Expansión de un señorío. El frente norte. III
Publicado: noviembre 30, 2023 Archivado en: Redacción | Tags: población Deja un comentarioRedacción
Pasado el año de 1435, continúa Peralta, volvieron las rebeliones de los infantes y las furias y desobediencias en mayor crecimiento. Estaban las guerras civiles tan encumbradas en estos reinos, como la crónica del señor rey dice (debe referirse a la crónica de Juan II) que no había ni podía haber quien pidiese justicia, ni ante quien se pidiese. El conde y su casa habebat utrumque gladium, los grandes de la comarca, sus deudos y allegados, los caballeros de estado de la ciudad, sus parientes y salariados, los oficios del cabildo, alcaidías y veinticuatrías suyos, y otras cosas de tanto peso y tomo que ni había quien pidiese ni osase pedir justicia. De esta manera permaneció la potencia del conde de Niebla. Él y su villa de Niebla volvieron a ocupar el Campo de Andévalo, añadieron y acrecentaron con su potencia el uso de él, poniendo imposición y acrecentando vasallos, haciendo dehesas y otras cosas que les convenían, para quedar más enseñoreados de él.
Se juntó con esto la muerte del conde Enrique Pérez de Guzmán, en 1436, sobre Gibraltar en defensa de nuestra fe. Su hijo, Juan Alonso Pérez de Guzmán, tomó a Gibraltar (1462) y el señor rey don Enrique IV sucedió en estos reinos en 1454, donde por su crónica (Alonso de Palencia, Galíndez de Carvajal, etc.) se sabe los trabajos que en ellos hubo y lo que duraron.
En 1442, en la relación de bienes que el padre de ambos dejó, antesala de la transacción entre el conde y su hermana sobre la herencia común, consta el Campo de Andévalo, con la Alcaría de Juan Pérez, el castillo de Peña Alfaje y todas las otras casas a él accesorias y pertenecientes. De inmediato la actividad del conde en el Campo se reanudó. En 1445 el conde concede a Alosno una dehesa y la exención de la prestación de servicios y pago de impuestos a sus vecinos, y para aquel mismo año disponemos del texto de una iniciativa suya, una carta de franquicias para los vecinos y habitantes de la Alcaría de Juan Pérez, ariete de su avance hacia el oeste en el Campo.
Se atiene al tipo de contrato de colonización, aunque su primer editor no lo clasifica como carta puebla; lo que no impide que afirme que: “[…] tiene las mismas características de las cartas pueblas [sic]”. Fundado también sobre el principio de merced, está dirigido a todos los vecinos y habitantes. A los segundos se refiere como moradores, lo que se puede interpretar como que cumplen la condición de tener fundado un hogar en la población donde duermen. Son objeto del mismo trato legal tanto los presentes como los futuros. Como se trata de un lugar que ya tiene población en este momento, de que la merced se extienda a vecinos y moradores, así presentes como futuros, su editor deduce que el lugar “debía estar escasamente poblado, y se pretendiese revitalizarlo atrayendo nuevos pobladores”. No aporta ninguna prueba a favor de esta idea. No obstante, previamente observa que “no se trata, en este caso, de que el lugar hubiese sido abandonado”. Contradice su deducción, como en el caso de Villarrasa, que la merced se extienda también a los vecinos presentes. Es posible que trabaje con un doble prejuicio: que la política de colonización es una reacción contra la despoblación y que la única forma de población del condado es la concentrada y raíz.
El fin directo e inmediato declarado por el documento es que en el dicho mi lugar se pueble y acreciente más. Es, pues, política de colonización directa, un objetivo muy definido. Para alcanzarlo ofrece, en primer lugar, franquicia de servicios por veinte años. Cita como objeto de la franquicia pechos, pedidos, moneda y otros servicios, tanto del rey como del señor, lo que después se ha interpretado como franquicia de todo tipo por lo que a estas modalidades de gravámenes se refiere. En segundo lugar, suspende durante el plazo fijado el quinceno, que se deduce como la misma figura creada en el caso de Fuentecubierta en 1423, a lo que se añade la suspensión general de cualquier tributo de las cosas que hubiéredes de vuestra labranza y crianza. No sabemos si allí existían gravámenes sobre la producción distintos al diezmo eclesiástico, o si nuestra fuente se está refiriendo a este. No es probable que contara el conde con atributos o derechos suficientes y legítimos como para limitar los de la iglesia.
La franquicia se extiende a la dehesa, en el sentido de que niega el pago de rentas o tributos por su uso. No se trata de la concesión de un espacio de esta clase, por tanto; el bien concedido no es territorial, sino de servicios. Parece que se da por supuesto, de ese modo, que ese espacio está ya señalado y en uso como consecuencia de algunos de los proyectos anteriores. Pero, sea o no así, resulta equívoca la afirmación siguiente: “los estímulos para arraigar comprendían la tradicional concesión de una dehesa concejil franca”. No hay ninguna referencia a los derechos de uso, pero sí se extiende en las garantías de la franquicia, que para este objeto en particular es indefinida y universal. No puede ser revocada por razón alguna, en tiempo alguno o de algún modo, ya sea mediante decisión condal anterior o por venir, que así queda revocada. De esta manera tan radical y absoluta la dehesa queda garantizada, protegida y excluida de usos y aprovechamientos ajenos de frutos (comida), ganaderos (pacida) o como consecuencia de roturación (quebrantada).
Sobre las condiciones y obligaciones, hay que recordar, en primer lugar, que también afectan así a vecinos y habitantes presentes como a los futuros, y que la vigencia de las obligaciones se extingue a los veinte años, a la vez que las franquicias. Se resumen en que deben dar fianza, ante el escribano público de Niebla, de hacer casa nueva y plantar como mínimo una aranzada (lanzada, literalmente) de viña. La fianza, según el texto, consiste en aportar fiador o fiadores que se obliguen solidariamente a cumplir las dos condiciones. Sería necesario organizar grupos para la población, que usarían en su beneficio vínculos más extensos que los de la familia nuclear. La necesidad de afianzar con tal contenido crearía los vínculos. Para cumplir la exigencia de la casa se da un plazo de un año, el doble que en Fuentecubierta en 1423, y para plantar la viña dos.
Las exigencias sobre la casa son en este caso descriptivas del sistema de cubierta, mientras que en 1423 se intentaba garantizar la radicación, citando explícitamente la obra de mampostería para el cerramiento vertical. Se nos escapa aún el sentido exacto de estas condiciones arquitectónicas tan precisas, pero son tan definidas que es conveniente retenerlas: la casa nueva debe ser de teja y cinco tijeras, referencia que interpretamos como pares. Por oposición, este rigor normativo podría indicar la existencia en el condado de otro tipo de edificio destinado a ser hogar, que desde este supuesto sería el que no está cubierto por teja. Por eso resulta que lo más llamativo de la condición de la casa nueva sea que incluya a los vecinos y habitantes presentes. O los vecinos y habitantes presentes habitaban un hogar más inestable, por sus características materiales, o ni siquiera tenían hogar radicado en el lugar. Lo primero le daría un sentido a la preocupación arquitectónica de la merced condal, mientras que lo segundo sería indicio de una manera de poblar que no incluye el hogar estable.
La preocupación por las características de la casa revela que el fin de la política de colonización es el mismo: radicar la población, la manera de querer en el espacio a los hombres de las autoridades condales, como ya se puede comprobar en casos anteriores.
Esta merced es, paradójicamente, más primitiva que las precedentes, tal vez como consecuencia de una progresiva radicalización de la política de población. El que no cumpla las condiciones en los plazos previstos deberá pagar 2.000 mrs. En su defecto –que habrá que entender como que el vecino se vaya– los fiadores cargan con la multa y con el deber de plantar la viña y levantar la casa.
Pero contiene esta merced una cláusula por completo nueva. Prolonga las franquicias y obligaciones indefinidamente, haciéndolas aplicables a cualquiera que se fuera a vivir al lugar durante los veinte años fijados para la situación presente, a contar desde el día en que dieren la fianza. No cambia por tanto nada de lo regulado para 1445. La única diferencia es que para ese supuesto futuro se trata de un derecho individual. La razón de este nuevo mecanismo es la misma que al principio se declaró: porque todavía se pueble mejor el dicho mi lugar.
Que el texto de Alcaría de Juan Pérez 1445 prolongue las franquicias y obligaciones indefinidamente, haciéndolas aplicables a cualquiera que se fuera a vivir al lugar durante los veinte años fijados para la situación presente, indica un cambio en la política de colonización, una actitud ante el problema de la población del condado al que nos referimos antes. Regula la población permanente, en cualquier momento. El mecanismo es sencillo.
Aún es necesario retener algo más. En ningún momento esta merced limita la inmigración de los vecinos ya asentados en las tierras del condado, otra diferencia significativa con los casos anteriores. Que la carta de franquicias no limite la inmigración de los vecinos ya asentados en el señorío posiblemente esté dando otra pista de que la política de colonización está girando hacia principios más realistas.
Aparte cuestiones de detalle –otro caso, otra manera de combinar los mecanismos de colonización habituales: franquicias aplazadas o indefinidas, universales o limitadas; quinceno o no; dehesa con unas u otras libertades de uso; casa con tal o cual característica; viñas, instrumento de población que ya hemos ido analizando– lo que más llama la atención del proyecto de Alcaría de Juan Pérez 1445 es que la política de colonización empieza a concebirse como una necesidad permanente, constante, al menos para el Campo de Andévalo.
Fueron a por nosotros
Publicado: noviembre 4, 2023 Archivado en: Dante Émerson | Tags: historias Deja un comentarioDante Émerson
Conocí a Gaston Herrault, hispanista tunecino, hijo de un funcionario de la administración colonial francesa, en la Sede de la Fundación, entonces concertada con el gobierno de Burguiba para que acogiera en el continente europeo los trabajos del Institut Tunisien de la Recherche. El marqués del Tranco la había mantenido a su costa durante los años difíciles de la postguerra, a la que llegó en estado ruinoso. Las bombas se habían cebado con el edificio, los milicianos lo habían elegido como fuerte en primera línea de combate. Fue él quien negoció con la administración tunecina la cesión del edificio, que era de su propiedad, por noventa y nueve años. A él lo relevó de un gasto, que ya le resultaba insostenible, y a la Fundación, perdidos sus fondos durante la contienda, le permitió sobrevivir vegetando.
El Institut era el descendiente de un ingenio anacrónico promovido con más interés estratégico que científico. Las excavaciones de un yacimiento en el extremo meridional del continente, muy cerca de su puerto extremo, con la anuencia del socio con el que se compartía el protectorado sobre el norte de África, fueron el primer proyecto de un Centre pour les Rapports Appropriés, dirigido por su primer director, el prestigioso arqueólogo M. Armagnac, funcionario él mismo de la administración colonial francesa del norte de África; una iniciativa a la que se prestó la Fundación como mediadora legal. Ambos promotores apenas pudieron disimular que se trataba de disponer de una posición estratégica para controlar el estrecho, al margen de quienes fueran sus soberanos. La guerra generalizada que siguió, y las tensiones descolonizadoras posteriores a la paz, más que el valor de los trabajos a los que contribuyera la Fundación, habían devaluado su papel. Tal concurrencia de desequilibrios permitió que una promoción colonial se pusiera al servicio de quienes hacía poco habían conseguido su independencia.
La señorita Delhorme y yo, con un jersey de lana, con sus propias manos durante el verano tricotado, y una plancha en la maleta, nos habíamos instalado en una de las habitaciones de la Sede para la primera quincena de septiembre. Nos la había cedido el Institut Tunisien sin costo alguno, más para oficializar nuestra relación con sus administradores que para avanzar en el trabajo que con ellos habíamos comprometido. Entonces lo dirigía M. Labiche, otro hijo del mismo empleado de la administración colonial francesa, pródigo en descendencias mixtas, nunca contaminado de racismo. Hombre alto, miraba de través aprovechando las posiciones de flanco de sus interlocutores, inadvertidas por los concernidos. Su envergadura le permitía prescindir de tarima para tomar el punto de vista que desciende por encima del hombro, algo que nunca me ha desconcertado tanto como pretenden sus emisores, tal vez porque desde abajo las imposiciones se reciben con más indiferencia que cuando las caras se enfrentan; puesto que hasta la altura inferior todo llega desde las mismas latitudes.
Labiche vestía siempre de claro, como buen descendiente del orden colonial, corbata y zapatos negros y un panamá, no un salacot, con banda también negra. Al día siguiente de nuestra llegada nos citó en su despacho, él sentado tras su mesa, un par de sillones al otro lado, en los que a un gesto suyo nos sentamos. Nos dio la bienvenida en nombre de la institución, seguro de que nuestro trabajo sería satisfactorio. Le correspondimos declarando nuestro deseo de estar a la altura de la responsabilidad con la que nos habían distinguido.
La disciplina diaria de la Sede estaba confiada a una gobernanta dotada, joven y vigorosa, morena, indiferente a todo lo que no fuera asunto suyo, decidida de gestos, pasos y miradas arrasadores, sin aliados ni contrincantes, autónoma por decisión soberana inapelable. Nos convocaba a la mesa a golpe de cencerro sin badajo; una mesa única, larga, vestida con mantel blanco, en la que todos los alojados, hispanistas y agregados, compartíamos comida y experiencias. Intercambiábamos opiniones sobre lecturas y sus autores, más clásicos que actuales, reservadas por precaución, aclaratorias de interrogaciones directas cuando se expresaban, concesivas a los deslices inadvertidos, condescendientes con las opiniones no compartidas, siempre educadas.
Eran habituales del convivio a mediodía Armand Lumière, alto, de miembros independientes, que introducía cualquiera frase con un gentil bon, entonces concentrado en recopilar cartografía histórica; o Mlle. Lin, la bibliotecaria de la Sede, excelente catadora del valdepeñas a granel, servido en una frasca que se reservaba como sucedáneo de los postres, heraldos de las siestas. Era dedicación compartida por todos los alojados en la Sede organizar su biblioteca durante sus ratos libres. Los esfuerzos se concentraban en la colección de los miles de trabajos, muchos de ellos inéditos, de quienes hubieran tenido alguna relación con el Institut. A Mlle. Lin solo correspondía dirigir la actividad y gestionar la consulta de los fondos tras el descanso de la tarde.
Fue en la mesa donde coincidimos con Herrault y su mujer, campesina que no se tomaba demasiado en serio las formalidades del comedor, que apreciaba lo justo el valor de los cubiertos y la servilleta, así se tratara de costillas o de sardinas. Trabajaba con abnegación para él. El segundo día, cuando por el director supo de nuestra presencia y de los contenidos del trabajo que se nos había encomendado, decidió que comeríamos aparte. Siguiendo sus instrucciones, la gobernanta, el tercer día, nos condujo hasta la mesa para cuatro en la que ya nos esperaban ellos.
Durante la comida nuestra conversación no tuvo más asunto que sus preocupaciones. Hasta sus oídos había llegado que el trabajo que nos habían encomendado debía concluir en una cartografía. Era la oportunidad para hacernos partícipes de una importante novedad científica, la Gráfica, campo del conocimiento desbrozado no mucho antes por el pensamiento francés, del que Jacques Bertin, colega suyo, estaba siendo el padre. Para nuestra cartografía nada sería más oportuno que abrazar aquella innovación, de la que no teníamos noción alguna, como ninguno de nuestros connacionales. Era imprescindible partir de cero con buen pie. El Insititut debía organizar unas jornadas de iniciación a la nueva ciencia. Se podrían celebrar durante las semanas siguientes, una vez pasado el verano. Debían convocarse en el sur, espacio marco de la investigación en curso, donde mayor era el desconocimiento, tanto de esta como de tantas materias que en el África colonial francesa, gracias a los intercambios con la antigua metrópoli, ya eran moneda corriente. Él se encargaría de todo. Buscaría a los especialistas idóneos, negociaría con las instituciones la financiación del gasto que originara su presencia y una sede a la altura. Estaba en buena posición para asegurar el éxito de todas las gestiones. Durante años, había sido Jefe de Estudios del Institut, responsabilidad a un tiempo académica, administrativa y diplomática.
La administración regional del Sur, en aquel momento, apenas empezaba y buena parte de los fondos a los que aspiraba debían provenir de las instituciones europeas, de las que entonces el estado de nuestras leyes aún no era parte. Para ingresarlos, el Institut, gracias a sus pasadas conexiones coloniales, nunca extinguidas, podía actuar como intermediario. Los estudios que promovía, cuando se trataba de materias con alguna relación con la actividad económica, eran sondeos de las posibilidades de ganancia al servicio de los inversores europeos, que ya deseaban arriesgar sus capitales en los territorios periféricos.
Entonces estaban particularmente interesados por las posibilidades de la agricultura. Sobre todo les preocupaban las cepas. El objetivo del proyecto para el que trabajábamos era demostrar que la producción vitivinícola meridional era crónicamente excedentaria y de baja calidad, lo que hundía los precios de los caldos. El propósito no declarado de aquel teorema era arrasar con el cultivo de la vid cuanto fuera posible, para a continuación abrir mercado a los vinos continentales.
Actuaba como pantalla encubridora del plan el secular latifundismo meridional, insostenible por ineficiente, justamente cargado con la mayor condena moral, por todos conocido, cuya secuela más nociva era un crecimiento económico poco saludable. A nosotros nos tocaba cartografiar el fenómeno en los tiempos históricos más recientes.
En el tiempo que medió entre la decisión de Herrault y la celebración de las jornadas, fue adscrito al proyecto, sección histórica, Santos Máyer, cuyo interés por los problemas que debía resolver se limitaba a las cantidades que podía ingresar con su trabajo. Nunca lo ocultó y su sinceridad lo calificó para defender durante las jornadas la reconstrucción parcelaria que hasta entonces habíamos conseguido. Yo era incapaz de enfrentarme a un público autorizado, del que todo lo temía.
Además de Gaston Herrault y Jacques Bertin, había decidido inscribirse en las jornadas una tropa de personajes de formación y disciplina académicas, la mayoría docentes en la primera universidad de la región, la Universidad Magistral, con distinto grado de compromiso.
Jacques Bertin, llamado a ser quien abriera las jornadas, finalmente declinó su asistencia. Su agenda tenía previsiones para aquellas fechas desde hacía tiempo y sus compromisos precedentes eran inexcusables. Envió para que lo representara a Serge Bonin, su colaborador de confianza.
Después, tuvimos que oír de boca de Sagrario Doncel, de la universidad de Oriente, la defensa del método del puzle para la reconstrucción del parcelario que se documentaba con el catastro de Ensenada. Estaba razonablemente sostenido. Pero extraerle resultados obligaba a disponer de varias vidas, si se quería reconstruir un área razonablemente representativa del mayor número de posibilidades.
Aquel método permitía restaurar el parcelario de la propiedad, de cuyo supuesto peso todo el mundo tenía insistentes y agotadoras pruebas. No habían tenido que pasar muchas semanas para que descubriéramos que la persistencia en saber de la propiedad latifundista ocultaba una realidad bastante más compleja. Solo la fragmentación que podíamos observar a partir de nuestras reconstrucciones cartográficas tentativas, basadas en la primera edición del Mapa Topográfico Nacional, lo devaluaban como fenómeno que decidiera.
Acordamos aprovechar las jornadas dedicadas a la iniciación a la Gráfica para defender nuestro punto de vista, basado en un registro parcelario de 1771 que no se refería a la propiedad, sino a las explotaciones que habían estado activas aquel año. Cuando Santos Máyer expuso las conclusiones a las que habíamos llegado a partir de él, que trascendía la imagen del espacio que se obtenía gracias al catastro de Ensenada, todo se vino abajo. Su contingencia fue lo que nos costó el alud.
Primero fue Adán Maqueda, entonces aspirante a un puesto en el departamento de Prospectiva Territorial de la universidad magistrante. Ignorar la propiedad, nos dijo, era edificar sin cimientos. La propiedad era determinante, decidía sobre todo lo demás.
Nadie la ignoraba, le replicamos. Pero reducir la observación a ese factor, o utilizarlo como filtro de los demás, era privarnos del elenco completo de los actores del drama rural, que competían con el protagonista –en el supuesto de que el propietario lo fuera–, cada uno de los cuales se podía identificar gracias a un documento tan directo como el parcelario de 1771.
Después fue Ramón Contreras, quien estaba preparando su tesis doctoral con el objetivo de ganar una plaza en el departamento de Anacronía Hispánica de la misma universidad. Elevó el tono de la crítica a nuestra posición a partir de un juicio sorprendente, tan sin sentido que fuimos incapaces de replicarle. Pensaba que habíamos incurrido en un abuso al servirnos del catastro de Ensenada como elemento de comparación. Él había recurrido a la misma colección de documentos como la principal informadora para su tesis, y trabajábamos sobre territorios, si no idénticos, sí muy próximos. Como había empezado sus trabajos antes que nosotros, nuestra obligación tendría que haber sido saber que él ya trabajaba a partir de aquella fuente. Con nuestra inmadura forma de proceder estábamos incurriendo en la contravención de una norma no escrita, cuya aceptación académica era universal, según la cual dos no podían trabajar sobre lo mismo. Le estábamos pisando la fuente, nos dijo. Más aún. Incluso se nos podría acusar de cometer un acto de filibusterismo intelectual, expuesto a penas administrativas, teniendo en cuenta que él tenía oficialmente registrado el título de su tesis. Eso nos ocurría por trabajar como francotiradores, concluyó, como gente al margen de las instituciones académicas, las que legítimamente tenían delegada la responsabilidad social de la investigación.
Aquello no tenía sentido. El catastro de Ensenada se había convertido en el catecismo de todo el que se aproximaba al siglo XVIII, arqueólogo o no, y acusar a alguien de servirse de él era tan absurdo como recriminarle al del asiento vecino que hubiera tomado el mismo autobús que nosotros para ir al trabajo en el que ambos estuviéramos empleados. Definitivamente iban a por nosotros.
La faena la remató Albino Marchante, ya consolidado profesor del departamento de Anacronía Precedente, colaborador habitual de la publicación científica del Institut y que antes también había trabajado para él. Investido de la mayor autoridad entre los historiadores presentes, se atribuyó la crítica más demoledora. Negó rigor y calidad a nuestro trabajo. Nuestros procedimientos no estaban avalados por precedentes que los autorizaran. Cualquier método debía estar contrastado con reiteradas comprobaciones de su oportunidad. Hasta entonces nadie había demostrado que aquello que llamábamos parcelario fuera una fuente adecuada, mucho menos idónea para el fin que nos proponíamos. ¿Quiénes eran sus autores, cuáles sus procedimientos para recabar la información? ¿Se basaba en declaraciones de parte, disponía de algún medio de control de los datos que recababa? En una palabra, ¿dónde estaban las conclusiones de nuestra crítica? No se podía confiar un trabajo con repercusiones sociales a gente sin experiencia, sin más aval que su buena disposición, que no ponía en duda, pero que no bastaba para enfrentarse a trabajos que tendrían consecuencias para el futuro de la región.
No tuvimos quien nos defendiera. También Herrault había excusado su asistencia porque ocupaciones inaplazables lo retenían en Montpellier. Derrotados, no nos quedó otra salida que pedir perdón y retirar nuestra ponencia, que, reconocíamos, no merecía ser publicada. Para el consejero representante de las instituciones regionales, que fue el último en tomar la palabra, las jornadas habían colmado sobradamente sus objetivos.
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