Ahorro inmovilizado

Las instituciones

Ocurrió que las familias que habían acumulado patrimonio, procedente de sus antepasados o fruto del trabajo propio en el campo, lo transmitieron ateniéndose a dos hechos, la creación de otra y la muerte.

     –En las poblaciones antiguas, así como en las posteriores, cuantas decisiones creían vitales las tomaban urgidos por la naturaleza, y aunque a sus autores les parecieran íntimas y exclusivas, porque para cada cual era más probable que fueran únicas, estaban contaminadas por la moral, que las hacía semejantes.

     La primera fracción desprendida de sus ahorros, en el orden biológico más habitual, era la que daba origen a una célula social nueva, a través del matrimonio o porque financiara la emancipación de alguno de sus descendientes. Si era mujer quien la detraía a su favor esa parte se llamaba dote, y capital si era un hombre.

     –Nadie ha demostrado hasta ahora que en el empleo de este vocabulario, tiempo antes, quienes fueran por él concernidos lo hubieran cargado con algún prejuicio.

     Del capital, tal vez denominación encubridora de lo que solía entenderse por arra, no pudimos informarnos bien, a pesar del esfuerzo que desplegamos por separado para encontrar indicios de su vigencia, dispersándonos por el campo de los documentos, entonces tan extenso como un desierto, como la tropa a la que se le encomienda una descubierta frente a las posiciones del enemigo. Es posible que el filtro local, al que hubimos de atenernos a consecuencia de nuestra limitada capacidad de trabajo, refractara el hecho. O quizás el capital fue poco frecuente, dado que la descendencia masculina, la llamada a disfrutarlo, en la mayor parte de las estrategias de transmisión de los bienes familiares debía cargar con la obligación de perpetuar el linaje, para cuyo fin recibía y había de conservar la parte troncal de los que ya tuviera su matrimonio generador.

     Lo concedieron los padres a los hijos, deduciéndolo de los bienes que ya poseían. Podía ser una cantidad de dinero, cuatro o cinco veces superior a la que expresaba el valor de la dote cuando esta se liquidaba de la misma forma. Pero parece que era más común el traspaso de una parte de los bienes materiales de la familia, como enseres para equipar el futuro hogar, la ropa de vestir que los desnudos esposos necesitaren, la casa donde en el momento de la transmisión el perceptor viviera o una parte de un cortijo del que fuera dueño el progenitor reconocido por la ley, para que con su producto el varón emancipado hiciera frente a las responsabilidades que por el matrimonio adquiría.

Aunque en las actas notariales los bienes fueran descritos, no se renunciaba a evaluarlos ateniéndose a la moneda corriente. Estaría justificada la redundancia por sus consecuencias para la legítima, derecho que cada rama originada por una familia tenía a percibir una parte del patrimonio que esta hubiera acumulado. Mientras la legítima o sus adelantos no fueran recibidos, la supervivencia que de los descendientes se esperaba quedaba garantizada por los alimentos, que no restaban nada a los derechos individuales preservados por aquella. Pero llegado el momento de transferir la porción de los bienes de la familia que correspondiera a quien ya hubiera adquirido un estado civil posterior al del nacimiento, la cantidad que en su momento se hubiera liquidado en concepto de capital podía serle deducida. De lo contrario, se habría actuado en detrimento de los otros herederos.

     –De este principio se colige que nuestros antepasados optaron por el deseo, que pasa por las conciencias con prisas, sin apenas dejar rastro, para cimentar la transmisión del ahorro, puesto que entonces las familias, salvo excepciones, tenían su origen en la unión carnal. Ninguna pasión parece apta para convertirse en fuente de las decisiones racionales, llamadas a garantizar el equilibrio de las actividades económicas. A la menos adecuada la cargaron con la responsabilidad mayor sobre la inversión que debía permitir el crecimiento.

     –La pasión entre los sexos era la más hermética de las sinrazones probablemente porque sobre ella pesaba el tabú. A los contemporáneos de aquellos recursos bastaría pasear por las calles para ver decenas de criaturas capaces para demoler el deseo, aun siendo primordial y espontáneo, y prefirieron encerrarlo en las casas.

     –Pensaba Eudes de Colmar que cuanto en su tiempo se llamaba instinto era el comportamiento humano fuera de control, anterior a cualquier resignación a las reglas de la convivencia, y que gracias a una elaborada cobertura verbal se había beneficiado de la comprensión, y en consecuencia de la tolerancia que se le concedía en los centros escolares, donde estaban recluidos su denuesto y su condena, así como los medios para rescatarlo. La gula, proseguía, no menos degenerada, para sorpresa de todos había alcanzado la condición de arte, con maestros reconocidos, quienes se servían de plantillas nutridas por discípulos ansiosos por emularlos, a cuyas órdenes actuaban aprendices dispuestos a cualquier esfuerzo, con la esperanza puesta en adquirir a cambio una parte de los secretos de una química enajenante. Tan insensato y admitido estaba el vicio de los golosos que disponían de instalaciones propias, donde se solazaban sin discreción, colmados de vino y carne, haciendo ostentación de sus excesos.

     “Mientras tanto, el sexo, a consecuencia de un criterio que no le parecía conveniente impugnar, visible la deformación que las grasas provocaban en las cinturas y en los glúteos, y la degeneración de la que era responsable la edad, permanecía recluido en la intimidad.

     “Había un modo de modificar las respuestas al deseo, con más fuerza que los siglos de hábitos adquiridos. Bastaría con arbitrar medios similares a los que tenían a su disposición cualquiera de las dos inclinaciones en cuyo análisis se había detenido. Instalaciones públicas, promoción de sus actividades, individuos cuya dedicación exclusiva fuera la manifestación de la potencia viva y sus múltiples propiedades civilizarían lo que permanecía recluido en un caos insensato.

     “La réplica a sus ideas aún permanecería recluida en la intimidad mucho tiempo. El deseo carecería de razón porque no disponía de palabras, y las pocas que usaba estaban condenadas porque habían sido desviadas a la clase de soeces, para la observación ortodoxa justa garantía de la exclusión que impugnaba el exhibicionismo, una deriva que podría causar un malestar equiparable a la indigestión.

     –Fuera o no justa la teoría, sensatos o no los planes para su verificación, tan grande fue el vacío a favor del deseo que dispuso de todas las posibilidades para idear instituciones encubridoras. Las más sorprendentes fueron las recibidas por el derecho civil. Que se naturalizara que la transmisión de los ahorros consolidados fuera restringida a la descendencia biológica resultó tan injustificable como si a un algún legislador se le hubiera ocurrido regular el homicidio como fundamento de los contratos.

     Cualquiera de las modalidades de la emancipación femenina, porque también comprometía una parte de los bienes atesorados por las células sociales, además de los medios previstos por la ley para garantizar la transmisión satisfacía un negocio, cuyo desarrollo pudimos reconstruir con los documentos que firmaban las partes interesadas en él.

     Cuando fue el matrimonio la salida, al menos una fracción de la forma y el tamaño de la dote procedía de lo que hubieran pactado las familias ya comprometidas con aquel fin. Al varón que aspiraba a marido correspondía la redacción de las condiciones que debían regir la nueva sociedad, que satisfarían lo que antes hubiera tratado con los padres de la elegida como esposa. Una vez acordadas las premisas de la unión, eran los del hombre quienes a la mujer le concedían las capitulaciones, o cláusulas bajo las cuales debía cerrarse el acuerdo. Cuando la otra parte había aceptado las condiciones y fijado una cantidad, el proceso terminaba con la aceptación o reconocimiento por parte del marido de la riqueza que al matrimonio llevaba la mujer. A partir de aquel momento, la dote se sumaba al patrimonio de la nueva familia y formaba un todo con los bienes de los que disponía el hombre.

     –Siendo esta la manera de actuar, sirviéndose del matrimonio, ciertas redes familiares pudieron alimentar una creciente acumulación de ahorros. Cada nuevo pacto que sellaran, los acumularían con mayor potencia.

     –Las fortunas atesoradas mediante el recurso conyugal tuvieron que ser crecientes porque tales ciclos fueron reiterados durante cientos de años.

     –Pero todavía más valioso parece, para el análisis correcto de las instituciones complicadas con el orden que antes regulaba el crédito, que la vía femenina completara la obra del deseo para dar fundamento al ahorro, y la reprodujera indefinidamente.

No eran varones, héroes proclamados como guerreros, aunque ya incapaces para envainar sus espadas, quienes cargaban con el peso de la contienda civil que dirimía la riqueza, sino mujeres, frágiles y poco visibles, solo parcialmente recluidas en viviendas, las que ejecutaban la concentración de las casas. Aunque era excepcional que una mujer fuera dotada con una institución, porque la conducía a ocupar una posición de responsabilidad impropia para todo un patrimonio.

     La dote solía ser una cantidad de dinero. La constante variación de su forma y su tamaño, aun así siempre expresados con cifras redondas, demostraban que era el resultado de decisiones tomadas con relativa autonomía por los ascendientes, y que su primer enunciado, en muchos casos aceptado sin réplica por la otra parte, con más probabilidad sería una oferta que se reservaban los padres de la mujer.

Se pudo mostrar especialmente orgullosa de dotar una pareja, a la que cuando se contrajo en su matrimonio ninguno de los contribuyentes aportó bien alguno. Podían presumir de su gesta porque si no había patrimonio que dividir no había dote que negociar.

     –Tan poderosa razón, a quienes vivieran en trance de civilizarse, como en su caso había sucedido, no impedía que celebraran las nupcias, decisión bárbara solo justificada porque entonces el vínculo marital era la fuente reglada de la generación humana, con menos frecuencia el medio para la festiva expansión del deseo.

Con el tiempo, gracias a sus esfuerzos, habían conseguido dotar a sus dos hijas, a una con una cantidad que prefirieron no dejar escrita y a la otra con una muy estimable para el momento en el que se desprendieron de la cifra.

     Cuando faltaban los progenitores dotaban otros parientes. Una tía, fuera poseída por la generosidad que hubiera hecho presa en ella o por la impaciencia que le inspirara la proximidad de su muerte, que amenazara con retornarla al limbo inmaculada, podía aceptar la defensa de esta causa. Los hermanos ya casados de la que iba a tomar estado, porque la hubieran criado en su hogar, también podían para este fin representar el papel de los padres. Un presbítero, beneficiado en una parroquia, no tuvo inconveniente en dotar a una sobrina, puesto que en las familias del clero su condición no era incompatible con la filial.

     Era frecuente que con la dote se saldaran las obligaciones que sobre el patrimonio de la familia descargaba la descendencia, como ocurriría con el capital. También la legítima podía quedar a su cargo o liquidarse íntegra. Ambas se fundían premeditadamente, una vez que se había decidido determinada transmisión, para corresponder a las obligaciones que hubieran recaído sobre la otra parte de los bienes atesorados. Por esa razón un padre podía dotar a su hija con la fracción que por el fallecimiento de la madre le perteneciera como legítima, y era habitual convertir en dote lo que a una casadera le tocaba en el reparto de los bienes del padre o del abuelo, previamente difuntos.

     –Al resolverse a costa de la legítima, la dote, sin menoscabo de otros propósitos, pudo ser una forma de venta de la mujer en expectativa bajo las condiciones más favorables, si se pactaba en las capitulaciones una cantidad que rebajara las obligaciones derivadas de aquel imperativo. El encaje armónico era posible cuando la otra parte la aceptaba, aunque no fuera cuantiosa, como un medio al servicio de su promoción. Para quien hubiera acumulado riqueza, y aun así careciera de la consideración que para él deseaba, resignarse a un ingreso insignificante podía valer, a través del contrato de matrimonio, la entrada en una familia que creyera aristocrática.

La dote que se conservaba íntegra, habiendo concluido el curso de la sociedad conyugal, fue un balance del que algunos padres se mostraron orgullosos, porque a su vez podía convertirse en dote para su descendencia. Un padre que se había casado en segundas nupcias, a una hija habida en la primera familia podía entregar por este concepto la cantidad que su madre había llevado a su enlace. Es posible que una condición tan rígida fuera una parte de las capitulaciones, quizás solo en algunos contratos, porque en ocasiones una exigencia tan alta podía complicarse tanto que era soslayada; o que el fallecimiento de su mujer fuera una exigencia legal para que el marido tuviera que responder del depósito que se le había confiado.

     –Hecho inventario de los bienes dejados por un esposo tras su muerte, a iniciativa de la entusiasta viuda, constató que no alcanzaban para el reintegro de la dote que había aportado décadas antes, sin que al parecer un comportamiento tan insensato tuviera efectos judiciales, aunque con la consiguiente defraudación de sus proyectos.

La consecuencia material de la muerte era tan rigurosa como inevitable. De cómo programaban el traspaso de su riqueza quienes, si hacían planes, adelantándose o respondiendo a los avisos de la Definitiva, preferían no dejar nada escrito nada podemos decir porque siempre nos limitamos a los medios documentales. Otros, urgidos por el deseo de una explicación, optaban por dejar constancia de su última voluntad en forma de testamento. Era más probable que quienes hubieran acumulado algún patrimonio tomaran la segunda decisión, por iniciativa propia o a instancia de sus deudos.

Las formas de transmitir que los testamentos nos permitieron conocer fueron múltiples, pero nos persuadimos, previa discusión de casi una docena de fórmulas, que en el origen todas las piezas confluían en una satisfacción extraordinaria para quienes las tomaban: les permitían imponer su voluntad después de la muerte, un hecho inopinado y en apariencia escaso al que sin embargo era fácil acceder en un mercado propio llamado escribanía, la oficina pública que comerciaba con el traspaso de los patrimonios legales. Si recurrían a ella, la norma por la que se regían, que desde la edad media había extendido su poder hasta las tierras meridionales, les obligaba a cumplir con las garantías a favor de sus consanguíneos o legítima, al tiempo que les reservaba la posibilidad de dirigir a discreción una parte de la riqueza que les perteneciera, incluso más allá de los límites de la familia.

     –Luego una parte del tesoro que se había originado en el dominio creado por el deseo podía escapar a su tiranía.

     –Aunque es necesario reconocer que eran pocos los que conseguían disponer de al menos una parte de su patrimonio al margen de la red biológica.

Gracias al testamento, fueron normalizados ciertos modos de transferencia de los patrimonios. El cónyuge que moría antes que el otro dejaba como usufructuario de todo al que le sobrevivía, los bienes eran repartidos en porciones iguales entre todos los hijos habidos en el matrimonio, previa liquidación de las deudas pendientes; el soltero solía dejar sus bienes a sus sobrinos.

     La gama de combinaciones que a estos tipos sería necesario añadir, para completar la descripción de los hechos testamentarios comunes, no contradiría lo que entre todos nos enseñaron. La mayoría de las familias que disponían de patrimonio, de una o de otra clase, llegada al momento de su curso que hacía necesaria una solución formal, para que diera fe de las decisiones tomadas, frente a cualquiera de las controversias que en el futuro pudieran suscitarse, aunque hiciera una larga lista de salvedades no recurría a ninguna institución distinta a la del heredero familiar para traspasar los bienes, muebles e inmuebles, en especie o en efectivo, de los que morían a los que seguirían viviendo.

     –Así se naturalizó en las tierras meridionales la herencia, una forma poco justificable de la circulación del ahorro.

     “A veces su origen se ha explicado como respuesta a una superstición. A partir del imperio nuevo, la opinión de los egipcios sobre la vida de ultratumba cambió. Entonces, a una proporción creciente de ellos el problema de la existencia tras la muerte llegó a preocuparle sinceramente. Hasta entonces, apenas había progresado el interés por la resurrección; ni entre aquella gente, que tan proclive a la sedición se mostró pasado el tiempo, ni entre los habitantes de otra tierras, atraídos o no por las conspiraciones. Los súbditos del soberano que había extendido su poder a todo el valle del Nilo aceptaban que esta facultad estuviera reservada al rey, quien perseveraba en manifestar su restauración, aunque no pudiera ocultar el progreso de su vejez, con tanta más frecuencia cuanto mayor era su edad.

     “Pero la propagación de la única teoría sobre la supervivencia, elaborada por cortesanos fieles que deseaban contribuir a que el poder de la Monarquía se sostuviera, traspasó los límites del círculo para el que había sido creada. Como ocurriría en tantas ocasiones, una parte de quienes solo mantenían con aquel mundo una relación que los subordinaba sin embargo decidieron aceptarla porque el deseo de emularlo los empujaba a tomar sus costumbres.

     “Carecía de la justificación política que inspiró la especulación original, causa que contribuiría a que la emergencia de la República se retrasara aún algunos siglos, puesto que los seres que convivían por ser contemporáneos, aun sin carecer de la condición humana prefirieron ignorar que con este ardid argumentativo, avalado por la muerte, hubieran podido reivindicarse idénticamente soberanos, fueran laicos o levíticos, miembros de una sociedad hermética o empresarios.

     “La nueva justificación emergió de un desorden de índole distinta, a juzgar por un hecho no independiente de las fuentes del caos, de enorme interés para valorar la importancia desde entonces concedida al ritual funerario y la pasión por él que se impuso hasta en sus más insignificantes manifestaciones.

     “El procedimiento común de herencia de las propiedades, entre los egipcios, ya entonces quedó sometido a una condición poco razonable: que el entierro fuera verificado. El posible legatario que el legítimo dueño hubiera previsto quedaría desheredado si no cumplía con esta obligación. Se expresa un documento de aquella época en tales términos que no deja lugar a dudas sobre su sentido. “`Se entregarán los bienes a aquel que dé sepultura´, dice la ley del faraón”. Con palabras similares fueron escritos más documentos por el mismo tiempo.

     “Para los egipcios rigió un principio más universal por persistente que por extendido. Todo el legado de un difunto iría a parar a quien ejecutase su entierro bajo las condiciones rituales prescritas, responsabilidad que recaería con más frecuencia sobre los allegados, certeros conocedores de los patrimonios de quienes habían de pasar por el trance de la muerte. Es más probable que en la obsesión por el renacimiento, que dio como consecuencia los sorprendentes resultados materiales que son tan conocidos, haya un escrúpulo de albaceas en modo alguno desinteresados, no una creencia.

     “Cuando a la conservación del cuerpo quedaba confiado el deseo de volver a la vida tras la muerte, para ser acreedor a los bienes que el difunto había acumulado al pasar por la tierra, y que contra su voluntad dejaba tras de sí, el vivo que los deseara, más probable entre los parientes, debía adquirir el compromiso de fundar la tumba donde yacería el cadáver acecinado.

     –Pero tampoco sería prudente negar su espacio a la piedad, porque al corazón humano llegaba, por un conducto que sin embargo la anatomía practicada por sus cosmetas no fue capaz para descubrir, un sentimiento, forma de hablar que el presente ha traducido explicando que la voluntad era colonizada por la desgracia de la riqueza; como un economista, porque hubiera evolucionado a empresario, y en su beneficio hubiera atesorado el trabajo ajeno, en parte recibido gracias al patrimonio heredado, espurio puesto que procedente de la más feroz venganza que en la sierra conocieran los siglos, estaría nunca incapacitado para ser miembro entusiasta y generoso de una sociedad de egiptología.

     –Habiendo sido común en tiempos remotos, tal creencia con los siglos no perdió su condición primitiva e invariable. Por causas tan desconocidas como las que permiten que el monstruo verde de los celos, de dimensiones colosales, cuyo cuerpo está cubierto por escamas deuterobizantinas, el más incontrolable y violento de los creados por la imaginación trastornada que de los hombres insensatos se apodera, fuera encontrando medio para reencarnarse en cada nacido, se pudo regenerar la creencia en una vida oculta bajo la tumba, las obligaciones que delegaba a los que seguían existiendo y las astucias que en ellos estimulaba, reminiscencias cuya actualidad han podido comprobar y describen quienes observan el paso del tiempo en los documentos.

     –De acuerdo con que el trabajo, acumulado en las cantidades que el ingenio y el esfuerzo de cada cual permitiera, fuera convertido en apropiación de bienes, porque solo la actividad consciente crea cualquier clase de riqueza. Admitamos que todo tuviera su origen en el trabajo propio, que nada de lo que a patrimonio llegara procediera del esfuerzo ajeno. Sería la remuneración a tanto comportamiento desenfrenado, pequeña recompensa para quien no hubiera podido disponer de su tiempo para vivir.

     “En el patrimonio adquirido por herencia no había un gramo de honradez porque no había un gramo de trabajo propio, solo convención inducida por el poder coactivo de la ley. Nada útil justificaba que sobre el acceso a los bienes patrimoniales prevaleciera la consanguinidad. Si la circulación libre de los bienes había de ser la responsable del mayor grado de crecimiento, su restricción al ámbito de la familia los privaba del retorno a los mercados, donde tendrían que consumar su asignación idónea.

     –En los casos en que el patrimonio se hubiera materializado en capital por metamorfosis del trabajo de otros, mientras los bienes que lo permitieron fueron producidos o porque lo detrajeron al venderlos aun sin ventaja, debió escapar a su control, retornando a los circuitos que los mercados crean o administrándolo el poder que sobre todos prevalecía.

     Aunque muchos testadores se sintieran satisfechos con imponer tan tiránica voluntad a sus allegados, amparados en la sobrecogedora muerte, que paralizaba a los vivos más impresionables, otros, porque ante el hecho inevitable también se podía reaccionar sin resignación, y hasta con soberbia poco justificable, todavía consideraron que debían prevalecer sobre generaciones, puesto que la inmortalidad les estaba negada. Decidieron perpetuar la posición material que habían conquistado sirviéndose del mismo instrumento legal, aunque atribuyendo un alcance extraordinario a la parte de sus cláusulas de la que podían disponer sin servidumbre alguna.

     Como en vida habían compartido cierta opinión sobre el valor que al patrimonio concedían quienes deseaban prevalecer sobre otros, según la cual los bienes atesorados propagaban en razón directa a su aprecio la grandeza de sus dueños, y así avalaban el papel que deseaban representar ante sus semejantes; convencidos de que imantaban el poder que había permitido hacerlos propios, confiaban su loco proyecto a instituciones muy rigurosas con su conservación y su traspaso: imponían al dominio sobre al menos una parte de sus bienes no obligados por la legítima, para que los recibieran las siguientes generaciones, el deber de inmovilidad, y restringían a la capacidad de uso el ascendiente sobre ellos. Para darles ventaja, aquellos regímenes extraordinarios de transmisión podían combinarse con decisiones previas específicas, también creadoras de instituciones que inducían la segregación parcial del patrimonio de la familia, tanto que la posibilidad de que una parte al menos quedara al margen de ella quedaba abierta.

     Para cada una de las formas legales que protegían decisiones tan ambiciosas, pensando en que tendría que llegar el momento de dar cuenta de su existencia, porque antes o después todos debemos hacer balance de nuestro paso por la tierra, nos esforzamos en restaurar los casos más capacitados para explicar ciertos hechos. Gracias al plan desplegado, pudimos coleccionar, para un total de 730 iniciativas familiares, referidas a los siglos entre el décimo cuarto y el décimo octavo, datos suficientes sobre los destinos específicos a los que aspiraron quienes desviaron al menos una parte de sus patrimonios por las vías inmovilizadoras.

Cuando el valor de sus bienes disponibles fuera el más alto, en opinión de una familia rural, era más probable que para inmovilizarlo prefiriera instituciones civiles. De todas las previstas, la más frecuentada fue el vínculo, aunque la opción a favor del procedimiento no permaneció invariable a lo largo del tiempo. Por encima de los dos tercios de las iniciativas de esta clase, si nos atenemos como referencia al marco de nuestro análisis, tuvieron su origen en la segunda mitad del siglo décimo sexto. Luego probablemente, en las tierras que se vieron afectadas por la sabana diferida, el vínculo conoció su mejor época entre 1550 y 1600. Las restantes fundaciones de esta clase, de manera casi ecuánime, se repartieron entre la primera mitad del décimo séptimo, la segunda y principios del siglo décimo octavo. Es probable que el vínculo, común a toda la época moderna, fuera una institución que en las poblaciones del sur contribuyera al menos durante unos doscientos años a fijar una parte de las posiciones que algunas personas, porque habían atesorado riquezas generadas en sus campos, pretendieron perpetuar.

     –Parece inútil demorarse en enunciar cantidades. Todos los cálculos que podamos presentar serán una deformación, alentada por los peores prejuicios. Quien hace cálculos y toma cifras, con la arrogancia de quien no duda de su certeza, selecciona cualquiera de los dos momentos del proceso. Sabiendo que todas las operaciones estarán hechas a partir de una observación premeditadamente limitada, porque restringida tiene que ser cualquier visión, aunque la voz que transforme la imagen proceda de la cofa del carajo, vulgarmente llamado palo mayor, desde donde se hace visible el horizonte en el circuito de la rosa de los vientos, darles alcance mayor que el de las inconsecuencias de quienes residían en una población sería un abuso.

     –Polibio, entidad vital no extinta gracias al verbo que lo reencarna en una imagen venerable, en el que su P es robustez, la l claridad y elegancia y la b declaración sincera; garante del relato heroico, detestaba mentir con verosimilitud. Alertaba contra sus contemporáneos que se esforzaban en proporcionar cifras sobre el tamaño de los ejércitos. Instruido por la ingente experiencia de Escipión, a cuya sombra se ennobleció, nunca dudó que cualquiera de los relatos bélicos que cifraban en decenas de miles el número de los combatientes fuera veraz. Ninguna infantería era capaz para imponerse a otra si no extendía su número sobre el territorio que debía ocupar, como no pueden los automóviles adueñarse de la inmensidad de las ciudades si no se acumulan innumerables, como las nubes para la tormenta o las voces para el estruendo. Su desconfianza, y con ella sus advertencias, se concentraban no en quienes defendían magnitudes enormes, sino en aquellos que presentaban cifras tan exactas que evitaban terminar en cero.

     “No está al alcance del analista retrospectivo ser preciso, porque el tiempo, como la silenciosa y constante edad, modela y suaviza los contornos de los cuerpos que en su origen pudieron estar delimitados por aristas cortantes. Pero no sería sensato renunciar a los números, por parciales que pudieran ser, por mal que nos sirvan quienes los manipulan. Cualquier proporción reduce a su orden las acciones humanas, y expresa con la exactitud de lo impreciso que nada de ellas es completo, que ninguna lo contiene todo, que no hay decisión, por ambiciosa que sea, que pueda abarcar todo el comportamiento, que ninguna explicación, aunque toda una casta se esfuerce en sostenerla, será universal.

     Se conoció con el nombre de vínculo la rigurosa iniciativa, no obstante recogida y amparada por la ley, que permitía designar una parte del patrimonio familiar para que cumpliera con las obligaciones hereditarias comunes y mantener intocada la otra, para que permaneciera siempre sin dividir ni traspasar en forma alguna, salvo la dictada por su promotor y ateniéndose al orden sucesorio por él decidido.

     Si había concluido que la cantidad designada para satisfacer las legítimas debía ser un tercio de todos los bienes que la familia bajo su responsabilidad había atesorado, podía hacerlo. Y si quería incrementar en un quinto esta cantidad, nada se lo impedía. Porque sus obligaciones de reparto de la riqueza común entre todos los miembros del grupo podían quedar limitadas por la suma de esas dos proporciones. Si su deseo, en el momento original, era que el beneficiado por la segregación fuera su hija menor, el segundo de sus nietos o el primero de sus sobrinos hijos del cuarto hermano, tampoco había sido dictada exigencia alguna que lo obstaculizara. Para que tuvieran vigencia indefinida, decisiones como estas no necesitaban más requisito que la voluntad de quien las tomaba. Al responsable de los bienes de una familia que incurriera en el deseo de preservar mediante esta fórmula una parte de sus bienes le bastaba como justificación su capricho, como al déspota en sus dominios, que podía decidir sin que lo coaccionara ley alguna; tosca prevalencia que sin dejar de llamarla derecho la norma alentó y mantuvo.

Como los designados para que disfrutaran del lote de bienes originales de un vínculo solían ser los descendientes directos del grupo familiar, medio natural de la existencia de la solución legal, con esta decisión se pretendía conservarlo indefinidamente en su poder. Así manifestaba que para lo sucesivo su propósito era que quedaran garantizados su posición y el reconocimiento que a su parecer merecían, al tiempo que desviaban el curso espontáneo de los linajes, según el cual unos deben ascender y caer otros a impulso de los elementos que exceden a los poderes.

     Según avanzaban nuestras indagaciones, fuimos descubriendo que el momento biológico de las familias había decidido sobre la clase de instituto inmovilizador que elegían, lo que nos permitió aislar algunos principios del recurso al vínculo. Cuando de ellas sobrevivía la parte fundacional, compuesta con los cónyuges y al menos una parte de la descendencia, era más probable que lo prefirieran sobre cualquier otro instituto, dado que garantizaba la independencia en la gestión del patrimonio que se quería asegurar. Los registros demostraban que con bastante frecuencia eran matrimonios, actuando de común acuerdo, quienes los fundaban haciendo uso de la porción disponible de sus bienes.

     No hay que excluir que la situación biológica fuera similar cuando en los documentos solo emerge un hombre como autor de la fundación de esta clase de obras. La línea masculina podía ser fuerza suficiente para imponer tal decisión en algunos casos.

     –Así había ocurrido con un varón que había recibido de su padre, al mismo tiempo que su hermano, unas tierras con la condición de que no fueran divididas, razón por la cual con ellas decidió crear un vínculo.

     –Dado que el matrimonio biológicamente activo era el origen regular de estas fundaciones, las familias que prefirieran esta inmovilización, la más exigente, habiéndose propuesto evitar la dispersión de sus patrimonios, se verían en la obligación de ser restrictivas de su crecimiento. Estimularían la perpetuación de una rama, la agraciada con la designación, y cercenarían las demás.

     –Aun así, existiendo ya los vínculos, que desearan la concepción de hijos secundarios quienes ya habían tomado tal decisión institucional podría valer como inversión diferida, previsora de una agresión de la muerte, actriz que repudiaba los guiones escritos en las notarías. Su renta se obtendría al cruzar sus vástagos vivos con los de otras familias que hubieran destinado uno de sus descendientes a empleos similares. La dimensión legal que así podrían ganar algunos patrimonios permitiría a una familia acceder a la casa, la empresa civil de mayores dimensiones que conoció la época moderna.

     Solo excepcionalmente el origen del vínculo fue obra de una viuda. Aún menos frecuente fue que una mujer casada optara por actuar por cuenta propia de una manera tan comprometida, y entre las singulares fundadoras de aquellos institutos hubo una que previamente lo había sido de un convento femenino.

     –Teniendo en cuenta que cuando una mujer tomaba aquella decisión con autonomía era más probable que fuera viuda, creación del vínculo y dotación de un convento femenino pueden parecer dos piezas de una misma obra familiar; una destinada a mantener la rama elegida para que fructificara, la otra para que entibiara la extinción de la generadora ya condenada a desaparecer, después para imponer la disciplina biológica adecuada a las reservas de pubertad de la misma familia.

     Bastaba con que los bienes del lote inmovilizado, generalmente raíces y con preferencia rústicos, fueran reservados al primogénito de cada generación incurso en la línea seleccionada para que el vínculo se denominara mayorazgo. Trabajaba a favor de la primogenitura el atavismo que pesaba sobre las creencias inspiradas por la fecundidad, que presuponía más vigor para los concebidos antes, así como el disciplinado comportamiento que imponía la muerte inevitable.

     –Los promotores del mayorazgo justificaban los rigores de su fundación pretextando que les parecía necesario proteger su linaje, como en las reservas biológicas había anatomistas que trabajaban en favor de la supervivencia de ciertas especies, aun a costa de la existencia de otras.

     A juicio del fundador, su existencia debía ser indefinida.

     –Fueron las familias más poderosas las que incurrieron en este exceso. Pretendían garantizar el traspaso de todos los derechos que a quienes ya ocupaban la posición pública más sólida aseguraban preservar su condición y perpetuar su preeminencia.

     Es posible que el vocabulario utilizado por los registros, instantáneas circunstanciales de lo que se entendía por cada cosa, no fuera del todo riguroso cuando tenían que distinguir entre esta institución y la precedente. El vínculo, aunque nada obligara a comportarse de este modo, solía transmitirse también dando preferencia a la línea del primer varón nacido. Pudo ocurrir, a quienes convivieran con ambos, que a consecuencia de una simplificación mayorazgo fuera el instituto de este género que había inmovilizado un patrimonio de mayor tamaño.

     Pero actuaran los escribanos con más o menos rigor cuando elegían las palabras, pudimos deducir sin ambigüedad que el mayorazgo, en el medio rural moderno, no estuvo entre las instituciones preferidas para confiarle la conservación del lugar público que los más potentados hubieran ganado en cada población. Si alguna vez fue tomada en cuenta esta posibilidad, pronto debió desecharse. Solo la fundación de uno, a iniciativa de un matrimonio, pudimos documentar en la de referencia, y para una época relativamente temprana. Entre 1544 y 1550 había completado el procedimiento que lo mantendría operativo en adelante.

     Para avanzar en el análisis de las transmisiones familiares más calculadas, antes es necesario reconocer la vigencia de un hecho primordial, origen entre nosotros de una agria controversia; lo que no obstó para que acordáramos reconocerlo como una invariante, común al tiempo sobre el que extendíamos la observación. El injerto del que tratábamos no fue exclusivo de las coronas hispánicas. La iglesia romana, sin dejar de ser una potencia extraña a ellas, consiguió infiltrar su canon en la constitución de las monarquías europeas, una porción de las cuales aun lo respetaba pasado más de un milenio.

     A pesar del acopio de elementos de juicio y la confrontación de argumentos, para el hecho primitivo no pudimos encontrar una explicación satisfactoria. Las decisiones imperiales de principios del siglo cuarto, una vez descalificadas diez siglos después como soporte de los derechos que se arrogaba la iglesia de occidente, no podían avalar la hibridación. Se daba además una circunstancia, que la primera impugnación de aquellas decisiones había sido obra de otro emperador, Juliano, a quien por esta causa la iglesia heredera del imperio se apresuró a denostar como apóstata, juicio que desde entonces lo acompaña y ha conseguido perpetuarse como sobrenombre que lastra su fama.

     Dado que no podíamos disponer del mejor relato independiente, autorizado por su proximidad a aquellos hechos, el de Amiano Marcelino, inopinadamente perdido justo en la parte donde se escrutaban, nada ha contribuido a encontrar una explicación satisfactoria de la simbiosis original y sí a sospechar que los fundamentos de la misma en absoluto no eran sólidos. Tal vez los legisladores conciliares, responsables de las iglesias de los reinos en los que se descompuso el imperio de occidente, tuvieron más capacidad para decidir en una obra jurídica que pudo ser colonizadora, del canon sobre la legislación civil, amparados en que una parte de las decisiones que tomaban tenían alcance moral, materia de la que se tenían por responsables exclusivas.

     Pero, tras días de examen de una parte de la dogmática, y sobre todo de los documentos disponibles, nos pareció, más probable que cualquiera de las otras causas del extraño fenómeno, que al menos en el medio rural, con el tiempo, el injerto del canon papal en el sistema civil, sin dejar de ser un intercambio de poderes que la ley había naturalizado, fuera la obra cotidiana de los escribanos, juristas locales en cuyas manos las familias ponían la solución legal de sus necesidades materiales. Conocedores de los medios normativos disponibles, recurrían a los productos del ingenio jurídico sin tomar en consideración su pureza, antes su utilidad a los fines deseados verificada.

     La consecuencia positiva fue que durante siglos no estuvieron enfrentados el orden eclesiástico y el secular. Desde la edad media, las instituciones eclesiásticas romanas, sin que dejaran de celar su independencia, no se opusieron ni fueron ajenas al orden civil castellano; derecho secular y derecho canónico se mantuvieron independientes con escrúpulo, y el esfuerzo estimuló la hibridación, como del error sobre la prevalencia de la identidad propia nacen los descendientes, tiernas entidades no obstante naturalmente ajenas.

     Buena parte de las instituciones por las que debíamos interesarnos, con la anuencia del derecho canónico, que actuaba como la trama sobre la que se tejían las relaciones civiles, fueron creadas, e incluso puestas a su servicio. La documentación persuadía sobre el papel protagonista que al aval eclesiástico correspondió en el reparto de una función económica principal, al menos en el espacio objeto de nuestra experiencia. A la ventaja de la inmovilización de bienes, la conexión con instituciones canónicas añadía la inmunidad de servicios, próxima a lo que hoy entenderíamos por exención fiscal. De efecto para el gasto corriente, era el incremento relativo del beneficio que cualquiera de las adscripciones a aquellas fundaciones proporcionaba cuando se hacía uso productivo del patrimonio inmovilizado, para algunos un motivo suficiente para justificar la generación del híbrido.

     Instituciones civiles complicadas con otras eclesiásticas en el medio rural, unas con grandes propósitos y otras más modestas, pero creadas todas para alcanzar el objetivo compartido de inmovilizar bienes, fueron las capellanías, las cofradías y hermandades, los colegios, los conventos, los hospitales y los patronatos, más otras iniciativas piadosas menores que nuestras fuentes también registraban. Algunas eran muy singulares.

     –Habiendo sufrido el excesivo costo de la luz, un espíritu generoso decidió correr con el gasto de energía que originara una lámpara, para que su llama, símbolo de la vigilia ininterrumpida, alumbrara siempre el Santísimo, o grado superlativo del sacrificio; acto digno de agradecimiento porque, para quienes compartían la creencia, contribuía a la salvación de las almas.

     –También fue promovida una mesa para los pobres de una parroquia, forma figurada de referirse al gasto causado por la alimentación de un grupo de indigentes que, de esta manera, una vez elegidos, podrían sobrevivir sin verse en la obligación de trabajar.

     –Asimismo, gracias a otro ingenio extraordinario, pudo prosperar una orden de las llamadas terceras, cuyo objeto de culto era un escapulario, instituida en un convento de orden mendicante y creada para que su credo se extendiera a la sociedad civil. Por desgracia, tan frágil enseña jamás ha podido identificarse.

     Para quienes deseaban inmovilizar protegiéndose con la doctrina y el código de la iglesia romana, sin por eso verse obligados a abandonar su posición civil, la capellanía fue el mejor recurso, porque disponían sin esfuerzo de una coartada, la que proporcionaban las decisiones legales de contenido piadoso. De sus modalidades, la más simple, llamada memoria, fue la más frecuentada.

     Se denominaba así porque la justificaban con la piedad que inspira la muerte. El fundador de cada una, movido por la pasión de mantener indefinidamente su recuerdo, o el de algún pariente del que ya lo separaba la mayor de las distancias, la creaba para cumplir con los ritos de actualización que prescribía en el documento de origen, justificados a su vez por el deseo de salvación eterna; un espejismo en el que ni aun los autores de los testimonios monumentales incurrieron, una vez adquirida la conciencia de que también las lenguas se extinguen y que por tanto la memoria de su paso por el mundo, en el caso más favorable, se prolongará el tiempo que consiga sobrevivir el medio literal que eligieron para ser imaginados tras su muerte.

     Todos los que declaraban la finalidad de su fundación se referían a la misma, que indefinidamente se dijeran misas en determinadas fechas del año, por la salvación de las almas de los parientes próximos, como padres y hermanos, y de la propia, supuesto que el ser estaba depositado en tal esencia, entidad con la que se especulaba desde la antigüedad y que se creía inextinguible. Debían verificarse en determinado altar, dedicado a una advocación, nominativo sacralizado por aquellas creencias, erigido en cierto templo. El número de misas que dejaban encargado era siempre bajo, nunca más de cuatro al año, con frecuencia solo una, si bien preferían que al menos fueran cantadas. Algunos añadían el encargo de una vigilia, el rito creado por la iglesia romana para conmemorar a los difuntos, que también llamaban víspera. Elegían momentos significados para su cumplimiento. Eran señalados, por ejemplo, la festividad en la que se recordaba la alegoría que se personificaba en San José, potente símbolo de la adversidad sufrida con paciencia, o el día de la Natividad que aún celebra occidente.

     –El atractivo de esta conmemoración –nos contó Heresias, nuestra mayor reserva de erudición–, entrañable recuerdo para sus melancólicos fundadores, algunos lo han justificado porque recibió viejas celebraciones en trance de extinguirse. En ciertos pueblos, con ocasión de las fiestas del Nacimiento, con la candidez que caracterizaba la vida del campo se recurría a diversiones domésticas muy edificantes. Una de las más frecuentadas fue conocida con el nombre de Boca del dragón.

     “En un plato se vertía un licor añejo, decantado de las mejores soleras, las mismas que el sano espíritu festivo de cada hogar, impaciente por celebrar las ocasiones, de sus cosechas reservaba para cada conmemoración única. Antes de que el preparado saliera de la cocina, en el líquido se habían sumergido pasas, otra de las obras familiares que la espera del momento enjoyaba. Cuando ya todos los convocados disfrutaban de la mutua compañía alrededor de la única mesa fraternal, en cuyo centro había sido dispuesto el plato con las pasas, el licor era prendido.

     “Bajo la amenaza de las llamas se procedía al banquete; como ahora, en el transcurso de la celebración equivalente, la espada de los parientes pende sobre el menú ofrecido por la anfitriona. Los comensales, cuando aún ardían, con una de sus manos debían atrapar los frutos que estaban carbonizándose y comérselos. Cualquier agresión de las llamas, en los dedos o en la boca, era celebrada con vivas muestras de regocijo por la comunión de los consanguíneos, entre quienes los lazos de parentesco se cruzaban hasta grados tan proveedores que ni las peores quemaduras impugnaban, fuera en lenguaje directo o con el recurso a las alusiones, que con el bálsamo de las palabras serenan los peores impulsos del corazón; hermanos junto a hermanos, cuñados frente a cuñadas, pacientes nueras o jacunos yernos paralizados por el rostro pétreo de suegras ingobernables.

     La responsabilidad sobre cada memoria solía comprometer a corporaciones. Con preferencia, las elegidas eran el clero del templo más próximo a la residencia del fundador o el que ejercía en donde ordenaba su enterramiento, lugar sagrado en el que actuaban sus celebrantes idóneos. También eran designados con este fin profesos de conventos masculinos, que se identificaban por sus nombres y localizaciones, o una confraternidad, que en la ejecución de la voluntad del fundador actuaría como intermediaria entre la decisión y un clérigo, a quien se le encargaría la liturgia prescrita.

     –El estado biológico al que correspondía la fundación de las memorias tal vez fuera uno de los más definidos. Eran menos la iniciativa de un hombre y más la de una mujer, soltera o viuda antes que casada. Como de una parte de las de origen documentado se puede afirmar que fueron creadas por presbíteros, parece que fue la soledad civil la que al menos en parte recomendó aquella consecuencia institucional.

     –El recurso a la fórmula también pudo ser inducido por una evolución de la familia que incluyera la prematura extinción de la descendencia. Pudo ser una salida a la que con mayor frecuencia recurrieron sus promotores al final de sus vidas, momento en el que las otras posibilidades inmovilizadoras habían quedado bloqueadas.

     La memoria fue el instituto inferior, en el orden del rigor legal, del sistema de transferencia de renta causado por el deseo de inmovilizarla, tal vez preferido en ciertas épocas. Casi todas las que pudimos analizar tuvieron su origen en la segunda mitad del siglo décimo sexto. Pero al margen de quienes fueran los responsables del cumplimiento del mandato, o el volumen de los bienes destinados a él, su fundación, porque se hacía al amparo de las instituciones eclesiásticas que dominaban en occidente, daba origen a un procedimiento de gestión en el que a partir de aquel momento intervenía la autoridad que sobre las ideas religiosas dominantes se había erigido.

     Fábrica era el departamento que se encargaba de la gestión económica en una parroquia, segmento de un núcleo habitado cuya población castellana, inmigrada tras la ocupación militar, era asignada por la iglesia de los papas para atraerlo con su actividad religiosa a los templos que en él decidiera mantener abiertos. Los ingresos que obtenía eran los responsables de sostener los edificios, y todos los enseres que para ellos hubiera aportado la administración episcopal.

     Pudieron ser las fábricas beneficiarias de donaciones de bienes inmuebles, por vía de limosna, y esto proporcionarle una parte de sus ingresos, transferencias que para la legislación civil seguirían el curso regular e irían ganando las propiedades previstas, de inmovilización y amortización, que les permitieran mantenerse indefinidamente solo como fuentes de rentas. Pudieron también las fábricas ser designadas como responsables del cumplimiento de memorias por vía de manda testamentaria, y de este modo incrementar los medios que les permitían atender el complejo de sus responsabilidades. Pero el ingreso de cada fábrica parroquial estaba sobre todo garantizado por su participación en la primera renta eclesiástica.

     Al tiempo que desplegó su red para la gestión de sus creencias, el papado y sus extensiones diocesanas dispusieron, también por cesión legal, de unos ingresos con los que financiarse, la renta conocida con el nombre colectivo de diezmos, el mayor éxito político de la iglesia de occidente durante la edad media y su recurso más importante. Consistía en la detracción de la décima parte del producto bruto agropecuario, que ella misma regentaba. Los diezmos del trigo y la cebada se ingresaban en especie, que se comercializaba o no, en todo o en parte, a voluntad del perceptor. Los demás, que asimismo deducían la décima parte del resto de la producción agropecuaria anual, en la práctica eran bienes financieros porque tanto su cobro como su reparto trasladaban los valores del producto a los signos monetarios vigentes.

     Decidió aquella iglesia que el cobro de los diezmos fuera competencia de cada parroquia, la unidad de su orden territorial, aunque en los lugares más habitados esta jurisdicción retributiva mínima con el tiempo había ido cediéndola a otra intermedia, la vicaría, creada para asegurar entre otros el control de la recaudación de tan importantes rentas. Pero solo a la captación de los pagos debidos quedó limitado el trabajo de cualquiera de las dos unidades administrativas, porque a la gestión y reparto de lo ingresado en cada lugar, al menos en la región, nunca renunció el centro del poder episcopal, el cabildo catedralicio de la sede apostólica.

     Del diezmo la fábrica deducía el justamente llamado tercio de fábrica. La expresión respondía a que en el momento de su imposición a cada una estaba reservada la tercera parte de la renta obtenida por cada uno de los diezmos cobrados en ella. De esta manera se garantizaba, a la aplicación de medios, el principio de proporcionalidad directa a las necesidades de cada comunidad, puesto que entre el volumen del ingreso y el tamaño de la población, inmigrante en el origen, al mismo tiempo comunidad religiosa, había una relación inmediata. La riqueza de cada fábrica, como la de los beneficios, variaba en función del número de fieles que la nutrían, así con sus limosnas como con sus diezmos, rurales y no urbanos.

     Posteriormente, ya en la baja edad media, la iglesia romana creyó oportuno revertir a la corona una parte de lo que esta le había reconocido, abriéndole la puerta a su participación en los excelentes ingresos que proporcionaba el diezmo. Las perjudicadas con esta transacción fueron las fábricas parroquiales, que vieron reducida su detracción de la masa diezmal a una novena parte. Fue sin embargo suficiente para cumplir con su objetivo, como la obra moderna de los templos de la región aún reivindica.

     El beneficio eclesiástico, obtenido en competencia con otros aspirantes, era una de las posiciones más sólidas de cuantas quedaran al alcance de un presbítero, la persona que había decidido someterse a la disciplina sacerdotal de la iglesia de occidente, tras completar la formación con este fin prevista por su canon. No tenemos claro cómo se fueron constituyendo los beneficios comunes, cuáles fueron las primeras rentas que los permitieron, aunque sí estamos seguros que fue posible mantenerlos porque la iglesia romana, en su vertiente secular, disponía de un sistema de rentas garantizado por el diezmo, cuyos recaudación y uso consentían mantener en los templos determinadas plazas de sacerdote dotándolas con cantidades importantes. Con otro tercio de los ingresos que en cada parroquia proporcionaba anualmente, el cabildo catedralicio, su inflexible administrador, aseguraba una renta anual a cada hombre que ejercía de beneficiado en ella.

     Probablemente segregar estos ingresos regulares y cuantiosos, para que se convirtieran en una renta personal exclusiva, fue posible al ritmo que el trabajo de la parroquia no solo se acumulaba, sino que permitía especialidades. Las fundaciones que obligaban al cumplimiento periódico de encargos litúrgicos proporcionarían una buena oportunidad. Una parte del clero, que ya pudo tener ganada la condición de beneficiado porque percibiera una porción de los diezmos, y por tanto ya disponía de una posición preeminente, se atribuiría esta dedicación. Como todos los encargos de misas creaban capellanías, todas las decisiones de esta clase contribuirían a consolidar la institución beneficial.

     La atención cotidiana a los creyentes comunes se limitaba a satisfacer su demanda de sacralización de los actos vitales más sencillos, una actividad justificada como cuidado de las almas, que fue siendo atendida en las parroquias por los sacerdotes conocidos como curas. A pesar de los escrúpulos para eludir cualquier apariencia de simonía, atendían los cultos mediante las limosnas correspondientes, que con el tiempo tuvo que tarifar a la baja. Así obtuvieron los curas su renta personal, así su iglesia justificó que esta función les estuviera reservada y que gracias a ello hubieran adquirido responsabilidad pública como parte de las instituciones del estado. Si actuaba de aquel modo era porque estaba obligada por el deber apostólico permanente que se tenía impuesto. Por haberse comprometido a ser católica, no podía resignarse a no expandirse, tal como las economías quedaban atrapadas por la aspiración permanente al crecimiento.

     –De Doménico Contino, alcalde por el estado noble, contemporáneo del emperador Carlos, se contaba que llegó a la primera ciudad del litoral con el propósito de embarcarse, tras sufrir un revés que lo condujo a abandonarlo todo en pocas horas. Mas decidió hacer a nado la travesía hasta la otra orilla, decepcionado por su bolsa, urgido por el deseo, confiado a su fortaleza. Las primeras millas las completó sin gran esfuerzo, sin que su cuerpo le exigiera tener bajo sus pies tierra firme. Flotaba con la gracia de un ser anfibio, con la misma naturalidad que las aves se suspenden en el aire. Cuando ya había perdido de vista la costa, y aún en el horizonte la línea del agua se fundía con la del cielo, hubo de aumentar la tensión de sus músculos y apretar los dientes. Todavía avanzaba con una cadencia aceptable, patadas al agua, abrazando las ondas.

     “Empezó a declinar el sol, cuya punción le había acosado rostro, nuca y espalda durante toda la jornada. Cuando se fue enrojeciendo a su derecha, y el agua terminó por ocultarlo, se sintió revitalizado y redobló su esfuerzo. La línea de contacto entre el aire y el mar no había cambiado de lugar. No pasó mucho tiempo antes de que el púrpura del crepúsculo se convirtiera en el gris de las tinieblas. Alentaba por la nariz, evitaba abrir la boca. El choque de los labios con el agua multiplicaba su sed, en la garganta se le abrían grietas. La bruma del amanecer lo sorprendió braceando al margen de su voluntad, como si un automatismo se hubiera apoderado de su cuerpo y le impidiera parar. Durante la noche había perdido la orientación, de su conciencia ya se había apoderado la certeza de que en el momento que dejara de nadar se iría al fondo.

     Beneficiados y curas quedaron secularmente antagonistas, y defendieron sus respectivas posiciones a costa de los ingresos de su oponente. Entre las contiendas más conocidas estuvo la que los enfrentó por el derecho a la primicia, que duró toda la época moderna; un modesto ingreso, parásito del diezmo, que los curas solían percibir. En lo fundamental las posiciones quedaron bien definidas. El de beneficiado parroquial se convirtió en el título necesario y suficiente para participar en el reparto de todas las rentas eclesiásticas, la primera de las cuales era el diezmo. Y mientras que el beneficiado retenía los ingresos generados por toda clase de bienes adscritos a esta iglesia, para el cura quedaron los que proporcionaban los servicios parroquiales. De las diferencias de cantidad entre unos y otros resultaron los que convencionalmente se conocen como alto y bajo clero. La condición aristocrática del primero, en la escala local, la demuestra una cifra. La corporación que agrupaba a todos los beneficiados de la población de referencia tuvo siempre en torno a diez miembros.

     Habiendo ganado el derecho a participar en las rentas eclesiásticas llamado beneficio, sus más significados poseedores habían recurrido a constituirse en corporación allí donde acumularon un patrimonio común; una sociedad que decidimos denominar, salvando las distancias, y solo porque desde el principio había sido nuestro deseo enunciar el problema en los términos más directos, el gremio de beneficiados, porque como los gremios tenía efectos de monopolio para la percepción de la renta correspondiente y su circulación: aspiraba a imponerse en el área en la que actuaba, hasta el óptimo de la exclusión de la competencia. La ventaja la garantizó que la institución eclesiástica que confería tales títulos consiguió que en aquellos reinos fuera la única activa de cuantas en Europa fueron organizadas. Su poder procedía de la restricción original de la actividad a la que se dedicaban, ejercida por pocos individuos, ninguno de los cuales disponía del suficiente para imponerse a los demás. Entre ellos no había quien fuera dueño de derecho alguno. Asociados en la corporación, adquirieron capacidad para decidir con menos obstáculos, como el señor en su dominio, y hacerse acreedores de privilegios que satisficieron sus objetivos. El grupo todo constituido en colegio fue capaz para inmovilizar, utilizando los reconocimientos ganados, patrimonio propio que generara renta.

     Corporaciones tituladas universidad las había constituidas para atender distintos fines. En la época eran poderosas las interesadas en el comercio, aunque las más antiguas eran los colegios de gobierno de los municipios del norte y noreste de la península. La de beneficiados fue una corporación de presbíteros poseedores de título de beneficio de alcance local en algunas poblaciones. La que hemos analizado, con bastante probabilidad, tal vez fuera la primera asociación de hombres dedicados al sacerdocio en la población de referencia, si exceptuamos las que pudieron existir en la antigüedad. Hay indicios fundados de la actividad de un colegio de galos a los comienzos de la era. Al principio, eran hombres que se emasculaban para consagrarse a los cultos de Cibeles y Atis. Tan rigurosa disciplina era común a una parte del sacerdocio más primitivo, y hoy la crítica la reconoce como la fuente que inspiró el celibato. Asociado a la condición clerical en algunas culturas, aun considerándose una parte de la civilización, ha conseguido sobrevivir hasta hoy.

     La denominación con la que fue conocida parece que comenzó en el siglo décimo cuarto, aunque ya a fines del décimo tercero el legislador había decidido a favor de un cabildo de clérigos. Es posible que su institución, como otras corporaciones de origen medieval, la adquiriera justo al ser objeto de privilegio y no porque dispusiera de estatuto por iniciativa real o propia. Hasta entonces habría sido un grupo de hecho, distinguido por su destino. El colectivo lo compondrían al principio los sacerdotes a quienes la administración eclesiástica vigente, aliada a la corona para sus planes de expansión, les adjudicaba las rentas de las parroquias.

     Además de un gremio de hombres que habían ganado para sí este bien a través de los ingresos parroquiales, fue un gran consorcio de memorias. Por esta causa, a la dedicación y las ganancias de cada beneficio, una vez instituida sumó rentas específicas, que sus miembros pudieron disfrutar a cambio de la provisión de este trabajo extra. Con seguridad, entre 1307 y 1817, fueron promovidas a su favor al menos 134 memorias, que la corporación terminó llamando aniversarios a consecuencia del régimen administrativo que les aplicaba.

     Los fundadores, como era regular en este tipo de iniciativas, a través del testamento o de una escritura específica, obligaban al cumplimiento perpetuo de ciertas celebraciones litúrgicas, en su mayor parte las consabidas misas de distintas clases con sus vigilias, pero también procesiones o responsos, en conmemoración de sí mismos y de sus familias. La única peculiaridad común de todos estos encargos fue que legalmente se hizo responsable de su satisfacción aquel cuerpo de clérigos.

     A financiar cada memoria, como era obligado, los devotos destinaban al menos un bien, que a partir del momento de la fundación igualmente quedaba apartado y transferido a este colectivo de beneficiados. En su poder debía permanecer indefinidamente, porque perpetua, en la intención de los promotores, debía ser también la celebración de su paso por la tierra.

     Casi la mitad de estas fundaciones a favor de la universidad fue medieval, y el siglo décimo quinto, una vez que hicimos balance, resultó el que más iniciativas le atrajo, la cuarta parte del total. Es posible que esta posición le hubiera correspondido al décimo sexto. Apenas había transcurrido su primera mitad y ya se habían acumulado casi tantas fundaciones nuevas como durante toda la centuria anterior. Pero a mediados de ella la corporación de los beneficiados, por alguna razón que decidimos no indagar, dejó de ser atractiva. Entre 1561 y 1645 -casi un siglo- solo pudimos detectar el origen de dos mandatos piadosos, ambos ya del décimo séptimo. Es posible que coincidiendo con los años reales de Felipe II, tiempo crítico para las finanzas, la institución quedara inactiva. Pero también pudo ocurrir que hasta mediados de él la universidad consiguiera mantener su oferta de satisfacción de memorias como un monopolio, y que a partir de entonces el mercado que había organizado ya no fuera sostenible, a consecuencia del incremento de la oferta clerical. Los datos que habíamos reunido sobre las fechas de creación de las memorias, resumidos precedentemente, concordaban con esta conjetura sobre la evolución de un mercado a un tiempo tan especializado y tan extenso.

     Pasado el paréntesis, recuperó su presencia entre quienes compraban y vendían la piedad con una buena dosis de sentido práctico, aplicado con rigor a su administración desde el cambio de centuria. Tan eficaz fue el tratamiento que otra vez consiguió atraer, durante los años comprendidos entre 1645 y 1699, la confianza de buen número de personas. Las fundaciones de este periodo, en cantidad al menos, fueron equiparables a las del tiempo que había transcurrido entre 1301 y 1400. Los últimos cien años de su actividad efectiva estuvieron dedicados, antes que a expandir aún más su trabajo, a garantizar la gestión del que ya había acumulado. Entre 1709 y 1817 solo algo más de la décima parte de las fundaciones tuvo su principio.

     Para ganar autonomía, algunas familias que habían decidido inmovilizar una parte de sus bienes cruzaron la memoria con el vínculo, un producto que tal vez fuera de transición hacia el medio garante del ahorro que finalmente triunfaría en el campo, la capellanía con sacerdote propio. Parece que la mezcla de memoria con vínculo tuvo cierto éxito entre 1570 y 1599, fechas entre las que fueron ideadas todas las experiencias de esta clase que pudimos identificar. Los encargos que debían atender en bien de las almas eran algo más exigentes que los de una capellanía común, aunque en ningún caso excedían los límites de la misa, fuera o no prolongada con ritos complementarios. Mientras que la fundación mínima obligaba solo a una, y era lo más común, las hubo que instituyeron hasta treinta, pasando por otras que dejaron encargadas cuatro o doce.

     Todas eran conmemoraciones anuales y se pretendían tan perpetuas como las memorias, sus hermanas menores. Una parte de ellas también designaba expresamente unas fechas del calendario litúrgico católico para que se consumaran, como sus días de Santo Tomás o de Santiago, o el dedicado a celebrar la Encarnación. En el máximo de las condiciones, más allá de que fuera precisado que los celebrantes rezaran o cantaran, se situaban quienes pedían que el acto tuviera lugar en la capilla donde se enterrarían, o que a cada misa se agregara un responso sobre la sepultura donde estaban depositados los cuerpos de los padres del fundador.

     Aunque los promotores de estas fundaciones designaran templos y hasta capillas, generalmente relacionadas con el enterramiento propio, donde precisamente habría de actuar el clero de los misterios, ahora los llamados al cumplimiento de la carga eran familiares. Ahí radicaba la diferencia con la memoria, y a tal designación prestaba su servicio el vínculo injertado. La responsabilidad de los encargos era prevista por el fundador según las reglas de esta institución civil, que se realizaban cuando a cambio los designados disfrutaban las rentas de los bienes que se inmovilizaban con aquella justificación animista.

     Tales previsiones no neutralizaban por completo la intromisión de la iglesia romana en aquellos institutos, aunque al hacerlas las familias se propusieran reducirla a lo inevitable. La autoridad episcopal, apurando sus poderes, utilizaba cuanto estaba a su alcance para intervenir en su administración. Justificaba su injerencia en la necesidad de la anuencia canónica para que la obra fuera legítima, dados los fines dictados por los fundadores. Cuando se exigía la formación superior del clero para cumplir con el propósito de la obra, porque era el grado más exigente de la disciplina sacerdotal, la oportunidad para la intervención se incrementaba. De ahí que en la mayoría de estas fundaciones, por decisión inapelable de sus promotores, para que alguien se responsabilizara de cada una era formación eclesiástica suficiente el grado elemental, conocido como órdenes menores, que limitaba el alcance y las exigencias del sacerdocio. Decisiones como esta expresan con bastante fidelidad la función que la parte civil, responsable de que existieran aquellas instituciones, concedía al concurso del canon eclesiástico en la gestión de al menos una parte de sus ahorros.

     –Parte de las diferencias humanas que llevaban inscritas las memorias, que tendrían sus causas específicas, se reconocen con más nitidez en las memorias con vínculos, versión de la misma obra efecto de un estado que parece preferente. Dos tercios de las fundaciones de esta clase eran consecuencia de una decisión tomada por mujeres solas, las cuales en la mitad de las ocasiones se declaraban expresamente viudas y en ningún caso mencionaban descendencia directa.

El recurso preferido por quienes deseaban sacar el mayor provecho al capital atesorado, hibernándolo con una inyección de derecho canónico, fue la capellanía con sacerdote propio, capellanía por antonomasia, que completaba el blindaje del patrimonio familiar superponiendo tres instituciones. La dogmática de la época subrayaba la complejidad de la fórmula al describirla como un patronato limitado al cumplimiento de una memoria, encomendada a determinada persona, el sacerdote suyo o capellán, titular del vínculo implícito en la iniciativa.

     La distancia entre esta y las otras formas de capellanía la marcaba la tercera pieza, el patronato. Porque alguien dotara una institución eclesiástica, con unos bienes que igualmente quedaban inmovilizados, adquiría un poder precedente para decidir quién debía ejercer el sacerdocio en ella, su mantenimiento y su gestión. Tal era el patronato, que podía extenderse a todo un templo y con mucha más frecuencia, porque era mucho más asequible, solo a una memoria. Al emplearlo como una parte de una fórmula compleja haría compatibles, de la manera más fácil y en el grado más satisfactorio, la representación de las creencias y las convicciones morales, el respeto a las instituciones eclesiásticas y la supervivencia de una parte apreciable del negocio generado por los patrimonios de las familias del medio rural.

     Aunque cualquier beneficio, para ser efectivo, necesitara de la colación o nombramiento canónico, gracias al patronato su titular se reservaba la capacidad de presentar al sacerdote que había de atender el originado por esta clase de memoria, lo que le garantizaba la elección de su procedencia.

     Pero como la intervención canónica, por subordinada que fuera, era siempre una amenaza al ascendiente que sobre los bienes dotales tuvieran quienes los habían adscrito; porque ciertas familias no se resignaban a entregar sus intereses, a las garantías habituales para la inmovilidad del patrimonio acogido al canon eclesiástico el patronato añadía el derecho a la supervisión de la obra fundada, negocio para el que eran designados los patronos, preeminencia justificada por el origen de los bienes transferidos en favor del lugar sagrado. Si el clérigo investido como capellán era al mismo tiempo patrono, o por decisión del fundador tuviera algún poder sobre los designados para este trabajo, podía colmarse el plan que para una obra de este tipo una familia hubiera concebido.

     Tanto cálculo también estaba justificado porque el alcance de la capellanía podía ser lejano. La creación de una capellanía llegó a convertirse en algo común no solo porque permitía inmovilizar una parte del patrimonio.

     –Invertir en capellanías las rentas netas que proporcionaba la agricultura de los cereales también podía servir a la venta de sus productos.

     –En los mercados rurales el gravamen estable del intercambio de grano fue la alcabala y sus cientos. El destinado a la venta entraba en las poblaciones por puntos determinados precisamente para obligar a su pago, aunque, como era habitual cuando se trataba de tal clase de cargas, existían medios para eludir legalmente estas obligaciones. No estaban sujetos a ellas el destinado al consumo personal ni el del pósito, ni tampoco los frutos de las capellanías, puesto que las eclesiásticas eran instituciones exentas de estos servicios. Teniendo creada una fundación de esta clase y un hijo como capellán y patrono de ella, podía ser utilizada para vender como fruto de la misma todo el producto familiar, tanto el obtenido por las tierras de la capellanía del hijo como el procedente de las explotaciones que sostuviera el padre, y en particular su labor. De esta manera la renta bruta anual podía escapar sin dificultad a los deberes fiscales.

     La obligación piadosa incluida en cada capellanía de esta clase también era un cargo de misas, de inexcusable cumplimiento a lo largo de un año. Las representaciones del sacrificio, como en las demás fundaciones equiparables, eran celebradas a favor de las almas del fundador y algunos de sus familiares, entre los que con frecuencia se incluían los padres. La diferencia más visible entre las memorias comunes y la capellanía más autónoma era de cantidad, excusa suficiente para justificarla como una obra que necesitaba la máxima atención. Como mínimo, las que analizamos exigían seis misas rezadas al año. Las había que obligaban a nueve, y eran muy comunes las que regulaban doce, una por mes, aunque también, sin justificación aparente, se decidían catorce.

     Había fundadores sumamente exigentes, hasta el punto que imponían una dedicación litúrgica exclusiva. Uno obligó a cincuenta misas y otro a todas las de doce de los días festivos del calendario eclesiástico occidental. Luego, cuando dotó otras capellanías en otros templos, el mismo promotor llegó a requerir hasta ciento diez misas al año, incluidas las de doce de los días feriados, y aun ciento veinte, más las consabidas de doce de las mismas jornadas singulares. También hubo quienes instituyeron cinco misas rezadas cada semana o veinticinco cada mes.

     Las capellanías que disponían de sacerdote propio, como era preceptivo para todas las fundaciones de esta clase, debían acogerse a un templo parroquial, donde era obligado cumplir con el encargo de las misas. Insistían los promotores en que estas se dijeran donde estaban localizados los enterramientos que las justificaban, porque no había sepultura que fuera ajena al espacio que ocupaban los templos y eran muchos los fundadores que habían concentrado toda su devoción en tan poca superficie.

     Para garantizarse una parcela en exclusiva, cuando prescribían las circunstancias que para las celebraciones deseaban, algunos fundadores decidieron que su marco fuera una capilla propia, con preferencia destinada a conservar, ateniéndose al único rito vigente, los cuerpos exánimes de los que iban siendo parte de una misma familia. Su erección sería una obra distinta al origen legal de la fundación que haría uso privado de ella, aunque ambos trabajos fueran paralelos. Al menos obligaría a la compra del espacio que a tal fin se iba a destinar, así como al acondicionamiento del subsuelo, que para satisfacer aquel propósito debía acoger un hipogeo, según el estilo funerario clásico. Se puede suponer que la construcción se completaría con el mobiliario litúrgico necesario, incluidas aras y retablos. Por los documentos manejados se averigua además que todas tenían sus ornamentos y sus vasos consagrados a las celebraciones prescritas, necesarios para la representación de cada misterio.

     Aunque hubo capellanías que alcanzaron este nivel, no era frecuente que dispusieran de capilla propia. Fueron más los fundadores que se resignaron a limitar la obra del patronato a la erección de un altar dentro del templo elegido, la modalidad inferior de la autonomía del lugar sagrado por iniciativa civil. A los que eran aún más modestos, tal vez con la pretensión de manifestar al menos sus creencias más íntimas, les bastó con designar como sede de la capellanía determinados altares ya existentes mantenidos por la fábrica del templo. Fueron elegidos, por ejemplo, uno dedicado a San Miguel, frágil alegoría de la integridad moral, o el del sagrario de una parroquia, emulación del debir salomónico, en la versión católica el lugar central del culto al Santísimo. Es probable sin embargo que las referencias a las advocaciones que han quedado registradas en la mayor parte de los documentos sean solo una porción de las múltiples que alentaron aquellos planes, tenidas en cuenta la dimensión de las posibilidades y las causas que podían justificarlas.

     Había ofrecido Felipe II 25.000 escudos por la cabeza de Guillermo I, príncipe de Orange, el líder de los rebeldes holandeses, con quien disputaba la soberanía de los Países Bajos. El vizcaíno Jáuregui, alistado en los tercios a causa de su nación, valiente y abnegado, algo presuntuoso, se propuso adjudicárselos. Se batió en el campo contra decenas de enemigos, trepó sobre masas de carne indistinta, mezcla de agonizantes inarticulados y cadáveres que aún palpitaban; buscó entre las filas que combatía una gorguera con puntillas, fiado a un retrato en miniatura que circulaba entre la tropa. Arriesgó tanto que fue prendido. Sus captores, entre los documentos que llevaba, encontraron oraciones pidiendo la gracia divina para su yugulado, a cambio de la cual, obtenida del cielo la muerte del enemigo, prometía: una corona para la virgen de Aránzazu, otra más para la misma imagen, un manto y una lámpara para la de Bayona y un rico velo para determinado cristo, que su inspirado autor talló vivo para que fuera la discreción de sus devotos la que decidiera si era mejor adorarlo mientras aún alentaba, en cuyo caso podían respetarlo tal como de manos del cosario les llegara. Si los estimulara más transido y acabado, bastaría que le cerraran los ojos, hábilmente previstos, y añadieran a las heridas tumefactas, por su localización respetuosas con el texto sagrado, la cantidad de carmín que juzgaran oportuna.

     Entre los documentos consultados, apareció una lista de las capellanías de esta clase fundadas en uno de los templos parroquiales de la población testada. Sumadas las que su autor copiaba de un registro a las que según él faltaban, alcanzamos un total de 66. Dado que estaba haciendo mención solo de las que correspondían a la parroquia principal, creímos que esta cifra al menos habría que duplicarla si queríamos estimar el total de las fundaciones de este tipo creadas en la misma población, porque tendría que incluir las que tuvieron su sede en las otras seis parroquias. Como además las notas que reunimos nos permitieron documentar el origen, características y evolución de 45 de ellas, concluimos que ambas pruebas eran una demostración suficiente del alto valor relativo que esta institución tuvo en las poblaciones rurales.

     Parece que se difundieron como solución preferida sobre todo en el siglo décimo séptimo, aunque es necesario reconocer que fueron una solución satisfactoria, para determinados patrimonios, nada menos que entre 1479 y 1729, los primeros doscientos cincuenta años de existencia de la monarquía hispánica unitaria. Vivieron su mejor época entre 1581 y 1650, siete décadas durante las cuales fueron creadas casi la mitad de las que pudimos analizar. Teniendo en cuenta que la fuente que sobre este asunto nos informaba centró su atención en la segunda mitad del siglo décimo sexto, nos pareció probable que el valor relativo de la primera mitad del décimo séptimo, cincuenta de los setenta años dorados, estuviera por debajo del que efectivamente tuvo.

    –Los estados biológicos que correspondían a la fundación de las capellanías autónomas eran diferentes, como más frecuente era el recurso a este instituto. De la mitad de sus promociones los dos tercios fueron obra de mujeres, aunque de la mitad de ellas también ignoramos en qué estado llegaron a tomar la decisión. Solo una se declaró casada, lo que en consecuencia otorga un alto significado al otro resto, todas felizmente viudas. Entre ellas, dos creyeron conveniente destacar que estuvieron casadas con regidores, los miembros de pleno derecho de las cámaras para el gobierno de las poblaciones. Aquella pudo ser la fuente de las rentas que permitieran el ahorro origen de la fundación.

     “Un sexto de estas capellanías fue obra de matrimonios, que las habrían creado mancomunadamente; una consecuencia del régimen económico al que obligaba su unión, a su vez afectado por lo que habían decidido. Solo un hombre confesó que estaba casado y actuaba al margen del matrimonio.

     –Pudo llegar la ocasión que su obra no solo descollara por ser extraordinaria, sino porque le fuera recriminada como un acto extraconyugal, condena que a los matrimonios sobreviene a causa de la inconsecuencia de los contrayentes bajo jurisdicción monogámica, que excluyen de sus cálculos el hecho verificado de la poligenesia espontánea que promueve el deseo, capaz para tomar armas en toda clase de montes y valles, páramos y frondas.

     –Para esta situación civil la salida pudo ser en parte una consecuencia de que otras hubieran quedado bloqueadas. Una pareja pudo decir expresamente que actuaba así porque no había tenido hijos. Esta circunstancia, más la alta proporción de la iniciativa de las viudas para la otra parte de las fundaciones que ya hemos mencionado, obligan a reconocer que también para este tipo de fundaciones pudieron regir cálculos y decisiones similares a los de las memorias elementales.

     “Pero por las características de su marco físico de origen, la principal diferencia de las capellanías autónomas procedía de la condición clerical de sus fundadores, que era dominante. La mitad de estas obras existieron gracias a la iniciativa de hombres, la mitad de los cuales a su vez declaraban algún grado de sacerdocio, siempre del siglo. Conocedores del régimen administrativo de estos institutos, que los podía reducir a la condición de beneficio, para sus familias llegaría a preferirlos el clero. Ninguno de los promotores sacerdotales estaba por debajo del presbiterado, categoría alcanzada cuando se había completado la formación eclesiástica romana, y los hubo beneficiados, canónigos y hasta arcedianos de fama. De aquellas condiciones probablemente lo decisivo para cada fundación fueron las rentas que a sus titulares les permitieron.

     –Un presbítero pudo decidirse por esta protección para sus bienes después de administrar un hospital importante, radicado en la primera ciudad del suroeste.

     –El promotor de otra capellanía, pionera entre las de esta clase superior, y que con el tiempo sería muy apreciada, habiendo muerto en la capital de la región, donde había ejercido el arcedianato, inerte fue llevado al lugar de su nacimiento para sepultarlo en su capilla, donde había habilitado una cripta para asegurarse el descanso no obstante indeseado. Volvió a su tierra en procesión, más bien romería, acompañado de clérigos y otra gente, a lomos de una mula porque era hombre de mucho peso.

     –Del resto de los varones que optaran por esta fundación, porque realmente ignoramos su estado, solo podemos decir que pudo haber entre ellos algún jurado, representante solo con voz, en las cámaras de gobierno de las poblaciones, de quienes tenían limitada su actividad pública al deber de sufragio de los gastos que generaban sus municipios. No obstante, se puede admitir que entre varones pudieron aclimatarse mejor las iniciativas cuyo medio biológico sumara al de una familia el de su explotación agropecuaria habitual. Si una parte de las capellanías estuvo aconsejada por el fraude fiscal que permitía amparar, el cálculo original de la fundación tuvo que ser a un tiempo demográfico y económico.

El patronato se pudo combinar de diversas maneras con las demás instituciones inmovilizadoras, y por tanto ocupar en sus relaciones con ellas una posición variable, en ocasiones decisiva en otras a un margen. Era una pieza del orden de las capellanías de mayor rango, y podía ser también necesaria para regular otras iniciativas civiles acogidas a las mismas ideas religiosas. Es probable que fuera útil a la constitución de las cofradías y hermandades, puesto que también podían disponer de capilla o altar propio en los templos, e igualmente pudo adherirse al germen de hospitales o colegios, buscando asegurar a sus promotores la supervisión de cada uno.

     Así como la inmovilización de bienes, siendo un recurso civil común, no siempre era mencionada por los documentos constitutivos de las instituciones que analizamos como lo más característico de ellas, o la declaración de un propósito piadoso; tampoco la referencia al patronato era en todos los casos antepuesta a los otros instrumentos con los que pudiera compartir responsabilidad en una parte de tales obras. Designaba anteponiéndose a los demás hallazgos civiles cuando se refería a una fundación del tipo que con forzada indefinición se llamaba obra pía. Una parte de los institutos de esta clase se justificaba solo por su finalidad litúrgica, en el marco de las católicas; la otra, coartada por el ejercicio de la caridad que avalaba la misma creencia, organizaba asistencias públicas de diverso tipo. Las que pudimos documentar fueron la recogida y atención de ilegítimos y la dotación de mujeres de ciertas familias que, habiendo quedado huérfanas, gracias a su mediación podían disponer de dote.

     –Tampoco serían civilmente neutros los servicios que cualquiera de estas decisiones prestaran. Si la iniciativa familiar se empleaba en el control de la población nacida al margen de la ley, aunque su deseo fuera atenuar los riesgos de muerte de quienes entraban al mundo al margen del matrimonio, garantizaba su condición de ilegítimo, como se asegura la del delincuente recluyéndolo en la cárcel.

     “El depósito o exposición del neonato, acto clandestino y anónimo, procedimiento que estos institutos tenían aceptado para recibir a los recién nacidos no deseados, bastaba para encubrir la consanguinidad. Por principio quedaban excluidos de cualquier linaje. Con el amparo de la ley, así quedaba regulada la extinción de ramas que podrían en el futuro competir con la legítima, y se conseguía neutralizar los efectos adversos que pudieran tener para los patrimonios de quienes se vieran afectados por esta circunstancia. La inmovilización de una parte del ahorro para atender a los fines de una fundación de esta clase sería una renuncia menor, frente al peligro que cada incremento sucesivo del número de descendientes sería para toda la fortuna familiar.

     “Cuando el instituto para dotar estuviera reservado a las descendientes femeninas de ciertas familias actuaría como una válvula capaz para regular la presión que cada una deseara descargar sobre la fecundidad, divisor de las transmisiones de sus bienes, sabiendo que entonces toda la legal estaba vertida al matrimonio.

     “En los patronatos para los que pudimos averiguar el plazo que habían prescrito para que las interesadas tomaran estado se estipulaban hasta veinticinco años, a contar desde el momento del nacimiento de cada una de ellas. Si aceptamos como umbral de acceso a la fecundidad los quince, tal como era regular, los patronatos dirigidos a este fin dispondrían de una reserva de la capacidad para tener hijos de diez años, que podrían emplear a discreción.

     –Supongamos –argumentó Abel– que una rama de la descendencia que hubiera sido seleccionada para la procreación quedara cercenada por el fallecimiento de la encargada de perpetuarla. Se podría adelantar el acceso al matrimonio de una dotable concluyendo su espera para acceder a los ahorros que tenía asegurados, y de este modo aplicarla a la inmediata reparación del linaje. Al contrario, si la corriente de la descendencia estuviera colmada, la dotación podría demorarse hasta neutralizar diez años de fecundidad, valor máximo de su inversión pasiva a estéril. Incluso se podría derivar a celibato irreversible, o anulación íntegra de la fecundidad, dotando el acceso a un convento y no al matrimonio.

     “Cuando un patronato para dotes no restringiera su alcance a una familia, las ondas de sus decisiones, en idénticos términos, alcanzarían a toda la población en la que estuviera establecido. Su utilidad sería reconocible cuando la presión sobre su crecimiento fuera la consecuencia de un exceso de nacimientos, o con mucha más probabilidad cuando las catástrofes que ocasionaba la muerte, provocadas por las brutales epidemias medievales y modernas, obligaran a invertir todas las reservas de fecundidad disponibles, bajo la amenaza de la extinción absoluta.

     Nada de esto era declarado en los documentos originales, en los que parece que a los fundadores de los patronatos de cualquiera de las dos clases preocupaba, más que sus efectos diferidos, el control sobre la obra creada que pudiera competerles a consecuencia de su cruce con el canon católico. Por esta razón una parte de los promotores optaba por el llamado patronato de legos, que imponía la autonomía de las decisiones civiles en una iniciativa que se había justificado como piadosa, y en correlato el control sobre los bienes inmovilizados con este fin, a partir de la fundación encargados del suministro de las rentas que la mantuvieran activa.

     Menos frecuentes que las fundaciones más populares, que eran las memorias y las capellanías del rango mayor, documentamos la creación de patronatos entre 1572 y 1620. Los dos fundados en 1572 no es seguro que fueran instituidos con la condición expresa de mantenerse bajo control civil, pero otros dos, creados en 1602 y 1620 respectivamente, sí decidieron declararse de la clase de legos.

     –Por ser iniciativas singulares en cada población, no parece adecuado defender determinadas razones biológicas para explicar sus orígenes. Un presbítero, también tras haber dedicado una parte de su vida a la administración de un hospital de la capital de la región, fue el promotor de uno de los creados en 1572. El mismo, aquel mismo año, con otra parte de sus bienes había puesto las bases para el otro. Solo estas contingencias podrían servir para sospechar que tales fundaciones tuvieron orígenes similares al de las capellanías autónomas patrocinadas por el clero secular.

Así como de cada tipo de capellanía, según el estatuto de su fundación, se podía discutir si la iniciativa canónica tenía alguna posibilidad para prevalecer sobre la civil, de los conventos, para cada caso, se podía evaluar la responsabilidad eclesiástica en sus orígenes. Las pocas fundaciones conventuales de cada población siempre necesitaron la autorización de su obispo, la máxima autoridad de la provincia eclesiástica de occidente. Pero tampoco permanecieron canónicamente puras, y siempre en algún grado el patrimonio civil y sus rentas les fueron transferidos. En el medio rural la iniciativa fue con más frecuencia de una familia, que depositaba una parte de sus ahorros en la empresa, por lo que para su origen y gestión solían recurrir al patronato. Si se reservaba este derecho, en la práctica adquiría el de presentación de quien debía regir el cenobio, y por tanto dirigir la administración y el uso de los ingresos que los bienes adscritos generasen regularmente. El tercer elemento, la orden que hubiera aceptado participar en la inversión, para lo que aportaba sus reglas, se encargaría de la disciplina cotidiana de los recluidos de cualquier sexo. Incluso las órdenes religiosas que en sus orígenes abjuraron de la posesión de bienes temporales, de buen grado se prestaron a ser mediadoras, atraídas por la  participación en las rentas que en este caso se generasen. No fue extraordinario que con este motivo compitieran entre sí, o que abandonaran ciertas iniciativas apostólicas, una vez hechos los primeros balances.

     Las reglas de la orden que acogía la iniciativa, porque debían ser cumplidas indefinidamente, a consecuencia de la trascendencia espiritual que las creencias les concedían, además justificaban la inmovilización, y su raíz canónica la retracción fiscal o amortizadora. Por eso al origen de las fundaciones conventuales también pudo contribuir un cálculo económico similar al de la amortización corporativa, la exención de servicios, aunque ahora la presencia ostensible del interés familiar redujera el tamaño y por tanto el alcance de esta parte de las operaciones inmuebles.

     –Decidirse por patrocinar conventos podía recomendarlo otra posibilidad, en modo alguno secundaria y sí concordante con iniciativas paralelas, también de interés para una misma familia promotora. Si se incluye en el análisis el alcance material que podía tener el crecimiento biológico de las que deseaban concentrar la inmovilización de su patrimonio, invertir en la creación de un convento podía ser una operación rentable por el ahorro que podía permitir a las siguientes generaciones.

     “Cuando una familia había decidido instituir un vínculo o un mayorazgo, con el patrocinio simultáneo de un convento podía inducir la sucesión por la línea que hubiera elegido, porque las que pudieran tener origen en las otras ramas podían ser anuladas a discreción, y reducir el costo de la emancipación de los nuevos miembros a la dote o al capital que la fundación conventual hubiera tarifado. Comprometerse definitivamente con una orden religiosa, en el orden civil era equiparable al matrimonio, y por tanto tenía las mismas consecuencias que este para el reparto del patrimonio familiar.

     –Para consolidar una parte de sus ahorros y a la vez limitar su crecimiento biológico, y además redundar en beneficio de las decisiones afectas a la casa a las que les reconocía más trascendencia, nada comparable a la fundación y mantenimiento de un hogar cuyo curso natural estaba reglado tanto como pudiera estarlo un harén, que solo admitía población masculina incapacitada o núlida.

     –Si nos atenemos al criterio vegetativo, hemos de reconocer que los conventos prestaban dos servicios a la regulación del crecimiento de las familias. El primero, las garantías para la preservación del celibato de una parte de sus miembros. Como las jaulas de las aves de recreo, en cuyas manipulaciones los antiguos se deleitaban, eran artificios biológicos reglados por sus patronos para limitar el crecimiento de las familias que desviaban una parte de sus miembros a ellos, gracias a que también imponían el deber de la fluencia huera para anular potenciales líneas colaterales de transmisión de los bienes.

     “El otro era el margen vital que proporcionaban a la existencia de las mismas líneas, distintas a la derivada de la preeminente. Para profesar en un convento los patronos podían imponer alguna condición del siglo, conveniente a los atributos ya adquiridos por sus familias; y a la vez, gracias a los ingresos que al fundar ellos mismos garantizaban, asegurar una existencia colmada por la abundancia para quienes alcanzaran aquel requisito. La vida en los conventos era cómoda para quienes fueran sus miembros de pleno derecho, los profesos, excelencia que no era incompatible con que las ramas bastardas de las familias asimismo pudieran encontrar acomodo en ellos. A través de la institución secundaria de los legos, que por su condición plebeya se encargaban del servicio del convento, señaladamente en el refectorio, se prolongaba la acción benefactora de todo aquel artificio.

     –Teniendo en cuenta que la limitación del crecimiento de las familias inmovilizadoras por el lado masculino podía quedar a cargo del sacerdocio, mediante la fundación de una capellanía, el servicio que a este fin pudieran prestar los conventos era especialmente valioso en el caso de los femeninos.

     Cuando de una mujer se decía, con toda la formalidad del documento, cuyo rigor legal era garantía de la disciplinada sumisión de todas las voluntades afectadas por el acto, que había decido apartarse de los tráfagos de este mundo, y vivir en castidad, pobreza y religión, ya había resistido, al menos en el convento de referencia, el año de prueba. A partir de entonces iniciaba su carrera de virgen bajo la condición de novicia de coro y velo negro.

     En el mismo momento sus padres quedaban comprometidos a pagar a la institución primero los alimentos, ingreso al que obligaba la ley civil mientras la persona careciera de rentas propias. Tal situación podía prolongarse años, tantos como la novicia tardara en profesar. En concepto de alimentos cada uno se tarifaba en moneda corriente y la cantidad debida se complementaba con cierto volumen de trigo, una prueba más del alto valor cívico que entonces tenían los cereales; cuyos costos de transporte, así como el almacenamiento en las instalaciones conventuales, corrían también a cargo de los progenitores. El año se liquidaba por tercios adelantados a principios de cada cuatrimestre, a razón de una tarifa por mes la parte monetaria, mientras que el trigo (dos fanegas por persona en plena primera mitad del siglo décimo octavo) se apreciaba, por cada unidad de volumen, según un valor equivalente a los dos tercios de la fracción en moneda. Aportaciones tan modestas estaban destinadas al gasto corriente de la institución y a ella iban a consumirse. Se comprometían además a pagar el ajuar conventual, parte sustantiva del ingreso, tarifada en algunas decenas de ducados, las propinas y los otros gastos de la profesión. Por último, se obligaban a la dote de su hija, el gasto más importante; decisión por la que se le transfería del patrimonio familiar la cantidad que el convento tuviera estipulada. La de quienes profesaban en los conventos femeninos convertía en obligación precedente el disfrute de patrimonio por la familia que tomaba esta decisión sobre una de sus descendientes. El ingreso efectivo de la dote se postergaba a la ceremonia de paso llamada profesión, cuando la iniciada hacía sus votos definitivos; acto crucial en la vida de aquellas jóvenes, para las que representaba el fin de su minoría.

     –La edad de acceso al noviciado no la precisaron los medios de los que dispusimos, tal vez porque fuera discrecional. Pero es muy probable que en todos los casos incluyera la pubertad, porque sí se sabe positivamente que los 16 años cumplidos, justo la edad tipo que marca el fin del primer climaterio, eran requisito para hacer la profesión.

     “Si, una vez activo el convento femenino, difería la profesión de sus vestales, momento en el cual adquiría el derecho al ingreso de la dote comprometida, las posibilidades de las que podía disponer en su favor como regulador del crecimiento eran aún mayores. El gasto quedaba reducido a los alimentos, al tiempo que disponía de una valiosa reserva de fecundidad intacta. Así como limitar el crecimiento era satisfactorio en condiciones regulares, y por eso la profesión era irreversible, recuperar la fecundidad depositada y protegida por los muros del convento podía ser sumamente útil cuando la evolución de alguna de las ramas familiares dejara de ser satisfactoria, lo que era posible porque el noviciado no era un compromiso definitivo.

Las órdenes religiosas interesadas en la enseñanza no estaban menos complicadas con el destino que a su patrimonio daban las familias rurales. A través de algunas de aquellas también fueron patrocinadoras de colegios, una parte de los cuales subsistía anexa al noviciado de los conventos.

     –Eran aptos para aportar más flexibilidad a los cálculos sucesorios más complicados.

     “La formación escolástica era la parte sustantiva de la iniciación en los conventos masculinos, aunque su propósito práctico era capacitar a los futuros responsables de cada cenobio. Para cualquiera de los descendientes de género masculino de una familia potentada podía ser una satisfactoria dedicación durante la pubertad, tan prolongada después como la evolución de cada una de ellas fuera exigiendo. Cumplidos los plazos que marcaran las conveniencias, dos opciones quedarían a su disposición siempre, condenar al celibato a quien de ninguna manera se le consentía descendencia, para lo que bastaba dar por finalizado su periodo de formación y conducirlo a profesar; o emplear su capacidad reproductiva en la perpetuación del linaje, dando por finalizada su formación antes de que fuera comprometido por los votos definitivos, rescatándolo para la vida civil.

     “En los colegios comunes los descendientes de las familias cómplices de la institución podían recibir su educación, de contenidos religiosos, sin por eso arriesgar su porvenir de manera irreversible.

     Porque fue más frecuente que los colegios fueran instituciones más tardías que las monásticas, en algunos casos sus orígenes pudieron ser consecuencia de la inversión del ahorro acumulado por la propia orden. Así ocurrió con los colegios de la compañía de Jesús, cuyas casas solían recurrir a los fondos del instituto matriz para proceder a cada fundación local. Si los colegios eran mayores, tanto pudieron ser obra de la iniciativa privada como de otras instituciones eclesiásticas a las que asimismo garantizaran su inversión recurriendo a tal régimen administrativo.

El hospital también era una fundación del tipo obra pía que solía estar regido por un patronato. Si en su denominación prevalecía el viejo deber gentilicio, representado como virtud, era porque la acogida y cuidado de enfermos sin renta se había ido convirtiendo en una necesidad durante la época moderna. De ahí que la solidez de estos institutos, muy extendidos, también fuera una consecuencia directa del tamaño de las poblaciones donde estuvieran radicados.

     En la creación de los hospitales se observan iniciativas equiparables por origen a las monásticas, y por magnitud a las corporativas o a las capellanías de mayor rango. Solo porque sus propósitos eran específicos pueden parecer semejantes a los colegios, pero mientras que en estos la finalidad era formativa y declaradamente biológica, en los hospitales se trataba además de un proyecto de inspiración piadosa. Fueron familias de la aristocracia nobiliaria, que sostenían su patrimonio sobre potentes vinculaciones, o arzobispos, los mayores partícipes individuales en el diezmo, sus promotores más conocidos, aunque también hubiera inversiones con este fin de origen municipal, de menos importancia.

     Como las otras instituciones hasta aquí analizadas, garantizaban sus ingresos inmovilizando el patrimonio inicial que les fuera adjudicado. La dimensión del proyecto, así como el costo de sus actividades, obligaban a importantes retenciones de rentas y bienes. Aunque cualquiera de los patrimonios promotores disponía de otros medios capaces para resolver sus planes materiales, nada impedía que los hospitales transitaran por funciones económicas distintas al fin directo.

Las corporaciones conocidas como cofradías y hermandades, cuya importancia relativa en la vida de las poblaciones modernas suele exagerarse, eran modestas sociedades de socorro mutuo, nutridas por la sociedad civil, apenas encubiertas por una justificación religiosa; en ocasiones dogmática, en otras, moral, a veces simplemente atraídas por el fausto de la liturgia. Estuvieron activas las de ánimas y sacramentales, de las llamadas de pasión o de gloria, y en la población de referencia una que podría incluirse entre las instituciones del curato porque la corporación imponía a sus miembros la condición clerical, aunque hemos preferido mantenerla en el orden de las hermandades por su explícito propósito societario, replicante al de las corporaciones de beneficiados.

     La frecuencia con la que cofradías y hermandades aparecen, bajo cualquier iniciativa devocional, indica que el ámbito dentro del que operaban se limitó al de la parroquia o al convento en cuyo templo tenían su sede. Su modesta aspiración religiosa apenas es capaz para ocultar una parsimoniosa coalición ciudadana. Pequeñas aportaciones de los consocios de generaciones sucesivas irían acumulando un ahorro discreto, mantenido con dificultades. Para el patrimonio del que disponían igualmente pretendían la protección que la ley reservaba a los bienes cuando los designaba inmóviles, la calificación que con el tiempo fue aplicada a todos los raíces. Como los de otras instituciones en las que se había infiltrado derecho canónico, en este caso a través de sus fines declarados, ganaban además la condición de amortizados, que les valía quedar a salvo de los deberes o servicios fiscales. Sus dimensión y alcance con seguridad nos ponen sobre la pista del orden inferior del sistema regular del ahorro inmovilizado en las poblaciones.

Los bienes inmovilizados

Apartados por las familias rurales, protegidos con todos los medios que a su disposición ponía la norma civil, los bienes que tendrían que ser los responsables de la generación de la renta de cada fundación solo excepcionalmente eran de valor alto. Había muchas fundaciones conventuales realmente potentadas, cualquiera de ellas disponía de patrimonios raíces importantes. También acumularon riquezas sobresalientes las corporaciones de los beneficiados. La que nos ha servido como campo para la experimentación recibió tierras, casas y dinero en cantidades que sumaron cifras significativas. Pero en el medio rural era más frecuente, porque era más probable el ahorro modesto, que las operaciones inmovilizadoras fueran aplicadas a la protección de patrimonios moderados. Un hombre dotó su vínculo con una mata de olivar de 40 aranzadas y tres cuartas partes de un molino, y una viuda desvió con el mismo fin una casa, 10 aranzadas de olivar en cuatro pedazos, 4 fanegas de tierra campa o desmontada y dos créditos, concedidos ateniéndose a las condiciones de los censos, uno de 700 ducados de principal, que hipotecaba unas viñas, y otro de 100 ducados sobre un olivar. Quizás los vínculos algo más valiosos fueron los que se habían propuesto proteger la tierra dedicada al cultivo de los cereales. Así, el que recayó sobre 54 fanegas de tierra o el que afectó a otras 280 de tierra de labor equipadas con instalaciones, entre las que se enfatizaba un pozo de agua dulce con sus pilas, porque los estanques eran un medio para alimentar la cabaña al servicio de la explotación que se radicaba en ella.

     Las capellanías más elementales o memorias obtenían sus rentas de una casa, la que había servido de residencia a la familia o cualquier otra, o de una parcela de olivar que no excedía, en los casos en los que fue descrita, las 5 aranzadas de extensión. Solo un fundador destinó a este fin una cantidad en efectivo, para que con ella se comprara una posesión que sufragara la manda piadosa.

     También los bienes inmovilizados por las iniciativas de este tipo cruzadas con vínculos eran equiparables a los que sostenían las memorias más sencillas. Consistían en la casa que se habitaba y olivares de una extensión máxima de 5 aranzadas. Hasta reaparece en ocasiones el encargo de comprar un olivar, con el remanente que se dedujera del cumplimiento de las obligaciones testamentarias, aunque un matiz negativo devaluara algunos de tales bienes relativamente. Tanto la casa como el olivar de mayor extensión garantizaban sendos créditos de 200 ducados de principal. Excepcionalmente, una iniciativa sobrepasó estos límites. Estuvo fundada sobre 24 aranzadas de olivar, 8 de las cuales ya pagaban una memoria de 5 reales a un convento, dispersas en seis parcelas, y 16 fanegas de tierra para cereales, en las que había sembrados algunos frutales.

     El inventario más completo de los bienes inmovilizados a partir de las iniciativas civiles lo proporcionaron los documentos que describían las fundaciones de las capellanías autónomas, el instituto destinado a tal fin preferido por las familias del medio rural. Eran, a mucha distancia de los demás, olivares. En sus dos terceras partes los fundadores apartaron al menos alguna parcela de esta clase. Esta porción de sus patrimonios, sobre su frecuencia, era notablemente dispersa y pequeña. El valor tipo del número de parcelas que se elegían para contener el ahorro era casi tres y la superficie media que ocupaba cada una no alcanzaba las cinco aranzadas (4,7).

     Del exceso, tanto de la división del espacio dedicado a este cultivo como de la fragmentación en la que se incurrió al dotar las capellanías, puede ser una muestra la descripción de un lote inicial. Fue compuesto con una parcela de ¾ de aranzada y 11 estadales, otra de 1 aranzada 1 ochava y 7 estadales, otra de 3 ¼ aranzadas y 15 estadales, otra de 3 aranzadas y 1 ochava, otra de 7 ¾ aranzadas y 20 estadales, otra de 1 ½ aranzada y 30 estadales y otra de 1 aranzada 1 ochava y 32 estadales de olivar. Considerando una aranzada de 400 estadales, que es admisible y facilita los cálculos, las siete parcelas apartadas para formar un lote solo sumarían poco más de 18 aranzadas (18 ¼ aranzadas, 5 ochavas y 15 estadales).

     Casi la quinta parte de las iniciativas se concentró en las viñas, en unas condiciones similares al olivar, aunque para este cultivo nuestras informaciones no se detenían a registrar cuántas parcelas, en cada caso, eran transferidas. Aun admitiendo, en el menos favorable de los supuestos, que a cada extensión declarada correspondiera un espacio continuo, la parcela tipo solo tendría una superficie de poco más de 6 aranzadas (6,3).

     Por número de casos, el valor relativo de las hazas, unidades espaciales de la explotación dedicada al cultivo del cereal, era solo algo inferior al de las viñas. La extensión normalizada de cada una, algo por encima de las 100 fanegas (105,25), admitida como representativa, a la tierra más preciada le concedería una falsa relevancia en la inmovilización del patrimonio de las familias. Si apartábamos un caso, de extensión anómala, la parcela tipo baja a las 20 fanegas (20,3), más descriptiva, aunque en síntesis, de lo que era común.

     Extraordinariamente las familias desviaban su plan para asegurar el ahorro a una huerta, tanto que este tipo aparecía en una proporción inferior a la décima parte de los casos. Nada podíamos saber de sus cultivos o de sus extensiones, lo que no obstaba para que los documentos se esforzaran en destacar las condiciones que las convertían en valores apreciables. De una de ellas fue especificado que contaba con agua que manaba de la roca, con el tono que corresponde a la descripción de los fenómenos singulares.

     Los edificios destinados a vivienda, con preferencia el que habitaba la familia cuando tomaba esta decisión, eran objetos que fácilmente absorbían el remanente disponible. Casi la mitad de las iniciativas incluyó al menos uno, aunque fueron raras las que acumularon dos o más. El límite superior lo fijó la retención de cuatro casas completas más una parte de otra.

     Al contrario, era raro que una familia contara entre sus bienes atesorados con instalaciones productivas localizadas en la población. La mayor frecuencia de los casos, algo por encima de la décima parte de los analizados, nominalmente correspondió al molino para la producción de aceite, aunque solo en uno fue adquirido uno completo. En los demás el bien fue una participación en su propiedad, que osciló entre un sexto y tres cuartos. Aunque era algo menos frecuente, cuando se trataba de hornos destinados a la cocción de pan el número total de instalaciones completas adquiridas por las capellanías fue ligeramente superior porque se incorporaban íntegros al patrimonio segregado. A esta relación hay que sumar, como hechos en absoluto sí excepcionales, la adquisición de una tienda, cuya especialidad no se declaró, y la de un mesón. La participación en un tejar fue desviada a su renta, que al menos en parte estaba acordada en especie, de la que en un caso, a favor de la capellanía, se dedujeron 1.200 tejas y labores.

     El traspaso de ganado tampoco era frecuente. Fue una porción de los bienes fundacionales en menos de la décima parte de las adquisiciones, y su estimación llegó a ser tan marginal que en las escrituras no se identificaban la especie ni el número de cabezas. Solo en una ocasión pudieron ser mencionadas expresamente 300 ovejas.

     Una de las capellanías analizadas fue conocida, durante toda su existencia, como la  prestamera. El informador no se ocupaba en la descripción de sus bienes, quizás porque le pareciera innecesario. En el arzobispado, a la clase de las prestameras pertenecían las participaciones personales en el diezmo, deducidas del tercio de los beneficiados, que la autoridad episcopal, con al menos algún grado de autonomía, solo con su decisión podía adjudicar. No parece probable que una renta transferida bajo estas condiciones fuera inmovilizada para siempre. En la naturaleza del beneficio eclesiástico estaba, además del disfrute vitalicio, su adjudicación mediante concurrencia de aspirantes, que hacían valer sus méritos personales ante la justicia canónica. Pero también es cierto que una parte de las rentas diezmales, con tanta más probabilidad cuanto más específicas eran, fueron sustraídas, mediante concordia con su primitivo titular y gestor, el cabildo catedralicio, al régimen general de las asignaciones.

     Valiéndose de su puesto en la administración de la iglesia romana, la astucia del arcediano fundador de la capellanía conocida como la prestamera pudo emplearse en adjudicar un beneficio de libre provisión, que se disfrutaba en vida, a una memoria, cuyo cumplimiento era obligado indefinidamente, una vez consumada la muerte del testador. Si estábamos en lo cierto, una porción del tercio de beneficiados de la parroquia donde se fundara sería el bien dotal inmovilizado. El capellán, al adjudicársela, adquiriría la condición de titular de la prestamera, lo que proporcionaría a esta iniciativa, además de una singularidad absoluta, una doble preeminencia: era ya renta neta, sin que fuera necesaria otra mediación que la correspondiente a la gestión anual y al cobro de la generalidad de los diezmos, y garantizaba unos ingresos extraordinariamente sólidos.

     Los créditos, también valorados como forma de retención del ahorro, asimismo tuvieron alguna importancia en la constitución de los patrimonios fundacionales. De ellos se hizo uso con este fin en una proporción de casos comprendida entre la décima y la quinta parte. El crédito tipo inmovilizado fue 385 ducados nominales. Solo en un caso se recurrió sencillamente a preservar el dinero líquido para mantener el excedente que la renta había permitido, pero tampoco en este se fio a su conservación la supervivencia del valor ganado. Las cantidades que en su caso fueron desviadas, que tampoco siempre se especificaron, con más frecuencia debían ser empleadas en la adquisición de una finca, para con ella incrementar el patrimonio de la obra.

     Tan excepcional fue, y la misma justificación tendría, añadir al lote unos bienes muebles, identificados como parte del ajuar doméstico. Quien los mencionara como objeto patrimonial encargaría que fueran vendidos y comprar, con la cantidad obtenida, entre 48 y 60 fanegas de tierra (4 o 5 cahíces) para añadirlas a los bienes ya asignados.

     Había pues dos tipos de inmovilizaciones familiares. La común dio origen a una célula económica muy sencilla, cuyo tesoro principal era la agricultura del olivo, dependiente de una explotación dispersa en varias parcelas, cada una de escasa dimensión, de un valor acumulado, en el mejor de los casos, que apenas superaba la decena de aranzadas. A los olivares era probable que se le sumara una vivienda, así como algún otro bien quizás más sustancioso, activo en cualquiera de los sectores comprendidos entre la producción de cereales y el negocio financiero. La otra, excepcional, era más potente en términos económicos. Reunía bienes con una alta capacidad para generar renta cada año, como los ingresos deducidos de la participación en el diezmo o una explotación para producir cereales de una extensión importante (360 fanegas), a la que se sumaba una buena serie de bienes inmobiliarios urbanos (molino, tienda, tejar y casas).

     El análisis del patrimonio acumulado por una de las instituciones inmovilizadoras del segundo tipo permitía además, gracias a su tamaño, generalizar sobre la importancia de los bienes inmovilizados en relación con las épocas en las que precedió cada forma. Llegó a acumular 2.732 fanegas y 2 almudes de tierra de labor en 45 parcelas, lo que daba el estimable valor medio de 60,7 fanegas por parcela; 4 aranzadas y 15 pies de olivar en dos unidades de explotación, una huerta de 4 fanegas, 15 casas y 62 capitales que al final de su existencia sumaban un valor nominal de 111.196 reales 28 1/3 maravedíes.

     Las tierras se impusieron como bien garante de la inmovilización en la baja edad media, más en el siglo décimo cuarto que en el décimo quinto, y apenas fueron elegidas para este fin en la época moderna. Aparte los fines declarados o solo inspirados por la última pasión a sus promotores, cualquier adscripción de bienes a un destino permitía al menos atesorar los ingresos detraídos por cualquier medio con preferencia transformados en esta clase de bienes territoriales, ya entonces los de menor costo de mantenimiento si en el espacio se había consumado su capitalización roturándolo.

     Las casas fueron siempre un recurso discreto y estable. El menos seleccionado –no llegaban a la quinta parte de las inmovilizaciones en el momento de la fundación– satisfacía, a lo largo de los siglos, un número similar de proyectos, si se exceptuaba el décimo sexto, cuando el retroceso se podría explicar por razones que trascienden el tipo de bien. El dinero, en cualquier cuantía, fue el elegido con mayor frecuencia. La mitad de las inmovilizaciones se decidieron por una cantidad denominada en la moneda circulante en cada momento. Más de un tercio de tales decisiones se tomaron en la primera mitad del siglo décimo sexto, tiempo origen de las tensiones inflacionarias que marcaron la administración Austria.

     Mediante acumulación, una parte de los patrimonios de las obras además pudo ser incrementada. En 1492 una madre habría creado una capellanía con todos los elementos habituales. Su hija pudo instituir una agregación a la misma, que en origen actuaría como capellanía independiente, también fundada con todos los requisitos comunes. Cuando muriera el capellán designado por la hija, por decisión de esta, la fundación original y su agregación quedarían reunidas en el mismo instituto. Un padre pudo fundar en 1519 también una capellanía y por un codicilo, de 1556, su hijo le haría una agregación. En 1586 sería un canónigo quien decidiera aumentar el patrimonio de otra que ya existía, mientras que a una tercera, fundada en 1630, le sería añadido posteriormente otro bien.

     Aprovecharon los fundadores de cualquier clase de instituto, al describir algunos de los bienes que desviaron hacia ellos, para aludir a cómo los habían adquirido, y a las exigencias legales que podían limitar su uso. Todas las referencias que las fuentes consignaron sobre los medios de acceso al dominio remiten a las dos vías previsibles, la compraventa unos años antes y la transmisión del patrimonio familiar.

     Más valor tienen las reiteradas protestas sobre las condiciones con que los bienes llegaron a poder de las familias. Siempre que eran una parte de los argumentos, dejaban claro que estaban libres de toda carga, de donde se deducía que invariablemente pasaron de la plena disponibilidad a la inmovilización.

     Para la evolución del medio rural del sudoeste entre la edad media y la moderna la constatación de un hecho como este; en especial, que afectara a todos los casos que mencionaban la circunstancia bastaba para reconocer a las decisiones inmovilizadoras una responsabilidad primordial en los sucesos posteriores. La progresiva reducción de los bienes disponibles, obra simultánea y en secuencia de un número significativo de familias, que para determinadas decisiones que afectaban a la transmisión de sus patrimonios contaban con respaldo legal, estuvo en el origen de la disminución de posibilidades de acceso a las fuentes de renta, correspondiente a aquella.

     En la misma medida fueron incrementándose los depósitos de ahorros, extraordinariamente garantizados por las exigencias legales de la inmovilización, pero en  potencia útiles para sostener toda clase de inversiones.

El rastro de la sangre

El fundador de cada institución inmovilizadora creaba un régimen específico para su herencia, un asunto para el que se mostraba extraordinariamente previsor. Estaba justificada su actitud. Porque el deseo, o pasión derivada del uso discreto del sexo propio, estaba en el origen de tan torpes decisiones, habiendo dado por supuesto que los beneficiarios directos de la institución debían ser los miembros de la familia legal, se creía en el deber de garantizarle la conservación del dominio sobre el ahorro protegido, para el que ambicionaba desde el principio una existencia indefinida. La sorprendente minuciosidad de sus decisiones en parte se puede adjudicar a que cada uno actuaba a partir de la realidad biológica que tenía ante ellos. Descendientes y ascendientes eran unos determinados, y ellos, en cada caso, porque estaban vivos naturalmente le imponían unos límites. Llamados a disfrutar la fundación con sus bienes y sus rentas desde un linaje, manando en exclusiva de la voluntad del fundador, admitida no obstante como fundamento legítimo, aunque pueda parecer abusivo y escasamente civilizado, el resultado más trascendente, para el punto de vista que se adopta en este texto, era que con tales decisiones quedaba cerrada una tupida red para la circulación de la parte consolidada del ahorro, para este efecto inmovilizada.

     Los fundadores se mostraban especialmente preocupados por la designación del primer heredero. Se imponía la línea recta de descenso cuando quienes tenían la iniciativa habían tenido la fortuna de que sobreviviera. Bajo las condiciones biológicas regulares, eran los hijos del primer beneficiario, y los hijos de sus hijos, y así sucesivamente, quienes debían conservar y transmitir la obra que recibirían. Así los vínculos, para los que lo normal era que uno de los hijos fuera el seleccionado y a él quedara sujeto automáticamente. Solía ser hombre, pero también podía ser una mujer la elegida en primer lugar. En la memoria que se embridaba con un vínculo también el envío directo a la siguiente generación solía ser inmediato. Aunque excepcionalmente había quien se investía primer capellán a sí mismo, en una tercera parte de los casos los elegidos para primeros capellanes, cuando se trataba de las capellanías más autónomas, también eran hijos de los fundadores.

     Para inducir cuanto les fuera posible la transferencia en la dirección decidida, los fundadores añadían una serie de condiciones a la descripción de la línea elegida. Las comunes eran la preferencia del mayor, en caso de que hubiera más de un hijo  aspirante, y del varón a la hembra. Como a los agraciados sucederían sus hijos, y a estos los suyos, y así en lo sucesivo, para cada transmisión igualmente sería preferible, a idéntico grado, el mayor al menor y el varón a la hembra, y en algún caso se añadía otra condición, que antecediera el legítimo al ilegítimo. Tales designaciones a los fundadores les parecían suficientes para aislar al agraciado.

     Había instituciones que por su naturaleza no podían atenerse al rigor de las líneas directas, como los patronatos creados para conceder dotes a parientas, que tenían que prever el orden sucesorio para su disfrute sometiéndose al objeto de la fundación. En su lugar dictaban otras condiciones, no menos biológicas pero más abiertas. Fueran las parientas del promotor a contraer matrimonio o a profesar como religiosas, habiendo demostrado determinado grado o pertenencia a una línea más o menos próxima al fundador, las agraciadas por la elección debían cumplir con la condición de ser solteras y comprometerse a tomar estado. Más aún. Si, cumplidos los veinticinco años, estuvieran enfermas o lisiadas, o no se hubieran decidido por la dirección del cambio que podía reorientar cada vida, les asistía el derecho a disfrutar de la dote. Entre el momento de una fundación de esta clase y 1598 cuatro mujeres, en documentos distintos, afirmaron haber recibido para casarse una dote de un patronato, previa demostración de su parentesco. Más allá de las condiciones generales, sería preferida, en igual grado, la que fuera elegida por los patronos.

     Pero para salir al paso de las adversidades que de partida pudieran atravesarse contra las primeras previsiones, al crear cada instituto los fundadores a continuación se demoraban en el relato de una larga serie de líneas alternativas a la directa, realmente existentes en el momento inicial, por orden de prelación. Al faltar la descendencia directa, primero las opciones se abrían moderadamente hacia las líneas colaterales preferentes de los parientes en segundo grado. Así, el hombre que había recibido de su padre unas tierras con la condición de que no fueran divididas, y que con su parte decidiera fundar un vínculo, como compartiría con su hermano el patrimonio lo llamaría a la primera sucesión en el instituto que había creado. También hubo casos en los que hermanos del fundador fueron designados primeros capellanes.

     El recurso que agotaba las previsiones ante estas primeras adversidades habitualmente era la línea colateral preferente de los parientes en tercer grado. Para que en su caso disfrutaran vínculos fueron elegidos sobrinos. Así, por ejemplo, eran llamados a la sucesión de un vínculo, tras la línea directa, un sobrino del fundador, la hermana de este, otra hermana, otro sobrino, el hijo de otro sobrino, este sobrino, otro sobrino más, los hijos de otra sobrina y los hijos de una sobrina más, todos de la rama materna del fundador; tras los cuales, si aun así llegara el caso que las nueve posibilidades se agotaran, todavía sería posible, según dejaba mandado el promotor, recurrir a la rama paterna. Pero, sobre todo, en una tercera parte de las fundaciones de capellanías autónomas los designados para primer capellán finalmente fueron parientes de esta clase. Sobre ellos recaía la elección, como algunos casos permiten deducir, cuando la aspiración a la supervivencia de los hijos propios no había sido satisfecha por el destino.

     Excepcionalmente, había entusiastas cuyas previsiones pretendían aspirar a metas más alejadas, pero igualmente delimitadas por el canon de la familia y atenidas a las condiciones biológicas. Querían actuar como promotores de la regeneración de una familia en trance de extinción, aportando una parte de su patrimonio al origen de un nuevo linaje. Una viuda, porque no tenía hijos, designaría como primera titular de un vínculo a una sobrina, con la condición de que no entrara en la posesión de los bienes mientras no se casara. Tampoco en esta situación límite los fundadores podían sustraerse por completo a la fuerza de la sangre, que nunca dejaba de presionar, en ocasiones hasta llevar al límite de la supervivencia la capacidad de resistir que tuvieran las membranas familiares.

Pero todavía, para el caso de que todas las posibilidades precedentes quedaran bloqueadas por la evolución biológica, se elegían otras salidas, aún dentro de la familia. Así persistía el rastro de la sangre, la línea por la que se orienta la voracidad de las fieras.

     La identificación precisa de las líneas sustitutivas podía ser tan especiosa como la pasión calculadora obsesionara al fundador, hasta agotar la paciencia de cualquier lector, presente o futuro. Las relaciones más dilatadas correspondían naturalmente con las familias que mantuvieran mayor número de miembros vivos, de cualesquiera líneas o grados, en el momento de redactar el documento del origen. Tendrían que hacer el trabajo de reemplazar las líneas agotadas y poner a salvo el objeto primordial del instituto, mantenerlo inalterado generación tras generación. Pero ninguna podía llegar más allá, tampoco en este caso, de la realidad viva de los parientes, y ninguna de ellas tuvo nunca más relevancia que la circunstancial.

     Hay que reconocer, no obstante, que aunque en los textos las previsiones para la transmisión del papel protagonista eran similares a las descritas, ahora el enunciado de las sucesivas líneas solía ser más breve. Alcanzaban como máximo hasta la cuarta línea, incluso si se acepta que fueran señalados como sucesores, en última posición, los descendientes de una mujer que la fundadora hubiera criado en su casa, lo que equivaldría a recurrir a la adopción de hecho, o admitiendo el parentesco de un hombre designado cuya relación con una fundadora no consta.

     Podía ser útil a un caso decidirse a favor de la línea colateral ordinaria, y designar para primeros titulares a primos. Para que disfrutaran de vínculos fueron designados los hijos de un pariente, y para que cumplieran por primera vez con las obligaciones de las capellanías fueron seleccionados consanguíneos con los que se tenía una relación indefinida. Habiendo sido el promotor un matrimonio, prescribió que serían preferibles para ser el origen personal de una obra, si fallaran todas las previsiones específicas, los descendientes del fundador a los de la fundadora. Pero igualmente pudo servir la línea de mujer, aunque es cierto que se trataba de una solución excepcional, puesto que por consanguinidad podían actuar como titulares y nexos de los derechos de una fundación de esta clase.

     Llegados a esta situación extrema, estaba más justificado que se deseara contribuir a la creación de una familia nueva al fundar los institutos inmovilizadores. Hubo una mujer, acomodada en el estado de viuda, que pudo excluir expresamente a los presbíteros de la sucesión primera de una memoria con vínculo, incluso tratándose de una fundación piadosa cuya función inmediata era litúrgica católica; porque quiso que quienes disfrutaran su creación fueran aptos para casarse, lo que en rigor, tratándose de la formalidad de una escritura, obliga a pensar en condiciones legales, antes que en atributos físicos, de mucha menor relevancia para el buen fin tanto de las capellanías como de los matrimonios. Si el designado por ella en primer lugar se ordenara sacerdote tendría que ser sustituido por su hermano, tal como ocurría con la primitiva institución del levirato, porque al mismo tiempo se trataría de transmitir al margen del clero, relegado en estas circunstancias, previo contrato, a su exclusiva dedicación a los misterios.

     Pudo ser un criterio para elegir a quien empezara a disfrutar capellanías algo tan genérico como la varonía de los parientes, y se puede demostrar además que eran primeros capellanes presbíteros, fueran de la familia o no, simplemente porque esta condición los facultaba para servir el instituto y al mismo tiempo se habían cerrado otras vías. Un matrimonio dejó constancia de que con este fin se había decidido por el cura de una parroquia porque sus cinco hijos murieron pequeños. Si el más aciago de los azares llegara a permitir que se extinguieran todas las líneas previstas, podría aspirar a la sucesión quien demostrara ser el pariente más cercano al fundador.

Pero todavía los redactores de los planes, porque aspiraban a prever más allá del horizonte, se esforzaban por generalizar todo lo posible. Como en el caso de las líneas preferentes, para inducir por último cuanto fuera posible la transferencia familiar, una vez más los fundadores prescribían una serie de condiciones a la descripción de las líneas elegidas. Todas eran también inequívocamente biológicas o servidas por la naturaleza; animales se podría decir, si se permite el abuso del lenguaje en el que ya se ha incurrido, únicamente justificado por nuestro deseo de evocar. A cada una de las vías alternativas de sucesión también se aplicarían la preferencia del mayor, en caso de que hubiera más de un hermano aspirante, y del varón a la hembra, idénticas condiciones que a la primera, y a los agraciados sucederían sus hijos, y a estos los suyos, y así en lo sucesivo, e igualmente entre ellos sería preferible, a idéntico grado, el mayor al menor y el varón a la hembra, e incluso se precisaba que antecediera el legítimo al ilegítimo. Excepcionalmente, un fundador pudo imponer alguna condición más, como que quien poseyera el vínculo no se casara con persona de mala raza, en alusión a descendientes de etnias, segregadas y aun así endémicas, que pudieran invalidar las decisiones legales.

     Para la selección del pariente agraciado, el último recurso de las previsiones sobre las líneas sucesorias a las cuales podía corresponder una capellanía, se arbitraban condiciones que no siempre se combinaban del mismo modo. Para unos, si hubiera dos con idéntico grado, además del mayor al menor y del varón a la hembra, sería preferible el más pobre, y si uno fuera presbítero y otro no, el que estuviera por ordenar. Y los había que combinaban piezas dispares a discreción, como el que más supiera, fuera más pobre y estuviera por ordenar, probablemente convencidos de que una coincidencia automáticamente singular evitaría cualquier controversia sobre el derecho.

     Las cláusulas que regulaban el acceso a cada capellanía podían asimismo ser extremadamente previsoras cuando se trataba de asegurar el servicio a la fundación. Desde el momento que recibía el derecho, el titular estaba obligado a mantener en buen estado el cáliz, los ornamentos y los demás enseres de la capilla, pero también se extendían en condiciones para la preservación del buen nombre de la familia, resultado inmediato de otra variante biológica, el yugo que el celibato cargaba sobre los capellanes presbíteros. Si un capellán era notado de concubinato o cualquier pecado detestable, circunloquio de los documentos que apenas alcanza a ocultar la sodomía, se le requería por dos veces ante notario en nombre de los patronos. Si no renunciaba a sus costumbres, era separado de la capellanía, a continuación transferida a quien fuera idóneo. Sobre cuáles fueran las condiciones de idoneidad, tratándose del uso del miembro denotativo del cuerpo masculino, los autores de los documentos de fundación prefirieron guardar silencio.

     El llamamiento a los sucesivos beneficiarios de los patronatos fundados para conceder dotes, cuando se referían a las últimas beneficiarias posibles, admitía que podía ser una mujer que no fuera deuda del fundador y, extinguido este linaje, una doncella nacida en determinada parroquia.

     Como se daba por supuesto que los beneficiarios directos de la institución serían consanguíneos, parece que además era obligado combatir la desviación legal cuando este principio fuera defraudado. Un matrimonio que hubiera fundado un vínculo podía designar sus herederos a un hombre y sus hijos, quienes, sin serlo, debían decir que eran sus deudos. Luego pudieron ser excluidos porque no tenían con ellos parentesco alguno, y así habría que hacerlo constar en el documento de origen. La expresión que eligen las fuentes para relatar este tipo de casos no resuelve definitivamente si el fraude de ley provenía del abuso del instituto o de la mentira.

De manera similar se actuaba con el patronazgo de los patronatos, mecanismo anexo para la supervisión externa de buena parte de las fundaciones inmovilizadoras, responsable de la gestión de los bienes garantes del ahorro. Era una institución autónoma, pero no menos consanguínea.

     Para ser los primeros responsables de cumplir con esta obligación, era raro que fuera designado solo un patrono, porque, como los desequilibrados, podría actuar sin control, y tampoco era frecuente que el patronato quedara constituido con tres personas distintas, aunque esta fórmula facilitara las decisiones que podían quedar protegidas por el misterio. Se prefirió, sobre todo, la clásica dualidad de las magistraturas, apta para una gestión práctica y equilibrada.

     Pero las decisiones que se tomaron sobre quienes debían ser los primeros en  desempeñar ese papel indican que este cuerpo anexo a las instituciones, cuyas propiedades son ahora el objeto de esta breve recapitulación, también estuvo lejos de ser en su origen un comité independiente. El gobierno de las células primitivas de supervisión de las fundaciones que optaron por este procedimiento de garantía igualmente se solía reservar a una familia. La opción que esta prefería para designar a los primeros patronos, con mucha diferencia –casi dos de cada tres casos– fue la autocrática, aunque los coaligados sobre esta base formaban grupos de gestión de tamaños irregulares. El gobierno de los propios fundadores en solitario fue la primera opción. Puesto a elegir un supervisor, al promotor nadie le parecería tan de fiar como él. Su responsabilidad directa sobre el origen de los ahorros desviados al buen recaudo, el fruto más preciado de sus esfuerzos, lo justificaría. En el acto original de las capellanías, la obra que con más frecuencia se completaba con la designación de esta clase de supervisores, los promotores mismos se autonombraban como primeros patronos exclusivos en buen número de casos. Así como era raro que alguien se designara a sí mismo capellán, porque podía obligarlo a decisiones vitales no del todo deseadas, no lo era que se designara patrono de la capellanía que fundara.

      Los promotores de las capellanías, para constituir los primeros patronatos que las gobernarían, también formaron colegios con sus descendientes. Muchos forzaron la colaboración de sus hijos, de modo que la familia nuclear por línea de varón fue bastante para crear este primer gobierno de la institución por la que se habían decidido. En otros casos, con toda probabilidad a consecuencia de la falta de la otra vía directa, la solución autocrática se encontró uniéndose los promotores a los ascendientes. Así, en unos se pudieron constituir como patronos los fundadores que podían contar con la colaboración de su madre. Con menos frecuencia, esta línea solucionó por completo la necesidad, por lo que los únicos patronos fueron los padres, aún supervivientes. De todas estas decisiones, que a un tiempo satisfacían los acuerdos y la capacidad para tomarlos, podría decirse que pretendían, sin mencionarlo, asemejarse al patronato de legos.

     Otra posibilidad que las familias explotaron, cuando desearon reservarse algún control sobre la administración de la capellanía gobernada por un patronato, fue nombrar como primer patrono al que ya había sido designado el primero de los capellanes. Simplificaba el orden de la obra, a la vez que eludía cualquier medio de control externo, así de la gestión y uso de los bienes como de la satisfacción del cargo.

     Las demás decisiones para satisfacer el mismo fin, al menos formalmente, prefirieron situarse en una posición opuesta, y tomaron la mayor distancia de la familia para aparentar la mayor independencia. Cualquiera de los patronatos de legos en sentido propio, en la designación de los primeros supervisores o patronos, era tan exigente al menos como en la convocatoria de los acreedores al instituto que regían. Optaban por conceder el primer poder a cargos institucionales.

     En cuanto a los patronatos que no es seguro que fueran instituidos con la condición expresa de mantenerse bajo el control de la familia promotora, de la administración de uno de los creados en 1572, que probablemente llegó a convertirse en uno de los que tuvo más medios, desde el principio fue responsable la fábrica de una parroquia. El otro creado por el mismo presbítero también en 1572 asimismo estaba muy intervenido por las instituciones eclesiásticas ordinarias.

     Para adquirir la condición de patrono, ya para la segunda generación, los fundadores que se decidían por este procedimiento de supervisión preferían la vía a un tiempo civil y familiar. En el siglo décimo séptimo, una mujer hizo valer su aspiración al control de un patronato creado en el siglo anterior porque era bisnieta de alguien que había sido patrono y tercera nieta de un hermano del padre del fundador. En la designación de los sucesivos patronos de las capellanías se actuaba igual que para la designación del capellán. Habiendo elegido al primero, los fundadores aún debían describir la correspondiente secuencia de líneas y generaciones, inducida como siempre por reglas que se proponían la conservación del instituto bajo el dominio familiar. También en este caso las secuencias se acortaban. Cuando se había decidido reservar a la familia el patronato de las capellanías, el último eslabón era asimismo el pariente más cercano. La responsabilidad financiera adquirida a causa de una designación podía ser el origen de cláusulas en modo alguno irrelevantes para el objetivo que nos hemos propuesto. En un caso se prescribió que cualquier patrono, si deseaba tener la responsabilidad que sobre él había recaído, debía dar fianza de dos mil ducados, a satisfacción de la justicia.

El deseo de sujeción de las instituciones inmovilizadoras a las familias estaba subordinado a la verificación de las existencias. Así como los actos vitales básicos decidían sobre la oportunidad de los medios institucionales adecuados para proteger el ahorro, la satisfacción de los proyectos concebidos para las fundaciones al servicio de este deseo dependía de cómo respondiera la salud de sus miembros. Una falta de cálculo sobre las leyes de la supervivencia podía tener la fatal consecuencia de que el instituto escapara al control inmediatamente deseado, una vez desaparecida la generación generatriz.

     Pero la rigidez legal, que hacía inamovibles las últimas voluntades, obligaba a aspirar a lo imposible. En un instante supremo, el del principio de cada instituto, había que hacer íntegro un cálculo para todo el futuro por imposición del testamento, que la muerte sacralizaba intangible. Habiendo optado por determinado grupo humano, se trataba de prever su evolución; en la medida que el conocimiento del futuro lo permitiera, un asunto para el que la entidad que se deposita en la conciencia bajo la denominación de porvenir suele mostrarse celosamente hermética, absurdamente imprevisible.

     No obstante, porque el propósito de los fundadores de estas instituciones fue en todos los casos que resistieran el paso del tiempo, en su afán por ser eternos todavía se esforzaron en dictar reglas sucesorias para la posibilidad más remota, el mundo desconocido y ni siquiera previsible, que ni aun así se negaron y al que sin embargo creían alcanzar con su imaginación. Aceptaron el reto concibiendo soluciones que deseaban resolver en términos universales y definitivos cualquier contingencia. Lo más sorprendente es que para la supervivencia de sus obras tales previsiones sobre quiénes tendrían que ser los herederos desconocidos efectivamente resultaron las verdaderamente decisivas.

     Aunque las últimas previsiones sucesorias aspiraran a cortar el paso a las adversidades naturales, no había muchas más posibilidades que proceder de la manera más genérica. Si desaparecieran todas las líneas y personas proyectadas sobre el futuro, invariablemente las fundaciones tendrían que ir a parar en otra institución que designaban   precisamente, bajo la convicción de que las instituciones, cuyas existencias se pronosticaban indefinidas, serían más duraderas que los hombres. La institución final, paradójicamente la más concreta de todos los llamados existentes, era la única que tenía alguna posibilidad de mantenerse indefinidamente en el tiempo, como pretendía el fundador. El transcurso de los años actuaba a favor de ellas. El llamamiento último a la sucesión redundó en su beneficio.

     Si los vínculos, por ejemplo, habían sido fundados con preferencia en la segunda mitad del siglo décimo sexto, a la vuelta de doscientos años el número de los que tuvieron que parar en estas instituciones necesariamente habría aumentado en razón directa a los riesgos de muerte, dado que la revolución que acabaría con ellas aún no había sucedido. Cierto que el vínculo era una obra estrictamente civil, para cuya perpetuación en absoluto no era necesario el concurso del derecho canónico. Sin embargo, ya el azar de las sucesiones podía llevar a manos de un clérigo de cualquier clase los derechos correspondientes, razón de más para que no solo las combinaciones imprevisibles llevaran a aquella salida. Era regular que los fundadores de esta clase de institutos indicaran expresamente como sucesores extremos y todavía veraces las fábricas de las parroquias donde vivieran. Con la decisión a favor de esta institución eclesiástica podía resultar defraudado el propósito inmediato del creador del vínculo, mantener indefinidamente bajo el dominio de una familia un lote de bienes. El otro, que su ahorro permaneciera inalterado, no, aunque su beneficiario terminara siendo una institución de la clase de las eclesiásticas, que podía pugnar por un poder que una familia había deseado reservarse.

     Un convento femenino y, con insistencia, también las fábricas de las parroquias donde los fundadores elegían enterrarse fueron designados para que se hicieran cargo de memorias con vínculo cuando faltaran todos los descendientes familiares. Si llegara el caso que una de las parroquias se alzara con el patrimonio inmovilizado, al que estaba anexa su carga litúrgica, esta, por voluntad de un promotor, había de modificarse. Frente a la misa anual del principio, cuando la fábrica fuera la responsable de todo, si su deseo era mantenerla en su poder, tendría que satisfacer cada mes diez misas rezadas por el alma de aquel varón, presbítero durante su vida activa.

     También a una parte de los promotores de capellanías, aun habiendo previsto con detalle las posibilidades sucesorias, los tranquilizaba añadir el perfil del candidato institucional extremo, en cuyas características comunes igualmente solían coincidir; una consecuencia previsible de las culturas, fenómeno estable habilitado por la circulación de la parte gregaria del pensamiento, en ocasiones tan degenerado que alcanzaba hasta el grado de la estupidez, forma de enajenación que ignora la capacidad individual para concebir ideas, sea de acuerdo con intereses, con deseos, con atracciones espontáneas, con cálculos indefendibles, con aspiraciones a las peores pasiones. Si faltara toda clase de parientes, el capellán habría de elegirse entre un clérigo de la población de buenas vida y costumbres, el más pobre bien de la parroquia bien de toda la vecindad. Otros preferían al cura más antiguo de la misma demarcación eclesiástica, cálculo que se beneficiaba de las escasas posibilidades de la longevidad. El más independiente de nuestros fundadores optó por el sacerdote más docto y más virtuoso que se encontrara entre todo el vecindario, para cuya verificación los aspirantes debían ser examinados por la autoridad episcopal, lo que le proporcionaba una excelente oportunidad para su intromisión en estos institutos. No está claro que se tratara de un sarcasmo que se hubiera de llevar a un callejón sin salida la pretendida solución final. Quien actuó de este modo todavía añadió una excepción igualmente manchada de sangre. Si, una vez atribuida la capellanía al clérigo que cumpliera con tan excelentes condiciones, apareciera algún pariente, la adjudicación debía respetársele al hombre singular hasta que muriera, momento a partir del cual el curso de las sucesiones debía retornar a su origen familiar. Pero cualquiera de las soluciones beneficiaba a la jurisdicción eclesiástica ordinaria, que por último se alzaría con el ahorro familiar.

     Los fundadores de patronatos, como último recurso, apelaban al regidor más antiguo del municipio, y expresamente eran excluidos los eclesiásticos, a excepción de los iniciales. Pero los dos patronatos de legos que primero designaron como patronos cargos institucionales señalaron un clérigo: un presbítero, cura de una parroquia, y el guardián de un convento franciscano. El patronato que no se declaró de legos directamente se puso bajo la administración de una fábrica parroquial.

     Para evitar una agotadora periestasis, muchas capellanías –unas dos terceras partes– desde el principio optaban por designar patronos institucionales, de modo que para estas ya era innecesario hacer más previsiones sucesorias. Pero para las que hubieran optado por otra clase de responsable también el último eslabón solía ser un cargo institucional, con lo que se concluía en la fórmula más utilizada. Solo en un caso se evitó terminar en este principio. De todos los cargos institucionales, el designado como más frecuencia, para que estuviera presente en cualquiera de las combinaciones para formar el patronato de las capellanías, fue el mayordomo de la fábrica de la parroquia elegida como sede. Casi un tercio de las nominaciones se hicieron en su favor. Una posición relativa muy próxima correspondía al prior de un convento masculino y, a continuación, al guardián de otro. Las demás designaciones institucionales eran poco frecuentes. Las había que se decantaban por las combinaciones eclesiásticas puras, incluyendo cargos como un cura de la parroquia, el vicario, que era la autoridad eclesiástica de la comarca episcopal, y el abad, cabeza de la corporación exclusiva de los beneficiados parroquiales. En ocasiones otros prefirieron contar para el restringido colegio con alguna autoridad civil, como un alcalde ordinario o, en 1529, cuando la institución aún conservaba algo de su fuerza, el jurado más antiguo de la población.

     También cuando el patronato de las capellanías era familiar los elegidos para el último eslabón de la cadena sucesoria solían ser los que ya conocemos, incluso con una frecuencia similar: el mayordomo de la fábrica donde se fundaba, el prior de un convento masculino, un cura de la parroquia o uno de sus beneficiados, con preferencia el más antiguo. La única novedad era que en ocasiones aparecía, en aquella posición definitiva, otra institución, una hermandad o cofradía. Eran designados expresamente como últimos patronos posibles el prioste de una bajo la advocación de la Santa Veracruz, en un caso, y el prioste y alcaldes de la cofradía de Santa Bárbara, una asociación sacerdotal, en otro.

     En resumen, las instituciones civiles eran elegidas con poca frecuencia. Solo son mencionados un alcalde ordinario, el regidor decano del municipio o el jurado más antiguo de la población. La partida la tenían ganada las eclesiásticas, tal vez porque sus fundadores legales se habían encargado de darles apariencia de eternidad. Entre las del clero regular, prior y guardián de los conventos de las órdenes mendicantes, porque eran responsables de sus respectivos cenobios, fueron designados en bastantes ocasiones, y un convento femenino. Un par de veces, haciendo responsables expresamente a sus respectivos priostes y alcaldes, fueron elegidas hermandades o cofradías. Los cargos propios del clero regular fueron designados en más ocasiones, sobre todo presbíteros que ejercieran como curas de una parroquia. Expresamente fueron llamados clérigos de la población que cumplían determinadas condiciones o el cura más antiguo de la misma demarcación eclesiástica. También fueron designados beneficiados, el vicario y el abad del colegio beneficial de toda la población; lo que no fue incompatible con que a veces expresamente fueran excluidos los eclesiásticos. Pero sobre todo fueron depositarias últimas de las instituciones inmovilizadoras las fábricas parroquiales, bien de la parroquia donde viviera el fundador bien de la que hubiera elegido para enterrarse. En un buen número de casos, se hacía responsable explícito de la obligación al mayordomo de la fábrica.

     Por deseo de los promotores, la dependencia del tamaño de la familia viva en el momento de la institución, incluso extendiendo los grados de parentesco, era enorme y por tanto muy arriesgada. Porque el orden creado por los fundadores, aunque pretendiera atravesar el tiempo, era naturalmente plano, no podía desprenderse de su condición de presente. Era fácil que todas las previsiones fueran inútiles, que todas las líneas anticipadas quedaran interrumpidas.

     Una familia de pocos hermanos y escasos descendientes tenía muy limitadas las posibilidades de mantener bajo su control los bienes inmovilizados a la vuelta de pocas generaciones. El riesgo de extinción de cualquier descendencia era muy alto, a consecuencia de los obstáculos que interponía la alta mortalidad que regía el crecimiento de estas poblaciones. La muerte regularmente se cobraba la vida de uno de cada cuatro nacidos antes de que hubiera cumplido un año, de otro antes de los cinco. En consecuencia, la mitad de las familias que hubieran optado por la línea descendente, con el objetivo de inmovilizar bajo su dominio sus ahorros, quedaba expuesta al riesgo de ver defraudados sus propósitos por causas naturales insuperables. Bastaba con que un matrimonio que hubiera recibido el patrimonio inmovilizado no consiguiera que le sobrevivieran hijos para que tales bienes corrieran el riesgo de caer en un limbo. Dado que a todos alcanzaban las cortas posibilidades de supervivencia, la perspectiva de falta de herederos por extinción de la familia podía verificarse mucho más por la línea de los ascendientes, llamados a la sucesión en el disfrute de los bienes cuando faltaban los hijos.

     No es necesario demorarse en demasiados cálculos para admitir que las instituciones eclesiásticas, pacientes espectadoras de los cortejos que se dolían por el final de las vidas, oficiantes en las exequias cuando se las solicitaba, contaban con las posibilidades más favorables para acumular el ahorro blindado. En el transcurso de cinco siglos, los que suman los que van del décimo cuarto al décimo octavo, gracias a la solución final preferida, fueron atesorando porciones significativas de los bienes inmovilizados por las familias, aunque estuvieran limitados por las servidumbres impuestas por sus respectivos principios. De este modo fue ampliándose, y haciéndose cada vez más sólido, el fenómeno que ha sido conocido como amortización; algo más que un medio de evasión fiscal, o de sustracción al mercado de bienes inmobiliarios, puntos de vista parciales que prefirió el análisis liberal y del que todavía no se ha desprendido la literatura sobre el tema. Para los fines que se propone este texto es más oportuno reconocer que la designación de ciertas instituciones como últimos titulares posibles, para una parte de las fundaciones familiares, situaba a aquellas en la posición de excelente acumulador de ahorros, crecientes al paso de los siglos.

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