Principio de la gravitación universal II

Publicado: noviembre 5, 2013 | Autor: jgarcialeria | Archivado en: Contradictor ocasional, Narrador, Replicante primero, Replicante segundo | Tags: crédito, rural |Deja un comentario

Narrador
Replicante primero
Replicante segundo
Contradictor ocasional

Cuando el valor de sus bienes disponibles fuera el más alto, en opinión de una familia rural, era más probable que para inmovilizarlo prefiriera instituciones civiles. De todas las previstas, la más frecuentada fue el vínculo, aunque la opción a favor del procedimiento no permaneció invariable a lo largo del tiempo. Por encima de los dos tercios de las iniciativas de esta clase, si nos atenemos como referencia al marco de nuestro análisis, tuvieron su origen en la segunda mitad del siglo décimo sexto. Luego probablemente, en las tierras que se vieron afectadas por la sabana diferida, el vínculo conoció su mejor época entre 1550 y 1600. Las restantes fundaciones de esta clase, con frecuencias casi equiparables, se repartieron entre la primera mitad del décimo séptimo, la segunda y principios del siglo décimo octavo. Es probable que el vínculo, común a toda la época moderna, fuera una institución que en las poblaciones del sur contribuyera al menos durante unos doscientos años a fijar una parte de las posiciones que algunas personas, porque habían atesorado riquezas generadas en sus campos, pretendieron perpetuar.

–Parece inútil demorarse en enunciar cantidades. Todos los cálculos que podamos presentar serán una deformación, alentada por los peores prejuicios. Quien hace cálculos y toma cifras, con la arrogancia de quien no duda de su certeza, selecciona cualquiera de los dos momentos del proceso. Sabiendo que todas las operaciones estarán hechas a partir de una observación premeditadamente limitada, porque restringida tiene que ser cualquier visión, aunque la voz que transforme la imagen proceda de la cofa del carajo, vulgarmente llamado palo mayor, desde donde se hace visible el horizonte en el circuito de la rosa de los vientos, darles alcance mayor que el de las inconsecuencias de quienes residían en una población sería un abuso.

–Polibio, entidad vital no extinta gracias al verbo que lo reencarna en una imagen venerable, en el que su P es robustez, la l claridad y elegancia y la b declaración sincera; garante del relato heroico, detestaba mentir con verosimilitud. Alertaba contra sus contemporáneos que se esforzaban en proporcionar cifras sobre el tamaño de los ejércitos. Instruido por la ingente experiencia de Escipión, a cuya sombra se ennobleció, nunca dudó que cualquiera de los relatos bélicos que cifraban en decenas de miles el número de los combatientes fuera veraz. Ninguna infantería era capaz para imponerse a otra si no extendía su número sobre el territorio que debía ocupar, como no pueden los automóviles adueñarse de la inmensidad de las ciudades si no se acumulan innumerables, como las nubes para la tormenta o las voces para el estruendo. Su desconfianza, y con ella sus advertencias, se concentraban no en quienes defendían magnitudes enormes, sino en aquellos que presentaban cifras tan exactas que evitaban terminar en cero.

“No está al alcance del analista retrospectivo ser preciso, porque el tiempo, como la silenciosa y constante edad, modela y suaviza los contornos de los cuerpos que en su origen pudieron estar delimitados por aristas cortantes. Pero no sería sensato renunciar a los números, por parciales que pudieran ser, por mal que nos sirvan quienes los manipulan. Cualquier proporción reduce a su orden las acciones humanas, y expresa con la exactitud de lo impreciso que nada de ellas es completo, que ninguna lo contiene todo, que no hay decisión, por ambiciosa que sea, que pueda abarcar todo el comportamiento, que ninguna explicación, aunque toda una casta se esfuerce en sostenerla, será universal.

Se conoció con el nombre de vínculo la rigurosa iniciativa, no obstante recogida y amparada por la ley, que permitía designar una parte del patrimonio familiar para que cumpliera con las obligaciones hereditarias comunes y mantener intocada la otra, para que permaneciera siempre sin dividir ni traspasar en forma alguna, salvo la dictada por su promotor y ateniéndose al orden sucesorio por él decidido.

Si había concluido que la cantidad designada para satisfacer las legítimas debía ser un tercio de todos los bienes que la familia bajo su responsabilidad había atesorado, podía hacerlo. Y si quería incrementar en un quinto esta cantidad, nada se lo impedía. Porque sus obligaciones de reparto de la riqueza común entre todos los miembros del grupo podían quedar limitadas por la suma de esas dos proporciones. Si su deseo, en el momento original, era que el beneficiado por la segregación fuera su hija menor, el segundo de sus nietos o el primero de sus sobrinos hijos del cuarto hermano, tampoco había sido dictada exigencia alguna que lo obstaculizara. Para que tuvieran vigencia indefinida, decisiones como estas no necesitaban más requisito que la voluntad de quien las tomaba. Al responsable de los bienes de una familia que incurriera en el deseo de preservar mediante esta fórmula una parte de sus bienes le bastaba como justificación su capricho, como al déspota en sus dominios, que podía decidir sin que lo coaccionara ley alguna; tosca prevalencia que sin dejar de llamarla derecho la norma alentó y mantuvo.

Como los designados para que disfrutaran del lote de bienes originales de un vínculo solían ser los descendientes directos del grupo familiar, medio natural de la existencia de la solución legal, con esta decisión se pretendía conservarlo indefinidamente en su poder. Así manifestaba que para lo sucesivo su propósito era que quedaran garantizados su posición y el reconocimiento que a su parecer merecían, al tiempo que desviaban el curso espontáneo de los linajes, según el cual unos deben ascender y caer otros a impulso de los elementos que exceden a los poderes.

Según avanzaban nuestras indagaciones, fuimos descubriendo que el momento biológico de las familias había decidido sobre la clase de instituto inmovilizador que elegían, lo que nos permitió aislar algunos principios del recurso al vínculo. Cuando de ellas sobrevivía la parte fundacional, compuesta con los cónyuges y al menos una parte de la descendencia, era más probable que lo prefirieran sobre cualquier otro instituto, dado que garantizaba la independencia en la gestión del patrimonio que se quería asegurar. Los registros demostraban que con bastante frecuencia eran matrimonios, actuando de común acuerdo, quienes los fundaban haciendo uso de la porción disponible de sus bienes.

No hay que excluir que la situación biológica fuera similar cuando en los documentos solo emerge un hombre como autor de la fundación de esta clase de obras. La línea masculina podía ser fuerza suficiente para imponer tal decisión en algunos casos.

–Así había ocurrido con un varón que había recibido de su padre, al mismo tiempo que su hermano, unas tierras con la condición de que no fueran divididas, razón por la cual con ellas decidió crear un vínculo.

–Dado que el matrimonio biológicamente activo era el origen regular de estas fundaciones, las familias que prefirieran esta inmovilización, la más exigente, habiéndose propuesto evitar la dispersión de sus patrimonios, se verían en la obligación de ser restrictivas de su crecimiento. Estimularían la perpetuación de una rama, la agraciada con la designación, y cercenarían las demás.

–Aun así, existiendo ya los vínculos, que desearan la concepción de hijos secundarios quienes ya habían tomado tal decisión institucional podría valer como inversión diferida, previsora de una agresión de la muerte, actriz que repudiaba los guiones escritos en las notarías. Su renta se obtendría al cruzar sus vástagos vivos con los de otras familias que hubieran destinado uno de sus descendientes a empleos similares. La dimensión legal que así podrían ganar algunos patrimonios permitiría a una familia acceder a la casa, la empresa civil de mayores dimensiones que conoció la época moderna.

Solo excepcionalmente el origen del vínculo fue obra de una viuda. Aún menos frecuente fue que una mujer casada optara por actuar por cuenta propia de una manera tan comprometida, y entre las singulares fundadoras de aquellos institutos hubo una que previamente lo había sido de un convento femenino.

–Teniendo en cuenta que cuando una mujer tomaba aquella decisión con autonomía era más probable que fuera viuda, creación del vínculo y dotación de un convento femenino pueden parecer dos piezas de una misma obra familiar; una destinada a mantener la rama elegida para que fructificara, la otra para que entibiara la extinción de la generadora ya condenada a desaparecer, después para imponer la disciplina biológica adecuada a las reservas de pubertad de la misma familia.

Bastaba con que los bienes del lote inmovilizado, generalmente raíces y con preferencia rústicos, fueran reservados al primogénito de cada generación incurso en la línea seleccionada para que el vínculo se denominara mayorazgo. Trabajaba a favor de la primogenitura el atavismo que pesaba sobre las creencias inspiradas por la fecundidad, que presuponía más vigor para los concebidos antes, así como el disciplinado comportamiento que imponía la muerte inevitable.

–Los promotores del mayorazgo justificaban los rigores de su fundación pretextando que les parecía necesario proteger su linaje, como en las reservas biológicas había anatomistas que trabajaban en favor de la supervivencia de ciertas especies, aun a costa de la existencia de otras.

A juicio del fundador, su existencia debía ser indefinida.

–Fueron las familias más poderosas las que incurrieron en este exceso. Pretendían garantizar el traspaso de todos los derechos que a quienes ya ocupaban la posición pública más sólida aseguraban preservar su condición y perpetuar su preeminencia.

Es posible que el vocabulario utilizado por los registros, instantáneas circunstanciales de lo que se entendía por cada cosa, no fuera del todo riguroso cuando tenían que distinguir entre esta institución y la precedente. El vínculo, aunque nada obligara a comportarse de este modo, solía transmitirse también dando preferencia a la línea del primer varón nacido. Pudo ocurrir, a quienes convivieran con ambos, que a consecuencia de una simplificación mayorazgo fuera el instituto de este género que había inmovilizado un patrimonio de mayor tamaño.

Pero actuaran los escribanos con más o menos rigor cuando elegían las palabras, pudimos deducir sin ambigüedad que el mayorazgo, en el medio rural moderno, no estuvo entre las instituciones preferidas para confiarle la conservación del lugar público que los más potentados hubieran ganado en cada población. Si alguna vez fue tomada en cuenta esta posibilidad, pronto debió desecharse. Solo la fundación de uno, a iniciativa de un matrimonio, pudimos documentar en la de referencia, y para una época relativamente temprana. Entre 1544 y 1550 había completado el procedimiento que lo mantendría operativo en adelante.

Para avanzar en el análisis de las transmisiones familiares más calculadas, antes es necesario reconocer la vigencia de un hecho primordial, origen entre nosotros de una agria controversia; lo que no obstó para que acordáramos reconocerlo como una invariante, común al tiempo sobre el que extendíamos la observación. El injerto del que tratábamos no fue exclusivo de las coronas hispánicas. La iglesia romana, sin dejar de ser una potencia extraña a ellas, consiguió infiltrar su canon en la constitución de las monarquías europeas, una porción de las cuales aun lo respetaba pasado más de un milenio.

A pesar del acopio de elementos de juicio y la confrontación de argumentos, para el hecho primitivo no pudimos encontrar una explicación satisfactoria. Las decisiones imperiales de principios del siglo cuarto, una vez descalificadas diez siglos después como soporte de los derechos que se arrogaba la iglesia de occidente, no podían avalar la hibridación. Se daba además una circunstancia, que la primera impugnación de aquellas decisiones había sido obra de otro emperador, Juliano, a quien por esta causa la iglesia heredera del imperio se apresuró a denostar como apóstata, juicio que desde entonces lo acompaña y ha conseguido perpetuarse como sobrenombre que lastra su fama.

Dado que no podíamos disponer del mejor relato independiente, autorizado por su proximidad a aquellos hechos, el de Amiano Marcelino, inopinadamente perdido justo en la parte donde se escrutaban, nada ha contribuido a encontrar una explicación satisfactoria de la simbiosis original y sí a sospechar que los fundamentos de la misma en absoluto no eran sólidos. Tal vez los legisladores conciliares, responsables de las iglesias de los reinos en los que se descompuso el imperio de occidente, tuvieron más capacidad para decidir en una obra jurídica que pudo ser colonizadora, del canon sobre la legislación civil, amparados en que una parte de las decisiones que tomaban tenían alcance moral, materia de la que se tenían por responsables exclusivas.

Pero, tras días de examen de una parte de la dogmática, y sobre todo de los documentos disponibles, nos pareció, más probable que cualquiera de las otras causas del extraño fenómeno, que al menos en el medio rural, con el tiempo, el injerto del canon papal en el sistema civil, sin dejar de ser un intercambio de poderes que la ley había naturalizado, fuera la obra cotidiana de los escribanos, juristas locales en cuyas manos las familias ponían la solución legal de sus necesidades materiales. Conocedores de los medios normativos disponibles, recurrían a los productos del ingenio jurídico sin tomar en consideración su pureza, antes su utilidad a los fines deseados verificada.

La consecuencia positiva fue que durante siglos no estuvieron enfrentados el orden eclesiástico y el secular. Desde la edad media, las instituciones eclesiásticas romanas, sin que dejaran de celar su independencia, no se opusieron ni fueron ajenas al orden civil castellano; derecho secular y derecho canónico se mantuvieron independientes con escrúpulo, y el esfuerzo estimuló la hibridación, como del error sobre la prevalencia de la identidad propia nacen los descendientes, tiernas entidades no obstante naturalmente ajenas.

Buena parte de las instituciones por las que debíamos interesarnos, con la anuencia del derecho canónico, que actuaba como la trama sobre la que se tejían las relaciones civiles, fueron creadas, e incluso puestas a su servicio. La documentación persuadía sobre el papel protagonista que al aval eclesiástico correspondió en el reparto de una función económica principal, al menos en el espacio objeto de nuestra experiencia. A la ventaja de la inmovilización de bienes, la conexión con instituciones canónicas añadía la inmunidad de servicios, próxima a lo que hoy entenderíamos por exención fiscal. De efecto para el gasto corriente, era el incremento relativo del beneficio que cualquiera de las adscripciones a aquellas fundaciones proporcionaba cuando se hacía uso productivo del patrimonio inmovilizado, para algunos un motivo suficiente para justificar la generación del híbrido.

Instituciones civiles complicadas con otras eclesiásticas en el medio rural, unas con grandes propósitos y otras más modestas, pero creadas todas para alcanzar el objetivo compartido de inmovilizar bienes, fueron las capellanías, las cofradías y hermandades, los colegios, los conventos, los hospitales y los patronatos, más otras iniciativas piadosas menores que nuestras fuentes también registraban. Algunas eran muy singulares.

–Habiendo sufrido el excesivo costo de la luz, un espíritu generoso decidió correr con el gasto de energía que originara una lámpara, para que su llama, símbolo de la vigilia ininterrumpida, alumbrara siempre el Santísimo, o grado superlativo del sacrificio; acto digno de agradecimiento porque, para quienes compartían la creencia, contribuía a la salvación de las almas.

–También fue promovida una mesa para los pobres de una parroquia, forma figurada de referirse al gasto causado por la alimentación de un grupo de indigentes que, de esta manera, una vez elegidos, podrían sobrevivir sin verse en la obligación de trabajar.

–Asimismo, gracias a otro ingenio extraordinario, pudo prosperar una orden de las llamadas terceras, cuyo objeto de culto era un escapulario, instituida en un convento de orden mendicante y creada para que su credo se extendiera a la sociedad civil. Por desgracia, tan frágil enseña jamás ha podido identificarse.

Para quienes deseaban inmovilizar protegiéndose con la doctrina y el código de la iglesia romana, sin por eso verse obligados a abandonar su posición civil, la capellanía fue el mejor recurso, porque disponían sin esfuerzo de una coartada, la que proporcionaban las decisiones legales de contenido piadoso. De sus modalidades, la más simple, llamada memoria, fue la más frecuentada.

Se denominaba así porque la justificaban con la piedad que inspira la muerte. El fundador de cada una, movido por la pasión de mantener indefinidamente su recuerdo, o el de algún pariente del que ya lo separaba la mayor de las distancias, la creaba para cumplir con los ritos de actualización que prescribía en el documento de origen, justificados a su vez por el deseo de salvación eterna; un espejismo en el que ni aun los autores de los testimonios monumentales incurrieron, una vez adquirida la conciencia de que también las lenguas se extinguen y que por tanto la memoria de su paso por el mundo, en el caso más favorable, se prolongará el tiempo que consiga sobrevivir el medio literal que eligieron para ser imaginados tras su muerte.

Todos los que declaraban la finalidad de su fundación se referían a la misma, que indefinidamente se dijeran misas en determinadas fechas del año, por la salvación de las almas de los parientes próximos, como padres y hermanos, y de la propia, supuesto que el ser estaba depositado en tal esencia, entidad con la que se especulaba desde la antigüedad y que se creía inextinguible. Debían verificarse en determinado altar, dedicado a una advocación, nominativo sacralizado por aquellas creencias, erigido en cierto templo. El número de misas que dejaban encargado era siempre bajo, nunca más de cuatro al año, con frecuencia solo una, si bien preferían que al menos fueran cantadas. Algunos añadían el encargo de una vigilia, el rito creado por la iglesia romana para conmemorar a los difuntos, que también llamaban víspera. Elegían momentos significados para su cumplimiento. Eran señalados, por ejemplo, la festividad en la que se recordaba la alegoría que se personificaba en San José, potente símbolo de la adversidad sufrida con paciencia, o el día de la Natividad que aún celebra occidente.

–El atractivo de esta conmemoración –nos contó Heresias, nuestra mayor reserva de erudición–, entrañable recuerdo para sus melancólicos fundadores, algunos lo han justificado porque recibió viejas celebraciones en trance de extinguirse. En ciertos pueblos, con ocasión de las fiestas del Nacimiento, con la candidez que caracterizaba la vida del campo se recurría a diversiones domésticas muy edificantes. Una de las más frecuentadas fue conocida con el nombre de Boca del dragón.

“En un plato se vertía un licor añejo, decantado de las mejores soleras, las mismas que el sano espíritu festivo de cada hogar, impaciente por celebrar las ocasiones, de sus cosechas reservaba para cada conmemoración única. Antes de que el preparado saliera de la cocina, en el líquido se habían sumergido pasas, otra de las obras familiares que la espera del momento enjoyaba. Cuando ya todos los convocados disfrutaban de la mutua compañía alrededor de la única mesa fraternal, en cuyo centro había sido dispuesto el plato con las pasas, el licor era prendido.

“Bajo la amenaza de las llamas se procedía al banquete; como ahora, en el transcurso de la celebración equivalente, la espada de los parientes pende sobre el menú ofrecido por la anfitriona. Los comensales, cuando aún ardían, con una de sus manos debían atrapar los frutos que estaban carbonizándose y comérselos. Cualquier agresión de las llamas, en los dedos o en la boca, era celebrada con vivas muestras de regocijo por la comunión de los consanguíneos, entre quienes los lazos de parentesco se cruzaban hasta grados tan proveedores que ni las peores quemaduras impugnaban, fuera en lenguaje directo o con el recurso a las alusiones, que con el bálsamo de las palabras serenan los peores impulsos del corazón; hermanos junto a hermanos, cuñados frente a cuñadas, pacientes nueras o jacunos yernos paralizados por el rostro pétreo de suegras ingobernables.

La responsabilidad sobre cada memoria solía comprometer a corporaciones. Con preferencia, las elegidas eran el clero del templo más próximo a la residencia del fundador o el que ejercía en donde ordenaba su enterramiento, lugar sagrado en el que actuaban sus celebrantes idóneos. También eran designados con este fin profesos de conventos masculinos, que se identificaban por sus nombres y localizaciones, o una confraternidad, que en la ejecución de la voluntad del fundador actuaría como intermediaria entre la decisión y un clérigo, a quien se le encargaría la liturgia prescrita.

–El estado biológico al que correspondía la fundación de las memorias tal vez fuera uno de los más definidos. Eran menos la iniciativa de un hombre y más la de una mujer, soltera o viuda antes que casada. Como de una parte de las de origen documentado se puede afirmar que fueron creadas por presbíteros, parece que fue la soledad civil la que al menos en parte recomendó aquella consecuencia institucional.

–El recurso a la fórmula también pudo ser inducido por una evolución de la familia que incluyera la prematura extinción de la descendencia. Pudo ser una salida a la que con mayor frecuencia recurrieron sus promotores al final de sus vidas, momento en el que las otras posibilidades inmovilizadoras habían quedado bloqueadas.

La memoria fue el instituto inferior, en el orden del rigor legal, del sistema de transferencia de renta causado por el deseo de inmovilizarla, tal vez preferido en ciertas épocas. Casi todas las que pudimos analizar tuvieron su origen en la segunda mitad del siglo décimo sexto. Pero al margen de quienes fueran los responsables del cumplimiento del mandato, o el volumen de los bienes destinados a él, su fundación, porque se hacía al amparo de las instituciones eclesiásticas que dominaban en occidente, daba origen a un procedimiento de gestión en el que a partir de aquel momento intervenía la autoridad que sobre las ideas religiosas dominantes se había erigido.

Fábrica era el departamento que se encargaba de la gestión económica en una parroquia, segmento de un núcleo habitado cuya población castellana, inmigrada tras la ocupación militar, era asignada por la iglesia de los papas para atraerlo con su actividad religiosa a los templos que en él decidiera mantener abiertos. Los ingresos que obtenía eran los responsables de sostener los edificios, y todos los enseres que para ellos hubiera aportado la administración episcopal.

Pudieron ser las fábricas beneficiarias de donaciones de bienes inmuebles, por vía de limosna, y esto proporcionarle una parte de sus ingresos, transferencias que para la legislación civil seguirían el curso regular e irían ganando las propiedades previstas, de inmovilización y amortización, que les permitieran mantenerse indefinidamente solo como fuentes de rentas. Pudieron también las fábricas ser designadas como responsables del cumplimiento de memorias por vía de manda testamentaria, y de este modo incrementar los medios que les permitían atender el complejo de sus responsabilidades. Pero el ingreso de cada fábrica parroquial estaba sobre todo garantizado por su participación en la primera renta eclesiástica.

Al tiempo que desplegó su red para la gestión de sus creencias, el papado y sus extensiones diocesanas dispusieron, también por cesión legal, de unos ingresos con los que financiarse, la renta conocida con el nombre colectivo de diezmos, el mayor éxito político de la iglesia de occidente durante la edad media y su recurso más importante. Consistía en la detracción de la décima parte del producto bruto agropecuario, que ella misma regentaba. Los diezmos del trigo y la cebada se ingresaban en especie, que se comercializaba o no, en todo o en parte, a voluntad del perceptor. Los demás, que asimismo deducían la décima parte del resto de la producción agropecuaria anual, en la práctica eran bienes financieros porque tanto su cobro como su reparto trasladaban los valores del producto a los signos monetarios vigentes.

Decidió aquella iglesia que el cobro de los diezmos fuera competencia de cada parroquia, la unidad de su orden territorial, aunque en los lugares más habitados esta jurisdicción retributiva mínima con el tiempo había ido cediéndola a otra intermedia, la vicaría, creada para asegurar entre otros el control de la recaudación de tan importantes rentas. Pero solo a la captación de los pagos debidos quedó limitado el trabajo de cualquiera de las dos unidades administrativas, porque a la gestión y reparto de lo ingresado en cada lugar, al menos en la región, nunca renunció el centro del poder episcopal, el cabildo catedralicio de la sede apostólica.

Del diezmo la fábrica deducía el justamente llamado tercio de fábrica. La expresión respondía a que en el momento de su imposición a cada una estaba reservada la tercera parte de la renta obtenida por cada uno de los diezmos cobrados en ella. De esta manera se garantizaba, a la aplicación de medios, el principio de proporcionalidad directa a las necesidades de cada comunidad, puesto que entre el volumen del ingreso y el tamaño de la población, inmigrante en el origen, al mismo tiempo comunidad religiosa, había una relación inmediata. La riqueza de cada fábrica, como la de los beneficios, variaba en función del número de fieles que la nutrían, así con sus limosnas como con sus diezmos, rurales y no urbanos.

Posteriormente, ya en la baja edad media, la iglesia romana creyó oportuno revertir a la corona una parte de lo que esta le había reconocido, abriéndole la puerta a su participación en los excelentes ingresos que proporcionaba el diezmo. Las perjudicadas con esta transacción fueron las fábricas parroquiales, que vieron reducida su detracción de la masa diezmal a una novena parte. Fue sin embargo suficiente para cumplir con su objetivo, como la obra moderna de los templos de la región aún reivindica.

El beneficio eclesiástico, obtenido en competencia con otros aspirantes, era una de las posiciones más sólidas de cuantas quedaran al alcance de un presbítero, la persona que había decidido someterse a la disciplina sacerdotal de la iglesia de occidente, tras completar la formación con este fin prevista por su canon. No tenemos claro cómo se fueron constituyendo los beneficios comunes, cuáles fueron las primeras rentas que los permitieron, aunque sí estamos seguros que fue posible mantenerlos porque la iglesia romana, en su vertiente secular, disponía de un sistema de rentas garantizado por el diezmo, cuyos recaudación y uso consentían mantener en los templos determinadas plazas de sacerdote dotándolas con cantidades importantes. Con otro tercio de los ingresos que en cada parroquia proporcionaba anualmente, el cabildo catedralicio, su inflexible administrador, aseguraba una renta anual a cada hombre que ejercía de beneficiado en ella.

Probablemente segregar estos ingresos regulares y cuantiosos, para que se convirtieran en una renta personal exclusiva, fue posible al ritmo que el trabajo de la parroquia no solo se acumulaba, sino que permitía especialidades. Las fundaciones que obligaban al cumplimiento periódico de encargos litúrgicos proporcionarían una buena oportunidad. Una parte del clero, que ya pudo tener ganada la condición de beneficiado porque percibiera una porción de los diezmos, y por tanto ya disponía de una posición preeminente, se atribuiría esta dedicación. Como todos los encargos de misas creaban capellanías, todas las decisiones de esta clase contribuirían a consolidar la institución beneficial.

La atención cotidiana a los creyentes comunes se limitaba a satisfacer su demanda de sacralización de los actos vitales más sencillos, una actividad justificada como cuidado de las almas, que fue siendo atendida en las parroquias por los sacerdotes conocidos como curas. A pesar de los escrúpulos para eludir cualquier apariencia de simonía, atendían los cultos mediante las limosnas correspondientes, que con el tiempo tuvo que tarifar a la baja. Así obtuvieron los curas su renta personal, así su iglesia justificó que esta función les estuviera reservada y que gracias a ello hubieran adquirido responsabilidad pública como parte de las instituciones del estado. Si actuaba de aquel modo era porque estaba obligada por el deber apostólico permanente que se tenía impuesto. Por haberse comprometido a ser católica, no podía resignarse a no expandirse, tal como las economías quedaban atrapadas por la aspiración permanente al crecimiento.

–De Doménico Contino, alcalde por el estado noble, contemporáneo del emperador Carlos, se contaba que llegó a la primera ciudad del litoral con el propósito de embarcarse, tras sufrir un revés que lo condujo a abandonarlo todo en pocas horas. Mas decidió hacer a nado la travesía hasta la otra orilla, decepcionado por su bolsa, urgido por el deseo, confiado a su fortaleza. Las primeras millas las completó sin gran esfuerzo, sin que su cuerpo le exigiera tener bajo sus pies tierra firme. Flotaba con la gracia de un ser anfibio, con la misma naturalidad que las aves se suspenden en el aire. Cuando ya había perdido de vista la costa, y aún en el horizonte la línea del agua se fundía con la del cielo, hubo de aumentar la tensión de sus músculos y apretar los dientes. Todavía avanzaba con una cadencia aceptable, patadas al agua, abrazando las ondas.

“Empezó a declinar el sol, cuya punción le había acosado rostro, nuca y espalda durante toda la jornada. Cuando se fue enrojeciendo a su derecha, y el agua terminó por ocultarlo, se sintió revitalizado y redobló su esfuerzo. La línea de contacto entre el aire y el mar no había cambiado de lugar. No pasó mucho tiempo antes de que el púrpura del crepúsculo se convirtiera en el gris de las tinieblas. Alentaba por la nariz, evitaba abrir la boca. El choque de los labios con el agua multiplicaba su sed, en la garganta se le abrían grietas. La bruma del amanecer lo sorprendió braceando al margen de su voluntad, como si un automatismo se hubiera apoderado de su cuerpo y le impidiera parar. Durante la noche había perdido la orientación, de su conciencia ya se había apoderado la certeza de que en el momento que dejara de nadar se iría al fondo.

Beneficiados y curas quedaron secularmente antagonistas, y defendieron sus respectivas posiciones a costa de los ingresos de su oponente. Entre las contiendas más conocidas estuvo la que los enfrentó por el derecho a la primicia, que duró toda la época moderna; un modesto ingreso, parásito del diezmo, que los curas solían percibir. En lo fundamental las posiciones quedaron bien definidas. El de beneficiado parroquial se convirtió en el título necesario y suficiente para participar en el reparto de todas las rentas eclesiásticas, la primera de las cuales era el diezmo. Y mientras que el beneficiado retenía los ingresos generados por toda clase de bienes adscritos a esta iglesia, para el cura quedaron los que proporcionaban los servicios parroquiales. De las diferencias de cantidad entre unos y otros resultaron los que convencionalmente se conocen como alto y bajo clero. La condición aristocrática del primero, en la escala local, la demuestra una cifra. La corporación que agrupaba a todos los beneficiados de la población de referencia tuvo siempre en torno a diez miembros.

Habiendo ganado el derecho a participar en las rentas eclesiásticas llamado beneficio, sus más significados poseedores habían recurrido a constituirse en corporación allí donde acumularon un patrimonio común; una sociedad que decidimos denominar, salvando las distancias, y solo porque desde el principio había sido nuestro deseo enunciar el problema en los términos más directos, el gremio de beneficiados, porque como los gremios tenía efectos de monopolio para la percepción de la renta correspondiente y su circulación: aspiraba a imponerse en el área en la que actuaba, hasta el óptimo de la exclusión de la competencia. La ventaja la garantizó que la institución eclesiástica que confería tales títulos consiguió que en aquellos reinos fuera la única activa de cuantas en Europa fueron organizadas. Su poder procedía de la restricción original de la actividad a la que se dedicaban, ejercida por pocos individuos, ninguno de los cuales disponía del suficiente para imponerse a los demás. Entre ellos no había quien fuera dueño de derecho alguno. Asociados en la corporación, adquirieron capacidad para decidir con menos obstáculos, como el señor en su dominio, y hacerse acreedores de privilegios que satisficieron sus objetivos. El grupo todo constituido en colegio fue capaz para inmovilizar, utilizando los reconocimientos ganados, patrimonio propio que generara renta.

Corporaciones tituladas universidad las había constituidas para atender distintos fines. En la época eran poderosas las interesadas en el comercio, aunque las más antiguas eran los colegios de gobierno de los municipios del norte y noreste de la península. La de beneficiados fue una corporación de presbíteros poseedores de título de beneficio de alcance local en algunas poblaciones. La que hemos analizado, con bastante probabilidad, tal vez fuera la primera asociación de hombres dedicados al sacerdocio en la población de referencia, si exceptuamos las que pudieron existir en la antigüedad. Hay indicios fundados de la actividad de un colegio de galos a los comienzos de la era. Al principio, eran hombres que se emasculaban para consagrarse a los cultos de Cibeles y Atis. Tan rigurosa disciplina era común a una parte del sacerdocio más primitivo, y hoy la crítica la reconoce como la fuente que inspiró el celibato. Asociado a la condición clerical en algunas culturas, aun considerándose una parte de la civilización, ha conseguido sobrevivir hasta hoy.

La denominación con la que fue conocida parece que comenzó en el siglo décimo cuarto, aunque ya a fines del décimo tercero el legislador había decidido a favor de un cabildo de clérigos. Es posible que su institución, como otras corporaciones de origen medieval, la adquiriera justo al ser objeto de privilegio y no porque dispusiera de estatuto por iniciativa real o propia. Hasta entonces habría sido un grupo de hecho, distinguido por su destino. El colectivo lo compondrían al principio los sacerdotes a quienes la administración eclesiástica vigente, aliada a la corona para sus planes de expansión, les adjudicaba las rentas de las parroquias.

Además de un gremio de hombres que habían ganado para sí este bien a través de los ingresos parroquiales, fue un gran consorcio de memorias. Por esta causa, a la dedicación y las ganancias de cada beneficio, una vez instituida sumó rentas específicas, que sus miembros pudieron disfrutar a cambio de la provisión de este trabajo extra. Con seguridad, entre 1307 y 1817, fueron promovidas a su favor al menos 134 memorias, que la corporación terminó llamando aniversarios a consecuencia del régimen administrativo que les aplicaba.

Los fundadores, como era regular en este tipo de iniciativas, a través del testamento o de una escritura específica, obligaban al cumplimiento perpetuo de ciertas celebraciones litúrgicas, en su mayor parte las consabidas misas de distintas clases con sus vigilias, pero también procesiones o responsos, en conmemoración de sí mismos y de sus familias. La única peculiaridad común de todos estos encargos fue que legalmente se hizo responsable de su satisfacción aquel cuerpo de clérigos.

A financiar cada memoria, como era obligado, los devotos destinaban al menos un bien, que a partir del momento de la fundación igualmente quedaba apartado y transferido a este colectivo de beneficiados. En su poder debía permanecer indefinidamente, porque perpetua, en la intención de los promotores, debía ser también la celebración de su paso por la tierra.

Casi la mitad de estas fundaciones a favor de la universidad fue medieval, y el siglo décimo quinto, una vez que hicimos balance, resultó el que más iniciativas le atrajo, la cuarta parte del total. Es posible que esta posición le hubiera correspondido al décimo sexto. Apenas había transcurrido su primera mitad y ya se habían acumulado casi tantas fundaciones nuevas como durante toda la centuria anterior. Pero a mediados de ella la corporación de los beneficiados, por alguna razón que decidimos no indagar, dejó de ser atractiva. Entre 1561 y 1645 -casi un siglo- solo pudimos detectar el origen de dos mandatos piadosos, ambos ya del décimo séptimo. Es posible que coincidiendo con los años reales de Felipe II, tiempo crítico para las finanzas, la institución quedara inactiva. Pero también pudo ocurrir que hasta mediados de él la universidad consiguiera mantener su oferta de satisfacción de memorias como un monopolio, y que a partir de entonces el mercado que había organizado ya no fuera sostenible, a consecuencia del incremento de la oferta clerical. Los datos que habíamos reunido sobre las fechas de creación de las memorias, resumidos precedentemente, concordaban con esta conjetura sobre la evolución de un mercado a un tiempo tan especializado y tan extenso.

Pasado el paréntesis, recuperó su presencia entre quienes compraban y vendían la piedad con una buena dosis de sentido práctico, aplicado con rigor a su administración desde el cambio de centuria. Tan eficaz fue el tratamiento que otra vez consiguió atraer, durante los años comprendidos entre 1645 y 1699, la confianza de buen número de personas. Las fundaciones de este periodo, en cantidad al menos, fueron equiparables a las del tiempo que había transcurrido entre 1301 y 1400. Los últimos cien años de su actividad efectiva estuvieron dedicados, antes que a expandir aún más su trabajo, a garantizar la gestión del que ya había acumulado. Entre 1709 y 1817 solo algo más de la décima parte de las fundaciones tuvo su principio.

Para ganar autonomía, algunas familias que habían decidido inmovilizar una parte de sus bienes cruzaron la memoria con el vínculo, un producto que tal vez fuera de transición hacia el medio garante del ahorro que finalmente triunfaría en el campo, la capellanía con sacerdote propio. Parece que la mezcla de memoria con vínculo tuvo cierto éxito entre 1570 y 1599, fechas entre las que fueron ideadas todas las experiencias de esta clase que pudimos identificar. Los encargos que debían atender en bien de las almas eran algo más exigentes que los de una capellanía común, aunque en ningún caso excedían los límites de la misa, fuera o no prolongada con ritos complementarios. Mientras que la fundación mínima obligaba solo a una, y era lo más común, las hubo que instituyeron hasta treinta, pasando por otras que dejaron encargadas cuatro o doce.

Todas eran conmemoraciones anuales y se pretendían tan perpetuas como las memorias, sus hermanas menores. Una parte de ellas también designaba expresamente unas fechas del calendario litúrgico católico para que se consumaran, como sus días de Santo Tomás o de Santiago, o el dedicado a celebrar la Encarnación. En el máximo de las condiciones, más allá de que fuera precisado que los celebrantes rezaran o cantaran, se situaban quienes pedían que el acto tuviera lugar en la capilla donde se enterrarían, o que a cada misa se agregara un responso sobre la sepultura donde estaban depositados los cuerpos de los padres del fundador.

Aunque los promotores de estas fundaciones designaran templos y hasta capillas, generalmente relacionadas con el enterramiento propio, donde precisamente habría de actuar el clero de los misterios, ahora los llamados al cumplimiento de la carga eran familiares. Ahí radicaba la diferencia con la memoria, y a tal designación prestaba su servicio el vínculo injertado. La responsabilidad de los encargos era prevista por el fundador según las reglas de esta institución civil, que se realizaban cuando a cambio los designados disfrutaban las rentas de los bienes que se inmovilizaban con aquella justificación animista.

Tales previsiones no neutralizaban por completo la intromisión de la iglesia romana en aquellos institutos, aunque al hacerlas las familias se propusieran reducirla a lo inevitable. La autoridad episcopal, apurando sus poderes, utilizaba cuanto estaba a su alcance para intervenir en su administración. Justificaba su injerencia en la necesidad de la anuencia canónica para que la obra fuera legítima, dados los fines dictados por los fundadores. Cuando se exigía la formación superior del clero para cumplir con el propósito de la obra, porque era el grado más exigente de la disciplina sacerdotal, la oportunidad para la intervención se incrementaba. De ahí que en la mayoría de estas fundaciones, por decisión inapelable de sus promotores, para que alguien se responsabilizara de cada una era formación eclesiástica suficiente el grado elemental, conocido como órdenes menores, que limitaba el alcance y las exigencias del sacerdocio. Decisiones como esta expresan con bastante fidelidad la función que la parte civil, responsable de que existieran aquellas instituciones, concedía al concurso del canon eclesiástico en la gestión de al menos una parte de sus ahorros.

–Parte de las diferencias humanas que llevaban inscritas las memorias, que tendrían sus causas específicas, se reconocen con más nitidez en las memorias con vínculos, versión de la misma obra efecto de un estado que parece preferente. Dos tercios de las fundaciones de esta clase eran consecuencia de una decisión tomada por mujeres solas, las cuales en la mitad de las ocasiones se declaraban expresamente viudas y en ningún caso mencionaban descendencia directa.

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