Fracaso de una empresa financiera

Narrador

1. Aparte las razones del beneficio, a las que no es fácil oponer argumentos, el mercado del crédito rural, de corto alcance tanto por el espacio que abarcaba como por el volumen de su negocio, propenso al aislamiento, tal vez se sostuvo sobre algo tan sólido y rígido como el mástil, que asegura la bandera contra el azote del viento, la velas que salvan a la embarcación amenazada por la tormenta. El asunto ha sido objeto de controversia entre quienes hemos contribuido a la elaboración de este relato, divergencia de la que no podemos reconocer, aun llegado el momento de redactarlo, que haya terminado cuando todavía no ha alcanzado el remanso de las explicaciones.

     Toda la discusión tuvo su origen en el hallazgo de un testimonio poco frecuente.

     Una mujer casada, satisfaciendo un deseo concebido mucho antes, con sus bienes, para cuando finalizaran los días de su vida -de ningún modo antes, porque había renunciado a que antes concluyeran- en 1635 fundó un patronato, el instituto amparado por el canon de la iglesia romana que al mismo tiempo permitía mucha discreción a cualquiera de las iniciativas privadas que aspiraban a atender necesidades públicas. Lo reguló según la modalidad llamada de legos, que lo alejaba lo máximo posible de aquella jurisdicción, savia que inveteradamente se propuso injertarse en toda clase de promociones civiles porque de la renta civil se nutría.

     No obstante, sobre él descargó una memoria de misas por su alma, las de sus padres y las de otros parientes difuntos, tanto suyos como de su marido. Deseaba que con aquellas celebraciones el dios de la iglesia a la que occidente se había rendido tiempo atrás fuera servido y ensalzado, y las almas de quienes hacía mención, llegadas a la jurisdicción del ser cuyos juicios su teología los consideraba inapelables; al que con frecuencia dirigía informes discrecionales el calculador clero de su obediencia, en ondas que se expandían en razón directa al número de sufragios a su cargo; gozaran de tan altos bienes y sacrificios.

     Quienes con el tiempo llegaran a responsables del patronato desde aquel momento quedaban obligados a que fueran dichas cada año, perpetuamente, desde el día del fallecimiento de la fundadora en adelante, nada menos que 150 misas rezadas con responso. Todas tendrían que celebrarse en el templo o en la capilla donde su cuerpo fuera sepultado. Su deseo era que, cuando falleciera, fuera depositado en una cripta de cierto convento masculino, del que a su vez era patrono su marido. Pero no estaba a su alcance asegurar que la inhumación llegara a verificarse en aquel sitio, porque a causa de sus creencias había renunciado a tener control sobre las circunstancias de su muerte.

     En su opinión, era dueña de muchos bienes, tantos que con seguridad tras su muerte alcanzarían un valor muy superior a los 4.000 ducados. Si esta cifra en realidad resumía toda su riqueza, no se puede decir que poseyera un patrimonio excepcional. Está muy alejada de las que resumían la riqueza de cualquiera de las principales empresas de la época, aun siendo también de origen rural. Pero también es necesario reconocer que la promotora de aquella fundación había atesorado una riqueza que no era frecuente, porque entonces eran pocas las familias que podían acumular bienes que alcanzaran tamaños parecidos.

     De lo mejor y más sólidamente constituido de los 4.000 ducados en los que había estimado su patrimonio, una vez ocurrido su fallecimiento tendría que separarse un lote por valor de 2.000. Solo exceptuaba de la formación de esta masa primitiva uno de sus bienes. En modo alguno debía incluir los 1.000 ducados de principal con los que había participado en un crédito de 2.000 tomado por el duque de Medina Sidonia. Quería que aquella cantidad quedara libre, para que se pudiera disponer de ella sin obstáculos. A cambio, se comprometía a dejar un patrimonio que equivaliera a los 2.000 ducados que debían dar origen a la fundación, y a que la cifra que resultara de su liquidación fuera tan libre y sin ninguna obligación como sólida, tal como debía corresponder a un patronato de legos. Además, de los bienes que dejara, los destinados a este fin precederían a la resolución de cualquier exigencia legal a la que estuvieran obligados. Incluso tendrían derecho preferente a sus herederos y a cualquier acreedor.

     Como los 2.000 ducados tendrían como único origen los bienes de la fundadora, serían estrictamente temporales. Nunca podrían ser declarados espirituales ni, en consecuencia, entrometerse en su administración algún juez eclesiástico, ni aun para intervenir en los asuntos que pudieran afectar a la memoria, con el argumento de que era propio o eclesiástico. Ni siquiera de un prelado, incluso si fuera de la curia de Roma, aunque fuera por vía de gracia, se admitiría intromisión. En caso de que algo así ocurriera, la fundadora, en el instante de su origen, abolía el patronato, así como la memoria de misas a la que quedaba obligado, de manera que el principal quedara en manos de sus herederos libre y sin carga alguna.

     Una vez liquidado el patrimonio elegido, la cantidad que por él se obtuviera, fuera mayor o menor, se constituiría en principal, y se daría a crédito en todo o en parte a quienes la demandaran ateniéndose a la formalidad del censo, el contrato al que con más frecuencia entonces se recurría para comprometer los préstamos. Cualquiera de los que de este modo se contrataran debía estar avalado por bienes y personas abonadas, a satisfacción de quien fuera el titular de la fundación.

     La fórmula censataria permitía al cedido disfrutar del dinero traspasado durante el tiempo que se contratara, a cambio del pago de los correspondientes intereses anuales, que el derecho del momento había conceptuado como pensión. Por tanto, el beneficio que recibirían los titulares del patronato, cada uno en su tiempo, sería el cobro de los réditos generados por el principal del origen, sobre los que recaía la obligación de la memoria, indispensable para disponer de la protección legal de la institución civil, ella misma hibridada por el canon católico, y de los que tendrían que ir dando las correspondientes cartas de pago.

     Estar al día en la liquidación de las pensiones anuales comprometidas era además la condición necesaria para cancelar o redimir el censo, forma de hablar con la que se expresaba que también era necesario, para extinguir definitivamente el contrato, devolver íntegramente el principal que se hubiera recibido como préstamo. Cuando los principales, pasado el tiempo, fueran redimidos, en todo o en parte, serían depositados bajo orden judicial, según estaba establecido, para que de nuevo se volvieran a imponer bajo la misma condición. Y así indefinidamente.

     Completaba el proyecto una cláusula decisiva. Constituido el capital del patronato, ni el principal ni las rentas que produjera se podrían vender, alterar o cambiar, ni enajenar de alguna manera, por ninguna causa ni por cualquiera que fuese la razón pretendida. Era por tanto voluntad expresa de la fundadora que así uno como las otras quedaran inmovilizados y solo se aplicaran a los fines que se proponía. Gracias a esta exigencia, resultaba finalmente que la fundación comprometida tendría que actuar como una solvente entidad financiera destinada al crédito, porque su capital o principal, 2.000 ducados, salía al mercado con la sólida garantía de la inmovilización.

     La creación de un patronato con este objetivo económico, por decisión expresa de una mujer osada, demostraría que en el medio rural, para negociar con el dinero, se podía recurrir a una fórmula tan directa como crear una entidad financiera, iniciativa en modo alguno anacrónica. La autora del plan ya actuaba en este negocio, y a él daba preferencia. El crédito al duque de Medina Sidonia en el que participaba, al que de ninguna manera quiso renunciar, era la cuarta parte de su patrimonio, y con la mitad de este deseaba fundar el instituto que habría de sostener su patronato una vez que falleciera. Tres cuartos de su capital terminarían arriesgándose a la competencia crediticia. Sin incurrir en desafuero de ninguna clase, sirviéndose del marco legal descrito, podían fundarse obras civiles que pusieran capital al servicio del crédito a partir de bienes inmovilizados, depósitos garantizados.

     Para el siglo décimo séptimo están documentadas iniciativas a favor de instituciones estrictamente financieras, entre las civiles que actuarían en el mercado del crédito rural. La más citada es un monte creado por el estado de Olivares, sobre cuyo origen la información es escasa. Pero sí se sabe que el tiempo de la gloria del conde-duque, el de la primera mitad del siglo décimo séptimo, coincidió con la promoción de los montes y los erarios, acogida por la corona. Es muy probable que el señor de Olivares la hiciera suya y la aplicara, por cuenta propia, a la expansión de sus negocios personales. Los erarios que entonces se proyectaron, según los planes que manejó la administración, se constituirían para negociar con dinero sin necesidad de otra cobertura legal. Lo ingresarían al 5 % redimible y al 3 % indefinido, y lo darían al 6 %. Para cualquiera de las dos direcciones se emplearía el depósito o el censo y para la salida sería necesaria la garantía hipotecaria. Los montes de piedad serían similares, solo que tomarían al 6 % y darían al 6,5 o 7 %, y garantizarían sus créditos con prendas. El objetivo del aval que la ley concedía a ambas instituciones era combatir la usura consolidada.

2. Con aquella iniciativa la fundadora deseaba que el hijo de su marido, ambos capitanes activos, por efecto de esta decisión, recibiera beneficio y provecho, tanto por ser el hijo de quien era como porque ella, por sí misma, le tenía un afecto especial que no creía necesario deponer. Había recibido de él muchas y buenas obras, así como honrosas correspondencias, dignas de mucho agradecimiento y remuneración. Por eso era el primer llamado a disfrutar el nuevo instituto, y para que adquiriera su jurisdicción, así como su usufructo y renta, le entregó en el acto de su constitución, que se celebraba en la oficina de un escribano, un ejemplar de la escritura que lo creaba. La designada en segundo lugar fue una sobrina, a quien la promotora de la obra, además del cariño e inclinación que por ella sentía, debía corresponder por algunas obligaciones que hacia ella había contraído.

     Como era habitual en esta clase de fundaciones, a cada designado debían suceder sus hijos, nietos, etcétera, mientras no se extinguiera el linaje, posibilidad que igualmente fue resuelta, en cuanto permitían los parientes vivos, por la relación de sucesores alternativos. Confiaba la fundadora que todos fueran católicos y no hubieran cometido delito que mereciera la pena de muerte o la confiscación de sus bienes. En caso de que ocurriera lo contrario, al instante quedarían excluidos.

     Acabadas las sucesiones por falta de los descendientes de cualquier grado, el patronato recaería sobre una cofradía de San Antonio, establecida en el convento donde la promotora deseaba ser enterrada. Si llegara a suceder, además de adquirir la propiedad del patronato y sus rentas, y la obligación de las 150 misas que dejaba mandadas, tendría que satisfacer una limosna, deducida asimismo de los réditos que produjeran los préstamos de la fundación. Con ocasión de la semana santa de cada año, repartiría diez ducados entre pobres vergonzantes, por la pascua de resurrección amasaría dos fanegas de trigo y sacrificaría el carnero correspondiente y el día de San Antonio, perpetuamente, mandaría decir una misa por el alma de la fundadora y sus difuntos. Además, la cofradía, o su mayordomo en su nombre, tendría que tomar razón de sus obligaciones en el libro o tabla del convento donde estaba radicada, para que se tuviera cuidado en su cumplimiento.

     Para la supervisión del patronato designaba como su único visitador, con el encargo expreso de hacer que cumpliera con sus obligaciones con la puntualidad debida, al guardián del convento donde deseaba ser enterrada. Si, por cualquier azar, su cuerpo fuera sepultado en otro lugar, el visitador sería el prior de determinado convento masculino de otra población. Por la visita a la que el guardián quedaba obligado, o en su caso el prior, cada año, también de las rentas del principal recibiría una limosna de cuatro ducados.

3. La responsabilidad de la investigación al principio había correspondido a uno de nosotros, promotor de la idea. Luego, porque el volumen del trabajo iba creciendo, nuestros patrocinadores, aconsejados por quien finalmente nos supervisaría, decidieron duplicar el equipo. Aquel cambio no dejó de parecer una intromisión poco justificable a quien había acometido el trabajo en solitario. Las discusiones posteriores, que pasaron por una fase de confesión agresiva, con el deseo de engrosar los argumentos con el mismo arrojo de quien se enfrenta a una fiera, pusieron al descubierto con cuánto recelo había recibido aquella novedad. Hasta entonces había actuado bajo la convicción de que su autonomía era completa. Ver interferida su libertad para decidir le pareció una muestra de desconfianza hacia sus aptitudes.

     En su descargo, el agregado al proyecto, dando muestras de la mayor probidad, aclaró que su contribución había sido consecuencia de una circunstancia imprevista, que había actuado en su favor. Cuando había recibido la invitación a incorporarse al equipo no tenía trabajo, y su padre, viejo conocido de uno de los responsables de la institución promotora, intercedió por él. La mediación de aquel prócer, en su caso, era la única razón para explicar su incorporación al proyecto, por el que no sentía atracción alguna. Sin embargo, honradamente le entregaba cuanta dedicación podía porque en la misma medida incrementaba sus ingresos. Entonces algunas instituciones estatales, designadas para el trabajo de investigación, aún empleaban una parte de sus presupuestos en quienes trabajaban para ellas, sin compromiso contractual alguno, sin garantía alguna de continuidad, solo por la necesidad de ingresar renta gracias a una formación que de otro modo no conseguía ser remunerada.

     Mientras fuimos solo dos, las diferencias de criterio, concentradas sobre el plan para consultar documentos o cómo interpretarlos, las dejamos a un lado. Ninguna disparidad entre dos tiene salida, salvo el enfrentamiento, del que ni aun el victorioso puede congratularse. Fue cuando el equilibrio quebró, porque se hizo necesario incrementar aún más el esfuerzo, sumando la actividad de un colaborador, que resultó incansable, cuando las distancias entre los pares quedaron al descubierto.

     Cualquier triángulo necesita distancia entre sus vértices. Durante la controversia suscitada por aquel hallazgo, en uno de los momentos de mayor actividad, más apasionado que reflexivo, a alguien se le ocurrió afirmar que, incluso recurrentes especuladores sobre los hechos del campo, veíamos el espacio rural como los tripulantes de una avioneta de las que fumigan cuanto queda bajo su sombra, desde arriba y como espectadores; como el durmiente excitado por el calor de las sábanas, que se imagina sobrevolando el mundo con la misma naturalidad que camina por las calles. Cualquiera de nosotros tenía que reconocer que era ajeno a la vida agrícola, aunque finalmente se hubiera sentido atraído por ella.

     Una parte de nosotros había llegado a interesarse por su economía desde la pasión por la política, entonces un lecho aún incandescente, abierto por uno de los ríos de lava más arrasadores que haya desencadenado erupción alguna, sobre cuyo cauce habíamos venido a nacer y por el que estábamos obligados a caminar; a consecuencia de los trágicos desplazamientos de masa telúrica que había provocado; una paisaje abrupto que el tiempo, hasta hoy, aún no ha solidificado. De tal magnitud habían sido los movimientos que ni la paciente erosión, que todo lo tolera, que apenas traslada unos granos de magma pulverizado cada día, que otros se resigna a ser pasiva y renuncia a su trabajo, como el indolente condenado a la cadena perpetua de la actividad; conseguirá, siglos pasados, que las aguas discurran por cauces serenos, que el polvo sepulte la memoria de los hogares arrasados, la violenta ira de aquellos fuegos, el nombre de las víctimas que contra su voluntad quedaron inscritas en el registro, la falla que fragmentó el suelo por el que tenemos que caminar.

     Pero también era cierto que aquella pasión no tenía más origen que el deseo de atraer exponiendo el cuerpo al riesgo, como el abanico de plumas que despliega por encima de su sexo el pavo real. Se podría incurrir en el error de pensar que el deseo de llegar a héroe, a los ojos de quien se pretende para conspirar por la existencia, degrada con egoísmo la abnegación que es debida por quienes se dedican al negocio público. Siendo el origen de todo el orden civil la pasión entre los sexos, un hecho que los siglos han corroborado y convertido en el tesoro más preciado, ninguna impureza contaminaría la seducción por la que con arriesgados compromisos públicos los varones conspiran. Hay quienes emigran a las antípodas, quienes se inscriben como mercenarios, quienes se embarcan en travesías inciertas solo porque la pasión los desborda. Un tío abuelo de quien escribe, sobre cuyo equilibrio mental, aun transcurridos más de cien años, subsisten dudas, a causa de una decepción amorosa, apenas titulado teniente de infantería, se alistó en las tropas expedicionarias a Marruecos, de donde lo trajeron envuelto en un sudario poco después de iniciada la tercera década de su vida.

     Llegó la ocasión en que también esta clase de objeciones fuera hecha. Pero era obligado aceptar que, a causa del compromiso moral contraído, como entre los antiguos ocurría, aquella parte de nosotros se sentía sinceramente concernida por los hechos narrados. Tucídides escribió para justificar su derrota, César apuró sus escasas posibilidades literarias para que sus excesos parecieran decisiones inexorables, Cornelio Tácito, en un texto que los siglos tardarán en equiparar, para perpetuar la memoria de Julio Agrícola, varón singular al que la suerte del matrimonio lo unió para siempre.

     Las diferencias de criterio, que fueron alentadas porque durante algún tiempo nuestra dedicación a este proyecto fue interrumpida, comenzaron al interpretar el documento en cuestión. El trabajo discontinuo, el aislamiento, incluso la necesidad de modificar los planes de cada día, eran agentes que alteraban y distanciaban las ideas tanto más cuanta menos conciencia creaban.

     Pasada la fase más violenta de las discusiones, durante la que más pasiones que ideas dominan, en ningún momento, aunque sin que alguno de nosotros haya pretendido que prevalezcan sus argumentos, hemos conseguido compartir una opinión común sobre este asunto, cuya controversia, a su pesar, se convirtió en el más violento campo de batalla. Por esta razón, como solución transaccional a las distancias entre las deducciones, hemos decidido presentar por separado las ideas defendidas desde cada punto vista.

     Ahora, porque la redacción ha sido responsabilidad de uno de nosotros, aunque se haya acometido bajo el compromiso de la ecuanimidad, y haya sido programada, leída en común, acotada con cuanta erudición personal cada cual haya deseado, la misma que nos hemos esforzado en reproducir mediante fieles transcripciones, supervisadas por todos, debemos admitir como inevitable que las ideas que inducen las palabras elegidas, que una vez ensambladas crean un mecanismo que no es fácil modificar sin romper el ingenio, se hayan podido imponer más allá de las conclusiones acordadas.

4. La interpretación más literal de aquellos singulares hechos fue la que aceptó esta iniciativa como una fundación post mortem perfectamente común, inspirada por las razones dispuestas a combinar la justificación piadosa con la material. El interés por inmovilizar unos bienes y garantizar su rentabilidad indefinida, en beneficio de una familia, podría parecer tan peculiar como específico sería cualquier otro caso que se hubiera examinado. La combinación de elementos elegida por esta fundadora tendría tanto de inopinado como la seleccionada para otra iniciativa que hubiera sido observada aislándola. Lo singular del caso sería el azar favorable del hallazgo, que habría permitido una descripción más completa que en otras ocasiones de la cadena de las decisiones que estaban en el origen de aquellos institutos. Las previsiones sucesorias, la decisión a favor de la administración eclesiástica romana como última receptora del patronato, para así salvar la memoria de misas, cuyas obligaciones se verían incrementadas en este caso por otras iniciativas de caridad, serían indicadoras de una fundamental convicción piadosa, tal como se había aceptado que debía ser común en aquella clase de fundaciones.

     Durante algún tiempo al menos, la segunda manera de entender los hechos retenidos por el testimonio prefirió concentrar la atención en algo que no puede pasar desapercibido. Hubo de existir una relación especial entre la fundadora y su hijastro, con el que no lo unía ningún vínculo de sangre que contuviera la expansión de cualesquiera otros sentimientos. La conciencia de falta que una pasión así pudiera inspirar, si es que fuera, en algún momento, consentida por su autora con esta categoría la decisión que tomara, era entonces perfectamente compatible con la inmoralidad. Habiendo ganado la iglesia romana, tras la cruenta crisis del siglo décimo sexto, el monopolio de la regla que morigeraba, a su arbitrio quedaría relevar del peso que un comportamiento así pudiera cargar sobre sus protagonistas, a condición de que la exclusiva le fuera respetada. Las compensaciones que esta degeneración de las costumbres le valieron son una parte principal de este relato no obstante no explícita. Ninguna de las previsiones de la fundadora podría ocultar que todas tenían el objetivo común de transferir de la manera más ventajosa una parte sustantiva de su patrimonio, quizás obligado por vínculos familiares precedentes, al capitán más joven de los dos con los que convivía. Ponía a su disposición nada menos que la mitad de su patrimonio. En beneficio de esta posibilidad actuaba que el proyecto hubiera sido concebido bastante tiempo antes de ejecutarlo, así como el interés por escapar cuanto fuera posible de las instituciones eclesiásticas, sin que eso supusiera contradecir sus creencias, un cálculo que ni remotamente entraría entre los del más incrédulo de los ahorradores dispuestos a servirse del canon para proteger todo el tiempo que fuera posible el patrimonio atesorado.

     La tercera manera de entender aquellas decisiones se sostiene sobre algunos hechos sucedidos durante la ejecución de lo prescrito por el documento fundacional, que tuvieron como consecuencia la escasa fortuna que le cupo a la iniciativa. Desparecida la fundadora, cuando llegó el momento de vender los bienes apartados para el patronato no hubo comprador. La justicia, después del terrible 1648, cuando la población de la zona sufrió la peor calamidad sanitaria de toda la época moderna, decidió adjudicarle, no los 2.000 ducados líquidos que hubieran permitido desplegar su proyecto financiero al instante, sino un lote de bienes correspondiente, a partir de los aprecios que de las propiedades los albaceas, tiempo antes, habían hecho. Fueron la cuarta parte de un molino, 576 pies de olivo en nueve parcelas y solo tres créditos, de 261, 95 y 50 ducados de principal respectivamente. Probablemente todos sumados equivalían a la cantidad necesaria, y por tanto se atenían a lo prescrito. Pero también es muy probable que en aquellas circunstancias los bienes que no fueron liquidados no encontraran comprador.

     Fue así como las posibilidades de la fundación concebida, pensada como empresa de crédito, sueño alentado por la promotora mientras mantuvo bajo su control su proyecto, quedaron muy limitadas. Finalmente no prosperó, como tampoco lo hicieron los erarios y los montes promovidos en el siglo décimo séptimo en la medida que sus defensores pretendieron, aunque es indudable que una masa de dinero civil terminó operando en los mercados, quizás bajo las segundas condiciones. El monte de Olivares probablemente fue durante mucho tiempo la única institución secular solo crediticia, entre todas las acreedoras consolidadas, operativa en las zonas rurales de la región.

     El desenlace del proyecto de 1635, que cargaba además con una dificultad, la liquidación de los bienes que debían generar el capital que permitiera negociar con el dinero, contemporáneo de la promoción de los erarios y los montes, permite pensar que este tipo de iniciativas no pudo superar la competencia de las que actuaban bajo la protección del canon romano.

     Hay razones para creer que cuando llegara el momento de ejecutar la última voluntad de la promotora, pudo ser un obstáculo a su satisfacción la cláusula que negaba la intervención eclesiástica, e incluso la nulidad automática de lo dispuesto en caso de que su autoridad pretendiera inmiscuirse. Decidir en estos términos estaba expresamente prohibido por la ley, con fundamento en que la administración eclesiástica era legítimamente la encargada de cumplir con las mandas piadosas.

     La dogmática argumentó a favor de la nulidad porque en su opinión impedir la intervención eclesiástica podía ser motivo de abusos en la administración de los bienes adjudicados, puesto que quienes fueran sus responsables no tendrían que dar cuenta de su gestión; un argumento que suponía que los beneficiarios de las rentas, cuando la administración regular de estas estuviera en manos de gestores, renunciarían a su control.

     Se le negaba al autor de un testamento la capacidad de actuar contra este derecho solo porque así estaba reconocido por la norma canónica. Pero todavía se argumentaba más. Bastaba el hecho de la fundación piadosa para que de esta manera el propio autor de la última voluntad reconociera implícitamente el derecho de la administración eclesiástica. Para la dogmática más sutil incluso no sería necesaria la revocación de la manda contraria a la intervención eclesiástica, porque como la fundación de la memoria daba origen a una capellanía y de esta, por ser un beneficio, investía a la autoridad eclesiástica, para dar satisfacción a lo dispuesto en el testamento, automáticamente entrarían bajo control canónico, lo que a su vez iría dando lugar sucesivamente a actos que no harían más que confirmar esta intervención, como la investidura del capellán o la visita de la capellanía. Negar así la acción del autor del testamento y de sus herederos sería cumplir con su voluntad.

     Pero había un resquicio. La jurisdicción civil podía dar por bueno lo mandado en el testamento, incluso admitiendo la finalidad pía de la fundación, porque podía ser tratado como un asunto de colisión de jurisdicciones, durante la época moderna enunciada como causa de fuero mixto. Llegado al límite del contencioso, cabía la posibilidad de que resolviera mediante sentencia a favor de la posición civil. Es posible que nuestra fundadora actuara confiada a esta posibilidad, lo que sin embargo fue insuficiente.

     La razón de esta agresiva actitud de la iglesia católica hay que buscarla en el monopolio de hecho que ejercía en el mercado del crédito rural. Para participar en él no era necesario un proceso tan dilatado, y que pudiera oponer dificultades inopinadas, como por ejemplo las surgidas en 1648, para extraer renta a los bienes que regularmente detenía el cruce de las fórmulas a disposición de quienes habían consolidado su ahorro como patrimonio, bajo la protección legal de la propiedad. El crédito rural en dinero, porque era conducido a un mercado tarifado, el de los censos, se sostenía en cada población sobre un orden de antemano ya muy cerrado, que tendría raíces más civiles que eclesiásticas, dadas las características legales de las corporaciones que lo alimentaban, como memorias, capellanías o patronatos, pero cuya custodia invariablemente había sido reconocida al clero de occidente, que actuaba en ellas como administrador y rentista.

     Es posible que por esta causa, para el crédito que comerciaba en el medio rural, tal vez existiera un reparto tácito de dominios, obra de las presiones que censuran los nexos entre personas en las poblaciones, tanto más cuanto menor es su tamaño, que anulaba cualquier iniciativa que pretendiera escapar al control de quienes se habían purificado con la disciplina del celibato.

     El crédito, tan inevitable como los parientes, tentador como la carne, al principio condenado, donde quiso actuar durante el pasado había tenido que recurrir al ingenio. Hasta su expulsión, los judíos habían mantenido solo con sus fuerzas buena parte de este mercado, llevados por una abnegación que merece mayor reconocimiento que el deparado por la historiografía. Después, su tradición fue heredada por los comerciantes más comprometidos, necesitados siempre de financiación transitoria para sostener su arriesgada obra. La corona, con el tiempo, dejó de actuar contra el crédito, e incluso reguló cuanto pudo la actividad, que a fuerza de persecución se había naturalizado como huésped de otras instituciones. Bajo ellas sobrevivía en el más placentero de los estados, gracias a que su existencia era innombrable; como en un rincón de la memoria vegeta el recuerdo marcado por la culpa que la conciencia se niega a rescatar. La vieja costumbre de la execración había sido justamente derrotada por el conjuro que consiste en bendecir. La contribución de la iglesia al nuevo orden, cuyos éxito, solidez y fecundidad revela el análisis precedente, fue de una clase que consideraba propia, la doctrina moral, a la que los casuistas durante siglos supieron hacer evolucionar. A la vez que condenaba la usura, consintió las instituciones que la hicieron posible. Así como la condenaba, con idéntico sentido de la responsabilidad no estigmatizó los censos.

     La acendrada aversión a los judíos, compartida por toda la cultura europea, tendría su origen en el ejercicio libre de la usura, que su moral, con excelente criterio de oportunidad, nunca había condenado. Para sus convecinos de otras confesiones, alentados por sus respectivos códigos de conducta pública, menos tolerantes con aquella práctica, resultaría irritante tener que plegarse a sus tipos libres. Siendo evidente que la institución católica, haciendo converger una parte de sus planes económicos con un limitado número de familias ahorradoras, en cada población había urdido un orden no menos censurable, puesto que en procedimientos y efectos tenía el mismo alcance, podría esperarse que le valiera, entre nuestros antepasados, un aborrecimiento equiparable. No sabemos que esta parte de la opinión de los antiguos haya sido investigada ni resuelta. Para el caso de que algo así no hubiera ocurrido se puede adelantar una explicación. Los tipos de interés que con sus iniciativas avaló le pudieron granjear una simpatía relativa. Se consolidaron como los más bajos del mercado. La sorprendente estima que por las instituciones eclesiásticas ha sobrevivido entre nuestros coterráneos debe aceptarse como una prueba fehaciente del reconocimiento que durante generaciones, por tan gran favor, han merecido.

     Es por tanto necesario corregir el severo juicio que sobre las decisiones papales descargaron los críticos de la economía moderna, tal como propuso Keynes. Antes que obstaculizar la financiación de las empresas, la sensata actitud de la iglesia de occidente fue capaz para derivarla a instituciones convenientemente reguladas por el sistema civil vigente, que daba garantías y seguridad tanto a las familias ahorradoras que arriesgaban en este mercado como al clero que las sirviera. En el reparto del lucro que generaban ocupaba una posición en modo alguno secundaria.