El primer pósito

Redacción

La recuperación del que pretendía ser el primer pósito de la región, al tiempo que enseña hasta dónde llegaban las iniciativas en esta materia, permite completar la idea general del estado de todos sus pósitos públicos a mediados del siglo décimo octavo.

Hasta 1747, en el mercado del cereal de la capital la institución interventora había sido la alhóndiga, anexa a la cual, desde fines de la edad media, se había constituido una reserva de granos y semillas. Pero, con frecuencia, la alhóndiga estaba desabastecida por inhibición de la concurrencia. Para hacer frente a la retracción del grano su mercado había contado, desde tiempo atrás, con un pósito de fondos abundantes, instituido como monte de piedad. En 1720 tenía 35.500 fanegas de trigo y más de 100.000 reales en dinero, gracias a la gestión del asistente de entonces. Pero en 1723 ya no tenía grano ni dinero, y sus fondos se habían perdido por completo. No se sabe si tan sorprendente evolución fue consecuencia del gasto necesario para sostener los mercados de la población o de una mala gestión de los diputados encargados de su manejo. Consta, sin embargo, que aquellos hechos en su momento dieron origen a interminables contenciosos. Posteriormente, hubo un intento de recuperarlo con un arbitrio, al que la fuente se refiere como derecho de las cargas de la alhóndiga. Pero era tan limitado su rendimiento que, ni aun en mucho tiempo, habría satisfecho el fin para el que había sido propuesto. Solo llegó a rentar, tras años de vigencia, unos 21.000 reales.

El nuevo asistente, ya en la década de los cuarenta, concibió también un plan para recuperar el pósito de la capital. La experiencia acumulada gracias al control de los de la región favorecía su proyecto. Su idea era constituirlo de nuevo como un erario o monte de piedad, por iniciativa pública, pero con 50.000 o 60.000 fanegas de trigo. Había estudiado cómo reunir tanto capital inicial. Su responsabilidad sobre estos graneros públicos regionales le había permitido saber que algunos disponían de fondos importantes mientras que sus demandas respectivas eran bajas porque sus poblaciones eran pequeñas. La raíz de tal discordancia era que las labores de quienes de ellos se nutrían habían disminuido, así como las rentas que les proporcionaban, a consecuencia de cómo venían evolucionando sus empresas de producción de cereales. Años atrás, el exceso en la oferta del crédito había incentivado el riesgo. Como los préstamos eran más asequibles, algunos los habían tomado en demasía. Habían sembrado más de lo que aconsejaban los rendimientos previsibles, que dependían de los sistemas de cultivos. Finalmente, según la descripción que contiene el proyecto, las labores de los que más habían arriesgado no habían devuelto las deudas contraídas y se habían arruinado. El efecto de tanta inconsecuencia encadenada había sido que los fondos de buena parte de aquellos pósitos no estaban siendo consumidos cada año, y en la mayoría de sus poblaciones sobraba una cantidad de trigo importante al final de cada ciclo.

Los conocimientos y los cálculos del asistente le permitían afirmar que había hasta 58 municipios en la región donde habían ocurrido hechos como los descritos, a los cuales, en concepto de préstamo, se les podrían tomar los fondos iniciales que necesitaba el erario proyectado. Los 47 más próximos a la capital podían proporcionar 50.000 fanegas y otros 11, más alejados, las 10.000 restantes. (Se creía entonces que a cada población correspondía un tamaño de su pósito porque se aceptaban ciertas premisas para calcular su capital en grano. La eficacia del constituido en cada lugar, según el gobierno de la época, dependía de su adecuación al volumen de los que se dedicaban a la agricultura del cereal, al número de activos en todos los sectores y al número de habitantes según su edad. La falta de ajuste a estos parámetros por exceso podía tener un efecto inverso al que se proponía. Estimando a partir de ellos –asequibles a cualquier autoridad de la época, aunque parezcan difíciles y exigentes– lo que la población pudiera necesitar, había pósitos públicos que concluían que lo más correcto era limitar sus fondos a cantidades fijas de cereal y dinero. A la inversa, se podían arbitrar, mediante real facultad, bienes de propios o del común para hacer frente a las dificultades de liquidez, tanto en grano como en dinero, a las que degenerara un pósito.)

El autor del proyecto esperaba la oportunidad de una buena cosecha para tomar la iniciativa y esta había llegado. La inmediata, correspondiente a la campaña iniciada en el otoño de 1745, se prometía abundante. El momento parecía el más oportuno para recuperar el pósito de la capital. En su opinión, no había tiempo que perder.

En junio de 1746 decidió acometer el plan que había concebido. Lo remitió con fecha del día 21 al Consejo, el que lo examinó, así como los informes que sobre la mejora de los pósitos de la región le había enviado antes. Completaron la documentación las relaciones del responsable de la audiencia regional, de diciembre de 1738, que asimismo fueron tenidas en cuenta por el Consejo para decidir sobre el proyecto. (Aprovechó el asistente para elevar al gobierno una consulta sobre los apremios para el reintegro de los pósitos; si habían de sustanciarse haciendo comparecer a los alcaldes de las poblaciones o poniendo el caso en manos judiciales ejecutivas.) El órgano central de la administración castellana quedó muy satisfecho de la dedicación del asistente, y así se lo hizo saber, y por último decidió aprobar el plan íntegramente. Lamentablemente, cuando llegó a este acuerdo, era ya el 14 de enero de 1747.

Dado lo avanzado del calendario, que ya regía para un ciclo nuevo, solicitó el Consejo al asistente, para antes de la ejecución de la obra concebida, que aún informara explícitamente de los granos que tenían en aquel momento los pósitos afectados por su iniciativa; si parecía buena la cosecha que se esperaba para 1747 –el asistente había avalado su proyecto con las perspectivas de 1746– y si el transporte del grano hasta la capital en la estación corriente –invierno– sería más caro que en verano. En suma, requería su consideración sobre cuestiones de cálculo pertinentes; si, por cualquiera de estas razones, no sería preferible retrasar la ejecución del proyecto a cuando ya estuviera recolectado todo el producto de la cosecha que se esperaba.

Argumentó el asistente que para las poblaciones a las que se refería, de hacer los préstamos del proyecto, no se deduciría ningún perjuicio. Al contrario, obtendrían beneficio. Ellas mismas, en distintas ocasiones, habían solicitado anular el incremento de los capitales de sus pósitos, unas relevando a los prestatarios de las creces o intereses en grano y otras reduciéndolas a la mitad o la cuarta parte. Además, ocurría que a los labradores de la capital, en aquellas poblaciones, les concedían sin dificultad los créditos que solicitaban. La población de los 47 lugares más próximos sumaba un total de 16.340 vecinos y la de los otros 11 hasta 5.711. El capital en grano de los pósitos próximos, hasta fines de julio de 1745, alcanzaba a 282.307 fanegas. Aunque tuvieran que desprenderse de 50.000, aún les quedarían 232.307. El de los otros sumaba 69.017 fanegas. Las 10.000 de las que se desprendieran aún les permitirían disponer de 59.017. El capital remanente era bastante para las necesidades de las poblaciones de las que se trataba, aun sin contar con otras entre 6.000 y 8.000 fanegas que las creces o intereses, cuando fueran devueltos los préstamos que aquellos pósitos para la campaña de 1746 habían hecho, aportarían a sus graneros.

Desde luego era lo justo pagar a aquellas poblaciones el trigo que dieran. Como esto no se podría hacer inmediatamente, cada año, una vez hecho el balance en el pósito proyectado, el superávit disponible se repartiría a prorrata, como bolsa común, en dinero, según los valores del grano corrientes en cada momento, hasta que la deuda fuera liquidada. La fórmula le vendría bien a las poblaciones. Lo que fueran ingresando podrían emplearlo, por ejemplo, en el pago de sus contribuciones. En años anteriores, habían solicitado el recurso a los fondos de sus pósitos con este fin y no se les había autorizado porque carecían de facultad para actuar de tal modo.

El obstáculo mayor al proyecto podía ser el precio del transporte del grano, el componente del valor final del trigo que entonces más dificultaba el intercambio entre mercados. Para el transporte del cereal, que se depositaría en los almacenes de la alhóndiga, de gran capacidad, sin que de su uso derivara costo alguno, en aquel momento la capital podía disponer de los 21.000 reales ingresados por el cobro del derecho de carga de la alhóndiga. Dada la proximidad de las poblaciones, no era previsible que fuera necesario más. Aun así, si no fuera suficiente, asimismo en la bolsa del desempeño de la capital estaba disponible un fondo que sobrepasaba los 90.000 reales. Esta cantidad no tenía aplicación porque correspondía a acreedores que no habían verificado sus créditos desde hacía muchos años. Se podría retirar, en caso de que fuera necesaria, utilizando como garantía las obligaciones de reintegro de los créditos a favor del nuevo pósito.

Concluía el asistente con la declaración de un principio gestor que pretendía resolver todos los reparos a cualquier clase de cálculos. Para que en breve dispusiera de un capital importante, y apto para resolver cualquier urgencia sin su menoscabo, la gestión inmediata del pósito del plan tendría que ajustarse al procedimiento adecuado. Habría de prever cuándo debían vender y cuándo retraerse labradores y panaderos, y todos cuantos estuvieran interesados en el comercio del grano, para que los fondos de la nueva institución no sufrieran pérdidas. Se habría de vender grano al contado y en dinero durante los siguientes meses mayores o de carestía, y comprarlos durante la cosecha, cuando los precios cotizaban a la baja. Si la siguiente fuera tan abundante como la de aquel año, lo ingresado permitiría sobrepasar el fondo previo en más de la mitad. El principio que sostendría el erario proyectado, inspirado por un viejo modelo, sería por tanto tan sencillo como especulativo.

El nuevo pósito tendría que ser independiente del gobierno de la ciudad. Solo lo podría gestionar el asistente, siguiendo el procedimiento que aplicaba a los demás del reino. Se dotaría de un reglamento, para garantizar su erección, su manejo y el intercambio de sus fondos, y de todo al Consejo se rendirían cuentas anualmente.

Fueran cualesquiera los resultados de estas especificaciones, el Consejo creyó conveniente adelantar en la organización de aquel monte de piedad. Decidió encargar al autor del plan la redacción de las ordenanzas correspondientes, para las que habría de tener en cuenta las que habían regido el pósito consumido y ser en la previsión de reglas preciso. Elaborados los informes y las ordenanzas solicitadas, el Asistente debía enviarlos a través de quien se gestionaba la documentación que desde el reino llegaba a la administración central. Cuando dispusiera de todo, el Consejo tomaría la decisión definitiva, especialmente sobre el momento que le pareciera más adecuado para la ejecución del proyecto.

El 28 de marzo de aquel 1747 el asistente envió al Consejo el proyecto de instrucción en el que había concluido el encargo que recibiera. Era la ordenanza que ya aplicaba a la gestión de los pósitos del reino. La aprobación definitiva de su proyecto llegó, con la anuencia a la instrucción que a partir de entonces regiría para todos los pósitos regionales, también de 1 de julio. Tan ambiciosa operación debió dar los resultados apetecidos porque el legislador de 1753 mencionó el montepío de la capital de la región entre los de crecida entrada y salida de granos y harina.