El movimiento continuo

P. Martín Vázquez

Cuando el 8 de noviembre de 1917, día decisivo para la revolución, el segundo congreso de los soviets de Rusia acordó resolver sobre el problema de la tierra, puso al descubierto la mayor dificultad a la que habría de enfrentarse, la misma que estuvo en el origen de la revolución francesa, idéntica a la que tuvo que sustanciar la revolución china. La resolución sobre la paz pretendía satisfacer una aspiración compartida, más allá de asegurar el apoyo a la causa de los soldados, con buena parte de los cuales ya contaba, aún más extenuados por la guerra que la población civil. La elección del consejo de los comisarios del pueblo reconocía la hegemonía de las organizaciones revolucionarias, completaba el golpe de estado que habían consumado y salía al paso del vacío de poder que ellas mismas habían creado. La elección del nuevo parlamento y del consejo permanente de los soviets, las otras decisiones de aquel día, no pasaron de ser un trámite. Las instrucciones sobre la tierra, que serían el origen de un afamado decreto, el recurso legislativo que correspondía a una dictadura consciente, organizada por la que justificaba su prevalencia llamándose vanguardia del proletariado, se proponían afrontar el problema político que esta no había resuelto, el escaso consenso que la revolución social había ganado en el campo.

     Abolieron la propiedad privada y cualquier comercio con la tierra, la confiscaron y la declararon propiedad pública. Dictaron que las explotaciones ganaderas asimismo serían confiscadas y convertidas en bien público y, aunque no la mencionaban expresamente, de las decisiones posteriores se deduce que la maquinaria agropecuaria también tendría que ser confiscada y convertida en patrimonio sujeto a la misma condición. Todos los recursos agropecuarios pasarían a ser un monopolio de una magnitud formidable, de enorme poder, bajo el control de un solo estado. Ningún producto se podría extraer de la tierra sin su mediación.

     Tan solo previeron una excepción a tantas incautaciones. Las explotaciones sostenidas con técnicas adecuadas no se sumarían a la masa indistinta de bienes públicos, sino que permanecerían convertidas en granjas modelo. Así se evitarían los efectos negativos que las transformaciones previsibles pudieran tener sobre las explotaciones eficientes, una preocupación inspirada por el deseo de asegurar el producto.

     Ni por la tierra, ni por el ganado, ni por la maquinaria sus dueños recibirían indemnización, aunque se prometían ayudas transitorias a los perjudicados por las confiscaciones del suelo, y la de maquinaria no afectaría a los pequeños campesinos propietarios, quienes, aunque perdieran su tierra, al menos podrían mantenerse en el disfrute de sus medios. Aunque sufrieran una agresión del legislador, con aquella excepción pretendía atenuar el golpe con lo que debió parecerle una recompensa salomónica.

     La tierra incautada se pondría a disposición de los campesinos que estuvieran dispuestos a cultivarla. Todos los ciudadanos que lo quisieran podrían explotarla contando con su familia o en sociedad, pero de ningún modo contratando mano de obra. De este modo quedaba abolida la condición de jornalero y a la vez se activaban como células de la obligada captación de trabajo humano las sujetas a la consanguinidad o a la cooperación solidaria. Era suficiente para que automáticamente los trabajadores del campo con familia quedaran señalados como los mejor capacitadas para acceder a al nuevo orden, y de este modo tan directo obtener la masa de adeptos a la revolución entre quienes teniendo aquella condición carecieran de tierra en propiedad.

     A partir de aquí, era necesario prever cómo se pondría a producir el nuevo orden agropecuario. Toda la tierra confiscada se depositaría en un fondo agrario general, que sería el encargado de dividir la disponible entre quienes estuvieran dispuestos a cultivarla. Para su gestion permanente, el fondo tendría que ajustarse a su redistribución periódica según criterios de productividad y población. Al imponerse la primera condición, el promotor de las resoluciones de nuevo deja al descubierto su preocupación más inmediata, asegurar el flujo ininterrumpido del producto agrario a los mercados. La segunda pretende resolver el problema político. Razona que es posible que haya quienes emigren por razones distintas a la demanda de tierra. En ese caso, cuando quienes la exploten la abandonen, será suficiente con que los predios vuelvan al fondo agrario, para el que todo se reduciría a distribuirlos de nuevo. Pero si el fondo agrario no fuera suficiente para satisfacer la demanda de tierras, el excedente de población tendrá que emigrar. Primero, emigrarán quienes lo deseen, luego los indeseables y, si no es suficiente, se hará un sorteo entre toda la población expuesta al riesgo de ser excedentaria para elegir a quienes deben ausentarse.

     Que sobraran tierras nunca sería un problema grave, aunque su inactividad repercutiera en el tamaño del producto, la preocupación más perentoria. El verdadero problema aparecería cuando el tamaño de la población posible, calculada en función de la tierra a la que acceder, diera origen al saldo excedente de población campesina. Gracias a las otras decisiones, el mecanismo clásico de la presión sobre la tierra ya no tendría que enfrentarse al cortocircuito de la propiedad, que dosifica la oferta de suelo en beneficio de la caída del precio del trabajo. Pero ni con esta ventaja el freno positivo maltusiano habría desaparecido. La emigración sería inevitable y permanente. Si la solución en cada momento y cada lugar tenía que ser la descompresión por la vía de salida, sería solo cuestión de tiempo o de espacio que el problema se reprodujera indefinidamente.

     Las instrucciones sobre la tierra de noviembre de 1917, cuando aceptan que la amenaza al equilibrio de la población es permanente, deja el problema del excedente sin resolver. No solo porque lo decante a la población marginal, algo tan comprometido que ya los antiguos necesitaron imaginarlo sirviéndose de mitos, sino porque el desarraigo se opone por naturaleza a la condición campesina. Por definición, no hay campesino sin tierra, y todos los trabajadores del campo, en alguna medida, esporádicamente, de manera continuada, porque las circunstancias les favorezcan o porque la servidumbre los condene, en alguna medida son campesinos. Esa es la raíz del comportamiento más conservador de cualquier población, y por extensión tal vez de todas las poblaciones radicadas, que por estarlo se resisten al movimiento, que es el cambio.

     Debió ser Heráclito quien primero le dio forma legal a tan angustiosa amenaza sobre el comportamiento humano, o al menos a él la fragmentaria tradición presocrática le adjudica la premisa que la reveló en palabras, según la cual todo fluye. Pero es más conocido el enunciado de los empiristas, el eppur si muove de G. Galilei.