansión del olivar, cuyo cultivo tenía serias ventajas para las agriculturas marginales, estaría en el origen de tan potente iniciativa industrial, que hubo de inyectar dinero metálico en el medio rural, puesto que el signo era necesario para la parte de los intercambios que el trabajo de la producción del aceite necesitaba, como se ha demostrado cuando se ha documentado de primera mano esta actividad. El valor relativo de este producto, muy por debajo del que proporcionaba el grano, aun así limitaría el alcance que la industria del aceite pudiera tener para la circulación de moneda.

Séptimo. Pudo contribuir también a que sobreviviera, ya solo como idea, la creencia en la escasez de instituciones dedicadas al comercio financiero en el campo la secular ocultación de la usura, efecto de su exclusión moral. La iglesia romana, que desde la época medieval, por contraprestación, disponía del poder sobre la conciencia, había proscrito el interés y la había condenado. La consecuencia fue que entre los siglos décimo cuarto y décimo octavo los prestamistas hubieron de sobrevivir entre la condena moral y la persecución. Como la iglesia occidental los había estigmatizado, la corona, que por razón de estado había renunciado a tener convicciones morales propias, los había declarado fuera de la ley. Para los primeros críticos de la economía política tan injustificables actitudes fueron responsables directas del maldito atraso material, porque bloquearon la transferencia de capitales y su inversión en los sectores productivos de mayor rentabilidad.

Decisiones tan severas no impidieron que existieran los prestamistas, como no acaba con los robos que las oficinas de los bancos, para conocimiento de cuantos ladrones lleguen a sus puertas, afirmen con seriedad, mediante un cartel colgado a la entrada, que se declaran antiatracos.

Por sorprendentes, han sido reiteradamente descritas algunas fórmulas que estuvieron destinadas a mantener este negocio a la vez activo y en la sombra. Lo más frecuente, cuando se deseaba ocultar la transferencia de capital con fines lucrativos, era el recurso a la compraventa de dinero implícita en operaciones de adquisición de otros bienes, bien forzadas bien ficticias.

En el campo, de la primera clase era la liquidación por adelantado de la cosecha a un precio inferior al estimado para el momento de la recolección. El prestamista, que actuaba como comprador, dispondría con ventaja de al menos una parte de la producción y el deudor fiaría a una excelente cosecha la liquidación de la deuda y su posible beneficio. Una variante de la fórmula incluía el derecho a recuperar lo que se hubiera vendido, de modo que el vendedor primero, además de conseguir al comienzo del ciclo el crédito necesario, podía enjugar su gasto financiero mediante la venta ya libre de su cosecha, una vez recomprada al final; transacción en la que el primer comprador, al revender al productor, imponía los intereses que el mercado le permitiera.

Otra forma de adquirir crédito mediante compra viciada, que introducía nuevos elementos al tiempo que modificaba una parte de las piezas del procedimiento anterior, al parecer aún más popular que este, fue la que consistía en adquirir primero una mercancía a plazo para luego venderla por debajo de su precio, y de esta manera asegurarse el efectivo que se necesitara. El vendedor primitivo podía ser su recomprador. Se podía ocultar el interés agregando a la venta cuyo pago se aplazaba una cantidad de dinero. La necesidad de disponer de numerario toleraba que se evaluara el bien, en el momento que se vendía a plazo, a un precio alto. Variante de este procedimiento era asimismo cualquier venta en la que el supuesto vendedor de una mercancía, habitualmente con la mediación de un corredor, tomaba de otro la cantidad de dinero de su valor, teóricamente por debajo del habitual para justificar que la compra se hiciera entre las partes. En realidad, quien recibía el dinero quedaba como deudor.

Otra versión de esta clase de transacciones, también usada entre labradores, era comprar a uno de ellos nominalmente alguno de sus bienes, sobre todo el ganado, para a continuación cedérselo en arrendamiento. El bien no salía del dominio de su dueño, a sus manos llegaba el importe acordado, que era el principal o préstamo y lo que entregaba a título de renta por alquiler los intereses. Algunos han detectado en estas ventas la participación de traficantes, arrieros y comerciantes de granos, lo que los convertiría, según pretenden, en los prestamistas naturales del medio rural.

El vocabulario referido a estas operaciones ha terminado siendo habitual en la literatura especializada que concentra su interés en detectar cuantos subterfugios del crédito sean posibles: venta a carta de gracia, barata o mohatra, venta seca, cambio seco. Es posible que todas estas modalidades ganaran algunas oportunidades de medrar a costa de las explotaciones agrícolas marginales, y más probable, según creemos, una vez completado el análisis que en su momento presentaremos, que apenas tuvieran relevancia para las labores, el centro del sistema productivo de los cereales, porque sus promotores prefirieran recurrir a formas más hábiles de la cesión del dinero.

El crédito, tan inevitable como los parientes, tentador como la carne, podía actuar sin complejos y sin obstáculos judiciales ya avanzada la época moderna, a pesar de lo cual la parte más complicada de las correspondientes operaciones contractuales siguió siendo, en el medio rural, la que debía darle cobertura jurídica, dado que los escrúpulos morales la opinión rural los mantendría inalterados desde la baja edad media hasta fines de la moderna.

En el negocio con el dinero que operaba en el campo se había perpetuado la carga de prejuicios acumulada durante siglos, que lo indujo a mantener una combinación de fórmulas subrepticias que fueran adaptándose a las oportunidades. Sería la consecuencia de aquella costumbre acendrada, dado que donde el crédito había querido actuar para camuflarse se había visto obligado a recurrir al ingenio. Quería ponerse a cubierto de la denostada usura, puesto que no deseaba ser visible, a un tiempo con propósitos morales y de seguridad legal.

En consecuencia, creemos que las instituciones que regulaban el crédito rural eran de una condición que las acercó tanto a la vida diaria, y las hizo tan familiares, que las hizo poco visibles.


La memoria impropia

Narrador
Replicante primero
Replicante segundo
Contradictor ocasional

Los datos que proporciona la documentación de pleno siglo décimo octavo, cuando se refiere a los censos, la fórmula contractual más explícita de cuantas sostuvieron en aquel medio el crédito, o a los que con más precisión clasifica como censos a favor, el interesado con más probabilidad los encuentra registrados en las colecciones dedicadas al asiento de los bienes eclesiásticos. Es la referencia más exacta a la cobertura del crédito en el campo, a un tiempo moral y legal, que los acreedores estaban dispuestos a confesar.

Una parte de las fórmulas utilizadas, sostenidas sobre los entramados de instituciones civiles acogidas al canon de la iglesia romana, fueron admitidas por la ley, mientras que las demás que pudieran utilizarse, sin dejar de ser legales, estarían destinadas a la ocultación del fin real del negocio contratado y por tanto no emergerían en las declaraciones de los ingresos obtenidos del patrimonio. Creemos disponer de datos que autorizan a hablar en estos términos, que en este momento pueden resultar algo herméticos.

Los redactores de aquellos documentos, en muchas ocasiones, prefirieron utilizar la palabra memoria, denominación formal de la capellanía común o simple, con un sentido contable. Para quienes así la empleaban era una clase de renta, clasificada en la categoría general de censo a favor, y aludía a cualquier modalidad de transferencia causada por aquella forma inmediata de la piedad. Concebir así la memoria estaba justificado por una sólida tradición.

Según la documentación conservada, para ingresar con frecuencia anual partidas de capital líquido, aunque fuera en cantidades modestas, un mecanismo que alimentó los fondos de las instituciones que aceptaran estos encargos fue el gravamen sobre un bien que aportaba cantidades de escasa relevancia, a cambio de la atención regular a este monumento litúrgico. Tiempo antes, alguien había decidido cargar uno de sus bienes, o todos, con la obligación de un pago, que debía parar cada año en manos, por ejemplo, de un colegio de beneficiados. Como réplica, este quedaba sujeto a dar las satisfacciones espirituales correspondientes a una memoria. Así, sobre una casa, que se había transmitido dentro de la línea de los dueños que la cargaron, en 1495 pesaba una obligación a favor de aquel colegio de 40 maravedíes al año.

Otra instantánea del ingreso de capital, que también permitían observar los documentos, probablemente descriptiva de una situación algo más evolucionada que la expuesta precedentemente, pero no del todo diferente, complicaba las relaciones. Una persona había dejado todos o una parte de sus bienes a un tercero, habitualmente instituciones como cofradías, fábricas o incluso los beneficiados de cierta parroquia. Los receptores, por efecto de la transferencia, quedaban obligados a pagar una cantidad anual al mismo colegio de sacerdotes, deducida de los bienes señalados, a cambio de la memoria, que habría sido cargada previamente sobre ellos.

Probablemente, así descrito, puede parecer algo artificioso lo que solo es un momento de un proceso administrativo. La explicación de un caso puede bastar para aclarar los términos concretos del hecho, aunque quizás no para desvelar del todo sus causas. En 1458 un hombre, a través de su testamento, legó una casa a una fábrica parroquial, con la carga de 100 maravedíes, que debía percibir cada año una corporación de beneficiados a cambio del cumplimiento de una memoria, a cuyo cargo estaba su liturgia, antes cargada sobre aquel bien. A partir de aquel momento la receptora de la donación, la fábrica parroquial, si quería disfrutar del legado tendría que satisfacer, a favor de la corporación beneficial, la cantidad anual mencionada.

Esta clase de transferencias fue una vía regular de adquisición de renta en la baja edad media. Como posibilidad más respetuosa con la letra de los testimonios, se debe admitir que la mayor parte de las donaciones recibidas en dinero por la corporación de referencia antes de 1420 fueron modestas limosnas anuales a cambio de memorias, que no obstante fueron garantizadas haciendo recaer la obligación del pago sobre un bien. De otras 26 donaciones, registradas entre 1420 y 1532, de las que sin embargo se ignoraba quiénes habían sido sus autores, a excepción de una consumada en 1508, se puede tener la certeza de que estuvieron sujetas a esta fórmula. Las cantidades de este modo comprometidas oscilaron entre los 30 maravedíes y los 1.000, aunque raramente sobrepasaron los 200. La más habitual fue 100, pero también fue muy atractiva la mínima. El grupo que los valores por debajo de 100 formaban era casi igual al que puede formarse con los que se encuadraban en la siguiente centena.

Una parte de las personas obedientes a la teocracia romana, de poderes tan sólidos que sus siervos se declaraban resignadamente fieles, a institutos complicados con ella haría donaciones, sin esperar a cambio nada distinto a las recompensas litúrgicas, y, por su medio, trascendentes y espirituales, prodigadas por aquellos. Vender ritos a cambio de una limosna garantizada por una obligación podía ser tan poco arriesgado como lucrativo. Su oferta por el cuerpo de los beneficiados, que representaba la aristocracia del clero, pudo parecer suficiente y atractiva para quienes solo desearan atender la conmemoración de su paso por la tierra o el de sus antepasados; ficción cuya recompensa, para una parte de los atrapados por aquellas creencias, pudo ser más reconfortante que el negocio más rentable. El servicio podía liquidarse anualmente, sin más compromiso que la sujeción de un bien, y la corporación no tendría más que recibir renta líquida.

Las donaciones de limosnas con garantía, por voluntad de ciertos fieles, serían la consecuencia de las excéntricas aspiraciones a mantener viva, para siempre, la memoria de su paso por la tierra. Tan loco deseo llevó a una parte de los propietarios al exceso de condenar al menos una porción de las rentas de sus adquisiciones, convertidas en patrimonio, a la inmovilidad, para que pudieran generar ingresos con aquel fin. Ninguna responsabilidad, en una decisión así, puede atribuirse al receptor. El tercer elemento, lo inmovilizado, parece una necesidad correspondiente al plan concebido por hombres extraordinariamente piadosos.

Esta modesta manera de participar en la circulación de la renta, característica de la baja edad media, sobrevivió, aunque muy atenuada. Como medio de captación, al menos en la documentación de referencia, solo reaparece en cuatro ocasiones en el siglo décimo séptimo, pero tuvo que ser un hecho consolidado, que consiguió perpetuarse, al menos para una porción de los casos registrados posteriormente.

Una consecuencia de este modo de actuar, que hubiera sido relevante para el mercado de los créditos, pudo ser que estas rentas fueran atesoradas para luego ser utilizadas como principal en una operación abierta de crédito. Casi nunca fue así. Los ingresos generados por las primeras memorias raramente sirvieron para formar capitales aptos para operar en el mercado del dinero. De haberse actuado de este modo hubiera sido necesario, al mismo tiempo, renunciar a una parte de la generación de renta cada año, lo que le quitaría sentido a la existencia de la corporación que se beneficiaba de ella.

Entre comienzos de la época moderna y 1806 quedó registrada una tercera forma de sostener la memoria, no incompatible con las precedentes, ya ensayada en la edad media. El fundador la encargaba al colegio de los beneficiados a cambio de la cesión de un capital, que se declaraba, y no de réditos, para cuya seguridad se hipotecaba un bien, con preferencia una casa. Parece absurdo y cuesta aceptarlo, y no excluimos que nuestra lectura sea errónea, pero honradamente debemos presentarlo como un hecho rigurosamente cierto. Por separado, hemos analizado una y otra vez los términos de los contratos, para verificar si nuestra interpretación era correcta, y la hemos confirmado tantas veces como hemos repetido el análisis. Hubo promotores de memorias que a cambio donaron un capital con garantía hipotecaria.

La diferencia más visible, respecto a las imágenes precedentes, es que la denominación de la cosa donada, el capital, en la documentación se conservó en reales, por razones prácticas, consecuencia tanto de su tamaño como de las nuevas circunstancias monetarias, aunque a veces se prefirió hablar en ducados. A la vista de los testimonios, de nuevo se llegaba a la convicción de que lo que en esta ocasión nos permitían ver los documentos era otro momento procesal de una clase similar de operaciones, y así lo discutimos reiteradamente, a partir de aquella observación.

De la misma manera que, para los tiempos precedentes, hubo donaciones de rentas en sentido propio, aunque resulte más complicado detectarlas, una vez ideado el procedimiento para transferir rentas garantizadas, la posibilidad de seguirlo a la letra quedó abierta y fue seguido en proporciones superlativas; como si gracias a la ley de amnistía, concebida para garantizar la impunidad a quienes cometieron delitos contra los derechos humanos, hubieran salido de las cárceles la masa de los desorientados por sus convicciones, activistas en favor de mejores condiciones para la iniciativa política que a causa de su ineptitud habían caído en manos de la policía.

No se debe excluir esta enajenación transitoria ni negarle racionalidad, dado que todas las razones proceden de la moral y la moral afortunadamente nunca ha sido invariable. Supuesto que tras la muerte el alma puede disfrutar de una vida celestial, y que los sufragios allanan el camino para los que aspiran a este bien, invertir algún dinero en misas post mortem pudo parecer una decisión correcta. Nadie podrá negarle rigor económico a semejante manera de pensar.

Ocurría por último que de otras casi treinta iniciativas a favor de la misma institución, tomadas entre 1647 y 1783, solo podía decirse algo similar a lo que ya habíamos observado para las donaciones de capital de la época moderna, no exactamente lo mismo. Aunque quienes suscribieron el capital registrado, a partir de aquel momento, quedaron inscritos como fundadores de sus respectivas memorias, como origen del capital solo hacían referencia a la imposición de aquella carga sobre un bien, no a la procedencia de la cantidad que constaba como capital. Esta versión de la fórmula, más allá de los detalles de forma, para los ingresos regulares de la corporación no dejaba de ser similar a la más antigua. En efectivo, la cantidad que cada año ingresaba también la suministraban las rentas deducidas de cada donación.

La vigencia de esta manera de actuar pudimos confirmarla a través de la contabilidad del convento de referencia. De una parte de los capitales a él donados, activos como fuente de renta en la primera mitad del siglo décimo octavo, el ingreso efectivo que conseguía la institución también era solo el rédito anual, garantizado por el correspondiente bien, capital tangible en caso necesario. Era posible que el procedimiento prolongara su vida hasta más tarde, aunque tampoco esta corriente alimentó la constitución de capitales. Así lo demostraba la misma contabilidad para el tiempo en el que concentrábamos la atención. La renta donada con garantía hipotecaria, de ingreso anual, no repercutía en el fondo destinado al negocio crediticio sino en la caja del gasto corriente.

Recapitulados todos estos hechos, nos quedaba una duda.

Si al menos una parte de las donaciones hubiera exigido la condición hipotecaria, para a cambio hacerse responsables del encargo espiritual, habrían forzado la voluntad de los donantes con su apetencia de lucro, para que las alentaran con el incentivo de un bien en perspectiva. No era admisible suponer moral de comerciantes a instituciones con fundamentos en la piedad. Tendría más sentido que tales hipotecas pudieran estar inducidas por una compra de crédito, que usara las fórmulas asociadas a la donación, para completar su curso legal. Bastaría este detalle para que todo pareciera más sensato.

En el origen de esta idea, verbalizada por fin, tras varias discusiones, no siempre frías y desapasionadas, estuvo que no dejó de sorprendernos, en el transcurso del análisis de las memorias, la uniformidad en las decisiones piadosas. No solo para las activas a mediados del siglo décimo octavo. Era aún más evidente que las cantidades que era necesario liquidar cada año por las fundadas durante la edad media, a favor de la corporación de los beneficiados, se repetían con excesiva rigidez.

No tenía sentido que todos los donantes tarifaran su piedad con idénticas cantidades. Ensayamos diversas explicaciones a un comportamiento tan gregario. La que finalmente resultó más satisfactoria fue la que tomó como premisa que los gravámenes impuestos sobre los bienes causados por las memorias tenían la misma forma que los réditos, la liquidación anual de los intereses crediticios, que para entonces ya conocíamos con suficiente solvencia. Si actuábamos con ellos como si lo fueran, aplicándoles unos tipos tentativos, obteníamos, para las tres cuartas partes de las operaciones, valores idénticos a los principales que efectivamente se comprometían durante la época moderna, de los cuales ya teníamos también información detallada.

Las cantidades donadas como réditos, salvo excepciones, podían ajustarse a los intereses que debían liquidar anualmente los préstamos que cotizaban en el mercado del dinero; de la misma manera que la expresión nominal de los capitales de las casi treinta iniciativas de esta clase a favor del colegio de los beneficiados, tomadas ya entre 1647 y 1783, también, sorprendentemente, se ajustaban a las cantidades tipo de los créditos habituales. Así pues, cabía dentro de lo posible que bajo esta modalidad se hubieran negociado, además de servicios religiosos, cesiones de dinero por cantidades predeterminadas cuyo auxilio financiero fuera necesario.

Las sospechas a favor de esta posibilidad se fueron acumulando, al principio incrementadas por la parte que permanecía a oscuras, que alentaba los peores presagios, como ocurre con las pesadillas.

Pudimos documentar que una fábrica parroquial, que había recibido un bien por el que tendría que pagar al cuerpo de los beneficiados 80 maravedíes cada año, en 1514 admitió que aquella carga era indefinida, calificación que durante toda la época moderna fue compartida por una clase de créditos.

Al principio quisimos creer que el documento pudo expresarse en aquellos términos porque el encargo recibido por los beneficiados, la memoria, iba marcado por el deseo de perpetuidad. No podíamos tomar solo una afirmación procesal como prueba concluyente de que las creencias en el más allá estuvieran envolviendo comercio de dinero.

Pero se daba otra circunstancia que hacía recaer en la misma sospecha. Todas las memorias medievales analizadas, 31, se mantuvieron activas hasta 1817. Entre la fecha de origen de cada una y este momento final, decidido por nuestras fuentes, todas, con escasísimas modificaciones (solo dos fueron reducidas en 1785), pagaron año a año las rentas que debían. Por tanto también fueron pagos, ya que no infinitos, indefinidos, como los que respetaban por siglos quienes habían recibido la obligación de un crédito cuya liquidación definitiva no había sido prevista. Sin embargo, igualmente era posible replicar que en esto no se hizo más que cumplir con lo que había instituido la devoción.

Aun así, había más. Una parte de las cargas añadían, al dinero que era obligado liquidar cada año, un complemento en especie, siempre una o dos gallinas. En el lenguaje contable de la época a la que nos referimos, que aplicaba nuestra corporación, este concepto se llamaba adehala. Estaba concebido como un suplemento gracioso, no exento de obligación servil, agregado por el pagador al precio que para la transacción se hubiera acordado en un contrato, que llegaba a precisar, cuando se trataba de animales, si debía satisfacerse en vivo o en su equivalente metálico. Los contratos de arrendamiento de las tierras habitualmente la incluían. No veíamos cómo, si la adehala era la prolongación de un precio, pudo ser el complemento de una donación en metálico.

Llegados a este punto, la garantía hipotecaria, como parte de una donación, definitivamente nos pareció poco justificable. La transferencia directa de un capital, como se documenta con facilidad más adelante, podía ser bastante para satisfacer el sufragio y al mismo tiempo las aspiraciones de perpetuidad, sin por ello cargar obligaciones sobre otro bien. Al contrario, el ingreso anual comprometido, en todos los casos que parecían inconsecuentes, estaba asegurado por al menos una propiedad inmobiliaria, que en tres de cada cuatro era una casa.

En una ocasión el acuerdo sobre la supuesta donación mencionaba el derecho de retracto, a favor de los beneficiados, en caso de que el dominio sobre la casa cambiara de persona o institución, una reserva que también se aplicaba a las garantías crediticias.

Además, en las iniciativas de comienzos del décimo sexto eran frecuentes las referencias a la formalidad de la escritura de obligación, justificada por el recurso a la hipoteca, y para referirse al origen de la carga impuesta, las fuentes explicaban que procedía de un tributo, palabra también reservada para referirse a una de las formalidades crediticias. Y lo que parecía aún más directo: para identificar la carga misma siempre hablaban explícitamente de rédito, nombre común de los intereses de cualquier crédito.

En 1532 el poseedor de una casa que soportaba una de estas cargas fue requerido por vía ejecutiva al pago de las anualidades vencidas, lo que dice poco a favor de sus convicciones piadosas. En 1550 otra carga fue aceptada por el doble del valor que tenía a principios de aquel siglo, mucho después de que su promotor, ya desaparecido, pudiera duplicar su preocupación por la vida de ultratumba. En 1565 las religiosas de un convento heredaron a un hombre que en 1514 se había obligado a tres de estas donaciones, cada una garantizada con un bien distinto. Hacía singular el último caso que uno de los avales era una casa de otro, que luego las religiosas reconocieron como propia. El absurdo se podía resolver si interpretábamos que la operación avalada por aquel edificio pudo destinarse, de acuerdo con su dueño, a conseguir por vía de crédito dinero para su adquisición.

Por último, una parte de estas memorias comprometía, como garantía hipotecaria, el mayorazgo o el vínculo. No tendría sentido, por las consecuencias en las que puede desembocar la obligación hipotecaria, arriesgar el patrimonio al que una familia había concedido preferencia a cambio del culto a los antepasados. La necesidad de dinero líquido era una razón que partía con mejores condiciones para explicar una decisión tan delicada.

Todas estas situaciones podían admitirse como pruebas a favor de la idea que había ido decantando el análisis: que las memorias pudieron proporcionar la mejor cobertura para acceder al crédito. Eran lo bastante razonables para admitirla, y sobrepasaban, por su integridad, a las que pretendieran aceptarlas solo como un pacto piadoso. Al menos una fracción de las donaciones en dinero catalogadas como memorias, de liquidación anual, desde la baja edad media pudo incluir una operación de crédito.

Era posible que esta interpretación de los hechos no fuera del todo correcta. Tal vez habían escapado a nuestra atención circunstancias específicas en las que la garantía hipotecaria era exigible por la norma civil. Quizás pudo ser una de ellas el encargo de una memoria.

Admitir la duda permitió una de las discusiones más vivas entre nosotros.

–Para toda clase de acuerdos se podían exigir las garantías que se formalizaban con las llamadas obligaciones. El administrador de unos bienes o el mayordomo que gestionaba los fondos de una corporación, los padres de un colegial, los tutores de un pupilo, entre bastantes más tipos que podríamos mencionar, habitualmente se veían en la necesidad de suscribir una escritura de obligación, por la cual, una vez comprometidos a responder de ciertas cantidades de dinero que llegaban a sus manos, procedentes de cualquier clase de renta, debían garantizarlas con todo o con parte de sus bienes. Incluso quienes con ellos se prestaban a formar una sociedad, comprometida por el mismo encargo, justamente se solían constituir en grupo financiero solidario obligando mancomunadamente sus bienes.

–La memoria que hemos detectado era distinta. En el acuerdo que la hacía posible intervenía, además de una cantidad de dinero y un bien garante, un tercer elemento, las misas que debía atender el clero.

–Que serían el equivalente a los réditos.

–Innecesario si se hubiera suscrito un crédito común. Para contratarlo bastaba con comprometer contractualmente una determinada cantidad de dinero a favor de una institución que dispusiera de los depósitos que aseguraba la inmovilización, garantizándola con un bien. La cantidad comprometida era la que se había recibido de la entidad y el bien su correspondiente garantía hipotecaria.

“Cuando en los documentos se lee que alguien impone sobre un bien cierta cantidad a favor de una institución eso significa que el dueño del bien ha tomado de ella tal cantidad para cuya garantía obliga aquella parte de su patrimonio. Bajo aquellas condiciones, nada había que forzara a complementar el pago de los réditos con el encargo de unas misas, esfuerzo clerical inútil si se operaba con los réditos abiertamente.

–La memoria, como era una capellanía elemental, podía generarse de la siguiente manera. Alguien decidía fundar unas misas, de las que hacía cargo a una corporación. Para que se dijeran adjudicaba una determinada cantidad, para cuya garantía señalaba un bien. Era una obligación elemental, en todo similar a la que recaía sobre el bien destinado a sostener una capellanía del rango mayor o un convento. Era el origen de una inmovilización de ahorros idéntica. La única diferencia entre unas y otras modalidades era de tamaño de la cosa donada, en este caso la cantidad.

–Ah, ¿sí? ¿La cosa donada es la cantidad? ¿No es el bien garante? Entonces ¿cómo sí lo es en el caso de los vínculos o los conventos? ¿Cómo las donaciones que garantizan en estos casos la inmovilización no necesitan de ninguna garantía añadida? Quien inmovilizaba bienes para que sirvieran al sostén de un convento no debía garantizarlos además con otros bienes.

–Las escrituras responden con claridad: el bien debía asegurar la percepción de la limosna. Era el mecanismo inmovilizador.

–Réplica que reitera un argumento ya neutralizado. Más directo sería pensar que se trataba de una operación idéntica a un acuerdo crediticio. Se tomaba una cantidad de dinero y a cambio de él se pagaban unos réditos, para cuya garantía intervenía un tercer elemento que era el bien hipotecado. Se había tomado un dinero y a cambio se fundaban unas misas, cuyo precio, conceptuado como limosna, podía ser, no el del servicio religioso, sino el de los réditos, y como era habitual en cualquier operación crediticia se ofrecía como garantía un bien. Así de sencillo y así de razonable.

También es cierto que cada cual podía comprometerse, en cualquier clase de contrato, con las garantías que creyera oportunas. Quien así lo quisiera podría imponer sobre sus bienes las obligaciones que le parecieran adecuadas. La hipotecaria, en esta clase de intercambios, también pudo ser una exigencia de una de las partes o una condición libremente acordada por los contratantes.

Hasta ahora no hemos detectado el menor indicio sobre que las cosas, para las memorias sobre las que discutíamos, pudieran suceder así, y al contrario nos parecía concordante con cuanto habíamos podido averiguar la conclusión a la que habíamos llegado. Las creencias sobre la migración de las almas no resolvían la evidencia abrumadora, el recurso a la hipoteca en los compromisos referidos al culto de los antepasados.

Aunque la responsabilidad que cupiera a la hipoteca en estas transacciones estuviera justificada por razones distintas a la crediticia, que limosnas y donaciones, para los mismos periodos, fueran idénticas a los réditos que era necesario liquidar cada año, o a los principales con los que habitualmente se comerciaba, eran hechos activos a favor de la intromisión del mercado financiero en el medio de la piedad trascendida a memoria.

Para quienes necesitaran un crédito y supieran a quiénes podían acudir para que les proporcionaran capitales, la carga con una hipoteca a cambio del préstamo encubierto por la memoria pudo tener más demanda que el réquiem inmaculado, aunque fuera solo porque era menos generoso para cualquiera de las dos partes.

Se podía demostrar que el colegio de los beneficiados, a la vez que acordaba la clase de memorias que estábamos analizando, recibió donaciones de capital a cambio de otras que no obligaban a hipoteca alguna.

Desde que comenzó sus negocios, probablemente en el siglo décimo cuarto, tiempo de dificultades afrontadas con recursos institucionales abusivos, dispuso de capital líquido porque una parte de las responsabilidades que le fueron encomendadas fueron dotadas con dinero. No es fácil, para la época más remota, hablando en términos documentales, conocer todos los casos en los que pudo suceder algo idéntico, aun limitándonos a la misma corporación. Entre las donaciones más antiguas con seguridad hubo un par, una con toda certeza de 1321, cuyos bienes fueron originalmente dinero. La siguiente donación de esta clase de la que tampoco se puede dudar fue hecha en 1420, fecha posterior al origen de este cuerpo de clérigos al menos un siglo. Una parte de sus posesiones originales, porque así lo habían decidido los fundadores, así como se habían materializado en tierras o edificios, eran capitales igualmente sujetos a las obligaciones de la inmovilización.

El dinero que fuera recibiendo el instituto por esta vía, que hubiera llegado a sus manos antes de 1420, ya se vería en la necesidad de ser cedido para su uso, lo que equivale a decir que pudo ser activado como principales de créditos. De lo contrario, se consumiría sin generar renta.

La instantánea documental más sencilla, según la cual alguien garantizaba una renta anual a favor de la institución sujetando un bien, podría explicarse muy bien si representara la vigencia de un crédito indefinido cuyo bien garante permaneciera bajo control de quien había suscrito el crédito o sus herederos, que habrían aceptado, para mantener la posesión de la cosa, el deber que había de soportar la carga. La siguiente que retenían los documentos, que podríamos llamar triangular, por la que alguien, o con más probabilidad una institución, estaba en la obligación de satisfacer una renta en concepto de memoria, podría registrar una situación derivada. El bien garante del crédito habría sido transferido. Para su disfrute, al aceptarlo, los receptores se habrían responsabilizado de la obligación de pagar los réditos derivados del compromiso en el que hubiera incurrido antes el solicitante de un préstamo, quien habría decidido garantizarlo con aquel bien.

Si más adelante, para al menos una parte de las memorias con garantía hipotecaria acordadas entre 1420 y 1532, el capital no era el bien fundacional, sino los réditos, también tendríamos que concluir que su origen pudo ser un dinero previamente existente, luego aventurado a las oportunidades del mercado financiero. Y dado que de todas las supuestas donaciones de aquel periodo, menos una, responsables del origen de una memoria, se ignoraba quiénes habían sido sus autores, la extinción de las identidades podía suponerse una consecuencia de que los principales objeto del préstamo habían sido devueltos. Luego de la práctica totalidad de las memorias suscritas en la baja edad media que habían dejado rastro documental se podía admitir que fueran memorias ficticias.

La instantánea que se documentaba con más facilidad para la época moderna, que consistía en donar a cambio de una memoria un capital, garantizándolo con un bien, representaría la versión más inmediata a la suscripción de un préstamo. El capital donado sería el principal, la satisfacción de los gastos de la memoria los intereses y el bien la garantía hipotecaria.

Como causa de esta orientación administrativa del negocio, más explícita, se podía sospechar que en el mercado al alcance de los beneficiados, a partir del siglo décimo sexto, las circunstancias del intercambio financiero empezaron a variar porque desde entonces se hiciera sentir la influencia de un competidor, posiblemente el crédito redimible, que analizamos más adelante. Para mantener la posición en él pudo ser necesario aceptar esta variante del contrato, lo que permitiría que las nuevas inversiones de los principales más antiguos se mantuvieran hasta fines de la época moderna. El curso de las otras casi treinta iniciativas tomadas entre 1647 y 1783, de las que no constaba el origen de su capital, confirmaría que estos contratos pudieron proceder de una donación de dinero.

Creímos que era legítimo concluir que la corporación de referencia, durante su primer siglo de existencia al menos, porque recibiera donaciones que le permitieran arriesgar en el negocio financiero, pero también porque se viera tentada a invertir en créditos alguna porción de sus rentas, o porque pudo prestarse a servir de cobertura legal, como mediadora, a gente interesada en invertir en créditos, prefirió operar abiertamente con el dinero en el mercado de los préstamos. Para darles cobertura legal, pudo someter la liquidación anual de los réditos a las obligaciones de la memoria. El encargo de misas y vigilias, cuando se trataba de la cesión de dinero, daría cobertura, en algunos casos y durante algún tiempo al menos, a los intereses. La fórmula, para esta parte del patrimonio de la corporación, seguiría utilizándose de manera preferente hasta principios de la época moderna.

El cuerpo de los beneficiados transformó sus bienes, cuando fue necesario, para que sus rentas adelantaran, al tiempo que siempre se atuvo a la obligación derivada de ellos. La devolución del principal no extinguiría en modo alguno el deber de las celebraciones que cada año hubiera encargado el fundador. El compromiso no sería el mismo cuando, como ocurría en los casos que analizábamos, la obligación no estaba asociada al principal sino a los réditos. Devuelto aquel, estos se esfumaban, y con ellos cualquier obligación indefinida, nunca infinita. Parecía un azar extraordinario que las fundaciones de las que se habían perdido las referencias de sus orígenes estuvieran relacionadas con la donación de dinero. Para dos tercios de los casos observados, porque actuaban desconociendo su origen, su antecedente sería este. Tal como los principales iban siendo redimidos, la memoria se extinguiría y el capital retornaría al mercado.

El colegio de los beneficiados, en posesión de importantes rentas, habría vendido sus misas, vigilias y procesiones al precio de los intereses que regían en el mercado del crédito. Su compra con esta tarifa sería la preferida por algunos de los que quisieran acceder a un crédito formalizado, y podían aspirar a él porque disponían de un bien que hipotecar. Así adquirían el capital que deseaban, objeto principal de la operación, salvaban su conciencia y el clero beneficial justificaba su intervención en el negocio.

Cuando dimos por concluido este análisis, nos atrevimos a definir lo que por último habíamos decidido denominar memoria impropia. Sus elementos han sido reiterados. El capital donado era en realidad el reconocimiento de una deuda, de ahí que fuera necesaria la garantía de la hipoteca; y el pago de la limosna anual, justificada por los servicios religiosos que prestaba el clero, la liquidación anual de los intereses correspondientes. Llegados a esta conclusión, nos pareció lo más importante enfatizar que pudo existir gracias a que era posible su convivencia con la recta o propia. Poner en duda esta equivaldría a negar la posibilidad de que existiera aquella.

Dado que la memoria impropia obligaría a tomar una decisión sobre el culto a los antepasados, o incluso al propio suscriptor, en un documento específico, distinto al testamento, no sería inadecuado observar bajo esta luz todas las fundaciones inmovilizadoras, de la clase que fueran, originadas en vida de sus promotores y no a través de mandas. Partiendo de esta posibilidad, se podría admitir que aquellas instituciones, de cualquier clase, creadas en vida de sus promotores, igualmente pudieron ser impropias porque buscaran ponerse al servicio de otros negocios implícitos. Como destinar a un fin los ahorros era tanto como crear depósitos autónomos, bastantemente garantizados por las leyes reguladoras de la inmovilización, en un medio donde no era fácil habilitar otros cauces para disponer con fluidez de esta clase de recursos, cada obra autónoma, o previa al dictado de las últimas voluntades, que tuviera aquellos efectos, podía facilitar un fecundo tráfico de compromisos de pago consolidados.

En más de dos tercios de los casos documentados los vínculos fueron creados en vida de su promotor, mediante un acto particular. También la fundación de las capellanías autónomas solo en una cuarta parte de las ocasiones fue consumada a través del testamento. Quienes así actuaron habían optado por conservar hasta el final de sus días los bienes que desviarían hacia la institución, cuyo origen sería por tanto propio. Los demás, que pudieron ser la mayoría, porque prefirieron completar la segregación en vida y ver cómo la disfrutaba quienes habían designado su nuevo titular, la formalizaron a través de un instrumento específico. Tales concesiones, de ser impropias, pudieron ser garantes de un compromiso que los titulares de los bienes contraían, mediante la firma de la respectiva escritura, correspondientes a una transacción, y así además extenderían en ondas concéntricas, por absorción de los patrimonios obligados, las seguridades que para los ahorros llegados a depósitos proporcionaba la inmovilización.

Aunque tampoco faltaron espíritus muy calculadores. Un hombre separó su decisión de su riqueza, y primero fundó la capellanía y después, a través del testamento, le otorgó los bienes que le correspondían.


Origen de la vida levítica

Redacción

Estaban los judíos sufriendo su esclava existencia en Egipto cuando emplazó Yavé a Faraón. Le dijo que Israel era su primogénito y que debía dejarlo en libertad para que le diera culto. “De lo contrario –amenazó– mataré al tuyo.”

El señor de Egipto se negó a obedecer lo que Yavé le ordenaba. Tan poderoso y arrogante como debía ser, ni siquiera estaba a su alcance la idea de que alguien, dios o mortal, pudiera apremiarlo con un deber. Nada hizo. Desconocía el poder de la ira de Dios.

Cumplió Yavé su amenaza con creces. Murió en el país todo primogénito, desde el primogénito de Faraón, que en su trono se sentaba, hasta el primogénito de la esclava encargada de moler el trigo, hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como todo primer nacido del ganado. Mas todos los primogénitos de Israel quedaron a salvo. Porque también Yavé había decidido esto.

A consecuencia de aquel severo castigo, Faraón supo que un poder mayor que el suyo existía. De inmediato Israel quedó libre.

Pero he aquí que Yavé exigió una compensación a los liberados. Si había protegido a los primogénitos de Israel, aquel afortunado día en que hirió a los de Egipto, fue porque a cambio de la libertad quería consagrarlos a Él, todos, tanto los de hombre como los de ganado.

Terrible decisión. Perdida ya la memoria de los ritos ancestrales, habituados a las relajadas costumbres de los hombres del Nilo, ahora vueltos a la libertad, para conmemorar el fin de la esclavitud debían instituir una condena. A partir de aquel momento los israelitas tendrían por obligación consagrar a Dios todo primogénito varón o macho, fuera de hombre o de animal, todo el que abriera el seno materno.

Empezó la conmemoración del castigo a Egipto y la libertad de Israel. Los judíos sacrificaron a Yavé todo lo que abría el seno materno. Todo primer nacido, el primogénito de los hijos, el de las vacas y el de las ovejas, si era varón o macho, pertenecía a Yavé. Podía estar hasta siete días con su madre, pero al octavo había que entregarlo. Pertenecía a Yavé y debía entregársele.

Pero ocurrió que el pueblo judío, de camino a la tierra que Yavé les tenía reservada, cayó en la idolatría. No consintió su dios aquella deslealtad.

Por fortuna, los hijos de Leví pronto se dieron cuenta del sacrilegio. Al instante se pusieron a las órdenes de Yavé. Cada uno su espada se ciñó al costado. Recibieron el encargo de pasar y repasar por el campamento del pueblo desenfrenado. Debía cada uno matar a su hermano, a su amigo y a su pariente.

Con sumisa obediencia cumplieron la dura obligación. Aquel día cayeron unos tres mil hombres del pueblo.

Pero para gloria de Israel, también aquel mismo día, los hijos de Leví, como premio a su lealtad, recibieron la investidura como sacerdotes de Yavé; cada uno a costa de sus hijos, cada uno a costa de sus hermanos.

El escarmiento había sido bastante. El pueblo quedó arrepentido de su pecado. Yavé decidió recompensarlo. Pero fue a costa de los sacrificados hijos de Leví, que otra vez dieron muestra de su generosa entrega y de su capacidad para sufrir. Los primogénitos de los israelitas, los que abren el seno materno, ya no se le entregarían más. Lo concedía a cambio de la tribu de Leví.

Así lo decidió Yavé y con esta justificación fueron cargados con tan pesado deber. Los levitas fueron para Él porque todo primogénito le pertenecía, fueron tomados para Yavé en lugar de todos los primogénitos. Y hasta el ganado de los levitas fue tomado en lugar de todos los primogénitos del ganado de los israelitas.

No obstante, Yavé no se los llevó al momento. Con generosidad los cedió como donados, para que sirvieran de intermediarios y guardia. Deberían permanecer indefinidamente, en exclusiva, en el sacerdocio.

Quiso Moisés ejecutar con justicia aquella transacción. Los primogénitos varones de los israelitas que tuvieran de edad un mes o más debían ser registrados por sus nombres. Así se hizo bajo la dirección de aquel sabio varón. El registro de todos los primogénitos de los israelitas, el primero de esta clase que se hacía, dio como resultado la cifra de 22.273, todos varones de un mes para arriba.

Pero era que entonces los levitas sumaban 22.000 exactamente. Si los de aquella tribu habían sido tomados por Yavé a cambio de todos los primogénitos, el cambio no era del todo equitativo. A los hombres en la tierra les corresponde ajustar las pequeñas cifras. Hasta ahí llega su idea de la justicia. Los grandes números son de un orden que los excede.

Entre unos y otros vieron que la siguiente composición resultaba buena. El resto 273, número en que los primogénitos sobrepasaban a los levitas, sería rescatado. Bastaría con pagar cinco siclos de plata por cabeza, abono al que estarían obligados los que obligados estaban a entregar sus primogénitos.

Para entonces los hijos de Leví ya eran responsables del santuario, el servicio principal del sacerdocio que sobre ellos había reacaído. Entre sus prudentes decisiones domésticas estaba la del siclo del santuario. Habían acordado que fuera de veinte óbolos, veinte óbolos por siclo. La previsión resultó feliz. Entregaron, quienes obligados estaban al rescate, 1.365 siclos de plata, siclos del santuario. Los recibieron los sacerdotes, que eran sus cuidadores.

Pronto se vio sin embargo que el problema del principio permanecería indefinidamente. Así como el grupo de los levitas sería reemplazado, generación tras generación, por razones biológicas, y su número podría permanecer aproximadamente constante, por las mismas razones siempre habría nuevas criaturas cuyo seno sería abierto por primera vez. La necesidad del rescate se renovaría cada día. Pareció lo más prudente reconocer la evidencia. El rescate, al principio una transacción, quedó instituido como un deber.

Para lo sucesivo quedó acordado que el primogénito del hombre podía rescatarse al mes de nacido. Su valor sería de cinco siclos de plata, siclos del santuario, que eran veinte óbolos. Era la única tarifa del principio, y permaneció invariable. No obstante, ningún ser humano consagrado como anatema podría ser rescatado, debía morir. Era declarado anatema quien no que se consagraba de modo absoluto a Dios. Su usufructo pertenecía a los sacerdotes.

A partir de entonces también pudo rescatarse el primer nacido de un asno. En este caso habría de cambiarse asno por cordero; de lo contrario, debía desnucarse.


La marginación de las tierras

Redacción

Era plena primera mitad del siglo XVIII, mes de septiembre. La asamblea de un municipio, a iniciativa de su cuerpo de labradores, decidió vender 1.000 fanegas de tierra de baldíos. Para hacerlas atractivas, se proyectó acotarlas y cerrarlas, así como adehesarlas. Se pretendía ofrecerlas en el mercado como tierras a pasto y labor, la forma de la unidad productiva agropecuaria más abierta posible.

Para acotarlas había que rodearlas con una linde o seto, mientras que para cerrarlas era necesario excluir el tránsito indiscriminado o abierto. Adehesar obligaba a entresacar la vegetación espontánea que hubiera sobrevivido en ellas, para que se mantuviera selecta y abierta la arbórea y desapareciera cuanto fuera posible la arbustiva, en beneficio de la herbácea. Para conseguir este efecto, la degradación del bosque tenía que consumir años, por lo que es presumible que la condición de dehesa aquellas tierras ya la hubieran alcanzado.

Así como esto último, a quienes tuvieran capacidad para explotarla, los labradores, no les oponía ninguna dificultad, acotar y cerrar, en su opinión, que llegó nítida hasta la asamblea, obligaba a que el comprador llegara a un acuerdo con las poblaciones que tenían hermandad y comunidad de pastos con el municipio, porque la hermandad, en caso de que el proyecto se consumara, sería nula en las tierras segregadas. Por tanto, era conveniente que los propios, nombre genérico del patrimonio municipal, avalaran la venta, incluyendo la responsabilidad de hacer frente a cualquier compensación a quienes vieran defraudados los derechos sobre el uso del suelo adquiridos anteriormente.

Con la venta se pretendía resolver un doble problema financiero. El municipio, responsable del pago de los servicios a la corona, o totalidad de las obligaciones contributivas civiles de la población, había acumulado atrasos en su debida liquidación periódica. Como por otra parte, para efectuar pagos anteriores de los mismos servicios, habría sido necesario suscribir créditos, se aspiraba a levantar sus principales.

Para enajenar el patrimonio local, y especialmente las tierras baldías, era necesario disponer de la autorización de la corona llamada facultad. Así se actuaba porque a la institución monárquica correspondía íntegramente el dominio de los baldíos, propiamente conocidos como baldíos de la corona, y siempre el prevalente en cualquier clase de espacio.

Ya tres años antes, a fines de septiembre, el consejo de Castilla había concedido al municipio la facultad para vender aquellas 1.000 fanegas de tierra que ahora, otra vez, se querían vender.

Entonces no se había consumado el proyecto porque las urgencias a las que se pretendía hacer frente con aquella fórmula habían pasado. El desabastecimiento de los mercados del grano había sido extremo. Con el ingreso que se obtuviera, se proyectaba hacer frente a las compras que fueran necesarias para recuperarlos. Afortunadamente, antes de proceder a la liquidación del patrimonio público, se había asegurado el abasto de la población, a base de granos ultramarinos, gracias a una contrata muy favorable suscrita con una casa de comerciantes holandeses naturalizados, a cuyo frente estaba entonces Francisco Clavinque. Además, se había pasado el tiempo de la sementera, que se juzgaba el más favorable para sacar al mercado unas tierras de aquellas características.

Entonces fueron tasadas las 1.000 fanegas en un mínimo de 18.000 ducados, o 198.000 reales de cuenta. Ahora, su aprecio se había hecho durante el mes de agosto. Había estado a cargo de un medidor local y de otro que trabajaba tanto para el cabildo civil como para el eclesiástico de la capital. Calibraron la superficie, la aptitud de las tierras tanto para la siembra como para pasto de ganados mayores y menores y el sitio donde se encontraban.

Con estos criterios, el medidor procedente de la capital apreció la fanega en 200 reales de cuenta, si quedaran baldías y libres para el aprovechamiento de los pastos por los partícipes y comuneros; y en 300 reales si fueran acotadas y sembradas. El medidor local, por su parte, las apreció en 20 ducados, o 220 reales, si quedaran baldías y comunes, y 30 ducados o 330 reales si cerradas y acotadas. El mismo aprecio que el medidor local hicieron dos labradores de la población, que actuaron como peritos, y dos de los veedores de campo municipales.

La venta de las 1.000 fanegas de tierra se pregonaría en la población, en la capital y en el primer mercado litoral de la región durante quince días, tiempo a lo largo del cual serían admitidas todas las posturas y mejoras. Para evitar complicaciones, finalmente se había decidido ofrecerlas con la condición de que quedaran libres para el aprovechamiento de los pastos, una vez alzados los frutos, para los partícipes y comuneros que sobre ellas tenían adquiridos derechos. Además se prescribió que, en caso de que la venta se consumara, introduciría las tierras en el circuito del espacio cultivado mediante un obligado ciclo inicial de barbecho y labranza.

El pregón se inició en los lugares previstos con el mes de septiembre y era el 30 y aún no había aparecido ningún licitador.

Los labradores que habían patrocinado la iniciativa creían ver tres causas del retraimiento. Primero, la angustia del tiempo y estrechez de las almas en todos los lugares de la región. La segunda, la diferencia de precio entre la tasación de tres años antes, que no llegaba a los 200.000 reales (198.000) y la actual, que había previsto un máximo de 330.000. Por último, como se había asociado a las tierras el calificativo de baldías, creían que se había dado a entender que debían quedar libres para el aprovechamiento de los pastos, cuando en realidad el respeto a este derecho solo se mantenía para los partícipes comuneros, y no para los vecinos de la población, para los que quedaban cerradas, y solo si no llegaran a un acuerdo con el comprador. Por lo que se refería al ganado de labor, creían que esta prevención era infundada, porque todo el activo tenía señalada su dehesa, que igualmente estaría al servicio del que se empleara en la labor que se hiciera en las tierras que se ofertaban.

El 30 de noviembre siguiente fueron rematadas en 270.000 reales de vellón, pagaderos en el plazo de tres días. Las había comprado el cabildo catedralicio de la capital. El 2 de diciembre, en la población, efectuó la compra un presbítero, de orden de aquel clero capitular, que para esta ocasión actuaba como administrador perpetuo de la dotación fundada en la catedral por el obispo de Segovia. El 30 de diciembre, de los 270.000 reales, todavía debía 70.000.