La marginación de las tierras

Redacción

Era plena primera mitad del siglo XVIII, mes de septiembre. La asamblea de un municipio, a iniciativa de su cuerpo de labradores, decidió vender 1.000 fanegas de tierra de baldíos. Para hacerlas atractivas, se proyectó acotarlas y cerrarlas, así como adehesarlas. Se pretendía ofrecerlas en el mercado como tierras a pasto y labor, la forma de la unidad productiva agropecuaria más abierta posible.

Para acotarlas había que rodearlas con una linde o seto, mientras que para cerrarlas era necesario excluir el tránsito indiscriminado o abierto. Adehesar obligaba a entresacar la vegetación espontánea que hubiera sobrevivido en ellas, para que se mantuviera selecta y abierta la arbórea y desapareciera cuanto fuera posible la arbustiva, en beneficio de la herbácea. Para conseguir este efecto, la degradación del bosque tenía que consumir años, por lo que es presumible que la condición de dehesa aquellas tierras ya la hubieran alcanzado.

Así como esto último, a quienes tuvieran capacidad para explotarla, los labradores, no les oponía ninguna dificultad, acotar y cerrar, en su opinión, que llegó nítida hasta la asamblea, obligaba a que el comprador llegara a un acuerdo con las poblaciones que tenían hermandad y comunidad de pastos con el municipio, porque la hermandad, en caso de que el proyecto se consumara, sería nula en las tierras segregadas. Por tanto, era conveniente que los propios, nombre genérico del patrimonio municipal, avalaran la venta, incluyendo la responsabilidad de hacer frente a cualquier compensación a quienes vieran defraudados los derechos sobre el uso del suelo adquiridos anteriormente.

Con la venta se pretendía resolver un doble problema financiero. El municipio, responsable del pago de los servicios a la corona, o totalidad de las obligaciones contributivas civiles de la población, había acumulado atrasos en su debida liquidación periódica. Como por otra parte, para efectuar pagos anteriores de los mismos servicios, habría sido necesario suscribir créditos, se aspiraba a levantar sus principales.

Para enajenar el patrimonio local, y especialmente las tierras baldías, era necesario disponer de la autorización de la corona llamada facultad. Así se actuaba porque a la institución monárquica correspondía íntegramente el dominio de los baldíos, propiamente conocidos como baldíos de la corona, y siempre el prevalente en cualquier clase de espacio.

Ya tres años antes, a fines de septiembre, el consejo de Castilla había concedido al municipio la facultad para vender aquellas 1.000 fanegas de tierra que ahora, otra vez, se querían vender.

Entonces no se había consumado el proyecto porque las urgencias a las que se pretendía hacer frente con aquella fórmula habían pasado. El desabastecimiento de los mercados del grano había sido extremo. Con el ingreso que se obtuviera, se proyectaba hacer frente a las compras que fueran necesarias para recuperarlos. Afortunadamente, antes de proceder a la liquidación del patrimonio público, se había asegurado el abasto de la población, a base de granos ultramarinos, gracias a una contrata muy favorable suscrita con una casa de comerciantes holandeses naturalizados, a cuyo frente estaba entonces Francisco Clavinque. Además, se había pasado el tiempo de la sementera, que se juzgaba el más favorable para sacar al mercado unas tierras de aquellas características.

Entonces fueron tasadas las 1.000 fanegas en un mínimo de 18.000 ducados, o 198.000 reales de cuenta. Ahora, su aprecio se había hecho durante el mes de agosto. Había estado a cargo de un medidor local y de otro que trabajaba tanto para el cabildo civil como para el eclesiástico de la capital. Calibraron la superficie, la aptitud de las tierras tanto para la siembra como para pasto de ganados mayores y menores y el sitio donde se encontraban.

Con estos criterios, el medidor procedente de la capital apreció la fanega en 200 reales de cuenta, si quedaran baldías y libres para el aprovechamiento de los pastos por los partícipes y comuneros; y en 300 reales si fueran acotadas y sembradas. El medidor local, por su parte, las apreció en 20 ducados, o 220 reales, si quedaran baldías y comunes, y 30 ducados o 330 reales si cerradas y acotadas. El mismo aprecio que el medidor local hicieron dos labradores de la población, que actuaron como peritos, y dos de los veedores de campo municipales.

La venta de las 1.000 fanegas de tierra se pregonaría en la población, en la capital y en el primer mercado litoral de la región durante quince días, tiempo a lo largo del cual serían admitidas todas las posturas y mejoras. Para evitar complicaciones, finalmente se había decidido ofrecerlas con la condición de que quedaran libres para el aprovechamiento de los pastos, una vez alzados los frutos, para los partícipes y comuneros que sobre ellas tenían adquiridos derechos. Además se prescribió que, en caso de que la venta se consumara, introduciría las tierras en el circuito del espacio cultivado mediante un obligado ciclo inicial de barbecho y labranza.

El pregón se inició en los lugares previstos con el mes de septiembre y era el 30 y aún no había aparecido ningún licitador.

Los labradores que habían patrocinado la iniciativa creían ver tres causas del retraimiento. Primero, la angustia del tiempo y estrechez de las almas en todos los lugares de la región. La segunda, la diferencia de precio entre la tasación de tres años antes, que no llegaba a los 200.000 reales (198.000) y la actual, que había previsto un máximo de 330.000. Por último, como se había asociado a las tierras el calificativo de baldías, creían que se había dado a entender que debían quedar libres para el aprovechamiento de los pastos, cuando en realidad el respeto a este derecho solo se mantenía para los partícipes comuneros, y no para los vecinos de la población, para los que quedaban cerradas, y solo si no llegaran a un acuerdo con el comprador. Por lo que se refería al ganado de labor, creían que esta prevención era infundada, porque todo el activo tenía señalada su dehesa, que igualmente estaría al servicio del que se empleara en la labor que se hiciera en las tierras que se ofertaban.

El 30 de noviembre siguiente fueron rematadas en 270.000 reales de vellón, pagaderos en el plazo de tres días. Las había comprado el cabildo catedralicio de la capital. El 2 de diciembre, en la población, efectuó la compra un presbítero, de orden de aquel clero capitular, que para esta ocasión actuaba como administrador perpetuo de la dotación fundada en la catedral por el obispo de Segovia. El 30 de diciembre, de los 270.000 reales, todavía debía 70.000.