La renta del aceite en expansión

Dimitrios Stefanopoulos

Los hechos narrados a renglón seguido me permiten perseverar en mis convicciones, sean o no tenidas en cuenta, las cargue la pasión o el resentimiento. Porque demuestran que la producción del aceite, a mediados del siglo décimo octavo, estaba ascendiendo a costa de su mejor edad, antes desconocida, una dirección complementaria a la de quien en poco tiempo resultó irreconocible a causa de las arrugas que en su rostro, marcado por tubérculos inertes, que en nada alteraron su salud, por los que emergía arrogante su aristocrática estirpe, montada sobre su nariz con gafas redondas de carey, como las de cualquiera de los supervivientes de la tragedia inextinguible, trazó el deseo salaz insatisfecho, tener que compartir su tiempo con un copartícipe que prefería entregarse a la erudición antes que a la dilecta lascivia del conyugado, que a los hombres reivindica, a las mujeres engrandece y a las generaciones que crean, por efecto de los cursos impulsados por los embates de las caderas, que con tanto poder concentra el pubis, ariete que en vanguardia acomete durante las excelsas contiendas, satisface con el beneficio alcanzado sin esfuerzo.

Era septiembre y el administrador de la vicaría, en una carta fechada el segundo día del mes, había avisado al cabildo catedralicio, a cuya obediencia quedara obligado desde que fuera investido, que el poseedor de los derechos sobre la casa colindante con la bodega del aceite que aquella institución tenía en el pueblo, por necesidad en la que había incurrido, las quería vender, y que de esta manera se podía ampliar la bodega.

Recordaba en la carta que quien le había precedido en el cargo, no una, sino varias veces había recibido órdenes para que hiciera ofertas por ella, en el supuesto de que su dueño quisiera venderla. Hacía años que el cabildo la solicitaba y ninguno de los poseedores precedentes había querido deshacerse de ella. Después, él mismo había sido distinguido con idéntico encargo, una vez más, una vez que supiera y comunicara que el responsable de la propiedad, don Andrés Bernáldez, deslumbrado por la crítica de plúmbeos libros, falto de rentas a causa del abandono de sus responsabilidades, así conyugales como de la empresa de la familia, quería liquidarla.

Sería de mucha utilidad para la institución. El diezmo del aceite de la población siempre corría riesgo, por carecer el cabildo de una bodega adecuada al volumen del ingreso, que algunos años alcanzaba hasta las 42.000 o 44.000 arrobas. Si algo así ocurría, quienes habían arrendado el cobro de la renta, que eran los que debían usar la bodega, se veían obligados a ir sacando los aceites, porque no encontraban almacenes en la población capaces para tanto volumen. Tenían que llevarlos a otros lugares, incluso a la capital, a más de 80 kilómetros de distancia, aventura itinerante que les exigía un gasto brutal. Aparte el costo de los portes, enormes a causa de las distancias, los derechos que se pagaban en la población por el aceite que se sacaba, a los que incluso estaba obligado el aceite regalado que salía, alcanzaban algo más del medio real: 12 maravedíes de arbitrios y el resto, hasta 20 reales, derechos de cada carga por despachos del escribano y el juez. Tanto podía suponer este gasto que en aquellas ocasiones, cuando el volumen del aceite a recaudar era muy grande, llegaba a disuadir a los arrendadores del empeño en las pujas para hacerse con el cobro. El resultado era que la renta era poco segura y que los afianzadores siempre corrían el riesgo de una quiebra.

En cuanto aquella casa estuviera en poder del cabildo, acabarían los problemas para la recaudación del diezmo del aceite. Derribada la cerca contigua de su bodega, quedaría unida al solar de las casas, y se satisfaría esta oportunidad, que hacía muchos años que no se podía conseguir. La casa en cuestión tenía 19 varas de largo, desde la puerta de la calle a la pared de enfrente, y 15 de ancho, incluidos los gruesos de los muros. Creía el administrador que, aun dejando sitio para un descargadero, en aquel solar se podrían instalar hasta 80 tinajas de 150 arrobas cada una, lo que supondría un total de 12.000. Sumadas a las 19.000 que ya tenía la bodega del cabildo, se dispondría de un almacén de 31.000 arrobas, capacidad que en un año de cosecha media, tal como marchaba la inversión en aquel producto, se podía necesitar.

El cabildo, como primer expediente, le ordenó que obtuviera una copia de los títulos que acreditaban la propiedad sobre la casa; y que sin demora la enviase a su procurador mayor, el hombre que en la administración de aquel episcopado, que dispersaba su empresa en todas las direcciones de la rosa de los vientos, trabajaba sujeto a la obligación de demostrar que las decisiones que había tomado el cuerpo de los sacerdotes, no tan célibes como neutros, eran al menos legales.

Tal como se le ordenara, el administrador de la vicaría remitió al procurador mayor toda documentación que sobre el asunto había coleccionado, para que informara, en caso de que se decidiera comprarlas. Con el envío, le adelantó que no parecía que los derechos sobre la casa plantearan muchos problemas, porque el dueño actual, aunque no tenía títulos de propiedad, disponía de testamentos favorables que se remontaban a más de ciento cincuenta años atrás.

Pero ocurrió algo inesperado. Murió el bueno de don Andrés Bernáldez, hasta aquel momento gestor de unos derechos familiares cuya responsabilidad detestaba, a los que había accedido por la onerosa vía ganancial. Quiso entonces el administrador, que se había apresurado a reiterar su predisposición a la compraventa, precipitar la operación, estimulando las decisiones del cabildo con un cuadro en exceso favorable. Había incrementado su ventaja haciendo que la excelente manzana fuera justipreciada por dos maestros albañiles, quienes como conclusión la habían evaluado en unos tristes 5.152 reales.

Pero lo más interesante, para el aspirante a comprador, era, según había averiguado el administrador, que la casa cargaba con dos créditos, adquiridos con la forma de los censos, uno abierto y otro cerrado, cuyos principales eran cantidades asequibles, respectivamente 1.650 y 333 reales. Como cualquiera de los intereses los cobraba un convento de la población, titulado de San Pablo y Santo Domingo, con el que el cabildo tenía todos los años cuenta y partidas que podían compensarse unas con otras, en las manos del colegio de los sacerdotes de la catedral convergían los hilos que le concedían la posibilidad de manejar la situación como le conviniera. Los cálculos por los que apostaba el administrador mantenían que a la dueña actual solo habría que pagarle 3.169 reales, la cantidad que resultaba de restarle a los tristes 5.152 de la tasación la suma de los 1.650 y los 333 de los principales pendientes, de los que le quedarían menos una vez pagada la alcabala y descontados otros gastos. Incluso contaba con que podría rebajar aún más el costo.

En su opinión, la casa estaba abocada, de todas maneras, a ser vendida porque solo el cuarto de la calle quedaba en pie, aunque amenazaba ruina; mientras que el resto, salas, alcobas, estrados, soberados, corral, cochiqueras, todo estaba asolado.
Nada más lejos de la realidad. Griselda, la viuda, heredera única, estaba más urgida por deshacerse de su pasado, cuyo relato se demoraba en una larga cadena de fracasos, que por el estado del edificio. A la solitaria dueña la atormentaban unos recuerdos que deseaba conjurar consumiendo el tiempo con un guiño por fusión irreversible. Las razones de aquella actitud quedaron al descubierto en pocos días. Según había averiguado el administrador, el poseedor de los derechos de la viuda Griselda, apenas desaparecido Andrés Bernáldez, había pasado a ser Juan Becerra, quien los había desviado en su favor con una maniobra de dudosa legalidad.

Los herederos de Griselda, una nutrida tropa de sobrinos, huérfanos demasiado pronto, tendrían que haber sido consultados para verificar la transferencia de dominio. Pero resultaron defraudados a consecuencia de las gestiones de un hábil mediador legal, de nombre Gerardo Vélez, que, anticipándose, redujo a un vendí, a favor de Juan Becerra, con el visto bueno de la irresponsable tutora berrugada, los derechos sobre el edificio, orillando los correspondientes a los herederos legítimos. Esta razón sin duda haría que el actual titular de los frágiles derechos sobre la casa se viera definitivamente urgido a liquidarla.

El administrador de la vicaría, adelantándose de nuevo a las decisiones previsibles, ya había pactado con Juan Becerra los términos de una salida por los dos deseada, puesto que su esposa, uno de aquellos sobrinos, podría representar la heredera final de aquel patrimonio, para el caso que desapareciera la tía Griselda. Si no, para asegurar el asalto en el estado actual de la transmisión de los derechos, ya había encargado una copia del frágil vendí a partir del libro de registros de la correspondiente escribanía, y había pedido al abogado, el hábil Gerardo Vélez, un informe sobre los censos cargados sobre la casa, efectivamente avalados por los frágiles beneficiarios de los sucesivos testamentos. Todos los papeles que acreditaban cualquier de estos extremos quedaron en poder del administrador, que los remitiría con el propio de rentas, el correo particular que el cabildo mantenía para gestionar sus ingresos, para que en cuanto al cabildo le pareciera conveniente le diera orden para la compra. Porque la venta, tomasen los acontecimientos cualquiera de los derroteros posibles, era cuestión de tiempo.

Era ya el 2 de octubre y para entonces todavía la oportunidad no se había consumado. El experto cabildo, en estas ocasiones, prefería esperar hasta el límite de lo posible para presionar sobre los vendedores, a los que sabía cada vez más necesitados. Para sus intereses aún quedaba tiempo. A principios del otoño la producción del aceite de la campaña en curso aún estaba a unos meses de distancia. No obstante, aquel día el administrador quiso insistir en lo que había comunicado en la carta de 2 de septiembre, y revelaba que efectivamente al dueño ya le urgía conocer la resolución del cabildo, para disponer o no de la casa. Sabía además el administrador, porque con él se entendía, que Gerardo Vélez aún terciaba en la operación, ahora con intención de obtener parte de la necesidad de Juan Becerra, cuya urgencia era más consecuencia de su deseo de trasladarse al norte con su mujer, donde su única descendencia y consuelo había arraigado, razón por la que deseaba liquidarlo todo, cortar sus raíces, abolir el rastro de su memoria. Insistió en el precio y la capacidad en que la bodega se podría incrementar ya comunicados, y ahora añadía que el costo que podía tener el plan, hasta que la casa quedara lista como bodega y en uso, unida a la principal, lo estimaba entre 25.000 y 26.000 reales, incluido el valor del edificio, que tal como había calculado sería como máximo de 5.152 reales.

El cabildo respondió al administrador el día 12 de octubre. Persistía en sus maniobras dilatorias, una vez más le solicitaba confirmación del costo de la casa. No esperó el administrador a que terminara octubre para contestar la carta del 12. De nuevo explicó que la casa había sido justipreciada por dos maestros albañiles en 5.152 reales, y que ahora estimaba que en ella se podrían instalar hasta 70 tinajas, y no las 80 que inicialmente había previsto, aunque persistía en que la capacidad total instalada podría ser de 12.000 arrobas, y arriesgaba que el costo que tendrían tinajas, materiales y mano de obra, hasta dejar la casa unida al antiguo almacén podría ser de solo 20.000 reales, porque si se adquirieran los materiales con conveniencia y comprándolos a su tiempo se podría conseguir alguna equidad. Por último, una vez más, recordaba que tanto en la carta del 2 de septiembre como en la del 2 de octubre había suplicado al cabildo, a repetidas instancias del vendedor, por la mucha necesidad que este tenía, que decidiera si iba a comprar o no.

Por fin, después de aquella carta de fines de octubre, el administrador recibió del cabildo otra del 9 de noviembre, en la que se le ordenaba la compra de la casa para la ampliación del almacén de aceite de la cilla de la población.

Decidida la operación, las preocupaciones del cabildo se concentraron en asegurar la cantidad que tenían que percibir los dueños, los escuetos 3.169 reales, la cantidad que resultaba de restarle a los tristes 5.152 de la tasación la suma de los 1.650 y los 333 de los principales pendientes, de los que por cierto asimismo sería necesario redimir el censo abierto. Con el fin de garantizar el pago de la cantidad comprometida, el cabildo ofreció como hipoteca tres partes de una casa que tenía en la misma calle donde estaba su bodega.

En cuanto a la ejecución de la obra, al cabildo todavía le había parecido mucho los 20.000 reales en los que al administrador la había valorado, aunque reconocía que solo en las tinajas de 12.000 arrobas de capacidad sería necesario gastar 12.000 reales, a real cada arroba, forma entonces regular de tarifar los envases de cerámica. Por eso había decidido que para materiales, mano de obra y madera, que era lo de menos, quedaran los 8.000 reales restantes.

El administrador inmediatamente respondió que efectuaría la compra, y se comprometió a informar sobre cómo se fuera ejecutando el nuevo plan para la ampliación de la bodega.