Deudores rurales

Narrador

Los prestatarios o deudores también eran instituciones y personas, tal como los vendedores de créditos, solo que a este lado de los negocios el valor relativo de cada posición era el inverso. Mientras que el número de instituciones deudoras se limitaba a la quinta parte del universo de los prestatarios, las personas que se habían comprometido con un crédito eran los otros cuatro quintos. Con el tiempo, este reparto de papeles, en el mercado que se fue imponiendo, el de los censos, depuraría aún con más nitidez las posiciones de las partes actuantes. Observadas desde la contabilidad del convento de referencia, parece que el valor relativo de cada una fue incrementándose con su respectivo signo: el comprador de los censos de la primera mitad del siglo décimo octavo, en nueve de cada diez operaciones, era personal. Cuando además es posible observar el volumen de dinero comerciado, como en el caso del consumo de los créditos circulados por memorias, también se observa que la posición de mayor volumen era civil: seis de cada diez unidades monetarias eran cedidas por instituciones eclesiásticas en algún grado y movilizaban renta apta para financiar gastos de personas o grupos familiares útiles. Desde este punto de vista, todavía se deduce otro rasgo que parece característico de la demanda del crédito rural cuya restitución perseguimos. Su grado de concentración era alto: un tercio de la demanda captaría casi tres cuartas partes de la oferta. Del dinero vendido, a las manos de ese tercio habrían ido a parar siete de cada diez unidades monetarias, un fenómeno que afectaba aún más a la fracción institucional de los compradores.

El deudor corporativo en casi todos los casos al mismo tiempo era canónico. Cuatro reales, de cada diez vendidos por vía de memoria, no salían del dominio de las rentas eclesiásticas o asimiladas. La porción más explícita, que sumaba quince de cada cien operaciones de este tipo, era la que absorbían los conventos, cinco de cada seis de los cuales eran femeninos. De todo el dinero que salía a esta fracción del mercado reciclaban, por vía de crédito con memoria, una porción igual, lo que correspondía casi a la quinta parte del capital que por ella circulaba. Los regímenes económicos de una parte de las capellanías, y también de buen número de cofradías y hermandades, muy frágiles, les obligarían a financiarse regularmente con créditos, que podían obtener con preferencia en este circuito de las memorias, más limitado y más asequible. Sobre todo las cofradías, que suscribirían un crédito tipo alto (2.649,9 reales), encontrarían aquí su medio de financiación más favorable. Compradoras preferentes de créditos a través de esta fórmula, adquirían la décima parte del valor nominal de sus principales. Los patronatos, asimismo diversos, también consumían una parte significativa de esta oferta. El crédito medio que sintetizaba su demanda (420,4 reales) indica una baja capacidad para el endeudamiento. De las restantes posiciones canónicas (clérigos regulares y una monja, fábricas parroquiales), solo un hospital destacaba, aunque con una cuota por debajo de la vigésima parte.

La demanda de los tributos aparentaba mayor nitidez de los comportamientos, porque la parte institucional de las operaciones crediticias conceptuadas como tributos era la mayor. Al mismo tiempo, su grado de concentración de la demanda parecía más alto que el de todas las operaciones precedentes. Casi tres cuartas partes de los deudores mantenían más de un tributo anual. Aunque es cierto que la mayoría de estos apenas alcanzaban los cuatro compromisos de pago, había otros que satisfacían un número importante de tributaciones. Capellanías y una treintena de clérigos de todas las clases, por igual, cargaban con algo menos de la mitad de estas operaciones. Otra fracción importante, aunque por debajo de la vigésima parte, las cargaban sobre sí los conventos femeninos, casi los mismos que simultáneamente eran acreedores de cobros comparables. Los hospitales y el colegio de los jesuitas componían una parte de la demanda solo algo menor. Las demás operaciones correspondían a las instituciones habituales (cofradías, fábricas, obras pías y patronatos). La identificación de los deudores por su razón corporativa parece corresponder al hecho de que la carga se hubiera aceptado para financiar el gasto de la institución enunciada. El examen tipológico de la parte de los deudores identificada mediante esta razón, así como el de los instrumentos que utilizaban para endeudarse, nos ha permitido llegar a una conclusión que ya el análisis del tributo como tipo de contrato crediticio nos había adelantado, tan inmediata como valiosa para completar los rasgos del mercado del dinero en el campo. Una parte significativa de este orden tenía que ser cruzada, dado que las mismas instituciones eran acreedoras y deudoras.

Las corporaciones vinculadas al canon eclesiástico que adquirían censos, donde se concentraba en la primera mitad del siglo décimo octavo la masa de los compradores de dinero, también eran capellanías, cofradías, conventos y patronatos, pero ninguna pretendía crédito en una cantidad que fuera significativa, y desde el lado de los censos no era tan visible la parte endógena del crédito rural. A primera vista, parecía que las deudas institucionales fueran cruzadas que a un lado y a otro aparecieran fundaciones de la misma clase. Pero solo excepcionalmente encontrábamos la misma institución en las dos bandas (una hermandad, un convento de carmelitas calzados y un patronato), y aun en esos casos con preferencia se situaban en una y excepcionalmente a la otra. En los demás, las instituciones, aunque fueran de la misma clase, no eran idénticas.

Pero para las memorias y los tributos la ambivalencia sí era un hecho regular. Cada fundación conventual, porque su régimen económico tenía su origen en una adjudicación de bienes privativa, se podía mantener a su modo. Fueran de clero masculino o femenino, unas podían no ser deficitarias y otras sí, y de estas unas más que otras. Al tiempo, ocurría que los establecimientos femeninos podían disponer de un régimen propio de ingresos, sostenido a lo largo del tiempo al margen de las rentas proporcionadas por el patrimonio inmovilizado, que los distinguía de los masculinos, el que le permitían las dotes de las profesas. Comprometer memorias y tributos, sin transferencia previa de capital, podía ser un medio para redistribuir, entre las instituciones afines deficitarias, no necesariamente de la misma orden, sus vigorosas rentas. Por lo que podíamos observar, las fundaciones conventuales masculinas, y sobre todo el beneficio parroquial podían ser sus correspondidos más probables. De clérigos regulares, monjas e incluso de las fábricas parroquiales podía esperarse que sus memorias y tributos, cuando fueran de iniciativa propia, no resultado de una sucesión, podían ser compromisos que utilizaban este procedimiento sin contrapesarlo con una cesión de capital, para transferir renta, fuera de manera estable o para salir al paso de un balance anual que no les favoreciera. En reciprocidad, la participación del consumidor corporativo común en estos mercados, por las modalidades que los documentos registran (cofradía, colegio, convento, fábrica, hermandad y patronato) se explicaría porque para una parte de ellos, en determinadas circunstancias, podían ser imprescindibles, quizás solo con fines contables, los créditos cruzados. Así se sostendría regularmente una circulación fiduciaria o primitivo dinero bancario en el medio rural moderno.

En paralelo a esta trama actuaban las instituciones típicamente deudoras, la primera el municipio. Los propios intervenían en el mercado del crédito exclusivamente como demandantes. Y así como era excepcional en el ambiente del endeudamiento el patrimonio público municipal, porque al mismo tiempo no se detectaba como acreedor, salvo su excepcional mediación fiduciaria, las instituciones estrictamente civiles deudoras eran vínculos, mayorazgos y títulos. Un título, un par de mayorazgos y, sobre todo, diecinueve vínculos, acumulaban la mitad del tráfico de los créditos conducidos a través de la memoria. Sus grandes consumidores, los vínculos, encontraban en ella la demanda adecuada porque concentraban la tercera parte, tanto de las operaciones como del dinero transferido. El cuadro de la demanda civil del crédito conmemorado lo completaban un título y un par de mayorazgos. Sobre todo estos eran excelentes compradores de inmovilizados derivados a principales. El volumen de las iniciativas personales conducidas a través de cualquiera de estas tres instituciones familiares permite pensar que un grupo de la población, ya segregado por iniciativas legales precedentes, pudo abundar en su preeminencia representando el culto a sus antepasados, para con él encubrir al menos una parte de su compra regular de dinero. Dado el limitado valor del crédito tipo que compraba, es posible creer que a esta fórmula recurría para hacer frente a los gastos de menor entidad.

Entre los deudores institucionales y civiles de tributos, que eran pocos, la identificación de las instituciones que los avalaban comprende cinco que pesaban sobre mayorazgos y ocho sobre vínculos. De las instituciones civiles que adeudaban censos la mitad eran vínculos necesitados de financiación. También eran deudores de censos dos mayorazgos, e igualmente había títulos en el lado de los deudores comprometidos por la relación financiera directa. Siendo todas personas demandantes de crédito que se identificaron al mismo tiempo como dueños de bienes inmovilizados, hay que admitir que las rentas que estos les proporcionaran serían insuficientes para sus proyectos económicos; de lo contrario, no comprarían dinero. No sería correcto incluirlas entre quienes sostenían su posición gracias a la renta que, valiéndose de la inmovilización, deducían al trabajo. Eran los deudores institucionales en los que más ha insistido la historiografía. Parece que era frecuente entre quienes debían sostener su iniciativa económica sobre bienes vinculados que utilizaran para extraerles liquidez los recursos habituales. Uno de los más comunes era cargar sobre ellos alguna de las obligaciones crediticias que estamos analizando. Si el titular de un bien con esta sujeción no tenía con qué financiar sus explotaciones o empresas podía recurrir a cargar sobre ellas un crédito; para lo cual, además de su habitual relación con los bienes vinculados o con los destinados a fines piadosos, podía comprometer a los suyos que no estuvieran de antemano limitados. Como la consecuencia era que por esta causa solo adquiría la obligación de pagar cada año una modesta cantidad, que el bien inmovilizado pudiera soportar este peso podía ser un incentivo para que el propietario abandonara la inversión productiva, eludiendo los gastos y el trabajo de la gestión de la empresa y reduciendo el recurso al capital a su papel de bien hipotecado.

Pero la dirección del crédito rural con preferencia iba de las corporaciones, que disponían de ahorro inmovilizado al que debían extraerle renta, a las personas físicas que lo demandaban. Sabiendo ya que cualquier comportamiento que tuviera alguna oportunidad en el mercado rural del dinero estaría acogido a sagrado; que sus prestamistas individuales igualmente sobrevivirían al calor del invernadero canónico, en mayor o menor grado; la amplia relación de los deudores del convento fue la que nos permitió verificar el análisis deducido de las fuentes más generales. Para conocer cuanto fuera posible de los deudores personales el rastro más seguro que los documentos permitían era su identidad, concentrada en la mención de sus nombres, la referencia que más concedían sus redactores. Solo averiguando de aquellos cuanto estos permitieran se podría satisfacer la descripción completa del ciclo crediticio. Deseábamos progresar en el análisis de los deudores sobre todo porque aspirábamos a conocer el empleo que daban a los préstamos, y especialmente si el destino que les aguardaba era productivo o no.

A partir de la identificación nominal ensayamos diversas formas de aproximación a las características de esta vertiente de aquel sistema. La primera con algún resultado consistió en detectar los posibles créditos cruzados, para restaurar la dimensión efectiva del número de los demandantes, antes de avanzar en cualquiera de las otras facetas del análisis. El balance fue satisfactoriamente precario. Solo dos personas eran simultáneamente acreedoras y deudoras. Eran los únicos comportamientos en los que podíamos apreciar un indicio que nos permitiera pensar que en este ámbito pudo actuar el financiero especulador. Creímos que era suficiente para afirmar que este comportamiento, aparentemente al menos, estaba excluido de aquellos mercados.

La dispersión del crédito era alta. Casi cuatro de cada cinco deudores de censos estaban comprometidos solo por una deuda, eran insignificantes los que tenían que responder por tres y nada más que uno mantenía cuatro, valor máximo del acaparamiento. Apenas una décima parte estaba obligada por los réditos de dos préstamos distintos. De esta manera de comportarse, de la que parece más responsable los que vendían el dinero que quienes lo demandaban, porque la entidad que nos permitía estas estimaciones periódicamente ingresaba importantes cantidades en su caja de los préstamos, aptas para ser activadas en el mercado del crédito, se podía deducir que la capitalización sería una posibilidad permanentemente abierta.

De los deudores personales de censos, solo tres vigésimos eran mujeres, y de estas la cuarta parte se declararon viudas. Mujeres, de las que no constaba que pudieran tener alguna relación con institutos eclesiásticos, también tenían presencia significativa en el mercado de los créditos cursados mediante memoria. Aunque eran algo menos del vigésimo de los demandantes, algo menos de la mitad de los capitales adquiridos estaban suscritos por ellas. Parecía que también eran circunstancias biológicas las que decidían sobre tan alta presencia femenina en la compra de esta clase de créditos. Concluidos sus matrimonios a consecuencia de la acción selectiva de la muerte, para cuyo apetito eran precedentes los ejemplares del otro sexo, habrían recibido en exclusiva la responsabilidad de una carga en su momento contraída por dos. Pero también había sido posible que la capacidad de endeudamiento de la familia se expandiera recurriendo a la cónyuge como responsables única del compromiso crediticio. Razones dictadas por la ineludible consanguinidad asimismo alentarían otras variantes del préstamo. Más de una cuarta parte de las deudas censatarias recayó en sus responsables por herencia. El compromiso se perpetuaba constituyéndose en deudores los herederos del prestatario primitivo, lo que en algunos casos aconsejó su transferencia a un solo pagador.

Entre los hombres que adeudaban censos era una porción irrelevante, inferior a la décima, la que decidió identificarse declarando, junto a su nombre, alguna referencia a su formación o a su actividad. Se preocuparon por actuar así, más que cualquiera de los otros, los eclesiásticos, en especial los que solo podían titularse presbítero, pero también frailes y clérigos de órdenes menores. De la población civil, fueron los jurados de la cámara del municipio quienes gustaron más hacer ostentación de su título. Solo un doctor en medicina hizo constar esta formación.

Los indicios sobre la posición relativa de los acreditados, dentro del agregado de las poblaciones, que eran universos porque al mismo tiempo eran lugares discretos, podían completarse con el examen del recurrente tratamiento, cuyo limitado valor provenía de su casi insobornable rigidez. Aunque nunca nos había parecido un recurso del que se pudieran esperar buenos resultados, ahora deseábamos agotar todas las posibilidades a nuestro alcance, dada la importancia de esta parte del problema. El grupo de quienes hacían ostentación, para que les sirviera de cobertura, del tratamiento que públicamente se les concedía era particularmente destacado entre la fracción de los consumidores que prefirieron el mercado específico de los créditos con memorias. Un tercio de sus deudores requirió el común a la distinción básica, don para los hombres y doña para las mujeres. Conducían una parte nada despreciable, del total de sus necesidades financieras, por este camino, como demostraba que el crédito tipo que obtenían estaba por encima del medio. La población civil significada con tratamiento la representaban dos vecinas y nueve vecinos, que acumulaban una décima parte del valor nominal de los créditos vendidos por esta vía. Podríamos haber enfatizado la alta proporción de dinero que acaparó el grupo, con seguridad muy superior a la que correspondía a su valor relativo en cada población. De proceder así, hubiéramos invertido un esfuerzo de documentación cuya rentabilidad no hubiera sido diferente a la que nos permitía la conjetura. Claro que esta manera de proceder es heterodoxa, pero el valor relativo del problema recomendaba correr el riesgo antes que dilapidar energía. La presencia de eclesiásticos entre los deudores de esta fracción del mercado, que avisaba de la importancia que pudo tener el trato preferente en las concesiones de préstamos, no restaba valor al peso civil de esta demanda porque era baja.

Más fecundo aún nos pareció el análisis complementario, que demostró para la oferta común de dinero a través de memorias lo asequible que para una parte de la población pudo ser. De dos terceras partes de los compradores pudimos tener la certeza que pertenecían al común porque no habían sido registrados con tratamiento. El tamaño del común, en las poblaciones modernas, también correspondería a una proporción más alta, que tampoco era necesario cuantificar para dar satisfacción a este axioma. Su valor efectivo, para nuestro análisis, indicaba la amplia difusión de la posibilidad de invertir, a través de la financiación que el crédito modesto facilitaba. Porque, al mismo tiempo, el análisis de los nombres de persona sin tratamiento demostraba que esta parte de la población tenía en el mercado de los créditos con memoria una presencia limitada a menos de la vigésima parte de las operaciones y algo por debajo de la mitad de los capitales adquiridos.

El valor relativo de los compradores sin tratamiento en el mercado de los tributos podía ser una prueba de su mucho más limitada admisión en esta clase de transacciones. Solo dos tributos los debían un par de hombres que no añadieron nada más a su identificación nominativa. Este hecho nos pareció la mejor demostración, de cuantas los documentos nos permitían ahora, a favor de que el mundo de los tributos era naturalmente hermético.